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El investigador y académico John Ackerman, esposo de la ahora extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aseguró que la salida de Irma Eréndira Sandoval del gabinete federal no fue por «grillas» al interior de Morena, o por un «castigo» por haber metido las manos en el proceso electoral de Guerrero.

Ackerman aseguró que contrario a lo que se ha especulado, y que ha sido asegurado por diversos líderes de opinión, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le había ofrecido una «amplia gama de cargos alternativos» a Sandoval Ballesteros.

Menciona que entre los ofrecimientos estuvo una embajada de México en el exterior, una diputación federal, o ser propuesta como miembro de la Junta de Gobierno de un organismo autónomo.

«Ella rechazó estas generosas ofertas bajo el principio de que jamás ha buscado puestos sino sólo servir a la patria desde sus conocimientos y trayectoria profesional», defiende el esposo de la exfuncionaria.

Ackerman acusó que la “opinión pública” ha hecho creer que la decisión de AMLO fue un “castigo” a Sandoval por su supuesta “traición, protagonismo y ambición”. Lamentó que diversos caricaturistas hayan reproducido imágenes denigrantes y sexistas avalando una supuesta expulsión de Sandoval Ballesteros a «punta del pie presidencial».   

Afirmó que su esposa tuvo logros históricos al frente de la SFP, dependencia que «revivió» por completo luego de haber sido pisoteada, marginada y hasta desaparecida durante las administraciones pasadas.

Sobre las acusaciones de que Irma Eréndira intervino en el proceso electoral en Guerrero, mediante el apoyo y operación para que su hermano Pablo Amílcar fuera el abanderado de Morena a la gubernatura, Ackerman dijo que era «totalmente falsa» dicha afirmación.

«A pesar del evidente fraude cometido por la dirigencia de Morena en contra de su hermano, Pablo Amílcar, y la abierta violación de los estatutos del partido para imponer a un candidato indeseable, Sandoval siempre guardó absoluto decoro y jamás se metió a la contienda».

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, demandó a las instancias correspondientes investigar todas las irregularidades cometidas por Irma Eréndira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues dijo, no se le puede ni debe sustituir sin más para que goce de completa impunidad.

Acusó que la exfuncionaria incumplió todas las obligaciones previstas para la dependencia en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como la de inspeccionar el buen ejercicio del gasto público, y en cambio se dedicó a encubrir la corrupción en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Verónica Juárez Piña sostuvo que la exfuncionaria y su familia habrían sido partícipes de esa corrupción, como lo señalan diversa notas publicadas recientemente en medios de comunicación, que apunta a una acumulación inexplicable de bienes raíces en los últimos años

«Irma Eréndira Sandoval literalmente hizo nada para prevenir y evitar cualquier malversación de fondos en las compras y contrataciones de bienes y servicios por parte del gobierno y, por el contrario, cerró los ojos ante las adjudicaciones directas de más del 80% que se realizaron en los dos años y medio que lleva la actual gestión», aseveró la perredista.

A reserva de formalizar su solicitud, Juárez Piña exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a revisar exhaustivamente la gestión de Sandoval, en tanto a las nuevas autoridades de la SFP y a las instancias hacendarias y ministeriales les pidió investigar su declaración patrimonial.

«Sandoval Ballesteros deja la SFP habiendo incumplido claramente los principios de legalidad, transparencia y debida rendición de cuentas a los que estaba obligada a promover como parte del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización», insistió.

Por su parte la senadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, indicó que con más pena que gloria se va Sandoval Ballesteros de la Secretaría de la Función Pública, pues contrario a realizar su tarea de combatir la corrupción solapó casos entro e la 4T que aún siguen impunes.

“Casos como los de Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara o la entrega de contratos millonarios a familiares y amigos de funcionarios federales han quedado sin castigo alguno, sin ninguna sanción”, señaló la legisladora.

Gálvez Ruiz aclaró que a pesar de que la transparencia fue una de las principales promesas de este gobierno, existe una gran opacidad en la actual administración, pues coincidió con lo expuesto por la perredista al recordar que cerca del 80% de los contratos que se han asignado, han sido por invitación restringida o asignación directa.

«No, señor Presidente, Irma Eréndira no cumplió cabalmente. No señora Irma Eréndira, no se vaya contenta, será recordada como la secretaria que exculpó a Manuel Bartlett de posibles fraudes», aseveró.

La senadora panista recordó que durante estos años, ha presentado diversas denuncias ante la Función Pública sin que éstas hayan sido atendidas, pues no ha recibido ningún respuesta; en ese sentido, hizo votos porque el nuevo titular, Roberto Salcedo Aquino, atienda sus denuncias.

Xóchitl Gálvez pidió al nuevo titular de la SFP mano dura para castigar la corrupción, “aunque se trate de la de casa”.

Esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer un nuevo cambio en su gabinete, el segundo movimiento importante luego de que la jornada electoral del pasado 6 de junio.

Irma Eréndira Sandoval, actual titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) dejará el cargo para regresar a la academia, es decir, no tendrá ninguna otra responsabilidad al interior del gobierno federal.

En su lugar quedará Roberto Salcedo Aquino, quien al día de hoy se desempeñaba como Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la SFP.

«He tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en al SFP. Va a dejarla la secretaría Irma Eréndira Saldoval y va a ocupar la secretaría Roberto Salcedo (…) Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo», indicó el presidente en redes sociales, donde compartió un videomensaje en el que se encontraba acompañado por Sandoval Ballesteros y Salcedo Aquino.

Agradeció a Sandoval Ballesteros el apoyo que dio a su gobierno, y se refirió a ella como una «mujer de lucha por la justicia, por la democracia»; indicó que fue muy importante su colaboración en el inicio del gobierno, principalmente en el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana de Estado, que dijo AMLO, fue lo que se le encomendó y «cumplió cabalmente».

López Obrador señaló que el gobierno de la 4T está entrando a una etapa nueva, en la que se llevarán a cabo nuevas reformas, entre ellas mencionó la administrativa, además de que se profundizará el combate a la corrupción y se trabajará en seguir hacer un gobierno austero, basado en el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

En su oportunidad. Irma Eréndira agradeció a López Obrador por haberla convocado a su gobierno, y formar parte del primer gabinete paritario de la historia del país; se dijo honrada de haber recibido el encargo de desarrollar las tareas «más relevantes del gabinete»: el combate a la corrupción, el auspicio de la austeridad.

Indicó que regresará al Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en la UNAM. Dijo que siempre recibió el respaldo del mandatario, quien le dio libertad plena para combatir la corrupción estructural.

Destacó que «revivimos de raíz» a la SFP, en donde dijo, entregó buenas cuentas, mencionando la ley de austeridad; los ahorros en la administración federal; multas resarcitorias; la mejoría de 14 posiciones en el Índice Global de Percepción de la Transparencia; la inhabilitación de exfuncionarios, entre otras medidas.

Destacó que al frete de la SFP combatió la impunidad, no solo de funcionarios del pasado, sino que no les «tembló la mano contra quienes han fallado en este gobierno».

AMLO reconoció a Roberto Salcedo Aquino como un hombre profesional, íntegro y honesto, quien a su vez manifestó su disposición por desempeñar la encomienda con eficacia y fomentando en la población confianza en las instituciones.

«Es un cambio para bien y agradecerle a Irma Eréndira y a Roberto por aceptar el cargo y el encargo. La tarea, el propósito, es seguir combatiendo la corrupción, desterrarla de nuestro país y seguir haciendo un gobierno austero (…) que se entienda que el poder es humildad, que no es prepotencia, lujos, fantocherías, extravagancias. Debe uno ser, no funcionario público, sino servidor público», remató López Obrador.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que en lo que va de noviembre ha sancionado a nueve empresas contratistas del sector Salud con inhabilitaciones de más de tres años y multas económicas por un monto global de 18 millones 527 mil 670 pesos.

Las acciones contra las empresas del sector salud son resultado de investigaciones donde se comprobó que se falseó información o bien se constató el incumplimiento de contratos.

“Estamos poniendo un alto al abuso de contratistas y proveedores que abusaron de los recursos públicos durante el régimen neoliberal, cuando la salud se veía como un negocio y no como un derecho humano fundamental”, afirmó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

“La Función Pública se ha propuesto romper esa alianza que se dio entre contratistas y proveedores con servidores públicos para abusar del sistema de Salud”, añadió la colaboradora del gobierno de la 4T.

Las empresas sancionadas son Multicorporación Brexot, Cohmedic, Degasa, Insumos Médicos Geva, Kingsmac, Dibiter, Med Prime, Grupo Constructor Vadonne y Clayton de México, proveedores de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Detalló los casos de cada empresa: Multicorporación Brexot, inhabilitada por 45 meses y multada con 1 millón 954 mil 800 pesos incumplió con la entrega completa, en el lugar pactado y en los plazos estipulados, de 250 ventiladores mecánicos, por lo que el ISSSTE tuvo que erogar gastos extras, lo que provocó un daño al erario. El corporativo Cohmedic, inhabilitado por 45 meses y multado con 1 millón 901 mil 25 pesos incumplió con la entrega total de 490 mil pares de botas quirúrgicas, lo que afectó gravemente la atención a los derechohabientes durante la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa México.

La empresa Degasa recibió una doble sanción por el incumplimiento de dos contratos celebrados con el ISSSTE para la entrega de distintos envases; por cada uno se le aplicó una inhabilitación de 45 meses y una multa por 1 millón 901 mil 25 pesos, que en conjunto asciende a 3 millones 803 mil pesos. En el caso de Insumos Médicos Geva, la sanción aplicada consiste en 45 meses de inhabilitación y multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir la entrega al ISSSTE de más de 6 mil equipos médico.

La empresa Kingsmac no entregó al ISSSTE 135 mil piezas de Mascarilla N95 Certificación Niosh, por lo que fue objeto de una inhabilitación de 45 meses y una sanción económica por 1 millón 954 mil 800 pesos.

A Dibiter se le impuso una inhabilitación por un término de dos años y una multa por 538 mil 656 pesos por incumplir contratos con el IMSS y el ISSSTE, mientras que Med Prime fue sancionada con dos multas por un monto total de 2 millones 673 mil 264 pesos y 2 inhabilitaciones por tres años cada una por haber presentado información falsa durante procesos de adjudicaciones.

Finalmente, la empresa Grupo Constructor Vadonne fue sancionada con una inhabilitación por 45 meses, y con multa por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir un contrato al realizar obras de remodelación fuera de especificación y defectuosas en el Hospital de Alta Especialidad “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, mientras que Clayton de México fue inhabilitada por 45 meses y una multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos al incumplir un contrato con el ISSSTE para la instalación y puesta en operación de 30 generadores de vapor para diferentes unidades médicas a nivel nacional.

“Sancionamos ya a quienes, individualmente o en grupo, habían monopolizado los servicios y la venta de insumos médicos y medicamentos a nuestros sistemas públicos de salud, y ahora estamos haciendo justicia administrativa y poniendo un alto a contratistas, proveedores y empresarios que se resisten a aceptar que esto ya cambió”, remató la titular de la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que este viernes 1 de mayo inició el periodo para que las más de 1.6 millones de servidores públicos del Gobierno federal presenten su Declaración Patrimonial y de Intereses, tal y como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval señaló que “consolidar un modelo de transparencia democrática-expansiva y de verdadera rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales del gobierno de la Cuarta Transformación»

La funcionaria convocó a los servidores públicos a cumplir con su responsabilidad a la brevedad, no sólo por ser una obligación legal, sino con la finalidad de sumarse a la lucha para erradicar la corrupción y la impunidad.

Precisó que por primera vez, todas las personas servidoras públicas del gobierno federal, de todos los niveles que desempeñen un empleo, cargo o comisión deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses.

Con la entrada en vigor de la obligación establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Función Pública pasará de recibir 350 mil declaraciones a más de 1 millón 600 mil, lo que representa un aumento de 457% con respecto al año anterior, de los cuales más de 1.2 millones, con el nivel de enlaces y operativos, la presentarán por primera ocasión.

Recordó que el plazo para cumplir con la presentación de declaraciones se extiende hasta julio de 2020; sin embargo, Sandoval Ballesteros exhortó a los integrantes del Gabinete legal y ampliado del Gobierno federal a hacer su declaración de situación patrimonial y de intereses en el mes de mayo.

El ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que será investigada y en su caso sancionada, la filtración de una lista de personas, entre las que figura la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que se realizaron la prueba del Covid-19 y que resultaron positivos.

Ayer, Ciro Gómez Leyva difundió un documento en el que aparecía que la funcionaria federal fue sometida a la prueba en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el pasado 20 de abril bajo el número de folio 93790637939013.

Junto a ella, aparecen los nombres de otras personas, de las cuales no se tiene certeza si forman parte del círculo cercano a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

«Esta foto y esta información, por cierto, en particular la información que se filtró, representan una grave violación a la ética del servicio público y estamos investigando quién filtró la tabla de los datos de las personas involucradas con sus nombres, y eso es una grave violación que sin duda cuando investigamos quién fue quién filtró tendrá una sanción muy importante», advirtió López-Gatell.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario detalló que de acuerdo con el análisis de contactos, se descartó que familiares y amigos de Irma Eréndira Sandoval estén infectados.

Aunque el funcionario federal especificó que este estudio aún no concluye entre sus colegas, todo parece indicar que no hay riesgo para ellos.

“La secretaria está en perfectas condiciones, tuvo Covid-19 leve y se aplicó el protocolo normal que se hace en todas las personas y contactos, todos están bien y no están infectados», aclaró el subsecretario de Salud.

Recordemos que ayer, en una tarjeta informativa, la SFP expuso que Irma Eréndira Sandoval resultó positiva a la prueba del coronavirus; sin embargo, se destacó que su salud es buena y que está aislada para prevenir contagios.

A partir de 2020 todos los funcionarios deberán hacer públicos los bienes de las personas con quienes tienen un vínculo sentimental como parejas, aunque no estén en concubinato ni sean cónyuges, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

Lo anterior luego de que la investigación contra Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), concluyera que no incurrió en conflicto de interés, ni faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales.

La funcionaria planteó que es cierto que legalmente Julia Abdalá, pareja sentimental de Bartlett, no es su esposa, su cónyuge ni su concubina, por ello con la legislación actual no está obligado a declarar sus bienes, pero a partir del próximo año deberá rendir cuentas del patrimonio de Abdalá.

“Este caso dibuja claramente la propuesta que personalmente realicé en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción para cambiar los formatos de la declaración patrimonial. Los formatos habían sido diseñados de forma minimalista y simuladora en el anterior régimen para no dar cuenta real del patrimonio de los servidores públicos y sus conflictos de intereses», sostuvo la titular de la SFP.

Los nuevos formatos fueron aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción el 11 de diciembre pasado, y los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero.

Sandoval Ballesteros reiteró que la SFP actúa con plena libertad y autonomía, que no hay intocables, y todo servidor público denunciado ha sido y seguirá siendo investigado y, en su caso, serán sancionados conforme a las leyes aplicables.

«Nuestra actuación nunca ha sido ni será por consigna, ni arbitraria. Actuamos y seguiremos actuando con la ley en la mano, no hay intocables, no hay perseguidos y cuando no se encuentren elementos que sustenten una posible irregularidad se concluirán las investigaciones en estricta observancia a los principios de legalidad», remató.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, presentó esta tarde los resultados de la investigación iniciada en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel  Bartlett, sobre quien se concluyó que no incurrió en ningún conflicto de interés.

La funcionaria señaló que se recibieron diversas denunciar por posibles faltas administrativas sancionables atribuibles a Bartlett Díaz, tales como: conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto u ocultamiento del conflicto de interés.

Sandoval enfatizó que la dependencia a su cargo unicamente tiene facultades para investigar al Director General de la CFE, a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando asumió el cargo.

Indicó que los particulares sólo pueden ser investigados en virtud de su vinculación con servidores públicos a quienes se le atribuyan faltas administrativas graves y con relación a los hechos que presuntamente constituyen estas faltas, durante el periodo comprendido desde el nombramiento del servidor público y hasta la presentación de la denuncia.

Adicional, señaló que la pareja sentimental del director de la CFE, Julia Abdalá Lemus, no se encuentra en los supuestos jurídicos de cónyuge, ni concubina en términos de las disposiciones civiles aplicables, aunado a que ni ella ni sus respectivos hijos son dependientes económicos y por consecuencia no está obligado a proporcionar información de ellos en su declaración patrimonial.

Irma Eréndira detalló que en los tres meses que duró la investigación, se realizaron alrededor de media centena de diligencias ante 15 instancias públicas y privadas de los órdenes federal y estatal con el fin de obtener la información necesaria para completar la carpeta.

Sostuvo que la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la SFP solicitó la copia certificada de las declaraciones patrimoniales de Bartlett correspondiente al periodo 2018-2019, aunado a que requirió a la Contraloría
Interna del Senado la copia certificada de las declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2014-2018, a fin de establecer una línea base para el análisis de situación patrimonial.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que también se recabó información fiscal y patrimonial de los allegados a Bartlett, a fin de confirmar o descartar posibles irregularidades; en ese sentido, se requirieron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) las declaraciones fiscales del investigado, su pareja y sus respectivos hijos.

También se realizaron requerimientos de información sobre participación en sociedades mercantiles y propiedades inmobiliarias a los registros públicos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Tabasco, que son las entidades en las que Bartlett ha tenido alguna presencia profesional, familiar o comercial.

Entre los elementos que permitieron establecer que no se incurrió en conflicto de interés, la SFP señaló que el artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal establece que el concubinato se actualiza con la unión de dos personas, que han establecido una vida en común de forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años o bien, que procrearon juntos un hijo; al investigar este hecho, no encontraron pruebas de que Barlett y Abdalá haya cohabitaron u ostentado en algún momento un mismo domicilio particular con el propósito de establecer una vida en común.

«Sobre la participación de Manuel Bartlett Díaz en sociedades mercantiles, esta autoridad tuvo a bien verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por el servidor público ante la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se comprobó que no existen indicios de que sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, sean dependientes económicos; mientras que la señora Julia Elena Abdala Lemus, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un vínculo legal de matrimonio o concubinato», indicó la SFP.

La dependencia precisó que Manuel Bartlett proporcionó información verídica sobre su patrimonio, al declarar ser titular de cuatro cuentas bancarias cuyo activo suma 51.1 millones de pesos, además de ser propietario de cinco inmuebles con valor total de compra de 8 millones de pesos.

A la acusación de que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, Manuel Bartlett se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con valor aproximado de más de 800 millones de pesos, la dependencia concluyó que «el investigado no tiene injerencia como propietario en los inmuebles de su pareja ni de sus respectivos hijos. Por lo que sería falsa la afirmación de que el servidor público acumula un patrimonio de 800 millones de pesos en inmuebles».