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La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) está investigando a Pemex por sospechas de quema excesiva de gas natural así como otras infracciones en otro gigantesco campo petrolero, según dos fuentes con conocimiento del tema.

La agencia Reuters señala que en 2019, la petrolera, que está bajo presión internacional para limpiar sus prácticas operativas, elogió al campo Quesqui en el estado de Tabasco como el hallazgo energético más importante en la región en tres décadas.

Expertos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), regulador del sector, realizaron una visita sorpresa ayer al sitio, añade Reuters.

Las preocupaciones se centraron en la «quema excesiva de gas» y otras posibles violaciones del plan de desarrollo de Pemex, detallaron.

Reuters informó el mes pasado que la CNH había decidido multar a Pemex por violar el plan de desarrollo en un campo similar en el estado Veracruz. Esas infracciones en el yacimiento de Ixachi también provocaron una excesiva quema de gas.

No estaba claro qué consecuencias tendría para la compañía la investigación sobre Quesqui. Pero las fuentes dijeron que cualquier hallazgo de irregularidades, especialmente en relación con la quema de gas, sería un golpe para el gobierno federal, ya que la presión internacional y de los bonistas de Pemex está aumentando para frenar la práctica que libera gases de efecto invernadero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó en 2019 a Quesqui como un campo con «mucho potencial» que ayudaría a cumplir su promesa de reactivar Pemex con sus reservas probadas, probables y posibles de 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

La semana pasada prometió abordar las altas tasas de quema de gas, calificándola como «lo más irracional que puede haber, el estar comprando gas y tener que quemarlo aquí, con la contaminación que implica».

El año pasado, México quemó niveles récord de gas en un número cada vez mayor de lugares, según demostró un estudio científico.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aseguró que en sus dictámenes no se considera el factor del mantenimiento como la causa del accidente de la Línea 12 del Metro que ocurrió el 3 de mayo de 2021 y que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

«Como se realiza en toda investigación, se estudiaron y analizaron todas y cada una de las posibles causales para llegar a una conclusión con dichos dictámenes, los cuales indican específicamente que no se considera el mantenimiento como la causa que originó la falla de la estructura», explicó en un mensaje a medios el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.

La aclaración de la Fiscalía se dio después que el periódico El País publicara documentos que mostraban que tres de los cuatro peritajes externos contratados por la dependencia para analizar las causas del colapso indicaban la existencia de fallas en la inspección y el mantenimiento de la estructura.

«La información entregada a la reportera es incompleta y hacer conclusiones con ella es tendencioso. Hacer alusión a lo referido en la mencionada documentación en fragmentos sin contexto e información integral de la investigación resulta sesgado, subjetivo y parcial», acusó Lara.

Además, insistió en que los dictámenes judiciales realizados por la Fiscalía «concluyen claramente» que el colapso se debió a los defectos graves de la construcción y el diseño inadecuado de la estructura.

Lara dijo que la Fiscalía capitalina «no litiga en medios» e insistió en que la información mencionada debe guardar secrecía «por ley» para no afectar al proceso y al derecho de las partes, por lo que no ahondarán en el tema hasta que esté permitido.

Por último indicó en que en la carpeta de investigación se incluyen «miles de diligencias, así como cientos de pruebas de laboratorio y estudios en las materias de criminalística, fotografía, vídeo, arquitectura, ingeniería civil en puentes y mecánica, seguridad industrial y estructural, topografía y geotecnia principalmente».

Recordemos que el 3 de mayo de 2021, un tramo elevado de la línea 12, en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac, colapsó, provocando que un vagón cayera sobre una vialidad quedando encallado en forma de «V», accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a salir en defensa del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre quien dijo tener información de movimientos bancarios provenientes de la la Universidad de las Américas (UDLA), aunque en ninguna había indicios de actos de corrupción.

«Ya tengo información sobre algo parecido; sin embargo, en la información que llegó a mis manos no hay elementos para poder presumir de que hay actos de corrupción. De todas maneras, vamos a ver lo que tú estás planteando», respondió AMLO a un reportero que llevó documentos que confirmaban el «flujo financiero» de las cuentas de la  Universidad a diversas cuentas vinculadas con Gertz Manero.

López Obrador relató que el titular de la FGR desde hace mucho tiempo es dueño de la Universidad, que dijo, es una filial que se desprendió hace años de la Universidad de las Américas de Puebla. «Creo que él originalmente estaba en la Universidad de las Américas y luego se dividieron y él se hizo cargo de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México desde hace bastante tiempo».

Como ha sucedido en otros casos, el presidente dijo que este tipo de acusaciones y señalamientos debían tomarse con mucho cuidado, ya que son conocidas las diferencias y confrontaciones que hay entre el fiscal general y otros grupos de abogados.

«Cuando hay pleito de abogados son pleitos… ¡Qué bárbaro! Entre abogados, sí, pero nosotros lo que hacemos es que actuamos con justicia, con rectitud y no nos dejamos llevar», añadió López Obrador.

Recordemos que en marzo pasado, El Universal publicó que Gertz Manero utilizó la UDLA  para enviar fuertes cantidades de dinero a sus cuentas bancarias, así como a la de familiares en México y el extranjero, incluso cuentas en paraísos fiscales.

El diario reportó que de acuerdo con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las cuentas bancarias de la Universidad registraron movimientos que beneficiaron al Fiscal y su familia por al rededor de 150 millones de pesos.

A un año del derrumbe de la Línea 12 del Metro, en el que murieron 26 personas y cerca de un centenar de heridos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el gobierno capitalino acompaña a las víctimas y se les ha acompañado en los procesos de reparación del daño, además de que no descansarán hasta tener en operación la Línea 12 del Metro con completa seguridad.“Como persona y como Jefa de Gobierno siempre he estado y estaré del lado de las víctimas y de la justicia (…) han recibido una indemnización económica por parte del Metro, apoyo económico por parte del gobierno, así como becas, vivienda y empleo y apoyo económico de un fondo establecido por la Fiscalía”, dijo la morenista en un mensaje difundido esta mañana a través de sus redes sociales.

La mandataria local aseguró que le hará justicia con las víctimas y familias afectadas, pues gracias a la investigación «científica, profesional y detallada» que presentó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se determinó que en lugar de emprender un largo camino de juicios, se facilitara un proceso de reparación integral que permite el sistema penal.“Claro, siempre de acuerdo con cada una de las víctimas, entonces se establecieron procesos de reparación del daño, que consisten en indemnización económica a las personas lesionadas y familiares de personas fallecidas, entre otros apoyos. Hay procesos penales contra personas físicas y morales que aún continúan y algunas víctimas que han decidido seguir con sus juicios, están en su derecho”, agregó.Respecto a la rehabilitación de la Línea 12, Claudia Sheinbaum explicó que hasta el momento todas las empresas constructoras han apoyado en los trabajos, los cuales en todo momento han sido orientados conforme lo ha estipulado el Comité Técnico Asesor, el cual se formó en agosto de 2021.La Jefa de Gobierno explicó que desde la segunda mitad del 2021 inició el acopio de acero, la capacitación de soldadores y el comienzo de las labores de reforzamiento y se espera que en mes y medio entren a una fase de mayor intensidad con 32 frentes de obra; para su realización se habrán habilitado 17 mil toneladas de acero estructural para fabricar 32 mil 600 piezas como vigas, tensores, abrazaderas y puntales.“Nuestro objetivo es que los usuarios de la Línea 12 estén seguros y que podamos completar la obra de ser posible este año. Estaremos informando cada semana para que ustedes conozcan el avance de la obra”, añadió la mandataria capitalina.La Jefa de Gobierno detalló que en cuanto al tramo subterráneo de la Línea 12 se inició la rehabilitación integral que incluye el sistema de drenaje, la sustitución y mejoramiento de siete curvas, entre otros trabajos.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo esta mañana que fue algo muy lamentable y triste lo sucedido, pero defendió la labor de la Jefa de Gobierno, quien dijo, desde el primer momento entró en contacto con las víctimas y sus familiares.

Destacó que ya hubo reparación del daño en lo material, y que se da seguimiento a la investigación que está a cargo de la Fiscalía capitalina; además de que hay el compromiso de rehabilitar la Línea 12 lo antes posible dada la importancia que el servicio tiene para toda la población del oriente de la Ciudad.

Recordó que las empresas constructoras decidieron participar, sin cobrar, en la rehabilitación de la obra, especialmente la que pertenece al empresario Carlos Slim, Carso-ICA. «Él está asumiendo toda la responsabilidad, sin gastos para el gobierno de la Ciudad, cosa que nosotros reconocemos».

Reiteró su confianza a la Jefa de Gobierno, quien dijo es una persona sensible y que cumple con su trabajo. También dijo que como en todo, no faltan los «politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano». Mencionó que los conservadores no son sensibles ni inteligentes para cuestiones de atención al pueblo, pues no conviven con él.

En Broojula te presentamos un recuento de lo que ha pasado en el último año, y cómo avanza este caso, que ha estado plagado de irregularidades y que al día de hoy no tienen a ningún responsable tras las rejas.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este martes que integrantes de alto rango de la Secretaría de Marina (Semar) involucrados en un operativo sobre el caso Ayotzinapa son investigados y ya han declarado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se dio la instrucción de que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía. Todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones del presidente llegan luego de que ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), divulgó un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa en el que se reveló un video del 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes, en el basurero de Cocula.

En las imágenes se muestra a miembros de la Marina siendo parte activa en la manipulación de pruebas durante la investigación de los hechos, específicamente en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes secuestrados, según la primera versión oficial del caso.

Al respecto, López Obrador dijo esta mañana que la investigación del caso sigue abierta. «Es un compromiso que tenemos, de dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, apuntó. Informó que los expertos del GIEI le presentaron el informe, incluido el video, previo a ser difundido a medios de comunicación.

«Se va a continuar con la investigación, ellos van a continuar un año más colaborando y se sigue haciendo la investigación”, agregó el presidente, quien prometió que se entregará toda la información que el gobierno y las Fuerzas Armadas tienen disponibles acerca del caso. «No se oculta nada”, subrayó.

“Toda la información del Ejército se ha puesto a disposición de la Comisión (para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa) y la Fiscalía especial, y esa es la instrucción que tienen y la están cumpliendo”, sostuvo López Obrador.

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre. Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada «verdad histórica», los estudiantes fueron entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Esta versión siempre fue cuestionada por los familiares de las víctimas y por el GIEI, que en los dos anteriores informes, presentados en 2015 y 2016, señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero.

El gobierno de López Obrador reabrió el caso en 2018 y tiró definitivamente la versión oficial del gobierno de Peña Nieto al identificar restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero. Estas dos identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.

Reportes pasados del GIEI y otras instituciones, así como algunos testigos, ya habían señalado en el pasado la participación de las Fuerzas Armadas en el caso, pero este nuevo informe reveló más vínculos con el suceso.

Baker Hughes, empresa del sector energético en Estados Unidos, contratista de Pemex, informó que no encontró ningún conflicto de interés, luego de haber realizado una investigación interna por la llamada ‘casa gris’ en que vivió José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La compañía dijo que atender e investigar cualquier asunto relacionado con el área de compliance (cumplimiento de las normas éticas) es una prioridad, por lo que con motivo de la investigación relacionada a la casa en Houston, Texas, propiedad de un exejecutivo, abrió la investigación interna con el objetivo de esclarecer con total transparencia dicha situación. Dicho trabajo estuvo a cargo de Grupo R. McConnell.
«Baker Hughes solicitó una investigación a una firma independiente y especializada en investigaciones y cumplimiento normativo (compliance), la cual concluyó que Baker Hughes no tuvo participación alguna en dicha operación», señaló la empresa.Ante esto, Baker Hughes negó cualquier conflicto de interés en relación con información relativa al arrendamiento de la propiedad privada del exejecutivo y de sus operaciones en México.Enfatizó que Baker Hughes no tuvo ninguna participación en la transacción de arrendamiento mencionado a la esposa de López Beltrán, Carolyn Adams. «La residencia en cuestión nunca ha sido propiedad, ni ha sido gestionada directa o indirectamente por la empresa».Además, aclaró que la compañía nunca fue consultada ni tuvo conocimiento de la Transacción de Arrendamiento. «La empresa tuvo conocimiento de dicha transacción cuando ésta apareció en los medios de comunicación al ser una operación entre privados».Tal como lo han explicados los interesados, Baker Hughes detalló que la casa pertenecía a Keith Schilling, quien se incorporó a la empresa en 2016 y dejó la compañía el 31 de diciembre de 2019. Schilling nunca trabajó en ninguna área relacionada con México ni con o para clientes mexicanos. Keith Schilling fue el líder de Baker Hughes en Canadá en el año 2019. Anteriormente, fue director comercial y de ventas en la empresa para la región de Norteamérica, la cual, de manera interna, atiende exclusivamente a Estados Unidos y Canadá. Indicó que México no está incluido en la región de Norteamérica para Baker Hughes. Internamente, las ventas y operaciones en México están organizados dentro de la entidad separada denominada Latinoamérica y Sudamérica.
Recordó que el contrato de arrendamiento se firmó con un tercero, con el que Schilling no tuvo ningún contacto o relación previa. «La declaración del Sr. Schilling y la revisión de este asunto por parte de la empresa que realizó la investigación para Baker Hughes, indican que la transacción se celebró a través de un proceso de solicitud de arrendamiento convencional y en su momento, acorde a condiciones de mercado».Sobre los contratos que tienen en México, Baker Hughes coincidió con lo que ha expuesto Pemex con anterioridad, sobre cómo fueron licitados y adjudicados en pleno cumplimiento de las leyes. «Hemos completado de manera proactiva una revisión interna de nuestros contratos y tratos comerciales con PEMEX a partir de 2016, y no hemos encontrado registros de que Keith Schilling esté involucrado, nombrado o mencionado en ninguna documentación».Baker Hughes reiteró que tienen certeza de que no existe ningún conflicto de intereses o relación entre la empresa, Schilling, Pemex y un tercero.

El 65.9% de los mexicanos cree que la «pausa» que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con las empresas españolas afectaría «mucho o algo» a la economía del país.

Según una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) divulgada este viernes, el 30.2% consideró que «pausar» las relaciones afectaría «poco o nada».

Sin embargo, el 64.3% de los mexicanos consideraron que las empresas energéticas españolas, que han sido el blanco de los ataques del mandatario en los últimos tiempos, han sacado provecho económico a través de «contratos irregulares» en gobiernos pasados. En cambio, el 20.7% consideró que no es correcta esta afirmación.

Sobre la polémica reforma energética que busca aprobar el mandatario, el 48.2% consideró que ayudará a que bajen las tarifas, mientras que el 47% dijo lo contrario.

Los encuestados también se mostraron divididos sobre el beneficio que aportará esta reforma, porque el 50.9% consideró que sí será positiva para el sector energético, mientras que el 43.5% señaló que será «poco o nada» beneficiosa.

La encuesta también preguntó sobre el impacto que tuvo la investigación que reveló que uno de los hijos de López Obrador lleva una vida de lujos en Estados Unidos, que podría suponer un posible conflicto de interés.

El 63.6% de los encuestados conoce la investigación, frente al 36.4% que no sabía del asunto. El 70% de los encuestados consideró que el hijo de López Obrador debe «alinearse con los principios de austeridad» del mandatario, mientras que un 22.4% dijo que «puede tener una vida de lujos».

Finalmente, el 83.2% estuvo de acuerdo en que se investigara el caso y los supuestos contratos vinculados al escándalo, frente a un 13.9% que se mostró en contra.

Además, el 55.1% consideró un error mostrar el salario del periodista Carlos Loret de Mola, frente un 37.4% que lo vio un acierto. El 63.5% consideró que, con esta acción del presidente, el ejercicio del periodismo está «en riesgo», frente a un 33.7% que opinó lo contrario.

El 54.3% opinó que divulgar los ingresos del periodistas fue un mecanismo para distraer la atención al escándalo del hijo.

Pese a este escándalo que involucra a su hijo, y los ataques a la prensa, la aprobación de López Obrador continúa siendo alta. Según el ejercicio, el 55.1% de los mexicanos tiene una opinión «muy buena o buena» del mandatario, un 34.4% «muy mala o mala» y el 8.8% regular.

Sin embargo, este nivel de aprobación se aleja de los porcentajes superiores al 80% del comienzo de su presidencia, y se encuentra en línea con los niveles de popularidad de alrededor del 55-60 % de hace más de un año.

La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, dio respuesta esta tarde a la carta que le envió el presidente al Instituto en el que solicitaba su intervención para obtener datos relacionados con los ingresos y bienes del periodista Carlos Loret de Mola, socios y familiares.

La comisionada precisó que el INAl no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada por el presiente, lo que incluye, en el caso, requerir información a distintas entidades públicas como son el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Registros Públicos de la Propiedad, entre otros.

Le sugirieron al presidente dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados que él mismo mencionó, a efecto de que, como primeros responsables, sean quienes puedan pronunciarse al respecto.

Respecto a que si AMLO puede, como ciudadano, ejerciendo su derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos de Loret de Mola de conformidad con la documentación que llegó a Palacio Nacional, el INAI pidió considerar que lo que disponen los artículos 6 y 16 de la Constitución.

Estos señalan que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, además de que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos.

Es decir, toda autoridad del Estado mexicano tiene el deber y la obligación de garantizar la protección de datos personales que tenga en su posesión, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones.

«Para efectos de poder dar a conocer por cualquier medio datos personales, es necesario contar con el consentimiento previo de la persona en cuestión, el cual debe otorgarse de forma libre, específica e informada y, en algunos casos, de manera expresa», le indicó la comisionada presidenta del INAI a AMLO.

Y aunque se señala que al encontrarse bajo resguardo de la Oficina de la Presidencia de la República, y que toda información se entendería originalmente de naturaleza pública, esta conservará esta calidad siempre que no se refiera a la vida privada y a los datos personales de una persona física identificada o identificable.

«La decisión de hacerla pública (documentos como faturas) es potestad de la persona a quien pertenecen esos datos personales. Por su parte, para el sujeto obligado, subsiste en todo momento el deber de confidencialidad, en ejercicio del encargo público que desempeñan; salvo que se trate de ingresos recibidos directamente del erario público», le aclaran a AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que revele los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, esto luego de que Latinus dieran a conocer el presunto conflicto de interés en que incurrió su hijo por habitar una casa en Houston propiedad de un contratista de Pemex.

López Obrador leyó en su conferencia matutina una carta que mandó al INAI para que indague a Loret de Mola con datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

«Como ciudadano y Presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares», indicó en el documento que exhibió en Palacio Nacional.

El mandatario argumentó que el INAI debe investigar la documentación que personas anónimas hicieron llegar a la oficina de atención ciudadana de la Presidencia, que muestran que Loret de Mola gana supuestamente 35 millones de pesos al año.

Recordemos que López Obrador exhibió el pasado viernes por primera vez la tabla de los supuestos ingresos del periodista.

«También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola», añade AMLO en su carta.

Aunque la función del INAI es exigir a las dependencias públicas y servidores públicos que transparenten el uso de recursos del erario y datos de interés, el mandatario argumentó que Loret de Mola se ha dedicado a «calumniarlo» para «afectar su autoridad moral» y al gobierno federal.

“No es ético ni honesto usar fondos privados obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores”, indica en su texto. Además, justificó que detrás del comunicador hay intereses que se han beneficiado «del periodo neoliberal».

“Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento”, se señala.

Y aunque el mandatario ha negado que exista un conflicto de interés de su hijo, no ha desmentido los datos de la investigación periodística que Latinus dio a conocer junto a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Al respecto, Loret de Mola utilizó sus redes sociales para negar los nuevos señalamientos que hiciera esta mañana el presidente en su contra y en contra de su esposa.

«¿Por qué el presidente está fuera de sí? ¿Por qué los ataques ahora hasta mi esposa? Sencillo: no puede explicar las casonas de su hijo José Ramón en Houston. Porque cada que explica, se hunde más. Por eso abusa de su poder. Está arrinconado, desesperado, en caída libre», dijo el periodista, quien compartió un hilo en Twitter respondiendo a los señalamientos del tabasqueño.

El 56.3% de los mexicanos considera necesario investigar a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, por el posible conflicto de interés en que pudo haber incurrido, al vivir en una casa ubicada en Houston, Texas en Estados Unidos, propiedad de un exfuncionario de una empresa contratista de Pemex.

Según un sondeo de Mitofsky, publicado este martes en el diario El Economista, un 56.3% de los mexicanos está «de acuerdo» con la investigación del caso, frente a un 30.7% que está en desacuerdo y un 13% que no respondió.

Además, el 47.1% consideró que la investigación dada a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, reveló que el discurso del presidente es «incongruente» porque su familia «no es austera», mientras que el 25.6% se mostró en desacuerdo con dicha afirmación.

El 36.9% de los encuestados consideraron que el hijo de AMLO y su pareja están «involucrados en actos de corrupción o conflicto de intereses», mientras que el 42% está en desacuerdo.

Finalmente, el 55.8% de los consultados consideró que el presidente «no tiene la culpa», frente a un 32.5% que está en desacuerdo.

Y es que recordemos que a finales del mes pasado, la investigación de Latinus y MCCI reveló que López Beltrán y su pareja vivieron en Houston en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, contratista de Pemex. Esta semana, López Beltrán afirmó ser un «ciudadano privado» sin «injerencia alguna» en el gobierno mexicano, por lo que descartó cualquier conflicto de interés.

Sin embargo, el hijo del mandatario desató otro escándalo al revelar que desde el 2020 trabaja como abogado para KEI Partners, empresa de los hijos de Daniel Chávez, un empresario que asesora a López Obrador en el proyecto del Tren Maya.

El propio López Obrador lo reconoció, aunque descartó que se incurriera en otro conflicto de interés, pues a pesar de que Chávez es cercano a él, es un empresario que no tiene contratos con el gobierno y apoya sin cobrar nada. Chávez es fundador de Grupo Vidanta, un consorcio con 30 desarrollos turísticos de lujo, e integrante del consejo asesor del presidente.

En representación de un conjunto de inversionistas de Baker Hughes, el abogado Juan Carlos Luna presentó una solicitud para investigar un potencial conflicto de interés y otras irregularidades legales en relación al escándalo que reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUS, respecto a que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán y su esposa, ocuparon una residencia propiedad de un alto funcionario de la empresa en Estados Unidos.

En una carta dirigida a altos ejecutivos de esta empresa, con copia a la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y al Departamento de Justicia, el representante de la firma Lawgistic, señala su preocupación ante un posible conflicto de interés.

“La óptica y el momento de estos hechos simplemente no son buenos”, advierten. “Estos, al menos, crean la percepción de un posible conflicto de interés y un escenario potencial que podría haber cruzado la línea de las obligaciones legales y éticas de Baker Hughes. Por tal motivo, se justifica una denuncia y es necesaria una investigación”.

En ella, señalan que existe suficiente evidencia de los contratos con Pemex con los que ha sido beneficiada esta empresa.

Asimismo, advierten que “la situación podría verse seriamente comprometida” por cuestiones como la participación del hijo del presidente y el papel de su pareja, una persona políticamente expuesta, que ha actuado como intermediaria de acuerdos energéticos a escala internacional; una administración (la mexicana) que ha sido severamente criticada por sus escándalos de corrupción a nivel nacional e internacional; un país con un estado de derecho débil; la ampliación de contratos millonarios de Baker Hughes con Pemex, y los antecedentes de corrupción de la empresa y la paraestatal.

Y es que el impacto negativo que en el pasado han tenido las malas prácticas y acciones de corrupción del pasado para los inversionistas, así como el daño a la reputación corporativa y las consecuencias legales y monetarias, señala la carta, amerita una actuación inmediata para explicar la situación a detalle.

Esta solicitud se suma a otra denuncia presentada por la Senadora panista Xóchitl Gálvez, ante la SEC, mientras que la dirigencia nacional del PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los mismos hechos.

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Con información de MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que dio instrucciones de investigar «a fondo» el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el domingo pasado en Tijuana, Baja California.

«En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo», indicó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Recordemos que la comunicadora fue asesinada el pasado domingo junto a su casa tres años después de que acudió a la mañanera para solicitar apoyo pues «temía por su vida» debido al conflicto legal que sostenía con el entonces gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, en cuya empresa de medios, Primer Sistema de Noticias (PSN), Maldonado trabajó seis años.

López Obrador aseguró que en su gobierno no se permite la impunidad y ya no existen relaciones de complicidad por lo que “podemos investigar y llegar al fondo, porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos”. Afirmó que aún con estos “lamentables asesinatos, siempre o casi siempre» se detiene a los responsables.

Agregó que sus opositores han utilizado este tipo de casos para atacar a su gobierno y han querido generar la idea «de manera perversa» de que se dejó a la periodista sin protección, pero aseguró que el crimen «realmente nos duele».

El mandatario pidió proyectaran el video de la participación de Maldonado en 2019 en la conferencia mañanera y criticó que se haya sacado de contexto su intervención, pues hizo su denuncia y luego se le apoyó y ganó su laudo.

“¿Qué sucedió después? La atendió Jesús (Ramírez), ganó su laudo y el año pasado solicitó protección al Gobierno de Baja California y se le otorgó esa protección», afirmó. Añadió que Maldonado «no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del Gobierno federal”.

Sin embargo, dijo: «Nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos y por eso trabajamos todos los días».

El crimen de la comunicadora ha causado indignación en el gremio periodístico, por lo que diversas organizaciones han convocado este martes manifestaciones en diversas partes del país para exigir justicia por este y otros asesinatos y pedir un alto a la impunidad.

Maldonado es la segunda periodista asesinada en Tijuana en este 2022, después del fotoperiodista Margarito Martínez, quien el 17 de enero fue asesinato a tiros cuando subía a su vehículo en su casa en el barrio Camino Verde. Además, el 10 de enero asesinaron en Veracruz, al periodista José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, donde daba difusión a problemas de inseguridad y política.

Un juez federal ordenó esta tarde a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al encargado de la estrategia contra el COVID-19 en el país, el subsecretario Hugo López-Gatell, por posibles delitos de omisión en el manejo de la pandemia, informó este jueves el abogado que lleva el caso.

«El día de ayer (miércoles) el juez (…) determina que la Fiscalía General de la República tiene que investigar a fondo este asunto», dijo Javier Coello, el abogado que representa a los denunciantes en entrevista con Radio Fórmula.

El abogado detalló que la denuncia contra López-Gatell tiene su origen en el fallecimiento de familiares de dos de los trabajadores de su despacho legal, quienes perdieron la vida a consecuencia del COVID-19.

Parte del argumento legal es que el funcionario «tenía la obligación, el deber de cuidar, de prevenir todo esto que desde enero de 2020 se conoció y no lo hizo», explicó Coello, quien agregó que en la denuncia se narran lo que llamó «negligencias» de López-Gatell, entre ellas la prohibición a los hospitales privados de hacer pruebas para detectar COVID.

Recordemos que López-Gatell fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como responsable y vocero de la estrategia del gobierno federal para hacer frente a la pandemia. Durante su encargo, el funcionario se ha visto envuelto en varias polémicas que involucraron el uso de mascarillas, la necesidad de hacer pruebas masivas para detectar la enfermedad o el número real de muertos por la emergencia sanitaria.

México afronta en las últimas semanas un aumento alarmante en el número de contagios. En total, suman 4.4 millones de contagios y 302,112 fallecimientos.

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que el joven José Ravelo, presuntamente abusado y asesinado por policías de Mérida, Yucatán, fuera violado por policías y detalló que falleció debido a una neumonía.

«La investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal», indicó la FGR en un boletín.

Ravelo fue detenido el 21 de julio por policías de Yucatán y, tras el arresto, pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en el ano, según denunció entonces su madre, María Ravelo.

Por dichos hecho, cuatro agentes fueron arrestados; sin embargo, el 13 de agosto quedaron libres porque el juez afirmó que no había pruebas suficientes. Fue en ese momento que la FGR atrajo el caso.

La FGR compartió que el 18 de agosto de 2021 la madre del joven presentó una denuncia ante dicha institución y se inició la investigación por la probable comisión del delito de tortura.

«A partir de ese momento, la Fiscalía recabó más de 50 testimoniales; también realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y vídeo, e informática, entre otros); más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales», detalló el organismo.

Afirmó que también se analizaron las grabaciones en video de los hechos, desde la detención hasta la llegada a la cárcel y su estancia en el penal.

«Del análisis de todos los videos, no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Solo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto», detalló la Fiscalía.

Recordemos que a finales de agosto se realizó la exhumación del cadáver y la necropsia, en la que se concluyó que Ravelo «falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención». Aún así, la FGR detalló que sí existió «falsedad en dictámenes ministeriales».

«Por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales», continuó la Fiscalía.

Por último, la FGR explicó que continuarán las investigaciones respecto a una posible negligencia médica, por parte de médicos responsables del Hospital General del Estado.

A la brevedad del informe de la FGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) expresó su «extrañamiento ante las declaraciones conclusivas» hechas por la Fiscalía sobre el caso, ya que la investigación se encuentra en una fase preliminar no conclusiva.

La CEAV reclamó la falta de sensibilidad y el no haber avisado previamente a la familia, que aseguró haberse enterado a través de medios de comunicación.

«La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso», expuso la CEAV.

Por último, la CEAV exhortó a la Fiscalía a detallar las acciones penales que realizará en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales.

Tan pronto se conoció el informe de la FGR, las redes sociales explotaron en contra del Fiscal, Alejandro Gertz Manero, a quien acusan de no hacer bien su trabajo. Se ha insistido en la renuncia de titular de la FGR.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró fundado el recurso presentado por Morena en el cual acusó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León por no haber realizado una investigación completa de las infracciones denunciadas contra el excandidato postulado por la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza.

Por unanimidad de votos, con el voto concurrente del magistrado José Luis Vargas Valdez y el voto razonado del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia del Tribunal local y ordenó reabrir la investigación en contra del priísta.

Lo que se buscará es que las autoridades correspondientes recaben los elementos necesarios y emitan una nueva resolución que determine si se confirmará o no la infracción por haber entregado bienes y/o servicios a la ciudadanía durante la campaña electoral, específicamente por la entrega de tarjetas durante su campaña con la promesa de un depósito bimestral.

Recordemos que durante la pasada campaña electoral, Morena denunció a Adrián de la Garza  y a los partidos de la coalición que lo postularon, ya que consideró que las entregas de las tarjetas “Por ti mujer fuerte” y “Por ti en compañía” que prometían el depósito bimestral, incurrieron en infracciones en materia de propaganda electoral y uso del financiamiento público.

La sentencia, propuesta por el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, destacó que la prohibición de entregar bienes o servicios al electorado durante las campañas electorales busca garantizar que el voto de la ciudadanía sea libre, en especial el de aquellas personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad, así como impedir la comisión de malas prácticas electorales, como la formación de compromisos clientelares.

En ese sentido, el proyecto de sentencia aprobado estableció que las autoridades competentes para revisar las denuncias sobre distribución de tarjetas u otros materiales que ofrezcan o entreguen beneficios en caso de ganar una determinada candidatura, tienen el deber y la obligación de investigar exhaustivamente los hechos para demostrar si la propaganda electoral de Adrián de la Garza fue válida o formó parte de una estrategia de coacción del voto.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación del caso de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio en 1994, por violaciones graves a sus derechos humanos.

Además, la CNDH señaló violaciones a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso.

En un comunicado, la CNDH indicó que tras investigar el caso determinó que la tortura en contra de Aburto fue ejecutada por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y del Ministerio Público, desde la detención, en marzo de 1994, hasta las primeras diligencias ministeriales y en su traslado a la cárcel.

También se acreditó que personal médico y custodios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, «incurrieron en actos de tortura», además de que lo dejaron incomunicado y alejado de su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno.

«Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos; por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima», apuntó la Comisión.

La CNDH dijo que la nueva investigación tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas.

Recordemos que el 23 de marzo de 1994, Colosio encabezó un mitin en Tijuana y al bajar para saludar a la gente un hombre le puso un revólver cerca del oído y le disparó en la cabeza y en el abdomen, falleciendo menos de dos horas después en el hospital.

Si bien en aquel momento se detuvo al presunto asesino material, Mario Aburto, quien actualmente cumple condena en prisión, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.

Hace dos años, cuando el caso cumplió 25 años, la familia de Mario Aburto envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidiéndole que reabriera el caso. El 25 de marzo de 2019 López Obrador, anunció que había leído la carta y afirmó, en aquel momento, que se estaba evaluando reabrir el caso.