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La Secretaría de la Función Pública (SFP) otorgó una suspensión definitiva a la inhabilitación que había impuesto con anterioridad a la empresa farmacéutica Laboratorios PiSA, por un periodo de 30 meses.

«Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de treinta meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y se atiende al interés social y al orden público», publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la SFP.

En la circular emitida, la dependencia señaló que únicamente se «paralizaba temporalmente» la ejecución de dicho acto, sin que ello implique que con la suspensión de mérito se impida a la autoridad demandada hacer efectiva su sanción, en caso de que la sentencia definitiva no sea favorable a la accionante.

Recordemos que el 21 de octubre del año pasado se dio a conocer la sanción a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Laboratorios Pisa con una inhabilitación de 30 meses y una multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una, por proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Y aunque fue la propia SFP quien emitió la circular en la que emitió la suspensión, en una nota informativa aclaró que dicho acto deriva de una resolución de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Advirtió que a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos, continuarán defendiendo la legalidad de la sanción impuesta a la empresa farmacéutica.

«De ningún modo la medida cautelar otorgada por el Tribunal significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, que se haya declarado nula la resolución por la que se inhabilitó y sancionó a la empresa», dijo la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este jueves de tres inhabilitaciones en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por seis meses a dos servidores públicos y a un exfuncionario, quienes incurrieron en irregularidades en el ejercicio y comprobación de recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en el ejercicio 2019.

«Las tres sanciones derivan de las auditorías que realizamos entre 2019 y 2020, a raíz de denuncias ciudadanas y de la instrucción que nos dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar a detalle el ejercicio de dichos recursos», indicó la dependencia.

La SFP indicó que cada sanción es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidad administrativa, además de que se impusieron considerando la reincidencia y el nivel jerárquico de los funcionarios.

Las sanciones son para Israel Benítez, quien en agosto pasado recibió la sanción de destitución por la Función Pública, ya que omitió supervisar la correcta comprobación de los gastos para los deportistas de alto rendimiento, incumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades

La segunda persona sancionada es Arturo Contreras, exdirector de Alto Rendimiento quien en julio pasado había sido suspendido indefinidamente por las irregularidades encontradas en una auditoria, en donde fue señalado en cinco de las seis observaciones detectadas en el desvío de 50.8 millones de pesos del Fondo. Se determinó que ahora autorizó de forma irregular la liberación de recursos públicos del Fodepar, destinados a cubrir las necesidades de los atletas.

Finalmente, Tania Ibeth Sierra González, jefa del Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria fu sancionada por aprobar y autorizar de manera indebida el reintegro al Fodepar, con documentación incompleta y que no cumplía con las disposiciones oficiales

La dependencia recordó que a la fecha, en la presente administración, la Función Pública ha sancionado a una decena de servidores públicos de la Conade.

Detalló que de las investigaciones realizadas por el OIC en la Conade se desprenden también presuntas faltas tipificadas como graves relacionadas con la entrega indebida de recursos, por tal motivo el expediente del caso ya fue enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que corresponderá en su caso sancionar, conforme a la legislación vigente.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó esta tarde que luego de un procedimiento administrativo sancionador, se ordenó la destitución así como la inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público a Luis Galván Arcos, quien se desempeñaba como gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística de Pemex, y quien está relacionado con la ‘Estafa Maestra’.

La dependencia explicó que la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que el exfuncionario, quien estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, de 2013 a 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos.

La Función Pública aseguró que el imputado tuvo su derecho de audiencia durante todo el procedimiento, aunque no pudo justificar por qué no reportó la información financiera.

«Para garantizar que cada persona servidora pública tenga un patrimonio congruente con los ingresos por los encargos que ha desempeñado, y que no ha participado en decisiones de gobierno que representen un conflicto de interés, la Función Pública da seguimiento cercano a su evolución patrimonial», indicó la SFP, que dirige Irma Eréndira Sandoval.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este martes que tras un «exhaustivo» procedimiento de responsabilidades se determinó imponer una inhabilitación por un periodo de 10 años, al exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo Cervantes.

La inhabilitación impedirá que Catillo Cervantes desempeñe empleos, cargos o comisiones en el servicio público,

Al indicar que la dependencia tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, Irma Eréndira Sandoval señaló que se detectaron omisiones del exfuncionario en sus declaraciones patrimoniales presentadas.

Se indicó que la sanción, que le fue notificada a Castillo Cervantes, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fungió como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por ello, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

«Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial».

La SFP aseguró que durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia del extitular de la Conade, y garantizó su derecho de audiencia.

La dependencia indicó que actualmente da seguimiento a 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa, de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que en lo que va de noviembre ha sancionado a nueve empresas contratistas del sector Salud con inhabilitaciones de más de tres años y multas económicas por un monto global de 18 millones 527 mil 670 pesos.

Las acciones contra las empresas del sector salud son resultado de investigaciones donde se comprobó que se falseó información o bien se constató el incumplimiento de contratos.

“Estamos poniendo un alto al abuso de contratistas y proveedores que abusaron de los recursos públicos durante el régimen neoliberal, cuando la salud se veía como un negocio y no como un derecho humano fundamental”, afirmó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

“La Función Pública se ha propuesto romper esa alianza que se dio entre contratistas y proveedores con servidores públicos para abusar del sistema de Salud”, añadió la colaboradora del gobierno de la 4T.

Las empresas sancionadas son Multicorporación Brexot, Cohmedic, Degasa, Insumos Médicos Geva, Kingsmac, Dibiter, Med Prime, Grupo Constructor Vadonne y Clayton de México, proveedores de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Detalló los casos de cada empresa: Multicorporación Brexot, inhabilitada por 45 meses y multada con 1 millón 954 mil 800 pesos incumplió con la entrega completa, en el lugar pactado y en los plazos estipulados, de 250 ventiladores mecánicos, por lo que el ISSSTE tuvo que erogar gastos extras, lo que provocó un daño al erario. El corporativo Cohmedic, inhabilitado por 45 meses y multado con 1 millón 901 mil 25 pesos incumplió con la entrega total de 490 mil pares de botas quirúrgicas, lo que afectó gravemente la atención a los derechohabientes durante la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa México.

La empresa Degasa recibió una doble sanción por el incumplimiento de dos contratos celebrados con el ISSSTE para la entrega de distintos envases; por cada uno se le aplicó una inhabilitación de 45 meses y una multa por 1 millón 901 mil 25 pesos, que en conjunto asciende a 3 millones 803 mil pesos. En el caso de Insumos Médicos Geva, la sanción aplicada consiste en 45 meses de inhabilitación y multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir la entrega al ISSSTE de más de 6 mil equipos médico.

La empresa Kingsmac no entregó al ISSSTE 135 mil piezas de Mascarilla N95 Certificación Niosh, por lo que fue objeto de una inhabilitación de 45 meses y una sanción económica por 1 millón 954 mil 800 pesos.

A Dibiter se le impuso una inhabilitación por un término de dos años y una multa por 538 mil 656 pesos por incumplir contratos con el IMSS y el ISSSTE, mientras que Med Prime fue sancionada con dos multas por un monto total de 2 millones 673 mil 264 pesos y 2 inhabilitaciones por tres años cada una por haber presentado información falsa durante procesos de adjudicaciones.

Finalmente, la empresa Grupo Constructor Vadonne fue sancionada con una inhabilitación por 45 meses, y con multa por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir un contrato al realizar obras de remodelación fuera de especificación y defectuosas en el Hospital de Alta Especialidad “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, mientras que Clayton de México fue inhabilitada por 45 meses y una multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos al incumplir un contrato con el ISSSTE para la instalación y puesta en operación de 30 generadores de vapor para diferentes unidades médicas a nivel nacional.

“Sancionamos ya a quienes, individualmente o en grupo, habían monopolizado los servicios y la venta de insumos médicos y medicamentos a nuestros sistemas públicos de salud, y ahora estamos haciendo justicia administrativa y poniendo un alto a contratistas, proveedores y empresarios que se resisten a aceptar que esto ya cambió”, remató la titular de la Función Pública.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, anunció una sanción de 10 años de inhabilitación al extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, al acreditarse que incurrió en conflicto de interés durante su desempeño al frente de la Comisión.

«Para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos», indicó la dependencia en un comunicaco.

Explicaron que la sanción al titular de la CRE es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo.

Precisó que al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos. Esta disposición, desde luego, aplicaba para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía.

La SFP indicó que a lo largo de todo el procedimiento, García Alcocer tuvo derecho a una defensa adecuada, al tener la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.

En línea con el discurso que ha sostenido el presidente López Obrador, Sandoval Ballesteros aseguró que en el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, lo que puso en riesgo la soberanía energética de la nación.

Recordemos que durante sus primeros meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que existía un probable conflicto de intereses con García Alcocer, debido a que algunos de sus familiares trabajaban en el sector energético.

El 18 de febrero de 2019, Irma Eréndira Sandoval expuso que García Alcocer había reconocido un probable conflicto de intereses respecto a su cuñado Mario Barreiro y un primo-hermano de su esposa Santiago García, quienes trabajan para dos empresas: Eólica Vestas y  Santa Fe Natural Gas, respectivamente, esta última filial de Fermaca, empresa permisionada de la CRE.

Se informó que tras una revisión, se encontró un permiso para transporte de gas natural otorgado a Fermaca, vinculada al entonces titular de la CRE. El 3 de junio de 2019, Guillermo García Alcocer presentó su renuncia.

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, anunció esta tarde que apelará la inhabilitación que le impuso el gobierno de la Ciudad de México para desempeñarse, por un año, dentro de la administración pública local.

Mancera adelantó que ya prepara su defensa pues rechaza la sanción que recibió por el gobierno de la capital, a petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a que transgredió las normas electorales en 2018.

El perredista confirmó que la sanción es resultado de la transmisión de spots durante el periodo electoral de 2018 como parte de la campaña del entonces candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

La Contraloría General de la Ciudad de México anunció este jueves que inhabilitó por un año al exjefe de gobierno para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la administración pública de la capital.

A través de un comunicado la dependencia señaló que el Órgano de Control reportó la sanción con fecha del 5 de octubre, por lo que concluirá en octubre de 2021.

El fallo del TEPJF indicó que el castigo proviene de la queja que presentó el PRI en contra de varios servidores públicos, entre los que aparece Mancera Espinosa, por la difusión de promocionales en radio y televisión.

Por el mismo caso fue sancionado el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) informó esta tarde que en su lucha por limpiarse de malos elementos, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la destitución e inhabilitación por 10 años de un magistrado federal y la suspensión de un juez de distrito.

El magistrado fue sancionado por el hostigamiento sexual a 10 mujeres y contratar a la esposa de un juez de Distrito de su mismo circuito, en acuerdo y beneficio personal del propio impartidor de justicia, mientras que el juzgador también recibió una sanción y fue suspendido por falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo.

Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, advirtió que el acoso sexual no será permitido en el Poder Judicial federal.

“Cero tolerancia a la violencia de género. La seguridad de las mujeres es prioridad. Avanzamos hacia una mejor justicia en beneficio de todas las personas. Por un país más justo y más igualitario. Acciones, no discursos», escribió en su cuenta de Twitter.

El CJF refrendó que mantiene su política de combate a la violencia de género y nepotismo, toda vez que representan un «cáncer» para la sociedad que, de entrada, debe ser combatido desde la trinchera de aquellos servidores públicos que juraron velar por la justicia y los valores constitucionales.

El Poder Judicial reiteró su vocación de servicio público, y recordó que son la ética, el profesionalismo y el absoluto respeto a los derechos fundamentales los valores que definen esa vocación.

El equipo legal que representa a Rosario Robles indicó que la sanción dada a conocer ayer por la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirma la persecución política a la que está siendo sometida la ex secretaria de Estado.

La defensa de la excolaboradora del sexenio pasado, señaló que sin mayor fundamento administrativo y legal, la dependencia federal resolvió inhabilitar por 10 años a Robles por la presunta omisión de declarar la existencia de una cuenta bancaria con $2,887.86 pesos en su declaración patrimonial.

Lamentaron que dicha sanción nazca de la omisión de una cuenta que «contrasta con verdaderas omisiones de funcionarios públicos que actualmente están en servicio y que escondieron fortunas por más de 800 millones de pesos en bienes inmuebles sin recibir sanción alguna», lo que apunta al escándalo que en días recientes envolvió a Manuel Bartlett, director de CFE.

Los abogados indicaron que se demuestra que en el Gobierno Federal la justicia se pretende aplicar por consigna, con displicencia y parcialidad.

Acusaron que Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, miente al afirmar que la resolución fue una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues dijeron estar convencidos de que el Ejecutivo Federal sería incapaz de solicitar que se cometa en su nombre una «tropelía tan injusta y absurda».

Relataron que la cuenta que desencadenó la sanción, no  es reconocida por Robles, que además no tuvo movimientos en toda su existencia y de la que su clienta jamás dispuso; enfatizaron que al tener la cuenta un saldo inferior a los 3 mil pesos, no contribuye en nada a “acabar con la corrupción y la impunidad” como señaló la SFP.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este miércoles sobre una sanción a Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la pasada administración.

La ex funcionaria fue notificada de la resolución que la inhabilita por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, como sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial.

«Con esta sanción se impulsa el principio de honradez que rige al servicio público, en busca de una nueva Ética Pública en el Gobierno de México, y se refrenda el compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y a la impunidad», indicó Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia.

El informe sobre Rosario Robles sirvió para que la SFP recordara que tiene más de 19 mil investigaciones en curso y ha sancionado a 2 mil 434 funcionarios, a quienes ha impuesto sanciones consistentes en 732 inhabilitaciones, 135 destituciones y 217 multas económicas por un monto de más de 4 mil 500 millones de pesos.

Luego de que se diera a conocer que la Secretaria General en funciones de Presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, rentó un avión privado para diversos traslados durante la campaña electoral de 2018, el consejero de Morena, Alejandro Rojas, solicitó un juicio para sancionarla.

Rojas Díaz Durán solicito a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrir un juicio para sancionar a Polevnsky con la inhabilitación del cargo que desempeña hoy en día.

El morenista solicitó que se muestre la factura correspondiente a su nombre, como fiscalmente corresponde, ya que, de no comprobarlo, estará cometiendo violaciones a los principios fundacionales del partido y de sus estatutos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Yeidckol Polevnsky debe denunciar ante el Ministerio Público las amenazas de muerte que dice haber recibido. No denunciarlo es fomentar la cultura de la no denuncia y está enviando un claro mensaje de que desconfía de la Fiscalía General de la República y de las instituciones del Estado mexicano”, señaló Alejandro Rojas.

Sobre su situación en el partido, el político indicó que aún sigue manteniendo sus derechos políticos a salvo, en tanto no resuelva el Tribunal Federal Electoral su inconformidad de la que consideró «ilegal y antidemocrática» resolución en su contra.

Y es que recordemos que a finales de mayo pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió sus derechos partidarios por tres años y lo destituyó como consejero del partido por faltas a la normatividad estatutaria, además de que lo inhabilitó para ser candidato de Morena.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que dos “altos mandos” de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron inhabilitados como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años, respectivamente.

Adicional, la dependencia impuso sanciones económicas por casi 620 millones de pesos a uno de ellos.

Una de las inhabilitaciones, por 10 años, derivó de un procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que el funcionario proporcionó información falsa en la declaración de su situación patrimonial, pues detalló, en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.

La otra sanción se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal; tras una investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario.

La dependencia prefirió no revelar los nombres de los funcionarios sancionados.

La SFP indicó que desde el pasado 1 de diciembre, hasta la fecha, se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.

Añadió que se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, a través de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex), comunicó a las instituciones de la Administración Pública Federal, empresas productivas del estado, entidades federativas y Fiscalía General de la República, el impedimento para participar en contrataciones públicas de carácter federal de las empresas Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., y Construtora Norberto Odebrecht, S. A.

Con dicha instrucción, las instituciones deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con dichas empresas. El plazo de la sanción fue de tres años.

Mediante dos circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se precisa que se resolvieron dos procedimientos administrativos sancionadores iniciados a las empresas. En el caso de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A de C. V. por haber presentado información falsa durante la celebración de un convenio modificatorio de un contrato de construcción, al no cumplir con los requerimientos legales y autorizaciones necesarias para celebrarlo.

Por su parte, en el caso de Construtora Norberto Odebrecht, S. A. fue sancionada por haber realizado cobros en exceso, en detrimento de su patrimonio, al entonces Pemex Refinación.

El contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció este jueves la inhabilitación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado del país, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años.

Amoroso señaló que se «presume» que Guaidó «ocultó o falseó» datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.

Por su parte el líder opositor desconoció la inhabilitación que le fue impuesta por el contralor Elvis Amoroso, ya que dijo, dicho funcionario fue nombrado ilegalmente.

«No es contralor. No lo es (…), ni existe una inhabilitación (…). el Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor», aseveró Guaidó, recordando que Amoroso fue nombrado por la oficialista Asamblea Constituyente, controlada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Quien también reaccionó al respecto fue el gobierno de Estados Unidos, quien calificó como «ridícula» la inhabilitación al líder opositor venezolano. «Es ridículo», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino.

El Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela también condenó la inhabilitación anunciada. Condenó «la reciente decisión del contralor general de Venezuela de inhabilitar a Juan Guaidó» y considera que ese tipo de decisiones «menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela».

En Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado de Colima aprobó el dictamen por el que se resolvió en definitiva el Juicio de Responsabilidad Administrativa que se le seguía al ex gobernador Mario Anguiano Moreno y a varios funcionarios de su administración.

Al ex mandatario local se le impuso una inhabilitación por 14 años para ocupar cargos públicos municipales y estatales, así como una sanción económica que asciende a los 515 millones 174 mil 928 pesos.

También se determinó sancionar al ex Secretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, y la ex Secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos, con inhabilitación para ejercer cargos públicos estatales y municipales, de cinco y cuatro años, respectivamente.

Las sanciones a Anguiano se dan luego de que se detectara que presentó información falsa en 2015, en la que solicitó al Congreso reconocimiento de deuda por haber adquirido deuda pública para sufragar necesidades temporales, y por lo cual se le autorizaron 638 millones de pesos en financiamiento.

 

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó esta tarde que impuso una sanción de inhabilitación por dos años a la empresa «Construtora Norberto Odebrecht, S.A.», por lo que quedará impedida de participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

 

La SFP, a través de su Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex), impuso dicha sanción a la empresa por el cobro indebido de 2.5 millones de pesos por duplicidad de servicios, en uno de los contratos celebrados para la realización de diversas obras en la Refinería “Miguel Hidalgo”.

 

Adicional y paralelamente, inhabilitó por diez años y le impuso una sanción económica, por un monto de dos millones 597 mil 249.98 pesos, a un servidor público adscrito a Pemex Transformación Industrial, por autorizar indebidamente el pago referido. Se trata del mismo servidor público que en diciembre pasado fue inhabilitado por diez años y sancionado con una multa de más de 119 millones de pesos.

 

La dependencia refirió que iniciado  ocho procedimientos administrativos: cuatro contra filiales de la empresa constructora, dos contra sus representantes legales y dos más contra servidores públicos de Pemex.

 

No es la primera vez que la empresa es sancionada, pues en diciembre de 2017, se le impuso otra sanción de inhabilitación por cuatro años.