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El senador Ricardo Monreal informó esta semana que presentó una iniciativa para establecer la Ley Federal que Regula la Inteligencia Artificial, que pretende normar el uso de estas tecnologías mediante reglas y organismos vigilantes.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena explicó que la propuesta busca sentar “las bases para la regulación del desarrollo, comercialización y uso de los Sistemas de Inteligencia Artificial (SIA) para que se incentive el empleo de estas tecnologías, así como reducir los posibles efectos nocivos que pueden generar”.

Por ejemplo, dijo, plantea que los desarrolladores y usuarios sean responsables sobre el contenido de los materiales que crean o difunden, además de que eviten y denuncien la propagación de discursos de odio, de incitación a la violencia y de noticias falsas.

Añadió que el proyecto de ley plantea otorgar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la capacidad de resolver desacuerdos sobre los términos y condiciones no convenidos entre las partes, y con la facultad de imponer multas a quienes violen la ley.

Además, sugiere la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, como órgano consultivo del IFT, integrada por “cinco científicos de reconocido prestigio en materia de desarrollo tecnológico y tecnologías de la información”, para proteger los derechos humanos de los usuarios de IA.

La iniciativa busca establecer reglas de transparencia para prevenir la manipulación de imágenes, sonidos o videos con IA, conocidos como “deepfakes” o “ultrafalsos”; así como garantizar los derechos de autor y propiedad intelectual.

Según se detalla en la exposición de motivos del proyecto, el objetivo es “dar paso a la creación en México del primer marco jurídico” en la materia, que por un lado permita aprovechar los beneficios que presenta su utilización en los diversos campos de su aplicación, mientras que por el otro se protejan los derechos de terceros, de los usuarios y del público en general.

Esta es la segunda propuesta de ley en la materia, luego de que hace casi un año, en mayo pasado, el diputado Ignacio Loyola Vera del PAN planteó la Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, sin grandes avances desde entonces.

JK Rowling, creadora de la saga literaria de Harry Potter, criticó este lunes una nueva ley escocesa que penaliza incitar el odio por identidad transgénero, al considerar que será explotada por oportunistas y puede socavar los derechos de las mujeres.

Rowling, que reside en Escocia aunque actualmente está en el extranjero, desafió en su cuenta de X a la Policía a que la detenga a su regreso si sus comentarios en la red social suponen un delito bajo la nueva legislación, que entra en vigor hoy.

La escritora empezó su argumentación haciendo comentarios en el marco del Día de los Inocentes en el Reino Unido, sobre varias conocidas personas trans, algunas de las cuales son criminales convictos por agresiones a mujeres, a las que llamó ‘hombres’ pese a que dicen identificarse con el sexo femenino.

Rowling adujo que, al aprobar la Ley sobre delitos de odio y orden público en 2021, el Parlamentó escocés “dio más valor a los sentimientos de los hombres que ejecutan su idea de feminidad, aunque sea de manera misógina u oportunista, que a los derechos y libertades de las mujeres y niñas de verdad”.

El controvertido texto, que expande otra ley británica de 1986 que ya penalizaba el odio por raza, color, etnia y nacionalidad, tipifica un nuevo delito penado con hasta siete años de cárcel.

Éste es incitar el odio por cuestión de edad, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad transgénero o intersexualidad, también en las redes sociales.

La falta se comete si alguien difunde material o se comporta de un modo “que una persona razonable consideraría amenazante o abusivo”, siendo su intención incitar el odio por esas características protegidas.

Como otras organizaciones de protección de derechos, Rowling señaló que la ambigüedad de lo redactado en la nueva ley facilitará que haya un aluvión de denuncias injustificadas, y lamentó que no incluya al colectivo de las mujeres.

El Gobierno escocés, por su parte, ha asegurado que legislará por separado contra la misoginia.

El Ejecutivo de Escocia, encabezado por los independentistas del SNP, insistió en que el objetivo de la ley se ha malinterpretado y que en ningún caso se imputará a nadie por ejercer su libertad de expresión.

Rowling, quien fue víctima de violencia doméstica y hace campaña para que haya albergues exclusivos para ellas (donde no puedan entrar mujeres trans), opina que la nueva ley “está muy expuesta al abuso por parte de activistas que desean silenciar” a quienes defienden puntos de vista como el suyo.

La escritora también condena, por ejemplo, el efecto en las estadísticas “si las agresiones violentas y sexuales cometidas por hombres se registran como si fueran femeninas; la grotesca injusticia de permitir que los hombres compitan en deportes femeninos; y la injusticia de que los trabajos, condecoraciones y oportunidades de las mujeres sean tomadas por hombres identificados como trans”, frente a “la realidad e inmutabilidad del sexo biológico”.

“La redefinición de ‘mujer’ para incluir a todo hombre que se declare como tal ya ha tenido graves consecuencias para los derechos y la seguridad de las mujeres y las niñas en Escocia, y el impacto más fuerte lo acusan, como siempre, los más vulnerables, como las mujeres presas o las supervivientes de violación”, escribió en X.

La Policía escocesa también se ha quejado por su parte de que no se les ha dado suficiente formación sobre cómo abordar los nuevos delitos.

No es la primera polémica de Rowling en relación a su postura sobre la transexualidad. En 2017 le dio ‘me gusta’ a un tweet que condenaba el movimiento por los derechos de las personas transgénero; desde entonces, ha venido haciendo un sin fin de expresiones o declaraciones que no han caído del todo bien.

Una corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó la solicitud de Texas de permitir que su nueva y polémica ley migratoria SB-4, que le permite al estado arrestar y deportar migrantes en la frontera y que se ha acusado se presta para la discriminación racial, entre en vigor mientras ese tribunal lo examina.

El fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito “es una victoria importante para los derechos de los inmigrantes y evitará que la ley se aplique hasta que el tribunal decida si es inconstitucional”, señaló uno de los grupos civiles demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Este tribunal de Nueva Orleans, en Luisiana, escuchará los argumentos, primordialmente sobre la exclusividad del Gobierno federal en asuntos migratorios, el próximo miércoles 3 de abril sobre si debe confirmar la orden judicial.

El fallo permite que se mantenga vigente una decisión de un tribunal inferior, que bloquea la decisión de la SB-4 de entrar en vigor mientras el caso sea litigado.

Recordemos que el pasado 20 de marzo un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones celebró una audiencia sobre este caso que tiene enfrentados al Gobierno federal con el de Texas, liderado por el republicano Greg Abbott.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha argumentado que la SB-4 es una violación de la autoridad federal y crearía caos en la frontera, mientras que Abbott critica que el presidente Joe Biden tiene “abierta” la frontera.

La decisión se produce después de días de agitación legal, durante los cuales la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la ley entrara en vigor durante unas horas antes de que el Quinto Circuito dictaminara bloquearla temporalmente.

De entrar en vigencia la ley, las policías a nivel estatal, de condado y local estarían autorizados para detener, encarcelar y procesar a los migrantes sospechosos de ingresar de forma ilegal a Estados Unidos.

La medida convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular, lo que conlleva una pena de hasta seis meses de cárcel.

Si el infractor es reincidente, la falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión.

La SB-4 también permitiría a los jueces estatales (no los migratorios) ordenar a los migrantes que regresen a México.

Al respecto, La canciller Alicia Bárcena celebró que la ley SB4 fuera suspendida hasta nuevo aviso por un Tribunal estadounidense.

“La ley SB4 permanecerá suspendida hasta nuevo aviso. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos rechazó la moción de Texas e hizo referencia al amicus curiae presentado por México en protesta por la SB4”, destacó la diplomática.

Bárcena acompañó su texto con una imagen que exhibe el documento que dicta la suspensión de la norma en el que resalta un párrafo en el que el tribunal hace referencia al escrito “amigo de la corte” (amicus curiae) presentado por el Gobierno de mexicano.

Tal como lo había adelantado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó este jueves un escrito de amigo de la corte (amicus curiae) ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Estados Unidos, en contra de la Ley antiinmigrante SB4 en Texas,

“Respetando las decisiones internas en Estados Unidos y atendiendo a la apertura del sistema judicial estadounidense, México acude nuevamente a una corte de ese país para exponer sus argumentos sobre el impacto negativo de esta ley”, dijo la dependencia.

En el escrito que presentó, México enumeró cinco argumentos en lo que basa su rechazo a la ley impulsada por el gobernador de Texas, Gregg Abbott.

Señaló la preocupación de que la ley pueda conducir a acoso, detención, expulsión y criminalización indebida de ciudadanos mexicanos e individuos de apariencia latina, por parte de agentes de Texas.

También mencionó el ambiente de incertidumbre, temor y vulnerabilidad que la ley detona, además de que en su apreciación, la ley contraviene precedentes judiciales que determinan que corresponde exclusivamente a la Federación regular en materia migratoria.

Puntualizó que la ley violenta el derecho soberano de México a determinar sus propias políticas de ingreso de personas al territorio, esto al sugerir la ley que las personas que sean arrestadas y deportadas, serán expulsadas directamente a nuestro país.

Finalmente, la cancillería señaló el impacto que dicha ley tendría en la colaboración y diálogo bilateral sobre asuntos fronterizos, afectando significativamente el comercio entre ambos países.

La SRE precisó que se contó con la representación legal pro bono de la abogada Sinead O’Carroll, socia de la firma legal Reeves & Brightwell, quien cuenta con amplia experiencia en litigio ante tribunales estatales y federales estadounidenses, así como de sus colegas en esa firma.

Ante la posible confusión que pueda generar la entrada en vigor o la suspensión de la Ley SB4, luego de los fallos de distintas instancias en los últimos días, las autoridades recomendaron a la población mexicana que vive en Texas y/o que desea viajar a dicho estado, mantenerse informada sobre sus derechos ante posibles actos antiinmigrantes, discriminatorios o de perfilamiento racial.

“México seguirá empleando todos los recursos legales y consulares para brindar una asistencia y protección consular oportuna, humana y digna a todas las personas mexicanas en Texas, por conducto de sus 11 representaciones en el estado y del Consulado de Albuquerque, que también cubre condados del estado”, remató la cancillería.

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En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se toman muy enserio el dicho de que nada es imposible.

Y es que luego de que se anunciara su designación como encargado de despachado, tras la salida de Ernestina Godoy, se conoció que Ulises Lara no cumplía con los requisitos para dirigir la dependencia.

Para ser titular de la fiscalía, la ley solicita título y cédula como licenciado en derecho, así cinco años de experiencia en la materia, entre otros requisitos que se estipulan en el Artículo 39 de la Ley Orgánica de la propia fiscalía.

Sin embargo, antes de dejar la dependencia, Ernestina Godoy buscó los vacíos legales para que la ley no fuera impedimento en dejar a un cercano al frente de la fiscalía. Lo que hizo fue nombrar a Ulises Lara como coordinador general de Investigación Territorial, cuyo cargo establece la Ley Orgánica de la Fiscalía, en su artículo 46, es quien deberá cubrir la ausencia o falta temporal de la persona titular.

En un inicio, uno de los argumentos que se daba es que Ulises Lara no estaba siendo designado titular de la dependencia, sino encargado de despacho, por lo cual aseguraban que dichos requisitos no aplicaban para él.

Sin embargo, en un hecho inédito, en cuestión de horas, el hasta ahora licenciado en sociología obtuvo un título y cédula profesional de licenciado en Derecho. Según una revisión realizada en el Registro Nacional de Profesionistas, Ulises Lara obtuvo el documento que le acredita la licenciatura, expedido apenas el 9 de enero de este 2024, es decir, hace dos días.

Los supuestos estudios de licenciatura en Derecho los habría realizado en la Universidad Cúspide de México, institución propiedad de Fernando Horacio Cordero Durán, un funcionario del gobierno capitalino, a quien resulta que Ulises Lara conoció cuando trabajaron en el INVI en el 2019, previo a su ingreso a la fiscalía.

Como se perfilaba que Ulises Lara fuera la apuesta de Ernestina Godoy para quedar al frente de la fiscalía, distintos medios habían realizado búsquedas en las bases de la SEP, donde se corroboró que sólo contaba con una cédula de licenciado en sociología, dos de maestría y una de doctorado.

Así, se confirma que cuando se trata de torcer y ajustar la ley y los requisitos, a los funcionarios de la fiscalía no les cuesta trabajo. Esto también dejaría ver que Ulises Lara podría ser propuesto por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, para ocupar la titularidad de la fiscalía de manera formal.

Y por si esto no fuera poco, desde inicios de semana comenzó a viralizarse un mensaje de diciembre pasado, donde Elena Chávez, autora de “El Gran Corruptor” y expareja sentimental de César Yáñez, revela que Lara López es excuñado del ahora jefe de Gobierno, Martí Batres, pues mantuvo una relación con su hermana, la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, con quien procreó un hijo.

México enfrenta un nivel de impunidad del 99% en los delitos de desaparición de personas, para casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, dato que refleja una crisis profunda en la justicia y los derechos humanos.

Impunidad Cero, una organización que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México, con el fin de combatirla, presentó su primer índice de impunidad en materia de desaparición de personas en México.

Entre otros hallazgos del informe, se señala que la impunidad acumulada en casos de desaparición registrados por el fuero federal es del 98% para el delito de desaparición forzada, 100% de impunidad acumulada para el delito de desaparición cometida por particulares y 99% de impunidad acumulada para ambos delitos.

También se indica que a casi cinco años de su promulgación, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas “sigue sin ser plenamente implementada”, dejando brechas significativas en la persecución y sanción de estos delitos.

El reporte también refiere el creciente aumento de delitos de desaparición, sumado a la persistente impunidad que obstruye la investigación y esclarecimiento, lo que indica que México se encuentra inmerso en una grave crisis de derechos humanos.

De 2019 a 2022 en el país se registraron 35,669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.

A todo ello hay que sumar la “falta de transparencia en la información” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) lo que “dificulta la comprensión de la magnitud de la crisis”.

Además de discrepancias entre informes estatales y el tablero público, así como en la sistematización de fosas clandestinas, resaltan la urgencia de una mayor claridad.

La organización indicó que el informe retoma el cálculo de impunidad acumulada desarrollado anteriormente en los delitos de homicidio doloso y feminicidio 2022, para conocer la impunidad entre los años 2019 y 2022.

Recordemos que según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en el país se contabilizan más de 113,000 casos, mientras que el año pasado el país superó la cifra de 100,000 personas no localizadas desde que hay registro, en 1962.

Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos presentó este martes un proyecto de ley que busca controlar el tráfico de armas de fuego y municiones a través de la frontera con México.

La iniciativa, titulada ‘Desarmar a los carteles’, instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que “identifique y desmantele las organizaciones criminales transnacionales responsables por la exportación de armas y municiones de Estados Unidos a México”.

El proyecto comprende una ampliación en la recolección y análisis de información acerca de las armas de fuego recuperadas en zonas donde se han cometido crímenes en nuestro país, para identificar a los contrabandistas que operan dentro de Estados Unidos.

“Por años las armas estadounidenses han promovido la violencia, la inestabilidad y la migración forzosa en todo el hemisferio occidental”, afirmó el congresista Joaquín Castro, uno de los promotores de la iniciativa.

“Estados Unidos puede, y debe, hacer más para impedir que las armas que nosotros fabricamos caigan en manos de organizaciones criminales que hacen el contrabando de fentanilo y otras drogas letales hacia Estados Unidos”, añadió Castro.

Por su parte el congresista Dan Goldman sostuvo que “demócratas y republicanos por igual reconocen la amenaza que representan el comercio de fentanilo y el contrabando y tráfico humano”.

Sin embargo, criticó que los republicanos “ignoran que la fuente de poder de los carteles está en los cientos de miles de armas fabricadas en Estados Unidos que salen del país y van a la mano de los carteles”.

El presidente Vladimir Putin firmó este jueves una ley por la que se retira la ratificación de Rusia del tratado mundial que prohíbe las pruebas de armas nucleares, una medida condenada por la organización que promueve la adhesión al histórico pacto de control de armamentos.

La medida, aunque esperada, es una prueba de la ruptura entre Estados Unidos y Rusia, cuyos lazos están en su nivel más bajo desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, debido a la guerra en Ucrania y a lo que Moscú considera intentos de Washington de obstaculizar el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar.

Moscú afirma que su desvinculación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sólo pretende alinear a Rusia con Estados Unidos, que firmó el tratado pero nunca lo ratificó. Autoridades aclararon que Rusia no reanudará las pruebas nucleares a menos que Washington lo haga.

Tampoco cambiará la postura nuclear de Rusia, que tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, o la forma en que comparte información sobre sus actividades nucleares, ya que Moscú seguirá siendo signatario del tratado, señalan.

Recodemos que Putin dijo el pasado 5 de octubre que no estaba preparado para decir si Rusia debería o no reanudar las pruebas nucleares tras los llamamientos de algunos expertos en seguridad y legisladores rusos a probar una bomba nuclear como advertencia a Occidente.

De producirse, esta medida podría dar paso a una nueva era de pruebas nucleares por parte de las grandes potencias.

La Rusia postsoviética no ha realizado ninguna prueba nuclear. La Unión Soviética lo hizo por última vez en 1990 y Estados Unidos en 1992. Ningún país, salvo Corea del Norte, ha realizado una prueba con explosión nuclear en lo que va de siglo.

La aprobación por Putin de la ley de desratificación se publicó en un sitio web del gobierno en el que se decía que la decisión entraba en vigor inmediatamente. El Parlamento ruso ya había aprobado la medida.

La nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, mostró este lunes su preocupación ante la nueva ley antiinmigrantes que entró en vigor el sábado pasado en Florida, estado que gobierna Ron DeSantis, aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos.

“Por supuesto que estamos preocupados; porque este es un acto que realmente es muy discriminatorio y eso el presidente lo ha dicho mucho más claramente que nunca”, dijo la funcionaria. “Nuestra obligación es darle todo el apoyo y toda la protección a las comunidades migrantes en Florida”, añadió.

Bárcena se refirió a la Ley SB 1718 en Florida, impulsada por DeSantis, que establece restricciones a indocumentados y que podría generar discriminación por “perfil racial” que afecten a otras personas.

La nueva normativa obliga también a las empresas de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno y tipifica el viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada como un delito grave punible con hasta 15 años de prisión.

La ley dificulta además el acceso de los indocumentados a la atención médica y desconoce las licencias de manejar expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal.

Bárcena mostró su preocupación ante la ley de DeSantis después de salir de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“(Estoy) esperando la ratificación de Senado, pero parece que ya puedo ejercer por lo menos mi función entretanto. (Estoy) Muy contenta, muy honrada, muy feliz de estar aquí. Es mi primer día”, compartió con medios de comunicación.

Y justo por la mañana, el presidente pidió no votar por el gobernador Ron DeSantis, en sus aspiraciones presidenciales, debido a la ley antiinmigrantes que impulsó.

“Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida, que está en contra de los migrantes, ni un voto a DeSantis, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, ni un voto a quienes desprecian a los migrantes”, expresó.

AMLO afirmó que no es posible quedarse callados, pues recordó que si Estados Unidos es una gran nación ha sido por los migrantes. Acusó a DeSantis de estar por el muro y por el maltrato a los migrantes.

El mandatario acusó a DeSantis y otros republicanos de promulgar reformas antiinmigrantes solo con fines “electoreros”.

“Solo por propósitos politiqueros, electoreros, por querer quedar bien engañando con que los migrantes son los que causan la desdicha en Estados Unidos, todo lo cual es falso, se atreven a hacer esas reformas en vísperas de las elecciones”, señaló.

El Parlamento francés adoptó definitivamente este jueves la nueva ley que regulará la actividad de los “influencers” de internet e impedirá la promoción comercial de ciertos productos y prácticas.

La propuesta de ley había recibido la noche de ayer el respaldo final de la Asamblea nacional (Cámara baja) antes de pasar hoy al Senado. En esa segunda instancia legislativa, la medida obtuvo el voto positivo de los 342 senadores presentes.

La iniciativa, que salió de los diputados Arthur Delaporte (del opositor Partido Socialista) y Stéphane Vojetta (del bloque macronista Renaissance), dará a la profesión una definición legal e impedirá promover ciertas prácticas o productos considerados peligrosos o fraudulentos.

Entre ellos figuran la cirugía estética y las prácticas médicas no contrastadas científicamente, las suscripciones a apuestas deportivas o los productos que contengan nicotina.

Además, habrá una restricción seria a la promoción de productos financieros o criptomonedas. El alcohol, por el momento, no estará comprendido entre las prohibiciones.

Los influentes de las redes sociales que no respeten la norma podrán ser condenados hasta a seis meses de prisión y 300,000 euros de multa, según se señala en el texto.

La ley también contempla otros aspectos de la actividad de estos usuarios de internet, como la necesidad de que haya contratos a partir de ciertas cantidades de dinero por sus servicios o la necesidad de tener un representante legal dentro de la Unión Europea para aquellos que operan desde fuera.

El proyecto de ley busca poner fin a los excesos de los últimos años, con influentes que promueven en redes sociales desde productos financieros complejos (en algunos casos, con acusaciones de fraude) a remedios para curar el cáncer sin respaldo científico.

Expertos han señalado que este podría sentar un precedente internacional, y que más países podrían seguir los pasos de Francia.

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, que establece la creación de una nueva aerolínea que estará a cargo del Ejército, y que además busca recuperar la categoría 1 en seguridad aérea.

La reforma, aprobada el pasado 29 de abril en el Senado con el apoyo de Morena y aliados, entró en vigor este 3 de mayo.

“Se busca dotar legalmente a la Agencia Federal de Aviación Civil para expedir disposiciones técnico-administrativas en materia aeroportuaria, con la finalidad de que el país recupere la categoría 1”, apunta el documento aprobado en el Congreso.

La ley permitirá, entre otros puntos, que las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal reciban en asignación la administración de aeropuertos y la operación de aerolíneas, “lo que favorecerá una mayor conectividad aérea”.

También avala el tema relativo a las bases para la creación de una línea aérea del Estado. Según lo expuesto por el presidente, la aerolínea podría llevar el nombre de Mexicana.

Recordó que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en la sesión ordinaria del pasado 20 de abril el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, y luego fue enviado al Senado donde se aprobó de manera polémica el pasado fin de semana.

Tanto esta como otras reformas de ley se aprobaron con la ausencia de la oposición, que frenó la última sesión del periodo ordinario entre jaloneos y golpes, ante la falta de acuerdos con el bloque oficialista en torno al INAI, por lo que los opositores mantuvieron tomada la tribuna más de 24 horas, lo que obligó a cambiar de sede para continuar con la sesión.

La reforma se aprobó en medio de las críticas a las políticas de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien le ha entregado a las Fuerzas Armadas el control de la Guardia Nacional, de obras como el Tren Maya y aeropuertos, de la vigilancia de puertos y aduanas, y de una próxima aerolínea.

Luego de que la Cámara de Diputados avalara la reforma para combatir los precursores químicos que sirven para producir fentanilo, el gobierno federal celebró y agradeció por la ayuda que se tendrá en el control y combate a las drogas.

Se avaló con 319 votos a favor y 126 en contra, la propuesta del gobierno para reformar la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, que incluye penas de hasta 15 años de cárcel para quien desvíe estas sustancias y de hasta 10 años de prisión para empresas responsables.

“Esta reforma de ley es importantísima, fue impulsada también por el Ejecutivo en la medida que es muy trascendente porque hace varios cambios que van a facilitar el control de drogas”, declaró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al intervenir esta mañana en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Con la reforma, que aún debe pasar al Senado, “toda la industria farmacéutica estará obligada a vigilar el uso de precursores y notificarlo a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios)”, dijo el subsecretario.

Además, la Secretaría de Marina (Semar) asume facultades para el combate a estas sustancias.

Asimismo, se crea una plataforma flexible para que “nuevas formulaciones de precursores químicos que la delincuencia organizada comúnmente va encontrando puedan ser también vigiladas”, resaltó López-Gatell.

“Es probable que en México exista no solo la ley más amplia de vigilancia de precursores químicos, sino que con esta reforma tendremos este carácter flexible que no se tiene en las demás naciones, y es una innovación interesante”, sostuvo.

La reforma se aprueba en medio de la creciente presión de Estados Unidos a México por los carteles de la droga, en particular los que producen fentanilo.

México ha defendido que en el país solo pasa el 25% de esta droga que consume Estados Unidos y ha presumido el decomiso de más de 7 toneladas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la discusión de la reforma, la bancada del PAN votó en contra al argumentar que no es una solución al tráfico de fentanilo y no aclara el rol que tendrá la Marina.

Juan Carlos Maturino Manzanera, diputado del PAN, dijo que la redacción del dictamen es confusa y abre la puerta para que la Secretaría de Marina asuma facultades que exceda a su competencia, por lo que planteó la necesidad de reintegrar las funciones del Consejo de Salubridad General a la ley a efecto de que sea ese, en coordinación con la Secretaría de Salud, el responsable de la regulación de los precursores químicos y productos esenciales.

El diputado Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano (MC)m consideró que el dictamen confunde la salud y el riesgo sanitario con la seguridad. También alertó que se elimina al Consejo de Salubridad General como entidad para atender estos asuntos.

Lamentó que se criminaliza todo lo que lleva precursores químicos y a todos los que fabrican medicamentos, lo cual encarecerá los medicamentos y empeorará su desabasto. “Es un marco punitivo para sustancias que deben ser legales y reguladas”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura de la Legalidad elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), el 49% de los mexicanos considera que la ley se respeta poco en nuestro país y el 21% cree que nada, d

La medición del IBD señala que la población asocia de manera predominante la palabra justicia con “cumplir la ley” (63%), muy por arriba de la palabra “igualdad” que ocupó el segundo lugar (14%).

El 56% afirma estar de acuerdo en que se deben respetar las leyes siempre, incluso aquellas que parezcan injustas.

Por otro lado, destaca que el 53% de la población encuestada respondió que la Constitución cumple con las necesidades de nuestro país, aunque deben hacerse algunos cambios.

En esta edición disminuyó de manera significativa las personas que señalan la necesidad de redactar una nueva Constitución (20%) respecto a lo expresado en 2019 cuando 38% apoyaba una nueva Carta Magna.

El aspecto más mencionado por las personas para mejorar la justicia es “tener policías eficientes y capacitados en derechos humanos” (34%), seguido de “contar con un Ministerio Público confiable, transparente y eficaz” (29%).

24% señala el tener jueves que dicten sentencias apegadas a derecho y basadas en evidencia, mientras que 5% piden cárceles que cumplan su función de readaptación social.

Otro dato relevante medido por la encuesta se relaciona con la justicia digital. 70% de la población dice tener poca o nada de confianza en presentar una demanda a través de Internet; esto debido fundamentalmente a que creen que serán ignoradas.

La principal razón es que no se tiene la seguridad de que se les hará caso; la desconfianza de que llegue la información, la pérdida de información o la manipulación de la misma.

El Pleno del Senado avaló la creación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, por la cual se entrega a las Fuerzas Armadas, principalmente al Ejército, la vigilancia y protección del espacio aéreo bajo el argumento de la defensa a la soberanía y seguridad nacional.

La nueva ley fue turnada al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su promulgación y entrada en vigor.

Bajo la ley aprobada, la Secretaría de la Defensa (Sedena) tendrá bajo su mando el nuevo Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, mediante el que realizará “acciones de alertamiento, interceptación aérea, identificación, seguimiento de trazas de interés”.

La Sedena coordinará también un sistema de vigilancia del espacio aéreo para “inhibir y contrarrestar” operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la “seguridad nacional”. En ese sistema participarán también la Marina y las secretarías de Comunicaciones y de Seguridad Pública.

Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano prosperó gracias al apoyo de Morena y aliados, quienes ratificó el dictamen sin un solo cambio a lo aprobado y enviado por la Cámara de Diputados.

Los legisladores afines a la 4T argumentaron que se trata de cubrir un vacío legal para poder enfrentar al crimen organizado y combatir el tráfico ilícito de mercancías, como el robo de hidrocarburos.

Sin embargo, senadores de oposición condenaron la ley y aseguraron que debilita a la autoridad civil encargada de la navegación del espacio aéreo, SENEAM, y consolida el fortalecimiento que el Ejército ha tenido en diferentes áreas durante la actual administración.

“Hoy las Fuerzas Armadas cogobiernan con López Obrador”, dijo el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, durante el debate del dictamen.

Recordemos que diversos colectivos aseguran que con la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano se sigue en la ruta de militarizar al país.

Y es que después de llegar al poder en diciembre de 2018, López Obrador ha dado a los militares cada vez más funciones, no solo en temas de seguridad pública, sino en otras áreas que normalmente están en manos de civiles, como actividades de infraestructura o aduanas.

El próximo domingo 15 de enero entrará en vigor la nueva reforma de la Ley General para el Control del Tabaco, la cual prohíbe exhibir el producto en puntos de venta.

Ante este nuevo cambio, organizaciones empresariales han denunciado la reforma perjudicará a los pequeños comercios, además de que vulnera los derechos de los consumidores adultos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) afirmó que la medida afectará a 85,000 tiendas de abarrotes locales, tan solo en la capital, para las que hasta el 25% de sus ventas dependen del tabaco.

“Este tipo de políticas prohibicionistas atentan contra la libertad comercial, la independencia de los consumidores a decidir, golpea a la industria y perjudica los empleos de los trabajadores y la capacidad del Estado de generar recursos vía impuestos para generar políticas públicas de bienestar”, expuso la organización en un comunicado.

Además, aseguró, la modificación del reglamento de la Ley viola la Constitución, ya que propicia que se de la impresión de que se trata de un producto ilegal, lo que fomentará el comercio irregular.

A lo largo de la semana se han pronunciaron otras organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), la Cámara Nacional de Comercio y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), entre otras.

Estas denunciaron en un posicionamiento conjunto que el nuevo reglamento es “ilegal” e “infundado”, sin “fundamento jurídico” ni sanitario y que no conseguirá su objetivo de evitar el consumo de tabaco.

La reforma legal tampoco se adhirió, dijeron, a los procesos establecidos, pues la Secretaría de Salud excedió sus facultades al asumir funciones de legislador y sentaría un precedente, pues nunca antes se había ocultado un producto legal para su venta.

“El sector productivo teme que, de hacer efectiva esta medida, fácilmente podría replicarse en otros tipos de productos o industrias”, advirtieron.

Además, apuntaron que la venta de cigarros promueve más del 15% de las ventas mensuales de las más de 6,000 tiendas registradas en el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), que generan más de 2 millones de empleos, sostienen a más de 5 millones de personas y abastecen el 52% de la demanda nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que ya contempla presentar una iniciativa a la ley electoral si la reforma constitucional que presentó al Congreso, y que ya se analiza, fracasa.

López Obrador confirmó la existencia de un ‘plan B’ luego de las movilizaciones de este fin de semana en las que se rechazó la iniciativa presidencial y se manifestó apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Como es tan importante que haya democracia, es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes (del Congreso), un plan B (…) Es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral”, señaló el mandatario.

López Obrador reconoció que lo ideal sería la reforma constitucional, pero ante el rechazo de quienes verían sus intereses afectados, los oligarcas que no quieren la democracia, habría esta segunda opción para lograr el cambio que se requiere.

“Todo aquello que se pueda sin violar la Constitución, pero no dejar de luchar”, añadió.

Y es que a raíz de las marchas, los partidos de oposición reiteraron que no respaldarán la iniciativa, e incluso llamaron a que se discute y vote a la brevedad, confiando en que no la propuesta de reforma no alcance los votos necesarios para su aprobación.

Específicamente, AMLO dijo que lo que buscaría con su propuesta a la ley electoral iría encaminada en que se elija a consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral a través del voto popular, así como eliminar a los Diputados y Senadores plurinominales, ambos cambios incluidos en la reforma electoral.

Y aunque dijo que ahora la reforma electoral que presentó es un asunto del Congreso, insistió en que México sí necesita una reforma electoral.

“Yo sostengo que es algo que le conviene al país tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches, pero es necesario que haya una autentica democrática en México que se aleje un vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral, porque eso es lo que está en el fondo. Eso y el que hayan perdido sus privilegios, el que ya no puedan robar porque son muy corruptos, y son muy clasistas y son muy racistas, entonces eso los trae molestos y quieren regresar por sus fueros y son capaces porque ya lo ha hecho de imponerse mediante el fraude”, dijo.

Explicó que para una reforma constitucional, como la que se busca, se requiere mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del pleno. Por lo que si son 500 legisladores se necesitan 334 votos.

Lamentó que la oposición busque repetir lo que hicieron con la reforma eléctrica, que era una reforma constitucional que necesitaba también la mayoría calificada, pero los conservadores votaron en favor de Iberdrola.