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José Woldenberg

EL UNIVERSAL

Una vez más, pero ahora como Presidente, López Obrador habló de un fraude en su contra en las elecciones del 2006. Han pasado 13 años y jamás se ha preocupado por documentar sus dichos. Y el tema no es baladí porque desde la fundación del IFE ninguna denuncia ha erosionado más la confianza en las instituciones electorales y en las elecciones que esa. En buena lógica se dice que quien arma debe probar. Por ello aquí podría terminar esta nota.

Pero, paradójicamente, en el lado opuesto existen un buen número de evidencias que certifican que los votos fueron bien contados: los resultados casilla por casilla del PREP, el conteo rápido del IFE, los cómputos oficiales que se iniciaron el miércoles (todos ellos coincidentes y aunque los tres son responsabilidad del Instituto se realizan con fórmulas y personas distintas); el recuento de cerca de 12 mil casillas impugnadas por la Coalición por el Bien de Todos que el Tribunal realizó sin encontrar rastros de manipulación; las declaraciones de Ana Cristina Covarrubias, entonces encuestadora de AMLO, que armó que en su conteo rápido no se podía establecer ganador —dado que los rangos de votación se cruzaban— pero que Calderón iba arriba; el libro de José Antonio Crespo (Hablan las actas), que si bien subraya que las autoridades pudieron haber realizado más para inyectar confianza en los resultados, no encontró rastro alguno de fraude.

“Fraude” como lo ha denunciado AMLO supone que los electores dieron la victoria a X y la autoridad se la atribuyó a Y, es decir, que los resultados fueron alterados. Y eso no sucedió o nadie lo ha podido probar. Está documentado, eso sí, que durante las campañas se produjeron distintas irregularidades: la compra de espacio en radio y televisión por asociaciones empresariales que lo tenían prohibido, el despliegue publicitario desde la Presidencia que el IFE frenó (para algunos de manera tardía), o las duras campañas de descrédito. No obstante, los votos depositados en las urnas fueron bien sumados.

Desde 2006 llamaba la atención que la versión del supuesto fraude se modificara con rapidez (va de memoria): primero, que se habían perdido 3 millones de votos en el PREP, lo que el IFE aclaró: se trataban de votos que se encontraban en un archivo especial porque en las actas respectivas no se habían llenado todos los campos, pero que cualquiera, incluyendo a los representantes de los partidos, podía consultar. Luego, la existencia de un supuesto algoritmo que había modificado los resultados del PREP, sin tomar en cuenta que el candado fundamental de ese Programa son las actas de cómputo en manos de los representantes de los partidos que fácilmente pueden compararlas con las del Programa. Más adelante, la denuncia de un fraude hormiga a partir de un video donde se veía a un presidente de casilla ingresar votos a una urna, lo que luego los integrantes de la propia mesa de casilla aclararon (incluyendo a la representante del PRD) explicando que como habían localizado votos mal colocados los habían, de común acuerdo, ingresado a la urna correcta. Más adelante, la explotación propagandística que decía que resultaba muy sospechoso que las curvas de agregación de votos del PREP y los del conteo oficial fueran diferentes, omitiendo que ello es natural, porque mientras en el PREP la variable fundamental es la distancia entre la casilla y el centro de cómputo, la velocidad del cómputo que se inicia el miércoles en los consejos distritales depende de qué tantas impugnaciones se presenten durante el recuento.

A pesar de todo lo anterior, se sabe, muchas personas creen lo que quieren creer y las evidencias pesan poco en su ánimo. Pero no es cierta la supuesta o real frase del compinche de Hitler, Joseph Goebbels, de que una mentira repetida hasta el cansancio se convierte en verdad. La mentira continúa siendo mentira, aunque la repitan legiones. Eso sí, la reiteración sistemática y cansina de la misma puede lograr que muchos la crean. Pero esa es harina de otro costal.

 

Profesor de la UNAM

José Woldenberg

EL UNIVERSAL

 

El tortuoso nombramiento de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) está develando uno de los peores resortes del Presidente de la República. Su incapacidad para asumir cabalmente la corresponsabilidad con otro poder constitucional, su afán por subordinarlo y el reflejo bien aceitado que, al parecer, piensa que la autoridad o es autoritaria o simplemente no es. No una Presidencia que busque la convergencia y colaboración con otro poder legítimo y legal; no una Presidencia flexible, abierta a otras opiniones; en su lugar, una capaz de incluso acudir a una lectura amañada de la ley con tal de que su voluntad emerja triunfadora. Veamos.

Se sabe: el Presidente de la República envió al Senado cuatro ternas para elegir a 4 de los siete comisionados que deben integrar el órgano de gobierno de la CRE. El Senado resolvió que los candidatos no cubrían los requisitos legales y/o no contaban con los conocimientos necesarios para ocupar esos cargos. El Presidente, conforme a la ley, debía mandar otras ternas, pero decidió enviar 11 de los 12 reprobados y agregar uno nuevo. Y ahora el Senado debe escoger cuatro entre los que ya había rechazado o de lo contrario el Presidente designará a quien quiera de esas ternas. De tal suerte que, al parecer, haga lo que haga la llamada Cámara Alta, resultará humillada por el titular del Ejecutivo. Pero no adelantemos vísperas.

Dice la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en su artículo 6º: “Para nombrar a cada Comisionado, el Presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días… En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada también, ocupará el cargo de Comisionado la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República”.

No hay duda del sentido y la literalidad de la norma. Si la primera propuesta es rechazada, el Presidente está obligado a mandar una “nueva”, no la misma “gata, pero revolcada” (perdón por la expresión). La Ley busca la cooperación y corresponsabilidad de dos poderes, intenta que los designados cuenten con el aval de ambos, busca que con su comparecencia demuestren conocimiento en la materia, y que esa operación genere comisionados no solo capaces y con un fuerte apoyo de salida, sino que además puedan desarrollar sus labores en un órgano regulador que cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión. Es decir, una comisión no dependiente del Ejecutivo.

Pero, al parecer, para el Presidente no se trata de eso. Sino de demostrar quién es más poderoso en un jueguito elemental (e innecesario) de fuerzas. Ha colocado en un aparente jaque a una de las Cámaras del Congreso: 1) o apruebas a cuatro de las personas entre las doce que te he mandado o 2) yo las designo directamente. Si optas por 1 pierdes porque ya las habías descalificado y si es por 2, yo decido contra tu voluntad.

No obstante (creo), la propuesta agresiva y desconsiderada del Presidente puede y debe ser atajada con los propios recursos que ofrece la Constitución. El artículo 105 establece que la Suprema Corte de Justicia puede conocer sobre controversias constitucionales que se susciten entre “el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste…”. Y creo que la Corte no solo establecería con claridad que en asuntos de tanta trascendencia no valen las triquiñuelas y que la Constitución es clara, sino que además serviría para refrendar que los poderes constitucionales no pueden ni deben estar subordinados al Ejecutivo. Eso convendría incluso a los legisladores de Morena si realmente se asumen como tales y no como súbditos del Presidente.

Profesor de la UNAM

JOSÉ WOLDENBERG

EL UNIVERSAL

 

 

¿Vamos hacia un sistema político que girará en torno a un solo hombre, el Presidente de la República?, ¿una especie de sol que ordenará, subordinando, a los demás actores en el escenario? No es solo la pretensión de que en las elecciones para renovar la Cámara de Diputados los ejes se reconstruyan para plantear de manera rotunda “con o contra el Presidente” (es decir, unos comicios federales diseñados para que en el centro del litigio esté el Poder Legislativo colocarán en el foco del debate público la adhesión o no al Presidente), sino una serie de elementos que develan la ambición de disminuir o anular el rol y la influencia de otros poderes y órganos constitucionales y agrupaciones de la sociedad civil.

Enumero sin ningún concierto: superdelegados en los estados para, por lo menos, hacer sombra a los gobernadores; reducción de recursos a los órganos públicos autónomos que, según la Constitución, deben estar fuera de la órbita del Ejecutivo; descalificación de las agrupaciones de la sociedad civil a las que se presenta como encarnaciones oligárquicas; acoso retórico a los medios no alineados con el gobierno; disminución del financiamiento público a los partidos; desprecio por el funcionariado profesional de las instituciones estatales genéricamente descalificado por corrupto; colonización de instituciones centrales del arreglo republicano con “eles” no necesariamente capacitados para la función (el último nombramiento en la Corte). No es un listado exhaustivo, pero (creo) sí expresivo.

Hay por lo menos una idea fuerza que ofrece sentido al abanico de acciones y dichos antes enunciados. Y recordemos, como si hiciera falta, que las ideas nunca resultan anodinas, menos cuando encarnan en posiciones de poder. Las ideas dan pie a discursos y conductas, ofrecen sentido al pasado, a los acontecimientos en curso e incluso pretenden diseñar el futuro. No son triviales y acaban por modular el tipo de poder al que se aspira. Tienen fuerza propia y acaban cincelando a las personas.

Todo parece indicar que el Presidente cree sinceramente que a través de él se expresa el pueblo. Y por supuesto quienes se le oponen, critican o dieren no pueden más que encarnar al antipueblo. La idea es sencilla, útil y contundente, ordena los campos y ofrece una épica, inyecta sentido a sus actos y logra cohesionar a sus seguidores que se ven a sí mismos no como agentes de una o unas políticas, sino como militantes de una causa trascendente. El “pequeño” problema es que la idea es una construcción falaz que ha llevado en el pasado y en el presente a la edificación de regímenes autoritarios (de izquierda y derecha). Porque si el pueblo es uno y está unificado, si ya encontró a “sus auténticos representantes” y puede expresarse con una sola voz, ¿para que es necesaria toda la parafernalia democrática que parte de una premisa que se encuentra en las antípodas de la anterior?, es decir, que en la sociedad existen intereses, ideologías, aspiraciones y sensibilidades distintas y que ellas reclaman fórmulas para su expresión, recreación, convivencia y por supuesto competencia. Ese pluralismo es lo que justifica y genera a los regímenes democráticos y cuando se le niega, bajo el argumento de que el pueblo es una entidad monolítica y que además ya encontró a su pastor, toda la normatividad e institucionalidad que pone en pie la democracia resulta prescindible.

Así, la división de poderes, las facultades acotadas de las distintas autoridades, los tortuosos procedimientos, los contrapesos constitucionales y hasta las libertades y los derechos individuales, pueden aparecer como un obstáculo para el despliegue de la “voluntad popular” que encarna en un solo hombre. De suceder eso —y la esperanza es que la complejidad y diversidad del país sean suficientes para fortalecer los diques a esa pulsión—, la aspiración de unos poderes estatales acotados por el derecho podría deslizarse hacia un poder que ve en el derecho una molestia, un corsé, un antagonista.

 

Profesor de la UNAM

JOSÉ WOLDENBERNG

EL UNIVERSAL

 

El domingo escribí sobre otro asunto. Pero el lunes en la mañana me entero de los resultados de la llamada consulta y de la reacción de los organizadores y decido escribir estas notas al “bote pronto”. Me refiero solo al procedimiento. Por desgracia lo que parece un juego no lo es.

1. La votación realizada entre el 25 y 28 de octubre puede ser denominada como se quiera menos consulta. La consulta está regulada por la Constitución y la ley y el ejercicio realizado no cumplió con ninguna de esas condiciones normativas.

2. Habrá quien diga que mejor eso a nada. Pues no. La única garantía que tenemos los ciudadanos de que nuestras autoridades no actúen de manera discrecional, arbitraria o facciosa, es precisamente la ley. Son las normas las que establecen lo que pueden hacer y las condiciones para ello.

3. Se dirá entonces que los organizadores no son aún gobierno y que por ello no están obligados a cumplir –como si fueran gobierno- con el marco constitucional y legal. Y en efecto así es. Pero faltando apenas un mes para su ascensión como tal, la única manera de leer el ejercicio es como una fórmula para hacer a un lado las obligaciones
normativas.

4. La “consulta” no contó con ninguno de los mecanismos de seguridad con la que se realizan en México las elecciones. Ni listas de electores, ni funcionarios de casilla sorteados y capacitados, ni vigilancia por parte de representantes de ambas opciones, ni posibilidades de inspección, ni tinta indeleble para evitar el doble voto y sígale usted. Por lo que sus resultados pueden ser creídos o no. Actos de fe.

5. La “consulta” refleja de manera mucho más inexacta que una encuesta la “voluntad popular”. La segunda se construye con una muestra representativa de la población, la “consulta” está sesgada desde origen. Ni remotamente se puede afirmar que “representa” la opinión de la sociedad.

6. El pueblo se hizo chiquito. Según los propios organizadores votó un poquito más del uno por ciento de los electores registrados en el parón. Es decir, 99 de cada 100 no participaron. Ello porque en muchas poblaciones –se anunció desde el inicio- no se instalaron casillas (se excluyó a parte del pueblo) y los otros porque simple y llanamente le dieron la espalda al ejercicio.

7. Como siempre sucede, el pueblo que compareció votó dividido (70-30). Lo digo solamente para subrayar lo obvio: el pueblo no es un bloque ni un monolito. Se trata de un conjunto diverso, plural, con intereses, marcos ideológicos, sensibilidades, visiones y reacciones desiguales y distintas. Eso que cualquiera puede constatar es el piso sobre el cual se edifican sistemas democráticos que intentan forjar condiciones para la reproducción, convivencia y competencia de esa pluralidad.

8. Por el contrario, la utilización del “pueblo” como si fuera portador de una sola voluntad, una sola voz, un solo interés, es lo que ayer y hoy “permite” a algunos hablar en su nombre y desconocer como interlocutores legítimos a quienes disienten de su voluntad. Lo cual no suele presagiar nada bueno.

9. No puede ser considerado como un ejercicio de democracia directa porque careció de un marco normativo, porque no ofreció garantías de imparcialidad en su organización ni de equidad entre las opciones contendientes, excluyó a millones y sus promotores siguen siendo un grupo de particulares que, bien a bien, pueden hacer con los resultados lo que quieran. Y otra vez, si así se entiende la consulta al pueblo, lo que tendremos serán “consultas” para que el pueblo diga lo que su pastor guste y mande.

10. México ha construido instituciones en diversos campos. Muchas son débiles, funcionan de manera inapropiada y tienen carencias. Otras, por el contrario, llevan a cabo tareas estratégicas, lo hacen con esmero y cumplen su función. Sostienen y ofrecen cauce a buena parte de la vida social y sin duda son superiores a los deseos y afanes de una o más personas, por más bien intencionadas que sean. Temo a la desinstitucionalización del país, al reino del capricho.

 

NEXOS

José Woldenberg

 

 

 

 

¿No sería bueno inyectar al análisis de las elecciones la dimensión política? Porque pareciera que de pronto se nos olvida lo fundamental: los ciudadanos que acuden a las urnas y votan.

 

Al escuchar y leer a algunos parecería que todo se reduce a un asunto de malas mañas, compra de voluntades, presiones ilegales, ríos de dinero que todo lo inundan, olvidando que el día de los comicios comparecen ante la urna millones de ciudadanos que votan según su muy real saber y entender. No digo que las malas artes no existan, pero no lo explican todo.

1. Antes de los comicios del domingo se habían celebrado, desde 2015, 21 elecciones para renovar Gobernadores. Pues bien, en 13 ganaron las oposiciones (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz) y en 8 se mantuvo en el Gobierno el mismo partido (Baja California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, Puebla, San Luis, Tlaxcala y Zacatecas). En el 62 por ciento de los casos hubo alternancia y en el 38 continuidad. Estos datos (creo) ilustran que no existe un gran titiritero (el Gobierno o los Gobiernos) y unos títeres (nosotros). El malestar con los Gobiernos puede estar explicando ese fenómeno.

2. De las 34 mil 094 casillas que debían colocarse en los Estados, todas funcionaron. No es un asunto menor, menos una cuestión rutinaria. Mucho nos dice de las autoridades electorales, pero sobre todo de los ciudadanos -insaculados y capacitados- que cumplieron con su tarea. Pese al mal humor público imperante, cientos de miles de vecinos siguen realizando una labor fundamental en el desarrollo de los comicios.

3. La participación no fue mala. En el Estado de México pasó del 46.15 por ciento en 2011 al 52.5 según datos del PREP. Un incremento de más del 6 por ciento. Aunque en Nayarit y Coahuila se mantuvo casi en las mismas cifras que en el pasado, pero por encima de la del Edomex (un poco más del 60 por ciento). No existe un abandono de las urnas, por el contrario. Legiones de ciudadanos se presentan a la cita y ejercen un derecho fundamental.

4. En los resultados del Estado de México influyeron diferentes “variables”. Pero no conviene excluir a la política. Todas las encuestas previas al día de la elección indicaban que la mayoría de los ciudadanos deseaban un cambio. Y eso se constató con la votación. El “pequeño detalle” es que las oposiciones fueron cada una por su lado. Esa fragmentación ayudó al PRI, pero también estuvo a punto de favorecer a Morena. El Conteo Rápido nos informó que Alfredo del Mazo obtendría entre el 32.75 y el 33.59 por ciento de los votos y Delfina Gómez entre el 30.73 y el 31.53. Eso lo corroboró el PREP con el 97.79 por ciento de las actas. El PRI y aliados 33.72 y Morena 30.81. Falta el conteo oficial que inicia mientras escribo estos apuntes. Y ojalá se haga de manera exhaustiva de tal forma que coadyuve a despejar dudas.

5. En Nayarit, único Estado en el que la diferencia fue amplia, sí hubo coaliciones. Por un lado, PAN-PRD-PT y un partido regional), por el otro (PRI-PVEM-Nueva Alianza). Antonio Echevarría, de la primera, obtuvo (según el conteo rápido) entre el 37.96 y el 41.40 por ciento de los votos y Manuel Cota entre el 24.84 y 28.20. El margen fue tan amplio que el perdedor aceptó su derrota.

6. En Coahuila, el Conteo Rápido le dio al candidato del PAN y aliados entre el 36.64 y el 39.08 por ciento de los votos y al del PRI y compañía entre el 34.75 y el 37.34. Y dado que los números se empalman fue claro desde el inicio que habría que esperar hasta el conteo oficial. Esa necesidad se incrementó cuando el PREP, que dejó de contabilizar un número muy elevado de actas (más de mil), dio un resultado en el que el abanderado del PRI (38.31) supera al del PAN (36.81). Así que a esperar.

7. En Veracruz se precipitó un alud contra el PRI. Perdió 54 Alcaldías. De 212 ayuntamientos, 112 fueron ganados por la coalición PAN-PRD, 36 por el PRI-PVEM, 18 por Nueva Alianza y 17 por Morena. Pero si uno se concentra en las 10 ciudades más importantes la derrota es mayor: PAN-PRD ganaron 5 (Veracruz, Tuxpan, Córdoba, Papantla y Boca del Río), Morena 4 (Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica y Minatitlán) y el PRI sólo una (Orizaba). ¿Tendrá algo que ver la gestión y la rapiña del Gobernador Duarte?