El jefe de la autoridad electoral de Brasil rechazó la solicitud del presidente Jair Bolsonaro y su partido político de que anularan los sufragios emitidos en la mayoría de las máquinas de votación electrónica, lo que cambiaría el resultado de los comicios del pasado 30 de octubre.
Alexandre de Moraes había emitido un fallo previo que planteaba implícitamente que el Partido Liberal, al que pertenece Bolsonaro, podría salir perdiendo con la impugnación que presentó.
De Moraes había condicionado el análisis de la petición a que los inconformes presentaran un nuevo informe que incluyera los resultados de la primera vuelta electoral, realizada el 2 de octubre, en la que el Partido Liberal ganó más escaños en ambas cámaras legislativas que cualquier otro partido, y les dio un plazo de 24 horas.
Horas antes de que venciera el plazo, el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa, y el abogado Marcelo de Bessa, dijeron en conferencia de prensa que no presentarían ningún nuevo informe.
“La absoluta mala fe de la extraña e ilícita petición del demandante… quedó demostrada, tanto por la negativa a enmendar la petición inicial como por la total ausencia de evidencia alguna de irregularidades y la existencia de una narrativa totalmente fraudulenta de los hechos”, escribió De Moraes en su fallo.
Sin embargo, no solo fue un rechazo a la petición hecha, sino que también ordenó la suspensión de los fondos federales para la coalición del Partido Liberal hasta que se pague una multa de 23 millones de reales, cerca de 4.3 millones de dólares, por emprender un litigio de “mala fe”.
El martes pasado, De Bessa presentó una solicitud de 33 páginas a nombre de Bolsonaro y de Costa en la que se mencionaba un error de software en la mayoría de las máquinas en Brasil, que apuntaba que carecían de números de identificación individuales en sus registros internos.
De Bessa dijo que eso daría a Bolsonaro el 51% de los votos válidos restantes, con lo cual el triunfo sería de él y no de Lula da Silva.
En su fallo, De Moraes señaló que la impugnación de la votación parecía dirigida a alentar movimientos antidemocráticos de protesta y crear desórdenes, y ordenó que se investigue a Costa y al consultor contratado para que efectuara la evaluación.
