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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “pasquín inmundo” al periódico estadounidense The New York Times (NYT), al revelar que fue contactado por un reportaje que prepara sobre presuntos pagos del narcotráfico que recibió su campaña electoral de 2018.

“Es una vergüenza, no cabe duda de que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times”, manifestó el mandatario en su conferencia matutina.

AMLO exhibió una carta de la corresponsal en México, Natalie Kitroeff, en el que se incluía su número telefónico, el cual no dudó en ventilar pese al riesgo que eso conlleva; así como el cuestionario que se le remitió sobre los supuestos sobornos que habría recibido su campaña de parte del Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Zetas.

López Obrador sostuvo que el reportaje, aún no publicado, es en represalia por las críticas que hizo contra el medio neoyorquino en una entrevista difundida esta semana con la periodista rusa Inna Afinogenova de Canal Red, cuya plataforma está vinculada al exlíder de Podemos, el español Pablo Iglesias.

“No les gustó porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús (Ramírez, vocero de la Presidencia) un cuestionario, pero un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA (Agencia Antidrogas)”, dijo el mandatario.

Según el texto de Kitroeff, el periódico accedió a documentos y entrevistas en las que un informante contó que “uno de los confidentes más cercanos del presidente”, sin revelar hasta ahora el nombre, se reunió con Ismael Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa previo a las elecciones de 2018.

Otra fuente afirmó que tras la victoria de López Obrador, uno de los fundadores del Cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados del mandatario con la esperanza de salir de prisión.

Mientras que un tercero aseguró a los investigadores estadounidenses que los cárteles tenían videos que exhibían a los hijos del presidente mientras recibían dinero del crimen organizado.

La periodista indicó que Washington cerró la investigación porque “podría provocar un conflicto diplomático con México”, en particular tras el roce del Gobierno de López Obrador con el de Donald Trump (2017-2021) por el arresto en octubre de 2020 del exjefe del Ejército, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico.

“O sea, nos tuvieron miedo porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ‘¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre esta investigación reciente?’ No, porque es falso”, comentó el mandatario.

La investigación se suma a la de ProPublica, que el mes pasado publicó que la DEA indagó una supuesta “evidencia sustancial” de que el Cártel de Sinaloa aportó 2 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador en 2006, la cual perdió contra Felipe Calderón.

Al igual que entonces, el mandatario pidió que “el Gobierno de Estados Unidos exprese algo” al respecto, aunque dijo que “de ninguna manera” este tipo de investigaciones pueden afectar las relaciones bilaterales.

La divulgación de la nota que la periodista remitió al Presidente, rápidamente fue tomado como un intento de ‘quemar’ la nota que el diario estadounidense publicará; una especie de control de daños anticipado.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó investigar a Eduardo Verástegui, exaspirante a una candidatura presidencial independiente, por supuestamente recibir 6.9 millones de pesos del extranjero para financiar su campaña de recolección de firmas.

El INE informó que Verástegui, quien no reunió las firmas necesarias para obtener su candidatura presidencial como aspirante a independiente, recibió presuntamente 6.9 millones de pesos de la firma Partner 305, con sede en Miami, Estados Unidos.

Estos recursos, señaló, los habría triangulado para financiar su activismo político en México.

“Parece que es a partir de ese fondeo de una empresa extranjera a la cuenta de Estados Unidos del aspirante Verástegui que este pudo realizar una transferencia de 50,000 dólares hacia la asociación civil en México que constituyó para administrar los recursos usados”, dijo el consejero Martín Faz en la sesión.

De acuerdo con Faz, esta transferencia se realizó en diciembre pasado, pero en octubre ocurrió una situación similar donde la misma empresa transfirió 450,000 dólares a Verástegui, quien a su vez habría enviado 340,000 dólares a su asociación civil ‘Movimiento Político Restaurador de México’.

“En ninguno de los dos casos el aspirante contaba con fondos iniciales suficientes para realizar las transferencias que fueron a dar a su campaña de búsqueda de apoyo”, enfatizó el consejero.

Además dijo que, según la capacidad socioeconómica que el actor y productor declaró al INE, Verástegui tendría que haber aportado más de un año de sus ingresos para tener el dinero que transfirió a la asociación.

A principios de enero, el INE confirmó que Verástegui no había reunido las firmas necesarias para obtener su candidatura independiente. Según la legislación electoral, los aspirantes debían recabar al menos 960,000 firmas para avalar su candidatura; Verástegui reportó alrededor de 165,000.

Previo al cierre del proceso para recabar firmas, el cantante y actor aparecía en el último lugar en las encuestas rumbo a las elecciones de junio próximo.

A través de sus redes sociales, Verástegui reaccionó a lo informado por el INE, acusando que usando el dinero público y su plataforma de poder, sigue golpeando a quienes quieren rescatar a México de las “garras de los mismos corruptos de siempre”.

“Esos corruptos que le han quitado y le siguen quitando a nuestro país sus bienes. Y el INE, como ya lo viene haciendo descaradamente, vuelve a golpear a los ciudadanos independientes, en una clara acción para proteger a los dueños del poder, ante quienes se arrodilla. Necesitamos que el poder regrese a su legítimo dueño, el pueblo”, dijo.

Luego de que se diera a conocer el reportaje que refería una supuesta financiación del narco a su campaña presidencial de 2006, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha enfocado en atacar y descalificar la investigación, a la que calificó de calumnia.

El presidente ha atacado de forma directa a Tim Golden, autor de la investigación, a quien ha se ha referido casi todos los días en la última semana, llamándolo “mercenario de la DEA” o peón del Departamento del Estado.

“Para mi, deberían de darle el premio a la calumnia,” dijo AMLO sobe Golden, en birla a que el periodista ha recibido el Premio Pulitzer dos veces.

Incluso López Obrador lanzó un reto el miércoles pasado a Golden a que fuera al Palacio Nacional para contestar a preguntas sobre qué lo llevó a realizar el reportaje, al grado que sugirió que le habrían pagado.

ProPublica publicó este viernes una respuesta al presidente López Obrador, en la que además de contestar al reto del mandatario, hizo algunas precisiones sobre la investigación.

“Aunque quizás Golden disfrutaría el debate, no va a aparecer en la mañanera (…) ProPublica hablaría con López Obrador como con cualquier otro jefe de estado, no para un episodio del segmento de la mañanera que él titula “Quién es quién en las mentiras?”, dejó en claro el medio estadounidense.

Explicó que antes de la publicación del reportaje, Golden contactó al vocero del presidente, Jesús Ramírez, más de una semana antes de la publicación, a quien le proporcionaron un resumen detallado de las conclusiones del reportaje y una serie de preguntas para así poder incluir la perspectiva de López Obrador.

“Después de varias solicitudes, el vocero prometió una respuesta, pero nunca la recibimos”, aclaró el medio.

ProPublica aclaró que el reportaje que publicaron se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales. Sobre las críticas que han recibido por indagar una acusación de corrupción que se remonta al 2006, respondieron que el interés fue pues es un caso ejemplar de las presiones contradictorias que enfrentan los funcionarios estadounidenses cuando se enteran de la posible corrupción en México.

“Mientras algunos funcionarios estadounidenses creen que el combate a la corrupción debería de ser una responsabilidad mexicana, otros notan que la colaboración oficial ha sido un elemento clave (además de la porosa frontera de 2,000 millas y el vasto mercado ilícito de la droga en los Estados Unidos) que ha alimentado su surgimiento como una fuerza global del crimen”, apuntó.

Negó que se trate de una filtración orquestada, y aseguró que los funcionarios de la administración Biden con quienes hablaron manifestaron su molestia por la publicación, pues “una disputa con un presidente mexicano, mucho menos cualquier amenaza de conflicto en el frente de la inmigración, no es el telón de fondo que quisieran ver para una elección presidencial en 2024”.

Así, ProPublica sostuvo que los ataques de López Obrador desde el podio de Palacio Nacional desde que salió a la luz su investigación, han sido “personales e insultantes”.

“La táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas es tan vieja como la democracia misma (…) Los políticos como López Obrador ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero y después dar un paso atrás mientras ejércitos de bots y amigos amplifican el mensaje a través de Internet”, resaltó.

¿Qué hay detrás dela investigación? En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Tim Golden, autor de la investigación de ProPublica, sobre su trabajo y las reacciones que ha generado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que el reportaje sobre el presunto apoyo que recibió del narcotráfico en 2006 es una “venganza” de la Agencia Antidrogas (DEA) tras la reapertura del caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio.

“Lo relaciono con una venganza para afectarnos en épocas electorales y porque se tocó un tema bastante delicado (el magnicidio de Colosio)”, dijo el mandatario este miércoles desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que la “venganza” ocurre por la reapertura de la investigación del asesinato de Colosio, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó en enero pasado que existió un segundo tirador que era agente de inteligencia del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

La FGR también implicó al exsecretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por hechos de corrupción y narcotráfico y quien trabajaba en el extinto Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) cuando ocurrió el homicidio.

“Ese es el tema, pero yo no imaginaba que los iba a poner tan molestos”, dijo el mandatario.

López Obrador explicó que la molestia surgió, según él, porque se reveló que García Luna, quien encabezó el polémico operativo ‘Rápido y Furioso’ de Estados Unidos entre 2009 y 2011, recibió en 1994 la encomienda para liberar al presunto segundo tirador en el asesinato de Colosio.

De acuerdo con su versión, tras la reapertura del caso se supo que había una orden de aprehensión contra el supuesto segundo tirador y que al mismo tiempo el hijo de Colosio, Luis Donaldo, pidió el indulto para Mario Aburto, el asesino confeso del político.

Aseveró que, tras ello, se publicó el artículo del periodista estadounidense Tim Golden, en el que cita a exagentes de la DEA que aseguraban que el Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos del país, aportó 2 millones de dólares a su campaña presidencial de 2006.

“Luego de eso viene la respuesta de la Fiscalía y yo creo que entonces mandan a buscar al periodista (Tim Golden) o a gente de la DEA actual o ya retirada que participó en ese tiempo con García Luna y que sí me investigaban”, añadió.

Cuestionó cuánto le pagaron al reportero para hacer el reportaje, e incluso lo invitó a México para hacerle algunas preguntas.

“Lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas, que desde cuándo viene a México a tratar este asunto, por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa retomar este tema y darlo a conocer en estos momentos”, sostuvo.

La polémica sobre el reportaje de Golden persiste pese a que ayer la canciller Alicia Bárcena afirmó que la asesora de seguridad nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, quien estuvo de visita en México, le aseguró que dicha investigación es un “caso cerrado” para el gobierno del país vecino.

En Broojula, Ana Paula platica con Tim Golden, autor de la investigación de ProPublica.

Foto: X @propublica

Las investigaciones sobre los presuntos nexos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el narcotráfico en su campaña de 2006 es un caso cerrado para las autoridades de Estados Unidos, dijo la canciller Alicia Bárcena.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) mencionó que en medio de una reunión bilateral privada y en la que estuvo presente el mandatario, la asesora de seguridad nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, aseguró que el caso había concluido.

“Liz Sherwood, la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos”, dijo a medios de comunicación a su salida de la reunión.

La canciller sostuvo que es un tema de 2006 y en el que todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos “fueron cerradas, sin haber encontrado ningún tipo de delito ni consecuencia de ello”.

Bárcena sostuvo que no se trata de un tema de pedir disculpas o no, pese a que le jueves pasado López Obrador exigiera en su conferencia matutina, una disculpa del Gobierno estadounidense por el reportaje que lo vinculaba con el Cartel de Sinaloa al considerar que su autor, el periodista Tim Golden, es un “mercenario” de la Agencia Antidrogas (DEA).

“Yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y, si no tienen pruebas, tienen que disculparse”, comentó entonces.

En este sentido, Bárcena enfatizó en que es un tema viejo y que, aunque es una investigación llevada a cabo por la DEA, “en realidad es antigua”, que un periodista recoge de anteriores reportes de la agencia antidroga estadounidense.

Además, precisó que este reportaje del periodista Golden no proviene de la oficina de la Casa Blanca, ni del presidente Joe Biden, así como tampoco del Departamento de Estado.

“Esto es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA pues tiene también sus propios cursos institucionales, pero, yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado (…) En todo caso, la DEA depende del Departamento de Justicia y eso pues ya se verá que es lo que ocurre ahí”, insistió la canciller.

Por último, Bárcena calificó a este presunto reportaje como un tema electoral-político, pues recordó que en ambos países habrá jornada comicial para elegir nuevos presidentes; en México en junio, y en Estados Unidos, en noviembre.

“Es un tema cerrado, es un tema que más bien surgió como un tema más bien electoral-político, como está ahora el ambiente en ambos países”, concluyó la funcionaria.

El regulador antimonopolio estadounidense dio a conocer que abrió una investigación sobre las inversiones realizadas por Microsoft, Google y Amazon en las nuevas empresas de inteligencia artificial generativa OpenAI y Anthropic.

El auge de la inteligencia artificial (IA) generativa en el último año, gracias al éxito de ChatGPT  de OpenAI, ha provocado una frenética carrera por desarrollar y desplegar programas informáticos capaces de producir texto, sonido e imágenes a partir de peticiones a través del lenguaje.

“Nuestro estudio arrojará luz sobre si las inversiones y asociaciones realizadas por empresas dominantes corren el riesgo de distorsionar la innovación y socavar la competencia leal”, indicó Lina Khan, jefa de la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Una de las principales preocupaciones es que la IA generativa, que permite que el software produzca contenidos en sólo unos segundos, requiere una enorme cantidad de potencia informática, algo que casi solo pueden ofrecer las grandes empresas tecnológicas.

La investigación se centrará en tres asociaciones, cada una de ellas valorada en miles de millones de dólares: la inversión de Microsoft en la start-up californiana OpenAI; la de Amazon en Anthropic, competidor directo de OpenAI, y la de Google en Anthropic.

El objetivo es actualizar la información sobre las estrategias de los grupos, las consecuencias para el lanzamiento de nuevos productos, el impacto en la cuota de mercado y la competencia por los recursos necesarios para desarrollar estos sistemas, que requieren grandes cantidades de chips electrónicos de última generación.

Las empresas afectadas disponen de 45 días a partir de la recepción de la solicitud oficial para responder, precisó la FTC.

“Estados Unidos es el líder mundial en IA porque las principales empresas estadounidenses trabajan juntas. Las asociaciones entre compañías independientes como Microsoft y OpenAI (…) promueven la competencia y aceleran la innovación”, estimó Rima Alaily, vicepresidenta de Microsoft, que asegura que el grupo está “impaciente” por brindar la información a la FTC.

Google reaccionó protestando por lo que considera una relación exclusiva entre Microsoft y OpenAI, en contraste con su enfoque “abierto”. Según el gigante de internet, Microsoft busca construir un ecosistema cerrado con el modelo de inteligencia artificial de OpenAI, mientras que su plataforma en la nube brinda acceso a un centenar de modelos de lenguajes diferentes.

Google ha sido considerado durante mucho tiempo el líder en inteligencia artificial, pero la llegada de OpenAI ha cambiado las cosas.

Microsoft ha avanzado más rápido en la revolución de la IA generativa con una inversión de 13,000 millones de dólares en OpenAI, el creador de ChatGPT.

Anthropic, fundada por exempleados de OpenAI, recibió importantes inversiones tanto de Google como de Amazon el año pasado y es considerado un potencial actor importante en el sector de la IA generativa.

La Comisión Europea inició a principios de este mes su propio estudio preliminar sobre la inversión millonaria de Microsoft en OpenAI para ver si se trata de una fusión encubierta.

Elon Musk aseguró que no se encontró “ni rastro” de drogas en su organismo después de tres años de pruebas aleatorias, en respuesta a un artículo de The Wall Street Journal que lo acusa de consumir “drogas ilegales”.

En un mensaje en su red social, Musk explicó que la NASA le pidió someterse a tres años de controles aleatorios, después de que el empresario apareciera en el pódcast de Joe Rogan fumando marihuana, en 2018.

“No se encontró ni rastro de drogas o de alcohol”, escribió Musk en la mañana del domingo.

El mensaje respondía a un usuario de X comentando el artículo de The Wall Street Journal, en el que el medio cita a fuentes “cercanas a Musk” que están preocupadas por su uso continuado de drogas, y en especial de ketamina.

Según el medio, Musk ha consumido LSD, cocaína, éxtasis y setas alucinógenas en fiestas privadas en las que los asistentes tenían que firmar acuerdos de confidencialidad o abandonar sus móviles a la entrada.

Uno de sus abogados aseguró al medio que el empresario se somete regularmente a pruebas de drogas en SpaceX y que “nunca ha fallado ningún test”.

Musk, de 52 años, ha recibido críticas casi constantes por su comportamiento errático, y en especial tras la compra de la red social Twitter, en 2022.

Desde entonces, la plataforma ha sufrido numerosas transformaciones, ha cambiado de nombre, y sufre un boicot de anunciantes después de que el propio Musk publicara un mensaje apoyando una teoría de la conspiración antisemita.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó este martes a las autoridades locales de dar un “tratamiento poco adecuado” a la investigación sobre la muerte de Jesús Ociel Baena, primer jurista de género no binario en el país, y de su pareja, Dorian Daniel Nieves.

“Este organismo inicia de oficio queja por los hechos, y destaca el tratamiento poco adecuado dado hasta ahora por las autoridades ministeriales de la entidad, que además de requerir de ellas una respuesta pronta y expedita, no puede ser ajena a la condición de género de las víctimas”, indicó la CNDH en un pronunciamiento.

El organismo exigió una “investigación pronta y exhaustiva” a la Fiscalía de Aguascalientes, estado donde el lunes apareció sin vida Baena, a quien conocían como le magistrade, por ser la primera persona de género no binario en ocupar una magistratura en un tribunal.

Momentos antes del posicionamiento, el fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa, sostuvo que Baena murió a manos de su pareja, quien, según él, lo habría asesinado con una navaja para rasurar y después se habría suicidado.

Sin embargo, la CNDH exigió una investigación que “no ignore la condición de género y las amenazas previas recibidas” por Baena, quien contaba con un escolta desde julio pasado tras el asesinato de otro activista LGBT+, Ulyses Nava, mientras se celebraba un congreso de diversidad sexual.

Por ello, la Comisión exigió un “estándar de debida diligencia” por ser un delito que podría relacionarse con “la orientación sexual, identidad de género, expresión de género -real o percibida- y/o respecto a las características sexuales de las personas, toda vez que pueden constituir una expresión de odio”.

La muerte del magistrade ha causado una movilización nacional en el país. Diversas organizaciones convocaron la noche de ayer a una velada para exigir justicia en torno al caso que se produce en el país, el segundo con más crímenes de odio de Latinoamérica con 305 hechos violentos de 2019 a 2022, incluyendo asesinatos y desapariciones, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ en México.

Momentos antes de que el fiscal revelara sus hipótesis, el Gobierno federal pidió investigar con perspectiva de género la muerte de Baena y no descartar ninguna línea de investigación.

En entrevistas con Radio Fórmula y Milenio el fiscal señaló que que Baena presentaba 20 heridas de navaja en su cuerpo, entre las que se encontraban cortaduras en los dedos por haber sujetado las armas homicidas y otra más en su cuello, presuntamente hecha por él mismo.

“Puede parecer una hipótesis, para muchas personas, poco creíble, pero estamos siendo cuidadosos, sobre todo para dejar el registro y conservación de todos estos indicios”, defendió Figueroa en una de las entrevistas.

Momentos antes de que el fiscal revelara las hipótesis que siguen, el Gobierno federal pidió investigar con perspectiva de género la muerte de Baena y no descartar ninguna línea de investigación.

“Que se apliquen los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género al analizar este caso, que no se descarte ninguna prueba”, demandó Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

El funcionario federal destacó que Baena “fue la primera persona en México en tener su INE, pasaporte, y títulos académicos con el género no binario y eso es un mérito”. También lo recordó como una “persona activista, promotora y defensora de los derechos humanos” de la diversidad sexual.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) expresó este martes su preocupación por la “inadecuada” investigación que México realiza sobre el “alarmante” número de desapariciones en el país, estimadas en casi 112,000 por las autoridades locales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en julio un nuevo padrón de desaparecidos mediante la revisión de casos “casa por casa”, al considerar que el censo actual es excesivo y está desactualizado.

“El Comité llamó a México a garantizar la transparencia de la metodología utilizada para actualizar el Registro Nacional (de desaparecidos) a fin de garantizar la confiabilidad de los datos recopilados”, dijo el organismo en un informe tras su visita al país el mes pasado.

Además, el CED pidió que el proceso sea coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda “de manera independiente e imparcial” y establecer mecanismos que aseguren la participación de los grupos de víctimas.

Y es que según datos de la Secretaría de Gobernación, desde 1962 han desaparecido cerca de 257,000 personas, de las cuales el 37.72% siguen sin ser localizadas.

Tras anunciar López Obrador la realización de un nuevo censo, los familiares de las víctimas manifestaron su desacuerdo con dicha medida.

El colectivo Madres Buscadoras por la Paz, dedicadas a localizar a sus hijos desaparecidos, criticaron la iniciativa por considerarla revictimizante y denunciaron que el mandatario solo busca con la iniciativa disminuir la cifra de víctimas.

En los estados de México, Tamaulipas, Jalisco o Guerrero, el Comité advirtió un aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, según el documento.

En este sentido, los expertos del Comité recibieron denuncias de amenazas, vigilancia, represalias, desapariciones y asesinatos sufridos por familiares de personas en paradero desconocido, sus acompañantes, defensores de los derechos humanos y periodistas que cubrían esos casos.

El informe lamentó que en muchas ocasiones tienen que ser familiares y allegados los encargados de labores de búsqueda e investigación que deberían competer al Estado.

Otra crítica es el hecho de que algunas autoridades mantengan la práctica de no registrar una denuncia de desaparición hasta pasadas 72 horas, lo que según el comité impide la búsqueda inmediata de muchas víctimas.

Por otro lado, el informe da cuenta del elevado y creciente número de cuerpos y restos humanos que reciben los servicios médico-forenses, desbordados e incapaces de su adecuada identificación y conservación.

Según señala el documento, el 89 % de los más de 53,000 cuerpos y restos humanos almacenados en laboratorios, centros forenses e instalaciones no se identificaron durante el año 2022.

El CED denunció también que los datos se están actualizando sin seguir estándares internacionales y expresó “su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones, sus consiguientes bajas condenas y una impunidad casi absoluta”.

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron este jueves investigar penalmente a todos los involucrados en los hechos, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“En virtud que hubo una junta de autoridades en la cual participó el expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades de más alto nivel, estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el presidente”, señaló el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en un mensaje a medios.

Desde el plantón que mantiene afuera del Campo Militar 1, reiteraron su exigencia al Gobierno federal para que sea entregada la información que, aseguran, tiene el Ejército y que ayudará a seguir con la investigación.

“No sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero (de los 43)”, dijo Rosales.

Los familiares pidieron indagar a quienes aparecen en los archivos presentados hasta ahora, incluido el actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Omar García Harfuch.

Según ellos, García Harfuch también participó en la creación de la llamada “Verdad Histórica”, la polémica versión con la que el gobierno de Peña Nieto buscó dar por terminada la investigación.

Además, denunciaron que el exprocurador Jesús Murilllo Karam, ahora detenido, no pudo actuar sin una orden directa de Peña Nieto.

“Ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción, debe investigarse a todas esas autoridades que participaron en la construcción”, insistió el abogado.

Los padres pidieron que López Obrador cumpla con la promesa de entregar la verdad, pues afirmaron que no les han dado ninguna razón sobre el paradero de los jóvenes, como prometió el mandatario desde su campaña en 2018.

Los padres anunciaron el levantamiento del plantón, pero recalcaron que regresarán si no reciben la información necesaria.

Las familias, que en un inicio respaldaron al presidente en su aspiración presidencial en 2018, ahora lo acusan de proteger al Ejército, por lo que también anunciaron que evaluarán en próximos meses el encubrimiento del Gobierno.

Miles de personas marcharon ayer en la Ciudad de México, en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El lunes, los padres de los jóvenes acusaron al Presidente López Obrador, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, quien aseguran no ha entregado toda la información del caso, tal como denunció en julio pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Ese día, Rosales dijo a medios al salir de la reunión que la Secretaría de Gobernación de México está ofreciendo una narrativa similar a la llamada “Verdad Histórica” que quiso imponer el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, respecto al caso de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa en 2014.

Ayer, el abogado volvió a detallar que la declaración presentada el lunes a los padres y que hoy se presentará a medios de comunicación recurre a pruebas que ya se desestimaron y no avanza en el objetivo principal de los familiares, que es saber qué sucedió y conocer el paradero de los jóvenes.

Recordemos que el 20 de septiembre, los padres se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en que ya está toda la información en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, respondió el presidente ayer.

La marcha, la más multitudinaria de los últimos años, salió la tarde de ayer desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo, donde Palacio Nacional fue resguardado con vallas metálicas.

Los padres, visiblemente agotados después de una semana de actividades de protesta en la Ciudad de México, y nueve años en la lucha, marcharon al frente de la movilización y se pararon frente al antimonumento de los 43 estudiantes, donde realizaron un conteo como recordatorio ante la larga ausencia de sus hijos.

Al llegar al Zócalo hicieron un mitin donde recordaron que su prioridad es conocer el paradero de sus hijos y exigieron una vez más que se continúen las investigaciones de manera rigorosa y seria, alejándose de la Verdad Histórica, además de insistir en la necesidad de que el Ejército libere la información faltante.

Organizaciones civiles acusaron al General Rafael Hernández Nieto de recibir “tratamiento preferencial” para seguir fuera de prisión su proceso judicial relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El General “recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”, denunciaron en un posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, Serapaz, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios”, indica un pronunciamiento conjunto.

Las organizaciones atribuyeron la medida a “la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas” en el actual sexenio.

El General está detenido por presunta delincuencia organizada desde del mes pasado, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 en Iguala, Guerrero, donde él era el comandante del 41 batallón de Infantería.

Las asociaciones recordaron que su nombre “es expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas con menciones que muestran que este tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada”.

“No es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”, señalaron.

El hecho ocurre mientras crece la polémica desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso, abandonó México en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha negado proteger al Ejército al señalar que hay 115 detenidos, incluyendo dos generales y el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Sin embargo, las ONG señalaron que el trato del general acusado “es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos”.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció este viernes el nombramiento de un fiscal especial para la investigación contra Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden.

Será David Weiss, fiscal federal de Delaware, quien esté al frente del caso. No le será algo nuevo, pues Weiss ha liderado hasta ahora las pesquisas desarrolladas contra Hunter Biden.

El jurista “supervisará la investigación y decidirá dónde, cuándo y si presentar cargos” y “no estará sujeto a la supervisión diaria de ningún funcionario del departamento”, precisó Garland.

Y es que recordemos que Hunter Biden está acusado de no haber declarado correctamente sus impuestos en 2017 y 2018 y, además, se le ha imputado un delito relacionado con la posesión de un arma de fuego, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones.

“El anuncio de hoy otorga a los fiscales, agentes y analistas que trabajan en este asunto la capacidad de realizar su trabajo con celeridad y tomar decisiones indiscutiblemente guiadas únicamente por los hechos y la ley”, destacó Garland.

Los republicanos, liderados por el exmandatario Donald Trump, han utilizado la investigación contra Hunter Biden para sembrar dudas sobre sus negocios en el extranjero y para describir a la familia del presidente como corrupta.

La investigación contra Hunter Biden se abrió en 2018 durante el mandato de Trump y ha sido utilizada por los conservadores para atacar al presidente demócrata, al que acusan de no haber hecho ningún esfuerzo para llevar esta indagación hasta el final.

Este movimiento se da a poco más de un año de que se celebren elecciones presidenciales, donde se espera que Trump y Biden vuelvan a disputar la Casa Blanca.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió este jueves limpiar de corrupción a Segalmex, esto luego de que reconociera que es el caso de corrupción más escandaloso de su gobierno.

“Es el caso de corrupción más escandaloso y considero que es el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno”, reconoció López Obrador en su conferencia de prensa diaria. “No queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude”, agregó.

La entidad Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creada por AMLO ha sido objeto de múltiples acusaciones por actividades corruptas y varios exempleados han sido arrestados por la Fiscalía General de la República (FGR) por cargos que van desde peculado hasta crimen organizado.

El titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, explicó que los montos de irregularidades en las cuentas públicas 2019 y 2020 de Segalmex es de 9,500 mdp y no de 15 mil mdp como se ha acusado.

Y es que indicó que las observaciones resultantes “no pueden ser consideradas daños patrimoniales”, hasta que no termine la investigación. 

Así, fue el que el gobierno federal reconoció un desfalco de 9,500 mdp, que dijo, fueron mal administrados desde 2019. Sin embargo, dejaron abierta la puerta a que la cifra se incremente, pues dijo, los datos son preliminares y aún hay una investigación al respecto.

Entre las acusaciones contra Segalmex se encuentran pagos con fondos públicos por bienes y servicios que no fueron contabilizados. Los empleados trataron de ocultar las facturas para evitar que se presentaran denuncias, agregaron autoridades.

También señalaron que al menos 87 personas han sido denunciadas hasta el momento, 41 de las cuales son exfuncionarios públicos.

“Este Gobierno no tolera la corrupción y la impunidad (…) vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque el prestigio de este Gobierno no se va a manchar”, advirtió López Obrador.

Dieciséis militares fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco hombres , presuntos integrantes del crimen organizado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un incidente ocurrido el 18 de mayo y captado por cámaras de seguridad.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo en un comunicado este fin de semana, que por decisión de un juzgado castrense, los elementos fueron arrestados el pasado 8 de junio por “presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar”.

A los 16 militares se les dictó prisión preventiva que cumplirán en el Campo Militar Número 1-A de la Ciudad de México, dijo la Sedena sin precisar el rango de los detenidos ni los cargos que podrían enfrentar.

La dependencia indicó que estas acciones son independientes a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar las responsabilidades correspondientes.

El asesinato de los cinco hombres en Nuevo Laredo se dio a conocer luego que Univisión y el diario español El País difundieron imágenes de lo ocurrido.

En el video de la cámara de seguridad a la que tuvieron acceso los medios, muestra el momento en el que una camioneta negra se estrella a toda velocidad contra un muro, en una aparente persecución. Poco después llega un vehículo militar con torreta artillada y choca contra la camioneta bloqueando las puertas delantera y trasera del lado derecho.

Tras disparar hacia las ruedas de la camioneta, los militares van sacando uno a uno a los cinco ocupantes de la camioneta, entre ellos el conductor, al que empujan y aparentemente golpean y patean en el suelo. También se ve que los militares retiran fusiles de grueso calibre del interior de la camioneta de los perseguidos. Los cinco hombres son arrastrados hasta un muro.

En otra toma se observa a los militares que se cubren detrás de la camioneta, comienzan a disparar hacia una zona con maleza próxima la calle para repeler un supuesto ataque, del cual no se presentó alguna evidencia.

“Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la semana pasado, luego de conocerse el video.

El caso avivó los cuestionamientos que diferentes organizaciones han mantenido contra el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad en el país.

López Obrador, quien ha defendido que las fuerzas armadas sigan en labores de seguridad pública, insistió en que bajo su gobierno no se permitirán abusos contra los derechos humanos y prometió que los responsables de los hechos de Nuevo Laredo serán llevados ante la justicia.

El mandatario sostiene que los militares son necesarios para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país. Durante su sexenio, López Obrador ha dejado en manos de los militares proyectos claves de su gobierno como el Tren Maya, el AIFA y otros aeropuertos, así como la gestión de las aduanas, la distribución de vacunas, y las labores de seguridad pública.

Una Corte de España inició una investigación judicial este viernes por las acusaciones de crimen de odio perpetradas por tres personas que fueron arrestadas esta semana por proferir insultos racistas durante un partido contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.

Vinícius fue objeto de insultos racistas durante el encuentro del domingo pasado en el Estadio Mestalla en Valencia, en donde se impuso una sanción de cerrar parte de sus gradas en los próximos cinco encuentros.

El jugador de origen brasileño ha sido objeto de comentarios similares toda la temporada.

Una corte de Valencia indicó en un comunicado que le pedirán en algún momento su testimonio a Vinícius a través de videoconferencia.

El juez también le pidió al club Valencia que identifique a los guardias de seguridad del partido para que posiblemente testifiquen y que mantengan el material audiovisual del duelo a partir del minuto 72 para estudiarlo.

Sin embargo, mientras la Corte confirma la investigación judicial, el Comité de Apelación de la Federación Española (RFEF) rebajó de cinco a tres partidos el cierre parcial del estadio de Mestalla, tras estimar en parte un recurso presentado por el Valencia.

El Valencia había apelado la decisión del Comité de Competición, órgano disciplinario de la RFEF, de cerrar durante cinco partidos la denominada grada Kempes del estadio de Mestalla.

El Comité de Apelación, que ya había rechazado el jueves suspender cautelarmente la sanción impuesta por Competición, admitió rebajar la sanción al club valencianista, según una resolución hecha pública este viernes.

La apelación considera que “no se puede exonerar al Club (Valencia) al ser correcta la tipificación y no existir una disposición de medidas suficientemente intensa (para atajar los insultos)”.

Pero, “creemos que no se tuvieron suficientemente en cuenta” por el Comité de Competición las medidas tomadas por el club ‘che’ durante el encuentro para evitar lo ocurrido.

De esta manera, el Comité de Apelación rebajó de cinco a tres partidos el cierre parcial del estadio de Mestalla, que debería empezar a aplicarse el domingo en el encuentro que el Valencia disputará contra el domingo contra el Espanyol en la penúltima jornada del torneo.

Apelación también rebajó la multa aplicada al Valencia de 45,000 euros a 27,000 euros.