Arturo Sarukhán
La elección intermedia de Estados Unidos en menos de dos semanas es la primera que se celebra a la sombra de una intentona de golpe de Estado en ese país. Será la primera que ocurre a partir de una decisión de la Suprema Corte que no solo evisceró un derecho establecido desde hace medio siglo sino que amenaza con rescindir otros. Y a raíz de que uno de los dos partidos políticos del país se ha dedicado a cuestionar el resultado electoral de 2020, a socavar metódicamente las premisas del derecho al sufragio y de quién cuenta los votos y a suprimir el voto de minorías, será la primera en la cual la verdadera naturaleza de la democracia y gobernanza estadounidenses estarán en juego en las boletas. Los votantes estadounidenses no han enfrentado desde 1860 una decisión con consecuencias tan onerosas como ahora.
Una muy alarmante encuesta de la semana pasada del New York Times/Siena Poll lo refleja de manera palmaria. Los votantes creen abrumadoramente que la democracia estadounidense está bajo amenaza, pero parecen notoriamente apáticos ante ese peligro, y pocos lo identifican como el problema más apremiante de la nación. De hecho, más de un tercio de los votantes independientes y un contingente más pequeño pero relevante de votantes que se identifican como Demócratas dijeron que estaban abiertos a apoyar a candidatos que rechazan la legitimidad de las elecciones de 2020, asignando mayor urgencia a sus preocupaciones sobre la economía que a los temores sobre el destino del sistema político del país.
La encuesta además demuestra que las dudas sobre las elecciones que han infectado como un virus a la política estadounidense desde la contienda de 2020 muestran todos los signos de persistir en el futuro: 28 por ciento de todos los votantes registrados, incluido 41 por ciento de los Republicanos, dijeron que tenían poca o ninguna fe en la validez de las elecciones legislativas este noviembre. La llamada “experiencia americana”, con sus mitos fundacionales y nacionales y sentido de “excepcionalismo”, parecen cegar a muchos estadounidenses ante la creencia de que su democracia está en peligro. En pocas palabras, demasiados aún piensan que “eso no puede pasar aquí”, cuando la verdad es que quizá ya empezó a ocurrir. Y con una potencial recesión en puerta en EE.UU, me recuerda mucho a las condiciones políticas, sociales, económicas e ideológicas -y los pactos faustianos que ésas generaron- en la Alemania de la República de Weimar camino a las elecciones de 1932. Pareciera que es así como muere una democracia: encogiéndose de hombros.
Pero así como lo que está en juego para los estadounidenses con estos comicios es existencial, para México la elección intermedia es también un momento de inflexión potencial. No solo porque, como he apuntado reiteradamente, a diferencia de Las Vegas, lo que sucede en EE.UU no se queda en EE.UU; es por el impacto inmediato que un Congreso, en el cual ciertamente la Cámara de Representantes -y potencialmente, el Senado- estará controlada a partir de enero de 2023 por el Partido Republicano, tendrá para la conducción de la agenda bilateral entre Estados Unidos y nuestro país. De entrada, el fantasma de una nación crecientemente autoritaria y antidemocrática es pésima noticia para la prosperidad, bienestar y seguridad de México y de los mexicanos a ambos lados de la frontera, factores que dependen -como con ningún otro país- de esa relación con nuestro vecino.
Ello es particularmente preocupante porque la panza de un Partido Republicano hoy trágica y crecientemente nativista, xenófobo, extremista, autoritario y anti-democrático, viene preñada de la piñata político-electoral mexicana, que es muy atractiva y que rinde dividendos en las urnas y en la movilización electoral. Si no pregúntenle a Trump y a los gobernadores de Texas y Florida que regurgitan ahora el manual de juego del ex mandatario. Y si algunos de ustedes, como yo, consideran que el parteaguas que significaron los comicios presidenciales de 2016 -cuando por primera vez en la historia moderna de EE.UU México jugó un papel “estelar” en su narrativa electoral- fue un nadir en términos de las percepciones y narrativa públicas acerca de nuestro país en ése, el futuro en el mediano plazo podría ser poco halagüeño.
Pero complicando aún más el cuadro, lo que ocurra en el legislativo tendrá un impacto inmediato y podría sentar el tono de cómo se encare la relación bilateral a ambos lados de la frontera, sobre todo en momentos cuando las dos naciones se encarrilen a elecciones presidenciales simultáneas, como ocurre cada 12 años, en 2024. Hay que subrayarlo sin rodeos: nunca en tiempos modernos, desde ese momento de tensión y recriminación detonado en 1985 por el asesinato de un agente de la DEA en suelo mexicano, había sido tan disfuncional como lo es ahora la relación entre un titular del Ejecutivo mexicano y el Congreso estadounidense. Se dice fácil pero en ninguno de los viajes del Presidente López Obrador a Washington se ha reunido éste con el liderazgo bicameral o con legisladores de ambos partidos; esto nunca había ocurrido en las últimas tres décadas. Y a la ya de por sí deteriorada relación con legisladores Demócratas como resultado de la percepción de que el presidente mexicano apostó por Trump y su reelección, ahora, en los últimos meses, se ha sumado el creciente antagonismo de legisladores Republicanos a raíz de los posicionamientos de López Obrador con respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, el boicot a la Cumbre de las Américas arropando a esos tres regímenes y sobre todo por los ataques ad hominem a congresistas del GOP, con nombre y apellido.
Hay que recordar que en el sistema estadounidense, el partido que obtiene la mayoría en cualquiera de los dos recintos, Cámara o Senado, ocupa todas las presidencias de los comités y subcomités en el Congreso, y por ende controla y determina la agenda legislativa. Por ejemplo, el Representante Republicano por Texas, Michael McCaul, quien se perfila, con el triunfo y mayoría segura del GOP en la Cámara como el siguiente presidente del Comité de Relaciones Internacionales de ese recinto, ha calificado la estrategia de seguridad pública del presidente mexicano como una amenaza a la seguridad nacional de su país.
Con la creciente inquietud por los resultados de las políticas públicas mexicanas en materia de seguridad; el trasiego de fentanilo (al que los Republicanos ya bautizaron en sus campañas como el “fentanilo mexicano”); las demandas de que Biden canalice los recursos que está otorgando a Ucrania para defenderse de la agresión rusa para confrontar lo que caracterizan como la “verdadera amenaza” a la seguridad de EE.UU, que es la frontera mexicana; los ataques a la permisividad migratoria mexicana y la “invasión” que estamos “facilitando”; las lecturas en torno al hackeo a la Sedena; o con el proceso de consultas entre EE.UU y México en materia energética al amparo del TMEC (muchos de los legisladores Republicanos que asumirán presidencias en los comités y subcomités de la Cámara -y del Senado en caso de que también le arrebaten a los Demócratas la mayoría ahí- son de estados y distritos con fuerte presencia de empresas energéticas fósiles y renovables), la multiplicación de frentes en la agenda bilateral podría volverse exponencial a partir del próximo año.
Y el freno de mano que hoy, a pesar de los cuestionamientos de legisladores Demócratas, le ha puesto la Casa Blanca a su bancada para no hostigar del todo al mandatario mexicano y torpedear la voluntad mexicana de seguir cooperando con la administración en materia de controles migratorios, desaparecería con una mayoría Republicana dispuesta a minar en todo lo posible al Presidente Biden en la antesala de la elección presidencial. Por si fuera poco, la reelección casi segura en noviembre del gobernador de Texas, Gregg Abbott, quien aspira a la nominación de su partido en 2024 si Trump decide no contender -o llegase a encontrarse legalmente imposibilitado de hacerlo- no tendrá tapujo alguno en seguir recurriendo a los gimmicks que ha instrumentado en su interacción con México.
Toda elección conlleva consecuencias. Lo que está en juego para México, más allá de preferencias o sesgos ideológicos que uno u otros podamos tener, o de aquellos que en nuestro país han bebido el Kool Aid naranja del trumpismo, es enorme y obligan al gobierno a recalibrar posturas y, junto con sector privado y sociedad civil, a poner las barbas a remojar.