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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió este jueves el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para decidir si se investiga, y en su caso se enjuicia, a los expresidentes de México.

El proyecto propone declarar inconstitucional la consulta, ya que atenta contra los derechos humanos y sus garantías.

«Esta Suprema Corte considera que el objeto de la consulta popular propuesta es inconstitucional porque su sustancia e implementación, por sí mismas, de celebrarse, tendrían un efecto de restricción de los derechos humanos y sus garantías, pues sujeta a la decisión de las mayorías los derechos de las víctimas u ofendidas por los delitos señalados en la petición y rompe con el sistema de protección de los derechos humanos de todas las personas en México».

La SCJN indicó que tras haber recibido la solicitud de la consulta por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se admitió a trámite, la cual se turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

La Corte indicó que era competente para conocer y resolver la revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

En un principio, se señaló que dada la relevancia que tienen este tipo de ejercicios, se prevé que, en términos generales, la consulta popular es válida para cualquier tema que sea coherente con el sistema constitucional y democrático

Sin embargo, al analizar la petición del presidente López Obrador, se resolvió que la petición consiste en consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes (Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones), investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud.

Ante ello, se resolvió que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos, y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad.

En su explicación, la SCJN señala que la consulta se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios, consistente en que la consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección.

Añade que la consulta es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso.

En ese sentido, el proyecto afirma que las autoridades se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona, sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona.

Indica además que la consulta es inconstitucional, porque en el hipotético caso en el que se realizara y se obtuviera una respuesta en contra de realizar las investigaciones e imponer las sanciones correspondientes, el efecto sería una especie de perdón o amnistía por todos los presuntos delitos que pudieran haberse cometido, antes, durante y después de las gestiones de los expresidentes.

Advierten que se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que Ricardo Anaya está siendo investigado en relación al caso Odebrecht.

Nieto Castillo señaló que el panista es investigado luego de que se le mencionara, entre un total de 70 personas, por presuntamente estar implicadas en la red de sobornos que la empresa brasileña pagó en México.

El funcionario indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determinará si el ex candidato presidencial es llamada a comparecer.

“La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre (Ricardo Anaya), aparece ahí”, dijo Santiago Nieto en el marco de la firma de un convenio entre la UIF y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El colaborador del gobierno federal adelantó que la UIF está preparando una nueva denuncia contra Emilio Lozoya; así, sumarían seis las denuncias que se han interpuesto. La que en breve se presentará es, detalló Nieto Castillo, por un contrato de 3 mil millones de pesos que se entregó a Odebrecht.

“Estamos preparando una sexta, que tiene que ver con la contratación de 3 mil millones de pesos de parte Pemex a Odebrecht, que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasmas en un mecanismo muy similar al que conocimos en la Estafa Maestra, en Sedesol”, explicó el funcionario.

La confirmación de Santiago Nieto llega un día después de que el ex candidato presidencial anunciara su regreso a la vida pública nacional.

Anaya indicó que ante el desastre que se vive en el país con el gobierno de López Obrador, era necesario «estar presente». Dijo que más allá de estar criticando al gobierno, la oposición debía proponer sobre cómo corregir el rumbo, y presentar a la ciudadanía un camino que sea viable y así convencerlos de que sí se pueden hacer las cosas de otra manera.

En su video, Anaya vaticinó que los ataques desde el gobierno federal en su contra podrían incrementarse, aunque les restó importancia.

Sobre el anuncio de Anaya, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, respondió asegurando que las declaraciones del panista están llenas de errores, falsedades y mala fe.

“Esa calva (…) está hueca de ideas y de principios”, dijo el morenista luego de afirmar que aunque en un principio Anaya es alguien que convence, no tarda en quitarse la máscara y dejarse ver como es realmente.

El diputado aseguró que tal como lo ha dicho el presidente López Obrador, Morena no ha roto ni un solo vidrio, por lo que pidió al panista no «empezar» a levantar la mano con amenazas, sobre todo considerando que él se encuentra bajo la «mira de la justicia».

Muñoz Ledo afirmó que Anaya decidió regresar a la vida pública para poder tener poder, y así, seguir haciendo dinero, pues señaló, «a ti lo que te gusta es el dinero».

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tachó de «inaceptable» la supuesta esterilización forzada de migrantes mexicanas y de otros países en Estados Unidos, y previó «sanciones» si se confirman estos hechos.

«Es algo inaceptable que rechazamos de antemano aún sin tener toda la información confirmada», expresó el canciller al intervenir en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ebrard informó que el servicio consular de México en Estados Unidos ya se ha entrevistada con «seis (mujeres) de las que potencialmente podrían haber estado sujetas a este procedimiento», y añadió que esta semana seguirá contactando a otras posibles víctimas.

«Incluso en Estados Unidos hay toda una reacción importante de muchas organizaciones y esto tiene que esclarecerse. Si se confirma, es un asunto mayúsculo y debe no solo sancionarse sino tomar otras medidas», expresó el canciller.

Sin embargo, el secretario prefirió no «adelantar» la respuesta de México hasta tener toda la información. Ayer, el presidente López Obrador abrió la puerta a denunciar a Estados Unidos por estos hechos.

«Hay un asunto que estamos atendiendo sobre un caso de mujeres que todavía tenemos abierta la investigación; es el único tema que podría, todavía no está suficientemente investigado, llevar a una denuncia de parte de México hacia el Gobierno de Estados Unidos», expresó el mandatario.

Recordemos que el pasado 17 de septiembre, la SRE informó que los consulados mexicanos en Atlanta, Georgia y El Paso en Texas están investigando «una serie de histerectomías no autorizadas en mujeres hispanohablantes» en centros de detención migratoria en Irwin, Georgia y El Paso.

El gobierno mexicano pidió a Estados Unidos «información detallada» sobre la extracción del útero a estas mujeres, que fue denunciada por activistas estadounidenses.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por su parte, anunció la semana pasada que abrirá una pesquisa independiente sobre las denuncias de histerectomías en el Centro de Detención de Irwin.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó esta tarde que inició una investigación sobre una supuesta  amenaza en contra de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La dependencia informó que se recibió un mensaje a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) el pasado 13 de septiembre en el que se hablaba de un plan para atentar contra la mandataria capitalina.

Indicó que tras recibirse la denuncia, la FGJCDMX fue informada con el objetivo de que se realizaran las indagatorias correspondientes que permitan identificar, en su caso, el origen del mensaje y quien posiblemente lo haya difundido.

Fuente: Twitter @siete_letras

«Cabe señalar que una vez que se tuvo conocimiento del hecho, se dio vista a la Policía de Investigación (PDI), quien se coordina con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para llevar a cabo las indagatorias de gabinete y campo correspondientes», precisó la Fiscalía.

En la denuncia, se relata que una persona se comunicó desde el número 243 de la calle Durango en la colonia Condesa, quien señaló la presencia de un sujeto, identificado como «Neri», quien portaba armas de fuego.

«El sujeto (Neri) comentó que ejecutarían a la Jefa de Gobierno, a la Doctora Claudia Sheinbaum; el 15 de septiembre», se lee en el reporte del C5.

El denunciante añadió que denunciaría los hechos en redes sociales y con el periodista Óscar Mario Beteta, para que una vez que fuera ejecutada la Jefa de Gobierno, pudieran transmitir su llamada.

Ante la alerta, elementos de la Policía de Investigación (PDI) y un grupo élite de la secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron tareas de inspección en la zona desde donde se hizo la denuncia, aunque no se encontraron indicios del posible atentado. Las autoridades procedieron a reforzaron la seguridad en toda la zona.

El presidente Andrés Manuel López Obrador(AMLO) reiteró esta mañana que no permitirá que nadie cometa actos de corrupción durante su gobierno, incluso si se trata de integrantes de su familia, esto en relación a los videos que se difundieron sobre su hermano recibiendo dinero en efectivo de David León Romero.

«La gente nos dio su confianza porque quiere que se limpie la corrupción y yo no le voy a fallar al pueblo. Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado», sostuvo el mandatario.

Indicó que si la FGR lo llama a declarar, él está dispuesto a hacerlo y así colaborar y aclarar todo en lo que se le involucre.

Además dijo, no es la primera vez que atendería un caso como este, en el que tenga que defenderse. «Siempre he salido de la calumnia, ileso», aseguró.

Sobre el tema, dijo que él está a favor de que no haya ningún tipo de protección a los presidentes, por lo que está solicitando que la primera iniciativa que se discuta en el Congreso, sea la de quitar el fuero al presidente.

Así, indicó, el presidente en funciones podrá ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano.

En el caso de los expresidentes, insistió que para que no lo vayan a acusar de «vengativo o de verdugo», se debe llevar a cabo una consulta ciudadana y así se decida entre todos los mexicanos, si se lleva a juicio a los exmandatarios.

Volvió a detallar que debe ser entre el 1 y el 15 de septiembre, que se debe presentar la solicitud de consulta ciudadana, la cual puede ser interpuesta por: el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral (un millón 600 mil firmas). La tercera parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras (Diputados o Senadores) también podrían solicitar la consulta.

Indicó que el presidente también podría presentar dicha solicitud, que aunque no descarta hacerlo, dijo que a él le gustaría que fueran los ciudadanos quienes den su respaldo a llevar ante la justicia a los expresidentes.

Adelantó que si se realiza la consulta, él votará en contra, aunque precisó, en una democracia es el pueblo el que manda.

«Es un ejercicio único, histórico, porque la corrupción se solapaba, no estaba ni siquiera en el discurso oficial, no se hablaba de corrupción y era el principal problema de México, y ahora qué bien que todos los días se hable de este tema», remató.

Se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de Control, diversas órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación, bajo la gestión del ahora senador priísta, Miguel Ángel Osorio Chong.

Y aunque los requerimientos son para exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos está el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, Jesús Orta Martíenez, quien renunció en octubre pasado, a la administración capitalina.

Orta Martínez es investigado por la posición que tuvo entre 2012 y 2014, como secretario general de la Policía Federal. Dicha oficina era la encargada del manejo de los recursos económicos de la hoy extinta corporación, además de cuando se desempeñó como director general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR, los funcionarios, entre los que se encuentra Orta Martínez, habrían participado en el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Adicional, se sabe que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México también investiga al excolaborador de Claudia Sheinbaum, por diversas irregularidades durante el tiempo que estuvo al frente de la SSC, específicamente por la renta de patrullas en 2019.

Al respecto, este fin de semana, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México habló sobre el tema; explicó que los funcionarios, por ley, son sometidos a exámenes de confianza; por lo que al conoce de la investigación en la que se le implicaba, fue que se decidió que se separaría del caso.

«Tuvimos conocimiento en algún momento de que se estaba haciendo una investigación de la Fiscalía General de la República, de sus cargos anteriores y fue una de las razones, al tener conocimiento, pues de la solicitud de su renuncia», explicó la mandataria capitalina.

Añadió que en línea con el trabajo que se hace desde el gobierno federal, en la Ciudad de México tampoco permitirán la corrupción de ninguna manera, por lo que apoyan las investigaciones que se realizan en torno a cualquier servidor público que pudiera estar relacionado con dichas prácticas.

Al respecto, Jesús Orta negó que haya sido notificado sobre la supuesta orden de aprehensión que se giró en su contra.

«En absoluto (me han notificado) ni que haya una Carpeta de Investigación en mi contra  y además me parece que me están arrastrando por haber tenido un puesto de secretario General antes de Frida Martínez. Me están comentando que es una filtración de la propia Fiscalía General, por el perfil y porque está mi nombre”, dijo el exfuncionario en entrevista con Excelsior.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene un nuevo blanco en la mira. Investiga por «inconsistencias» en su patrimonio al actual coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

Según reporta el diario Reforma, la dependecia a cargo de Irma Eréndira Sandoval revisa la evolución patrimonial de Osorio y su familia; para ello analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia de recursos; busca cotejar si su patrimonio coincide con sus ingresos.

En respuesta, el también exsecretario de Gobernación presentó la semana un amparo para impugnar las conclusiones de la investigación, ya que indicó que la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y se involucró a su familia.

«La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto», dijo el senador en entrevista con Reforma.

De acuerdo a lo relatado por el diario, la indagatoria se habría iniciado en torno a un inmueble ubicado en Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

En mayo de 2014, Laura Vargas, esposa de Osorio Chong, dio aviso ante un notario en Hidalgo, de la compraventa del inmueble a través de un crédito hipotecario; sin embargo, la pareja indica que la operación se canceló y terminaron rentando la casa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que la liberación de la madre del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, es un ejemplo más de «ineficacia y corrupción».

López Obrador aseguró este lunes que se trata de «un problema añejo»en el sistema de justicia mexicano.

«Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la investigación y es una forma de ocultar un acuerdo», sugirió el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Anunció que se va hacer una investigación a fondo para investigar por que se dejó en libertad a María Eva Ortíz, madre del líder criminal.

López Obrador admitió que se ha vivido una semana «difícil», pues además del sismo del martes pasado, se vivió el ataque contra el titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch.

“Aquí estamos y seguimos adelante. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Tenemos que lograr, entre todos los mexicanos, la transformación del país y a pesar de los pesares vamos hacia adelante con el apoyo de la gente, de los ciudadanos, de la inmensa mayoría de los mexicanos”, dijo López Obrador.

Adelantó que el próximo miércoles ofrecerá un mensaje a la nación con motivo del segundo aniversario de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018.

El grupo farmacéutico británico AstraZeneca afirmó este viernes que espera resultados en septiembre sobre la eficacia de la vacuna contra el coronavirus en el que está trabajando con la Universidad de Oxford.

«En septiembre deberíamos saber si tenemos o no una vacuna efectiva», dijo a la BBC el director ejecutivo de la compañía, Pascal Soriot.

La Universidad de Oxford, cuyo proyecto está financiado por el gobierno británico, se asoció con la farmacéutica para fabricar y distribuir en todo el mundo la vacuna que está desarrollando.

Los ensayos clínicos con humanos comenzaron a finales de abril en el Reino Unido y deben hacerlo este mes en Brasil, que es ahora «el epicentro de la epidemia», dijo Soriot.

Para ganar tiempo, se decidió no esperar a los resultados antes de comenzar la producción.

«Estamos empezando a producir esta vacuna ahora, tiene que estar lista para cuando tengamos los resultados», aseguró Soriot.

Esta estrategia representa un «riesgo financiero» pero «es la única manera de tener una vacuna disponible» rápidamente en cuanto se confirme su eficacia, añadió.

AstraZeneca ha firmado acuerdos para establecer cadenas de suministro paralelas, entre ellas una con el Instituto Serum de la India para la entrega de mil millones de dosis a los países de ingresos medios y bajos, a fin de duplicar la capacidad de producción hasta los dos mil millones de dosis.

Ayer, el grupo anunció un acuerdo de 750 millones de dólares con dos organizaciones internacionales especializadas, CEPI y GAVI, para la fabricación y distribución de 300 millones de dosis, con entrega a partir de finales de año.

Un total de diez proyectos de vacunas contra el Covid-19 han alcanzado la fase de ensayos clínicos en todo el mundo.

La disputa entre Estados Unidos y China sobre la gestión de la crisis del coronavirus por parte de la OMS va en aumento, mientras el mundo quiere estrategias conjuntas y acelera la búsqueda de una cura contra el coronavirus.

Acusando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ser una «marioneta de China», donde brotó el virus a fines de 2019, el presidente Donald Trump amenazó con congelar indefinidamente el financiación a esa agencia de la ONU e incluso con retirar la membresía de su país si no hacía «mejoras sustanciales» en 30 días.

En respuesta, el gobierno chino acusó a Trump de utilizar a China para «eludir sus obligaciones» ante la OMS. «Es un error de cálculo y Estados Unidos ha elegido el objetivo equivocado», afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian.

Inmerso en la polémica, la Unión Europea (UE) expresó este martes su apoyo OMS. «Es el momento de la solidaridad, no de señalar con el dedo o socavar la cooperación multilateral», dijo la vocera de la diplomacia europea, Virginie Battu.

La controversia estalló justo cuando se celebra la asamblea general de la OMS, en la que los 194 países miembros acordaron este martes una investigación independiente de la respuesta de la Organización ante la pandemia.

El texto aprobado por consenso prevé lanzar «lo más pronto posible un proceso de evaluación imparcial, independiente y completa» de la acción internacional coordinada por la OMS ante la pandemia, incluyendo las decisiones de la organización durante el desarrollo de la crisis.

Trump considera que la OMS ignoró los informes sobre la aparición del virus y le reprocha ser demasiado indulgente con las autoridades chinas en su manejo de la pandemia de la Covid-19.

El presidente Donald Trump se mostró optimista sobre la posibilidad de contar con una vacuna contra el Covid-19 para fin de año o «quizás antes».

«Estamos buscando tenerla para fin de año si podemos, quizás antes», dijo Trump desde La Casa Blanca, al informar sobre la carrera en el país para desarrollar una inmunización

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus, con 1.4 millones de contagios y cerca de 86,000 muertes desde que se registró el primer deceso vinculado al virus a principios de febrero.

A la pregunta de cómo se puede lograr una vacuna en un plazo tan acotado, Trump respondió que se iniciaron los trabajos en enero cuando se tuvo la secuencia genética del virus.

La proyección de Trump es más optimista que la de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), quien ayer indicó que una vacuna podría estar lista en un año en un «escenario optimista».

Trump también anunció que nombrará a Moncef Slaoui, el exjefe de vacunas de la farmacéutica GlaxoSmithKline, y al general del Ejército de cuatro estrellas Gustave Perna para dirigir la denominada ‘Ward Spedd’ (Operación Velocidad de la Luz).

«Mi gobierno está otorgando aproximadamente 10,000 millones de dólares para apoyar un esfuerzo de investigación médica» sin precedentes», dijo Trump, comparando la búsqueda de la vacuna contra la COVID-19 con el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial que llevó al desarrollo de armas nucleares.

Trump agregó que cuando la vacuna esté lista, los militares se encargarán de distribuirla, y evocó un espíritu de cooperación global. «Estamos trabajando juntos con muchos países diferentes», aseguró.

Hasta ahora no se ha desarrollado una vacuna exitosa para ningún tipo de coronavirus que infecte a los humanos.

Más allá de la carrera para obtener una vacuna contra el Covid-19 lo antes posible y que «millones de estadounidenses tengan acceso rápido a ella», Trump destacó que Estados Unidos está listo para reabrir su economía, severamente golpeada por la paralización generalizada de las actividades desde mediados de marzo para evitar los contagios.

«Quiero ser claro: vacuna o no, estamos de regreso», afirmó, en alusión al levantamiento de las restricciones en curso en el país.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigió hoy al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, incautar los inmuebles de la organización La Luz del Mundo en México y convertirlos en centros Covid-19, a fin de ampliar la capacidad hospitalaria del sector salud.

El partido recordó que dichos espacios se encuentran abandonados y solitarios, tras la captura Naason Joaquín García, dirigente de la agrupación, quien enfrenta un proceso penal por delitos sexuales en Estados Unidos.

“Con este planteamiento, la Secretaría de Salud tiene más elementos para cubrir la demanda de personas enfermas por coronavirus, ya sea para recibir a enfermos o alojar al personal médico”, señaló el blanquiazul.

Con los inmuebles en manos del gobierno, afirmaron, es posible que el sistema de salud federal pueda tener “un respiro” ante la preocupación de falta de espacio para superar el pico de contagios que vivimos en este mes.

Indicaron que mientras se resuelve en el extranjero la situación de Naason Joaquín García, la Federación puede hacer uso las instalaciones de La Luz del Mundo bajo los principios de legalidad, al ser objetos de investigación por los presuntos delitos sexuales a los que se le acusan a su dirigente.

Remataron informando que desde el Congreso local, el diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, buscará revertir la clasificación de “reservada” por 5 años a la información relativa al préstamo que hizo Bellas Artes en mayo del 2019 a La Luz del Mundo para realizar un evento, donde asistieron militantes de Morena.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que realiza una investigación por la compra de ventiladores pulmonares que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

La investigación se desprende de la investigación que presentó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la semana pasada, sobre que la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para atender la pandemia por Covid 19.

Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos,  el precio más alto pagado por el gobierno federal desde que se declaró la emergencia sanitaria, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por MCCI.

Tras la publicación del reportaje, Bartlett Álvarez dijo en la red social Twitter que el proceso de compra fue legal, transparente y cumpliendo con la normativa establecida, y  señaló que el Gobierno de la Ciudad de México compró ventiladores 72 por ciento más caros que los de él.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública informó que desde el día de la publicación del reportaje el órgano interno de control del IMSS abrió un expediente de investigación por la adquisición de ventiladores pulmonares por parte de la delegación del IMSS en el Estado de Hidalgo.

«Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria (Irma Eréndira) Sandoval Ballesteros giró un oficio al Director General del instituto para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad», dijo la ependencia.

Afirmó que no sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción.

La SFP manifestó que para hacer más eficaz el gasto público, han puesto énfasis en las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, su transparencia y que se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.

«Durante la actual contingencia, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana», señaló la dependencia en un comunicado.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que su gobierno, a través de la Secretaría de la Función Pública, investigaría la asignación del contrato a la empresa de Bartlett Álvarez.

«Quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este viernes que desde Palacio Nacional se haya ordenado una investigación en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto.

Y es que de acuerdo a la columna Bajo Reserva, del diario El Universal, López Obrador habría ordenado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, investigar las cuentas del expresidente y de su exesposa, Angélica Rivera.

«No hay ninguna investigación abierta del gobierno que represento en contra del expresidente Peña Nieto», dijo AMLO esta mañana en su conferencia de prensa. Sin embargo, dijo que podría haber denuncias ante la Fiscalía General de la República por parte de ciudadanos. «Pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia”, añadió

Recordó que aunque no era partidario de actuar en contra de los exmandatarios, sería la ciudadanía quien podría solicitar la realización de una consulta para decidir si se les juzgaba, desde Salinas hasta Peña, «por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal, pero eso depende de los ciudadanos».

Sin embargo, la administración de López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos, durante el periodo que estuvo al frente del gobierno federal.

La instrucción fue girada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en cuentas bancarias del expresidente, su exesposa Angélica Rivera Hurtado y a sus hijos Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro (hijo menor de edad del expresidente priista).

Irma Eréndira Sandoval solicita realizar una investigación en materia de evolución patrimonial del 1 de diciembre de 2012, cuando asumió el poder Peña Nieto, al 30 de noviembre de 2018.

Por su parte Santiago Nieto confirmó que contra quien sí hay una investigación es Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y extitular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Peña Nieto.

Nieto Castillo confirmó que el también compadre del mexiquense se encuentra bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Dijo que se investigan los casos porque se trata no sólo de combatir la corrupción, sino la impunidad y «que vayan ante los tribunales y que resuelvan lo que sea, no se trata de mandar a la cárcel a altos funcionarios del gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino porque cumplan las que hicieron».

Según informes de El Universal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados en 2018 por la Sedesol en la ‘Cruzada contra el Hambre’ y sus comedores comunitarios, en periodo en el que encabezaron la dependencia Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña.

Santiago Nieto indicó que desde la UIF se abierto carpetas de investigación en contra de diversos funcionarios de la administración pasada, como lo es Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza y Emilio Lozoya, pues han atendido la instrucción del presidente de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

«No se persigue a nadie, pero si hubiera, si alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra. Eso implica presentación de denuncias, en su caso congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero y bueno pues continuar con esta política», declaró Nieto.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que la comisaria de la Guardia Nacional (GN), Patricia Trujillo, haya sido destituida por comprar un software a sobreprecio.

El funcionario federal aclaró que se está investigando su adquisición, a partir de una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Hay observaciones de la Auditoria Superior de la Federación sobre la adquisición de un producto de inteligencia; tenemos el compromiso de aclarar totalmente cualquier observación», dijo Durazo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, acto en el que estaba presente Trujillo y el comisionado de Protección Federal, Manuel Espino.

Durazo expuso que el hecho de que se hagan observaciones sobre el desempeño de una servidora, no significa que tenga responsabilidad sobre desfalcos o malos manejos.

“No está separada del cargo, no hay motivo para la separación porque de momento no hay responsabilidad», enfatizó Durazo.

Y es que de acuerdo con el periódico Reforma, Trujillo habría avalado la compra de un software israelí de espionaje y monitoreo de redes sociales por 500 millones de pesos en 2018.

En aquel entonces, Trujillo se desempeñaba como jefa de la División Científica de la Policía Federal.

De acuerdo al expediente entregado al INAI por la Presidencia de la República, se confirman los contratos millonarios con al menos 36 periodistas durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación de Nancy Flores de la revista Contralínea mediante la cual tuvo acceso a un folio de 780 fojas relativo a 43 empresas de columnistas y medios de comunicación por la venta de contenidos.

Entre los periodistas destaca Joaquín López-Dóriga, quien a través de las empresas Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López-Dóriga y Premium Digital Group mantuvo contratos con el gobierno federal, de 2012 a 2018, por 290 millones 352 mil 869 pesos.

Se menciona, también a Óscar Mario Beteta, quien a través de su empresa Comentaristas y Asociados SC, vendió cada mención por 15 mil pesos más IVA; el total, de acuerdo al expediente fue 74 millones 571 mil 101 pesos.

La empresa de Martha Debayle, Media Marketing Knowledge o BBMundo Direct SA de CV cobró por publicidad en sus revistas impresas Moi y BBMundo, radiofónicos y redes sociales, ocho millones 243 mil 761 pesos.

Otras de las empresas beneficiadas fueron Periódico Digital Sendero SAPI de CV (SDPNoticias), de Federico Arreola por 152 millones 282 mil 653 pesos; Editorial Clío, Libros y Videos SA de CV, de Enrique Krauze Kleinbort, que obtuvo 61 millones 629 mil 920 pesos; Editorial Cruzada (revista Siempre!) que facturó 59 millones 204 mil 89 pesos.

Comercial Media Bizcom SA de CV (Chiapas Hoy, Órale, qué chiquito periódico y Por Esto!), con beneficio de 44 millones 282 mil 591 pesos; Estrictamente Digital SC (Eje Central), por un monto de 36 millones 413 mil 723 pesos.

Comunícalo SA de CV, de Ricardo Alemán cobró en el sexenio pasado, 28 millones 194 mil 67 pesos; Editora de Publicaciones Especializadas y Consultores en Comunicación SA de CV, relacionada al columnista Luis Soto Ortíz, sumó 26 millones 846 mil 752 pesos.

Conducción de Telecomunicaciones SC de Adela Micha obtuvo un ingreso de 24 millones 754 mil 501 pesos; Comunicación Extensa SC de Pablo Hiriart recibió 22 millones 149 mil 942 pesos; Comunicaciones Estratégicas Newlink SA de CV (Callo de Hacha, diariodeconfianza.mx), 21 millones 450 mil pesos.

Ankla Comunicación, SA de CV fue utilizada como propuesta publicitaria anual dirigida a la Unidad de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Hacienda para emitir cápsulas del periodista en los espacios radiofónicos en Grupo Fórmula de López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Óscar Mario Beteta, por un monto de 147 mil pesos más IVA; sin embargo, «por tratarse de la SHCP, que es un cliente muy importante para nosotros, les ofrecemos una tarifa de 73 mil 500 pesos más IVA».

Por control remoto, la empresa ofrecía transmitir «en la fecha y hora que ustedes elijan» por un millón 500 mil pesos y aumentaba a un millón 800 mil más IVA si prefería en particular aparecer dentro del programa de los miércoles «con la mesa de Roy Campos, René Casados y José Fonseca».

Si se trataba de conferencias magistrales, el costo era de 35 mil dólares más IVA. En total, de 2012 a 2018, Ankla Comunicación obtuvo contratos por 89 millones 773 mil 949 pesos; sin embargo, dejó de operar hace un año y medio.

Recordemos que fue Nancy Flores la periodista que la semana pasada acusó a Óscar Mario Beteta de violentarla vía telefónica cuando intentó obtener su versión sobre la información que le proporcionó la Presidencia de la República en relación a los pagos que su empresa recibió de parte del gobierno anterior.