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Porfirio Muñoz Ledo, actual Diputado federal y quien quedó fuera de las listas de Morena de legisladores que buscarían su reelección por la vía plurinominal, anunció que formará un Frente Amplio en Defensa de la Constitución, con la intención de defender la Constitución y a los organismos autónomos.

«Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como el INE, INEGI, INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores», dijo el legislador en entrevista con el diario Reforma.

Muñoz Ledo aseguró que el Frente al que convocará se separará de la oposición al gobierno y de la coyuntura electoral, indicando que convocará a académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defender a las instituciones y organismos.

El líder las izquierdas en México se dijo preocupado por el rumbo que está tomando el gobierno federal, pues además de que pareciera estar rodeado de gente de «derecha», se perfila a convertirse en el «país de un solo hombre». «Es el momento de pararlo y es un momento por la restauración de la democracia», dijo el legislador.

Sobre la intención de Muñoz Ledo, el presidente López Obrador aseguró este viernes que está en su derecho aunque no comparte la intención que tendría el Frente.

«Pues que está en todo su derecho, es libre, los ciudadanos somos libres y, además, si se es legislador, pues se tiene más autoridad. Yo desde luego no comparto ese punto de vista, ya lo he expuesto aquí, pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta, somos libres», sostuvo el mandatario.

Sobre el tema, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un exhorto para que se respete la institucionalidad de los diversos órganos autónomos del país.

Y es que ante el anuncio del presidente López Obrador de desaparecer los órganos autónomos mediante la preparación de una reforma administrativa para trasladar sus responsabilidades a las secretarías de Estado, el CCE pidió protegerlos e incluso fortalecerlos, ya que dijo son parte fundamental del Estado de Derecho y la democracia nacional.

«El CCE manifiesta su profunda preocupación por tal anuncio y expresa su rechazo a cualquier iniciativa que pretenda reducir sus funciones o desaparecer a las instituciones catalogadas como autónomas; más cuando se trata de un tema eminentemente constitucional que supera el ámbito administrativo».

Sostuvo que los diversos entes autónomos son un pilar esencial del andamiaje institucional del país, que han aportado a la consolidación del mismo y contribuyen a aumentar la confianza de la sociedad y de la comunidad internacional en México.

A unos días de dar a conocer la decisión de política monetaria, el primer anuncio del 2020, el Banco de México (Banxico) exhortó a los integrantes de la Junta de Gobierno a tener «prudencia» en sus declaraciones.

Señaló que los miembros están en pleno derecho de explicar sus puntos de vista de manera individual, al considerar el beneficio de la institución central.

Sin embargo, «deberán hacerlo ejerciendo prudencia en sus declaraciones y tomando en cuenta los mensajes institucionales» en relación a información de coyuntura económica u otra que pudiera considerarse «sensible» para los mercados financieros.

Esto como parte de la actualización de los criterios generales de comunicación de la Junta de Gobierno y servidores públicos, que difundió este lunes.

Los integrantes deberán especificar que son a «título personal» sus declaraciones o comentarios compartidos en presentaciones, documentos o cualquier otro medio, apuntó.

El banco central dejó en claro que esta medida evitará alguna confusión respecto a los mensajes institucionales.

Tampoco podrán hacer pronunciamientos públicos relacionados con temas de política monetaria ni se reunirán con terceros ajenos a Banxico para discutir dichos temas, de acuerdo con el documento.

Sólo lo podrán hacer con autoridades financieras y con temas de sus competencias «durante los siete días previos al anuncio de la decisión de política monetaria correspondiente», enfatizó.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que el Ombudsperson no solo debe tener autonomía normativa, sino que su reto es ejercerla a plenitud.

Indicó que dicho reto debe traducirse en el ejercicio puntual de las atribuciones, en resolver solo con la evidencia que se desprenda del expediente, abstraerse de cualquier presión de tipo político, económico y social, para que la verdad se sustente en una investigación sólida y haya firmeza y solidez en sus recomendaciones.

Y en ese sentido subrayó que en la defensa de la dignidad de las personas no hay adversidades; «se defiende lo que nos iguala e identifica como seres humanos, que es la dignidad humana, y se busca que los gobiernos, sin importar su corte ideológico y su ideario político, pongan a la persona en el centro de su atención».

Sin embargo señaló que cuando se observa que hay un «bache» en la carretera del gobierno que se puede convertir en «socavón» y que de no taparlo puede lastimar a más personas, la CNDH advierte y pide que se repare para que no haya más víctimas.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, destacó que cuando se busca debilitar a las instituciones al no atender sus recomendaciones ni aceptarlas, se debilita a la institución, pero se lastima más a las víctimas.

González Pérez expresó que los Ombudsperson trabajan con todos los órdenes de gobierno y puntualizó que su fuerza radica en su magistratura de opinión. Precisó que al plantearse el rol que el Ombudsperson debe tener en las circunstancias actuales puede cambiar, pero la naturaleza y alcances de la institución deben permanecer, ya que si se le desnaturaliza se puede generar una institución que tenga etapas procesales o convertirla en actos de autoridades susceptibles de terminar en los tribunales.

De pie junto a un agricultor de caña de azúcar que usa una prensa de madera tirada por caballos para exprimir jugo en un cubo de plástico, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio una demostración de su visión del mundo económico.

En una visita a La Huasteca la semana pasada, cerca de la región del Bajío, que es la potencia en la fabricación de alta tecnología de México, el presidente nacionalista de izquierda, que se enorgullece de no tener una cuenta o una tarjeta de crédito, enalteció las virtudes de las microempresas artesanales que dijo que eran «como o más importantes» en términos de creación de empleo y desarrollo, que las grandes empresas.

«Esta es la economía que estamos impulsando», dijo, mientras bebía su jugo de caña.

El día después de su viaje, despidió abruptamente al titular del organismo encargado de medir la pobreza y evaluar los programas sociales que han sido un pilar de su gobierno en los ocho meses que lleva.

El despido de Coneval de Gonzalo Hernández Licona, cuatro días después de que escribió un editorial diciendo que los recortes presupuestarios estaban paralizando la capacidad del organismo para funcionar, fue lo último en una purga de tecnócratas e instituciones que el presidente dice que son corruptos, despilfarradores y que obstaculizan la transformación de México después de 36 años de fallidas políticas «neoliberales» centradas en el mercado.

Pero algunos inversionistas y analistas temen que al perseguir el espejismo de un regreso a la era dorada del crecimiento de hace medio siglo, con el estado firmemente conduciendo el país, el hijo de comerciantes de cabello cano está coqueteando con el tipo de demagogia que podría llevar a México por un peligroso camino populista.

«Hay una sensación de que la historia comienza con él, que nada del pasado funciona y que tiene que comenzar una nueva era», dice Enrique Krauze, un prominente historiador que se ha enfrentado a un presidente que alguna vez llamó un «mesías tropical». “No solo está tomando decisiones, buenas o malas, sobre política económica, sino también sobre instituciones, que requirió tanto esfuerzo construir. Estoy realmente preocupado».

México publicará el miércoles datos del PIB del segundo trimestre que se espera que muestren que la economía está cerca de la recesión, luego de una fuerte contracción a principios de año, una caída en la creación de empleo y la actividad económica más baja en 13 años. Citibanamex, un banco líder, ha reducido su pronóstico de crecimiento para 2019 a solo 0.2 por ciento en marcado contraste con la promesa del presidente del 2 por ciento.

Sin embargo, con índices de aprobación de hasta el 70 por ciento y su principal barómetro económico, el peso, manteniéndose estable frente al dólar, López Obrador se siente reivindicado en su apuro por deshacerse de las políticas del pasado y revisar las instituciones en línea con sus creencias, sin importar el malestar que pudiera causar.

«Creo que si su proyecto es cambiar el status quo, las tensiones políticas son normales», dice Ignacio Marván, profesor del CIDE y ex asesor de López Obrador cuando era alcalde de la Ciudad de México. «No es contrario al riesgo. No tiene miedo de tomar decisiones difíciles, luego retrocede».

“[Pero] él puede estar pensando eso. . . dar concesiones ahora debilitaría su apoyo «.

El político de 65 años asumió el cargo en diciembre después de una victoria aplastante que le otorgó un enorme respaldo popular y el control de ambas cámaras del Congreso. Se ha movido rápidamente para centralizar la toma de decisiones en sus manos y consolidar un nivel de poder sin precedentes ahora que finalmente llegó a la presidencia en su tercer intento.

López Obrador ha presionado para cambiar la forma en que muchas dependencias y organismos gubernamentales gastan dinero, con grandes reducciones en los gastos operativos para permitir que más recursos vayan directamente a las personas.

Pero las esperanzas de que demostraría ser un administrador pragmático de la economía, como lo fue durante su período como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se están desvaneciendo rápidamente. López Obrador ya ha alarmado a los inversionistas al desechar un proyecto aeroportuario de $13 mil millones parcialmente construido y avanzar con una refinería planificada de $8 mil millones que pocos en la industria petrolera creen que tiene sentido o que se puede construir a tiempo y según el presupuesto. Si bien sus objetivos de erradicar la corrupción y la distribución más justa de la riqueza son ampliamente reconocidos, muchos temen que sus métodos signifiquen un regreso a las políticas nacionalistas fallidas de la década de los setentas.

A medida que avanza en su deseo, que espera «con todo mi corazón y mi alma», que los futuros gobiernos no puedan echar atrás, el estilo de confrontación de López Obrador lo ha enfrentado con los reguladores de energía, con la Policía Federal que dijo «no estaba a la altura» y a calificar como «vergonzosa» a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Carlos Urzúa, su aliado desde hace mucho tiempo, renunció como Secretario de Hacienda después de una dramática disputa con el presidente, alegando que las decisiones políticas no se basaban en «evidencia».

Se une a una creciente lista de víctimas: Germán Martínez, que renunció como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Guillermo García Alcocer, como titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)  y Tonatiuh Guillén como jefe del Instituto Nacional de Migración (INM) en medio de recortes presupuestarios, intromisiones interdepartamentales y diferencias de políticas.

El mensaje que se ha dado es que no solo los críticos, aquellos que no están de acuerdo con la forma radical en que el presidente a combatido la corrupción y todo los rastros del «período neoliberal» son enemigos o prescindibles. Pues las instituciones también pueden ser sacrificadas, ya que el presidente impone su agenda intransigente a la segunda economía más grande de América Latina.

«El problema es que su idea no es construir más instituciones técnicas», dice Jacqueline Peschard, ecomisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. «Él subordina todo a su narrativa, que es más moralizante que técnica».

El presidente se niega a considerar sugerencias de que puede haber ido demasiado lejos en su purga de personal técnico y en la reducción de presupuestos y recortes salariales que ha implementado en un intento por liberar recursos para destinarlos al gasto social.

Culpó a Coneval en Twitter diciendo que gastó más el año pasado en alquiler de oficinas que en sus estudios. Cuando Denise Dresser, una analista que critica a López Obrador, dijo que debería explicar la fuente de sus datos y «mejorar las instituciones y no solo demonizarlos», fue atacada por los seguidores del presidente.

López Obrador dice que los recortes presupuestarios son vitales para acabar con las malas prácticas arraigadas y construir un «nuevo paradigma» en la política económica que brinde bienestar, y no solo un mayor producto interno bruto.

Su cruzada contra instituciones autónomas en un país donde la oposición está cercana a desaparecer después de la paliza electoral y que el presidente enfrenta pocos otros controles y contrapesos, ha alarmado incluso a los principales aliados del gobierno. Gerardo Esquivel, a quien López Obrador designó como miembro de la junta de gobierno del Banco de México defendió la existencia de Coneval.

Algunos analistas temen que el Inegi, el organismo estatal de estadísticas, que ya ha tenido que cortar diversas encuestas debido a los recortes presupuestarios, podría ser la próxima víctima. López Obrador dijo recientemente a La Jornada, un periódico de izquierda, que su presidencia «no fue solo un cambio de gobierno sino un cambio de régimen, por lo que medimos las cosas de una manera diferente».

México es una democracia relativamente joven con instituciones históricamente débiles que incluyen un sistema judicial corrupto y sindicatos poderosos y motivados políticamente. Durante las tres cuartas partes del siglo XX estuvo bajo un régimen efectivo de un solo partido hasta que el Partido Revolucionario Institucional perdió el poder en 2000. Su regreso, de 2012 a 18, en medio de una espiral de corrupción y empeoramiento del crimen, provocó el disgusto de los votantes y una carrera precipitada hacia los brazos de López Obrador.

 

Texto original publicado por Jude Webber en FT

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó sobre los 399 casos de hostigamiento sexual y abuso sexual en instituciones de la Administración Pública Federal (APF) contra 402 víctimas, ocurridos entre enero de 2016 y septiembre de 2018.

El organismo indicó que dichos casos evidencian las relaciones desiguales de poder y el estado de indefensión de las víctimas, que con frecuencia quedan impunes por falta de mecanismos eficaces, ya que del total de casos señalados, solo en 1% se impuso sanción que impactó laboralmente al agresor.

De acuerdo con la información proporcionada por 25 instituciones de la Administración Pública Federal (APF), la CNDH advirtió que, de enero de 2016 a septiembre de 2018, el 61.19% de las víctimas de hostigamiento y acoso sexual se concentró en tres instituciones: la Secretaría de Educación Pública (99), Secretaría de la Defensa Nacional (87) e Instituto Mexicano del Seguro Social (60). Del total de víctimas, el 94.53% fueron mujeres y 3.23% hombres.

Entre las principales conductas denunciadas destacan: emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual; insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual; realizar señales sexualmente sugerentes; tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual; tomar represalias de cualquier índole por rechazar proposiciones de carácter sexual; rumores, expresiones o insultos de carácter sexual, además de conductas contrarias al código de ética.

Así lo destaca el Diagnóstico de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal 2015-2018, elaborado por la CNDH con información del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Secretaría de la Función Pública, y con información remitida directamente por las instituciones de la Administración Pública Federal.

Foto: Twitter / DAS Seguros

Al presentar el Informe de Actividades 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez enfatizó que la existencia o no de violaciones a los derechos humanos no puede negociarse ni interpretarse a la luz de intereses políticos o ideológicos.

Afirmó que las instituciones, las leyes y la autonomía e independencia de los Poderes y órganos constitucionales tienen suma importancia en nuestro sistema democrático y legal, y deben respetarse y mantener su vigencia, sin importar las personas o grupos en el poder.

González Pérez indicó que la defensa de la legalidad y de los derechos humanos son prioridades fundamentales y obligaciones, tanto para las autoridades como para la sociedad, y constituyen la mejor protección contra la intolerancia o cualquier tentación autoritaria.

Expresó que nuestro país requiere una institucionalidad fuerte, que consolide la democracia y fortalezca la unidad nacional, de ahí que las instituciones marcan pautas e imponen límites a la actuación de  personas y autoridades, generan certidumbre en la sociedad y dan cauce a la conciliación de intereses individuales y colectivos, además de evitar posibles arbitrariedades.

El Ombudsperson nacional apuntó que durante 2018, México no superó la crisis que enfrenta desde hace años en materia de derechos humanos, que se acentuó en varios aspectos ante la falta de respuestas efectivas a problemas graves como inseguridad, impunidad, miles de personas desaparecidas, tortura, desplazamiento forzado interno, abusos a migrantes, fosas clandestinas e irregulares, violencia de género, trata de personas, falta de acceso real y efectivo a la justicia y debilidad del Estado de derecho.

Expuso que durante 2018 un total de 158,960 personas recurrieron a la CNDH en busca de apoyo, atención o asesoría, y se recibieron 44,274 escritos que derivaron en la apertura de 25,889 nuevos expedientes, de los cuales 9,002 correspondieron a quejas propiamente dichas, 7,855 a orientaciones directas, 8,395 remisiones y 637 inconformidades. Estos asuntos implicaron la atención de un total de 77,404 personas agraviadas.

El sector salud fue el que mayor número de quejas presentó durante 2018, con 4,043 casos, seguido por el de seguridad, con 1,734; el educativo, con 892, y el social, con 328; en tanto que en el mismo periodo la CNDH emitió 101 instrumentos recomendatorios, que comprendieron 90 recomendaciones ordinarias, 8 recomendaciones por violaciones graves, y 3 recomendaciones generales, y se concluyeron investigaciones de casos tan graves como la serie de detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, actos de tortura, violencia sexual, y cateos ilegales, entre otras
conductas, en que incurrieron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en diversas entidades de la República.

El secretario general del PRI, Arturo Zamora, advirtió del riesgo que corren las instituciones mexicanas y el Estado de Derecho, ante el autoritarismo que ha mostrado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde que asumió el poder.

Zamora Jiménez subrayó que en estos momentos está en juego el equilibrio y la división de poderes, la permanencia y la estabilidad de la democracia y, sobre todo, el Estado de derecho.

Acusó que el presidente de México lleva a cabo un ataque sistemático a todo aquello que signifique un contrapeso al Poder Ejecutivo, además de que mediante su partido en el Congreso, Morena, realiza “embestidas” contra la oposición, a fin de aprobar leyes incluso anticonstitucionales.

El priísta aseveró que en un Estado democrático y liberal nadie debe estar por encima de la ley. “Sin embargo, desde hace algunas semanas vemos acciones contrarias que intentan instaurar una nueva ‘normalidad’: la del poder único, absoluto, autoritario y profundamente conservador”.

Recordó que AMLO ha mostrado un “nulo respeto” al pacto federal, y como ejemplo dijo que los gobernadores tuvieron que salir en defensa de la soberanía de sus estados; también recordó las constantes descalificaciones que el tabasqueño ha hecho a los órganos autónomos, tales como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al Banco de México, así como al Poder Judicial.

 

El Presidente Enrique Peña Nieto participó hoy en la 109ª Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que dijo que el Instituto recuerda el valor de preservar y fortalecer las grandes instituciones de México.

“Son las instituciones las que aseguran el desarrollo de largo plazo porque superan coyunturas, trascienden gobiernos y definen épocas. Son las instituciones las que nos permitirán seguir transformando a nuestra nación”, dijo el mandatario.

Peña Nieto aprovechó para resaltar que durante su Administración se alcanzó por primera vez en la historia, la afiliación en un solo sexenio de cuatro millones de nuevos trabajadores ante el IMSS. Dijo que se trata de empleos que abrieron nuevas oportunidades para el desarrollo de las familias.

Reconoció la labor que realizaron los tres directores del Seguro Social que le acompañaron durante los años de su mandato: José Antonio González Anaya, hoy Secretario de Hacienda; Mikel Arriola, ex candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y el actual Director, Tuffic Miguel.

Por su parte el actual director presentó su informe sobre la situación que guarda el Instituto y afirmó que esta administración dejará un IMSS con bases sólidas para que siga siendo el seguro de México.

 

JOSÉ WOLDENBERNG

EL UNIVERSAL

 

El domingo escribí sobre otro asunto. Pero el lunes en la mañana me entero de los resultados de la llamada consulta y de la reacción de los organizadores y decido escribir estas notas al “bote pronto”. Me refiero solo al procedimiento. Por desgracia lo que parece un juego no lo es.

1. La votación realizada entre el 25 y 28 de octubre puede ser denominada como se quiera menos consulta. La consulta está regulada por la Constitución y la ley y el ejercicio realizado no cumplió con ninguna de esas condiciones normativas.

2. Habrá quien diga que mejor eso a nada. Pues no. La única garantía que tenemos los ciudadanos de que nuestras autoridades no actúen de manera discrecional, arbitraria o facciosa, es precisamente la ley. Son las normas las que establecen lo que pueden hacer y las condiciones para ello.

3. Se dirá entonces que los organizadores no son aún gobierno y que por ello no están obligados a cumplir –como si fueran gobierno- con el marco constitucional y legal. Y en efecto así es. Pero faltando apenas un mes para su ascensión como tal, la única manera de leer el ejercicio es como una fórmula para hacer a un lado las obligaciones
normativas.

4. La “consulta” no contó con ninguno de los mecanismos de seguridad con la que se realizan en México las elecciones. Ni listas de electores, ni funcionarios de casilla sorteados y capacitados, ni vigilancia por parte de representantes de ambas opciones, ni posibilidades de inspección, ni tinta indeleble para evitar el doble voto y sígale usted. Por lo que sus resultados pueden ser creídos o no. Actos de fe.

5. La “consulta” refleja de manera mucho más inexacta que una encuesta la “voluntad popular”. La segunda se construye con una muestra representativa de la población, la “consulta” está sesgada desde origen. Ni remotamente se puede afirmar que «representa» la opinión de la sociedad.

6. El pueblo se hizo chiquito. Según los propios organizadores votó un poquito más del uno por ciento de los electores registrados en el parón. Es decir, 99 de cada 100 no participaron. Ello porque en muchas poblaciones –se anunció desde el inicio- no se instalaron casillas (se excluyó a parte del pueblo) y los otros porque simple y llanamente le dieron la espalda al ejercicio.

7. Como siempre sucede, el pueblo que compareció votó dividido (70-30). Lo digo solamente para subrayar lo obvio: el pueblo no es un bloque ni un monolito. Se trata de un conjunto diverso, plural, con intereses, marcos ideológicos, sensibilidades, visiones y reacciones desiguales y distintas. Eso que cualquiera puede constatar es el piso sobre el cual se edifican sistemas democráticos que intentan forjar condiciones para la reproducción, convivencia y competencia de esa pluralidad.

8. Por el contrario, la utilización del “pueblo” como si fuera portador de una sola voluntad, una sola voz, un solo interés, es lo que ayer y hoy “permite” a algunos hablar en su nombre y desconocer como interlocutores legítimos a quienes disienten de su voluntad. Lo cual no suele presagiar nada bueno.

9. No puede ser considerado como un ejercicio de democracia directa porque careció de un marco normativo, porque no ofreció garantías de imparcialidad en su organización ni de equidad entre las opciones contendientes, excluyó a millones y sus promotores siguen siendo un grupo de particulares que, bien a bien, pueden hacer con los resultados lo que quieran. Y otra vez, si así se entiende la consulta al pueblo, lo que tendremos serán “consultas” para que el pueblo diga lo que su pastor guste y mande.

10. México ha construido instituciones en diversos campos. Muchas son débiles, funcionan de manera inapropiada y tienen carencias. Otras, por el contrario, llevan a cabo tareas estratégicas, lo hacen con esmero y cumplen su función. Sostienen y ofrecen cauce a buena parte de la vida social y sin duda son superiores a los deseos y afanes de una o más personas, por más bien intencionadas que sean. Temo a la desinstitucionalización del país, al reino del capricho.

 

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que en 2018, México demostró que es una democracia sólida, y que tiene elecciones auténticas en las que se garantiza el derecho del voto libre universal y secreto.

Durante la inauguración de la sexta Feria Internacional del Libro (FIL) del TEPJF, Otálora Malassis indicó que fueron varias las condiciones que se desarrollaron durante ese periodo que permitieron alcanzar el respeto del derecho al voto y que la democracia encontrara su debido cauce por la vía electoral.

La magistrada señaló que son necesarias instituciones electorales independientes del Poder Ejecutivo, pues a pesar de la apertura del régimen y del surgimiento de legisladores de representación proporcional, la organización y la calificación de las elecciones seguían estando en manos del partido dominante.

Destacó la participación ciudadana, pues dijo que el pasado 1 de se registró una participación masiva que permitió el triunfó de una opción de oposición y de izquierda, por vez primera en el país.

Enfatizó que la función del Tribunal y de la justicia electoral es garantizar la estabilidad del sistema político mediante el respeto de las normas básicas que lo rigen. “De lo que trata la justicia electoral es que el derecho regule a la política y no al revés”.

 

La diputada de Morena, Dolores Padierna, afirmó que la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos al país evidenció que el actual gobierno federal descuidó las instituciones de migración, además de que demuestra que carece de una política integral y de respeto a los derechos humanos.

“En primer lugar, demostró que el Estado mexicano desmanteló o dejó en su mínima expresión a aquellas instituciones dedicadas a la atención y protección de los migrantes que llegan en condiciones precarias, sin documentos y huyendo de un contexto de mucha violencia y escasez de alimentos y servicios básicos”, dijo la también vicepresidenta de la Mesa Directiva en conferencia de prensa.

“Ésta es la verdadera dimensión de la tragedia de la caravana migrante: la ausencia de una política integral, soberana y respetuosa de los derechos humanos, mucho menos una propuesta de desarrollo de la región y de presión diplomática al gobierno de Honduras”, añadió.

La diputada comentó que la llegada a México de la caravana migrante ha vuelto a colocar a nuestro país, como una nación con un desafío humanitario, diplomático y económico que se debe asumir.

Recordó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se convirtió en una de las instituciones de mayor prestigio porque atendió y protegió a miles de guatemaltecos que huyeron de su país de la represión militar, de la persecución y de la pobreza, sin embargo lamentó que hoy dicho organismo se encuentre sin titular y funcione con 30 personas para atender a los más de 5 mil centroamericanos que llegaron en la caravana.

Al respecto condenó que el gobierno mexicano tuviera que recurrir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Ayuda a Refugiados (ACNUR) para atender las solicitudes de asilo o refugio, en coordinación con las autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador, pues dijo, es algo que debían haber hecho las autoridades mexicanas.

 

Al inaugurar el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud y encabezar la ceremonia de Graduación de las Escuelas Médico y Enfermería Naval, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que a partir del próximo 1 de diciembre cambiarán las autoridades, pero no las instituciones.

“Como resultado de este ejercicio democrático, el 1 de diciembre se transmitirá el Mando del Poder Ejecutivo Federal a un nuevo titular. Cambiarán las autoridades, los programas, e incluso las visiones sobre cómo conducir al país, pero permanecerán las instituciones, y sobre todo los valores que unen e identifican a todos los mexicanos”, dijo el mandatario.

Añadió que sólo trabajando en unidad y mirando hacia adelante, el país podrá seguir avanzando y fortaleciendo «nuestra gran casa común: México”.

Hizo un llamado para que en el marco del régimen democrático que se ha construido durante más de dos siglos, los mexicanos sigan dando lo mejor en lo individual y sumando esfuerzos en lo colectivo.

Al dirigirse a los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, indicó que será a ellos a quienes corresponderá seguir conduciéndose con apego a los más altos preceptos del servicio militar y naval. «La tradición de honor, deber, lealtad y patriotismo que distingue a nuestros soldados, pilotos y marinos».

 

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que para fortalecer la vida democrática del país se requiere “una vida institucional fuerte, con pesos y contrapesos importantes, en donde la voluntad popular siempre prevalezca”.

“Lo que el país necesita son instituciones democráticas fuertes y eso significa partidos políticos fuertes, instituciones de la sociedad civil fuertes e instituciones públicas, como el INE, el Poder Judicial y otros órganos de control, fuertes”, dijo Córdova.

Al concluir una reunión con el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, el Consejero Presidente del INE recordó la importancia del acompañamiento de las distintas organizaciones de la sociedad civil al trabajo de la autoridad electoral.

Asimismo, Lorenzo Córdova refirió que el INE ha sido responsable de la organización de la elección; sin embargo, el proceso electoral aún está en marcha en su dimensión litigiosa, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se tendrán que tomar decisiones sobre las impugnaciones que se han presentado en las diferentes elecciones federales y locales.

 

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que el órgano jurisdiccional trabajará para dar certeza y transparentar el proceso de calificación de la elección de este 1 de julio.

“Nuestro compromiso es impartir justicia que dé certeza a la democracia y demostrar que en México el voto se respeta. Probaremos la solidez de las instituciones electorales y la vigencia de la democracia como sistema de gobierno de nuestro país”, sostuvo la magistrada.

Destacó que la democracia lleva en su esencia los mejores valores de la humanidad, como son la tolerancia y la igualdad, la fraternidad y la paz, además de que implica el reconocimiento, el respeto y la protección de los derechos humanos.

Señaló que desde hace más de 25 años, los mexicanos han trabajado en el perfeccionamiento y consolidación de las instituciones electorales, con el objetivo superior de defender los derechos políticos de la ciudadanía y afianzar a la democracia como la mejor forma de gobierno para el país, logrando establecer instituciones autónomas que no participan en la lucha por el poder político y, por lo tanto, pueden fungir como árbitros y vigilantes en los comicios.

Otálora Malassis puntualizó que en México existen instituciones sólidas e independientes del gobierno para dar certeza sobre la voluntad expresada por la ciudadanía a través del voto. «Y no obstante esta solidez institucional, las elecciones de este año serán altamente complejas y pondrán a prueba nuestra joven democracia”.

 

El candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, expresó a través de sus redes sociales, su apoyo a las instituciones  que guían al país, y aseguró que las leyes deben ser cumplidas y respetadas.

 

 

Criticó el actuar de algunos políticos, y aunque no mencionó nombres, el mensaje pareció estar dirigido a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). «Lamentablemente, algunos insisten en mandarlas al carajo. No lo comparto».

 

Añadió que hace décadas los mexicanos decidieron dejar atrás la época de los caudillos para convertirse en un país de instituciones, por lo que los planteamientos hechos por políticos y aspirantes presidenciales, no tienen cabida en esta época.

 

José Antonio Meade cuestionó la declaración que hiciera Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el marco de la Convención Bancaria, pues dijo que el proceso electoral no se trata de que nadie suelte al tigre; aseguró que lo que se busca es convencer a la gente y que esta vote por los proyectos de cada candidato.

 

El abanderado priísta señaló que tal afirmación retrata al tabasqueño de nuevo en su falta de respeto a las instituciones.

 

Indicó que mientras muchos mexicanos han trabajado mucho en construir buenas instituciones, algo habría que reprocharle a las que hoy se tienen es la tolerancia que han tenido con la forma de hacer política de López Obrador, la cual se ha caracterizado por ser una forma de hacer política que lo ha llevado a violar todas las disposiciones, no solamente las electorales, sino a violar la libertad de comercio de libre tránsito que se tenía en Paseo de la Reforma, después de una toma de casi seis meses que él orquestó.

 

El aspirante presidencial indicó que la amenaza de violencia del tabasqueño es una amenaza que debe ser tomada y reflexionada, porque pinta, de nuevo, a los candidatos como son, «uno que llama a la concordia, a la unidad y a trabajar para construir un país de instituciones, y otro que se esmera en criticarlas y en denostarlas».

 

Indicó que tal como lo ha expresado, los mexicanos deben concentrarse en el país que quieren hacia el futuro, el cual aseguró es un país con paz, un país en armonía y en el que absolutamente nadie amenace con ideas de “soltar al tigre” y a ningún otro animal del zoológico.

 

Recordemos que AMLO declaró que en caso de fraude electoral durante la elección del próximo 1 de julio, «el que suelte al tigre, que lo amarre».