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Un panel de seguridad de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este miércoles que considera que los beneficios de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca superan sus riesgos y recomienda que continúen las vacunaciones.

Y es que aunque la OMS incluyó la vacuna elaborada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford para uso de emergencia el mes pasado, cerca de 20 países suspendieron o detuvieron el uso de la vacuna en medio de preocupaciones.

«La vacunación contra el Covid-19 no reducirá las enfermedades o muertes por otras causas. Se sabe que los eventos tromboembólicos ocurren con frecuencia y, de hecho, el tromboembolismo venoso es la tercera enfermedad cardiovascular más común a nivel mundial», señaló la OMS.

La Organización aseguró que es habitual que en las campañas de vacunación los países señalen posibles eventos adversos después de la inmunización, lo que «no necesariamente significa» que los eventos estén relacionados con la vacunación en sí, aunque «es una buena práctica investigarlos».

Resaltó que la notificación de los eventos adversos también muestra que el sistema de vigilancia funciona y que existen controles efectivos.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) informó ayer que está investigando informes de 30 casos de trastornos sanguíneos inusuales de un total de 5 millones de receptores de la vacuna de AstraZeneca. En total, se han administrado 45 millones de inyecciones contra el COVID en toda la región.

El regulador de la Unión Europea dará a conocer sus hallazgos mañana, pero su directora, Emer Cooke, dijo que no ve ninguna razón para cambiar su recomendación de AstraZeneca, una de las cuatro vacunas que ha aprobado para su uso.

Kate O’Brien, directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, dijo que su panel de seguridad de vacunas está evaluando si eventos adversos como los coágulos de sangre están realmente relacionados con la vacunación.

«No debemos sobreinterpretar estos números específicos que surgen de los ensayos. Son vacunas altamente efectivas, son vacunas que salvan vidas, son vacunas seguras y debemos continuar con su implementación», sostuvo O’Brien en conferencia de prensa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este lunes al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigar al juez que concedió una suspensión en contra de la Ley a la Industria Eléctrica, que fue aprobada y promulgada la semana pasada.

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A través de una carta dirigida a Arturo Zaldívar, también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el mandatario solicitó que se investigue a Juan Pablo Gómez Fierro, quien el pasado jueves detuvo la reforma eléctrica, a un día de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

«De manera respetuosa le solicito que el consejo que usted preside, determine e informe si a la autoridad judicial le correspondía aplicar la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso», dice la carta según leyó López Obrador en su conferencia matutina.

El presidente aseguró que en la suspensión de la reforma participan personas y empresas que estuvieron alineadas «con el antiguo régimen» y que tenían como «modus operandi» la corrupción y el influyentismo.

Agregó que esos intereses cuentan con el apoyo de la prensa «pro-empresarial nacional y extranjera» a quienes acusó de haber conformado un llamado buró jurídico para oponerse a obras y acciones políticas que el gobierno ha emprendido para llevar a cabo la transformación del país.

«Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio», agregó el mandatario leyendo la misiva.

Señaló que sería «lamentable» que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigan permitiendo el abuso y prepotencia en nombre del estado de derecho.

López Obrador afirmó que respeta el derecho de amparo y la independencia del poder judicial, pero recalcó que ejercerá sus facultades como presidente y libertades como ciudadano y «no callaré ante el pillaje y la injusticia».

Previó a la lectura de la carta, López Obrador cuestionó la rapidez con la que se resolvió el amparo pues dijo hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos; denuncia que en el caso de la reforma eléctrica «fue vía rápida».

Recordemos que fue el jueves pasado cuando el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendió de manera provisional los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al conceder amparos de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió «todos los efectos» de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.

También ordenó revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Tras el amparo, López Obrador acusó a los jueces de la SCJN de estar al servicio de las empresas extranjeras y privadas.

El sábado pasado Zaldívar respondió a las acusaciones del presidente mexicano y aseguró que «los jueces federales actúan con independencia y autonomía» y aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), «garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad».

Aseveró que los fallos de la SCJN «pueden ser recurridos», sin embargo, aclaró que deben ser respetados «bajo la óptica de la independencia judicial».

El viernes pasado, Elías Montesinos Sánchez, diputado suplente en el Congreso de la Ciudad de México por Morena, fue detenido y presentado ante un juez de control en el Reclusorio Sur, derivado de una investigación en su contra por el delito de violencia familiar.

El suplente del diputado local Eduardo Santillán, quien busca ser el alcalde de Álvaro Obregón, es acusado por su expareja sentimental quien ha denunciado que es víctima de violencia desde 2015; en los últimos dos años solicitó la ayuda de las autoridades a través de tres distintas denuncias.

Sin embargo, fue hasta el pasado viernes que elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) actuaron y procedieron a su detención.

La denunciante acusa omisión por parte de las autoridades en torno a las denuncias que ha presentado en contra de Montesinos Sánchez, debido a los distintos puesto que ha ocupado su agresor, tales como Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia en la Asamblea Legislativa; Coordinador de asesores de la entonces llamada Procuraduría General de Justicia local y actualmente, Secretario De la Sala Constitucional del Poder Judicial.

«Es una persona que ejercía la violencia, aventaba cosas, me gritaba, cuando íbamos en su vehículo aceleraba y se pasaba los topes, los altos, me decía que ahí nos íbamos a morir (…) después empezó a escalar. Un día, pues… fue tanto su enojo que me soltó un primer golpe, me decía que me iba a matar», relató la denunciante según recoge el diario Reforma.

Y aunque por meses aguantó la violencia que vivía, fue en 2019 cuando la volvió a golpear que decidió presentar la primer denuncia; debido a presiones que el presunto agresor ejerció, la víctima otorgó el perdón para que el caso no continuara su curso ante el Ministerio Público.

La segunda carpeta que existe en contra de Montesinos Sánchez se abrió el año pasado, pues estando en el centro de trabajo de su expareja, el diputado suplente la golpeó de nueva cuenta. La tercera denuncia que se presentó fue a inicios de mes, por la que el morenista fue presentado ante un juez.

«Por la reincidencia se le podía dictar la prisión preventiva justificada como medida cautelar, pero el MP fue omiso en pedirla y no la quiso pedir, por ende lo dejaron en libertad», dijo la expareja del Diputado suplente.

Se espera que sea este miércoles cuando se lleve a cabo la audiencia inicial contra Montesinos, donde el juez definirá si le vincula a proceso.

La Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer este viernes los resultados de los estudios periciales que se realizaron con motivo del incendio registrado en una de las instalaciones centrales del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

María Seberina Ortega señaló que el incendio se originó en la Planta Baja del edificio, específicamente en el Transformador denominado “TA-1”, el cual fue causado por un corto circuito en sus componentes, es decir, que se trató de un accidente fortuito y no previsible.

Aclaró que, con motivo de dicho incendio, se iniciaron dos carpetas de investigación. La primera, en la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, con motivo del fallecimiento de una mujer, integrante de la Policía Bancaria e Industrial, quien sufrió una caída por la que perdió la vida; la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.

La segunda carpeta se inició en la agencia del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, con motivo de los daños causados en el inmueble, derivados del incendio.

Indicó que para la integración de los dictámenes correspondientes, se contó con la participación de un equipo multidisciplinario de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, integrado por expertos en 11 diferentes especialidades.

«Fue causado por un corto circuito en sus componentes. Fue fortuito y no se trató de un hecho previsible», dijo Manuel Izquierdo Plata, Director de Criminalística, encargado de explicar la labor de cada uno de los expertos que participaron en los trabajos y las conclusiones que se alcanzaron.

Añadió que en menos de 15 minutos, el área del transformador “TA-1” se encontraba completamente incendiada, lo que provocó temperaturas entre mil y mil quinientos grados centígrados, lo que provocó que se expandiera rápidamente el incendio.

Resaltaron que si bien el edificio contaba con un sistema de supresión de incendios que funciona con base al uso de CO2 o bióxido de carbono, el cual sofoca el incendio al desplazar el oxígeno, dicho sistema, localizado en Planta Baja, operó durante el siniestro, pero dada la velocidad de la propagación del fuego y con una de sus puertas abiertas, favoreció a la propagación.

Recordemos que el pasado sábado 9 de enero, al rededor de las 05:25 horas, el Puesto Central de Control, IPCC1 que se ubica en la calle de Delicias, número 67, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, se incendió, provocando la muerte de la policía, y dejara sin operación a las líneas 1, 2,3, 4, 5 y 6 del Metro.

El vehículo Perseverance aterrizó en Marte este jueves tras superar con éxito los «siete minutos de terror» que implicaron atravesar la delgada atmósfera del planeta rojo y descender en la superficie rocosa del cráter Jezero, confirmó la NASA.

El Perseverance es el laboratorio de astrobiología más avanzado jamás enviado a otro mundo, y es su primera parada en la búsqueda de rastros de antigua vida microbiana en el Planeta Rojo.

Los responsables de la misión, quienes se encontraban en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, cerca de Los Ángeles, rompieron en aplausos y porras cuando las señales de radio confirmaron que el rover de seis ruedas había superado el peligroso descenso y había llegado a su objetivo.

El descenso autoguiado y el amartizaje de la nave durante una compleja serie de maniobras que la NASA bautizó como «los siete minutos de terror», se convierte en la hazaña más elaborada y desafiante en los anales de los vuelos espaciales robóticos.

El amartizaje representó la parte más arriesgada de un esfuerzo de dos años y 2,700 millones de dólares cuyo objetivo principal es buscar posibles rastros fósiles de microbios que pudieran haber florecido en Marte hace unos 3,000 millones de años, cuando el cuarto planeta en distancia del sol era más cálido, húmedo y potencialmente hospitalario para la vida.

Los científicos esperan encontrar biofirmas incrustadas en las muestras de sedimentos antiguos que Perseverance podría extraer de las rocas marcianas para su futuro análisis en la Tierra, las primeras muestras de este tipo recogidas por la humanidad en otro planeta.

Está previsto que dos misiones posteriores a Marte recuperen las muestras y las devuelvan a la NASA en la próxima década. Lo sucedido el jueves supuso un triunfo para Estados Unidos.

El vehículo robótico navegó por el espacio durante casi siete meses, recorriendo 472 millones de kilómetros antes de atravesar la atmósfera marciana a 19,000 kilómetros por hora para iniciar su aproximación a la superficie del planeta.

Cinco minutos después de aterrizar en Marte, Perseverance se encontraba ya listo para iniciar su exploración luego de enviar la primera imagen de la superficie marciana que registra, después publicada en la cuenta oficial en Twitter del robot acompañado del mensaje: «Hola Mundo. Mi primer vistazo al que será mi hogar para siempre».

 

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche de ayer, que luego de analizar y llevar a cabo las dirigencias necesarias, así como analizar las pruebas presentadas por las partes, concluyó, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), no ejercer acción penal en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La FGR recordó que desde el año 2013, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de las autoridades mexicanas, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba a Cienfuegos Zepeda.

Apuntó que la DEA continuó con la investigación durante la administración del presidente López Obrador, sin que tampoco se haya informado a las autoridades mexicanas del caso.

Fue así que el pasado 15 de octubre, agentes de la DEA detuvieron al exfuncionario mexicano en el aeropuerto de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso, por delitos contra la salud y lavado de dinero. Sin embargo, tras el reclamo del gobierno mexicano, cinco semanas después de haber sido detenido, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le solicitó a la Jueza que conoció del caso desestimar los cargos; el 18 de noviembre de 2020, el General Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas, al Ministerio Público de nuestro país.

Durante el tiempo que estuvo detenido el General, y después de haber sido informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas, para poder iniciar su propia investigación.

Fue el 9 de enero de este año, que Cienfuegos Zepeda conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la FGR, teniendo acceso a todo el expediente, como correspondía a la fase procesal.

La Fiscalía indicó que el extitular de la Sedena aportó sus elementos de prueba, paralelamente a que la Fiscalía llevaba a cabo las acciones necesarias para recabar las evidencias necesarias.

«Se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso», indicó la FGR a través de un comunicado.

Finalizó indicando que del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no se encontró ningún dato o señal de que el exfuncionario obtuviera ingresos de forma ilegal o incrementara su patrimonio de forma irregular.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde acciones penales contra exfuncionarios y políticos señalados por el exjefe de Pemex, Emilio Lozoya, en distintos episodios de corrupción.

«La próxima semana se judicializará (la denuncia de Lozoya) en contra de quién o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes», dijo la fiscalía en un comunicado.

La dependencia agregó que la audiencia intermedia en el caso de Lozoya será fijada por el juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaria del caso, fijado para el 7 de marzo de este año.

Lozoya, actualmente sometido a un proceso judicial por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, señaló en agosto a expresidentes y políticos, principalmente del PAN, de participar en hechos de corrupción.

Recordemos que en agosto pasado, cuando presentó su denuncia ante la Fiscalía, el exdirector de Pemex dijo que por instrucciones del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda y canciller, Luis Videgaray, entregó sobornos a legisladores para que aprobaran reformas estructurales, entre ellas la energética.

Lozoya dijo en una declaración que fue filtrada a la prensa que los entonces senadores del PAN Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de los estados de Tamaulipas y Querétaro, recibieron sobornos, aunque ambos negaron las acusaciones.

Lozoya dijo también que entregó poco más de seis millones de pesos al excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya. El exfuncionario señaló también que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se dieron condiciones ventajosas a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para la construcción de una planta petroquímica. Varios de los señalados negaron cualquier comportamiento indebido.

La comunicación de la FGR llega luego de que esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicara que la Fiscalía ya estaba llevando mucho tiempo en las averiguaciones y pidió que se informara sobre el caso.

«Coincido en que ya ha transcurrido mucho tiempo, aunque también imagino que se están haciendo bien las cosas, se están presentando las pruebas ante el Poder Judicial», dijo el mandatario.

La Fiscalía añadió, en cuanto a las medidas cautelares que se impusieron a Lozoya Austin (colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte), que hasta el día de hoy no ha reportado que haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial.

El hijo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter, informó esta tarde que es objeto de una investigación federal en el estado de Delaware sobre su situación fiscal.

«Me tomo esto muy en serio y confío en que una evaluación profesional y objetiva demostrará que he manejado mis asuntos de manera legal y adecuada», dijo el hijo del demócrata en un comunicado.

En el mismo escrito, el equipo de transición de Biden aseguró que el presidente electo «está extremadamente orgulloso de su hijo, quien ha tenido que enfrentar terribles desafíos, incluidos viles ataques personales de los últimos meses, solo para salir fortalecido».

Recordemos que el presidente Donald Trump acusó durante la campaña electoral a la familia Biden de ser una «empresa criminal», señalando particularmente los asuntos de Hunter Biden en Ucrania y China cuando su padre era vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017.

El mandatario acusa a Joe Biden de haber logrado la destitución de un fiscal ucraniano para proteger a una empresa de gas investigada por corrupción llamada Burisma, en la que su hijo Hunter era miembro de la junta directiva.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que desde el año pasado, el director de Pemex, Octavio Romero, le alertó sobre un posible conflicto de intereses, en relación a su prima Felipa Guadalupe Obrador Olan, a lo que dio instrucciones de que no se otorgaran dichos contratos.

Sin embargo, dijo que su prima se asoció con otras empresas, en las que  no aparece como la representante, y decide participar en otras licitaciones y fue la forma en que se adjudicaron los contratos que el periodista Carlos Loret de Mola reveló tenían relación con Felipa Obrador.

Según AMLO, «Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato o los contratos estos».

Añadió que de nueva cuenta, el director de Pemex  le informó sobre lo ocurrido por lo que le ordenó actuar de conformidad con la ley, y verificar la situación de dichos contratos, ya que aseguró que su gobierno ni él son «iguales» a los viejos políticos.

«Aunque se trate de familiares, no va a haber corrupción, no va a haber influyentismo, nada que afecte la transformación de México. López Obrador reconoció que Pemex debió tener cuidado al adjudicar esos contratos.

El presidente dijo que tiene la tranquilidad de que cuando le plantearon lo que estaba pasando con los contratos, respondió indicando que eso no podría pasar, lo que le da «tranquilidad de conciencia, porque no soy corrupto».

Recriminó que sus adversario se esfuerzan por encontrar algo que haya hecho mal, aunque dijo que por más que le busquen, no le encontrarán nada pues nunca le ha interesado el dinero.

Y es que el medio Latinus, que encabeza Loret de Mola, reveló que Felipa Obrador tenía contratos con Pemex por un valor de más de365 millones de pesos a través de la empresa Litoral Laboratorios Industriales.

Al respecto, Pemex informó el fin de semana que procedió a rescindir todos los contratos en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales SA de CV participara directamente o en conjunto con otras empresas. Además anunció que  se realizará una investigación sobre cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó Obrador Olán, con el propósito de deslindar responsabilidades y dictaminar las consecuencias que deriven de la inobservancia a las instrucciones del presidente de la República.

En su comunicación, Pemex arremetió contra los medios, que al publicar la información sobre la prima del presidente, dijo, «responden a una clara intención de dañar la reputación del gobierno. Desdeñan avances significativos y magnifican escándalos».
Expresó a la ciudadanía que no hay ni habrá intención alguna de encubrimiento al interior de Pemex. «El sello de este gobierno es la honestidad, por lo que en Pemex redoblaremos esfuerzos para cerrar las ventanas a acciones irregulares o sospechas de malos manejos. Por eso actuamos con transparencia y así seguiremos procediendo».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este miércoles que aunque no habrá impunidad en el caso del general Salvador Cienfuegos, ahora que regresará en las próximas horas a nuestro país, tampoco se va a permitir que se fabriquen delitos.

«Tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas, y nadie, ninguna persona, puede ser víctima de una injusticia», declaró el mandatario.

Precisó que la intervención diplomática que se suscitó en torno al caso del exsecretario de la Defensa Nacional se hubiera hecho en caso de haber sido cualquier otra persona, cualquier otro mexicano, pues lo que se dejó en claro es que no se permitirá ninguna injusticia.

López Obrador sostuvo que Estados Unidos entendió muy bien que México es un país libre, independiente, soberano.

El presidente precisó que la intervención diplomática que hubo, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard no fue a a cambio de impunidad, encubrimiento o subordinación política.

En ese sentido reafirmó que las cosas han cambiado en México, por lo que se siga pensando que los procedimientos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las autoridades de México ya no corresponden a la nueva realidad.

«No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie, nos quedamos con la idea, además, porque los gobiernos no supieron actuar a la altura de las circunstancias, nos quedamos con la idea de que lo de afuera era lo cierto, lo justo y todo lo de México, lo de nuestro país era corrupción, impunidad, Estado de chueco, no de derecho. Eso ya pasó».

Dijo que ahora hay moralidad en el gobierno, por lo que ahora el caso del general Salvador Cienfuegos se va a seguir en nuestro país, y será la Fiscalía General de la República (FGR), una autoridad competente y recta, quien continúe con la investigación que ya se inició.

AMLO llamó a tener confianza en la justicia mexicana, en la FGR, que dijo, actuará con apego a la legalidad y sin influyentismo.

Fue en ese momento cuando preguntó por qué tenerle confianza a un juez, a un fiscal en Estados Unidos y no tenerle confianza en esta nueva etapa a un juez, a un fiscal en México. «Vamos a que hablen los hechos, vamos a esperar».

Perú se encuentra en la incertidumbre sin presidente ni jefe del Congreso, mientras el Tribunal Constitucional se apresta a dictar un tardío fallo sobre un recurso del destituido presidente Martín Vizcarra que puede generar nuevas controversias.

El Congreso peruano tiene previsto sesionar la tarde de este lunes para tratar de escoger a un nuevo mandatario que reemplace a Manuel Merino, una semana después de destituir al popular Vizcarra por «incapacidad moral» y desatar la peor crisis política en dos décadas en el país.

Tras las dimisiones el domingo de Merino y del jefe del Congreso, Luis Valdez, Perú se quedó sin titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, con un gabinete ministerial que también renunció dos días después de ser juramentado y con un Estado virtualmente paralizado.

Recordemos que Merino renunció cinco días después de haber asumido la presidencia tras multitudinarias protestas en su contra, que fueron duramente reprimidas por la policía, con un saldo de dos muertos y un centenar de heridos.

Ayer, los jefes de las nueve bancadas habían consensuado elegir a la parlamentaria izquierdista Rocío Silva Santisteban como nueva presidenta de Perú, sin embargo no consiguió los votos necesarios para ser ratificada por sus colegas.

El centrista Partido Morado, el único que se opuso en bloque a la destitución de Vizcarra, promueve ahora a su parlamentario Francisco Sagasti como candidato a presidente, pero se ignora si contará con los votos para ser ratificado por el Congreso.

En tanto, Manuel Merino y varios miembros de su gobierno serán investigados de manera preliminar por la comisión de delitos en el contexto de violación a los derechos humanos, según informó este lunes la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

En un comunicado, la máxima responsable del Ministerio Público anunció que Merino, expresidente de la República y congresista; su primer ministro aún en funciones, Ántero Flores-Aráoz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, también en funciones, serán investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones leves y graves y desaparición forzada.

Estos delitos, según la tesis fiscal, se habrían cometido en un contexto de acciones para violar los derechos humanos, lo que según la ley peruana constituye un agravante que entre otras cosas impide la prescripción de los delitos. También abre la posibilidad de establecer una «cadena de mando» en la represión que causó las muertes, habilitando una condena al expresidente o sus ministros si se demuestra que hubo órdenes para la represión u omisiones para prevenirla.

La investigación abordará la represión dirigida por el gobierno de Merino a las movilizaciones ciudadanas que se sucedieron de forma ininterrumpida desde que asumiera la presidencia. Esa represión dejó un saldo de dos jóvenes asesinados por disparo de arma de fuego, casi un centenar de heridos y decenas de desaparecidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre la manifestación de un grupo de mujeres que la tarde de ayer protestaban por el asesinato de una mujer, y que fue dispersada con disparos por parte de la policía de Cancún, Quintana Roo.

Según reportes no oficiales, el resultado fue un número indeterminado de lesionados, entre ellos un periodista que resultó herido de bala.

Tanto el gobernador del estado, Carlos Joaquín, como la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, condenaron los actos violentos que calificaron de «lamentables» y de los que ambos responsabilizaron a la policía.

Joaquín González aseguró que la orden de dispersar a los manifestantes la dio el director de la policía local, mientras Lezama sostuvo que el Ayuntamiento «no tiene a su cargo elementos de policía».

«Lo que procede es que el gobernador indague y aclare lo que sucedido», declaró el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Indicó que se debe de actuar sin contemplaciones. «No se debe utilizar la fuerza, utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos», precisó el mandatario.

Al respecto, el gobierno federal emitió un comunicado a medianoche en el que, además de pedir una investigación, informó que un periodista fue agredido físicamente por policías y que otro resultó herido «por impacto de arma de fuego y personas defensoras de derechos humanos habrían resultado lesionadas».

La marcha fue convocada después de que la fiscalía anunció el hallazgo en Cancún del cadáver de una mujer de 20 años que había sido reportada como desaparecida unos días antes.

Un video publicado por la Red de Periodistas de Quintana Roo mostró a unos 100 manifestantes en el Ayuntamiento el lunes por la noche, algunos de los cuales estaban derribando una barrera en la entrada. En el video se escuchan los disparos mientras la gente corre.

La alcaldesa dijo en un video en su cuenta de Twitter que los agentes municipales están a cargo del gobierno estatal por lo que anunció que interpondrá denuncias penales «contra los elementos policiacos que actuaron de manera indebida, ilegal e inmoral».

Según el gobernador, la alcaldesa es la única que tiene capacidad para destituir al director de la policía local, Eduardo Santamaria, a quien señaló como la persona que «dio la instrucción de disparar al aire para dispersar a los manifestantes». No obstante, dijo que había ordenado al secretario de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella que «no hubiera ningún tipo de violencia o agresión en contra de los manifestantes».

A través de su cuenta de Twitter, Capella dijo que «no hay policías estatales que hayan intervenido en ese vergonzoso hecho».

El presidente Donald Trump ha pedido este martes al fiscal general William Barr, que investigue a Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente y candidato a la Presidencia, Joe Biden, a tan solo dos semanas de las elecciones.

Trump, que ha matizado que «hay que conseguir que el fiscal general actúe», ha expresado que su deseo es que la información obtenida en el marco de la pesquisa sea difundida antes de los comicios.

En una entrevista con la cadena de televisión Fox News, el magnate neoyorquino ha citado informaciones del ‘New York Post’ sobre los negocios del hijo de Biden y ha instado a Barr a «actuar lo más rápido posible» y que nombre a alguien para ello.

«Se trata de un gran caso de corrupción y esto tiene que saberse  antes de las elecciones», ha manifestado Trump sin entrar en más detalles.

Sus palabras suponen un acto de presión sin precedentes sobre un miembro de su propio Gabinete para lograr la apertura de una investigación contra un miembro de la familia de su rival político.

Recordemos que los legisladores republicanos ya habían pedido a Barr que nombrara un fiscal especial para investigar las acusaciones que pesan contra Hunter Biden, según informaciones del diario ‘The Hill’.

Y es que lo reportado por el New York Post señalan que el hijo de Biden habría ayudado a gestionar una reunión entre un ejecutivo de la empresa gasística ucraniana Burisma y su padre cuando éste era el ‘número dos’ de Barack Obama.

Esta versión ha sido contrapuesta por la campaña de Biden, que ha asegurado que esa reunión no aparece en el calendario oficial del ex vicepresidente. Así, el FBI estaría investigando si el artículo, que cita diferentes correos electrónicos hallados en un portátil, está ligado con una operación de Inteligencia rusa.

El presidente estadounidense lamentó ayer durante un mitin que Barr no haya abierto aún una pesquisa contra Biden y ha sugerido que no lo ha hecho porque es un «hombre simpático y muy justo».

Foto: Twitter

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió este jueves el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para decidir si se investiga, y en su caso se enjuicia, a los expresidentes de México.

El proyecto propone declarar inconstitucional la consulta, ya que atenta contra los derechos humanos y sus garantías.

«Esta Suprema Corte considera que el objeto de la consulta popular propuesta es inconstitucional porque su sustancia e implementación, por sí mismas, de celebrarse, tendrían un efecto de restricción de los derechos humanos y sus garantías, pues sujeta a la decisión de las mayorías los derechos de las víctimas u ofendidas por los delitos señalados en la petición y rompe con el sistema de protección de los derechos humanos de todas las personas en México».

La SCJN indicó que tras haber recibido la solicitud de la consulta por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se admitió a trámite, la cual se turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

La Corte indicó que era competente para conocer y resolver la revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

En un principio, se señaló que dada la relevancia que tienen este tipo de ejercicios, se prevé que, en términos generales, la consulta popular es válida para cualquier tema que sea coherente con el sistema constitucional y democrático

Sin embargo, al analizar la petición del presidente López Obrador, se resolvió que la petición consiste en consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes (Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones), investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud.

Ante ello, se resolvió que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos, y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad.

En su explicación, la SCJN señala que la consulta se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios, consistente en que la consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección.

Añade que la consulta es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso.

En ese sentido, el proyecto afirma que las autoridades se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona, sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona.

Indica además que la consulta es inconstitucional, porque en el hipotético caso en el que se realizara y se obtuviera una respuesta en contra de realizar las investigaciones e imponer las sanciones correspondientes, el efecto sería una especie de perdón o amnistía por todos los presuntos delitos que pudieran haberse cometido, antes, durante y después de las gestiones de los expresidentes.

Advierten que se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que Ricardo Anaya está siendo investigado en relación al caso Odebrecht.

Nieto Castillo señaló que el panista es investigado luego de que se le mencionara, entre un total de 70 personas, por presuntamente estar implicadas en la red de sobornos que la empresa brasileña pagó en México.

El funcionario indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determinará si el ex candidato presidencial es llamada a comparecer.

“La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre (Ricardo Anaya), aparece ahí”, dijo Santiago Nieto en el marco de la firma de un convenio entre la UIF y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El colaborador del gobierno federal adelantó que la UIF está preparando una nueva denuncia contra Emilio Lozoya; así, sumarían seis las denuncias que se han interpuesto. La que en breve se presentará es, detalló Nieto Castillo, por un contrato de 3 mil millones de pesos que se entregó a Odebrecht.

“Estamos preparando una sexta, que tiene que ver con la contratación de 3 mil millones de pesos de parte Pemex a Odebrecht, que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasmas en un mecanismo muy similar al que conocimos en la Estafa Maestra, en Sedesol”, explicó el funcionario.

La confirmación de Santiago Nieto llega un día después de que el ex candidato presidencial anunciara su regreso a la vida pública nacional.

Anaya indicó que ante el desastre que se vive en el país con el gobierno de López Obrador, era necesario «estar presente». Dijo que más allá de estar criticando al gobierno, la oposición debía proponer sobre cómo corregir el rumbo, y presentar a la ciudadanía un camino que sea viable y así convencerlos de que sí se pueden hacer las cosas de otra manera.

En su video, Anaya vaticinó que los ataques desde el gobierno federal en su contra podrían incrementarse, aunque les restó importancia.

Sobre el anuncio de Anaya, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, respondió asegurando que las declaraciones del panista están llenas de errores, falsedades y mala fe.

“Esa calva (…) está hueca de ideas y de principios”, dijo el morenista luego de afirmar que aunque en un principio Anaya es alguien que convence, no tarda en quitarse la máscara y dejarse ver como es realmente.

El diputado aseguró que tal como lo ha dicho el presidente López Obrador, Morena no ha roto ni un solo vidrio, por lo que pidió al panista no «empezar» a levantar la mano con amenazas, sobre todo considerando que él se encuentra bajo la «mira de la justicia».

Muñoz Ledo afirmó que Anaya decidió regresar a la vida pública para poder tener poder, y así, seguir haciendo dinero, pues señaló, «a ti lo que te gusta es el dinero».

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tachó de «inaceptable» la supuesta esterilización forzada de migrantes mexicanas y de otros países en Estados Unidos, y previó «sanciones» si se confirman estos hechos.

«Es algo inaceptable que rechazamos de antemano aún sin tener toda la información confirmada», expresó el canciller al intervenir en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ebrard informó que el servicio consular de México en Estados Unidos ya se ha entrevistada con «seis (mujeres) de las que potencialmente podrían haber estado sujetas a este procedimiento», y añadió que esta semana seguirá contactando a otras posibles víctimas.

«Incluso en Estados Unidos hay toda una reacción importante de muchas organizaciones y esto tiene que esclarecerse. Si se confirma, es un asunto mayúsculo y debe no solo sancionarse sino tomar otras medidas», expresó el canciller.

Sin embargo, el secretario prefirió no «adelantar» la respuesta de México hasta tener toda la información. Ayer, el presidente López Obrador abrió la puerta a denunciar a Estados Unidos por estos hechos.

«Hay un asunto que estamos atendiendo sobre un caso de mujeres que todavía tenemos abierta la investigación; es el único tema que podría, todavía no está suficientemente investigado, llevar a una denuncia de parte de México hacia el Gobierno de Estados Unidos», expresó el mandatario.

Recordemos que el pasado 17 de septiembre, la SRE informó que los consulados mexicanos en Atlanta, Georgia y El Paso en Texas están investigando «una serie de histerectomías no autorizadas en mujeres hispanohablantes» en centros de detención migratoria en Irwin, Georgia y El Paso.

El gobierno mexicano pidió a Estados Unidos «información detallada» sobre la extracción del útero a estas mujeres, que fue denunciada por activistas estadounidenses.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por su parte, anunció la semana pasada que abrirá una pesquisa independiente sobre las denuncias de histerectomías en el Centro de Detención de Irwin.