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Dieciséis militares fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco hombres , presuntos integrantes del crimen organizado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un incidente ocurrido el 18 de mayo y captado por cámaras de seguridad.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo en un comunicado este fin de semana, que por decisión de un juzgado castrense, los elementos fueron arrestados el pasado 8 de junio por “presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar”.

A los 16 militares se les dictó prisión preventiva que cumplirán en el Campo Militar Número 1-A de la Ciudad de México, dijo la Sedena sin precisar el rango de los detenidos ni los cargos que podrían enfrentar.

La dependencia indicó que estas acciones son independientes a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar las responsabilidades correspondientes.

El asesinato de los cinco hombres en Nuevo Laredo se dio a conocer luego que Univisión y el diario español El País difundieron imágenes de lo ocurrido.

En el video de la cámara de seguridad a la que tuvieron acceso los medios, muestra el momento en el que una camioneta negra se estrella a toda velocidad contra un muro, en una aparente persecución. Poco después llega un vehículo militar con torreta artillada y choca contra la camioneta bloqueando las puertas delantera y trasera del lado derecho.

Tras disparar hacia las ruedas de la camioneta, los militares van sacando uno a uno a los cinco ocupantes de la camioneta, entre ellos el conductor, al que empujan y aparentemente golpean y patean en el suelo. También se ve que los militares retiran fusiles de grueso calibre del interior de la camioneta de los perseguidos. Los cinco hombres son arrastrados hasta un muro.

En otra toma se observa a los militares que se cubren detrás de la camioneta, comienzan a disparar hacia una zona con maleza próxima la calle para repeler un supuesto ataque, del cual no se presentó alguna evidencia.

“Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la semana pasado, luego de conocerse el video.

El caso avivó los cuestionamientos que diferentes organizaciones han mantenido contra el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad en el país.

López Obrador, quien ha defendido que las fuerzas armadas sigan en labores de seguridad pública, insistió en que bajo su gobierno no se permitirán abusos contra los derechos humanos y prometió que los responsables de los hechos de Nuevo Laredo serán llevados ante la justicia.

El mandatario sostiene que los militares son necesarios para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país. Durante su sexenio, López Obrador ha dejado en manos de los militares proyectos claves de su gobierno como el Tren Maya, el AIFA y otros aeropuertos, así como la gestión de las aduanas, la distribución de vacunas, y las labores de seguridad pública.

Una Corte de España inició una investigación judicial este viernes por las acusaciones de crimen de odio perpetradas por tres personas que fueron arrestadas esta semana por proferir insultos racistas durante un partido contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.

Vinícius fue objeto de insultos racistas durante el encuentro del domingo pasado en el Estadio Mestalla en Valencia, en donde se impuso una sanción de cerrar parte de sus gradas en los próximos cinco encuentros.

El jugador de origen brasileño ha sido objeto de comentarios similares toda la temporada.

Una corte de Valencia indicó en un comunicado que le pedirán en algún momento su testimonio a Vinícius a través de videoconferencia.

El juez también le pidió al club Valencia que identifique a los guardias de seguridad del partido para que posiblemente testifiquen y que mantengan el material audiovisual del duelo a partir del minuto 72 para estudiarlo.

Sin embargo, mientras la Corte confirma la investigación judicial, el Comité de Apelación de la Federación Española (RFEF) rebajó de cinco a tres partidos el cierre parcial del estadio de Mestalla, tras estimar en parte un recurso presentado por el Valencia.

El Valencia había apelado la decisión del Comité de Competición, órgano disciplinario de la RFEF, de cerrar durante cinco partidos la denominada grada Kempes del estadio de Mestalla.

El Comité de Apelación, que ya había rechazado el jueves suspender cautelarmente la sanción impuesta por Competición, admitió rebajar la sanción al club valencianista, según una resolución hecha pública este viernes.

La apelación considera que “no se puede exonerar al Club (Valencia) al ser correcta la tipificación y no existir una disposición de medidas suficientemente intensa (para atajar los insultos)”.

Pero, “creemos que no se tuvieron suficientemente en cuenta” por el Comité de Competición las medidas tomadas por el club ‘che’ durante el encuentro para evitar lo ocurrido.

De esta manera, el Comité de Apelación rebajó de cinco a tres partidos el cierre parcial del estadio de Mestalla, que debería empezar a aplicarse el domingo en el encuentro que el Valencia disputará contra el domingo contra el Espanyol en la penúltima jornada del torneo.

Apelación también rebajó la multa aplicada al Valencia de 45,000 euros a 27,000 euros.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que mantiene abierta una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema de espionaje, Pegasus en 2014, por parte de la Agencia de Investigación Criminal dirigida por Tomás Zerón.

Recordemos que Tomás Zerón es acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la FGR, esta sistema habría sido adquirido para uso de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, hoy recluido por su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Las carpetas incluyen delitos por peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades.

Todos ellos en contra de Zerón; Judith Aracely Gómez, exoficial mayor; Vidal Diazleal, exjefe de la Policía Federal Ministerial, y de Rigoberto “G”, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

La FGR indicó que el monto de la operación ilegal fue por 460 millones de pesos.

Además, explicó que es “un sistema que no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”.

La aclaración se da en medio de señalamientos al Ejército por una presunta estructura secreta de espionaje que usa el software Pegasus para interferir en investigaciones relacionadas con activistas que denuncian violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. La investigación es denominada “Ejército espía”.

La FGR también detalló que a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) ha solicitado la celebración de la audiencia inicial hasta en tres ocasiones ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y espera respuesta.

“Esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus” realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso, de lo cual se ha informado oportunamente”, aclaró la FGR.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se refirió a Tomás Zerón, extitular de la AIC, pues pidió al gobierno de Israel su extradición, ya que también se le involucra con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar, a Tomás Zerón, que está demostrado que participó en la fabricación de delitos, de tortura”, dijo el mandatario.

Anteriormente, la FGR también había informado que perseguía una segunda línea de investigación por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos con esta misma tecnología.

El fiscal especial John Durham concluyó que el FBI no tuvo que haber lanzado una investigación sobre la supuesta vinculación de la campaña del expresidente Donald Trump y Rusia, en las elecciones de 2016.

Esto se conoce al revelarse un informe publicado este lunes tras una indagación que se prolongó por cuatro años.

En el reporte, de más de 300 páginas, Durham indicó que el FBI empleó información de Inteligencia “no corroborada, sin procesar ni analizar” para lanzar pesquisas sobre el equipo de campaña de Trump y sus posibles lazos con Rusia.

Recordemos que Durham fue designado en 2019 por el entonces secretario de Justicia, William Barr, durante el mandato de Trump para que examinara la investigación previa llevada a cabo por la agencia federal sobre los presuntos vínculos entre el equipo electoral del republicano y Moscú.

El fiscal especial argumenta que, tras revisar la investigación del FBI y otras actividades de Inteligencia, ha concluido que “el Departamento (de Justicia) y el FBI fracasaron a la hora de cumplir su misión de fidelidad estricta con la ley, en conexión con ciertos eventos y actividades descritos en este informe”.

Durham señala en el texto que responsables del FBI mostraron “una ausencia grave” de rigor analítico en el tratamiento de la información que recibieron, especialmente la relacionada con personas y entidades con afiliaciones políticas.

En suma, el manejo por parte del FBI de varios aspectos clave en este caso fue “gravemente deficiente”, de acuerdo al fiscal especial, quien consideró que este fracaso a la hora de cumplir con su responsabilidad hacia el público causó un “daño severo” a la reputación de la agencia.

En su momento, Barr abrió esta investigación tras la insistencia de Trump en que su campaña había sido objeto de espionaje antes de las elecciones de 2016 por parte de la inteligencia estadounidense, bajo las órdenes del entonces presidente, Barack Obama.

De esta forma, el Departamento de Justicia se investigó a sí mismo, ya que ese supuesto espionaje lo habría llevado a cabo el FBI, agencia con la que Trump fue muy crítico desde su llegada al poder.

Trump pretendía llegar a la raíz que originó la investigación sobre la llamada “trama rusa” liderada por Robert Mueller, que le atormentó durante los dos primeros años de su Presidencia y que finalizó en marzo de 2019 con la conclusión de que ni él ni nadie de su entorno trabajó con el Kremlin para ganar los comicios de 2016.

En un comunicado, el FBI aseguró este lunes que su cúpula “ya ha aplicado decenas de acciones correctivas, que llevan en marcha desde hace tiempo” en respuesta a los comportamientos denunciados por Durham.

Con fuertes críticas de México, Argentina y Bolivia, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes la continuidad de su secretario general, Luis Almagro, después de que una investigación externa reveló que actuó sin sentido común ni buen juicio al mantener una relación amorosa con una empleada más joven.

En una acalorada sesión extraordinaria que dejó al descubierto las diferencias entre los Estados miembros, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución pocos días después de que una firma de abogados entregó el reporte de la investigación.

Dicho análisis también concluyó que Almagro no violó las normativas en lo referente a sus obligaciones de supervisión, incrementos salariales, intimidación, viajes o conflictos de interés con la mujer.

La resolución, que era específicamente sobre el reporte de la investigación, no fue sometida a votación. Su aprobación, que era esperada, da continuidad al liderazgo del uruguayo que llegó al secretariado de la OEA en 2015.

Almagro ha manifestado que en todo momento actuó con “la máxima transparencia y poniendo por delante los intereses de la Organización y respetando sus normas”.

La investigación fue ordenada por la OEA después de que la agencia The Associated Press (AP) reveló en octubre de 2022 que Almagro, de 59 años, sostuvo una relación con una colaboradora mexicana 20 años más joven que él.

El romance, que duró cerca de cuatro años, era un secreto a voces y generó la impresión, tanto dentro como fuera de la OEA, de que la empleada recibía un trato preferencial de parte del secretario general de la organización con sede en Washington.

El reporte indicó que Almagro sabía esto y sin embargo no tomó medidas para impedir que esa percepción siguiera. Indicó, no obstante, que no la había beneficiado con aumentos de sueldos o ascensos.

La investigación se focalizó solamente en la relación de Almagro con la mujer, que está de licencia y AP no identifica a pedido de la OEA.

Un grupo de legisladores estadounidenses pidió recientemente una investigación más extensa alegando que existen fuertes sospechas de otras conductas inapropiadas del secretario general en el ejercicio de sus funciones.

El único país que dijo abiertamente que no apoyaba la resolución fue El Salvador, al considerar que el documento había tenido varias propuestas de cambios y había sido revisado y enmendado a toda prisa.

El presidente del Consejo, el embajador uruguayo Washington Abdala, dijo que se iba a dejar constancia de la posición de la nación centroamericana al pie del documento.

“Al no haber objeciones, el proyecto de resolución… se considera aprobado”, expresó Abdala.

Inmediatamente, México, Argentina y Bolivia reiteraron su cuestionamiento a la continuidad de Almagro, a pesar de no haber objetado la resolución “para facilitar el proceso”.

“Un secretario general con altos estándares éticos es lo mínimo que una OEA seria y sólida requiere”, expresó la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas. “A pesar de la evidencia del daño que el secretario general ha causado a la OEA… sorprende que todavía estemos dudando de la pertinencia de relevarlo del liderazgo de la Organización”, añadió.

Un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, bajo el liderazgo de Anne Milgram, otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas, según revelaron a la agencia The Associated Press (AP) personas con conocimiento.

Entre los contratos de la DEA que investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, se encuentra uno por 4.7 millones de dólares para realizar “planeación y comunicación estratégica” y así reclutar a personas que Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de derecho de la Universidad de Nueva York, a un costo que excede por mucho los pagos a funcionarios públicos.

Al menos una docena de personas han sido beneficiadas con esos contratos, incluidos algunos del círculo cercano de Milgram y quienes manejan inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas, trabajos que regularmente requieren autorizaciones especiales de seguridad y que suelen desempeñar los 9,000 empleados de la propia DEA.

También se investiga un pago por 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington por un análisis reciente de las escandalosas operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos.

El análisis fue hecho por Boyd Johnson, antiguo mano derecha de uno de los amigos más cercanos de Milgram, Preet Bharara, cuando fue el poderoso fiscal federal de Nueva York. El propio Bharara obtuvo un puesto en el despacho, WilmerHale, al mismo tiempo que se realizaba la revisión.

Detalles de la investigación que se está ampliando, y que inició hace varios meses debido a las quejas de los empleados, proceden de varias personas entrevistadas por la oficina del Inspector General y que compartieron documentos sobre los contratos, con la condición de que se mantuviera su anonimato.

Si se confirman irregularidades, el Inspector General puede recomendar desde sanciones administrativas hasta acusaciones penales.

La investigación se realiza en momentos en que la DEA enfrenta una serie de escándalos sobre conductas irregulares de algunos agentes que han sacudido a la agencia antidrogas.

Al mismo tiempo tiene que lidiar con una crisis de consumo de fentanilo, que se cobra más de 100,000 muertes por sobredosis al año y que Milgram consideró como “la amenaza de narcóticos más letal que nuestro país ha enfrentado en su historia”.

“La DEA ha actuado con apremio para establecer una nueva visión, apuntar a las redes criminales globales responsables de cientos de miles de muertes de estadounidenses, crear conciencia pública sobre cómo una sola píldora puede matar y promover y reclutar a cientos de personas altamente talentosas, tanto dentro como fuera de la agencia”, respondió la DEA a la agencia AP.

“Estos cambios se han realizado a través de un proceso extenso y en varias partes, y estamos comprometidos a garantizar que la DEA trabaje incansablemente para proteger la seguridad nacional y la salud del pueblo estadounidense”, añadió.

Varias de las contrataciones ocurrieron a través de “The Clearing”, un contratista federal con sede en Washington que brinda servicios administrativos de subcontratación a la DEA y otras agencias federales.

Esta investigación, que revela AP, fue retomada esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador, en medio de las acusaciones y señalamientos que el presidente mantiene, desde días atrás, en contra de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, entre ellas la DEA.

Fue Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, quien interrumpió al mandatario en su exposición, para señalar que había un “escándalo” por la investigación contra Anne Milgram.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que “va a esperar”, antes de tomar decisiones, los resultados de la investigación penal que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo en contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez.

El mandatario evadió responder durante su conferencia de prensa matutina si Garduño permanecerá en el cargo, pese a la investigación que la FGR abrió en contra del titular del INM, que estaba a cargo de la estación en la que murieron los 40 migrantes el pasado 27 de marzo.

“Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, y vamos a tomar las decisiones en su momento”, se limitó a responder.

Sus declaraciones se producen después de que la FGR anunció que “procederá penalmente” en contra del director del INM, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno, por el incendio de Chihuahua.

La FGR acusó a Garduño y a otro alto funcionario del INM de “incurrir en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.

“En efecto, hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez, no sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él porque son varios los implicados”, dijo López Obrador.

“Hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, a otros por homicidios, todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia”, añadió el mandatario.

El escrutinio internacional sobre el rol del Gobierno de México ha crecido tras la muerte de los 40 migrantes, incluyendo seis hondureños, siete salvadoreños, 19 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano.

El gobierno de El Salvador ha sido el más crítico contra México, al calificar el hecho de un “crimen de Estado” y exigir la destitución de los titulares de la política migratoria en el país.

“Nosotros desde el principio sostuvimos que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos como antes”, añadió esta mañana López Obrador.

La FGR explicó que en, el actuar de los directivos del INM, ha identificado “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.

En Broojula, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del INM, platica con Ana Paula Ordorica sobre la crisis migratoria y la fallida política en la materia.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, ordenó este miércoles una investigación para aclarar la oleada de envenenamientos con gas en colegios para niñas del país, esto mientras se reportan nuevos casos con cientos de jóvenes afectadas.

En la reunión semanal del Gabinete, Raisí dio instrucciones al ministro de Interior, Ahmad Vahidí, y al Ministerio de Salud para que investiguen “con rapidez” las causas de los envenenamientos que se están produciendo en las escuelas femeninas en las últimas semanas.

Y es que este mismo miércoles se han reportado al menos 13 nuevos casos en las ciudades de Teherán, Ardebil, Parand y Kermanshah, que se suman a los al menos 30 envenenamientos registrados desde noviembre.

Sin embargo, en la ciudad de Ardebil, en el noroeste del país, más de un centenar de estudiantes de ocho colegios e institutos fueron hospitalizadas tras sufrir irritación en los ojos, mareos y dolores de cabeza, informó el diario reformista Shargh.

Al igual que en casos anteriores, afirmaron haber percibido un olor similar a una mezcla de naranja podrida y productos de limpieza.

Las autoridades han anunciado que la mayoría de las niñas hospitalizadas hoy han sido dadas de alta.

El descontento social, especialmente entre los padres, preocupa a las autoridades, a quienes acusan de no actuar y detener los ataques que parecen destinados a paralizar la educación de las estudiantes.

Docenas de padres gritaron hoy “Muerte al Gobierno asesino de niños” frente al colegio Yarjani de Teherán, que vivió un incidente de envenenamiento, de acuerdo con vídeos compartidos en redes sociales por el colectivo 1500tasvir.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad siguen sin encontrar pistas y dudan de si se trata de ataques deliberados o meros accidentes.

“Se están haciendo grandes esfuerzos para identificar el origen de los envenenamientos de estudiantes””, dijo el jefe de Policía del país persa, Ahmad Reza Radan, a medios iraníes. “Nadie ha sido arrestado hasta ahora y preferimos no juzgar si se trata de una cuestión deliberada”, añadió.

Lo declarado por el jefe policial choca con la de otros altos cargos del país, como el viceministro de Educación, Younes Panahi, que afirmó que se trata de “ataques intencionados” para cerrar los colegios de niñas.

El primer caso de envenenamiento se registró a finales de noviembre en la ciudad santa de Qom, localidad que ha sufrido el mayor número de casos, y en las últimas semanas se han multiplicado en otras partes del país.

La oleada de envenenamientos en escuelas de niñas se produce en un momento de gran tensión en Irán, que se ha visto sacudido en los últimos meses por las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) despidió el año pasado a su director en México, Nicholas Palmeri, después de que intentara usar fondos de la agencia para pagar por su fiesta de cumpleaños y mientras era investigado por sus relaciones con abogados de narcotraficantes, reveló el diario The Washington Post.

Palmeri, que estaba encargado de las operaciones de la DEA en México y Centroamérica, rechazó las acusaciones en declaraciones a The Washington Post y aseguró que su “jubilación forzosa” obedece entre otras cosas a una “venganza personal” por parte de otro funcionario de la agencia, al que no nombró.

La semana pasada, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, un órgano encargado de supervisar a la DEA, publicó un informe en el que ofrece detalles de una investigación a un director regional de la agencia.

El director regional no aparece identificado en ese reporte, pero Palmeri dijo posteriormente a The Washington Post que se trata de él.

Según las acusaciones recogidas en el reporte, Palmeri usó fondos de la agencia para comprar “artículos no permitidos” e intentó que la DEA le reembolsara los gastos de una fiesta que dio para celebrar su cumpleaños.

Esa investigación no acabó con la presentación de cargos criminales, según el informe.

Sin embargo, de manera paralela, la DEA abrió otra investigación sobre si Palmeri había tenido relaciones inapropiadas con abogados famosos por defender a narcotraficantes, dijeron a The Washington Post funcionarios y exfuncionarios con conocimiento de esas pesquisas.

Entre otros, Palmeri reconoció en declaraciones a The Washington Post que él y su esposa visitaron a principios de 2021 al abogado David Macey en los Cayos de Florida.

No obstante, Palmeri dijo al Post que lleva años sin estar implicado en los casos que defiende Macey y, por tanto, negó haber cometido cualquier infracción.

Palmeri comenzó a dirigir la oficina de la DEA en México a principios de 2020, en un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) ordenó la reducción en la colaboración con la agencia estadounidense con el argumento de que debía respetarse la soberanía de México.

La DEA no ha ofrecido información públicamente sobre el cese de Palmeri y las razones de su despido.

Y aunque la destitución se produjo en marzo de 2022, no se había hecho pública hasta ahora, coincidiendo  con el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos contra Genaro García Luna, donde se ha puesto en duda el actuar de las agencias estadounidenses.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió este viernes un proceso disciplinar en contra de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) por posible conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio), en la final del Mundial Qatar 2022 que disputó en diciembre pasado contra Francia.

El proceso disciplinar contempla posible incumplimiento de los artículos 11 y 12 del Código Disciplinario de la FIFA.

Fue el pasado 18 de diciembre, cuando Argentina se proclamó campeona del mundo tras superar en penaltis a Francia después del 3-3 que se registró en el tiempo de compensación.

Durante los festejos sobre el terreno de juego, algunos jugadores hicieron gestos que provocaron las quejas de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que lamentó las burlas “anormales” contra Kylian Mbappé.

En concreto, se referían a los cánticos en el vestuario encabezados por el guardameta Emiliano Martínez y en los que pedía “un minuto de silencio” por Mbappé, autor de los tres goles de Francia durante la final.

Además, el mismo Martínez, sobre la cancha, se colocó en sus genitales el trofeo al mejor portero del Mundial (un guante), una imagen que se viralizó y dio la vuelta al mundo.

La FIFA, según informó en un comunicado, también comenzará un procedimiento a la AFA por el posible incumplimiento del artículo 44 del Reglamento de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y del Reglamento de Marketing y Medios de Comunicación del mismo torneo.

Finalmente, la Comisión Disciplinaria de la FIFA comunicó la sanción a las federaciones de Ecuador, México y Serbia de diferentes multas económicas por los cánticos y conductas inapropiadas de sus aficiones durante el Mundial.

La Federación Ecuatoriana deberá afrontar una multa de 20,000 francos suizos, además de asumir la sanción del cierre de una parte de su estadio, “a raíz de los cánticos” de sus aficionados durante el encuentro que disputó ante Qatar.

En tanto, la Federación Serbia de Fútbol fue sancionada con una multa de 50,000 francos suizos y con el cierre de una parte de su estadio por incumplir los artículos 13 (discriminación) y 12 (conducta incorrecta de los jugadores) del Código Disciplinario de la FIFA por los cánticos “y la conducta inapropiada” de su afición durante el enfrentamiento con Suiza.

Finlalmente, la Federación Mexicana de Fútbol deberá cubrir una multa de 100,000 francos suizos y tendrá que disputar un partido a puerta cerrada por los cánticos de la porra mexicana durante los partidos que disputó con Polonia y Arabia Saudí.

Foto: Twitter @fifacom_es

Tras el motín que se vivió el pasado fin de semana en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, que según autoridades locales tenía como fin liberar a Ernesto Alfredo Piñón, alias ‘El Neto’, líder del cártel de los Mexicles, el director del penal fue cesado.

La fiscalía de Chihuahua confirmó que Alejandro Alvarado, director del Cereso, fue separado de su cargo, además de que es investigado, al igual que otros funcionarios, por sus posibles vínculos con los hechos violentos que se registraron.

Se detalló que específicamente se busca deslindar responsabilidades sobre el ingreso de objetos prohibidos al penal, omisiones en los protocolos internos y por la autorización de actos fuera de la ley.

El saldo del motín fue de 17 muertos, cerca de 20 heridos y al menos 30 reos fugados. Sin embargo, el número de fallecidos relacionados con el episodio ha aumentado a 26 derivado de las operaciones que se han llevado a cabo para recapturar a los presos.

Y es que el domingo, un grupo armado a bordo de vehículos blindados llegó al penal en Ciudad Juárez y abrió fuego contra custodios del centro penitenciario, lo que derivó en la fuga de los reos, entre ellos ‘El Neto’.

Ernesto Alfredo Piñón estaba preso desde 2009, y en 2010 fue condenando a más de 200 años de prisión por secuestro y homicidio, según datos de la fiscalía de Chihuahua.

Autoridades federales confirmaron que ‘El Neto’ controlaba el penal, al grado de tener una serie de celdas VIP, donde había televisores, vinos, internet, y donde incluso se encontró una caja fuerte con cerca de 2 millones de pesos, así como túneles en el interior de la prisión.

Para reforzar la seguridad, ayer, 300 elementos del Ejército llegaron a Ciudad Juárez, y autoridades federales y locales confirmaron el traslado de 191 internos del Cereso a diferentes penales del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió este martes en defensa de la investigación de su gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de los cuestionamientos que hiciera el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El mandatario afirmó que los elementos que presentó la Comisión de la Verdad de su Gobierno en agosto pasado son “sólidos” aunque el GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló inconsistencias en al menos 181 de un total de 400 capturas de pantalla usadas como evidencia.

“Son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso, es otro tipo de cosas, en el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

Ayer, el GIEI dijo que tras un peritaje, no era posible garantizar “la originalidad de los mensajes” de sospechosos en la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014 presentados en capturas de pantalla en el reporte del gobierno.

López Obrador respondió que el GIEI se dividió y que es “un asunto complejo”, al denunciar que hay “intereses de por medio”.

“Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento porque no solo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica, imagínense lo que ha costado el descubrir lo que sucedió realmente”, apuntó.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se ha reavivado en este octavo aniversario por el reporte de la Comisión de la Verdad que reconoció que fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército, y que los da por muertos.

Además, la semana pasada, el diario estadounidense The New York Times publicó que “el caso penal y el nuevo relato se han venido abajo” mientras que el encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”.

Ante los cuestionamientos que se le han hecho, el presidente reiteró que se le tiene “toda la confianza” a Encinas, a quien llamó un “hombre íntegro, recto, e incapaz de falsear información”.

“Se tienen todos los elementos para sostener la investigación, y se van a seguir haciendo averiguaciones, y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia”, añadió AMLO..

Sobre los padres de los 43 jóvenes, López Obrador dijo entender “su situación tan delicada, tan triste”. “Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por zopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió esta mañana indagar al gobierno del ex presidente Felipe Calderón y al de Estados Unidos por el operativo “Rápido y Furioso”, que de 2006 a 2011 introdujo armas estadounidenses a México.

El mandatario dijo desconocer si existe una investigación internacional contra Calderón por el operativo, como afirmó ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero consideró necesaria una indagatoria a ambos gobiernos.

“Desde luego que sí (debe investigarse a ambos gobiernos), pero yo no tengo más información sobre esto; la Fiscalía seguramente debe de saber qué investigaciones hay abiertas”, respondió al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina.

Recordemos que el operativo “Rápido y Furioso” fue un acuerdo del gobierno de Calderón con Washington para permitir la entrada de más de 2,000 armas estadounidenses para rastrear a grupos criminales en territorio mexicano, aunque no tuvo éxito.

Ayer, el secretario de Gobernación afirmó que existe una investigación internacional en contra de Calderón relacionado a este tema.

AMLO crítico de la intervención en seguridad de Estados Unidos, afirmó que “suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y de que se enteraron en el Gobierno de Calderón, de eso no hay duda”.

“En su momento se abrió un expediente, no sé si mantenga vigente o si ya le dieron carpetazo porque involucra a los dos gobiernos, no es nada más un asunto de la delincuencia”, añadió.

El ex presidente Felipe Calderón ha negado las acusaciones del gobierno de Morena, al argumentar que busca “desviar la atención” de la reforma para destruir al Instituto Nacional Electoral (INE) y las filtraciones del colectivo Guacamaya sobre el Ejército.

“Ahora sí el secretario anda muy perdido: no hay ninguna ‘investigación internacional’, ninguna, sobre ‘tráfico de armas’ en mi contra. Adán Augusto no atinaría siquiera a decir qué agencia la encabeza”, escribió Calderón en Twitter.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 “no va a detenerse” ante el reciente reclamo de los familiares, que aún exigen presentarlos con vida.

“Ya está bastante avanzada la investigación, hay muchos elementos, de todas maneras se está pidiendo la opinión del grupo asesor, se están pidiendo otras consultas y no va a detenerse la búsqueda”, sostuvo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen tras la marcha del viernes pasado de los padres de los 43 jóvenes en la que exigieron pruebas “objetivas, científicas e indubitables” de que están muertos, como da por hecho el informe presentado hace dos semanas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

López Obrador, quien creó la Comisión para la Verdad al asumir la presidencia, prometió que “se le va a dar continuidad” a la investigación, porque “es un compromiso con los padres”, pero defendió los hallazgo de la investigación.

“Lo que nos interesa mucho mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos. Sí hay en el informe evidencias, hay declaraciones de lo que hicieron con ellos, cosas muy crueles, pero tiene que tenerse certeza completa”, añadió.

Y es que la polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014 se ha reavivado tras el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.

El mandatario prometió que “de conformidad con la investigación, se sabe quiénes participaron”, por lo que “no va a haber impunidad y todos los que participaron van a ser juzgados”, tanto en su desaparición como en el presunto encubrimiento que hicieron las autoridades del caso.

“Esas órdenes de aprehensión ya se están tramitando ante los jueces y ya se están aplicado. Pero es lo que tiene que ver con los crímenes, sea desaparición, sea asesinato, eso es lo que sucedió con los muchachos, y luego es el encubrimiento”, manifestó.

Al respecto, este lunes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al gobierno federal garantizar la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

El organismo internacional solicitó en un pronunciamiento que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga “una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas”.

Esto, indicó, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas”.

Recordemos que hasta ahora, el detenido de mayor perfil es Jesús Murillo Karam, quien estaba al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el caso, y quien desde el viernes pasado permanece en prisión y fue vinculado a proceso.

La ONU-DH coincidió con el informe en rechazar la llama Verdad Histórica, como se conoce la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que afirmaba que policías corruptos entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Guerrero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que no habrá impunidad para las personas que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e indicó que todos están siendo juzgados, esto tras la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam.

“Estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó, ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador aseguró que existe una “gran corresponsabilidad” de muchas personas en la desaparición de los estudiantes, ocurrida en Guerrero el 26 de septiembre de 2014, pero dijo que quienes participaron de manera directa “son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra”.

Cuestionado sobre si debería detenerse al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), el mandatario indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) o los jueces los que determinarán si hay otros involucrados.

“Lo van a decidir en absoluta libertad, lo mismo si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables aparecen nuevas versiones más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”, apuntó el mandatario.

Negó que las órdenes de aprehensión hayan tardado en presentarse, pues aseguró que se hizo una “investigación minuciosa” y que se actuó “con mucho profesionalismo”, refiriéndose así al informe presentado el pasado jueves por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que concluyó que el acto fue un “crimen de Estado”.

“Fueron muchos expertos nacionales y extranjeros, y se hizo una investigación a fondo, y ellos sin injerencia de ningún funcionario público, ni del presidente, elaboraron el informe, y ellos sin injerencia de nadie, ni del presidente, hicieron la lista de los que consideraban responsables, tanto de la desaparición de los jóvenes, como del ocultamiento de los hechos”, sostuvo.

El presidente hizo estas declaraciones cuestionado sobre la detención del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Murillo Karam, el pasado viernes acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.

López Obrador indicó que más allá de las pruebas que se presenten, el exfuncionario reconoció ser el responsable de la investigación que derivó en la “verdad histórica”.

“En el caso del procurador Murillo Karam, su detención independientemente de las declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía”, dijo López Obrador al presentar un fragmento del mensaje que ofreció el ahora titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero en una reunión con los padres de los normalistas.

Recordemos que el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada Verdad Histórica, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

El presidente López Obrador adelantó que pedirá al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que comparta mayores detalles, lo “sustancial” del caso, para que no quede “ninguna duda” sobre la investigación de lo ocurrido con la desaparición de los normalistas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que su postura ya es conocida, que solo presentaría denuncias contra los expresidentes si el pueblo así lo decidía en la consulta que se realizó el año pasado sobre este tema.

López Obrador dijo esto al ser consultado sobre lo informado ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) en relación a las investigaciones que tiene en curso contra el expresidente Peña Nieto.

Afirmó que su postura es que “miráramos hacia adelante”, procurando no repetir actos ilegales y de corrupción, y no quedarse “anclado” con denuncias y que predominara la venganza.

El presidente señaló que pese a su postura, los procedimientos legales que existen, contra quien sea, deben seguir su curso, pues él no puede pedir al fiscal, Alejandro Gertz Manero, o a cualquier otra dependencia, que no actúe.

Precisó que será la autoridad correspondiente quien tendrá que resolver, aunque eso es distinto a que el gobierno haya presentado nuevas denuncias.

Sobre si el expresidente Peña Nieto debe regresar al país para enfrentar las acusaciones que se le formulan, López Obrador dijo que no es una decisión que le corresponda a él, sino a la Fiscalía.

“No es mi fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón, sino ya hubiésemos presentado denuncias en contra de Calderón o en contra de Fox, o de Zedillo, o de Salinas”, respondió AMLO.

Recordó que cuando él era parte de la oposición, presentó denuncias contra varios expresidentes, pero señaló que como ya tiene tiempo, lo más probable es que estén en el archivo.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se encuentra integrando carpetas de investigación en contra del expresidente Peña Nieto, por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Señaló que hay un caso que incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, que ha sido blanco de denuncias por parte del presidente López Obrador, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

Además, la Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero, señaló que a partir de denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales vinculadas al también exgobernador del Estado de México.

Finalmente, precisó que existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.