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Tesla quiere que sus accionistas aprueben la controvertida compensación económica de más de 56,000 millones de dólares que la compañía había otorgado a Elon Musk, y que una juez estadounidense anuló en enero, según documentos dados a conocer este miércoles.

En los documentos presentados por Tesla ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), Robyn Denholm, presidenta del consejo de administración de la compañía, solicita a los accionistas que “devuelvan la democracia” accionarial tras la decisión de la jueza de Delaware Kathaleen McCormick de anular la compensación.

“Dado que el tribunal de Delaware cuestionó nuestra decisión, Elon no ha recibido ningún pago por su labor en Tesla durante los pasados seis años, trabajo que ha generado un significante crecimiento y valor para los accionistas. Eso nos parece, y a los muchos accionistas con los que hemos hablado, básicamente injusto”, señaló Denholm.

Añadió que el consejo de administración de Tesla respalda la controvertida compensación, que fue aprobada en 2018 con el 73% de los votos.

“Les pedimos que nuestra voz se escuche de nuevo al votar aprobar la ratificación del plan de compensación de Elon de 2018”, concluyó.

El llamado llega previo a la junta general de accionistas de Tesla, que se celebrará el próximo 13 de junio.

En enero pasado, la juez McCormick sentenció que la compensación, que otorgó a Musk un paquete de opciones sobre acciones de Tesla que entonces estaban valoradas en unos 56,000 millones de dólares, era excesiva.

La decisión fue fruto de una demanda presentada por uno de los accionistas de Tesla, Richard Tornetta, que alegó que Musk controlaba el consejo de administración cuando el organismo aceptó sus condiciones y le concedió una de las mayores compensaciones económicas en la historia corporativa del país.

Tras la sentencia, Musk arremetió contra la jueza y el sistema judicial de Delaware, y en represalia decidió transferir el registro de Tesla a Texas, donde la compañía tiene su sede física y donde no existe tanto escrutinio sobre los ejecutivos de empresas.

En este sentido, Denholm también ha solicitado a los accionistas de Tesla que aprueben la transferencia del registro a Texas.

Musk, que controla en la actualidad el 13% de las acciones de Tesla y es el principal accionista individual de la compañía, ha señalado que debe poseer un 25% del accionariado para poder liderar al fabricante.

La titular del juzgado quinto en materia administrativa de la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga, rechazó la solicitud de la asociación “Todas y Todos por Amor a los Toros” para suspender definitivamente las corridas de toros en la alcaldía Benito Juárez donde se ubica la Monumental Plaza México.

Con esto, la plaza de toros más grande del mundo podrá seguir celebrando su Serial de Reapertura cuya próxima corrida es el próximo domingo 18 de febrero.

Luego de que fue suspendida la audiencia programada para el pasado 7 de febrero debido a que no se había notificado a la Secretaría de Agricultura y la alcaldía Benito Juárez, afectadas por la solicitud de amparo y suspensión de la asociación “Todas y Todos por Amor a los Toros”, ayer martes 13 se llevó a cabo.

Tras la audiencia, en la que estuvieron convocados además de los demandantes y responsables de los espectáculos taurinos de la Plaza México, la juez Sandra de Jesús Zúñiga decidió negar la solicitud de suspensión solicitada.

Recordemos que De Jesús Zúñiga dictaminó el 31 de enero pasado la suspensión provisional para impedir los festejos taurinos en la alcaldía Benito Juárez donde se ubica la Plaza México.

Esta medida de la juez fue revocada el pasado 2 de febrero por un tribunal colegiado hasta que, por lo menos, se resolviera el amparo de forma definitiva.

El argumento esgrimido por el tribunal fue, principalmente, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual se había pronunciado el 6 de diciembre de 2023 anulando la suspensión que mantuvo un año y medio prohibidas las corridas en la Plaza México.

En aquella ocasión, los magistrados señalaron la inconsistencia del escrito de la juez Sandra de Jesús Zúñiga, al considerar que esta medida no afectaba a colectivos con actividades reguladas y lícitas y que no se acredita el interés social para suspender la actividad.

Para este domingo 18 de febrero están anunciados en el cartel de la Plaza México los toreros Alejandro Talavante, Octavio García “El Payo” y Héctor Gutiérrez con toros de la ganadería de Villacarmela.

Una jueza federal dictó formal prisión en contra de los ocho militares que se encuentra relacionados con el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa por el delito de delincuencia organizada

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían sido procesados previamente por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, pero habían alcanzado su libertad condicional con el pago de 50,000 pesos.

Sin embargo, desde el jueves pasado, cuatro de ellos fueron reaprehendidos mientras cumplían con su cita a firmar y reportarse en un juzgado, mientras que el resto se entregaron tras enterarse de la nueva imputación en su contra.

Raquel Duarte, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales con sede en Toluca, Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció indicios suficientes para someterlos a un nuevo juicio.

Esto implicará que los militares, presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, permanezcan en calidad de detenidos en una prisión militar de Ciudad de México hasta que se resuelva su caso.

La decisión de la jueza se da luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtiera en una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las implicaciones de liberar a los militares, como “un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”.

Incluso llevó a Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa creada por López Obrador, a decir que abogados de la Sedena litigan contra la investigación.

Los abogados de los militares señalaron que presentarán denuncias contra las autoridades judiciales, incluso contra el extitular de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas, y aseguraron que defenderán la libertad de los elementos del Ejército, pues enfatizaron que se trata de “persecución política”.

La Comisión de la Verdad, que presidió Encinas hasta su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos en octubre pasado, concluyó en 2022 que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado, con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.

La investigación desacreditó la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto conocida como ‘verdad histórica’, sobre que policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero.

Luego de que se retomarán el pasado fin de semana, desatando una gran polémica entre grupos defensores de los derechos animales, una jueza federal ordenó este miércoles suspender de inmediato las corridas de toros en la Plaza México.

La titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga, concedió la nueva suspensión provisional a la asociación civil “Todas y Todos por Amor a los Toros” que presentó un amparo contra las actividades taurinas en la Ciudad de México.

“Para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar los actos impugnados, para lo cual, deberán de suspender de inmediato, los espectáculos taurinos en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos”, se lee en el fallo de la jueza.

La jueza fijó para el próximo 7 de febrero la audiencia en la que resolverá si se otorga la suspensión definitiva o no.

La medida cautelar se dictó en contra de la Plaza México, donde ya estaban programados dos festejos para este 4 y 5 de febrero, los cuales ya habían vendido casi todo el boletaje.

A diferencia de la suspensión que paralizó la actividad taurina desde junio de 2022 hasta el 6 de diciembre del año pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la cancelación, este amparo afecta ahora a la alcaldía Benito Juárez, demarcación política de la capital donde está el recinto.

La Administración local es responsable de la celebración de cualquier evento público de la naturaleza que sea.El fallo solo afecta a la autoridad y no a ningún particular, como la empresa Espectáculos de Monterrey Sociedad Anónima (EMSA) que gestiona el coso de Insurgentes.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló esta mañana que entre las reformas que presentará el próximo lunes habrá una para prohibir el maltrato animal.

“El día 5 (de febrero), el lunes vamos a presentar las iniciativas de reforma a la Constitución y, como acordamos, va a tratarse en una de estas reformas el evitar, el prohibir, el maltrato a animales”, dijo el mandatario.

Recordemos que desde junio del año pasado, López Obrador había expresado su intención de enviar una iniciativa de reforma para modificar el artículo 4 de la Constitución, que entre otras cosas garantiza el derecho al medio ambiente sano, salud, vivienda y a la cultura.

Y es que la lucha por declarar a los animales como seres sintientes ha crecido en los últimos años, con entidades como Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Durango que ya lo han establecido en sus legislaciones locales.

Se estima que en México siete de cada 10 animales de tipo domésticos sufren de algún tipo de maltrato, con más del 70% de los perros y 60% de los gatos en situación de calle, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta iniciativa se presentará días después de viralizarse el caso de la jirafa Benito, un animal que estaba retenido desde mayo del 2023 en el Parque Central de Ciudad Juárez, del Gobierno estatal de Chihuahua, y luego de que se reactivaran las corridas de toros en Ciudad de México, aunque ahora ya han sido suspendidas de nuevo.

El Gobierno federal aseguró que el Poder Judicial se ha dedicado a obstaculizar el caso de lo 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.

“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, dijo en un comunicado el Gobierno federal.

La reacción emitida por la Secretaría de Gobernación llega luego de que el pasado viernes se diera la liberación de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes, tras lo cual el presidente López Obrador se reunió con el fiscal especial para el caso Rosendo Gómez.

La decisión de una jueza permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar 50,000 pesos cada uno.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo el domingo pasado que iniciará un procedimiento legal en contra de la jueza Raquel Duarte que fue quien dio la libertad a los militares.

En el comunicado, el Gobierno dijo que “una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia” y dijo que previamente había liberado a 62 implicados en los hechos, al argumentar que “habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel”.

Dijo que también intentaron dejar en libertad al extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares.

“Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército (…) todo ello, por razones estrictamente políticas”.

Además dijo que con este tipo de decisiones, el Poder Judicial “mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.

Finalmente, reiteraron que el caso Ayotzinapa “es un asunto de Estado” y por ello se pedirá a la FGR “solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto de 2023, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.

Se “va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”, indicó el Gobierno federal.

Según la desacreditada versión del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, conocida como ‘verdad histórica’, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en un basurero.

En 2018, López Obrador reabrió las investigaciones, se ordenó la captura de militares vinculados al caso y ahora ha admitido la participación del Estado mexicano.

Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen apuntando hacia una falta de voluntad del Gobierno, en tanto que, las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del exfiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.

Una jueza federal revocó la prisión preventiva impuesta a ocho militares acusados de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, permitiéndoles que sigan su juicio en libertad con el pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados.

Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, explicó que los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe al caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.

“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.

Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un general, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército, agregó Aguirre. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.

A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.

La participación de las Fuerzas Armadas está confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ha dado cada vez más poder a los militares, insiste en que los involucrados son sólo de un puñado de elementos aunque durante su gobierno se calificó el ataque como un “crimen de Estado”.

Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de las Fuerzas Armadas fue mucho mayor, no sólo en el ataque sino en la posterior obstrucción a la justicia.

El problema, denunciaron, es que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para el esclarecimiento de los hechos.

La excarcelación de los ochos militares llega poco más de una semana después que las familias de los 43 amenazaran el jueves con romper el diálogo con el gobierno si no les entregaban los documentos militares que faltan, que llevan exigiendo un año y que provocó que los expertos de la CIDH dejaran el país en julio por este motivo.

Hasta ahora el procesado de mayor rango es el exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada y en prisión preventiva.

En noviembre, un juez federal le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria por cuestiones de salud pero sigue encarcelado porque tal decisión solo afectaba a uno de los varios casos que hay en su contra.

López Obrador se comprometió a esclarecer el caso antes del fin de su mandato, el próximo 1 de octubre, pero los padres de los desaparecidos confían cada vez menos en él.

En respuesta, la FGR anunció que impugnará la decisión de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo que ordenó revocar la orden de prisión preventiva emitida contra los ocho militares al considerar que ya no existe riesgo de fuga para ninguno de los imputados.

Tras conocer la decisión, el organismo ha mostrado su rechazo “tajante” a la estipulación de la jueza y de los magistrados del tribunal: Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, de “desconocer las resoluciones” de los jueces que determinaron prisión preventiva y conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen” a través de una “secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas”.

El Ministerio Público ha subrayado que estos procedimientos de amparo generan una “evidente situación de injusticia” que afecta a los desaparecidos, sus familias, su seguridad “y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas”.

Asimismo, ha denunciado que “esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios (de comunicación) de manera parcial y engañosa”: “Esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años”, indicó en un comunicado.

La Fiscalía denunció que este tipo de casos “vinculan con toda claridad despachos de abogados, relaciones
personales o familiares, autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente y que se dedican a distorsionar la justicia, traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones, todo ello por razones aviesas y de voracidad patrimonial”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este martes de corrupción a la jueza María del Carmen Sánchez por frenar la extradición a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez, alias ‘El Nini’, jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’, grupo de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Se detiene, en este caso, a Néstor Isidro, y una jueza casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte y el Consejo de la Judicatura de qué se trata”, reclamó el mandatario.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhibió a la titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México como parte del reporte de “Jueces que favorecen a presuntos delincuentes” porque el mismo día en el que ‘El Nini’ ingresó a la cárcel, el jueves pasado, le concedió el amparo.

“¿Esto es Derecho? Esto es chueco a todas luces, no se necesita ser doctor en Derecho, pertenecer al Instituto de Ciencia Jurídica de la UNAM o a los colegios de abogados”, señaló el presidente.

‘El Nini’, uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, está en detención provisional en el Penal del Altiplano, prisión de máxima seguridad en el Estado de México, a donde llegó el jueves pasado tras su captura el miércoles en Culiacán en un operativo de las Fuerzas Armadas.

Pérez, detenido con fines de extradición, es el presunto jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa y el jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’, según recordó Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública.

En Estados Unidos, donde ofrecían una recompensa de 3 millones de dólares por su captura, lo requieren las autoridades del Distrito de Columbia y Nueva York por delitos de conspiración para la importación y tráfico de fentanilo y conspiración para lavado de dinero.

Mientras que en México lo acusan de ordenar ataques a la unidad habitacional militar de Culiacán, de una serie de atentados contra el Ejército y de ejecutar a ocho personas en Tamazula, Durango, el 28 de octubre pasado, agregó el funcionario.

En este contexto, López Obrador manifestó que el amparo es un asunto “leguleyo”.

“Lo demás es puro asunto leguleyo, que la ley es la ley. ¿Qué argumentos utilizan en estos casos? Que fue torturado, golpeado, y se demuestra que no, pero cualquier cosa (alegan), que no le mostraron el oficio de la orden de aprehensión”, remató.

Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, presunto jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’, recibió ayer la detención provisional de por lo menos 60 días, además de que fue trasladado a un penal de máxima seguridad en el Estado de México.

La medida concedido es el tiempo que tendrán las autoridades de Estados Unidos para presentar la solicitud formal de extradición por el mexicano que operaba en el cártel liderado por los hijos de Joaquín  ‘El Chapo’ Guzmán.

La medida se dio de forma paralela a que una jueza girara un amparo para frenar cualquier intento por extraditar de inmediato a Estados Unidos a ‘El Nini’.

El presunto jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’ fue detenido el miércoles por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Culiacán y fue trasladado a un penal en la Ciudad de México.

Sin embargo, tras una audiencia de casi dos horas, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, decidió mantener en prisión a ‘El Nini’, pero decidió trasladarlo al Penal del Altiplano por su alto perfil.

Pérez Salas era uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos, por el que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares.

A ‘El Nini’ se le atribuye la estrategia del polémico ‘culiacanazo’, operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio Guzmán, pero lo liberaron horas después por los actos violentos que el cártel de Sinaloa desató.

De acuerdo con los registros judiciales, la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez, concedió una “suspensión de oficio y de plano” a fin de que ninguna autoridad ministerial ejecute cualquier orden de extradición o deportación de forma inmediata.

“Se concede a (‘El Nini’) la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute la extradición del directo quejoso”, se lee en la determinación de la jueza.

Precisó que “esta medida suspensional únicamente se limita a paralizar los efectos de la orden de extradición por las autoridades responsables señalados en la demanda”.

En este sentido, Sánchez indicó que el procedimiento por su libertad personal queda a disposición del juzgado que dirige y a disposición de las autoridades correspondientes que dan seguimiento a su procedimiento de extradición.

Finalmente, el mandatario estadounidense, Joe Biden, felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la detención de “El Nini”, lo que dijo ayudaba a que ambos países estén más seguros.

El expresidente estadounidense, Donald Trump, convirtió este miércoles su última imputación penal por intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020, en un tema de campaña para el próximo proceso electoral y presumió de que “nunca antes había tenido tanto apoyo”.

“Esta inculpación sin precedentes contra un expresidente (¡de gran éxito!), & el principal candidato, con diferencia, tanto en el Partido Republicano como en las elecciones generales de 2024, ha revelado al mundo la corrupción, el escándalo y el fracaso que han tenido lugar en Estados Unidos durante los últimos tres años”, afirmó en mayúsculas el millonario en su plataforma Truth Social.

“Nunca antes había tenido tanto apoyo en algo”, agregó el republicano. “Estados Unidos es una nación en declive, pero volveremos a hacerla grande, más grande que nunca”, añadió.

Trump, favorito a convertirse en el candidato presidencial del Partido Republicano para 2024, fue acusado de conspiración para engañar a Estados Unidos y para obstruir un procedimiento oficial, es decir la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021 para certificar la victoria del demócrata Joe Biden.

El expresidente afirma desde hace meses que las acusaciones contra él son “falsas” y que Biden intenta por todos los medios hacer descarrilar la campaña de su rival político.

Adicional, Trump se enfrenta a que la jueza federal asignada a este caso se ha destacado por sus penas severas a los insurrectos que asaltaron el Capitolio. Además, ya falló en su contra anteriormente.

La jueza Tanya Chutkan, una exdefensora pública postulada para jueza federal por el presidente Barack Obama, presidirá el juicio en que se acusa a Trump de tratar de revertir su derrota electoral en 2020 durante los dos meses que precedieron el asalto al Capitolio por sus seguidores.

Muchas penas de prisión dictadas a los insurrectos del 6 de enero a 2021 han sido más severas que las recomendadas por la fiscalía.

En noviembre de 2021, en otro caso relacionado con el 6 de enero, Chutkan rechazó el pedido de Trump, quien invocó sus privilegios como jefe del ejecutivo, de bloquear la entrega de documentos a la comisión legislativa que investigaba la insurrección.

Rechazó el argumento de Trump de que sus privilegios se extendían a documentos de su gobierno incluso después que el presidente Joe Biden allanó el camino para que los Archivos Nacionales entregaran los documentos. Escribió en su fallo que Trump no podía alegar que sus privilegios “existen a perpetuidad”.

En una frase memorable de su sentencia, Chutkan escribió: “Los presidentes no son reyes, y el demandante no es presidente”.

Trump comparecerá el jueves ante la magistrada Moxila A. Upadhyaya. Los magistrados se ocupan de los asuntos preliminares en los juicios federales.

Chutkan ha condenado al menos a 38 personas por crímenes relacionados con el asalto al Capitolio. Las penas en todos los casos han sido de prisión, de 10 días a más de cinco años, según un análisis de las actas judiciales realizado por la agencia The Associated Press (AP).

Trump ya se enfrenta a un proceso penal por negligencia en la gestión de documentos confidenciales que se llevó de la Casa Blanca y por pagos de dinero a una actriz porno antes de las elecciones de 2016.

La fiscalía de Georgia también investiga si Trump intentó ilegalmente anular el resultado de las elecciones de 2020 en este estado del sur del país.

A pesar de sus problemas judiciales, Trump cuenta con la lealtad de un amplio sector de su partido. Mantiene una ventaja sustancial en las encuestas para la nominación republicana, con mucha diferencia respecto a su rival más cercano, el gobernador de Florida Ron DeSantis.

El juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por negligencia en el uso de documentos confidenciales comenzará el 20 de mayo de 2024, en plena campaña electoral por la Casa Blanca.

Según el calendario judicial emitido este viernes, la jueza federal Aileen Cannon ha desestimado las peticiones de los abogados de Trump, que solicitaban retrasar el juicio una vez terminadas las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

También se desestimó la petición del Departamento de Justicia, quien había pedido adelantar los procedimientos a diciembre de este año.

El juicio se había programado inicialmente para el 14 de agosto, una fecha a la que tanto la defensa como la fiscalía se opusieron porque dijeron que necesitaban más tiempo para prepararse.

Previamente, el 14 de mayo, se celebrará una audiencia para discutir el calendario del juicio con el jurado, cita en la que Trump y su asistente Waltine Nauta, estarán en el banquillo de los acusados.

Recordemos que Trump se ha declarado inocente de más de una treintena de cargos que le han sido imputados en el marco del caso de los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras su salida de la Casa Blanca.

Según la acusación, los documentos clasificados que Trump almacenaba en cajas en su mansión contenían información “sensible” sobre las capacidades de Estados Unidos en materia armamentística.

Trump, de 77 años, es el favorito para la nominación presidencial republicana, por delante de otros perfiles como el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Así, el juicio se llevará a cabo en un punto álgido de las primarias donde se seleccionará al abanderado del partido para las elecciones presidenciales.

Una jueza resolvió que Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acusada de plagio a finales del año pasado, es la única autora de su tesis de licenciatura, por lo que desechó los señalamientos en su contra.

El equipo jurídico de la ministra, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que la sentencia judicial de la titular del noveno juzgado de la Ciudad de México, María Magdalena Malpica, es definitiva, por lo que no puede apelarse.

El fallo “firme e inatacable” ha “resuelto que la autora de la tesis cuestionada es Yasmín Esquivel y, por tanto, que ella es la legítima titular de los derechos de autor de la citada obra intelectual por lo que nadie más puede ostentarse como autor de la misma”, dijo el abogado Alejandro Romano.

Y es que la polémica acerca de la tesis de Esquivel, cercana al gobierno federal, estalló en diciembre pasado en el marco de su aspiración a encabezar la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, que días después ganó la ministra Norma Piña.

Esquivel, además de su polémica por su tesis de licenciatura y doctorado, a sido controversial por ser esposa de uno de los contratistas predilectos del gobierno federal y por votar a favor de temas del actual mandatario, como la consulta para enjuiciar a expresidentes y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

El proceso para resolver la legitimidad de su tesis se realizó por la vía civil en materia de derechos de autor por la tesis “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado B”. Edgar Ulises Báez, la presunta víctima del plagio, no acudió a defenderse.

Las pruebas de la defensa de la ministra consistieron en dictámenes en materia de documentoscopía, grafoscopía, análisis de lingüística y hermenéutica, línea del tiempo, entre otras.

La resolución de la jueza llega a pesar de que un comité de ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución donde se presentó dicha tesis, señaló que la ministra había copiado parte sustancial de su trabajo de titulación presentado un año antes por Báez.

Desde entonces, la defensa de Esquivel abrió varios procesos judiciales para interrumpir cualquier resolución de plagio de la UNAM e, incluso, de manifestar cualquier cuestión relacionada al caso, algo que se tomó como un intento de censura y falta de transparencia por parte de la ministra.

Lo sucedido con la ministra llevó a la UNAM a reformar sus estatutos y procesos de revisión de tesis, así como a expulsar a Martha Rodríguez, quien asesoró el trabajo de ambos involucrados, y quien defendió en todo momento la autoría de Esquivel Mossa.

Según el equipo legal de la ministra, el proceso que mantiene el comité de ética de la UNAM debe quedar sin efectos.

La ministra utilizó sus redes sociales para fijar su postura sobre lo informado por su equipo legal, en donde reiteró que “soy la única autora de la tesis que me permitió obtener el título de licenciada Derecho, por la UNAM, hace 36 años”.

Añadió que por da por concluido el tema para continuar con su compromiso, legal y moral, con la impartición de la justicia, como Ministra de la Suprema Corte.

Por segunda ocasión, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, logra que una juez aplace la audiencia intermedia, en esta ocasión la relacionada al caso Odebrecht, carpeta en la que también está invoucrada su madre, Gilda Austin.

Así, la jueza federal Verónica Gutiérrez Fuentes difirió 10 días hábiles la audiencia intermedia, mientras el equipo legal de Lozoya Austin se mantiene firme en su posición de alcanzar un acuerdo reparatorio.

El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, señaló que su cliente “está firme, sólido y con mucho ánimo de lograr el acuerdo y criterio de oportunidad” en ambos juicios que enfrenta.

Los abogados argumentó que tiene pendientes por entregar dos peritajes, así como acceder a la videograbación de los interrogatorios a ejecutivos de Odebrecht, en donde supuestamente los ejecutivos de la constructora brasileña afirman haber entregado los sobornos al excolaborador del expresidente Peña Nieto.

El viernes pasado, la audiencia intermedia en el caso Agronitrogenados también fue aplazada por la jueza del reclusorio norte, quien resolvió de esa manera luego de que los abogados del exfuncionario justificarán que tenían peritajes pendientes y revisar 3,000 páginas que apenas había entregado la FGR.

Otro argumentos de la defensa fue el fallecimiento de un exfuncionario de Pemex, uno de los principales testigos de descargo que presentarían en las acusaciones contra Lozoya.

Previo al inicio de la audiencia, la defensa de Lozoya había señalado que insistiría para que las autoridades aceptaran el ofrecimiento de su cliente de un acuerdo reparatorio por el sobreprecio de la planta, para que se le retiraran los cargos.

El ofrecimiento de Lozoya es por un monto de 3.4 millones de dólares para pagar la reparación del daño y de esta manera evitar un juicio por el caso.

Recordemos que Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de 2022, tiene dos casos abiertos, ambos por corrupción. El primero es sobre la compra a sobreprecio de Agronitrogenados y el segundo, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de 2012 y posteriormente en dicho gobierno.

La jueza del Noveno Distrito, con sede en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión indefinida contra la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, tal como se aprobó en el Congreso respondiendo a una propuesta del gobierno federal.

Así, la jueza ordenó devolver el control de la coorporación policial a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La decisión se basa en un recurso de Ángel Castro Gómez, representante de la organización de defensa de Derechos Humanos Uniendo Caminos México.

Castro alegó que cambio incrementa el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los Derechos
Humanos, ya que la militarización de la Guardia Nacional genera un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.

El recurso hace énfasis en que la seguridad pública no es de carácter militar, sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el Artículo 21 de la Constitución.

En ese sentido, la jueza recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles.

En tanto, el gobierno, incluida la Sedena, argumentaron que la suspensión debía negarse porque la inaplicación de una ley de seguridad pública contraviene el orden social, ya que impide la consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, bajo el control operativo y administrativo de Defensa.

Sin embargo, la jueza considera que la suspensión definitiva debe otorgarse con base a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y precedentes de la Corte Interamericana, por lo que ordenó suspender así también la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales y devolver los bienes y
recursos transferidos hasta ahora.

“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, explicó la jueza.

Recordemos que el pasado 13 de octubre, la jueza ya había otorgado una suspensión provisional en los 53 juicios de amparo colectivos que se interpusieron con el fin de que se declarara inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.

El 19 de octubre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito de Guanajuato revocó la suspensión provisional.

Ahora, con una suspensión definitiva, la medida supone un serio revés para la gobierno de la Cuarta Transformación y para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulsor de la Guardia Nacional.

La Jueza de Distrito en la Ciudad de México, Yazmín Eréndira Ruíz, concedió al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, la suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso que se le impuso en agosto pasado por los delitos de tortura, desaparición forzada y administración de la justicia en relación al caso Ayotzinapa.

La suspensión provisional implica que una vez cerrada la etapa intermedia del juicio y hasta que sea notificado de la resolución del juicio de amparo, el juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien vinculó a proceso a Murillo Karam, suspenda dicho procedimiento.

Así, la suspensión definitiva otorgada no implica que Murillo Karam salga del Reclusorio Norte, pues el proceso en su contra continúa.

El asunto de Murillo Karam se turnó al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, pues la jueza se declaró incompetente ya que fue ese órgano jurisdiccional quien conoció, en primera instancia, el amparo que interpuso el exfuncionario.

En el amparo que presentó, Murillo Karam acusa una detención ilegal, la incomunicación de que fue objeto, así como la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Además se quejó de la calificación de su detención que hiciera el Juez

La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Murillo Karam como el autor intelectual de la llamada Verdad Histórica, en la que de forma premeditada, ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado y dijo que aunque está en todo su derecho a defenderse, la FGR seguirá demostrando, con elementos, que Murillo Karam sí tuvo injerencia en la creación de la Verdad Histórica.

“Cambiaron, ocultaron los hechos, culparon a otras personas, torturaron para sacar declaraciones, cómo dijeron que habían quemado a los jóvenes en un basurero, él es responsable, además él se asume como responsable”, señaló el mandatario.

Tal como se informó desde ayer, AMLO reiteró que dicha resolución no significa que Murillo Karam vaya a salir de la cárcel.

“Es un proceso legal, él tiene derecho a defenderse… Este amparo no significa que va a salir de la cárcel el señor Murillo Karam, ese es el proceso que se está llevando a cabo, nosotros tenemos el compromiso de aclarar esta situación”, manifestó.

Luego de que se diera a conocer la resolución del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México que ordenaba restituir todos los servicios de las escuelas de tiempo completo que el gobierno federal buscaba reemplazar con La Escuela es Nuestra, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el nuevo programa opera con normalidad, pues promoverá los recursos que sean necesarios en contra de la sentencia.

La SEP recordó que el pasado 7 de septiembre, Aprender Primero de la organización Mexicanos Primero obtuvo de dicho juzgado una suspensión definitiva para que las autoridades responsables, en su ámbito de competencia, restauren el servicio de las escuela de tiempo completo.

Sin embargo, dijo que al considerar que los servicios de Jornada Escolar Ampliada y Alimentación son atendidos por medio del programa La Escuela es Nuestra, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la dependencia promoverá un recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria, para que el Tribunal Colegiado revoque la suspensión y la niegue.

Reconoció que actualmente existen 50 juicios de amparo respecto de este tema, en 17 de los cuales se ha dictado el sobreseimiento y en uno hay sobreseimiento firme. Indicó que hay 33 juicios de amparo restantes que se encuentran pendientes de resolución.

“Se espera que los juicios de amparo que se encuentran en trámite sean sobreseídos derivado de que los quejosos no demostraron afectación alguna en su esfera jurídica (…) La Escuela es Nuestra sigue operando normalmente”, puntualizó la dependencia que ahora dirige Leticia Ramírez.

La SEP reiteró que una suspensión provisional y/o definitiva no constituye una sentencia inatacable o la concesión de un amparo, por lo que la SEP tiene derecho de controvertir mediante los recursos legales necesarios y disponibles.

Y es que recordemos que Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, presentó una demanda de amparo en la que señalaba, entre otras cosas, que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes que eran beneficiarios de dicho programa al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas pudieran tener un horario extendido en el que recibían más horas de contenidos y aprendizajes, así como alimentos.

Así, la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa ordenó restaurar los servicios de las escuelas de tiempo completo, tal como operaba antes del cambio a La Escuela es Nuestra. Si bien se reconoció que La Escuela es Nuestra cubre algunos de los objetivos de las escuelas de tiempo completo, se señaló que no se lograban satisfacer por completo los beneficios que brindaba el programa.

La jueza precisó que las autoridades violaron el principio de progresividad respecto de los derechos a la educación y a la alimentación de los beneficiarios, además del interés superior de la niñez. El fallo también reconoció que se afectó desproporcionadamente a las mujeres madres de familia, quienes dependían de las escuelas de tiempo completo para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos mientras trabajaban.

Una jueza estadounidense aceptó este lunes que un perito independiente supervise los documentos oficiales recuperados en la residencia del expresidente Donald Trump, quien afirmó que se necesitan “agallas” para luchar contra un Departamento de Justicia y un FBI “totalmente corruptos”.

La magistrada Aileen Cannon, del distrito Sur de Florida, ordenó que el perito, aun por designar, se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes.

Cannon está a cargo de la demanda presentada por Trump contra el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos por el registro del que fue objeto Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, Florida, el pasado 8 de agosto en busca de documentos oficiales que se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca.

Trump, cuyos abogados habían pedido a la jueza Cannon la designación del “special master”, como se denomina en inglés esta figura, publicó un comunicado tras conocerse hoy la decisión judicial.

Sin mencionar a Cannon ni al perito, el expresidente indicó que el poder judicial y la policía de investigaciones (FBI) “están siendo empujados a hacer lo incorrecto por muchas fuentes externas siniestras”. “Hasta que no muestren imparcialidad, sabiduría, justicia y coraje, nuestro país nunca podrá regresar o recuperarse, ¡será reducido a ser una nación del Tercer Mundo!”, agregó.

Los abogados defensores de Trump alegaron el pasado jueves en una audiencia que la designación del perito independiente brindaría “confianza” a la investigación sobre los documentos oficiales que mantenía el exmandatario en su mansión de Palm Beach.

Habían reclamado un “special master” no solo para supervisar qué documentos han sido clasificados como cubiertos por el privilegio abogado-cliente y, por ende, separados de la investigación, sino también para revisar el inventario de lo requisado.

A su vez, los abogados del Departamento de Justicia habían señalado en esa audiencia ante la jueza Cannon que la designación de un perito era “innecesaria” e iba a retrasar las pesquisas.

Y es que en el registro realizado por el FBI en Mar-a-Lago se encontraron documentos clasificados y secretos que el expresidente republicano presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

Tambié había 90 carpetas vacías con etiquetas de “clasificado” y “Devolver a la secretaria del personal/asistente militrar”, según el inventario del registro, que fue publicado la semana pasada.

La decisión tomada este lunes por la jueza estipula que el Departamento de Justicia no puede seguir revisando el material incautado o utilizarlo en el marco de la investigación hasta que ese perito no finalice su análisis o hasta nueva orden judicial.