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RAYMUNDO RIVA PALACIO

EL FINANCIERO

Termina la semana de Emilio Lozoya, pero los merolicos siguieron inyectando involuntariamente combustible al sarcasmo, y mostrándose desarticulados, sin ejes claros, con ocurrencias que luego tienen que corregirse, e intentos vehementes para tratar de explicar que estamos mejor que antes, aunque estemos peor que nunca.

Los números no mienten: nunca se destruyó tanto valor en tan poco tiempo como ahora; nunca hubo un periodo más violento en nuestra historia, que en los primeros 18 meses de este gobierno; nunca se tiró tanto dinero público a la basura –¿dónde quedaron los 300 mil millones de pesos que le dejó en caja el gobierno anterior?–, y nunca se gobernó con tantas ocurrencias y contradicciones.

Se apela a que nunca más dependeremos de hidrocarburos del exterior, por lo que se construirán refinerías y se dejará de vender petróleo al mundo, porque la soberanía nacional –con su marco de referencia de hace casi medio siglo– está por encima de todas las cosas. Pero de repente, como el inquilino del Palacio dice que las empresas farmacéuticas son unas sanguijuelas que formaron parte de la corrupción del pasado, se anuncia que México se va a comprar medicinas al mundo, quedando subordinados al extranjero en medicinas.

El Honorable Congreso celebra una sesión extraordinaria para aprobar los caprichos del Presidente. La industria farmacéutica con la que no va a tratar en México es la misma a la que le comprarán lo mismo, a mayor costo, en el extranjero. Si alguien en Palacio revisara los antecedentes, sabría que hubo gobiernos anteriores que hicieron cosas similares y salió peor y más caro. Hoy no importa. Las medidas a rajatabla construyen imaginarios, no atajan realidades. Si se aduce corrupción, debería atacarse la corrupción y dejarse de balandronadas. Si para evitar que la gangrena suba del pie, ¿por qué se asesina al individuo?

La nueva decisión es reconocimiento implícito de que la política de compras consolidadas desde la Oficialía Mayor de Hacienda fracasó. En el caso de las medicinas, el asesor fue el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que a las facturas que tendrá que pagar por el manejo del Covid-19, se le sumará el desabasto de medicinas para el cáncer y para el VIH. Los muertos que se acumularán por esa decisión de gobierno podrían vincularse con la política que decidieron tres personas, porque el primer inquilino de Palacio asumió la punta de la cadena de mando, y plantear en una corte internacional que hubo una política de Estado que tuvo como objetivo un grupo específico de personas que, como resultado, fallecieron. No será Ruanda o Bosnia, pero el principio –aunque aquí por ignorancia o incompetencia– es el mismo.

De palabras estamos llenos. A mediados de junio decía el Presidente que los indicadores de la economía iban mejorando y que ya se había tocado fondo. Ayer, el Inegi reportó que el segundo trimestre del año, al que se refería el inquilino del Palacio, provocó una caída de 17.3 por ciento en términos reales, y 18.9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019, que es el peor resultado en la historia. Pero como siempre sucede, la fuga es hacia delante. “Ya esperábamos estos datos”, dijo el inquilino de Palacio, desmintiéndose a sí mismo de su afirmación hace cinco semanas. Y para no olvidar, otra perla: la caída en el crecimiento no genera más pobreza. Para Premio Nobel de Economía.

Pero vamos a estar mejor, de cualquier forma, porque la economía repuntará en agosto. Ya veremos, no si tiene razón, sino qué dirá cuando los datos digan lo contrario. Si el primer trimestre del año estuvo mal, el segundo peor, y el tercero no será mejor y arrastrará al cuarto, quizás los bancos, organismos internacionales e instituciones mexicanas, así como los economistas más cercanos a sus proyectos, tienen razón y la contracción alcanzará los dos dígitos. La única forma como podría haber una buena y rápida recuperación es si el rebrote de Covid-19 no es tan severo como en otros países.

Pero sobre esto no sabemos, porque vivimos en la dimensión desconocida, por cortesía del merolico mayor que cobra como subsecretario de Salud, que como dice una cosa dice otra, y luego dice que nunca dijo lo que sí dijo. Pero, en abono a él, es la marca de la casa. ¿Se acuerda cuando la violencia iba a desaparecer en los primeros seis meses de 2019 porque todo se trataba de que los sicarios descubrieran que sembrando árboles o consiguiendo una beca de jóvenes iba a cambiar su modus vivendi?

Ya sabemos qué sucedió. En los primeros 18 meses de este gobierno, casi 100 personas fueron asesinadas cada 24 horas, para un total de 53 mil 628 personas, dos veces las registradas en el gobierno de Felipe Calderón, a quien los fieles del inquilino de Palacio llaman diariamente “asesino”, y 55 por ciento más alta que en el de Enrique Peña Nieto. Todo esto, sin añadir la entrega extraoficial del país a los cárteles de la droga, que como contraprestación, piensa uno, le permiten al inquilino del Palacio viajar sin problema por todo el país, repartiendo abrazos y saludos a quienes, en el pasado eran enemigos del Estado mexicano. Ahora ya no. Los enemigos pagan impuestos y viven bajo el imperio de la ley. Los nuevos amigos son criminales.

Discurso contra realidad es el nombre del juego, mentiras para ocultar verdades. La memoria histórica no existe en el Zócalo, y en algún momento la fuerza de la palabra de los parlanchines llegará al shock de confianza y colapsará. No está cerca ese horizonte, pero la acelerada degradación de la vida en México llevará a ese punto invariablemente. Es cuestión de tiempo, si no cambia el Presidente de administrar un caos creciente, a gobernar. Por cierto, esto no es mala idea.

El presidente chino, Xi Jinping, promulgó este martes la polémica ley de seguridad nacional para Hong Kong, considerada como una forma de amordazar a la oposición y socavar la autonomía del territorio autónomo.

Ignorando los llamamientos de la comunidad internacional, el parlamento nacional aprobó el texto, un año después de las manifestaciones multitudinarias en la antigua colonia británica contra la influencia del gobierno central.

El texto será incorporado a la «Ley Fundamental» que sirve desde 1997 de mini-Constitución en Hong Kong y entrará en vigor este mismo martes, anunció la jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam.

Elaborado en seis semanas, el contenido de la ley que fue sometido el domingo pasado al comité permanente del Parlamento Nacional, una instancia que depende del Partido Comunista chino (CPC).

La agencia oficial Xinhua esbozó en junio las grandes líneas, afirmando que pretende erradicar el «separatismo, el terrorismo», la subversión» y la colusión con las fuerzas exteriores y extranjeras».

«Esto supone el fin de Hong Kong tal como lo conocía todo el mundo. Con poderes ampliados y una ley mal definida, la ciudad se convertirá en un «estadodepolicíasecreta», tuiteó el martes Joshua Wong, uno de los líderes del movimiento prodemocracia de Hong Kong, cuyo partido político Demosisto anunció su disolución.

La nueva ley será una arma que penderá sobre la cabeza de aquellos que afecten la seguridad nacional, dijo la Oficina de Asuntos para Hong Kong y Macao poco después de su promulgación.

«Para una vasta mayoría de los residentes de Hong Kong (…) esta ley es un espíritu guardián de sus libertades», agregó.

Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos habían advertido del riesgo de que la ley sea utilizada para callar las voces críticas con Pekín, que utiliza leyes similares para aplastar a la disidencia en el continente.

Pero Carrie Lam defendió «el derecho de nuestro país a garantizar la seguridad nacional y las aspiraciones a la estabilidad y la armonía de la población de Hong Kong», en un mensaje en vídeo en la apertura de la 44 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El compromiso alcanzado por Reino Unido con China para la devolución de Hong Kong en 1997 fue que la excolonia mantendría ciertas libertades, así como una autonomía legislativa y judicial, durante 50 años, en lo que se denominó un «país, dos sistemas».

Los hongkoneses tienen libertad de expresión, libertad de prensa, una justicia independiente y un sistema capitalista.

La fórmula fue el pilar de la transformación de la ciudad en una plataforma financiera mundial, anclada en su seguridad jurídica y las libertades políticas de las que carece el continente.

A partir de ahora, parece difícil que los hongkoneses puedan organizar manifestaciones masivas ya que las autoridades de la excolonia siguen prohibiendo las concentraciones de más de 50 personas debido a la epidemia de Covid-19.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer el aplazamiento de su iniciativa de ley dirigida a fusionar tres organismo reguladores, que la semana pasada anunció y que fue cuestionada por opositores y expertos al considerarlo un riesgo para el contrapeso de poderes.

El pasado 9 de junio, Monreal presentó una iniciativa para extinguir y fusionar en un nuevo organismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Todos se agruparían en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

“He decidido posponer la presentación (de la iniciativa) e iniciar un proceso abierto de discusión, de enriquecimiento y de valorización de la misma”, dijo Monreal, en un video publicado en redes sociales.

Señaló que en el “momento histórico” por el que atraviesa el país obliga a centrar la atención en los problemas derivados de la crisis sanitaria y “a prepararnos para la inminente puesta en marcha del T-MEC”, entre México, Estados Unidos y Canadá.

El legislador no especificó cuándo retomaría el proyecto, y afirmó el domingo que no hay intención desde el oficialismo de crear un superpoder ni dar paso al autoritarismo, ni a la concentración de las funciones en el Ejecutivo, ni violentar la autonomía que hasta ahora tienen los órganos reguladores.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se manifestó a favor de la iniciativa, al resaltar que la propuesta permitiría ahorros al país.

China acusó a Estados Unidos de «tomar como rehén» al Consejo de Seguridad de la ONU, tras la solicitud de Washington de celebrar una reunión centrada en el proyecto de ley chino sobre la seguridad nacional de Hong Kong.

La tensión crece entre Pekín y países occidentales, que ven con inquietud un texto legislativo que podría significar el fin de la autonomía política del territorio.

«El Consejo de Seguridad no es un instrumento que Estados Unidos puede manipular como le plazca», dijo Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una rueda de prensa.

Washington y Londres lograron organizar este viernes una discusión informal en el Consejo de Seguridad de la ONU, a puerta cerrada y por videoconferencia, según reportan diversas agencias internacionales.

Estados Unidos, el Reino Unido (la ex potencia colonial en Hong Kong), Canadá y Australia advirtieron el jueves en un comunicado conjunto que Pekín violaba sus compromisos adquiridos décadas atrás, cuando Hong Kong volvió a su jurisdicción.

«Exhortamos a esos países a que cesen de entrometerse en los asuntos de Hong Kong y en los asuntos internos chinos», replicó el viernes Zhao Lijian.

El proyecto de ley chino castigará la secesión, la subversión del poder del Estado, el terrorismo y actos que pongan en riesgo la seguridad nacional, y permitirá que las agencias de seguridad del continente operen abiertamente en Hong Kong. Además, castiga la injerencia extranjera en este territorio semiautónomo chino.

Para los países occidentales, el objetivo es acallar a la oposición hongkonesa y mermar las libertades, lo que desmiente formalmente Pekín.

«Nuestra relación con China está basada en el respeto mutuo y la confianza (…) pero esta decisión lo cuestiona», aseguró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al término de una reunión de los cancilleres de la UE consagrada al gigante asiático.

Hong Kong, que siempre ha mantenido una actitud desafiante ante Pekín, reinició en 2019 un movimiento de protesta contra la influencia de China, con gigantescas manifestaciones que contribuyeron a un aumento de las ideas proindependencia, hasta entonces minoritarias en la excolonia británica.

China ha afirmado que Washington juega con fuego al apoyar públicamente las protestas y acusó a los manifestantes más radicales de actividades «terroristas».

En virtud del principio «un país, dos sistemas», que rige las relaciones con Pekín desde que el territorio fue devuelto por Reino Unido a China en 1997, Hong Kong tiene una amplia autonomía, libertad de expresión y una justicia independiente.

Pero Pekín arguye que la «Ley fundamental», una pequeña Constitución que rige en Hong Kong desde 1997, obliga a las autoridades hongkonesas a implementar una ley sobre seguridad nacional.

Ya en la reunión convocada, Johnathan Allen, segundo en la representación de Reino Unido ante la ONU dijo que «esperamos que el gobierno chino haga una pausa y reflexione sobre las serias y legítimas preocupaciones que esta propuesta ha planteado tanto en Hong Kong como en todo el mundo».

Advirtió que si se aplica la ley, exacerbará las profundas divisiones en la sociedad de Hong Kong.

Por su lado, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, instó a los países de la ONU «a que se unan a nosotros y exijan que la RPC (República Populal de China) revierta el rumbo y honre los compromisos internacionales asumidos con esta institución y con el pueblo de Hong Kong».

Tras la reunión del Consejo, el embajador de Pekín ante la ONU, Zhang Jun, advirtió que «cualquier intento de utilizar a Hong Kong para intervenir en los asuntos internos de China estará condenado al fracaso».

El diplomático también exhortó a Estados Unidos y el Reino Unido a dejar de hacer acusaciones sin fundamento contra China.

Por su parte el presidente Donald Trump aseguró que anunciará lo que van «a hacer con China» en una conferencia de prensa prevista este viernes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que se defenderá en tribunales la decisión que se tomó en su administración de suspender la operación de centrales privadas de energías renovables, pues aseguró que es necesario poner orden en el sistema eléctrico nacional.

«Tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas», declaró.

López Obrador enumeró los cuatro elementos que componen su política en materia de energía eléctrica: el respeto al Estado de Derecho, la postura a favor de energías limpias, no aceptar la corrupción en el sector, y la defensa jurídica de la postura gubernamental.

“No hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, lo que se está haciendo es que no haya corrupción, que no haya sobreprecios, que significa que el pueblo pague más; lo que estamos garantizado es que haya pecios justos y que no se afecte a los ciudadanos”, señaló el mandatario.

Precisó que su gobierno no está en contra de la generación de energías limpias como lo han acusado sus detractores; y dijo que por el contrario, se impulsarán cada vez más las energías alternativas. Dijo que de lo que sí está en contra es de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante el periodo neoliberal en la industria eléctrica. «Ese es el fondo del asunto».

Al ser cuestionado sobre los amparos que se han otorgado luego del acuerdo publicado por la SENER, AMLO dijo que serán respetuosos de las decisiones de los jueces. «Vamos a ser respetuosos de la legalidad como lo hemos demostrado. El Poder Judicial es autónomo e independiente y vamos a respetar las decisiones de los jueces», afirmó.

Este jueves entró en vigor la Ley de Amnistía, que argumenta el gobierno, beneficiará con la liberación a personas que no cometieron delitos graves y a personas en situación de extrema vulnerabilidad, en el marco de la pandemia de Covid-19.

El decreto de la Ley de Amnistía, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue publicado en la edición vespertina de ayer del Diario Oficial de la Federación (DOF).

La ley, que fue aprobada el lunes por el Senado, refiere que beneficiará a mujeres acusadas del delito de aborto y a indígenas que durante su proceso legal no contaron con intérpretes o defensores que conocieran su lengua

Además, a personas sentenciadas, no reincidentes, en distintos supuestos, por ejemplo, por delitos contra la salud, posesión y consumo de drogas en ciertos casos, robo simple y sin violencia, y sedición, salvo en casos de terrorismo.

La Ley aclara que no beneficiará a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal ni a quienes hayan cometido el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito.

Para la evaluación de las solicitudes que se presenten para ser beneficiarios de esta Ley, el Ejecutivo Federal creará una “Comisión” encargada de coordinar los actos de cumplimiento y vigilar la aplicación de este beneficio para determinar “la procedencia del beneficio” y posteriormente sea un juez federal quien “resuelva el otorgamiento de la amnistía”.

Al  respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó la aprobación de la Ley de Amnistía.

«Estamos privilegiando medidas urgentes para poder excarcelar y que obtengan su libertad mujeres embarazadas, mujeres adultas mayores, mujeres indígenas y también personas es situación de vulnerabilidad», explicó durante una reunión virtual con la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib).

Indicó que se trabajará con los 32 estados en un mecanismo de preliberaciones sobre los delitos menores.

Sin embargo, diversas organizaciones han señalado las deficiencias de la Ley de Amnistía, calificándola incluso como un acto propagandístico del presidente, más que un beneficio para la población.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el presidente López Obrador busca una vez más debilitar a la oposición en México y desviar la atención de lo verdaderamente importante en este momento que es la compra y realización de pruebas de Covid-19 para contener los contagios, al llamar a los partidos a renunciar a parte de sus prerrogativas y donarlos a la emergencia sanitaria.

Señaló que López Obrador no ejerce de forma responsable y prioritaria los recursos públicos, pues sus proyectos faraónicos como el Tren Maya, Santa Lucía y la Refinería ascienden a más de 400 mil millones de pesos, que en comparación con lo que reciben los partidos es solo poco más del 1%.

En ese sentido indicaron que Acción Nacional presentará una propuesta de modificación a la Ley General de Partidos Políticos, para que en caso de que el Consejo de Salubridad General declare “Emergencia Sanitaria” se puedan utilizar una parte de sus prerrogativas.

Sin embargo, Cortés Mendoza afirmó que será requisito indispensable que el presidente López Obrador haga dos cosas:

  • Cancelar sus proyectos faraónicos y destinar esos recursos para cuidar la salud y el empleo de los mexicanos, porque ese dinero sí representa un monto significativo para atender la crisis de salud y económica, que hoy padece México.
  • Que instruya a su mayoría en el Congreso de la Unión, para que apruebe su iniciativa de ley.

Señaló que en caso de hacer uso de sus recursos se entregarán de manera directa para la compra de pruebas diagnósticas rápidas, así como material de protección, guantes, mascarillas, batas, para el personal de la salud que atienda en primera línea a la pandemia, como médicos y enfermeras.

«El compromiso del PAN es apoyar directamente a quien lo necesite, pero no entraremos en el juego del gobierno federal de devolver prerrogativas para que éstas sean mal gastadas, porque no es más que demagogia pura, un engaño y una cortina de humo para distraer a la gente de lo verdaderamente importante», acusó Acción Nacional.

El Dirigente Nacional pidió recordar lo que ocurrió en 2017 cuando los partidos regresaron dinero de sus prerrogativas y no se supo en qué se utilizaron los recursos, esto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Aseguró que no hubo transparencia y tan es así que Morena, el partido fundado por López Obrador, fue investigado y sancionado por las autoridades electorales ya que lo recaudado para los sismos realmente lo utilizaron para pagar a operadores de este partido.

«Acción Nacional no entrará en las burdas artimañas del gobierno», remató el dirigente nacional.

Por su parte el Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que aceptaba la propuesta, aunque también puso ciertas condiciones para hacerlo.

El tricolor reconoció que la actual emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, llama a todas las instituciones públicas y privadas a contribuir con recursos para apuntalar nuestro descuidado sistema de salud.

Detalló que el proponen reasignar a la mitad su financiamiento público durante los 4 meses que dure la contingencia, siempre y cuando esos recursos no sean manejados por el Gobierno Federal, y se constituya un Fideicomiso con integrantes de la sociedad civil, que manejen dichos recursos. Además, están dispuesto a ceder la totalidad de sus tiempos ordinarios de radio y televisión.

Para asegurar que los recursos sólo se destinen a ayudar a la población afectada por el Covid-19, el PRI plantea las siguientes acciones:

  • Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Tesorería de la Federación firmen un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos aportantes, en el que aseguren que los fondos y recursos que se obtengan se destinen a un fideicomiso. Dicho fideicomiso tendría el propósito de financiar compra de equipo y material para realizar pruebas; abastecer medicinas para la prevención y cura del Covid-19; adquirir equipo e infraestructura médica, como respiradores y unidades de cuidado intensivo; y contratar y capacitar personal médico.
  • Por cada peso y/o spot que aporten los partidos políticos, la SHCP hará una contribución paritaria al citado fideicomiso.
  • El fideicomiso debe ser administrado por la sociedad civil, para asegurar que los recursos se destinen sólo al fin para el cual fueron otorgados. Los integrantes de este fideicomiso serán nombrados por el Consejo General del INE.

Un tribunal de apelaciones suspendió este viernes la ley del gobierno del presidente Donald Trump, ‘Remain in Mexico’, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se tramitan sus casos en los tribunales inmigratorios de Estados Unidos.

La misma corte decidió mantener en suspenso otro cambio importante, uno que niega asilo a todos lo que llegan a Estados Unidos sin autorización desde México.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos falló sobre las dos normas, que son fundamentales para las medidas de Trump contra el asilo. Diversos analistas han indicado que esto se trata de un gran revés para el gobierno, aunque sea temporal.

El gobierno de Trump convirtió el asilo en una posibilidad remota en un momento en que han aumentado las peticiones. Para 2017, Estados Unidos se había convertido en el principal destino del mundo para las personas en busca de asilo.

El programa «Permanecer en México» entró en vigor en enero de 2019 y casi 60,000 personas han sido regresadas en espera de su audiencia. La corte declaró que la política era inválida, pero reconoció que el fallo sólo aplicaba en California y Arizona, los únicos estados fronterizos en su jurisdicción.

Los abogados del Departamento de Justicia aseveraron que Trump estaba en su derecho de imponer las políticas sin aprobación del Congreso y que ayudarían a desalentar las peticiones de asilo sin mérito.

Los opositores, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles, argumentó que el gobierno violó la ley estadounidense y obligaciones a tratados internacionales al regresar a las personas que probablemente sean perseguidas por su raza, religión, nacionalidad y creencias políticas.

Los que apoyan la política «Permanecer en México» señalan que ha evitado que personas en busca de asilo sean liberadas en Estados Unidos con citatorios para comparecer ante la corte, que consideran un gran incentivo para que personas lleguen.

El diputado de Morena, Jorge Areizaga Uribe, propuso una iniciativa para proteger los derechos de los usuarios de las aerolíneas ante la sobreventa de los boletos de transporte aéreo.

Recordó que la Ley de Aviación Civil permite a las aerolíneas sobrevender boletos a los pasajeros, bajo el argumento de que es oneroso para las empresas hacer que las aeronaves despeguen, por lo que busca asegurar que el mayor número de asientos esté ocupado cuando se emprenda el vuelo.

Por tal razón a los pasajeros se les puede negar el abordo por sobrecupo, lo que genera un perjuicio grave en su contra, que pueden llegar a ser económicos, educativos, laborales o incluso de salud, y los cuales las aerolíneas no pagan.

Para reparar el daño, las aerolíneas ofrecen, también bajo el amparo del mismo marco legal, a algún otro pasajero renunciar al embarque a cambio de beneficios que se acuerden directamente con la persona que no pudo abordar debido al exceso de la capacidad disponible de la aeronave, “pero los particulares no tendrían por qué renegociar un derecho del cual ya eran titulares, ya que las aerolíneas están violando la esfera jurídica de las personas”.

Ante este panorama, Areizaga Uribe propuso reformar el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a fin prohibir la sobreventa de pasajes de transporte aéreo y, en su caso, a restaurar el daño generado mediante la reintegración del precio del boleto o billete de pasaje.

Además, se le hará el ofrecimiento de un transporte sustituto en el primer vuelo disponible, no necesariamente la misma aerolínea; la oportunidad de transportarlo en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque; o a reintegrar el daño económico al cien por ciento más una indemnización del veinticinco por ciento, cuando ocurran perjuicios mayores comprobables.

El Instituto Nacional Electoral (INE) está obligado por la Constitución y la Ley Federal de Protección de Datos Personales a resguardar los datos y la información personal de las y los mexicanos, afirmó el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda.

El INE está en posesión de datos biométricos como el rostro y las huellas dactilares de millones de personas. “No hay ninguna institución del Estado mexicano que tenga los datos tan actualizados y con elementos biométricos”, indicó.

Mencionó que los datos biométricos “no se entregan a nadie”, a ningún partido político, institución financiera o dependencia pública, y en los convenios firmados hasta el momento para identificación de personas, el INE recibe la información, la busca en su base y sólo confirma o rechaza la coincidencia de los datos.

“Desde la creación de esta base de datos biométrica, solamente el IFE y ahora el INE han tenido la forma de acceder a esta información para efectos de depuración, y algunos otros servicios que hemos instrumentado, que tienden a darle más armas al ciudadano para cuidar su identidad, para proteger sus datos”, agregó.

Precisó que los datos personales recabados están protegidos por las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y serán incorporados y tratados en los Sistemas de Datos Personales del Registro Federal de Electores, mismos que se encuentran registrados en el Listado de Sistemas de Datos Personales en posesión del INE.

El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE explicó que el artículo cuarto de la Ley General de Población, que data de 1992, establece que para la creación de un sistema de identidad ciudadana “el Instituto Federal Electoral tendría que entregar la base de datos ciudadana”.

Sin embargo, recordó que en 1992 el entonces IFE era un órgano del gobierno y éste a su vez organizaba las elecciones. El presidente del Consejo General era el Secretario de Gobernación y se entiende que “la ley haya previsto un transitorio donde se establecía claramente que, para la construcción de un sistema de identidad, el IFE le brindará la información de los electores al RENAPO (Registro Nacional de Población)”.

Pero el país ha cambiado, mencionó René Miranda, al agregar que en 1996 hubo una reforma electoral que le dio la autonomía al Instituto Nacional Electoral, se reforzó la confidencialidad y la rectoría de los datos, además de que en el 2000 se crea la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.

“El universo de 90 millones de ciudadanos que se encuentra en el Padrón Electoral, es gente real, con derechos y obligaciones, que tiene la posibilidad de decidir si quiere que se comparta su información o no y para qué fines”.

La reina Isabel II promulgó este jueves la ley del Acuerdo de Retirada que garantiza una salida ordenada de Reino Unido de la Unión Europea el  próximo 31 de enero, en línea con el compromiso adquirido por el  gobierno de Boris Johnson tras las elecciones de diciembre.

La firma ha sido anunciada por la mayoría ‘tory’ en el Parlamento y  por el vicepresidente de la Cámara de los Comunes, Nigel Evans, que  ha leído ante los diputados el denominado ‘consentimiento real’.

El texto concluye así una tramitación que el miércoles había recibido el  último visto bueno parlamentario.

La ratificación, no obstante, no estará completa hasta que no se haya pronunciado también la parte europea. La Comisión de Asuntos  Constitucionales de la Eurocámara ha dado el visto bueno este jueves, lo que permitirá a los eurodiputados adoptar el acuerdo de divorcio el próximo jueves en sesión plenaria.

Después, los gobiernos de los veintisiete deberán dar su visto bueno, aunque se hará por procedimiento escrito para agilizarlo.

La firma simbólica del texto por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el responsable del Consejo, Charles Michel, tendrá lugar este viernes.

El Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, publicó este jueves la ley que regulará la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de enero y prohibirá alargar el periodo de transición del «brexit» más allá de diciembre de 2020.

La Cámara de los Comunes someterá mañana a una primera votación esa legislación, que desarrolla el acuerdo sobre los términos de salida que han pactado Londres y Bruselas.

Johnson abrirá el debate en el Parlamento el viernes por la mañana y se espera que la votación se celebre a las 14:30 hora local. En enero continuará la tramitación del texto en ambas cámaras parlamentarias, con vistas a que esté lista para recibir asentimiento de la reina Isabel II en las primeras semanas del nuevo año.

El Partido Conservador obtuvo una sólida mayoría absoluta en las elecciones generales del pasado día 12, por lo que se espera que la ley resulte aprobada sin complicaciones.

Como estaba previsto, el texto revelado hoy incluye una nueva cláusula que prohíbe explícitamente que un miembro del Gobierno extienda la transición del «brexit» más allá de la fecha acordada, el 31 de diciembre de 2020.

Hasta ese momento, el Reino Unido continuará integrado en las estructuras comunitarias, aunque no participará en la toma de decisiones.

La nueva versión de la ley del «brexit» elimina además las disposiciones que otorgaban al Parlamento cierto control sobre el diálogo con Bruselas en torno a la futura negociación comercial entre ambos lados del Canal de la Mancha, que comenzarán una vez el Reino Unido esté fuera del bloque comunitario.

El Gobierno británico también ha suprimido una cláusula en la que se expresaba el compromiso a no rebajar los estándares laborales adquiridos a través de la legislación europea. El Ejecutivo ha asegurado, al mismo tiempo, que planea blindar esos derechos a través de una normativa separada.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley de Amnistía, en favor de las personas a las que se les haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, por delitos menores, sean grupos vulnerables y no sean reincidentes.

El documento aprobado por 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones, precisa que los posibles beneficiados de la amnistía deben cumplir con tres condiciones: que la sentencia en firme que tenga el inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal y, no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

Los delitos susceptibles son: aborto, que incluye a la mujer que interrumpió el embarazo, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, practicantes del procedimiento; los delitos contra la salud, por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad; los cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso.

Por el robo simple sin violencia y no reincidente; la sedición y delitos políticos, con excepción del terrorismo, y el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

El dictamen precisa que no se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Amnistía, fracciones I y II; ni a quienes cometieron el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito.

Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política, o cometido otros delitos graves del orden federal.

La ley señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) integrará una comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la ley.

La persona interesada o su representante legal podrán solicitar a dicha comisión la aplicación de la ley. Esta comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que la confirme.

Las personas a quienes beneficie la ley no podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. La Secretaría de Gobernación coordinará las acciones para facilitar la reinserción social de las personas beneficiarias de esta ley, en términos de la legislación aplicable.

Adicional, señala que la solicitud de amnist%A

Hasta el mes de noviembre, 11 mil 947 personas trabajadoras y trabajadores del hogar habían sido afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte de un programa piloto, dio a conocer este jueves el titular de la institución, Zoé Robledo.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el funcionario presentó un balance a un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la incorporación de mujeres y hombres que prestan servicios domésticos.

De acuerdo con el informe, alrededor de 76% de los afiliados son mujeres y el 24% hombres; un 26% provine de la Ciudad de México y el Estado de México; las y los trabajadores del hogar perciben alrededor de 5 mil pesos mensuales.

Robledo Aburto destacó que el programa busca visibilizar a uno de los sectores más invisibles e ignorados, las trabajadoras y trabajadores del hogar, que ahora tienen acceso a todas las prestaciones que ofrece el Seguro Social como servicio de guarderías y pensión.

En la misma conferencia, Marcelina Bautista, presidenta del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (Caceh), agradeció el compromiso del gobierno federal por dignificar dicha actividad. Consideró que el fallo de la Corte ha beneficiado a miles de mujeres y hombres que hoy tienen acceso a seguridad social, con medicinas y acceso a una pensión. Sin embargo, señaló que aún falta trabajo que realizar para los derechos de ese sector sean reconocidos plenamente.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció este jueves el envío al Senado de la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece protocolos para las trabajadoras del hogar.

Sobre el tema, el presidente López Obrador hizo un llamado a los empleadores de trabajadoras y trabajadores domésticos del país para que sigan inscribiéndolos ante el IMSS, y éstos puedan contar con esta seguridad social.

El titular del Ejecutivo federal confió que más allá de que la obligación de los empleadores para con sus trabajadoras está estipulada en la ley, el proceso avance por los valores del pueblo mexicano.

“Si bien es cierto que es obligatorio, lo más importante es la fraternidad, el amor al prójimo, que se vea como algo solidario, y se hace la convocatoria para que de esta manera todos participemos, ayudemos, que seamos más fraternos, humanos, más justos, que cumplamos con nuestras responsabilidades, dijo AMLO.

El gobierno capitalino entregó este lunes al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa con proyecto de decreto que permitirá contar con información de los agresores sexuales con sentencia firme y, así facilitar las investigaciones sobre esos delitos.

Durante la entrega de la propuesta de Ley del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México a la Mesa Directiva del órgano legislativo, se explicó que se busca «garantizar el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia, evitando que se generen futuras víctimas».

Rosa Isela Rodríguez, secretaria de gobierno de la Ciudad de México, detalló que en la iniciativa se obliga al gobierno local a, por conducto de la Secretaría de Gobierno, organizar, elaborar, desarrollar, administrar, monitorear y mantener actualizado el registro de agresores sexuales, así como a evaluar su operación.

Comentó que en diversos países se cuenta con registros públicos de agresores sexuales para contribuir a disminuir la comisión y reincidencia de delitos de ese carácter, por lo que para el gobierno capitalino era prioritario poner esa propuesta a consideración del Congreso de la Ciudad de México.

«El registro responde al interés primordial de proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de erradicar la violencia de carácter sexual contra esos sectores de atención prioritaria», dijo.

Añadió que también responde a la necesidad de contar con un mecanismo de prevención y protección a las mujeres, de facilitar la investigación y de establecer incentivos para inhibir la repetición de conductas violentas contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Dicho registro incluirá información de las personas con sentencia firme relacionada con delitos de carácter sexual. Mostrará fotografía actual, nombre, edad (en su caso los alias de la persona), nacionalidad y el delito o delitos por las que son condenadas.

Esa herramienta contendrá datos a los que solo tendrán acceso los titulares del Ministerio Público y aquellos autorizados por las autoridades judiciales. En ese punto se hace referencia, por ejemplo, a señas particulares, descripción del o de los delitos por los que fue sentenciado y perfil genético.

«Con esa iniciativa el Gobierno de la Ciudad de México refrenda el compromiso para eliminar toda forma de violencia hacia las mujeres», enfatizó la funcionaria en el acto en el que también se entregó la iniciativa de la Ley de Ciudadanía Digital para la Ciudad de México.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó inexistentes las infracciones atribuidas, entre otras personas, al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por eventos públicos sobre sus 100 días de gobierno, el festejo por el año de la elección del 1 de julio, conocido coloquialmente como AMLO Fest y por su primer informe de gobierno.

La inexistencia de infracciones es por el uso indebido de recursos públicos, vulneración a las reglas de los informes de labores; adquisición de tiempos en radio y televisión y vulneración al modelo de comunicación política, derivado de la propaganda, realización y difusión de los eventos realizados por el presidente el 11 de marzo, 1 de julio y 1 de septiembre de este año, respectivamente.

Por lo que hace a la infracción consistente en promoción personalizada, se declaró su inexistencia en virtud de que al analizar los eventos denunciados no se desprende que el presidente haya realizado expresiones o manifestaciones de manera explícita en las que se adjudicara logros o acciones de gobierno y/o programas sociales, ni se resaltaron cualidades personales o logros del servidor público.

En cuanto a la presunta vulneración de las reglas de informe de labores, se determinó que de igual forma era inexistente, toda vez que se ordenó la difusión de los promocionales relativos al informe de labores del Presidente de la República dentro de los límites establecidos para tal efecto.

En la resolución no se acreditó adquisición de tiempos en radio y televisión, pues del discurso emitido el primero de julio no se desprenden referencias o manifestaciones que tuvieran la finalidad de generar beneficio a alguna candidatura o partido político.

Respecto de los promocionales alusivos al Primer Informe de Gobierno, no se identificó alguna alusión expresa al partido Morena, ni se observa su emblema en las imágenes. Se consideró que retomar promesas de campaña que fueron realizadas por el Presidente en diversos promocionales pautados no genera promoción de ese partido, puesto que es válido hacer alusión a promesas de campaña que puedan haber dado origen a una acción de gobierno.

Por otra parte, se determinó la inexistencia de la vulneración al modelo de comunicación política por la transmisión del evento del 1 de julio, cuando se cumplió un año de la elección presidencial, pues si bien algunas concesionarias incumplieron con el pautado ordenado por el INE, resulta justificable a causa del error invencible al que se enfrentaron con la posterior cancelación de la cadena nacional.