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La Justicia de Estados Unidos ha imputado a cuatro personas por la muerte de 53 migrantes que fueron hallados sin vida a finales de junio en el interior de un tráiler en la localidad de San Antonio, Texas, de los cuales 27 eran de origen mexicano.

En lo que el gobierno ha calificado como el incidente más mortífero de la historia de Estados Unidos en relación con el tráfico de personas, un jurado ha dado el visto bueno a presentar cargos contra Homero Zamorano Jr, Christian Martínez, Juan Claudio D’Luna Mendez y Juan Francisco D’Luna Bilbao por lo sucedido.

Los dos primeros, el conductor del vehículo y su presunto cómplice, fueron imputados por provocar la muerte de decenas de personas que no contaban con documentación tras conspirar para trasladarlos de un lugar a otro, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

En caso de ser hallados culpable podrían enfrentarse a la pena de muerte, tal y como ha indicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ambos fueron detenidos después de que la Policía revisara varios vídeos de seguridad y analizaran una serie de comunicaciones vía telefónica.

Los dos acusados permanecen bajo custodia federal sin derecho a fianza hasta que se lleve a cabo el juicio.

D’Luna Mendez y D’Luna Bilbao, por su parte, han sido imputados por posesión ilegal de armas y podrían enfrentarse a penas de hasta diez años de cárcel.

Además de México, la mayoría de las víctimas eran Guatemala y Honduras, y según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), sufrieron insolación y agotamiento por calor y no había señales de la presencia de agua o de una unidad de aire acondicionado en funcionamiento en el camión cuando fue encontrado.

De acuerdo a Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), entre los mexicanos fallecidos en el camión había migrantes originarios de los estados de Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, México, Zacatecas, Querétaro y Ciudad de México.

El incidente ocurrió en un remoto camino rural de San Antonio el 27 de junio. Los policías que llegaron al lugar detuvieron a Zamorano después de descubrirlo ocultándose en unos matorrales cercanos, según un comunicado de la fiscalía federal.

Un inspección del celular de Zamorano reveló llamadas con Martinez sobre la operación de contrabando de personas.

Grandes cifras de migrantes han estado llegando a Estados Unidos a últimas fechas, muchos de ellos corriendo los riesgos de atravesar peligrosos ríos y canales, y abrasadores paisajes desérticos. Durante mayo hubo 240,000 detenciones de migrantes, un tercio más que hace un año.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente por el los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, en relación al caso Odebrecht.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación contra el panista en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde los representantes de la FGR detallaron ante el juez los elementos de prueba que tiene contra el exlegislador.

La imputación, contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, se deriva de la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que acusa a Lavalle y a otros 15 exfuncionarios de alto nivel de recibir sobornos para aprobar la reforma energética de 2013.

Así, Lavalle se convierte el primero de los políticos denunciados por Lozoya, entre los que aparecen los expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, en ser imputados por la justicia mexicana. En la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante de la FGR luego de su extradición desde España, también señala a personajes como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Entre las pruebas que la FGR presentó se encuentran testimonios del exdirector de Pemex, y del exsecretario particular de Lavalle, Rafael Caraveo.

A Lavalle se le señala de haber recibido 25 millones de pesos provenientes del dinero que Odebrecht dispersó en México, triangulado a través de diversas compañías, y que benefició a otros senadores principalmente del PAN y del PRI.

Rafael Caraveo, quien fungió como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, señala que los 25 millones de pesos que habría recibido Lavalle se repartieron en dos entregas, una de 13 millones de pesos y otra de 15 millones.

Señala que el dinero era recogido por él en un domicilio ubicado en Montes Urales en las Lomas de Chapultepec, un inmueble que sirvió como sede de las oficinas de campaña de Peña Nieto en 2012 y de una oficina alterna de Pemex cuando Lozoya era su director.

Lavalle ha negado en diversas ocasiones los señalamientos que hay en su contra, y había manifestado su disposición para presentarse ante las autoridades y aclarar los hechos. Sin embargo, acusó que se le había negado el derecho de conocer el expediente que había en su contra.

“Desconozco las motivaciones e intenciones de esas imputaciones pero son tan falsas como inverosímiles, orientadas y probablemente premiadas”, dijo en un comunicado en noviembre del año pasado.

Incluso Lavalle ha señalado que Caraveo será quien tenga que responder por los videos donde se le observa recibiendo el dinero, pues insistió: “manifiesto contundentemente que no tengo relación alguna con ese evento y no recibí un solo peso de origen ilícito”.

Y aunque la Fiscalía pretende que se vincule a proceso al exsenador, ninguno de los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que podría seguir su proceso en libertad.

Tras diez horas y media de audiencia, concluyó la comparecencia de Rosario Robles ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. En dicha audiencia, la Fiscalía General de la República imputó a la exsecretaria federal el delito de ejercicio indebido del servicio público.

De acuerdo a lo argumentado por la Fiscalía, Robles Berlanga supo del desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en contra del patrimonio de la Nación a través de la llamada “Estafa Maestra”.

Y aunque se le imputó el delito, no se le vinculó a proceso, pues la defensa de la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto solicitó la ampliación del término de 144 horas para presentar pruebas y evitar que se le vincule a proceso.

Así, la situación jurídica de Rosario Robles se definirá hasta el próximo lunes, fecha que dictó el juez para que la acusada se presente a una nueva audiencia en punto de las 18:00 horas.

El fiscal Mario Fonseca Barrera expuso que “la hoy justiciable (Robles) fue omisa en su calidad de garante como secretaria de Estado y poder detener estos actos de corrupción por parte de funcionarios que se encontraban bajo sus órdenes cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y la Sedatu”.

Al término de la audiencia, Rosario Robles sostuvo que volverá a presentarse el próximo lunes, “de forma voluntaria”; explicó que aunque estaba fuera del país, cuando se enteró de la situación, regresó inmediatamente y “vine voluntariamente. Estaré aquí el próximo lunes a la hora indicada”.

El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy fue imputado hoy por haber financiado ilegalmente con dinero libio la campaña electoral que en 2007 le llevó al Elíseo y fue dejado en libertad bajo control judicial.

 

Tras unas 25 horas de interrogatorio bajo arresto, los jueces que instruyen la presunta financiación ilícita de su campaña victoriosa le imputaron delitos de corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña electoral y receptación de dinero libio, según apuntan medios locales.

 

Se trata de la segunda imputación de Sarkozy por la justicia francesa, que ya le inculpó en un caso de corrupción.

 

No hay precedentes para un acontecimiento de esta envergadura. Ningún ex presidente había sufrido un interrogatorio tan largo y severo, pues la sesión duró 27 horas, con un receso de 9 horas que le permitió dormir en casa.

 

Con información de EFE / Foto. Twitter

La Fiscalía francesa imputó hoy a Marine Le Pen, ex candidata a la presidencia de su país por el partido Frente Nacional (FN). La acusación se debió a la apropiación indebida de recursos públicos al emplear a una persona dentro de su partido con fondos del Parlamento Europeo.

 

Los señalamientos venían meses atrás, cuando se señaló que Le Pen, entonces diputada (2014), pagaba a su jefa de gabinete, Catherine Griset, con fondos que la Eurocámara, mismos que eran destinados para la contratación de asistentes parlamentarios. La Fiscalía concluyó que Griset no desempeñó las funciones para las que había sido contratada en el Parlamento Europeo, y por el contrario sirvió al FN en su sede de Nanterre.

 

La ex candidata presidencial, que acaba de ser elegida diputada de la Asamblea Nacional francesa accedió a presentarse ante las autoridades a pesar de estar protegida por la inmunidad parlamentaria. Le Pen forma parte de un grupo de 17 miembros del parlamento europeo del FN que están bajo investigación judicial por uso fraudulento de fondos públicos quienes presuntamente defraudaron al parlamento por 5 millones de euros entre 2012 y 2015.

 

Con información de 24 Horas / Foto: Archivo APO