Se cumple un mes del incendio que mató a 40 migrantes que se encontraban en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La noche de ayer se difundieron nuevas imágenes de las cámaras de seguridad del centro de detención, que muestran los momentos previos al incendio y el trato de los oficiales a los migrantes.
En el video, de 16 minutos y 25 segundos, se observa el momento en que los migrantes, presuntamente en forma de protesta, tras enterarse de su deportación, colocan las colchonetas frente a los barrotes de la celda y les prenden fuego.
Previo al fuego, los funcionarios del INM y el guardia de seguridad privada no toman acciones para disuadir a los migrantes de escalar la protesta. Incluso, cuando notan el fuego y el humo comienza a expandirse, huyen de la estancia, sin abrirles la puerta.
Según lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el personal que estaba presente al momento del incendio, no tenía la llave de la celda.
Sobre los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta semana cargos contra el director del INM, Francisco Garduño, el máximo responsable de ejecutar la política migratoria en nuestro país, y quien está a la espera de que el próximo domingo el juez determine si le imputa.
El pasado martes compareció por última vez en el juzgado del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, y la FGR lo acusó de “incumplir sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”.
Además de Garduño, varios funcionarios del INM están inmersos en el proceso judicial, entre los que se destacan el jefe de la institución en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero, ahora en prisión preventiva; o el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, en libertad condicional.
También se encuentran en prisión dos cargos intermedios y tres agentes de la estación migratoria de Ciudad Juárez; un guardia de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que operaba en la estación migratoria; y el migrante que supuestamente inició el incendio.
Tras el incendio, el INM recibió críticas por su gestión de la crisis migratoria y por la condición en la que retiene a los migrantes en centros como en el que ocurrió la tragedia.
El padre Alejandro Solalinde, cercano al presidente López Obrador, insistió en una modificación de la política migratoria de México que conllevaría la desaparición del INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Según ha declarado a medios, las negociaciones al respecto están muy avanzadas.
La tragedia con los migrantes provocó una condena inmediata de organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, que denunciaron las negligencias que condujeron a la tragedia, posiblemente evitable si se hubiese facilitado la salida de los migrantes privados de su libertad.
El reclamo más directo llegó del gobierno de El Salvador, que consideró los hechos como “un crimen de Estado” y dijo que el gobierno de México cometió “una masacre”.
El embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas, reclamó el pasado martes una reparación por sus connacionales muertos y los nueve que, pese a sobrevivir, fueron hospitalizados.
Los migrantes fallecidos, 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, fueron repatriados a sus respectivos países al cabo de unas semanas.
Tras el reclamo de Guatemala, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, garantizó que repararían a las familias de los 40 migrantes fallecidos y a quienes resultaron heridos, aunque no dio más detalles.
