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Al menos 18 personas perdieron la vida en varios ataques perpetrados por un comando armado en Tamaulipas, informaron este domingo las autoridades locales. Sin embargo, algunos medios como Reforma reportan que el número de muertos podría ascender a 23.

Las agresiones ocurrieron el sábado en diversos barrios de la ciudad de Reynosa a manos de sicarios que viajaban “a bordo de varios vehículos”, dijo en un comunicado una agrupación que coordina a las fuerzas de seguridad en el estado.

El Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas reportó el sábado la muerte de 15 personas, incluido uno de los delincuentes que fue sorprendido por policías cerca del puente que conecta a Reynosa con Pharr, Texas.

Pero el domingo, las autoridades estatales elevaron la cifra tras conocerse que cuatro presuntos delincuentes fueron abatidos por policías. “Al ser localizados, los individuos opusieron resistencia y agredieron a personal policial, el cual repelió la agresión”, precisó la agrupación en el documento.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, condenó los hechos y dijo que dio instrucciones para esclarecer a la brevedad lo ocurrido. “Se investiga ya el móvil de estos actos que afectaron de manera directa a la población civil”, dijo el mandatario estatal en un comunicado.

Los ataques provocaron que Ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal y la fiscalía local desplegaran un operativo por toda la ciudad. 14 de los fallecidos habrían sido civiles, mientras que los otros cuatro muertos formarían parte del grupo delictivo que perpetraron los ataques.

En esta zona del noreste del país opera el Cártel del Golfo; Tamaulipas ha sido escenario de los peores episodios de la guerra contra los cárteles de las drogas. En 2010 y 2011, los Zetas masacraron en dos sucesos diferentes a casi 300 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, en busca de afirmar su poder en el negocio de tráfico de personas.

Sobre el tema, esta mañana el presidente López Obrador dijo que ordenó al consejero jurídico de la Presidencia realizar las gestiones necesarias para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso. Dijo que todo indica que un comando atacó a inocentes.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas, informó sobre la liberación de un grupo de defensores de la comunidad de Salazar en el Estado de México que se encontraban en el Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez.

“El pasado jueves 23 de mayo fueron liberados seis de los defensores del territorio de la comunidad de Salazar, en el Estado de México (…) esa liberación fue resultado de un proceso en donde la propia juez resolvió que la causa penal por la que se encontraban ellos detenidos no era consistente, no había elementos suficientes de prueba”, dijo el funcionario.

Los recién liberados: Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril, Daneyra Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García obtuvieron su libertad incondicional sin ningún cargo.

Encinas dijo que se continuará con los procesos de paz y de justicia para defender a los que indebida e injustamente han sido detenidos.

Relató que el caso de los recién liberados tiene que ver con la defensa de 217 hectáreas de bosque y tierras comunales que pretendían favorecer a particulares.

Al ser cuestionado sobre cuántas liberaciones se han conseguido hasta ahora, el subsecretario dijo que se han logrado 31, además de que se sigue el desahogo de todas las solicitudes de revisión de casos que han llegado a la dependencia, las cuales revisan con detenimiento, pues “tenemos problemas de presos políticos y otros de políticos presos, que no es lo mismo, o gente que cometió delitos y se quiere presentar como gente que fue violada en sus derechos humanos”.

Refirió que están analizado 538 casos en los que se observan detenciones indebidas, pues se han encontrado elementos de injusticia, de violaciones a su proceso, de detenciones indebidas, de declaraciones obtenidas incluso bajo tortura, entre otros.

Encinas finalizó haciendo un llamado a los gobernadores de los estados, a los fiscales de las entidades federativas para que coadyuven en el desahogo de la revisión de los expedientes.