Tag

ley

Browsing

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 260 votos a favor y 218 en contra, el dictamen de la de la Miscelánea Fiscal, que reforma la Ley del ISR, la Ley del IVA, la Ley del IEPS, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Dejó para este martes la discusión de las reservas presentadas como parte de la discusión de la Miscelánea Fiscal para 2022. La discusión de las reservas comenzó a las 10:00 horas.

Morena aseguró que la Miscelánea Fiscal para el 2022 combate la evasión de impuestos y hace un manejo «responsable y prudente» de la deuda pública satisfaciendo las necesidades de financiamiento del gobierno federal. Además, rechazó que en la Miscelánea Fiscal haya sanciones para los jóvenes por inscribirse en el registro de contribuyentes.

Sin embargo, la bancada del PAN calificó a la miscelánea planteada como «terrorismo fiscal» al incorporar a jóvenes de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes. En el mismo sentido se expresó la bancada del PRI, quien destacó que el hecho de que los jóvenes de 18 años sean inscritos en el RFC «podría acabar siendo una simulación de la ampliación de contribuyentes».

El PRI también cuestionó la «sorpresiva» inclusión de la regularización de «autos chocolate» en la Miscelánea Fiscal., al señalar que «regularizar lo ilegal, no sólo generará expectativas a futuro, que es correcto seguir importando ilegalmente automóviles que tienen un problema fundamental»; dijo que al crear este tipo de políticas públicas se reconoce «la incapacidad del gobierno mexicano de generar soluciones efectivas a la movilidad de nuestra gente».

Previamente, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, por 24 votos a favor y 17 en contra, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expedía la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

En materia de ingresos para el próximo año se prevé una recaudación de 7.08 billones de pesos, un 8.6% más que este año.

En cuanto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se modificó para establecer un parámetro que determine la ganancia cambiaria, así como el orden de prelación en el que se aplicarán los acreditamientos, introducir un supuesto adicional que configure la existencia de créditos respaldados, especificar que la autorización prevista se refiere al coeficiente de utilidad, y no así a la disminución de los pagos provisionales que derivan de la variación de dicho coeficiente, regular la acumulación de ingresos por la nuda propiedad y el usufructo de un bien, determinar la ganancia por la enajenación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien.

En lo referente a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la reforma establece que la enajenación de productos destinados a la alimentación humana y a la de animales tiene tasa de 0%; modificar el tratamiento impositivo a los productos de gestión menstrual; señalar los requisitos del acreditamiento del IVA. Faculta al SAT para que determine la forma en la que el contribuyente informará las obligaciones en periodo preoperativo; precisa las obligaciones de los residentes en el extranjero que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional; aclarar que el uso o goce temporal de bienes en territorio nacional siempre ha estado sujeto al pago del IVA, con independencia de la entrega material de los bienes que serán objeto del uso o goce temporal.

En cuanto al Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se modificó para importar combustibles automotrices, determinar las definiciones relativas a bebidas alcohólicas (marbete electrónico y establecimiento), determinar las cuotas aplicables a combustibles automotrices, incluir reglas para el consumo de bebidas alcohólicas en el mismo lugar o establecimiento en el que se enajenen. Adicional, se generará el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas con los fabricantes de alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables, cigarros y otros tabacos labrados; actualiza las cuotas aplicables a combustibles automotrices, y eliminar el tratamiento diferencial aplicable a la enajenación de automóviles blindados.

Sobre el Código Fiscal de la Federación, los cambios buscan señalar que la condición de residente en México no se perderá si la persona no acredita su cambio de residencia, o bien, si no presenta el aviso de cambio; eliminar la referencia a la recepción de declaraciones por instituciones bancarias.

Dentro de las modificaciones planteadas, y una de las más polémicas, se encuentra la realizada al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación y el Artículo Noveno del decreto en donde se establece que todas las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Se explica que tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro: inscripción de personas físicas sin actividad económica, conforme al Reglamento de este Código, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que renunciará a su cargo si la ciudadanía votan en su mayoría el próximo año en la consulta de Revocación de Mandato, independientemente de que se alcance el 40% mínimo de participación para que la consulta sea vinculante.

«Si la gente dice que ‘no queremos que continúe el presidente’, me voy, sin ningún problema. Es más, aunque no se llegue al 40% (de participación)», sostuvo López Obrador.

Y es que el presidente opinó que no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, por lo que si la mayoría vota que se vaya, dejará la Presidencia con independencia de la participación.

Recordemos que ya se aprobó una ley propuesta por el mismo López Obrador para permitir que se convoque una consulta ciudadana para consultar a la ciudadanía sobre su permanencia en el cargo.

Ayer, la coalición opositora «Va por México» presentó una acción de inconstitucionalidad contra la dicha ley al considerar que el mandatario, que tiene una aprobación ciudadana del 60%, busca promocionarse con este ejercicio, y más que una consulta para revocar su mandato, lo que se busca es un ejercicio de ratificación.

Sin embargo, AMLO se lanzó contra quienes ahora se oponen a dicho ejercicio, pues dijo que «e manera increíble, hasta surrealista, los conservadores no quieren la consulta», al recordar que la oposición ha pedido en reiteradas ocasiones su renuncia.

Consideró una incongruencia que quienes dicen ser demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa, y defendió que el mecanismo de la consulta sirve para «alejar los derrocamientos, los golpes de Estado y el autoritarismo».

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer, en lo general y en lo particular, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, que establece mecanismos para llevar a cabo una consulta a la ciudadanía sobre la continuidad del presidente en el cargo.

Tras una discusión de poco más de seis horas, la aprobación de la nueva ley se dio en lo general con 491 votos a favor, uno en contra y una abstención, lo que evidenció que Morena y sus aliados lograron el apoyo del resto de las bancadas.

En lo particular, la situación fue distinta, pues la minuta fue aprobada con 290 votos a favor, 195 en contra y cero abstenciones.

La Cámara de Diputados envió la minuta al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El proyecto, que se aprobó sin cambios al que había avalado el pasado viernes la Cámara de Senadores, confirmó la pregunta a realizar en el ejercicio en marzo de 2022: «¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?».

El proyecto de decreto, que fue considerado de urgente resolución y se sometió a discusión y votación de inmediato, tiene como objetivo: «regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible».

Además, se precisó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.

Se estipula que el proceso de revocación de mandato es un instrumento de participación que tendría que ser solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

Detalla que procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados, y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

También se apuntó que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato, pero se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público.

Además, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de Revocación de Mandato.

Durante la discusión, el diputado del PAN, Ricardo Villarreal García, indicó que era “mañosa” la pregunta que se planteará a la población; indicó que como está ahora, la ley se trataría de un proceso de premio y no de sanción.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa aseveró que su bancada estaba a favor del instrumento que otorga a la ciudadanía el poder revocar un mandato cuando hay excesos y se hagan mal las cosas «siempre y cuando se trate efectivamente de una revocación y no de una ratificación. Democracia participativa sí, simulación no».

El diputado Carlos Iriarte Mercado del PRI señaló que la revocación de mandato atiende a la pluralidad política, pero también legitima el sistema democrático de pesos y contrapesos; y aunque apoyó la minuta, alertó del reto presupuestal que significará para el INE la realización de este ejercicio.

El gobernador de Texas en Estados Unidos, el republicano Greg Abbott, firmó esta mañana una ley que restringe el derecho al voto y que se ha convertido en un símbolo de la ofensiva conservadora para reducir la participación con la excusa del fraude electoral que impulsó el expresidente Donald Trump.

Abbott rubricó la legislación y recibió automáticamente un gran aplauso por parte de los presentes en un acto en la ciudad de Tyler.

Este era el último paso que se necesitaba para la entrada en vigor de la conocida como ley «S.B.1», que en la práctica restringirá el voto en Texas a grupos que votan por los demócratas en mayor proporción, como las minorías hispana y afroamericana, así como las personas de bajos ingresos.

La ley también afectará negativamente a quienes no dominan el inglés o a las personas con discapacidad. También impone obstáculos para el voto por correo, además de que enriquece los observadores electorales partidistas.

Como ejemplo: el proyecto de ley impide que los condados envíen solicitudes de votación por correo no solicitadas, incluso a aquellas personas que tienen más de 65 años y, por lo tanto, califican automáticamente para votar por correo. 

Abbott, sin embargo, defendió que la legislación «protege» el derecho al voto y la integridad del proceso electoral de Texas para evitar que se cometa fraude. «Esta ley hará más difícil que se emitan votos fraudulentos», afirmó gobernador.

La farmacéutica alemana Bayer impugnó la reforma que permite a México comprar medicamentos en el extranjero con licitaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Información del Poder Judicial disponible este miércoles reveló que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México admitió la demanda de amparo de Bayer contra la reforma a la Ley de Adquisiciones.

«Se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión: conforme a lo dispuesto por los artículos 115 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional ordena la apertura del incidente de suspensión», india el fallo con fecha del 18 de junio.

Bayer se mostró inconforme con la reforma promulgada en agosto pasado a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que autoriza al gobierno a adquirir bienes y servicios de salud con organismos intergubernamentales internacionales.

La reforma ha desatado polémica porque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha justificado su necesidad para resolver el desabastecimiento de medicamentos, en particular de enfermedades como cáncer y VIH, que afronta el sector salud desde el inicio de su sexenio, a finales de 2018.

El mandatario ha denunciado un «sabotaje» de sus adversarios porque él ha combatido la «corrupción» en las compras, al señalar que en el sexenio pasado solo 10 empresas, «ligadas a políticos», concentraban casi 80% de los contratos.

El gobierno de la 4T reveló en su último informe, el 27 de mayo pasado, que ha pagado 43,000 millones de pesos a la UNOPS para comprar 730 claves de medicamentos con una licitación en la que hubo 171 empresas participantes y 144 ganadoras.

Bayer, al igual que otras compañías, han pedido al Poder Judicial declarar inconstitucional la reforma al considerar que viola la competitividad y afecta a los consumidores.

Sin embargo, el juzgado que admitió la demanda rechazó conceder por ahora una suspensión provisional de la ley, al argumentar que el orden público y el interés social prevalecen en relación al interés particular. «Procede negar la suspensión solicitada, dado que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo», indica la resolución.

Antes, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México avaló en abril las compras de medicamentos en la UNOPS, pero solo en situaciones «excepcionales», aunque este fallo está a revisión.

El Juzgado Cuarto fijó para el 28 de junio la audiencia incidental y para 4 de agosto la audiencia constitucional.

Sobre la falta de medicamentos,  la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) aseguró que el ingreso intermitente de sales de principio activo ha ocasionado el desabasto «momentáneo» de algunos medicamentos en nuestro país.

Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unefarm, señaló que la pandemia por COVID-19 ha transformado las dinámicas del mercado, lo cual ha derivado en que el 8% de los insumos ha ocasionado desabastos interminetentes. «El 95% de las sales de principio activo son importadas del exterior, de naciones como la India llegan el 40% de estas sales y al haber una interrupción permea en la producción nacional», dijo.

Agregó que la industria nacional tiene amplios estándares internacionales, lo que se refleja en una producción interna de alrededor de 5,700 millones piezas anuales de medicamentos fabricados en el país.

Aseveró que para hacer frente a los desabastos, la industria ha trabajado en conjunto con laboratorios, distribuidoras y farmacias para realizar monitoreos y determinar dónde faltan medicamentos con el objetivo de reabastecer el inventario gradualmente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación.

Además, la CNDH indicó que también se atenta contra la libertad de trabajo, el acceso a un empleo público, así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.

La acción de inconstitucionalidad también ca dirigida en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tras un «vasto trabajo de diálogo» con organizaciones de la sociedad civil y con autoridades involucradas en el tema, la Comisión indicó que llevó a cabo un análisis minucioso sobre la constitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 20 de mayo.

Dicho análisis le permitió a la CNDH impugnar diversas disposiciones de los ordenamientos legales entre las cuales destacan:

  • Artículos 10, fracción I, 19, fracción XIV, de la Ley de la Fiscalía General de la República.
  • Artículo 5, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
  • Artículo 85, segundo párrafo, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
  • Artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
  • Artículo 45, fracción III, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Precisó que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la Fiscalía General de la República y diversos sistemas o mecanismos, ya que la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la Fiscalía, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, mismo que interfiere con un pleno y optimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y/o comisión del que se trate.

La Fiscalía General de la República se creó en 2018 para dotar de independencia al Ministerio Público, que hasta entonces estaba integrado dentro del gobierno en la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, impulsó en menos de tres años la reforma legal del organismo para limitar su presencia en los diferentes organismos del Estado al considerar que estas tareas vulneraban su autonomía.

La reforma, aprobada en el Congreso el pasado abril, enfrentó a la Fiscalía con la Secretaría de Gobernación, encargada de la búsqueda de desaparecidos en México, y organismos defensores de los derechos humanos.

El texto establece que la Fiscalía solo atraerá casos de desaparición con «gran relevancia social» o «violación grave de los derechos humanos», dejando la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.

El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al bitcóin como moneda de circulación legal luego de que el Congreso aprobara una propuesta del presidente Nayib Bukele para hacerlo.

Con 62 de 84 votos posibles, los legisladores dieron luz verde entrada la madrugada de este miércoles para crear la ley y para usar el bitcóin, a pesar de la preocupación por el impacto potencial en el programa de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bukele ha promocionado el uso de la criptomoneda por su potencial para ayudar a los salvadoreños que viven en el extranjero a enviar remesas a su país, al tiempo que asegura que el dólar estadounidense también continuará como moneda de circulación legal.

El presidente, quien envió la iniciativa a los legisladores, dijo que esta ley ayudará a generar empleos en el corto plazo y favorecerá a la inclusión financiera de miles de personas que están fuera de la economía formal.

La norma aprobada establece que todos los precios podrán ser expresados en bitcóin y que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en la criptomoneda, pero que para fines contables, se mantendrá el dólar como moneda de referencia.

«La #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo cero (…) El Gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción», afirmó Bukele el martes por la noche en su cuenta de Twitter.

El uso como moneda de curso legal en El Salvador del bitcóin , que cotizaba en 35,216.77 dólares, de acuerdo con datos de Refinitiv Eikon, entrará en vigor en 90 días, con el tipo de cambio bitcóin-dólar fijado por el mercado.

Analistas han dicho que la medida podría complicar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde la nación centroamericana busca un programa de más de 1,000 millones de dólares. Se ha advertido que el uso de monedas digitales puede representar riesgos para economías dolarizadas, como la salvadoreña, en materia de estabilidad macroeconómica y financiera, así como para la posible alza del costo de vida, agregó el banco.

La criptomoneda ofrece, en teoría, una forma rápida y económica de enviar dinero a través de las fronteras sin depender de las empresas de remesas. Bukele dice que alrededor del 70% de las personas en El Salvador carecen de acceso a los servicios financieros tradicionales.

Aún así, el uso de la criptomoneda para las remesas a nivel mundial es irregular. La conversión de monedas locales hacia y desde bitcóin a menudo depende de corredores informales. Los precios son volátiles y la compraventa es un proceso complejo que exige conocimientos técnicos.

El Salvador «promoverá la capacitación y los mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a las transacciones de bitcoines», de acuerdo con la ley.

Luego de que ayer fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial de la Federación, en las que se amplía de 4 a 6 años el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, fue el Ministro presidente quien se posicionó esta mañana.

Calificó las reformas como las más importantes de los últimos 25 años, fruto del esfuerzo de colaboración entre los Poderes de la Unión en el marco de la división de poderes. Explicó que se sientan las bases para un Poder Judicial Federal más honesto, profesional y cercano a la ciudadanía, con mejores herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo.

Tal como lo ha dicho en otras ocasiones, Zaldívar señaló que en el debate legislativos de las reformas se incluyó el polémico artículo transitorio que prórroga su presidencia de la Corte, lo cual reconoció, se encuentra generando un ambiente de desconfianza que «injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la Judicatura y que siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes».

«A fin de no prolongar una situación de incertidumbre que dañan la legitimidad del poder judicial Federal se hace necesario buscar una salida inmediata que permite retomar el foco de la implementación de la reforma», dijo Zaldívar en un comunicado publicado esta mañana en sus redes sociales.

Detalló que con fundamento en el Artículo 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentará el pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder en relación con el artículo transitorio.

«En una democracia constitucional los conflictos se dirimen a través de los mecanismos que la propia Constitución establece para su defensa los cuales deben interpretarse acuerdo a las circunstancias de manera que se maximicen las posibilidades de control constitucional. Tenemos un Tribunal constitucional autónomo e independiente que estará a la altura de esta responsabilidad», precisó.

Aprovechó para afirmar que a lo largo de su trayectoria ha defendido la Constitución y los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración, lo cual queda demostrado en sus proyectos, sentencias y votos.

Finalizó indicando que el poder judicial seguirá actuando con plena imparcialidad, autonomía e independencia, tal como ha ocurrido durante su administración.

Un juez concedió una suspensión provisional contra algunas partes de la recién aprobada Ley de Hidrocarburos, con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca aumentar el control del Estado en el sector.

“La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, así como de los artículos transitorios cuarto y sexto del Decreto reclamado”, señaló el juez.

La suspensión se otorgó en contra de la posibilidad establecida de que permisos relacionados con el sector hidrocarburos puedan ser cancelados o las instalaciones de permisionarios ocupadas temporalmente.

También impide que la autoridad pueda revocar permisos que incumplan con el almacenamiento mínimo requerido por la Secretaría de Energía a la entrada en vigor de la Ley, que cobró vigencia la semana pasada, o que infrinjan cualquier disposición de la norma.

«Los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por cinco quejosas que son titulares de un permiso que las faculta para realizar una actividad regulada en el sector de hidrocarburos, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las promoventes del amparo, este Juzgado de Distrito estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, lo que ocasionaría distorsiones en la industria de hidrocarburos, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar», añade la resolución del juez.

Según analistas, en la práctica los cambios en la Ley de Hidrocarburos, creada tras la reforma energética del 2014, fortalecen a Pemex, pues es la empresa dominante del sector y es la única con la capacidad de almacenamiento suficiente de petrolíferos para cumplir las nuevas reglas del juego.

La nueva ley podría tener repercusiones para empresas multinacionales con operaciones en México como Shell, BP, Exxon y Total, que entraron en el mercado de combustibles del país tras la reforma, a la que tanto ha criticado AMLO.

Llama la atención que el juez que concedió la suspensión es el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sido duramente señalado por el gobierno federal, el presidente López Obrador y sus seguidores, por haber suspendido  la reforma eléctrica impulsada por AMLO, así como por haber otorgado amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Luego del la cifra récord de 4.8 millones de habitantes de Florida que votaron por correo en la elecciones generales de noviembre pasado, el gobernador del estado, Ron DeSantis, firmó este jueves una ley restrictiva para el ejercicio de dicho voto.

La polémica ley SB90, presentada por los republicanos, que son mayoría en el Congreso de Florida, fue aprobada con 23 votos a favor y 17 en contra a fines de abril.

El gobernador republicano, del que Donald Trump ha dicho que podría ser su compañero de fórmula si compite en las elecciones de 2024, firmó la ley en un hotel de Palm Beach, precisamente donde reside el expresidente, junto a un grupo de parlamentarios republicanos.

La ceremonia fue transmitida en directo por el canal conservador Fox News, pero no se permitió la entrada de otros medios, según denunció la cadena NBC.

El gobernador dijo que la nueva ley pone a Florida a la cabeza de los estados donde la posibilidad de un fraude es mínima. «Creo que son las medidas para la integridad electoral más fuertes en el país», indicó DeSantis.

Precisamente el gobernador dijo después de las elecciones presidenciales de noviembre pasado que en Florida, donde Trump fue más votado que el actual presidente, Joe Biden, fueron las «más transparentes y eficientes del país».

Para organizaciones civiles y los demócratas del estado, la ley SB90 dificultará el voto a las minorías, las personas mayores y aquellas con discapacidades al hacerles más difícil el voto por correo.

Con la nueva ley, los votantes que quieran hacerlo por correo tendrán que solicitar la papeleta cada ciclo electoral y no cada dos como se hace actualmente. Restringe también el uso de urnas para depositar el voto durante las jornadas de votación anticipada, que estaban disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Habrá además una verificación de firma, lo que significa que los electores deben tener una rúbrica en el archivo de las autoridades electorales.

«Nada sobre las elecciones de Florida ha demostrado la necesidad de esta ley», expresó Kara Gross, directiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó hoy la ley que le permitirá permanecer en el Kremlin hasta 2036 al darle el derecho a presentarse a la reelección en dos ocasiones más. El documento relevante se publicó en el portal oficial ruso de información legal este lunes.

La firma de Putin se produce después de que la Duma (Cámara Baja) y el Consejo de la Federación o Senado aprobaran la ley de manera formal.

La normativa desarrolla una enmienda a la Constitución adoptada en un plebiscito el pasado 1 de julio junto a otros cambios.

Una de las modificaciones constitucionales, propuesta a última hora hace ya más de un año y que para los detractores de Putin fue el principal objetivo de la reforma, permite al jefe del Kremlin, que llegó al poder en 2000, presentarse a la reelección en dos ocasiones más, en 2024 y 2030.

La nueva ley precisa que la misma persona no puede llegar a ocupar el cargo del presidente durante más de dos mandatos al tiempo que no impide al político «que haya ocupado u ocupe el cargo de presidente de la Federación Rusa participar como candidato en las elecciones presidenciales en el momento de la entrada en vigor de la modificación».

La norma confirma además que en el futuro sólo podrán ser candidatos a la Presidencia rusa aquellos ciudadanos mayores de 35 años que hayan vivido de manera permanente en este país no menos de 25 años.

Los aspirantes al Kremlin no podrán poseer doble nacionalidad o haber tenido pasaporte de otro país en el pasado.

 

Adicional, las autoridades rusas anunciaron este lunes que seguirán dificultando el acceso a Twitter hasta mediados de mayo pero no bloquearán la red social por completo porque últimamente ha estado retirando contenido prohibido más rápido.

El mes pasado, el regulador nacional de telecomunicaciones Roskomnadzor acusó a Twitter de no retirar contenido que promueve el suicidio entre jóvenes, sobre drogas y pornografía infantil. El 10 de marzo, la entidad anunció que reduciría la velocidad de cargar fotos y videos en Twitter, y pocos días después amenazó con bloquearlo por completo si no acataba las condiciones impuestas.

Como respuesta, Twitter respondió asegurando que tiene una política de tolerancia cero hacia la explotación sexual de menores, la promoción del suicidio o la venta de drogas.

El Pleno del Senado aprobó esta tarde, en lo general, el dictamen por el que se crea crea la Ley de la Fiscalía General de la República, el cual busca fortalecer su autonomía y los instrumentos del Ministerio Público. La nueva ley no excluye al Ministerio Público de órganos sobre desaparecidos, prevención a la violencia de género y protección de derechos humanos.

Con 119 votos a favor y uno en contra, los senadores aprobaron la iniciativa, que deberá ser ratificada próximamente por la Cámara de Diputados.

La nueva legislación, que sustituye la anterior Ley Orgánica de la Fiscalía de 2018, reestructura el organigrama y las funciones de la institución, apenas dos años después de su creación.

Reafirma la independencia de la Fiscalía respecto al gobierno, crea un plan estratégico y establece mecanismos de evaluación.

Esta reforma había generado polémica porque en un inicio buscaba dotar de más autonomía a la Fiscalía excluyéndola del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

También quedaba fuera del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata.

Sin embargo, de último minuto, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tramitó un anexo para frenar la salida del Ministerio Público de estos organismos. Durante el debate, Monreal dijo que la modificación «deja claro que la Fiscalía seguirá participando activamente» en los sistemas nacionales sobre derechos humanos.

«Yo celebro que hayamos logrado un consenso entre todos porque por supuesto que no se vulnera la autonomía de ningún órgano por pertenecer en sistemas nacionales de coordinación», expresó el senador Damián Zepeda del PAN.

La inclusión del Ministerio Público dentro de estos organismos, conformados por el gobierno y la sociedad civil, se logró en 2018 por la demanda de activistas que impulsaron la campaña #UnaFiscalíaQueSirva. En diciembre de ese mismo año se aprobó la creación de una Fiscalía independiente en sustitución de la hasta entonces Procuraría General de la República, la cual formaba parte del gabinete del gobierno federal.

Días después, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue elegido en el Senado el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien se ha mostrado a favor de salir del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Los legisladores se encuentran ahora en la discusión de las reservas que se presentaron al proyecto de decreto.

Adicional, se informó que el Senado de la República recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal que contiene la legislación secundaria con la que se regulará el funcionamiento, estructura, organización y atribuciones de las diversas instancias que conforman al Poder Judicial de la Federación.

En el documento se señala que esta propuesta recoge la propuesta planteada por el Poder Judicial, en congruencia con la reforma constitucional aprobada por el Legislativo. Además, reúne los cambios al orden jurídico nacional efectuados en las últimas dos décadas, a fin de consolidar los avances que, en materia de impartición de justicia, demanda la sociedad.

La iniciativa plantea la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual consolida el entramado normativo para llevar “a buen puerto el proceso de cambio iniciado al interior del Poder Judicial de la Federación”.

Dicho ordenamiento contiene un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa “para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo”.

Asimismo, sugiere sancionar con responsabilidad administrativa los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.

La propuesta también establece las contralorías para cada uno de los órganos de este Poder, las cuales implementarán los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Estos organismos, plantea el proyecto, fungirán como autoridades sustanciadoras de los procedimientos de responsabilidad administrativas, llevarán el registro y darán seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y de su declaración de intereses.

Asimismo, actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de “tan deplorable conducta”.

Otro de los aspectos de la iniciativa es la actualización de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; incluye como atribuciones de este órgano la revisión, por oficio, de la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal, durante la restricción o suspensión de derechos y garantías, de las consultas populares, así como resolver el recurso de revisión especial en materia de seguridad nacional para efectos de acceso a la información pública.

Por otro parte, faculta al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda concentrar, en uno o más órganos jurisdiccionales, asuntos vinculados con hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, el cual implica cambios en la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. La aprobación se dio con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones.

El dictamen señala que la Ley Federal para la Regulación del Cannabis tiene por objeto la regulación de la producción y comercialización del cannabis y sus derivados, bajo el enfoque de libre desarrollo de la personalidad, salud pública y respeto a los derechos humanos.

Se regula almacenar, aprovechar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar, importar, investigar, patrocinar, plantar, portar, tener o poseer; preparar, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender, y adquirir bajo cualquier título la cannabis.

En el caso de los usos medicinal, paliativo, farmacéutico, o para la producción de cosméticos, así como el uso científico para dichos fines, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Salud y demás normatividad aplicable.

Indica que corresponderá al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y demás autoridades competentes, el control y la regulación de los actos regulados correspondientes.

Subraya que la producción del cannabis y sus derivados tendrá los siguientes fines. Autoconsumo: Producción en casa habitación para uso personal con fines lúdicos y producción por asociaciones de cannabis para consumo por los asociados para uso lúdico; producción para la comercialización y venta con fines lúdicos; producción con fines de investigación, y producción de cáñamo para fines industriales.

Se establece que es derecho de las personas mayores de dieciocho años consumir cannabis psicoactivo. El consumo deberá realizarse sin afectar a terceros, especialmente a personas menores de edad. Queda prohibido el consumo de cannabis en lugares denominados como “100% libres de humo de tabaco”, así como en las escuelas, públicas y privadas, de cualquier nivel educativo.

El dictamen también menciona que la venta del cannabis psicoactivo y sus derivados para uso lúdico se realizará exclusivamente dentro del territorio nacional, en los establecimientos autorizados por la Comisión en los términos de la presente Ley.

También queda prohibido el empleo de menores de 18 años en cualquier actividad relacionada con la producción, venta y consumo de cannabis. Asimismo, queda prohibida la realización de todo acto de promoción y propaganda de la producción y el consumo del cannabis en cualquiera de sus presentaciones.

La ley señala que, previo otorgamiento del permiso correspondiente por parte de la Conadic, cualquier persona mayor de 18 años podrá cultivar y poseer en su lugar de residencia habitual hasta seis plantas de cannabis exclusivamente para su consumo personal con fines lúdicos. Las plantas deberán permanecer en la vivienda o casa habitación autorizada. Donde residan más de una persona consumidora mayor de 18 años, el número de plantas será de un máximo de ocho.

Se añade que previo otorgamiento del permiso correspondiente por la Conadic, las personas mayores de 18 años podrán constituir asociaciones de cannabis, sin fines de lucro, para cultivar y poseer plantas de cannabis psicoactivo para consumo de los asociados con fines lúdicos. Las asociaciones deberán constituirse con un mínimo de dos y un máximo de 20 personas mayores de edad.

También se precisa que toda persona que produzca o distribuya cannabis y sus derivados para su comercialización y venta con fines lúdicos requerirá una licencia. Las licencias otorgarán el derecho de realizar las actividades de la cadena productiva del cannabis y sus derivados para su venta, en los establecimientos autorizados, con fines lúdicos a mayores de 18 años.

Sobre las licencias para la producción de cannabis, se establecen seis tipos: Integrales, las cuales permitirán la realización de todas las actividades de la cadena productiva del cannabis, desde el cultivo hasta la comercialización y venta al usuario final; con fines solamente de producción, las cuales permitirán a sus titulares el cultivo del cannabis en las áreas especificadas en la licencia.

Además, con fines de distribución, las cuales permitirán a sus titulares la adquisición de cannabis a un productor autorizado, con fines de venta a un comercializador autorizado; con fines de venta al usuario final, la cual permitirán a sus titulares adquirir cannabis a un licenciatario de distribución para su venta final en establecimientos autorizados.

Del mismo modo, con fines de producción o comercialización de productos derivados, las cuales permitirán a sus titulares comprar cannabis a un productor autorizado a fin de transformarla en productos para su venta al usuario final.

El documento destaca que la Secretaría de Salud, a través de la Conadic, ejercerá la rectoría sobre la cadena productiva del cannabis psicoactivo y sus derivados, y su consumo.

En cuanto a las infracciones y sanciones, se establece que en aquellos casos en los que una persona esté en posesión de más de 28 gramos y hasta 200 gramos de cannabis, sin las autorizaciones a que se refieren la Ley y la Ley General de Salud, será remitido a la autoridad administrativa competente y en su caso, la sanción será una multa de entre 60 a 120 veces el valor diario de la UMA.

Además, queda prohibido vender al público cualquier producto, distinto al cannabis o sus derivados, para su consumo dentro de los establecimientos autorizados para la venta de cannabis, a quien lo incumpla se sancionará con una multa de 500 hasta 3000 veces el valor diario de la UMA, la cual se duplicará en caso de reincidencia, previo apercibimiento de tal sanción.

Se sancionará con una multa de 60 a 300 veces el valor diario de la UMA a quien consuma cannabis psicoactivo en lugares o establecimientos no autorizados por la Comisión.

En cuanto a la Ley General de Salud se modifican y adicionan diversos artículos para hacer referencia de que tratándose de cannabis se estará a lo dispuesto por la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Se incorpora a la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, el cannabis Sativa, Índica o Mariguana con 28 gramos.

Se establece que tratándose del cannabis psicoactivo el límite superior será el equivalente a 200 veces lo permitido en la tabla, es decir 5.6 kilogramos.

Señala que se impondrá prisión de uno a tres años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin la autorización prevista en la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, comercie o suministre, aun gratuitamente cannabis psicoactivo en cantidad que sea superior a 200 gramos e inferior la que resulte de multiplicar por 200 la cantidad señalada en la tabla del artículo 479 (5.6 Kg). Cuando la cantidad sea superior, se impondrá una pena de cinco a 15 años

Indica que se impondrá una pena de prisión de tres a siete años y de 80 a 300 días multa, al que posea cannabis psicoactivo, cuando la cantidad de que se trate sea superior a 5.6 kilos e inferior a 14 kilos y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

El dictamen también modifica el Código Penal Federal. Se establece que a quien produzca, transporte, trafique, comercie o suministre, aun gratuitamente, sin la autorización a que se refieren la Ley General de Salud o la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, se impondrá una pena de cinco a quince años, siempre que la cantidad sea superior a cinco kilos seiscientos gramos.

Mientras que a quien posea cannabis psicoactivo con la finalidad de cometer las conductas establecidas en la fracción anterior, se le sancionará con pena de tres a siete años de prisión, siempre que la cantidad de que se trate sea superior a 5.6 kg e inferior a 14 kg. Cuando por las circunstancias del hecho la posesión del cannabis psicoactivo no pueda considerarse destinada a realizar alguna de esas conductas, se aplicará pena de diez meses a tres años y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

Precisa que a quien introduzca o extraiga del país cannabis psicoactivo, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito, en cantidad superior a 200 gramos e inferior a la que resulte de multiplicar por quinientos la cantidad prevista en la tabla incluida en el artículo 479 de la Ley General de Salud, se impondrá una pena de prisión de diez meses a tres años; cuando la cantidad sea mayor a la antes señalada en segundo lugar, se impondrá una pena de tres a diez años.

Además, establece que a quien siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, sin contar con la autorización en los términos de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, se le impondrá pena de uno a seis años de prisión; si dichas actividades fueren cometidas por personas dedicadas como actividad principal a las labores propias del campo y sean de escasa instrucción o extrema necesidad económica, se destruirá la cosecha y sólo serán sancionadas con la pena antes referida en casos de reincidencia.

Tras aprobarse en lo general, los diputados procedieron a la discusión en lo particular, para la cual se presentaron diversas propuestas de modificación al proyecto de decreto, tanto relacionados a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

Recordemos que la discusión de la Ley inició en octubre de 2018 luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que era contrario a la Constitución la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la mariguana. En ese momento dio año al Congreso para que hiciera los cambios necesarios; sin embargo, luego de más de 2 años, se han solicitado tres prórrogas argumentando la falta de tiempo para discutir ampliamente el dictamen.

Una vez aprobada en Diputados, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen regresará al Senado, donde se tendrá que aprobar en los términos que envíe la Cámara de Diputados, o en su caso proceder a realizar modificaciones. Una vez que sea aprobada, pasará al Ejecutivo.

El proyecto de ley con el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca concretar su ambiciosa reforma migratoria, la cual otorgará una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, llegó este jueves al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas.

Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son quienes impulsan la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, propuesta bandera con la que la administración de Biden busca reorganizar el sistema de migración de su país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.

La iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los soñadores, como se conoce a los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que en su mayoría proceden de Centroamérica, así como a los trabajadores agrícolas inmigrantes.

Amplía además los visados de diversidad de 55,000 a 80,000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas.

Recordemos que un esfuerzo similar fue liderado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente, pero no logró el respaldo en la Cámara de Representantes pese a haber conseguido la aprobación del Senado.

Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden deberá contar con la totalidad de los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurarse diez republicanos. De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularización en los años anteriores.

«Estamos aquí porque el pasado noviembre 80 millones de estadounidenses votaron contra Donald Trump y contra todo lo que representaba. Votaron para restaurar el sentido común, la compasión y la confianza en nuestro gobierno», dijo Menéndez en una conferencia de prensa virtual. «Y parte de ese mandato es arreglar nuestro sistema de migración, que es la piedra angular del odioso espectáculo de horror de Trump».

Al dirigirse a sus colegas republicanos, aseguró que el voto latino no es propiedad de ningún partido y destacó que los hispanos son «la mayor minoría racial y étnica del país».

En su intervención, Sánchez recordó que es hija de inmigrantes mexicanos, un mecánico industrial y una maestra de escuela primaria, y afirmó que por ello se ha dedicado a construir un sistema de inmigración «que permita a la gente vivir sin miedo».

Ambos políticos estuvieron acompañados por los legisladores de la Cámara Baja Zoe Lofgren, Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez, Judy Chu, Raúl Ruiz, Yvette Clarke y Yvette Clarke, así como por los senadores Amy Klobuchar, Alex Padilla y Ben Ray Luján, que prometieron su respaldo a la iniciativa.

El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente, conocida por su nombre en inglés «green card».

Para los soñadores, los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de «inmediato» y tres años más tarde la ciudadanía. erá un requisito fundamental para estas personas «haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021».

El proyecto de ley deroga además la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10,000 a 30,000 los cupos para los visados U, que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental.

Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término «extranjero» por «no ciudadano» y promueve la reunificación de familias, en especial de los grupos familiares LGBTQ+.

Por otro lado, aborda las causas de la migración al financiar un plan de la Administración de Biden para aumentar la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde procede la mayoría de inmigrantes que buscan cruzar a Estados Unidos desde México.

También crea opciones para que las personas que buscan protección puedan solicitar un estatus legal en Centroamérica; restablece el programa de menores centroamericanos que permite reunir a los pequeños con sus padres que residen en EUA; y destina recursos para el uso de la tecnología en las fronteras.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó al llamado de dar paso a una discusión a fondo, con responsabilidad y prudencia, ante la iniciativa aprobada por el Senado en relación con la compra de divisas por parte del Banco de México (Banxico).

Al reconocer que es un asunto complejo, el CCE indicó que en el análisis y discusión que debe hacerse, se deben alcanzarse dos objetivos: atender las dificultades que enfrentan los ciudadanos que reciben recursos en divisa extranjera en efectivo, y mantener y fortalecer los controles para evitar el ingreso al sistema de recursos de procedencia ilícita, así como respetar la autonomía del Banco de México en el ejercicio de sus funciones.

Advirtieron que tal como está planteada, la iniciativa representa riesgos importantes para el sistema financiero.

Al respecto, también se posicionó la la Asociación de Bancos de México (ABM),  quien dijo que la iniciativa de reforma pone en grave riesgo al conjunto del sistema financiero mexicano, por lo que también llamó a discutir ampliamente la propuesta legislativa, atendiendo a todas las voces y los planteamientos existentes.

«La ABM considera que la iniciativa actual, la cual no ha sido promovida por esta Asociación, incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al obligar a Banco de México a operar como comprador de última instancia de divisas en efectivo».

La Asociación indicó que la solidez del sistema financiero mexicano es uno de los pilares más importantes que sostienen la estabilidad macroeconómica del país; recordó que dicha solidez se ha conseguido gracias a la adopción de diversas medidas, como son, la autonomía del Banco de México, un régimen de tipo de cambio libre, la disciplina fiscal a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la certificación de los criterios de capitalización y liquidez de Basilea III, y la adopción de normas estrictas de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que siguen las mejores prácticas a nivel internacional.

Alertó que obligar al banco central a actuar como comprador de última instancia de moneda extranjera en efectivo, aunque estas provengan de instituciones del propio sistema financiero, atenta contra su autonomía. Denunció también que podría aumentar el riesgo percibido para Banco de México por la comunidad financiera internacional, y por extensión a todo el sistema financiero mexicano.

Puntualizó que las remesas se envían por transferencia electrónica y sólo un 1% llega en efectivo, las cuales se entregan en pesos mexicanos a quienes las reciben.

Coincidió en que es indispensable que a la brevedad se encuentre una mecánica dentro del marco legal y regulatorio que permita ingresar dólares en efectivo, que puedan cambiarse a precios competitivos en un sistema financiero que se mantenga seguro, bien regulado y protegido, por lo que apoyó el planteamiento de dar paso a un debate profundo y consensuado.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) también se sumó al debate, y dijo este mañana que la Cámara de Diputados debe escuchar la voces de los expertos, pues dijo que hasta ahora hay consenso en contra de la reforma a la Ley del Banco de México. Indicó que es imprescindible blindar instituciones y no vulnerarlas.

«Estamos a tiempo de evitar un daño grave a nuestro Banco Central y generarle un aislamiento internacional».

En su maratónica sesión de ayer, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto para reformar la Ley del Banco de México (Banxico), que según señala el texto, busca fortalece la economía de los mexicanos que migraron a Estados Unidos, de las familias que reciben remesas en efectivo, así como de quienes dependen de la actividad turística y del comercio de bienes en la frontera.

El dictamen se avaló en lo general con 67 votos a favor 23 en contra y 10 abstenciones.

Las modificaciones otorgan la certeza jurídica de que los dólares siempre se podrán canjear por pesos en los bancos de una forma legal y segura, obteniendo por ellos la mejor paridad del mercado. Además, evitan que se recurra al mercado negro de divisas, en donde se obtienen menos pesos por los dólares y se fortalecen las estructuras del crimen organizado y los flujos de dólares irrastreables por la autoridad fiscal.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó que el Estado está obligado a modificar su marco normativo para que los millones de mexicanos que regresan a nuestro país encuentren condiciones adecuadas en el tipo de cambio y obtengan “el valor exacto de su esfuerzo” al intercambiar sus dólares.

Las reformas, enfatizó, “no promueve el lavado de dinero”, sino que favorece a los trabajadores migrantes que en la contingencia sanitaria enviaron casi 10% más de remesas para pagar la atención médica de sus familiares.

Sin embargo, la oposición acusó que era falsa la intención expuesta por los legisladores afines a la 4T sobre las modificaciones a la Ley.  Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que se estaba vulnerando la autonomía del Banco de México, imponiéndole obligaciones de las instituciones bancarias comerciales, entre ellas, el congelamiento de operaciones internacionales por lavado de dinero.

El senador Emilio Álvarez Icaza alertó que con la aprobación de la iniciativa se estaba convirtiendo a Banxico en una “lavadora de dinero del narcotráfico”. Dijo que, si el problema son las remesas que envían los migrantes, la alternativa era crear mecanismos para protegerlas con instituciones financieras.

La reforma precisa que las divisas que podrán formar parte de la reserva, a juicio del Banco de México, son únicamente los billetes y monedas extranjeras, captados por las instituciones de crédito en los términos, montos y modalidades que determine la Ley de Instituciones de Crédito, que no puedan ser repatriados a su país de origen.

Dispone que los billetes y monedas extranjeras excedentes que capten las instituciones de crédito serán repatriadas a su país de origen conforme al contrato de corresponsalía que tengan firmado.

La asamblea aceptó la reserva que aclara que los montos que no se puedan repatriar serán comprados por el Banco de México, para lo cual éste, escuchando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regulará el procedimiento de compra al tipo de cambio vigente. El procedimiento de compra de divisas incluirá la obligación de las instituciones de crédito para contar con procesos, sistemas y personal adecuados para recabar, verificar y conservar la información de identificación de sus clientes o que permita evaluar el riesgo que pueden representar en la materia.

Además, de procesos que deberán seguir, así como personal adecuado, para monitorear las operaciones a través de los sistemas automatizados con que cuente, con el fin de detectar operaciones inusuales.

Se indica que se podrá elaborar y documentar las políticas y procedimientos para evaluar y mitigar los riesgos que la institución de crédito asuma ante la realización de operaciones con divisas relacionadas con actos presuntamente ilícitos o con recursos de origen indeterminado.

Sobre las modificaciones aprobada por el Senado, el Banco de México emitió un posicionamiento el que dijo que a pesar de las modificaciones hechas al proyecto de decreto, considera que en las reformas aprobadas persisten los riesgos a las operaciones del Banco Central que ya se habían advertido.

Aclaró que aunque Banxico participó en el grupo de trabajo convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, las consideraciones sobre los temas fundamentales y alternativas de solución que presentaron  no fueron incluidas en el proyecto aprobado.

Al indicar que el proyecto pretende beneficiar a la población que recibe billetes y monedas extranjeros. Entre dichos beneficiarios, destacan principalmente quienes se dedican a actividades turísticas y aquellos que reciben remesas en efectivo, los cuales representan el 1% del total de las remesas enviadas al país, lamentó que el proyecto proponga imponer al Banco de México la obligación de comprar dichos billetes y monedas captados por la banca y que no puedan ser repatriados.

«El Banco de México destaca que los impactos del proyecto ocasionarían afectaciones y riesgos substanciales sin cumplir el objeto que dicho proyecto busca lograr. Adicionalmente, las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de dinero coinciden en las afectaciones que el proyecto ocasionaría en los estándares que el sistema financiero debe establecer al operar con billetes y monedas extranjeros, que son considerados de alto riesgo, así como el contagio de dicho riesgo al Banco Central», expuso Banxico.

Añadió que también se podría dar lugar a que autoridades extranjeras impongan restricciones a las entidades financieras de su país y que ofrecen servicios de corresponsalía a las instituciones mexicanas para procesar la moneda extranjera que estas últimas capten, así como limitaciones a las operaciones y acuerdos celebrados con el Banco de México.

Banxico insistió en la vulneración que las normas previstas en el proyecto de decreto ocasionarían a su autonomía para el ejercicio de sus funciones, debido a la determinación en ley de operaciones activas que el Banco Central quedaría obligado a realizar.

Enfatizó que el proyecto de decreto obligaría al Banco Central a realizar operaciones activas de alto riesgo que pueden comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y el cumplimiento del mandato constitucional de preservar el valor adquisitivo de la moneda nacional.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la reforma a la ley del Banco de México debe ser respetada.

«Si se aprobaron en el Senado, por el Congreso, pues son reformas que deben de acatarse, que deben de respetarse», dijo el mandatario brevemente en su conferencia de prensa matutina.