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Un juez Decidió ampliar hasta noviembre los plazos de investigación sobre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en los dos casos en los que está procesado, uno por recibir sobornos de Odebrecht y otro por la compraventa fraudulenta de La planta de Agronitrogenados.

Según informó el Consejo de la Judicatura Federal, el juez José Artemio Zúñiga prorrogó hasta el 3 de noviembre la investigación sobre el caso Odebrecht y hasta el 19 de noviembre la de la planta de fertilizantes.

La prórroga se debe a la necesidad de traducir varios documentos recibidos de Alemania, Brasil y Belice, informó la Judicatura.

Emilio Lozoya participó este viernes por videconferencia en ambas audiencias, mientras que su madre, Gilda Austin, y su hermana Gilda Susana Lozoya estuvieron en la del caso Odebrecht, en el que también están implicadas.

Recordemos que Lozoya fue arrestado el año pasado en España y extraditado a nuestro país, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, y de haber recibido un soborno para que Pemex comprara a la empresa Altos Hornos de México una planta de fertilizantes inservible a sobrecosto.

Tras su llegada a México, el excolaborador de Enrique Peña Nieto cerró un acuerdo con la justicia, por el que delató a diversos políticos, a cambio de afrontar su proceso en libertad. Acusó a Peña Nieto y a Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que aprobaran en 2014 la reforma energética.

Entre los señalados de haber recibido estos sobornos está el excandidato presidencial Ricardo Anaya. La Fiscalía acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos a cambio de su voto en la reforma.

Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, negó este viernes que se hayan congelado las cuentas bancarias de Anaya, como se sugirió en algunos medios y redes sociales.

«En este momento no (no han congelado cuentas bancarias), nosotros seguiremos trabajando en las investigaciones, porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia», comentó Nieto al participar en la plenaria de los Diputados de Morena.

Quien también se refirió al caso de Anaya, fue el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien participó en la plenaria de Morena en el Senado. Dijo que pese a lo que han hecho creer,  no se trata de un caso de una persona que haya recibido dinero o que haya votado en un sentido, sino de corrupción a nivel Estado para entregar bienes de la nación.

«Hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero y que votó en un sentido (…) es un caso de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir dinero, eso es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante», contestó Gertz Manero al ser cuestionado sobre el tema.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó parcialmente la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que declaró fundado el procedimiento EN contra de Movimiento Ciudadano (MC) y su candidato a la gubernatura en Nuevo León, Samuel García, por incumplir con la obligación de rechazar aportaciones de entes prohibidos.

El caso analizado por las y los magistrados se basó en que en el mes de abril y mayo los partidos Verde Ecologista de México y Acción Nacional presentaron tres quejas en contra de MC y su candidato a la gubernatura en Nuevo León por diversas infracciones en materia de fiscalización, entre ellas, recibir aportaciones de entes prohibidos, es decir, personas morales.

Sustentaron sus denuncias en una entrevista en la que Samuel García manifestó que tres familiares suyos realizarían aportaciones a su campaña.

Una vez desahogado el procedimiento, el Consejo General del INE determinó que quedaron acreditadas distintas aportaciones a MC por personas morales realizadas por conducto de los familiares del candidato a la gubernatura, por un monto total de 14 millones 026 mil 500 pesos. En consecuencia, al estar prohibida esta conducta en la normativa electoral, se sancionó a MC con una multa por 28 millones 053 mil 000 pesos, el 200% del valor involucrado.

Ante la Sala Superior, MC y Samuel García argumentaron que la Unidad Técnica de Fiscalización había sido omisa en requerir información de todos los involucrados, principalmente, de las personas morales y los familiares que hicieron las aportaciones.

Por ello, las magistradas y los magistrados revocaron la decisión del INE por lo que le devolvieron el asunto para que continuara con la investigación y emitiera una nueva resolución en el plazo de 15 días naturales.

Principalmente, determinaron que la resolución del procedimiento no fue exhaustiva en dos cuestiones. En primer lugar, razonaron que se acreditó una falta de debida diligencia en el ejercicio de sus facultades de investigación del INE al no haber requerido a todos los sujetos involucrados (familiares y personas morales).

En este sentido, advirtieron que la autoridad llegó a una conclusión sin haber conocido la versión de los hechos de todos los que supuestamente participaron en las aportaciones. En segundo término, concluyeron que el Consejo General del INE únicamente se pronunció sobre una parte del monto aportado y su destino a la campaña del candidato, pero no del total.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió este martes una carpeta de investigación por el delito de tortura en el caso de José Eduardo Ravelo, joven de 23 años presuntamente asesinado y violado por policías de Mérida, Yucatán.

La intervención de la FGR ocurre luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometiera justicia para el joven, y solicitara la intervención del gobierno federal.

La Fiscalía dijo que atendiendo a la relevancia y trascendencia del caso y a las diversas denuncias presentadas «ha determinado iniciar una carpeta de investigación, radicándola en la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura».

También pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán «la información respectiva para coordinarse con dichas autoridades en el esclarecimiento de los hechos señalados».

Además, indicó que personal pericial especializado y de investigación policial federal «se trasladará de inmediato a esa entidad para iniciar las diligencias que sean procedentes».

«Hoy le planteamos a la secretaria de Gobernación que busque otras vías, que si no interviene la Comisión de Derechos Humanos nosotros tenemos la obligación de intervenir y pedir a la FGR que abra una investigación y se finquen responsabilidades a las autoridades, no sólo a los policías, sino quienes están ahí protegiendo o queriendo evadir su responsabilidad», sostuvo ayer López Obrador.

Ravelo fue detenido el pasado 21 de julio por policías de Yucatán y tras el arresto pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres anales, según ha denunciado su madre, María Ravelo.

Pero el 13 de agosto cuatro agentes acusados quedaron libres porque el juez afirmó que no hay pruebas suficientes. Además, el alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha justificado la detención del joven, originario del estado de Veracruz, porque «estaba intoxicado» y por «alteración del orden pública».

China no puede aceptar el plan de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para retomar la segunda fase del estudio sobre los orígenes del COVID-19, afirmó el jueves un alto funcionario chino.

Zeng Yixin, viceministro de la Comisión Nacional de Salud, dijo que estaba «un tanto sorprendido» de que el plan incluya una mayor investigación de la hipótesis de que el virus pudo haberse filtrado de un laboratorio chino.

Dijo que la idea de la filtración es un rumor contrario al sentido común y la ciencia. «Es imposible para nosotros aceptar semejante plan del rastreo de los orígenes», dijo en una conferencia de prensa convocada para responder al tema de los orígenes del COVID-19.

La búsqueda del lugar de origen del virus se ha convertido en un asunto diplomático que ha acentuado el deterioro de las relaciones chinas con Estados Unidos y muchos de sus aliados. Washington y otros dicen que China no ha sido transparente acerca de lo que sucedió en los primeros días de la pandemia. China ha respondido que sus críticos tratan de echarle la culpa de la pandemia y politizar un asunto de carácter científico.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció la semana pasada que se dio un «impulso prematuro» al descartar la hipótesis de que el virus pudo haberse originado en un laboratorio del gobierno chino en Wuhan, la ciudad donde se detectó por primera vez el virus a finales de 2019.

La mayoría de los expertos consideran que la filtración no es la causa probable. La cuestión es si es una posibilidad tan remota que conviene descartarla o si merece un estudio más profundo.

La primera fase, meses atrás, estuvo a cargo de un equipo internacional de científicos que fueron a Wuhan a trabajar con sus colegas chinos. Se les acusó de ceder a los reclamos de la parte china al indicar que era innecesario seguir estudiando el asunto.

Zeng dijo que el laboratorio de Wuhan no tiene virus capaces de infectar directamente a seres humanos y destacó la conclusión del equipo de la OMS, de que la filtración era altamente improbable. Añadió que eran falsas las conjeturas de que el personal y estudiantes de posgrado en el laboratorio se habían contagiado accidentalmente y trasmitido el virus a la ciudad.

Yuan Zhiming, director del laboratorio de bioseguridad del Instituto de Virología de Wuhan, dijo que no habían almacenado ni estudiado el nuevo coronavirus antes del brote. «Quiero subrayar que… el Instituto de Virología de Wuhan nunca diseñó, fabricó ni filtró el nuevo coronavirus», dijo.

El equipo de la OMS llegó a la conclusión de que el virus probablemente pasó de animales a seres humanos, quizá de murciélagos a un animal intermedio. Los expertos visitaron mercados de Wuhan que vendían animales vivos y recomendaron un mayor estudio de los criaderos que abastecían los mercados.

«En el próximo paso, creo que el rastreo de los animales debería ser la orientación prioritaria. Es el campo más valioso para nuestros esfuerzos», dijo Liang Wannian, jefe de la parte china, en la conferencia de prensa de este jueves.

Tedros dijo la semana pasada que esperaba una mayor cooperación y acceso a los datos por parte de China. «Pedimos a China que sea transparente, abierta y que coopere sobre todo en la información, en los datos no procesados que pedimos en los primeros días de la pandemia.

Un exfuncionario del ministerio de justicia de Haití, Joseph Felix Badio, habría dado la orden de asesinar al presidente del país Jovenel Moïse, reveló este miércoles el director de la Policía de Colombia.

El general colombiano Jorge Luis Vargas señaló que, según una investigación del gobierno de Haití y la comisión integrada por la Dirección Nacional de Inteligencia y la policía colombiana junto a Interpol, Badio habría dado la orden tres días antes del asesinato.

También afirmó que las autoridades tienen datos sobre cómo se cometió el homicidio.

«Sabemos quiénes fueron las personas que entraron en el primer vehículo, cómo lo hicieron», dijo en un vídeo Vargas, quien sostuvo que Badio les dio la orden de asesinato a los exsoldados colombianos Duberney Capador y Germán Rivera, quienes inicialmente habían sido contactados para servicios de seguridad.

«Varios días antes, al parecer tres, Joseph Felix Badio, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, que laboró en la unidad de lucha contra la corrupción con el servicio general de inteligencia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití», agregó Vargas.

Recordemos que Moïse fue asesinado a tiros en su casa el pasado 7 de julio, que las autoridades haitianas arribuyen a un grupo armados de hombres que incluía a 26 colombianos y dos haitianos-estadounidenses.

Dieciocho colombianos fueron detenidos, entre ellos Rivera y otros tres murieron tras enfrentamientos con la policía local, incluido Capador.

Una fuente del gobierno de Estados Unidos había dicho que un comité del Senado investiga el entrenamiento por parte del Ejército de ese país de algunos de los colombianos detenidos.

En tanto, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, dijo que el gobierno enviará una misión consular a Haití tan pronto como lo apruebe el país, para reunirse con los colombianos detenidos, asegurar que se respeten sus derechos y seguir adelante con la repatriación de los restos de los fallecidos.

El ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que muy pocos de los exsoldados sabían sobre el plan de asesinato, pero dijo que los responsables deberán pagar el precio. «Sea quienes sean, vengan de donde vengan todas las consecuencias drásticas que este crimen debe tener», enfatizó.

Por su parte, familiares y colegas de algunos de los detenidos han afirmado que los sospechosos fueron contratados para trabajar como guardaespaldas y señalan que son inocentes del complot.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el pasado 14 de julio detectó una publicación en un foro dedicado a la comercialización de información obtenida de manera no autorizada, en el mercado negro, que hacía referencia a la venta de información presuntamente asociada al Padrón Electoral.

El hallazgo de dicha publicación se hizo a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), como parte de las medidas de prevención y monitoreo que realiza permanentemente el INE.

La autoridad electoral indicó que de la publicación encontrada, se observa que la estructura de los datos sospechosos sí puede corresponder con datos del Padrón Electoral.

«De manera preliminar y con la información con que se cuenta al momento, se identifica que el corte de la información no sería de 2021. Podría tratarse, en cambio, de un corte de información de 2018, cuya exposición se ha estado investigando desde abril de 2020», señaló el Instituto.

A raíz de las investigaciones, se indicó que se interpuso el pasado viernes 8 de mayo de 2020, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), una denuncia por hechos que podrían constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al Padrón.

El INE precisó que la denuncia presentada ante la FEDE representó el inicio de una investigación que deberá llegar a sus últimas consecuencias, incluyendo, de ser el caso, el ejercicio de las acciones penales que tengan lugar.

El Instituto también dio vista al Órgano Interno de Control del INE, a la Unidad Técnica de lo Contencioso y a la Dirección Ejecutiva de Administración para que procedan conforme a sus atribuciones, investiguen y, en su caso, se finque responsabilidad administrativa, electoral o laboral, respectivamente.

La empresa israelí NSO Group calificó este lunes de «endeble» la investigación que implica a su software ‘Pegasus’ en el espionaje de activistas, políticos, empresarios y nombres destacados, entre los que se menciona distintos casos en México.

Y es que una investigación del diario The Washington Post reveló este fin de semana una lista de 50,000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software espía ‘Pegasus’ de la empresa israelí.

Según la investigación, al menos 37 contactos, fueron infiltrados con el programa de software, y este habría alcanzado a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de países como México, India, Hungría y Marruecos.

1,000 contactos habrían sido identificados, entre ellos, 65 altos cargos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos, incluidos jefes de Estado y de gobierno.

En el listado de teléfonos espiados con ‘Pegasus’ presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y a la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul. También están periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, ‘The New York Times’, ‘The Wall Street Journal’, Bloomberg, ‘Le Monde’, ‘Financial Times’ o Al Yazira.

La investigación está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.

El software ‘Pegasus’ de NSO se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.

El programa de espionaje se instala cuando el usuario da click en un enlace desde su teléfono y sirve para recopilar correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto. En ocasiones se puede instalar sin el enlace, según The Washington Post, que indicó que se revelará más información en los tres próximos días.

El análisis que se realizó, se indicó que el mayor número, 15,000, estaban en México y pertenecían a políticos, periodistas y sindicalistas, entre otros.

Al respecto, el diario británico The Guardian, asegura que al menos 50 personas cercanas al presidente López Obrador, incluyendo su esposa e hijos, aparecen en la lista de números a los que se espió. La lista incluye a colaboradores e incluso a un médico de AMLO, pero también a políticos de todos los partidos, periodistas, activistas, diplomáticos, académicos y hasta sacerdotes.

El mes pasado NSO publicó su primer Informe Anual de Transparencia y Responsabilidad, en el que asegura que sus productos son utilizados por los estados para frustrar atentados terroristas de envergadura y desmantelar organizaciones del narcotráfico.

Recordemos que NSO ya protagonizó un escándalo en 2019 por el uso de sus equipos para espiar a periodistas, disidentes y activistas en varios países, tras lo cual se comprometió a respetar los Derechos Humanos e impedir el uso de sus productos para estos fines.

Además, NSO ha sido demanda por la empresa estadounidense de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Facebook, que asegura que se utilizó ‘Pegasus’ contra 1,400 usuarios en 2019 durante un periodo de dos semanas. La empresa israelí niega la acusación y asegura que son sus clientes estatales los que son responsables en última instancia por el uso de esta tecnología.

Al respecto, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) han denunciado este lunes el uso ‘Pegasus’ para «atacar» de forma «abusiva» a periodistas y activistas, por lo que han instado a proteger y respetar los Derechos Humanos.

En un comunicado, la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, señaló que, tras una serie de investigaciones, ha quedado al descubierto que el software es «el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a
periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas», ha aseverado.

«Estas revelaciones echan por tierra cualquier afirmación de NSO de que tales ataques son poco frecuentes y obedecen a un uso fraudulento de su tecnología», precisó antes de matizar que «aunque la empresa afirma que su software espía sólo se utiliza en investigaciones penales y de terrorismo legítimas, está claro que su tecnología facilita la comisión de abusos sistemáticos».

Hasta el momento, la investigación ha identificado al menos a 180 periodistas de 20 países que fueron seleccionados como posibles objetivos de ataques con el software espía de NSO entre 2016 y junio de 2021.

NSO Group rechazó la información obtenida por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, y difundida ayer por The Washington Post.

«Los editores decidieron seguir adelante con esta historia, incluso después de que quedó claro que sus fuentes no identificadas los habían engañado, probablemente intencionalmente», dijo la empresa en un comunicado publicado ayer.

Aclaró que los gobiernos o agencias de seguridad que usaron ‘Pegasus’ para infiltrar los teléfonos de periodistas, activistas y otros políticos habrían supuestamente violado la licencia de uso creada. La compañía aseguró que «continuará investigando todas las denuncias creíbles de uso indebido y tomará las medidas adecuadas en función de los resultados de estas investigaciones» lo que incluye «apagar el sistema de un cliente».

‘Pegasus’ fue diseñado para perseguir a criminales y terroristas y está restringido a un número limitado de gobiernos y agencias gubernamentales.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, demandó a las instancias correspondientes investigar todas las irregularidades cometidas por Irma Eréndira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues dijo, no se le puede ni debe sustituir sin más para que goce de completa impunidad.

Acusó que la exfuncionaria incumplió todas las obligaciones previstas para la dependencia en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como la de inspeccionar el buen ejercicio del gasto público, y en cambio se dedicó a encubrir la corrupción en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Verónica Juárez Piña sostuvo que la exfuncionaria y su familia habrían sido partícipes de esa corrupción, como lo señalan diversa notas publicadas recientemente en medios de comunicación, que apunta a una acumulación inexplicable de bienes raíces en los últimos años

«Irma Eréndira Sandoval literalmente hizo nada para prevenir y evitar cualquier malversación de fondos en las compras y contrataciones de bienes y servicios por parte del gobierno y, por el contrario, cerró los ojos ante las adjudicaciones directas de más del 80% que se realizaron en los dos años y medio que lleva la actual gestión», aseveró la perredista.

A reserva de formalizar su solicitud, Juárez Piña exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a revisar exhaustivamente la gestión de Sandoval, en tanto a las nuevas autoridades de la SFP y a las instancias hacendarias y ministeriales les pidió investigar su declaración patrimonial.

«Sandoval Ballesteros deja la SFP habiendo incumplido claramente los principios de legalidad, transparencia y debida rendición de cuentas a los que estaba obligada a promover como parte del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización», insistió.

Por su parte la senadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, indicó que con más pena que gloria se va Sandoval Ballesteros de la Secretaría de la Función Pública, pues contrario a realizar su tarea de combatir la corrupción solapó casos entro e la 4T que aún siguen impunes.

“Casos como los de Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara o la entrega de contratos millonarios a familiares y amigos de funcionarios federales han quedado sin castigo alguno, sin ninguna sanción”, señaló la legisladora.

Gálvez Ruiz aclaró que a pesar de que la transparencia fue una de las principales promesas de este gobierno, existe una gran opacidad en la actual administración, pues coincidió con lo expuesto por la perredista al recordar que cerca del 80% de los contratos que se han asignado, han sido por invitación restringida o asignación directa.

«No, señor Presidente, Irma Eréndira no cumplió cabalmente. No señora Irma Eréndira, no se vaya contenta, será recordada como la secretaria que exculpó a Manuel Bartlett de posibles fraudes», aseveró.

La senadora panista recordó que durante estos años, ha presentado diversas denuncias ante la Función Pública sin que éstas hayan sido atendidas, pues no ha recibido ningún respuesta; en ese sentido, hizo votos porque el nuevo titular, Roberto Salcedo Aquino, atienda sus denuncias.

Xóchitl Gálvez pidió al nuevo titular de la SFP mano dura para castigar la corrupción, “aunque se trate de la de casa”.

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados propuso al Congreso la creación de un grupo de trabajo que investigue la actuación del subsecretario Hugo López-Gatell al frente del combate a la pandemia del COVID-19 y, de ser el caso, fincarle las responsabilidades legales correspondientes.

Por medio de punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, los legisladores del PRD consideraron un rotundo fracaso la actuación del subsecretario, lo cual se reflejó en un «contagio masivo, pérdida de miles de vidas, cierre de empresas, desempleo y mayor pobreza en todo el país».

El PRD lamentó el ambiente festivo con el cual López-Gatell dio por terminadas las conferencias de prensa vespertinas en las que informaba a la población sobre la evolución de la pandemia y las medidas para prevenir sus daños.

La bancada señaló que, debido a las medidas aconsejadas por el doctor López Gatell, el país perdió más de 12 millones de empleos, casi 10 millones de mexicanas y mexicanos pasaron a la pobreza, mientras que un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (20.8% del total nacional) cerraron de manera definitiva y el 86.6% de las restantes tuvo una afectación por la pandemia.

“Los datos no son resultado de la desgracia o de una catástrofe inevitable. El gobierno quedó rebasado y durante toda la pandemia trató de minimizar sus efectos (…) desde un principio encomendó a un funcionario de segundo nivel el control total de las decisiones de política de salud pública y de comunicación ante la pandemia”, afirmó.

Agregó que, contrario a lo que dicta la Constitución, las acciones de contención de la emergencia sanitaria no estuvieron a cargo del Consejo de Salubridad General, ni siquiera del secretario de Salud, sino de López-Gatell, quien actuó al margen de la legalidad, la ciencia y la técnica para complacer a las ocurrencias del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo cierto es que el gran epidemiólogo no acertó a ninguna de sus previsiones, entre otras razones porque ni él mismo cumplía sus propias recomendaciones de ‘quedarse en casa’, como se evidenció cuando, en plena pandemia, se fue de vacaciones a playas de Oaxaca», agregaron los diputados.

Acusó que movido por ambiciones políticas y protagonismo, López-Gatell dejó que el COVID-19 rebasara al sistema salud, Y prefirió ver cómo se incrementaban cifras que él mismo daba sobre los contagios y los decesos, en vez de dar un viraje en la política sanitaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta tarde que, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), recibió numerosas denuncias contra los influencers que difundieron mensajes a favor del Partido Verde durante la veda electoral.

En ese sentido, la Fiscalía Electoral confirmó que ha iniciado las investigaciones correspondientes de los mensajes difundidos, que remarcó, han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación y han tenido gran eco en las redes sociales.

Recordemos que  el pasado fin de semana, a unas cuantas horas de que iniciara la jornada electoral, el PVEM recurrió a la misma estrategia que en 2015, cuando contrató a diversas figuras públicas para que a través de sus redes sociales emitieran mensaje a favor del partido.

Aunque ninguno de los involucrados ha aceptado que sus posteos formaron parte de una campaña pagada por el partido, se ha señalado que el pago habría sido de mínimo 10 mil pesos, aunque la pago aumentó en relación al número de seguidores de cada cuenta.

Entre los influencers que compartieron este tipo de contenidos figuran: Paulina Hernández, Lambda García, Romina Marcos, Karla Díaz, Isabel Madow, Pau Vargas, Raúl Araiza, Sherlyn González, Gabriel Soto, Brandon Peniche, Nabile Guerra, Ana Claudia Cabrera, Paulina Hernández, AlexXxStrecci, entre otros.

Fue justo el domingo 6 de junio, día de la elección, que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Verde retirar de las redes sociales la campaña, pues dijo, existió una acción concertada o planeada con un fin específico: difundir y apoyar las propuestas políticas del Partido Verde.

Fue así que el INE determinó que el PVEM incumplió la veda electoral, que prohíbe hacer campaña durante el período de reflexión. Paralelamente ordenó a los influencers que «suspendieran de forma inmediata la difusión de los mensajes alusivos al PVEM» y se exigió a Facebook retirar las publicaciones denunciadas en un plazo máximo de tres horas.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Partido Verde se refirió a los hechos como un «apoyo de simpatizantes», evitando responder a los señalamientos de que todo se trató de una campaña pagada desde el partido.

«Se hace una atenta invitación a nuestro simpatizantes y, en especial a nuestros seguidores en redes sociales, incluidos aquellos de Instagram, a evitar cualquier mensaje de apoyo al Partido Verde durante la Jornada Electoral», dijo la dirigencia del partido.

Después de la medida cautelar para suspender los mensajes, el INE informó que abrió una investigación en contra de 95 influencers, que difundieron dichos mensajes.

Hoy actualizó que tras iniciar la investigación, actualmente se encuentra en el proceso de integración del expediente,  que involucra al Partido y a las agencias de publicidad.  Así, serían dos las carpetas de inestigación que habría respecto al tema, la del INE y la de la FISEL.

El INE señaló que las partes involucradas serán citados para desahogar pruebas y alegatos, para que una vez que esté listo el expediente se remita a la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  (TEPJF) para su resolución.

Enfatizó que será el TEPJF quien determinará si existieron infracciones, y en su caso, impondrán las sanciones correspondientes.

Al corte de las 16 horas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ha iniciado un total de 15 carpetas de investigación por diversos hechos en el marco de la jornada electoral de este 06 de junio.

Del total de carpetas de investigación, dos corresponden a Coyoacán, una de ellas recibida por denuncia digital; dos a Tlalpan; y cuatro a Venustiano Carranza; siete provienen de Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Xochimilco, Milpa Alta, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, con una por cada alcaldía.

Adicional, la Fiscalía ha brindado 235 asesorías telefónicas a las ciudadanas y los ciudadanos que recurrieron al centro de llamadas que se habilitó.

Se informó que se habilitaron 50 Módulos de Atención Oportuna, estratégicamente distribuidos en las agencias del Ministerio Público de la Ciudad; cada uno de dichos Módulos es operado por agentes del Ministerio Público y Oficiales Secretarios. Por su parte la Policía de Investigación comisionó a dos mil 500 agentes para la jornada electoral.

Particularmente, el despliegue en campo de la Policía de Investigación es de 673 patrullas y 893 agentes, más la presencia preventiva con patrullajes del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) en zonas como Cuajimalpa y Milpa Alta.

«Esta Fiscalía protege el voto ciudadano con plena autonomía para garantizar elecciones libres de coacción y libres de violencia, bajo la convicción de que en la democracia no existe lugar para la compra del voto ni para la comisión de actos que alteren la voluntad de la ciudadanía», indicó la FGJCDMX.

El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, lamentó hoy que la investigación de los orígenes del coronavirus causante de la COVID-19 «se vea envenenada por la política», esto luego de que Estados Unidos aumentara las presiones para que continúen y se aceleren los estudios.

«Nos gustaría que todos separaran, si pueden, la política de la ciencia», afirmó el experto irlandés, quien se quejó de que en los últimos días se están «viendo discursos en los medios con muy pocas noticias o evidencias verdaderas».

Todo país es libre de defender sus propias teorías sobre el origen, aseguró Ryan, pero advirtió que para trabajar se necesita espacio y la actual situación coloca a la OMS en una posición imposible a la hora de buscar respuestas.

Recordemos que el presidente de EUA, Joe Biden, ha pedido esta semana que se investiguen en un plazo de 90 días los orígenes del coronavirus, utilizando si fuera necesario datos recabados por la inteligencia estadounidense o los de otros países.

Ello ha resucitado la teoría de que el coronavirus pudo originarse en un laboratorio virológico de Wuhan, la ciudad central china donde se dieron los primeros casos de COVID a finales de 2019, pese a que los expertos de la misión de la OMS a China subrayaron a principios de este año que esa hipótesis era la menos probable.

Tras su viaje al país asiático, que encontró numerosos obstáculos burocráticos por parte de China, esos expertos concluyeron que la hipótesis más probable del origen del coronavirus era un animal salvaje aún no confirmado, del que se transmitió al ser humano mediante una o más especies intermedias.

Ryan aseguró hoy que la OMS y los Estados miembros están barajando a diferentes expertos para participar en la siguiente fase de investigación de los orígenes del coronavirus, pero en contraste con los 90 días exigidos por Biden señaló que «va a requerir muchas misiones dilucidarlos, si es que alguna vez se consigue».

El director de emergencias recordó que la OMS mantiene todas las teorías sobre la mesa, pese a que algunas se consideren más probables que otras, pero aseguró que para estudiarlas se necesita «una atmósfera positiva, un proceso movido por la solidaridad».

«La política dificulta las cosas, dejemos que los científicos sigan trabajando», agregó la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María van Kerkhove, quien pidió a todos que gestionen correctamente sus expectativas en la espinosa cuestión de los orígenes del coronavirus.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el asesinato de Alma Rosa Barragán Santiago, candidata a la alcaldía del municipio de Moroleón, Guanajuato, por el partido Movimiento Ciudadano; dijo que ya se investiga el caso en coordinación con el gobierno estatal.

“Es muy lamentable lo de ayer. Nuestro pésame a los familiares. Es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral», expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Barragán fue atacada a balazos ayer por la tarde mientras se encontraba en un evento de campaña. La candidata murió en el lugar y otras dos personas resultaron heridas.

El presidente aseguró que este ataque proviene de «gente que quiere generar inestabilidad» y afirmó que son personas relacionadas con la delincuencia organizada.

Recordó que Guanajuato es un estado donde hay mucha confrontación «lamentablemente entre grupos», y apuntó que están colaborado con las autoridades estatales en la investigación y van a seguir brindando protección a los candidatos que lo pidan.

Agregó que estos «lamentables» delitos deben ser atendidos por las autoridades estatales pues «son (delitos) del fueron común», puntualizó. «En este caso es el gobierno de Guanajuato el que lleva la investigación»; añadió que ya existe alguna información sobre el asesinato, aunque no ofreció mayores detalles.

Insistió en que este tipo de crímenes pretenden atemorizar a la sociedad para que no salga a votar, por ello, destacó que toda la gente debe participar a en los comicios del próximo 6 de junio.

El ataque de Barragán ocurrió en la misma ciudad en donde hace ocho días el candidato a diputado local por la coalición PRI-PRD, Juan Guzmán Ramírez, sufrió un ataque a balazos, pero sobrevivió.

Barragán es la tercera candidata asesinada en este proceso electoral en Guanajuato, estado que desde 2018 concentra la mayor cantidad de homicidios cometidos en México.

La primera víctima fue Juan Antonio Acosta Cano, quien era precandidato del PAN a la alcaldía de Juventino Rosas y fue asesinado el 12 de enero mientras se ejercitaba en las calles de dicho municipio. Posteriormente, Alejandro Galicia Juárez, candidato a regidor por el PRD en el municipio de Apaseo El Grande, murió en un ataque a balazos, en el cual también quedó herido el delegado municipal del partido, Juan Ignacio de la Cruz.

Recordemos también que el pasado 13 de mayo, Abel Murrieta, exprocurador de justicia del estado de Sonora y candidato a la alcaldía de Cajeme, quien militaba en el mismo partido que Barragán, fue asesinado en un acto de campaña.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Guanajuato son ocho los candidatos, seis hombres y dos mujeres, los que hasta ahora han solicitado alguna medida de seguridad personal por sentir que su integridad está en riesgo.

Según la consultora Etellekt, al menos 88 políticos han sido asesinados durante la actual contienda electoral, 34 de los cuales eran aspirantes o candidatos. De los 34 aspirantes y candidatos asesinados, 29 pretendían competir por puestos del ámbito municipal (alcaldías, regidurías y sindicaturas); de estos el 89% eran personas opositoras a los alcaldes que gobiernan en los municipios que buscaban gobernar o representar.

Otros cuatro aspirantes y candidatos asesinados se postulaban por diputaciones estatales, todos eran opositores a los gobiernos estatales. Mientras que una víctima restante era un aspirante a una diputación federal, también opositora al gobierno federal.

Varios países, entre ellos Estados Unidos, solicitaron este martes a la OMS una investigación más profunda sobre los orígenes del COVID-19, luego de que la primera misión a China plantease más preguntas que respuestas.

Estos llamados fueron realizados en el marco de la 74ª Asamblea Mundial de la Salud, que reúne desde ayer a los 194 miembros de la OMS.

La primera fase del estudio se realizó a principios de año en la región de Wuhan, China, considerada cuna de la pandemia, conjuntamente por científicos internacionales y chinos, en un contexto de sospecha de falta de independencia con respecto a Pekín, acusada obstaculizar la misión, al tardar meses antes de aceptar recibir a expertos extranjeros.

Fue el representante de Estados Unidos, Jeremy Konyndyk, quien destacó a importancia de contar con «una investigación sólida, completa y dirigida por expertos sobre los orígenes del COVID-19». «Es importante que preparemos la fase 2 del estudio de los orígenes para que tenga éxito», sostuvo Konyndyk, «no se trata de señalar responsables».

Otros países, incluidos Australia, Japón y Portugal, expresaron posiciones similares.

Recordemos que a finales de marzo, los expertos concluyeron que la transmisión a humanos por un animal intermedio es una hipótesis «muy probable» y afirmaron que un incidente de laboratorio, una tesis fuertemente defendida por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue siendo «extremadamente improbable».

Los expertos recomiendan continuar investigando la hipótesis principal, pero también otras, salvo la que afirma que el virus se escapó de un laboratorio en Wuhan.

Esta propuesta causó mucho revuelo. Y, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rectificó rápidamente y afirmó que todas las hipótesis quedan sobre la mesa, y criticó la falta de acceso a los datos chinos.

El jefe de la delegación internacional de científicos que realizó el estudio, Peter Ben Embarek, afirmó que en China, como en otras partes, ciertos datos no pueden compartirse por razones de privacidad, y que hizo esfuerzos en pos de una solución que permitiese acceder a los datos «en la fase 2 del estudio».

Determinar cómo el virus, que ha provocado más de 3.4 millones de muertes en todo el planeta, se transmitió al ser humano es considerado clave para intentar impedir una próxima pandemia.

Pero, por ahora, la OMS no puede investigar por sí misma en un país. Varias naciones y expertos han pedido que la agencia se beneficie de amplios poderes para enviar rápidamente expertos en casos de crisis, pero esta propuesta no figura en el proyecto de resolución para fortalecer a la OMS, que se adoptará esta semana.

Los países decidirían durante la asamblea postergar hasta noviembre el inicio de negociaciones sobre un tratado sobre pandemias, útil apoyado por la OMS y varios países, como Francia y Alemania.

Una destacada científica de la misión COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud a China dijo que un viaje de seguimiento podría ser útil para recopilar investigaciones adicionales sobre los orígenes de la enfermedad, pero que debería estar separado de cualquier auditoría de la información proporcionada por Beijing.

Las discusiones sobre el brote obtuvieron una renovada atención esta semana a medida que las agencias de inteligencia de Estados Unidos examinan los informes de que los investigadores de un laboratorio de virología chino en Wuhan estaban gravemente enfermos en 2019, un mes antes de que se informaran los primeros casos de COVID-19.

Fuentes del gobierno estadounidense han dicho que todavía no hay pruebas de que la enfermedad se haya originado en el laboratorio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este martes que apoya la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) inició por la supuesta compra de votos y uso ilícito de recursos contra los dos candidatos punteros para la gubernatura de Nuevo León.

«Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación contra dos candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Que lo denuncie porque es un delito electoral», dijo el presidente en su conferencia matutina.

Y es que ayer, la Fiscalía anunció que investiga a los candidatos de Movimiento Ciudadano y del PRI, Samuel García y Adrián de la Garza, quienes lideran las encuestas, incluso por encima del panista Fernando Larrazabal, y de Clara Luz Flores de Morena, quien ha sido desplazada hasta el cuarto sitio cuando al inicio de la campaña se encontraba en primer lugar. .

Samuel García está señalado por usar recursos de origen ilícito con fines electorales mientras que a De la Garza se le investiga por supuesta compra de votos.

Cuestionado el presidente sobre si está detrás de la investigación, AMLO respondió que sí. «¿Cómo no voy a tener que ver? Claro que sí»; recordó que en días pasados señaló, durante una de sus conferencias, al priista De la Garza por repartir supuestas tarjetas a cambio del voto.

«Un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra del voto encubierta y descarada. Que investigue la Fiscalía y se aplique la ley. Es delito grave el fraude electoral», dijo López Obrador.

“Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude», añadió el presidente, asegurando que él no se callará como lo hacen Reforma y EL Norte.

Sobre la denuncia contra Samuel García, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende del gobierno, López Obrador dijo que estaba enterado y que este organismo tiene la consigna de que «todo lo que pueda significar un delito lo tienen que enviar a la Fiscalía».

Preguntado sobre si no le preocupa que el INE lo vaya a sancionar por seguir interviniendo en temas electorales pese a la veda que existe debido al desarrollo de las campañas, AMLO aseguró que no pues «es mi obligación denunciar el fraude, es un mal que aqueja a la nación el fraude electoral».

A través de un video publicado en sus redes sociales, Adrián de la Garza aseguró que la investigación que inició en su contra la FGR confirma la persecución política de la que ha sido víctima, indicando que el motivo es por su intención de «proteger a las mujeres», en referencia a la tarjeta que está entregando y que es el motivo de las denuncias que ha recibido.

El priísta aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene cinco días atacándolo pues va arriba en las encuestas. Cuestionó cuándo se ha visto que ataquen a alguien que no es puntero.

Además, insistió en su señalamiento de que Samuel García es el candidato al que ahora apoyan desde Palacio Nacional, situación que él ha expuesto. «La denuncia contra Samuel García es una simulación», aseguró De la Garza; afirmó que al final del día, al abanderado de MC no le harán nada.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha recibido informes sobre once casos de trombosis con trombocitopenia tras la vacunación con Pfizer y dos tras el uso de Moderna en el Espacio Económico Europeo (EEE), integrado por la UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein..

De acuerdo a una fuente que habló con la agencia Efe,  si bien se han informado algunos casos de coagulación de sangre con un nivel bajo de plaquetas, cuando se observan en el contexto de la exposición de las personas a las vacunadas, estas cifras son «extremadamente bajas y no generan preocupación” como para iniciar una investigación específica del riesgo de desarrollar trombos con estos dos preparados.

No obstante, añadió la fuente, la EMA está monitoreando de cerca los casos notificados después del uso de las vacunas de la COVID-19 Comirnaty (nombre comercial de la vacuna de Pfizer/BioNTech) y de la Moderna, aunque considera en este momento que «no hay señales de alarma» sobre el riesgo de coagulación sanguínea con estas vacunas.

En el caso de Pfizer, se han notificado hasta el pasado 13 de abril un total de once casos de trombosis con trombocitopenia en el Espacio Económico Europeo, donde se han administrado alrededor de 60 millones de dosis de esta vacuna.

Mientras tanto, se han inyectado más de 5 millones de dosis de Moderna y solo se han notificado dos casos de trombosis con trombocitopenia.

A modo de comparación, con Vaxzevria, nombre comercial de la vacuna de AstraZeneca, se habían notificado 142 casos de trombosis con trombocitopenia en el EEE hasta el 13 de abril y se habían administrado más de 17 millones de dosis.

A nivel mundial, ascienden a más de 300 los casos registrados por la red europea de procesamiento de datos sobre reacciones adversas de medicamentos en el EEE, en los que los vacunados contra la COVID-19 desarrollaron coagulación sanguínea y un nivel bajo de plaquetas, lo que, incluyendo los casos europeos, divide la cifra total entre 25 casos registrados con Pfizer y 5 con Moderna, además de los 287 con AstraZeneca y 8 con Janssen.

“La EMA y los Estados miembros de la UE continuarán monitoreando y evaluando cualquier información nueva, incluidos los informes sobre presuntos efectos secundarios, relacionada con todas las vacunas del COVID-19, y tomarán medidas cuando sea necesario para proteger la salud pública”, advirtió la agencia, que, de momento, mantiene su respaldo científico a la seguridad de todas las vacunas autorizadas en territorio comunitario.

Recordemos que el comité de seguridad (PRAC) de la EMA, con sede en Ámsterdam, tuvo que abrir dos investigaciones separadas sobre el riesgo de coagulación sanguínea con las vacunas de AstraZeneca y Janssen, y concluyó que existe un “posible vínculo” entre varios casos notificados de tromboembolismos y la vacunación con estos preparados, y decidió añadir una anotación de este posible efecto secundario inusual en el prospecto de las vacunas.