Tag

lavado de dinero

Browsing

Esta tarde, la fiscalía estadounidense pidió al juez del caso que el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, permaneciera bajo custodia y que no quedara en libertad mientras enfrenta su proceso judicial, ante la posibilidad de que se fugue. La solicitud fue aceptada.

Los fiscales aseguraron que no era recomendable que sea colocado en arresto domiciliario, ya que consideran que también podría escapar.

Los cargos presentados por la corte del distrito este de Nueva York incluyen asociación delictuosa para distribuir e importar drogas y lavado de dinero. Los fiscales señalan que Cienfuegos ayudó al cartel del H-2 mientras fue el responsable de las fuerzas armadas de 2012 a 2018 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los fiscales indicaron que tienen mensajes interceptados de Blackberry Messenger que incriminan a Cienfuegos, también conocido como «El Padrino», según la fiscalía. Entre las comunicaciones hay mensajes en los que se identifica al general por nombre, título y fotografía.

Cienfuegos apareció esta tarde en la audiencia inicial a través de video desde el centro de detención donde se encuentra en Los Ángeles. Llevaba una chamarra oscura y un cubrebocas. Fue asistido por un intérprete.

Cienfuegos permanecerá detenido sin derecho a fianza hasta la próxima audiencia programada para el martes en Los Ángeles. Su abogado, Duane Lyons, apareció también en video y no respondió a solicitudes de comentarios.

Aunque los fiscales estadounidenses aseguraron que el general ayudó al cartel del H-2, en México las autoridades han descrito a H-2 como un lugarteniente del cartel de los Beltrán Leyva llamado Juan Francisco Patrón Sánchez, quien murió en un enfrentamiento con la Marina en 2017.

Los fiscales neoyorquinos expresaron en una carta a la jueza Carol Amon, de la corte federal de Brooklyn, que esperan que el general sea llevado a Nueva York en las próximas semanas y acusaron a Cienfuegos de asistir al cartel a cambio de sobornos. El general enfrenta un mínimo de 10 años de cárcel.

En su carta, los fiscales describieron al cartel como una organización liderada por Patrón Sánchez, también conocido como H-2, que operaba desde Nayarit y Sinaloa. El cartel, aseguraron los fiscales, tenía cédulas de distribución de drogas en Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York, a través de las cuales se distribuyeron miles de kilos de drogas.

Cienfuegos, continuó la carta, ayudó al cartel al asegurar que no se realizaran operaciones militares en su contra y también inició operaciones militares contra grupos rivales. El general localizó transporte marítimo para envíos de cocaína y ayudó a ampliar el territorio controlado por H-2, además de presentar a los narcotraficantes a otros funcionarios corruptos del gobierno.

Cienfuegos también avisaba al cartel de operaciones antidrogas de las autoridades estadounidenses.

Además de comunicaciones interceptadas, los fiscales señalaron que sus acusaciones están corroboradas por numerosos cientos de kilos de cocaína y otras drogas incautadas y por testigos que confirmaron la asistencia de Cienfuegos al cartel.

El general fue acusado formalmente por un jurado investigador en Nueva York el 14 de agosto de 2019.

La detención el ex funcionario federal se realizó ayer en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, a donde llegó  junto a sus familiares quienes fueron dejados en libertad horas después. Cienfuegos fue trasladado al Metropolitan Detention Center.

La Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó este viernes de narcotráfico y lava de dinero al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien estuvo al frente de la dependencia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el de lavado de dinero según un documento de la Fiscalía.

El gran jurado que debía determinar si había pruebas suficientes para juzgar a Cienfuegos ha decidido imputarlo por cuatro cargos.

El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.

«El acusado Salvador Cienfuegos Zepeda, también conocido como ‘El Padrino’ o ‘Zepeda’, junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para fabricar y distribuir una o más sustancias controladas, con la intención, a sabiendas y teniendo una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo», indica el texto.

En concreto, el escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1,000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramos de heroína entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

El cuarto cargo, de «conspiración para lavar las ganancias de los narcóticos» (lavado de dinero), sostiene que realizó transacciones económicas con este fin entre las mismas fechas, aunque no aporta ninguna cantidad específica.

Cienfuegos fue arrestado la tarde ayer jueves a petición de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en el aeropuerto de Los Ángeles, donde viajó con su familia.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este viernes de «lamentable» el arresto y consideró que es una «muestra inequívoca de la descomposición del régimen» que imperaba antes de su gobierno.

El presidente explicó que no existe ninguna investigación en México contra el general Cienfuegos que tenga que ver contra el narcotráfico, aunque confesó que hace 15 días fue informado por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de que en el país vecino «se hablaba de una investigación» sobre el general, aunque «no era nada oficial».

El mandatario avanzó que la investigación es un asunto del mismo juzgado de Nueva York que lleva el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, arrestado por nexos con el narcotráfico.

También es la corte que condenó a cadena perpetua a Joaquín «El Chapo» Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

 

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

El exgobernador de Coahuila, Jorge Torres, se declaró culpable por lavado dinero tras haber ocultado sobornos cobrados a cambio de contratos de construcción de carreteras en la entidad.

Torres se desempeñó como gobernador interino de la entidad en 2011, y fue arrestado en México a principios del año pasado y extraditado a Estados Unidos en octubre para enfrentar un juicio en un tribunal federal del Distrito Sur de Texas.

Los fiscales estadounidenses en Texas acusaron a Torres y a Héctor Villarreal, exsecretario de hacienda de Coahuila, de fraude, robo y transferencia ilegal de fondos en 2013.

El priísta se declaró culpable por su participación en un plan de lavado de dinero que incluía delitos contra una nación extranjera que involucraban el soborno de un funcionario público, dijo el fiscal federal Ryan Patrick en un comunicado del Departamento de Justicia.

Ahota, Torres enfrenta hasta 20 años de prisión y una posible multa de 500,000 dólares. Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó renunciar a una propiedad en Estados Unidos vinculada a los sobornos, según la autoridad local.

La jueza de distrito estadounidense Nelva González fijó la sentencia de Torres para el 10 de septiembre.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que en la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Explicó que dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Indicó que el dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.

Detalló que con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.

Añadió que en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Remató señalando que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.

El diario El País publicó este jueves en su edición electrónica un reportaje en el que asegura que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ocultó en 2012 una cuenta con fondos por 1.5 millones de euros en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.

Se relata que el priísta, que entones se desempeñaba como alcalde de Huixquilucan, participó como “representante” de la sociedad instrumental holandesa ‘Abeodan Corporation’, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Pese a que los documentos en que aparece el nombre de Del Mazo fueron consultados por el diario, en su declaración de bienes de enero de 2017, Del Mazo omitió su relación con dicho banco y con la cuent.

«Del Mazo o un representante del político comunicó al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principado europeo hasta 4,5 millones. De esta cantidad, 2,5 millones procederían de un dinero “depositado en Suiza”, otro país protegido en 2012 por el secreto bancario, según recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012. Del Mazo no ha respondido a las preguntas remitidas por este diario hace diez días», relata el diario español.

Se menciona que los fondos depositados en la cuenta fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015, y se investigó al ahora gobernador por presunto lavado de dinero.

El país señala que las investigaciones dan durado dos años, aunque recientemente se acaban de archivar y los fondos liberados.

Según el acta interna del banco a la que el diario tuvo acceso, menciona al gobernador indicó que poseía el 10% de las acciones de la compañía de estacionamientos Pumasa S.A. de C.V., mimas que habría conseguido por «cesión” de uno de los accionistas, Daniel Madariaga. Sin embargo, según documentos mexicanos, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de la empresa.

 

Nota completa  de EL País AQUÍ

Luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en contra del ex encargado de la oficia de la entonces PGR, Alberto Elías Beltrán, por presunto lavado de dinero, fue el ex funcionario quien respondió.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que depende de la Secretaría de Hacienda informó que Elías Beltrán, junto a su esposa Marcela Kuchle, están siendo investigados por realizar diversos movimientos bancarios que datan desde 2016 y que implicarían cerca de 100 millones de pesos.

“En ningún momento su servidor y mi esposa realizamos una actividad ilícita y mucho menos con dinero perteneciente al erario”, declaró el ex encargado de la oficina de PGR en entrevista con Grupo Fórmula.

Enfatizó que todos sus ingresos son producto de su trayectoria laboral, además de que negó tener propiedades en el extranjero.

Además, dijo desconocer la investigación en su contra, por lo que espera sea citado por la Fiscalía para poder conocer la carpeta y pueda demostrar su inocencia.

Elías Beltrán reiteró su confianza en la FGR, y en cómo su titular, Alejandro Gertz Manero, conducirá las investigaciones.

Las autoridades colombianas capturaron este miércoles a nueve personas que formaban parte de una estructura criminal señalada de ingresar al país más de 11,000 millones de pesos en los últimos dos años desde nuestro país, producto del narcotráfico.

La Fiscalía y la Policía colombianas indicaron en un comunicado que la banda implementó una nueva modalidad de blanqueo de dinero denominada «lavado hormiga», en la que enviaban a colombianos a México para que retornaran masivamente al país con fuertes sumas de dinero.

Entre octubre de 2017 y marzo de 2019, al menos 27 colombianos provenientes de México llegaron a los aeropuertos del país con cantidades de entre 20 y 80 mil dólares.

Según la investigación, la organización contactaba personas de estratos medios para ofrecerles la posibilidad de viajar en calidad de turistas a México con todos los gastos pagos. Una vez que el viajero aceptaba la propuesta, le entregaban los pasajes aéreos para una permanencia de cinco días, además de dinero en efectivo.

«Cada colombiano viajaba al extranjero con el compromiso de retornar a Colombia con 25,000 dólares. Sin embargo, se constató que en el lugar de la entrega eran convencidos de transportar sumas que iban desde 50,000 dólares hasta 80,000 dólares», precisó la Fiscalía.

Una vez en Colombia, los turistas evadían el control de las autoridades asegurando que el dinero era producto de la venta de inmuebles en México o un préstamo adquirido en ese país para hacer inversiones.

El ingreso del dinero era posible gracias a la participación de un funcionario de la Policía, quien cobraba para permitir el paso de los «correos humanos» por el aeropuerto internacional José María Córdova, cerca de Medellín.

Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmara que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la que estuviera en una investigación por el presunto lavado de dinero, fue el rector de la institución quien fijó postura.

Adolfo Pontigo Loyola indicó que hasta el momento no ha sido notificado de la investigación ni del congelamiento de las cuentas bancarias que indicó la SHCP.

«Hasta este momento estoy yo en la mi oficina y no he tenido ninguna notificación de una autoridad facultada para investigar este tipo de cuestiones», dijo en entrevista con W Radio.

Añadió que lo único que sabe, es la información que se ha ventilado en medios de comunicación. «Lo que yo sé es exactamente lo que ustedes (medios) saben».

Negó la Universidad haya recibido dinero desde el extranjero, y afirmó que todo recurso que haya en las cuentas de la institución ha sido auditado, por lo que insistió tiene «las manos limpias».

Lamentó que se haya filtrado el nombre de la institución a la prensa, pues dijo que con ello se violó el secreto bancario y financiero.

Finalmente negó que la Universidad esté bajo control del presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa y personas afines a Morena.

 

El Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó sobre la detección de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.

Derivado de la información, la dependencia procedió a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en cuestión.

Según detalló, el sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros. Además de que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

Dichas acciones, dijo la SHCP, responden a los ejes de acción anunciados respecto al combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado.

 

Trabajadores del sector petrolero presentaron una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en contra de Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero por 150 millones de dólares, evasión y defraudación fiscal.

Los trabajadores entregaron un documento en las instalaciones de la Seido en la Ciudad de México y explicaron que es para dar seguimiento a otra denuncia presentada hace ya dos años, la cual incluye a familiares del líder sindical y a prestanombres.

Los trabajadores acusaron omisión de la administración anterior ante las acusaciones contra Romero Deschamps y señalaron que confían en que el nuevo Gobierno actúe en contra del líder sindical porque hay elementos probatorios de actos delictivos.

Cabe recordar que el pasado 31 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los señalamientos en contra de Romero Deschamps por presunto robo de combustible y adelantó que era posible que la Fiscalía General de la República actuara de oficio en una investigación contra el dirigente del sindicato petrolero.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reveló los avances y hallazgos que se han encontrado luego de diversas investigaciones sobre el robo de combustibles, el llamado huachicoleo.

Nieto señaló que encontraron que una gran parte de las gasolineras reciben, hacen depósitos y transferencias en efectivo, que difieren del número de recursos con los que opera. Explicó que muchas estaciones, a partir de la Reforma Energética, lo que hacen es comprarle a Pemex e importar combustibles. Sin embargo señaló que sus ventas superan las compras que han desarrollado ante Pemex.

“¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero”, dijo el funcionario.

Explicó que en las 32 entidades federativas se encontraron más de 14 mil reportes de operaciones inusuales, equivalente a, sólo de robo de hidrocarburos, 10 mil millones de pesos que han sido “blanqueados” al sistema financiero mexicano.

Detalló que de dichos casos, hasta el momento se han presentado cinco ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que se actué conforme a la Ley. Refirió que en esos casos además de que empresarios, hay servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local y un ex presidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol.

Subrayó que en el modus operandi implica no solamente la comercialización del huachicol, sino el lavado de dinero en el sistema financiero, a través de diversas operaciones.

 

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que presentó la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) de la actual administración, en un esfuerzo por reducir la capacidad financiera y operativa de los grupos de delincuencia organizada.

En un comunicado, la dependencia federal encabezada por Santiago Nieto Castillo señaló que “la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación”.

Días antes de asumir su cargo, el funcionario había afirmado que la meta de la Unidad era incrementar sustancialmente el número de denuncias por este delito, toda vez que en los primeros once meses de este año (es decir, en la administración anterior) sólo se presentaron 65 denuncias.

De estas denuncias, sólo 2 se judicializaron, además de que no se congeló ninguna cuenta ni se cumplió con una sola orden de aprehensión.

Miguel Ángel Martínez, mejor conocido como “El Tololoche” aseguró en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, que el cártel de Sinaloa lavaba entre ocho y nueve millones de dólares al mes mediante el sistema bancario mexicano.

Martínez hizo la revelación en una corte de Nueva York donde se desarrolla el llamado ‘juicio del siglo’. De acuerdo a las declaraciones, la actividad de lavado de dinero fue aparentemente realizada en los primeros años de la década de 1990.

El testigo, quien se describió como gerente de las operaciones de tráfico de drogas de Guzmán, precisó que pese a que empleados de bancos cuestionaban los cuantiosos montos de sus depósitos, él los sobornaba.

Además confirmó que pese a haber sido encarcelado desde 1993, Guzmán Loera seguía dando órdenes mediante un teléfono que él le introdujo a la prisión de alta seguridad de Almoloya, en el Estado de México.

 

La justicia española reabrió una investigación por lavado de dinero contra el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, tras conocer nuevos testimonios que lo ligan al delito.

Moreira había sido detenido en enero de 2016 en el Aeropuerto Internacional de Barajas acusado de lavar 200 mil euros en bancos locales, pero días después, el magistrado Santiago Pedraz lo dejó en libertad al considerar que no había pruebas contundentes en su contra.

Pese a la liberación, la fiscalía continuó con sus pesquisas y recientemente pudo recabar los testimonios de dos personas en Texas, Estados Unidos, quienes aportaron nuevos datos sobre presuntas actividades ilegales del exmandatario.

En la investigación original que derivó en la captura de Moreira se incluyen testimonios de una reunión entre el político y líderes del cártel de Los Zetas, así como de vínculos con los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, considerados como blanqueadores de dinero para diversas organizaciones criminales mexicanas.

Moreira se mudó a la ciudad de Barcelona tras el asesinato de su hijo José Eduardo, sucedido en 2012 y en el que estaría involucrado el propio cártel de Los Zetas, iniciando así las investigaciones en su contra.

 

 

Con información de Efe

El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy 36 meses de prisión preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori en la investigación que se le sigue por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña
presidencial en las elecciones de 2011.

«Este despacho considera que sí existe sospecha grave sobre la participación de la investigada Keiko Sofía Fujimori en el delito de lavado de activos en condición de líder en organización creada defacto al interior en Fuerza 2011», señaló el juez al sustentar su decisión.

Medios locales reportaron que tan pronto fue conocida la decisión del juez, Fujimori fue detenida mientras intentaba retirarse de la sala «Se levantó de su asiento e intentó caminar pero, de inmediato, fue resguardada por la Policía», indicó el diario La República.

Por su parte la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, calificó la decisión del juez de estar basada en una parcialidad judicial, por lo que dijo que apelarán la resolución.

 

Con información de Medios / Foto: Twitter @Agencia_Andina

Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, actualmente preso en una prisión federal, ganó un amparo contra la vinculación a proceso que se le decretó el 5 de enero por el delito de lavado de dinero.

El efecto de dicho amparo es que se deja sin validez la vinculación a proceso y el juez de control debe emitir una nueva decisión en la que “funde y motive” correcta y suficientemente la participación del Borge en el delito que se le imputa .

La nueva decisión podría ser la de ratificar la vinculación a proceso dictada contra del exmandatario o bien se podría decretar la no vinculación por falta de pruebas, lo que implicaría su libertad sólo por este delito.

El amparo fue concedido por Manuel Camargo Serrano, juez Sexto de Distrito en el Estado de México, al resolver el juicio de amparo 105/2018.

Según el juez Camargo Serrano, el juez de control del Centro de Nezahualcóyotl, Estado de México, que vinculó a proceso a Borge Angulo por lavado de dinero, no valoró debidamente las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República.

El caso de lavado es el único proceso federal iniciado contra Borge, sin embargo, existen tres órdenes de aprehensión en su contra pendientes de ser ejecutadas por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.