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El pleno del Parlamento Europeo condenó firmemente los ataques contra la oposición en Venezuela, en particular contra la candidata presidencial María Corina Machado, que consideró que es apta para presentarse a las próximas elecciones.

En una resolución que salió adelante con 446 votos a favor, 21 en contra y 32 abstenciones, los eurodiputados subrayan que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de inhabilitar a Machado carece de fundamento jurídico.

En ese sentido, condenaron la injerencia del régimen del presidente, Nicolás Maduro, en el proceso electoral.

El texto también condena enérgicamente los intentos de impedir que otros políticos de la oposición, como Henrique Capriles, ocupen cargos públicos.

La Eurocámara lamentó los ataques, presuntas desapariciones forzadas, detenciones y órdenes de arresto contra la oposición, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, y exigió el cese inmediato de las persecuciones.

En su opinión, el régimen de Maduro incumple el acuerdo firmado el año pasado en Barbados por representantes del Gobierno venezolano y de la oposición, de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en 2024.

Los parlamentarios europeos dejaron claro que las elecciones en Venezuela y los resultados electorales “no serán reconocidos” a menos que se permita participar a Machado y se apliquen correctamente las recomendaciones de la misión de observación electoral de la UE de 2021.

Esto llega un día después de que María Corina Machado recibiera apoyo parlamentario estadounidense a su candidatura frente a su inhabilitación.

“Estamos contigo”, le dijo en una mesa redonda la legisladora republicana María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité de Latinoamérica en el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense.

Machado participó de forma virtual y recibió el agradecimiento de los participantes por seguir peleando por su candidatura.

Y es que la líder opositora ha reiterado que competirá en los comicios de este año como candidata del mayor bloque antichavista, aunque no ha aclarado de qué manera prevé burlar el impedimento.

“El régimen de (Nicolás) Maduro tiene que permitir elecciones libres y transparentes. Si te escogen a ti como presidenta, que Dios te bendiga, pero que ese proceso exista. Estamos no solo orgullosos, sino llenos de humildad de saber que hay alguien como tú que se decidió quedar mientras otros están en el extranjero viviendo una vida mejor”, sostuvo la presidenta del subcomité.

El apoyo le llegó también desde el bando demócrata: “Gracias por pelear por la democracia”, le dijo el legislador Joaquín Castro.

La propia Machado reiteró su determinación y apuntó que el llamamiento en la Cámara Baja es útil y necesario.

En tanto, Brasil defendió esta semana que se mantengan los acuerdos para la celebración de las elecciones en Venezuela en relación a la inhabilitación de Machado.

Así lo ratificó Celso Amorim, asesor especial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En un comunicado, el ejecutivo señaló que Brasil continúa apoyando la implementación de los acuerdos de Barbados para la celebración de elecciones presidenciales este año en el país, firmados el 17 de octubre de 2023.

“Los acuerdos, que establecieron parámetros para la celebración de las elecciones presidenciales de este año, surgieron del diálogo entre el gobierno y la oposición mediado por Noruega, y recibieron el apoyo, entre otros, de Brasil y Estados Unidos”, resalta el comunicado.

Ante todas las reacciones que se han dado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que los “centros imperiales”, en alusión a Estados Unidos y Europa, quieren imponer al próximo mandatario del país.

“Eso lo pueden hacer en otro lado, aquí no”, sentenció Maduro, en un podcast en el que se volvió a lanzar contra las políticas de las principales potencias internacionales en relación en Venezuela y contra el reconocimiento a Juan Guaidó como ‘presidente encargado’.

Maduro aseguró también que al expresidente estadounidense le “entramparon” para que reconociera a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, bajo la premisa de que era “un gran líder” capaz de “tumbar” al chavismo. “Lo hicieron fracasar con Venezuela”, precisó.

Asimismo, ha asegurado que, cuando Donald Trump estaba en la Casa Blanca, “casi” se reúne con él, pero sus principales asesores, entre ellos John Bolton, “hicieron todo lo posible para evitarlo”. Maduro cree que se habrían “evitado muchas cosas” e incluso considera que él y el magnate se habrían “entendido”, hasta el punto de ser incluso “amigos”.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) confirmó este miércoles la inhabilitación impuesta por un periodo de tres años a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para ejercer cualquier actividad futbolística, a raíz de lo sucedido durante la final del pasado Mundial femenino.

“Se le prohíbe participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol por un período de tres años por haberse comportado de manera contraria a los principios consagrados en el artículo 13 del Código Disciplinario”, informó la FIFA.

El colombiano Jorge Iván Palacio, el ghanés Anin Yeboah y el austriaco Thomas Hollerer fueron los miembros del Comité Disciplinario de la FIFA que confirmaron esta decisión para sancionar a Rubiales, adoptada el pasado 30 de octubre y que había sido recurrida en los juzgados por el propio expresidente de la RFEF.

La FIFA actuó así tras los hechos ocurridos durante la final del Mundial disputada el pasado 20 de agosto en Sídney, donde Rubiales hizo gestos obscenos en la grada y luego besó en los labios a la futbolista Jenni Hermoso, sin el consentimiento de ella.

El exmandatario de la RFEF fue suspendido por la FIFA el 26 de agosto con carácter provisional, durante un periodo inicial de 90 días, aunque más adelante se dio a conocer la inhabilitación por tres años; todo ello, en virtud de lo estipulado en ese artículo 13 del Código Disciplinario del máximo organismo futbolístico internacional.

Esta nueva decisión de la FIFA puede ser impugnada ante la Comisión de Apelación. “Cualquier parte que desee apelar debe anunciar su intención de hacerlo por escrito a través del Portal Legal de la FIFA dentro de los tres días siguientes a la notificación de los motivos de la decisión”, precisó el organismo.

La oposición venezolana realizó ayer una elección interna para escoger al candidato o candidata que enfrentaría al presidente Nicolás Maduro en su probable candidatura a la reelección del próximo año.

Fue la exdiputada María Corina Machado quien arrasó en las primarias, lo que la llevó a asegurar que sacará a Nicolás Maduro del poder en el 2024, cuando se celebrarán las elecciones a las que espera presentarse pese a estar inhabilitada para hacerlo.

Machado, quien ha señalado que privatizará la estatal petrolera PDVSA y reestructurará la deuda pública, tuvo una cómoda ventaja frente a sus rivales, con poco más del 93% de los votos.

El contrincante más cercano de Machado, el exdiputado socialdemócrata, Carlos Prosperi, obtuvo apenas el 4.75% de los votos, según el primer boletín oficial de la Comisión Nacional de Primaria.

Se esperaba que el recuento, retrasado por un bloqueo del servidor, seguirá este el lunes. Aun no está claro  cuándo se daría la próxima actualización de resultados.

Hay incertidumbre sobre la capacidad de Machado para presentarse en las elecciones generales debido a la inhabilitación por su apoyo a las sanciones al Gobierno de Maduro.

Recordemos que en julio pasado, la Contraloría indicó que la inhabilitación impuesta a Machado en 2015, que en su momento se dijo que duraría un año, se extenderá hasta el año 2030, por lo que la exdiputada no podrá ocupar cargos de elección popular, a menos que la sanción le sea levantada.

En ese sentido, la oposición y el Gobierno venezolanos firmaron la semana pasada un acuerdo sobre algunas garantías electorales, que incluiría la presencia de observadores internacionales para las elecciones del segundo semestre de 2024.

Los acuerdos también permite a cada parte elegir su candidato según reglas internas, pero no retira las inhabilitaciones hasta ahora dictadas.

Estados Unidos, que alivió ampliamente las sanciones en petróleo y bonos venezolanos en respuesta al acuerdo, ha dicho que Maduro tiene hasta finales de noviembre para comenzar a rescindir las inhabilitaciones. Sin embargo, el principal negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez, ha dicho que aquellos con sanción administrativa no pueden presentarse a la contienda de 2024.

La oposición, que dice que las inhabilitaciones son ilegales, se ha mostrado reticente a confirmar qué haría si Machado no puede competir en 2024. Machado ha dicho que su objetivo es derrotar a Maduro en una votación justa y pacífica y ha señalado que podría presionar a las autoridades electorales para que le permitan registrarse.

A la espera de los resultados finales, Machado declaró su victoria y dijo que había “recibido un mandato” para el cambio político del país.

Opositores de Venezuela celebraron este lunes el triunfo de María Corina Machado. En un comunicado, el partido Primero Justicia (PJ) felicitó a Machado por un triunfo que “ratifica los deseos de democracia y libertad” en el país.

La formación, que prometió ser un “fiel aliado en la construcción del camino de unidad”, reiteró su compromiso con el “rescate de los derechos políticos de todos los venezolanos, especialmente con la lucha por las habilitaciones”, a través de “mecanismos como el proceso de negociación” con el Gobierno, reanudado el pasado 17 de octubre.

El candidato a las internas Luis Farías calificó los resultados como un “triunfo de Venezuela”, y reconoció a Machado como una “mujer que ha logrado aglutinar el gran descontento que existe” en el país.

La también candidata a las primarias y exdiputada Tamara Adrián reconoció la victoria de Machado y se comprometió, según dijo en X, a apoyarla en la “lucha por la Presidencia y la libertad”.

El líder opositor en el exilio Juan Guaidó felicitó a María Corina Machado por su triunfo, e hizo un llamado a la unidad.

“Cuenta con mi apoyo y determinación para que hagamos el sueño de todo un país, posible”, expresó Guaidó en X. Subrayó que “es el momento de ejercer con desprendimiento la unión y unidad desde el liderazgo”.

La carrera política del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se desplomó este viernes, después de que los jueces del Tribunal Electoral Federal (TSE) votaron a favor de prohibirle ejercer cargos públicos hasta 2030 por su conducta durante las elecciones del año pasado.

Cinco de los siete jueces votaron a favor de condenar a Bolsonaro por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación el año pasado, cuando convocó a embajadores para ventilar afirmaciones infundadas sobre el sistema de votación electrónica de Brasil.

Bolsonaro, exmilitar que perdió las elecciones de octubre por un estrecho margen frente a su rival izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, está acusado de crear un movimiento nacional para anular el resultado, que culminó con la invasión de edificios gubernamentales en Brasilia por miles de sus partidarios el 8 de enero.

El juez principal del caso, Benedito Goncalves, votó a principios de esta semana para que no se le pueda elegir durante ocho años, diciendo que había “usado la reunión con los embajadores para difundir dudas e incitar a las teorías de la conspiración”.

Sin embargo, Bolsonaro niega cualquier delito y ha dicho que planea apelar ante el Tribunal Supremo. “No he atacado el sistema de votación, sólo mostré sus posibles fallas”, dijo Bolsonaro en una entrevista con Itatiaia previo al juicio. “Este juicio no tiene ningún sentido”, añadió.

Admirador declarado del expresidente Donald Trump, Bolsonaro fue criticado a nivel internacional por su mala administración de la selva amazónica, su enfoque de “laissez-faire” en las restricciones del COVID-19 y sus ataques sin pruebas al sistema electoral de Brasil.

La Controlaría General de Venezuela inhabilitó por 15 años para postularse a cargos de elección popular a la exdiputada María Corina Machado, una de las favoritas para presentarse y ganar la nominación opositora para ser candidata a las elecciones presidenciales del próximo año.

Machado, una ingeniera industrial de 55 años, tiene prohibido salir del país desde hace nueve años y en 2015 fue inhabilitada por un lapso de 12 meses porque la Contraloría dijo que la política no incluyó en su declaración de bienes algunas bonificaciones que recibía cuando diputada en la Asamblea Nacional.

El diputado José Brito, miembro de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, solicitó esta semana a la Contraloría conocer el estatus de la inhabilitación impuesta en 2015, y al recibir respuesta de esa oficina, indicó que la prohibición se había extendido por 15 años, ya que Machado apoyó las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y respaldó a Juan Guaidó, quien declaró una presidencia interina en 2019.

La oficina de prensa de Brito divulgó la respuesta de la Contraloría, una carta de cinco páginas fechada el 27 de junio y firmada por Antonio Meneses, director de procedimientos especiales del organismo. “La ciudadana María Corina Machado Parisca (…) está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de 15 años”, se lee en la carta.

“Una INÚTIL ‘inhabilitación’ que sólo demuestra que el régimen sabe que YA está DERROTADO”, dijo Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela, y cuyo lema de campaña es “hasta el final” o hasta lograr la salida de Maduro del poder.

Machado, que ha propuesto privatizar PDVSA y reestructurar la deuda pública, ha estado liderando las encuestas en los últimos meses de cara a la primaria de la oposición, a la que se registraron otros 13 aspirantes, entre ellos el dos veces excandidato presidencial Henrique Capriles, también inhabilitado en 2017 por 15 años para postularse a cargos de elección popular.

Las inhabilitaciones no restringen la participación en las primarias, porque la oposición las realiza de forma independiente y sin apoyo oficial. Sin embargo, la medida sí impide la inscripción en el máximo organismo comicial, el Consejo Nacional Electoral (CNE), para elecciones como las presidenciales, regionales o legislativas.

La restricción a los candidatos es uno de los aspectos que la oposición busca discutir en la mesa de negociación de México con el gobierno, pero esas conversaciones están estancadas desde noviembre. Por años, los opositores han sostenido que la prohibición de competir es una de las medidas usadas por el oficialismo para cortar el camino a cambios políticos en la nación sudamericana.

La dirigencia de Acción Nacional acusó que las llamadas “corcholatas” de Morena violan la ley en total cinismo, ya que promueven de manera anticipada, y pagan con recursos públicos directa o indirectamente toda su promoción de cara a la sucesión presidencial de 2024.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que ante las reiteradas violaciones, sus eventuales candidaturas deben ser inhabilitadas, y ellos y sus partidos deben ser multados.

“En todo el país, estamos viendo claras violaciones, tanto en la participación de eventos públicos como si ya fueran pre-candidatos a la Presidencia de la República, así como con espectaculares, bardas y vallas móviles, en donde además no se aprecia quién lo financia”, denunció Cortés Mendoza.

Recordó que denunciaron desde el pasado 14 de junio ante el INE a Morena por actos anticipados de campaña de sus corcholatas y se solicitaron medidas cautelares para suspender de manera inmediata toda la publicidad referente a un evento realizado en Toluca.

La denuncia se llevó a cabo en contra de secretarios de Estado, como Marcelo Ebrard, Adán Augusto López; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y diversos líderes políticos de Morena, por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.

Sin embargo, el líder panista señaló que a nivel nacional continúa la violación mediante espectaculares, bardas y vallas móviles en favor de Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, en donde también aparece de manera ilegal la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Pedimos al INE que investigue el uso indebido y desvío de recursos públicos en los espectaculares, bardas y vallas móviles, que están colocados en diferentes partes del país, con la leyenda de ‘Adán va’ y de ‘Bienvenida Claudia’, ya que no se sabe quién los está financiando y esto podría derivar en un grave delito. Se trata de una violación reiterada, burda y continua a la ley y las instituciones, que Acción Nacional no tolerará”, dijo el dirigente político.

Acción Nacional reiteró que estarán atentos en todo el país para documentar cómo las “corcholatas” siguen violando la legislación electoral y se están pasando por alto los acuerdos de las autoridades electorales. Dijo que, a través de la Coordinación General Jurídica y la representación en el Instituto Nacional Electoral, continuará denunciando y solicitando la inhabilitación de eventuales candidaturas para las y los funcionarios que realizan promoción durante un periodo prohibido.

El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió un amparo a favor de Rosario Robles, exsecretaria federal, en contra de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que en el 2021 la inhabilitó por 10 años para ocupar un cargo público.

Así lo confirmó la propia Rosario Robles Berlanga mediante un mensaje en sus redes sociales, donde informó que se le otorgó el amparo y en consecuencia la protección de la justicia federal contra la sanción señalada.

Robles Berlanga dijo que el Tribunal en Materia Administrativa consideró que la Sala Superior y en consecuencia la Secretaría de la Función Pública, violaron sus derechos, por lo que ordenó que se declarara la nulidad de la sentencia que la inhabilitaba.

Recordó que la medida se le impuso por presuntamente no haber informado en su declaración patrimonial una cuenta de 2 mil pesos que jamás tuvo movimientos y que incluso fue cancelada por el propio banco.

La extitular de Sedatu y Sedesol detalló que el Tribunal Colegiado ordenó una nueva discusión del asunto con base en el artículo 37 de la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Rosario Robles reiteró en su mensaje que “toda la saña con la que he sido atacada por instituciones del Estado mexicano se ha topado con un muro, el de la justicia, un paso más en el camino por la verdad y en contra de la infamia de la que he sido objeto”.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que inhabilitó por 20 años a cuatro exdirectivos de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), entre ellos un exdirector general, por causar un daño al erario superior a los 26.5 millones de pesos.

La pérdida se generó al haber suscrito y pagado indebidamente dos contratos para el desarrollo de un evento internacional de astronáutica en 2016.

Las personas inhabilitadas son, según ha trascendido, el exdirector general Francisco Javier Mendieta, dos excoordinadores generales y un exjefe de área.

La Secretaría de la Función Pública señaló que, “de acuerdo con una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la AEM, durante la organización del Congreso Internacional de Astronáutica 2016 en Guadalajara, Jalisco, la agencia, creada en 2011, pagó dos veces por la contratación de la sede en la que se realizó el evento”.

Esta doble contratación, detalló la dependencia, ocasionó un daño al erario público de 11,423,346 pesos.

Por otra parte, también se determinó que “en el contrato para la prestación del servicio de audio y video para el evento se incumplió con la normatividad, lo que también ocasionó un daño al erario por 15,113,271 pesos.

“Tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades” del OIC en la AEM “determinó imponer la sanción de inhabilitación por 20 años a un exdirector general, además de multa por 3.8 millones de pesos, puntualizó la titular de la Secretaría, Irma Eréndira Sandoval.

Además, dijo que se sancionó al excoordinador general de financiamiento y gestión de la información en materia espacial y al exdirector de financiamiento, con una multa de 3.8 millones pesos a cada uno; mientras que al excoordinador de investigación científica y desarrollo tecnológico espacial se le aplicó una multa por 15.1 millones de pesos.

Entre los cuatro exfuncionarios sancionados se acumuló una multa de 26.5 millones de pesos; la inhabilitación es para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público por 20 años.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer este martes una inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, luego de que acreditara la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos.

La dependencia aclaró que aunque el exfuncionario, ahora catedrático del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT),  fue notificado desde el pasado 11 de mayo, la información se hace pública ahora debido a la veda electoral que hubo por las elecciones del fin de semana.

La SFP, que dirige Irma Eréndira Sandoval, detalló que fue en junio de 2019 cuando se ordenó el inicio de una investigación patrimonial a Luis Videgaray, quien estuvo al frente de la SHCP de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, esto en relación con su posible participación en la compra de AgroNitrogenados.

“La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades”, indicó la secretaría.

Tras los revelado por la Función Pública, el también exsecretario de Relaciones Exteriores emitió un posicionamiento en el que aclaró que las declaraciones patrimoniales a las que hizo referencia la SFP fueron “veraces” pues no sé ocultaron pasivos, además de que no hubo intención de ocultar información patrimonial.

Explicó que las cuentas bancarias apuntadas por la SFP fueron en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha del reporte de cada declaración, por lo que no fueron incluidas en el apartado de pasivos pues no tenía saldo deudor; sin embargo señaló que sí fueron mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones.

Videgaray enfatizó que en el oficio mediante el cual fue notificado de la sanción, la propia Secretaría de la Función Pública reconoció que no tuvo ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones, además de que no se generó ningún daño o perjuicio económico.

Al asegurar que todos los mexicanos deben apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), adelantó que él impugnará la resolución por la vía institucional. Remató indicando que no litigar al asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) otorgó una suspensión definitiva a la inhabilitación que había impuesto con anterioridad a la empresa farmacéutica Laboratorios PiSA, por un periodo de 30 meses.

“Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de treinta meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y se atiende al interés social y al orden público”, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la SFP.

En la circular emitida, la dependencia señaló que únicamente se “paralizaba temporalmente” la ejecución de dicho acto, sin que ello implique que con la suspensión de mérito se impida a la autoridad demandada hacer efectiva su sanción, en caso de que la sentencia definitiva no sea favorable a la accionante.

Recordemos que el 21 de octubre del año pasado se dio a conocer la sanción a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Laboratorios Pisa con una inhabilitación de 30 meses y una multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una, por proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Y aunque fue la propia SFP quien emitió la circular en la que emitió la suspensión, en una nota informativa aclaró que dicho acto deriva de una resolución de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Advirtió que a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos, continuarán defendiendo la legalidad de la sanción impuesta a la empresa farmacéutica.

“De ningún modo la medida cautelar otorgada por el Tribunal significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, que se haya declarado nula la resolución por la que se inhabilitó y sancionó a la empresa”, dijo la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este jueves de tres inhabilitaciones en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por seis meses a dos servidores públicos y a un exfuncionario, quienes incurrieron en irregularidades en el ejercicio y comprobación de recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en el ejercicio 2019.

“Las tres sanciones derivan de las auditorías que realizamos entre 2019 y 2020, a raíz de denuncias ciudadanas y de la instrucción que nos dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar a detalle el ejercicio de dichos recursos”, indicó la dependencia.

La SFP indicó que cada sanción es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidad administrativa, además de que se impusieron considerando la reincidencia y el nivel jerárquico de los funcionarios.

Las sanciones son para Israel Benítez, quien en agosto pasado recibió la sanción de destitución por la Función Pública, ya que omitió supervisar la correcta comprobación de los gastos para los deportistas de alto rendimiento, incumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades

La segunda persona sancionada es Arturo Contreras, exdirector de Alto Rendimiento quien en julio pasado había sido suspendido indefinidamente por las irregularidades encontradas en una auditoria, en donde fue señalado en cinco de las seis observaciones detectadas en el desvío de 50.8 millones de pesos del Fondo. Se determinó que ahora autorizó de forma irregular la liberación de recursos públicos del Fodepar, destinados a cubrir las necesidades de los atletas.

Finalmente, Tania Ibeth Sierra González, jefa del Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria fu sancionada por aprobar y autorizar de manera indebida el reintegro al Fodepar, con documentación incompleta y que no cumplía con las disposiciones oficiales

La dependencia recordó que a la fecha, en la presente administración, la Función Pública ha sancionado a una decena de servidores públicos de la Conade.

Detalló que de las investigaciones realizadas por el OIC en la Conade se desprenden también presuntas faltas tipificadas como graves relacionadas con la entrega indebida de recursos, por tal motivo el expediente del caso ya fue enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que corresponderá en su caso sancionar, conforme a la legislación vigente.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó esta tarde que luego de un procedimiento administrativo sancionador, se ordenó la destitución así como la inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público a Luis Galván Arcos, quien se desempeñaba como gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística de Pemex, y quien está relacionado con la ‘Estafa Maestra’.

La dependencia explicó que la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que el exfuncionario, quien estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, de 2013 a 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos.

La Función Pública aseguró que el imputado tuvo su derecho de audiencia durante todo el procedimiento, aunque no pudo justificar por qué no reportó la información financiera.

“Para garantizar que cada persona servidora pública tenga un patrimonio congruente con los ingresos por los encargos que ha desempeñado, y que no ha participado en decisiones de gobierno que representen un conflicto de interés, la Función Pública da seguimiento cercano a su evolución patrimonial”, indicó la SFP, que dirige Irma Eréndira Sandoval.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este martes que tras un “exhaustivo” procedimiento de responsabilidades se determinó imponer una inhabilitación por un periodo de 10 años, al exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo Cervantes.

La inhabilitación impedirá que Catillo Cervantes desempeñe empleos, cargos o comisiones en el servicio público,

Al indicar que la dependencia tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, Irma Eréndira Sandoval señaló que se detectaron omisiones del exfuncionario en sus declaraciones patrimoniales presentadas.

Se indicó que la sanción, que le fue notificada a Castillo Cervantes, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fungió como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por ello, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

“Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”.

La SFP aseguró que durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia del extitular de la Conade, y garantizó su derecho de audiencia.

La dependencia indicó que actualmente da seguimiento a 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa, de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que en lo que va de noviembre ha sancionado a nueve empresas contratistas del sector Salud con inhabilitaciones de más de tres años y multas económicas por un monto global de 18 millones 527 mil 670 pesos.

Las acciones contra las empresas del sector salud son resultado de investigaciones donde se comprobó que se falseó información o bien se constató el incumplimiento de contratos.

“Estamos poniendo un alto al abuso de contratistas y proveedores que abusaron de los recursos públicos durante el régimen neoliberal, cuando la salud se veía como un negocio y no como un derecho humano fundamental”, afirmó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

“La Función Pública se ha propuesto romper esa alianza que se dio entre contratistas y proveedores con servidores públicos para abusar del sistema de Salud”, añadió la colaboradora del gobierno de la 4T.

Las empresas sancionadas son Multicorporación Brexot, Cohmedic, Degasa, Insumos Médicos Geva, Kingsmac, Dibiter, Med Prime, Grupo Constructor Vadonne y Clayton de México, proveedores de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Detalló los casos de cada empresa: Multicorporación Brexot, inhabilitada por 45 meses y multada con 1 millón 954 mil 800 pesos incumplió con la entrega completa, en el lugar pactado y en los plazos estipulados, de 250 ventiladores mecánicos, por lo que el ISSSTE tuvo que erogar gastos extras, lo que provocó un daño al erario. El corporativo Cohmedic, inhabilitado por 45 meses y multado con 1 millón 901 mil 25 pesos incumplió con la entrega total de 490 mil pares de botas quirúrgicas, lo que afectó gravemente la atención a los derechohabientes durante la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa México.

La empresa Degasa recibió una doble sanción por el incumplimiento de dos contratos celebrados con el ISSSTE para la entrega de distintos envases; por cada uno se le aplicó una inhabilitación de 45 meses y una multa por 1 millón 901 mil 25 pesos, que en conjunto asciende a 3 millones 803 mil pesos. En el caso de Insumos Médicos Geva, la sanción aplicada consiste en 45 meses de inhabilitación y multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir la entrega al ISSSTE de más de 6 mil equipos médico.

La empresa Kingsmac no entregó al ISSSTE 135 mil piezas de Mascarilla N95 Certificación Niosh, por lo que fue objeto de una inhabilitación de 45 meses y una sanción económica por 1 millón 954 mil 800 pesos.

A Dibiter se le impuso una inhabilitación por un término de dos años y una multa por 538 mil 656 pesos por incumplir contratos con el IMSS y el ISSSTE, mientras que Med Prime fue sancionada con dos multas por un monto total de 2 millones 673 mil 264 pesos y 2 inhabilitaciones por tres años cada una por haber presentado información falsa durante procesos de adjudicaciones.

Finalmente, la empresa Grupo Constructor Vadonne fue sancionada con una inhabilitación por 45 meses, y con multa por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir un contrato al realizar obras de remodelación fuera de especificación y defectuosas en el Hospital de Alta Especialidad “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, mientras que Clayton de México fue inhabilitada por 45 meses y una multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos al incumplir un contrato con el ISSSTE para la instalación y puesta en operación de 30 generadores de vapor para diferentes unidades médicas a nivel nacional.

“Sancionamos ya a quienes, individualmente o en grupo, habían monopolizado los servicios y la venta de insumos médicos y medicamentos a nuestros sistemas públicos de salud, y ahora estamos haciendo justicia administrativa y poniendo un alto a contratistas, proveedores y empresarios que se resisten a aceptar que esto ya cambió”, remató la titular de la Función Pública.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, anunció una sanción de 10 años de inhabilitación al extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, al acreditarse que incurrió en conflicto de interés durante su desempeño al frente de la Comisión.

“Para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos”, indicó la dependencia en un comunicaco.

Explicaron que la sanción al titular de la CRE es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo.

Precisó que al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos. Esta disposición, desde luego, aplicaba para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía.

La SFP indicó que a lo largo de todo el procedimiento, García Alcocer tuvo derecho a una defensa adecuada, al tener la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.

En línea con el discurso que ha sostenido el presidente López Obrador, Sandoval Ballesteros aseguró que en el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, lo que puso en riesgo la soberanía energética de la nación.

Recordemos que durante sus primeros meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que existía un probable conflicto de intereses con García Alcocer, debido a que algunos de sus familiares trabajaban en el sector energético.

El 18 de febrero de 2019, Irma Eréndira Sandoval expuso que García Alcocer había reconocido un probable conflicto de intereses respecto a su cuñado Mario Barreiro y un primo-hermano de su esposa Santiago García, quienes trabajan para dos empresas: Eólica Vestas y  Santa Fe Natural Gas, respectivamente, esta última filial de Fermaca, empresa permisionada de la CRE.

Se informó que tras una revisión, se encontró un permiso para transporte de gas natural otorgado a Fermaca, vinculada al entonces titular de la CRE. El 3 de junio de 2019, Guillermo García Alcocer presentó su renuncia.

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, anunció esta tarde que apelará la inhabilitación que le impuso el gobierno de la Ciudad de México para desempeñarse, por un año, dentro de la administración pública local.

Mancera adelantó que ya prepara su defensa pues rechaza la sanción que recibió por el gobierno de la capital, a petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a que transgredió las normas electorales en 2018.

El perredista confirmó que la sanción es resultado de la transmisión de spots durante el periodo electoral de 2018 como parte de la campaña del entonces candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

La Contraloría General de la Ciudad de México anunció este jueves que inhabilitó por un año al exjefe de gobierno para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la administración pública de la capital.

A través de un comunicado la dependencia señaló que el Órgano de Control reportó la sanción con fecha del 5 de octubre, por lo que concluirá en octubre de 2021.

El fallo del TEPJF indicó que el castigo proviene de la queja que presentó el PRI en contra de varios servidores públicos, entre los que aparece Mancera Espinosa, por la difusión de promocionales en radio y televisión.

Por el mismo caso fue sancionado el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.