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Un juez concedió una suspensión provisional contra algunas partes de la recién aprobada Ley de Hidrocarburos, con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca aumentar el control del Estado en el sector.

“La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, así como de los artículos transitorios cuarto y sexto del Decreto reclamado”, señaló el juez.

La suspensión se otorgó en contra de la posibilidad establecida de que permisos relacionados con el sector hidrocarburos puedan ser cancelados o las instalaciones de permisionarios ocupadas temporalmente.

También impide que la autoridad pueda revocar permisos que incumplan con el almacenamiento mínimo requerido por la Secretaría de Energía a la entrada en vigor de la Ley, que cobró vigencia la semana pasada, o que infrinjan cualquier disposición de la norma.

«Los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por cinco quejosas que son titulares de un permiso que las faculta para realizar una actividad regulada en el sector de hidrocarburos, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las promoventes del amparo, este Juzgado de Distrito estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, lo que ocasionaría distorsiones en la industria de hidrocarburos, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar», añade la resolución del juez.

Según analistas, en la práctica los cambios en la Ley de Hidrocarburos, creada tras la reforma energética del 2014, fortalecen a Pemex, pues es la empresa dominante del sector y es la única con la capacidad de almacenamiento suficiente de petrolíferos para cumplir las nuevas reglas del juego.

La nueva ley podría tener repercusiones para empresas multinacionales con operaciones en México como Shell, BP, Exxon y Total, que entraron en el mercado de combustibles del país tras la reforma, a la que tanto ha criticado AMLO.

Llama la atención que el juez que concedió la suspensión es el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sido duramente señalado por el gobierno federal, el presidente López Obrador y sus seguidores, por haber suspendido  la reforma eléctrica impulsada por AMLO, así como por haber otorgado amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Luego del la cifra récord de 4.8 millones de habitantes de Florida que votaron por correo en la elecciones generales de noviembre pasado, el gobernador del estado, Ron DeSantis, firmó este jueves una ley restrictiva para el ejercicio de dicho voto.

La polémica ley SB90, presentada por los republicanos, que son mayoría en el Congreso de Florida, fue aprobada con 23 votos a favor y 17 en contra a fines de abril.

El gobernador republicano, del que Donald Trump ha dicho que podría ser su compañero de fórmula si compite en las elecciones de 2024, firmó la ley en un hotel de Palm Beach, precisamente donde reside el expresidente, junto a un grupo de parlamentarios republicanos.

La ceremonia fue transmitida en directo por el canal conservador Fox News, pero no se permitió la entrada de otros medios, según denunció la cadena NBC.

El gobernador dijo que la nueva ley pone a Florida a la cabeza de los estados donde la posibilidad de un fraude es mínima. «Creo que son las medidas para la integridad electoral más fuertes en el país», indicó DeSantis.

Precisamente el gobernador dijo después de las elecciones presidenciales de noviembre pasado que en Florida, donde Trump fue más votado que el actual presidente, Joe Biden, fueron las «más transparentes y eficientes del país».

Para organizaciones civiles y los demócratas del estado, la ley SB90 dificultará el voto a las minorías, las personas mayores y aquellas con discapacidades al hacerles más difícil el voto por correo.

Con la nueva ley, los votantes que quieran hacerlo por correo tendrán que solicitar la papeleta cada ciclo electoral y no cada dos como se hace actualmente. Restringe también el uso de urnas para depositar el voto durante las jornadas de votación anticipada, que estaban disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Habrá además una verificación de firma, lo que significa que los electores deben tener una rúbrica en el archivo de las autoridades electorales.

«Nada sobre las elecciones de Florida ha demostrado la necesidad de esta ley», expresó Kara Gross, directiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó hoy la ley que le permitirá permanecer en el Kremlin hasta 2036 al darle el derecho a presentarse a la reelección en dos ocasiones más. El documento relevante se publicó en el portal oficial ruso de información legal este lunes.

La firma de Putin se produce después de que la Duma (Cámara Baja) y el Consejo de la Federación o Senado aprobaran la ley de manera formal.

La normativa desarrolla una enmienda a la Constitución adoptada en un plebiscito el pasado 1 de julio junto a otros cambios.

Una de las modificaciones constitucionales, propuesta a última hora hace ya más de un año y que para los detractores de Putin fue el principal objetivo de la reforma, permite al jefe del Kremlin, que llegó al poder en 2000, presentarse a la reelección en dos ocasiones más, en 2024 y 2030.

La nueva ley precisa que la misma persona no puede llegar a ocupar el cargo del presidente durante más de dos mandatos al tiempo que no impide al político «que haya ocupado u ocupe el cargo de presidente de la Federación Rusa participar como candidato en las elecciones presidenciales en el momento de la entrada en vigor de la modificación».

La norma confirma además que en el futuro sólo podrán ser candidatos a la Presidencia rusa aquellos ciudadanos mayores de 35 años que hayan vivido de manera permanente en este país no menos de 25 años.

Los aspirantes al Kremlin no podrán poseer doble nacionalidad o haber tenido pasaporte de otro país en el pasado.

 

Adicional, las autoridades rusas anunciaron este lunes que seguirán dificultando el acceso a Twitter hasta mediados de mayo pero no bloquearán la red social por completo porque últimamente ha estado retirando contenido prohibido más rápido.

El mes pasado, el regulador nacional de telecomunicaciones Roskomnadzor acusó a Twitter de no retirar contenido que promueve el suicidio entre jóvenes, sobre drogas y pornografía infantil. El 10 de marzo, la entidad anunció que reduciría la velocidad de cargar fotos y videos en Twitter, y pocos días después amenazó con bloquearlo por completo si no acataba las condiciones impuestas.

Como respuesta, Twitter respondió asegurando que tiene una política de tolerancia cero hacia la explotación sexual de menores, la promoción del suicidio o la venta de drogas.

El Pleno del Senado aprobó esta tarde, en lo general, el dictamen por el que se crea crea la Ley de la Fiscalía General de la República, el cual busca fortalecer su autonomía y los instrumentos del Ministerio Público. La nueva ley no excluye al Ministerio Público de órganos sobre desaparecidos, prevención a la violencia de género y protección de derechos humanos.

Con 119 votos a favor y uno en contra, los senadores aprobaron la iniciativa, que deberá ser ratificada próximamente por la Cámara de Diputados.

La nueva legislación, que sustituye la anterior Ley Orgánica de la Fiscalía de 2018, reestructura el organigrama y las funciones de la institución, apenas dos años después de su creación.

Reafirma la independencia de la Fiscalía respecto al gobierno, crea un plan estratégico y establece mecanismos de evaluación.

Esta reforma había generado polémica porque en un inicio buscaba dotar de más autonomía a la Fiscalía excluyéndola del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

También quedaba fuera del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata.

Sin embargo, de último minuto, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tramitó un anexo para frenar la salida del Ministerio Público de estos organismos. Durante el debate, Monreal dijo que la modificación «deja claro que la Fiscalía seguirá participando activamente» en los sistemas nacionales sobre derechos humanos.

«Yo celebro que hayamos logrado un consenso entre todos porque por supuesto que no se vulnera la autonomía de ningún órgano por pertenecer en sistemas nacionales de coordinación», expresó el senador Damián Zepeda del PAN.

La inclusión del Ministerio Público dentro de estos organismos, conformados por el gobierno y la sociedad civil, se logró en 2018 por la demanda de activistas que impulsaron la campaña #UnaFiscalíaQueSirva. En diciembre de ese mismo año se aprobó la creación de una Fiscalía independiente en sustitución de la hasta entonces Procuraría General de la República, la cual formaba parte del gabinete del gobierno federal.

Días después, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue elegido en el Senado el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien se ha mostrado a favor de salir del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Los legisladores se encuentran ahora en la discusión de las reservas que se presentaron al proyecto de decreto.

Adicional, se informó que el Senado de la República recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal que contiene la legislación secundaria con la que se regulará el funcionamiento, estructura, organización y atribuciones de las diversas instancias que conforman al Poder Judicial de la Federación.

En el documento se señala que esta propuesta recoge la propuesta planteada por el Poder Judicial, en congruencia con la reforma constitucional aprobada por el Legislativo. Además, reúne los cambios al orden jurídico nacional efectuados en las últimas dos décadas, a fin de consolidar los avances que, en materia de impartición de justicia, demanda la sociedad.

La iniciativa plantea la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual consolida el entramado normativo para llevar “a buen puerto el proceso de cambio iniciado al interior del Poder Judicial de la Federación”.

Dicho ordenamiento contiene un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa “para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo”.

Asimismo, sugiere sancionar con responsabilidad administrativa los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.

La propuesta también establece las contralorías para cada uno de los órganos de este Poder, las cuales implementarán los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Estos organismos, plantea el proyecto, fungirán como autoridades sustanciadoras de los procedimientos de responsabilidad administrativas, llevarán el registro y darán seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y de su declaración de intereses.

Asimismo, actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de “tan deplorable conducta”.

Otro de los aspectos de la iniciativa es la actualización de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; incluye como atribuciones de este órgano la revisión, por oficio, de la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal, durante la restricción o suspensión de derechos y garantías, de las consultas populares, así como resolver el recurso de revisión especial en materia de seguridad nacional para efectos de acceso a la información pública.

Por otro parte, faculta al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda concentrar, en uno o más órganos jurisdiccionales, asuntos vinculados con hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, el cual implica cambios en la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. La aprobación se dio con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones.

El dictamen señala que la Ley Federal para la Regulación del Cannabis tiene por objeto la regulación de la producción y comercialización del cannabis y sus derivados, bajo el enfoque de libre desarrollo de la personalidad, salud pública y respeto a los derechos humanos.

Se regula almacenar, aprovechar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar, importar, investigar, patrocinar, plantar, portar, tener o poseer; preparar, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender, y adquirir bajo cualquier título la cannabis.

En el caso de los usos medicinal, paliativo, farmacéutico, o para la producción de cosméticos, así como el uso científico para dichos fines, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Salud y demás normatividad aplicable.

Indica que corresponderá al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y demás autoridades competentes, el control y la regulación de los actos regulados correspondientes.

Subraya que la producción del cannabis y sus derivados tendrá los siguientes fines. Autoconsumo: Producción en casa habitación para uso personal con fines lúdicos y producción por asociaciones de cannabis para consumo por los asociados para uso lúdico; producción para la comercialización y venta con fines lúdicos; producción con fines de investigación, y producción de cáñamo para fines industriales.

Se establece que es derecho de las personas mayores de dieciocho años consumir cannabis psicoactivo. El consumo deberá realizarse sin afectar a terceros, especialmente a personas menores de edad. Queda prohibido el consumo de cannabis en lugares denominados como “100% libres de humo de tabaco”, así como en las escuelas, públicas y privadas, de cualquier nivel educativo.

El dictamen también menciona que la venta del cannabis psicoactivo y sus derivados para uso lúdico se realizará exclusivamente dentro del territorio nacional, en los establecimientos autorizados por la Comisión en los términos de la presente Ley.

También queda prohibido el empleo de menores de 18 años en cualquier actividad relacionada con la producción, venta y consumo de cannabis. Asimismo, queda prohibida la realización de todo acto de promoción y propaganda de la producción y el consumo del cannabis en cualquiera de sus presentaciones.

La ley señala que, previo otorgamiento del permiso correspondiente por parte de la Conadic, cualquier persona mayor de 18 años podrá cultivar y poseer en su lugar de residencia habitual hasta seis plantas de cannabis exclusivamente para su consumo personal con fines lúdicos. Las plantas deberán permanecer en la vivienda o casa habitación autorizada. Donde residan más de una persona consumidora mayor de 18 años, el número de plantas será de un máximo de ocho.

Se añade que previo otorgamiento del permiso correspondiente por la Conadic, las personas mayores de 18 años podrán constituir asociaciones de cannabis, sin fines de lucro, para cultivar y poseer plantas de cannabis psicoactivo para consumo de los asociados con fines lúdicos. Las asociaciones deberán constituirse con un mínimo de dos y un máximo de 20 personas mayores de edad.

También se precisa que toda persona que produzca o distribuya cannabis y sus derivados para su comercialización y venta con fines lúdicos requerirá una licencia. Las licencias otorgarán el derecho de realizar las actividades de la cadena productiva del cannabis y sus derivados para su venta, en los establecimientos autorizados, con fines lúdicos a mayores de 18 años.

Sobre las licencias para la producción de cannabis, se establecen seis tipos: Integrales, las cuales permitirán la realización de todas las actividades de la cadena productiva del cannabis, desde el cultivo hasta la comercialización y venta al usuario final; con fines solamente de producción, las cuales permitirán a sus titulares el cultivo del cannabis en las áreas especificadas en la licencia.

Además, con fines de distribución, las cuales permitirán a sus titulares la adquisición de cannabis a un productor autorizado, con fines de venta a un comercializador autorizado; con fines de venta al usuario final, la cual permitirán a sus titulares adquirir cannabis a un licenciatario de distribución para su venta final en establecimientos autorizados.

Del mismo modo, con fines de producción o comercialización de productos derivados, las cuales permitirán a sus titulares comprar cannabis a un productor autorizado a fin de transformarla en productos para su venta al usuario final.

El documento destaca que la Secretaría de Salud, a través de la Conadic, ejercerá la rectoría sobre la cadena productiva del cannabis psicoactivo y sus derivados, y su consumo.

En cuanto a las infracciones y sanciones, se establece que en aquellos casos en los que una persona esté en posesión de más de 28 gramos y hasta 200 gramos de cannabis, sin las autorizaciones a que se refieren la Ley y la Ley General de Salud, será remitido a la autoridad administrativa competente y en su caso, la sanción será una multa de entre 60 a 120 veces el valor diario de la UMA.

Además, queda prohibido vender al público cualquier producto, distinto al cannabis o sus derivados, para su consumo dentro de los establecimientos autorizados para la venta de cannabis, a quien lo incumpla se sancionará con una multa de 500 hasta 3000 veces el valor diario de la UMA, la cual se duplicará en caso de reincidencia, previo apercibimiento de tal sanción.

Se sancionará con una multa de 60 a 300 veces el valor diario de la UMA a quien consuma cannabis psicoactivo en lugares o establecimientos no autorizados por la Comisión.

En cuanto a la Ley General de Salud se modifican y adicionan diversos artículos para hacer referencia de que tratándose de cannabis se estará a lo dispuesto por la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Se incorpora a la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, el cannabis Sativa, Índica o Mariguana con 28 gramos.

Se establece que tratándose del cannabis psicoactivo el límite superior será el equivalente a 200 veces lo permitido en la tabla, es decir 5.6 kilogramos.

Señala que se impondrá prisión de uno a tres años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin la autorización prevista en la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, comercie o suministre, aun gratuitamente cannabis psicoactivo en cantidad que sea superior a 200 gramos e inferior la que resulte de multiplicar por 200 la cantidad señalada en la tabla del artículo 479 (5.6 Kg). Cuando la cantidad sea superior, se impondrá una pena de cinco a 15 años

Indica que se impondrá una pena de prisión de tres a siete años y de 80 a 300 días multa, al que posea cannabis psicoactivo, cuando la cantidad de que se trate sea superior a 5.6 kilos e inferior a 14 kilos y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

El dictamen también modifica el Código Penal Federal. Se establece que a quien produzca, transporte, trafique, comercie o suministre, aun gratuitamente, sin la autorización a que se refieren la Ley General de Salud o la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, se impondrá una pena de cinco a quince años, siempre que la cantidad sea superior a cinco kilos seiscientos gramos.

Mientras que a quien posea cannabis psicoactivo con la finalidad de cometer las conductas establecidas en la fracción anterior, se le sancionará con pena de tres a siete años de prisión, siempre que la cantidad de que se trate sea superior a 5.6 kg e inferior a 14 kg. Cuando por las circunstancias del hecho la posesión del cannabis psicoactivo no pueda considerarse destinada a realizar alguna de esas conductas, se aplicará pena de diez meses a tres años y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

Precisa que a quien introduzca o extraiga del país cannabis psicoactivo, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito, en cantidad superior a 200 gramos e inferior a la que resulte de multiplicar por quinientos la cantidad prevista en la tabla incluida en el artículo 479 de la Ley General de Salud, se impondrá una pena de prisión de diez meses a tres años; cuando la cantidad sea mayor a la antes señalada en segundo lugar, se impondrá una pena de tres a diez años.

Además, establece que a quien siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, sin contar con la autorización en los términos de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, se le impondrá pena de uno a seis años de prisión; si dichas actividades fueren cometidas por personas dedicadas como actividad principal a las labores propias del campo y sean de escasa instrucción o extrema necesidad económica, se destruirá la cosecha y sólo serán sancionadas con la pena antes referida en casos de reincidencia.

Tras aprobarse en lo general, los diputados procedieron a la discusión en lo particular, para la cual se presentaron diversas propuestas de modificación al proyecto de decreto, tanto relacionados a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

Recordemos que la discusión de la Ley inició en octubre de 2018 luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que era contrario a la Constitución la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la mariguana. En ese momento dio año al Congreso para que hiciera los cambios necesarios; sin embargo, luego de más de 2 años, se han solicitado tres prórrogas argumentando la falta de tiempo para discutir ampliamente el dictamen.

Una vez aprobada en Diputados, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen regresará al Senado, donde se tendrá que aprobar en los términos que envíe la Cámara de Diputados, o en su caso proceder a realizar modificaciones. Una vez que sea aprobada, pasará al Ejecutivo.

El proyecto de ley con el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca concretar su ambiciosa reforma migratoria, la cual otorgará una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, llegó este jueves al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas.

Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son quienes impulsan la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, propuesta bandera con la que la administración de Biden busca reorganizar el sistema de migración de su país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.

La iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los soñadores, como se conoce a los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que en su mayoría proceden de Centroamérica, así como a los trabajadores agrícolas inmigrantes.

Amplía además los visados de diversidad de 55,000 a 80,000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas.

Recordemos que un esfuerzo similar fue liderado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente, pero no logró el respaldo en la Cámara de Representantes pese a haber conseguido la aprobación del Senado.

Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden deberá contar con la totalidad de los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurarse diez republicanos. De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularización en los años anteriores.

«Estamos aquí porque el pasado noviembre 80 millones de estadounidenses votaron contra Donald Trump y contra todo lo que representaba. Votaron para restaurar el sentido común, la compasión y la confianza en nuestro gobierno», dijo Menéndez en una conferencia de prensa virtual. «Y parte de ese mandato es arreglar nuestro sistema de migración, que es la piedra angular del odioso espectáculo de horror de Trump».

Al dirigirse a sus colegas republicanos, aseguró que el voto latino no es propiedad de ningún partido y destacó que los hispanos son «la mayor minoría racial y étnica del país».

En su intervención, Sánchez recordó que es hija de inmigrantes mexicanos, un mecánico industrial y una maestra de escuela primaria, y afirmó que por ello se ha dedicado a construir un sistema de inmigración «que permita a la gente vivir sin miedo».

Ambos políticos estuvieron acompañados por los legisladores de la Cámara Baja Zoe Lofgren, Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez, Judy Chu, Raúl Ruiz, Yvette Clarke y Yvette Clarke, así como por los senadores Amy Klobuchar, Alex Padilla y Ben Ray Luján, que prometieron su respaldo a la iniciativa.

El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente, conocida por su nombre en inglés «green card».

Para los soñadores, los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de «inmediato» y tres años más tarde la ciudadanía. erá un requisito fundamental para estas personas «haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021».

El proyecto de ley deroga además la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10,000 a 30,000 los cupos para los visados U, que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental.

Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término «extranjero» por «no ciudadano» y promueve la reunificación de familias, en especial de los grupos familiares LGBTQ+.

Por otro lado, aborda las causas de la migración al financiar un plan de la Administración de Biden para aumentar la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde procede la mayoría de inmigrantes que buscan cruzar a Estados Unidos desde México.

También crea opciones para que las personas que buscan protección puedan solicitar un estatus legal en Centroamérica; restablece el programa de menores centroamericanos que permite reunir a los pequeños con sus padres que residen en EUA; y destina recursos para el uso de la tecnología en las fronteras.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó al llamado de dar paso a una discusión a fondo, con responsabilidad y prudencia, ante la iniciativa aprobada por el Senado en relación con la compra de divisas por parte del Banco de México (Banxico).

Al reconocer que es un asunto complejo, el CCE indicó que en el análisis y discusión que debe hacerse, se deben alcanzarse dos objetivos: atender las dificultades que enfrentan los ciudadanos que reciben recursos en divisa extranjera en efectivo, y mantener y fortalecer los controles para evitar el ingreso al sistema de recursos de procedencia ilícita, así como respetar la autonomía del Banco de México en el ejercicio de sus funciones.

Advirtieron que tal como está planteada, la iniciativa representa riesgos importantes para el sistema financiero.

Al respecto, también se posicionó la la Asociación de Bancos de México (ABM),  quien dijo que la iniciativa de reforma pone en grave riesgo al conjunto del sistema financiero mexicano, por lo que también llamó a discutir ampliamente la propuesta legislativa, atendiendo a todas las voces y los planteamientos existentes.

«La ABM considera que la iniciativa actual, la cual no ha sido promovida por esta Asociación, incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al obligar a Banco de México a operar como comprador de última instancia de divisas en efectivo».

La Asociación indicó que la solidez del sistema financiero mexicano es uno de los pilares más importantes que sostienen la estabilidad macroeconómica del país; recordó que dicha solidez se ha conseguido gracias a la adopción de diversas medidas, como son, la autonomía del Banco de México, un régimen de tipo de cambio libre, la disciplina fiscal a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la certificación de los criterios de capitalización y liquidez de Basilea III, y la adopción de normas estrictas de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que siguen las mejores prácticas a nivel internacional.

Alertó que obligar al banco central a actuar como comprador de última instancia de moneda extranjera en efectivo, aunque estas provengan de instituciones del propio sistema financiero, atenta contra su autonomía. Denunció también que podría aumentar el riesgo percibido para Banco de México por la comunidad financiera internacional, y por extensión a todo el sistema financiero mexicano.

Puntualizó que las remesas se envían por transferencia electrónica y sólo un 1% llega en efectivo, las cuales se entregan en pesos mexicanos a quienes las reciben.

Coincidió en que es indispensable que a la brevedad se encuentre una mecánica dentro del marco legal y regulatorio que permita ingresar dólares en efectivo, que puedan cambiarse a precios competitivos en un sistema financiero que se mantenga seguro, bien regulado y protegido, por lo que apoyó el planteamiento de dar paso a un debate profundo y consensuado.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) también se sumó al debate, y dijo este mañana que la Cámara de Diputados debe escuchar la voces de los expertos, pues dijo que hasta ahora hay consenso en contra de la reforma a la Ley del Banco de México. Indicó que es imprescindible blindar instituciones y no vulnerarlas.

«Estamos a tiempo de evitar un daño grave a nuestro Banco Central y generarle un aislamiento internacional».

En su maratónica sesión de ayer, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto para reformar la Ley del Banco de México (Banxico), que según señala el texto, busca fortalece la economía de los mexicanos que migraron a Estados Unidos, de las familias que reciben remesas en efectivo, así como de quienes dependen de la actividad turística y del comercio de bienes en la frontera.

El dictamen se avaló en lo general con 67 votos a favor 23 en contra y 10 abstenciones.

Las modificaciones otorgan la certeza jurídica de que los dólares siempre se podrán canjear por pesos en los bancos de una forma legal y segura, obteniendo por ellos la mejor paridad del mercado. Además, evitan que se recurra al mercado negro de divisas, en donde se obtienen menos pesos por los dólares y se fortalecen las estructuras del crimen organizado y los flujos de dólares irrastreables por la autoridad fiscal.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó que el Estado está obligado a modificar su marco normativo para que los millones de mexicanos que regresan a nuestro país encuentren condiciones adecuadas en el tipo de cambio y obtengan “el valor exacto de su esfuerzo” al intercambiar sus dólares.

Las reformas, enfatizó, “no promueve el lavado de dinero”, sino que favorece a los trabajadores migrantes que en la contingencia sanitaria enviaron casi 10% más de remesas para pagar la atención médica de sus familiares.

Sin embargo, la oposición acusó que era falsa la intención expuesta por los legisladores afines a la 4T sobre las modificaciones a la Ley.  Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que se estaba vulnerando la autonomía del Banco de México, imponiéndole obligaciones de las instituciones bancarias comerciales, entre ellas, el congelamiento de operaciones internacionales por lavado de dinero.

El senador Emilio Álvarez Icaza alertó que con la aprobación de la iniciativa se estaba convirtiendo a Banxico en una “lavadora de dinero del narcotráfico”. Dijo que, si el problema son las remesas que envían los migrantes, la alternativa era crear mecanismos para protegerlas con instituciones financieras.

La reforma precisa que las divisas que podrán formar parte de la reserva, a juicio del Banco de México, son únicamente los billetes y monedas extranjeras, captados por las instituciones de crédito en los términos, montos y modalidades que determine la Ley de Instituciones de Crédito, que no puedan ser repatriados a su país de origen.

Dispone que los billetes y monedas extranjeras excedentes que capten las instituciones de crédito serán repatriadas a su país de origen conforme al contrato de corresponsalía que tengan firmado.

La asamblea aceptó la reserva que aclara que los montos que no se puedan repatriar serán comprados por el Banco de México, para lo cual éste, escuchando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regulará el procedimiento de compra al tipo de cambio vigente. El procedimiento de compra de divisas incluirá la obligación de las instituciones de crédito para contar con procesos, sistemas y personal adecuados para recabar, verificar y conservar la información de identificación de sus clientes o que permita evaluar el riesgo que pueden representar en la materia.

Además, de procesos que deberán seguir, así como personal adecuado, para monitorear las operaciones a través de los sistemas automatizados con que cuente, con el fin de detectar operaciones inusuales.

Se indica que se podrá elaborar y documentar las políticas y procedimientos para evaluar y mitigar los riesgos que la institución de crédito asuma ante la realización de operaciones con divisas relacionadas con actos presuntamente ilícitos o con recursos de origen indeterminado.

Sobre las modificaciones aprobada por el Senado, el Banco de México emitió un posicionamiento el que dijo que a pesar de las modificaciones hechas al proyecto de decreto, considera que en las reformas aprobadas persisten los riesgos a las operaciones del Banco Central que ya se habían advertido.

Aclaró que aunque Banxico participó en el grupo de trabajo convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, las consideraciones sobre los temas fundamentales y alternativas de solución que presentaron  no fueron incluidas en el proyecto aprobado.

Al indicar que el proyecto pretende beneficiar a la población que recibe billetes y monedas extranjeros. Entre dichos beneficiarios, destacan principalmente quienes se dedican a actividades turísticas y aquellos que reciben remesas en efectivo, los cuales representan el 1% del total de las remesas enviadas al país, lamentó que el proyecto proponga imponer al Banco de México la obligación de comprar dichos billetes y monedas captados por la banca y que no puedan ser repatriados.

«El Banco de México destaca que los impactos del proyecto ocasionarían afectaciones y riesgos substanciales sin cumplir el objeto que dicho proyecto busca lograr. Adicionalmente, las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de dinero coinciden en las afectaciones que el proyecto ocasionaría en los estándares que el sistema financiero debe establecer al operar con billetes y monedas extranjeros, que son considerados de alto riesgo, así como el contagio de dicho riesgo al Banco Central», expuso Banxico.

Añadió que también se podría dar lugar a que autoridades extranjeras impongan restricciones a las entidades financieras de su país y que ofrecen servicios de corresponsalía a las instituciones mexicanas para procesar la moneda extranjera que estas últimas capten, así como limitaciones a las operaciones y acuerdos celebrados con el Banco de México.

Banxico insistió en la vulneración que las normas previstas en el proyecto de decreto ocasionarían a su autonomía para el ejercicio de sus funciones, debido a la determinación en ley de operaciones activas que el Banco Central quedaría obligado a realizar.

Enfatizó que el proyecto de decreto obligaría al Banco Central a realizar operaciones activas de alto riesgo que pueden comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y el cumplimiento del mandato constitucional de preservar el valor adquisitivo de la moneda nacional.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la reforma a la ley del Banco de México debe ser respetada.

«Si se aprobaron en el Senado, por el Congreso, pues son reformas que deben de acatarse, que deben de respetarse», dijo el mandatario brevemente en su conferencia de prensa matutina.

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó esta tarde, en lo general, el dictamen que permite la regularización de la marihuana en el país para usos recreativo, científico, médico e industrial.

Ahora, la «Ley general para la regulación del cannabis» debe pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación antes de que finalice la actual legislatura, que es el 15 de diciembre.

El dictamen estuvo impulsado principalmente por Morena, quien junto a sus aliados legislativos cuentan con mayoría en Diputados, por lo que se prevé pueda avanzar sin problema.

La iniciativa propuesta por legisladores de la llamada Cuarta Transformación incluye, entre otras cosas, la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud.

El nuevo ente emitirá cinco tipos de licencias para controlar algunos de los actos relacionados con el cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o importación de marihuana.

En su primer artículo, la norma, aprobada con 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones, sostiene que busca «mejorar las condiciones de vida» de los mexicanos y «contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico».

El dictamen aprobado estipula que sólo las personas mayores de 18 años podrán cultivar, portar y consumir marihuana y sus derivados, pero con un permiso del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. Además, se permitirán 28 gramos de posesión, aunque queda prohibido el consumo de cannabis psicoactivo en áreas de trabajo públicas o privadas.

En cuanto a la comercialización, la «Ley general para la regulación del cannabis» permite a las personas y empresas vender cannabis a mayores de edad en establecimientos autorizados. El Instituto establecerá los niveles máximos de THC (sustancia psicoactiva de la marihuana) y CBD (cannabidiol).

Los ejidos (terrenos colectivos) y comunidades agrarias «que han sido afectadas por el sistema prohibitivo» podrán ser titulares de más de una licencia para cultivo, transformación, comercialización, exportación o importación.

La reforma permitirán también cultivar hasta ocho plantas por domicilio, autorizará alimentos y derivados con cannabis no psicoactivo y garantizan el consumo privado de marihuana sin menores de edad presentes.

Pese al paso que se dio esta tarde, activistas advierten que no hay una completa descriminalización porque aún contempla sanciones penales para la posesión de más de 200 gramos de cannabis y multas por portar entre 28 y 200 gramos.

México se coloca así junto a Canadá y Uruguay como los países que han regulado la marihuana recreativa.

Recordemos que desde que asumió en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puso sobre la mesa el tema de la despenalización de la marihuana y otras drogas como parte de su estrategia para combatir al poderoso crimen organizado.

RAYMUNDO RIVA PALACIO

EL FINANCIERO

Termina la semana de Emilio Lozoya, pero los merolicos siguieron inyectando involuntariamente combustible al sarcasmo, y mostrándose desarticulados, sin ejes claros, con ocurrencias que luego tienen que corregirse, e intentos vehementes para tratar de explicar que estamos mejor que antes, aunque estemos peor que nunca.

Los números no mienten: nunca se destruyó tanto valor en tan poco tiempo como ahora; nunca hubo un periodo más violento en nuestra historia, que en los primeros 18 meses de este gobierno; nunca se tiró tanto dinero público a la basura –¿dónde quedaron los 300 mil millones de pesos que le dejó en caja el gobierno anterior?–, y nunca se gobernó con tantas ocurrencias y contradicciones.

Se apela a que nunca más dependeremos de hidrocarburos del exterior, por lo que se construirán refinerías y se dejará de vender petróleo al mundo, porque la soberanía nacional –con su marco de referencia de hace casi medio siglo– está por encima de todas las cosas. Pero de repente, como el inquilino del Palacio dice que las empresas farmacéuticas son unas sanguijuelas que formaron parte de la corrupción del pasado, se anuncia que México se va a comprar medicinas al mundo, quedando subordinados al extranjero en medicinas.

El Honorable Congreso celebra una sesión extraordinaria para aprobar los caprichos del Presidente. La industria farmacéutica con la que no va a tratar en México es la misma a la que le comprarán lo mismo, a mayor costo, en el extranjero. Si alguien en Palacio revisara los antecedentes, sabría que hubo gobiernos anteriores que hicieron cosas similares y salió peor y más caro. Hoy no importa. Las medidas a rajatabla construyen imaginarios, no atajan realidades. Si se aduce corrupción, debería atacarse la corrupción y dejarse de balandronadas. Si para evitar que la gangrena suba del pie, ¿por qué se asesina al individuo?

La nueva decisión es reconocimiento implícito de que la política de compras consolidadas desde la Oficialía Mayor de Hacienda fracasó. En el caso de las medicinas, el asesor fue el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que a las facturas que tendrá que pagar por el manejo del Covid-19, se le sumará el desabasto de medicinas para el cáncer y para el VIH. Los muertos que se acumularán por esa decisión de gobierno podrían vincularse con la política que decidieron tres personas, porque el primer inquilino de Palacio asumió la punta de la cadena de mando, y plantear en una corte internacional que hubo una política de Estado que tuvo como objetivo un grupo específico de personas que, como resultado, fallecieron. No será Ruanda o Bosnia, pero el principio –aunque aquí por ignorancia o incompetencia– es el mismo.

De palabras estamos llenos. A mediados de junio decía el Presidente que los indicadores de la economía iban mejorando y que ya se había tocado fondo. Ayer, el Inegi reportó que el segundo trimestre del año, al que se refería el inquilino del Palacio, provocó una caída de 17.3 por ciento en términos reales, y 18.9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019, que es el peor resultado en la historia. Pero como siempre sucede, la fuga es hacia delante. “Ya esperábamos estos datos”, dijo el inquilino de Palacio, desmintiéndose a sí mismo de su afirmación hace cinco semanas. Y para no olvidar, otra perla: la caída en el crecimiento no genera más pobreza. Para Premio Nobel de Economía.

Pero vamos a estar mejor, de cualquier forma, porque la economía repuntará en agosto. Ya veremos, no si tiene razón, sino qué dirá cuando los datos digan lo contrario. Si el primer trimestre del año estuvo mal, el segundo peor, y el tercero no será mejor y arrastrará al cuarto, quizás los bancos, organismos internacionales e instituciones mexicanas, así como los economistas más cercanos a sus proyectos, tienen razón y la contracción alcanzará los dos dígitos. La única forma como podría haber una buena y rápida recuperación es si el rebrote de Covid-19 no es tan severo como en otros países.

Pero sobre esto no sabemos, porque vivimos en la dimensión desconocida, por cortesía del merolico mayor que cobra como subsecretario de Salud, que como dice una cosa dice otra, y luego dice que nunca dijo lo que sí dijo. Pero, en abono a él, es la marca de la casa. ¿Se acuerda cuando la violencia iba a desaparecer en los primeros seis meses de 2019 porque todo se trataba de que los sicarios descubrieran que sembrando árboles o consiguiendo una beca de jóvenes iba a cambiar su modus vivendi?

Ya sabemos qué sucedió. En los primeros 18 meses de este gobierno, casi 100 personas fueron asesinadas cada 24 horas, para un total de 53 mil 628 personas, dos veces las registradas en el gobierno de Felipe Calderón, a quien los fieles del inquilino de Palacio llaman diariamente “asesino”, y 55 por ciento más alta que en el de Enrique Peña Nieto. Todo esto, sin añadir la entrega extraoficial del país a los cárteles de la droga, que como contraprestación, piensa uno, le permiten al inquilino del Palacio viajar sin problema por todo el país, repartiendo abrazos y saludos a quienes, en el pasado eran enemigos del Estado mexicano. Ahora ya no. Los enemigos pagan impuestos y viven bajo el imperio de la ley. Los nuevos amigos son criminales.

Discurso contra realidad es el nombre del juego, mentiras para ocultar verdades. La memoria histórica no existe en el Zócalo, y en algún momento la fuerza de la palabra de los parlanchines llegará al shock de confianza y colapsará. No está cerca ese horizonte, pero la acelerada degradación de la vida en México llevará a ese punto invariablemente. Es cuestión de tiempo, si no cambia el Presidente de administrar un caos creciente, a gobernar. Por cierto, esto no es mala idea.

El presidente chino, Xi Jinping, promulgó este martes la polémica ley de seguridad nacional para Hong Kong, considerada como una forma de amordazar a la oposición y socavar la autonomía del territorio autónomo.

Ignorando los llamamientos de la comunidad internacional, el parlamento nacional aprobó el texto, un año después de las manifestaciones multitudinarias en la antigua colonia británica contra la influencia del gobierno central.

El texto será incorporado a la «Ley Fundamental» que sirve desde 1997 de mini-Constitución en Hong Kong y entrará en vigor este mismo martes, anunció la jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam.

Elaborado en seis semanas, el contenido de la ley que fue sometido el domingo pasado al comité permanente del Parlamento Nacional, una instancia que depende del Partido Comunista chino (CPC).

La agencia oficial Xinhua esbozó en junio las grandes líneas, afirmando que pretende erradicar el «separatismo, el terrorismo», la subversión» y la colusión con las fuerzas exteriores y extranjeras».

«Esto supone el fin de Hong Kong tal como lo conocía todo el mundo. Con poderes ampliados y una ley mal definida, la ciudad se convertirá en un «estadodepolicíasecreta», tuiteó el martes Joshua Wong, uno de los líderes del movimiento prodemocracia de Hong Kong, cuyo partido político Demosisto anunció su disolución.

La nueva ley será una arma que penderá sobre la cabeza de aquellos que afecten la seguridad nacional, dijo la Oficina de Asuntos para Hong Kong y Macao poco después de su promulgación.

«Para una vasta mayoría de los residentes de Hong Kong (…) esta ley es un espíritu guardián de sus libertades», agregó.

Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos habían advertido del riesgo de que la ley sea utilizada para callar las voces críticas con Pekín, que utiliza leyes similares para aplastar a la disidencia en el continente.

Pero Carrie Lam defendió «el derecho de nuestro país a garantizar la seguridad nacional y las aspiraciones a la estabilidad y la armonía de la población de Hong Kong», en un mensaje en vídeo en la apertura de la 44 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El compromiso alcanzado por Reino Unido con China para la devolución de Hong Kong en 1997 fue que la excolonia mantendría ciertas libertades, así como una autonomía legislativa y judicial, durante 50 años, en lo que se denominó un «país, dos sistemas».

Los hongkoneses tienen libertad de expresión, libertad de prensa, una justicia independiente y un sistema capitalista.

La fórmula fue el pilar de la transformación de la ciudad en una plataforma financiera mundial, anclada en su seguridad jurídica y las libertades políticas de las que carece el continente.

A partir de ahora, parece difícil que los hongkoneses puedan organizar manifestaciones masivas ya que las autoridades de la excolonia siguen prohibiendo las concentraciones de más de 50 personas debido a la epidemia de Covid-19.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer el aplazamiento de su iniciativa de ley dirigida a fusionar tres organismo reguladores, que la semana pasada anunció y que fue cuestionada por opositores y expertos al considerarlo un riesgo para el contrapeso de poderes.

El pasado 9 de junio, Monreal presentó una iniciativa para extinguir y fusionar en un nuevo organismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Todos se agruparían en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

“He decidido posponer la presentación (de la iniciativa) e iniciar un proceso abierto de discusión, de enriquecimiento y de valorización de la misma”, dijo Monreal, en un video publicado en redes sociales.

Señaló que en el “momento histórico” por el que atraviesa el país obliga a centrar la atención en los problemas derivados de la crisis sanitaria y “a prepararnos para la inminente puesta en marcha del T-MEC”, entre México, Estados Unidos y Canadá.

El legislador no especificó cuándo retomaría el proyecto, y afirmó el domingo que no hay intención desde el oficialismo de crear un superpoder ni dar paso al autoritarismo, ni a la concentración de las funciones en el Ejecutivo, ni violentar la autonomía que hasta ahora tienen los órganos reguladores.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se manifestó a favor de la iniciativa, al resaltar que la propuesta permitiría ahorros al país.

China acusó a Estados Unidos de «tomar como rehén» al Consejo de Seguridad de la ONU, tras la solicitud de Washington de celebrar una reunión centrada en el proyecto de ley chino sobre la seguridad nacional de Hong Kong.

La tensión crece entre Pekín y países occidentales, que ven con inquietud un texto legislativo que podría significar el fin de la autonomía política del territorio.

«El Consejo de Seguridad no es un instrumento que Estados Unidos puede manipular como le plazca», dijo Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una rueda de prensa.

Washington y Londres lograron organizar este viernes una discusión informal en el Consejo de Seguridad de la ONU, a puerta cerrada y por videoconferencia, según reportan diversas agencias internacionales.

Estados Unidos, el Reino Unido (la ex potencia colonial en Hong Kong), Canadá y Australia advirtieron el jueves en un comunicado conjunto que Pekín violaba sus compromisos adquiridos décadas atrás, cuando Hong Kong volvió a su jurisdicción.

«Exhortamos a esos países a que cesen de entrometerse en los asuntos de Hong Kong y en los asuntos internos chinos», replicó el viernes Zhao Lijian.

El proyecto de ley chino castigará la secesión, la subversión del poder del Estado, el terrorismo y actos que pongan en riesgo la seguridad nacional, y permitirá que las agencias de seguridad del continente operen abiertamente en Hong Kong. Además, castiga la injerencia extranjera en este territorio semiautónomo chino.

Para los países occidentales, el objetivo es acallar a la oposición hongkonesa y mermar las libertades, lo que desmiente formalmente Pekín.

«Nuestra relación con China está basada en el respeto mutuo y la confianza (…) pero esta decisión lo cuestiona», aseguró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al término de una reunión de los cancilleres de la UE consagrada al gigante asiático.

Hong Kong, que siempre ha mantenido una actitud desafiante ante Pekín, reinició en 2019 un movimiento de protesta contra la influencia de China, con gigantescas manifestaciones que contribuyeron a un aumento de las ideas proindependencia, hasta entonces minoritarias en la excolonia británica.

China ha afirmado que Washington juega con fuego al apoyar públicamente las protestas y acusó a los manifestantes más radicales de actividades «terroristas».

En virtud del principio «un país, dos sistemas», que rige las relaciones con Pekín desde que el territorio fue devuelto por Reino Unido a China en 1997, Hong Kong tiene una amplia autonomía, libertad de expresión y una justicia independiente.

Pero Pekín arguye que la «Ley fundamental», una pequeña Constitución que rige en Hong Kong desde 1997, obliga a las autoridades hongkonesas a implementar una ley sobre seguridad nacional.

Ya en la reunión convocada, Johnathan Allen, segundo en la representación de Reino Unido ante la ONU dijo que «esperamos que el gobierno chino haga una pausa y reflexione sobre las serias y legítimas preocupaciones que esta propuesta ha planteado tanto en Hong Kong como en todo el mundo».

Advirtió que si se aplica la ley, exacerbará las profundas divisiones en la sociedad de Hong Kong.

Por su lado, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, instó a los países de la ONU «a que se unan a nosotros y exijan que la RPC (República Populal de China) revierta el rumbo y honre los compromisos internacionales asumidos con esta institución y con el pueblo de Hong Kong».

Tras la reunión del Consejo, el embajador de Pekín ante la ONU, Zhang Jun, advirtió que «cualquier intento de utilizar a Hong Kong para intervenir en los asuntos internos de China estará condenado al fracaso».

El diplomático también exhortó a Estados Unidos y el Reino Unido a dejar de hacer acusaciones sin fundamento contra China.

Por su parte el presidente Donald Trump aseguró que anunciará lo que van «a hacer con China» en una conferencia de prensa prevista este viernes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que se defenderá en tribunales la decisión que se tomó en su administración de suspender la operación de centrales privadas de energías renovables, pues aseguró que es necesario poner orden en el sistema eléctrico nacional.

«Tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas», declaró.

López Obrador enumeró los cuatro elementos que componen su política en materia de energía eléctrica: el respeto al Estado de Derecho, la postura a favor de energías limpias, no aceptar la corrupción en el sector, y la defensa jurídica de la postura gubernamental.

“No hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, lo que se está haciendo es que no haya corrupción, que no haya sobreprecios, que significa que el pueblo pague más; lo que estamos garantizado es que haya pecios justos y que no se afecte a los ciudadanos”, señaló el mandatario.

Precisó que su gobierno no está en contra de la generación de energías limpias como lo han acusado sus detractores; y dijo que por el contrario, se impulsarán cada vez más las energías alternativas. Dijo que de lo que sí está en contra es de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante el periodo neoliberal en la industria eléctrica. «Ese es el fondo del asunto».

Al ser cuestionado sobre los amparos que se han otorgado luego del acuerdo publicado por la SENER, AMLO dijo que serán respetuosos de las decisiones de los jueces. «Vamos a ser respetuosos de la legalidad como lo hemos demostrado. El Poder Judicial es autónomo e independiente y vamos a respetar las decisiones de los jueces», afirmó.

Este jueves entró en vigor la Ley de Amnistía, que argumenta el gobierno, beneficiará con la liberación a personas que no cometieron delitos graves y a personas en situación de extrema vulnerabilidad, en el marco de la pandemia de Covid-19.

El decreto de la Ley de Amnistía, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue publicado en la edición vespertina de ayer del Diario Oficial de la Federación (DOF).

La ley, que fue aprobada el lunes por el Senado, refiere que beneficiará a mujeres acusadas del delito de aborto y a indígenas que durante su proceso legal no contaron con intérpretes o defensores que conocieran su lengua

Además, a personas sentenciadas, no reincidentes, en distintos supuestos, por ejemplo, por delitos contra la salud, posesión y consumo de drogas en ciertos casos, robo simple y sin violencia, y sedición, salvo en casos de terrorismo.

La Ley aclara que no beneficiará a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal ni a quienes hayan cometido el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito.

Para la evaluación de las solicitudes que se presenten para ser beneficiarios de esta Ley, el Ejecutivo Federal creará una “Comisión” encargada de coordinar los actos de cumplimiento y vigilar la aplicación de este beneficio para determinar “la procedencia del beneficio” y posteriormente sea un juez federal quien “resuelva el otorgamiento de la amnistía”.

Al  respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó la aprobación de la Ley de Amnistía.

«Estamos privilegiando medidas urgentes para poder excarcelar y que obtengan su libertad mujeres embarazadas, mujeres adultas mayores, mujeres indígenas y también personas es situación de vulnerabilidad», explicó durante una reunión virtual con la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib).

Indicó que se trabajará con los 32 estados en un mecanismo de preliberaciones sobre los delitos menores.

Sin embargo, diversas organizaciones han señalado las deficiencias de la Ley de Amnistía, calificándola incluso como un acto propagandístico del presidente, más que un beneficio para la población.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el presidente López Obrador busca una vez más debilitar a la oposición en México y desviar la atención de lo verdaderamente importante en este momento que es la compra y realización de pruebas de Covid-19 para contener los contagios, al llamar a los partidos a renunciar a parte de sus prerrogativas y donarlos a la emergencia sanitaria.

Señaló que López Obrador no ejerce de forma responsable y prioritaria los recursos públicos, pues sus proyectos faraónicos como el Tren Maya, Santa Lucía y la Refinería ascienden a más de 400 mil millones de pesos, que en comparación con lo que reciben los partidos es solo poco más del 1%.

En ese sentido indicaron que Acción Nacional presentará una propuesta de modificación a la Ley General de Partidos Políticos, para que en caso de que el Consejo de Salubridad General declare “Emergencia Sanitaria” se puedan utilizar una parte de sus prerrogativas.

Sin embargo, Cortés Mendoza afirmó que será requisito indispensable que el presidente López Obrador haga dos cosas:

  • Cancelar sus proyectos faraónicos y destinar esos recursos para cuidar la salud y el empleo de los mexicanos, porque ese dinero sí representa un monto significativo para atender la crisis de salud y económica, que hoy padece México.
  • Que instruya a su mayoría en el Congreso de la Unión, para que apruebe su iniciativa de ley.

Señaló que en caso de hacer uso de sus recursos se entregarán de manera directa para la compra de pruebas diagnósticas rápidas, así como material de protección, guantes, mascarillas, batas, para el personal de la salud que atienda en primera línea a la pandemia, como médicos y enfermeras.

«El compromiso del PAN es apoyar directamente a quien lo necesite, pero no entraremos en el juego del gobierno federal de devolver prerrogativas para que éstas sean mal gastadas, porque no es más que demagogia pura, un engaño y una cortina de humo para distraer a la gente de lo verdaderamente importante», acusó Acción Nacional.

El Dirigente Nacional pidió recordar lo que ocurrió en 2017 cuando los partidos regresaron dinero de sus prerrogativas y no se supo en qué se utilizaron los recursos, esto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Aseguró que no hubo transparencia y tan es así que Morena, el partido fundado por López Obrador, fue investigado y sancionado por las autoridades electorales ya que lo recaudado para los sismos realmente lo utilizaron para pagar a operadores de este partido.

«Acción Nacional no entrará en las burdas artimañas del gobierno», remató el dirigente nacional.

Por su parte el Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que aceptaba la propuesta, aunque también puso ciertas condiciones para hacerlo.

El tricolor reconoció que la actual emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, llama a todas las instituciones públicas y privadas a contribuir con recursos para apuntalar nuestro descuidado sistema de salud.

Detalló que el proponen reasignar a la mitad su financiamiento público durante los 4 meses que dure la contingencia, siempre y cuando esos recursos no sean manejados por el Gobierno Federal, y se constituya un Fideicomiso con integrantes de la sociedad civil, que manejen dichos recursos. Además, están dispuesto a ceder la totalidad de sus tiempos ordinarios de radio y televisión.

Para asegurar que los recursos sólo se destinen a ayudar a la población afectada por el Covid-19, el PRI plantea las siguientes acciones:

  • Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Tesorería de la Federación firmen un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos aportantes, en el que aseguren que los fondos y recursos que se obtengan se destinen a un fideicomiso. Dicho fideicomiso tendría el propósito de financiar compra de equipo y material para realizar pruebas; abastecer medicinas para la prevención y cura del Covid-19; adquirir equipo e infraestructura médica, como respiradores y unidades de cuidado intensivo; y contratar y capacitar personal médico.
  • Por cada peso y/o spot que aporten los partidos políticos, la SHCP hará una contribución paritaria al citado fideicomiso.
  • El fideicomiso debe ser administrado por la sociedad civil, para asegurar que los recursos se destinen sólo al fin para el cual fueron otorgados. Los integrantes de este fideicomiso serán nombrados por el Consejo General del INE.