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Diputados del PAN informaron que en Puebla su partido presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, por promoción anticipada con espectaculares en distintas vialidades del estado.

Los panistas mostraron fotografías donde se aprecia los espectaculares con el rostro de la mandataria capitalina, que aparecieron en algunas de las vialidades como: la autopista, el Periférico, la Recta Cholula y Calzada Zavaleta, entre otros tanto.

El diputado Humberto Aguilar Coronado recordó que no es la primera vez que se utiliza esta estrategia. Dijo el pasado jueves, 28 de Julio, en la Ciudad de México se presentó una queja por parte de su partido en contra de la jefa de gobierno, porque aparecieron espectaculares en gran parte de las vialidades que recorren la capital.

“Nos parece que es insensible que habiendo tanta pobreza en el país estén derrochando el dinero en la promoción de su imagen. Lo hicieron cuando el tema de la revocación de mandato, se brincaron la ley y los denunciamos el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación) le dio la razón al Instituto Nacional Electoral y se siguen brincando la ley, porque no la respetan”, sostuvo el diputado.

Por lo anterior, el legislador sostuvo que hicieron la denuncia pública y política, ya que consideró que en los mismos espectaculares que aparecieron en la Ciudad de México y Puebla van a empezar a aparecer en diferentes entidades del país, para promocionar a la Jefa de Gobierno, aunque dijo que no resultaría extraño que dentro de poco fuera la imagen del canciller Marcelo Ebrard o del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Finalizó cuestionó a los funcionarios sobre de dónde sale el dinero para pagar dichos espectaculares con los que se promociona de manera indebida la imagen de la Jefa de Gobierno. «Por eso yo digo no son iguales son peores está muy claro», remató.

A esta frase del presidente de que “No me vengan con que la ley es la ley” habría que añadirle un “Tampoco me vengan con que los acuerdos firmados son los acuerdos firmados”. Esto porque el día de hoy, Katherine Tai, la Representante Comercial de Estados Unidos, anunciará que su país ha solicitado iniciar consultas con México bajo las reglas del TMEC por las acciones y medidas que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sector energético.

Iniciar consultas significa que habrá un pleito comercial entre ambos gobiernos en donde el estadounidense acusa a México de no cumplir con lo acordado con la firma del TMEC.

Este anuncio se dará a solo una semana de la visita de AMLO a Biden en Washington. Tras el encuentro ambos presidentes dieron a conocer un comunicado conjunto en el que de manera destacada se comprometieron a promover un medio ambiente más limpio para Norteamérica.

Apenas el viernes de la semana pasada me invitó el Embajador Ken Salazar a su residencia para hablar “on-the-record” precisamente del encuentro Biden-AMLO y de este comunicado conjunto. Al leer el párrafo en el que ambos presidentes se comprometieron a impulsar energías limpias y renovables y a buscar un camino para que México y Pemex, en cooperación con EUA, desarrollen e implementen un plan que permita mayores proyectos prioritarios de inversión en energías verdes, le pregunté al Embajador Salazar que qué pasaba si uno de los países no cumplía con lo establecido en el documento.

La pregunta la hice porque lo que ahí parecía que era un compromiso de México, en realidad no refleja lo que ha estado ocurriendo. Cumplir con lo establecido en el comunicado implicaría un viraje casi de 180º en las acciones del gobierno de López Obrador. Le di dos ejemplos al Embajador para sustentar mi preocupación y mi pregunta. Primero: actualmente utilizamos combustóleo para generar energía eléctrica que es la forma más sucia (y cara) de hacerlo. Segundo: Se legalizaron los “autos chocolate” con lo que el parque vehicular en México irá en sentido opuesto de lo establecido en el comunicado. En lugar de acelerar su transición hacia vehículos cero emisiones, hemos legalizado el envejecimiento de nuestro parque vehicular.

La respuesta del Embajador Salazar es que el tiempo dirá si los gobiernos cumplen con sus compromisos establecidos en el comunicado conjunto.

Y ese tiempo se ha acelerado. El que la Embajadora Tai recurra a consultas es la antesala al inicio de un pleito comercial. Las razones de la Representante Comercial de EUA van desde que el gobierno mexicano le ha dado prioridad a la CFE y a Pemex en el orden de despacho de las energías hasta que ha actuado para impedir que las inversiones privadas participen de manera eficiente en el sector al retrasar, negar o simplemente no otorgarles permisos simplemente por no ser las empresas del Estado.

El patrón del presidente López Obrador es claro. La ley y los acuerdos no los respeta si no le gustan o no le son favorables. Es el caso del TMEC en el sector energético. En lugar de enfocarse en lograr que EUA no contravenga el tratado en áreas como las laborales o al otorgar subsidios a fabricantes de autos eléctricos, prefiere violar lo que él mismo estuvo de acuerdo en firmar. Ante esta actitud México pierde por partida doble.

Columna completa en El Universal

La dirigencia de Acción Nacional acusó que las llamadas “corcholatas” de Morena violan la ley en total cinismo, ya que promueven de manera anticipada, y pagan con recursos públicos directa o indirectamente toda su promoción de cara a la sucesión presidencial de 2024.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que ante las reiteradas violaciones, sus eventuales candidaturas deben ser inhabilitadas, y ellos y sus partidos deben ser multados.

«En todo el país, estamos viendo claras violaciones, tanto en la participación de eventos públicos como si ya fueran pre-candidatos a la Presidencia de la República, así como con espectaculares, bardas y vallas móviles, en donde además no se aprecia quién lo financia», denunció Cortés Mendoza.

Recordó que denunciaron desde el pasado 14 de junio ante el INE a Morena por actos anticipados de campaña de sus corcholatas y se solicitaron medidas cautelares para suspender de manera inmediata toda la publicidad referente a un evento realizado en Toluca.

La denuncia se llevó a cabo en contra de secretarios de Estado, como Marcelo Ebrard, Adán Augusto López; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y diversos líderes políticos de Morena, por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.

Sin embargo, el líder panista señaló que a nivel nacional continúa la violación mediante espectaculares, bardas y vallas móviles en favor de Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, en donde también aparece de manera ilegal la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Pedimos al INE que investigue el uso indebido y desvío de recursos públicos en los espectaculares, bardas y vallas móviles, que están colocados en diferentes partes del país, con la leyenda de ‘Adán va’ y de ‘Bienvenida Claudia’, ya que no se sabe quién los está financiando y esto podría derivar en un grave delito. Se trata de una violación reiterada, burda y continua a la ley y las instituciones, que Acción Nacional no tolerará», dijo el dirigente político.

Acción Nacional reiteró que estarán atentos en todo el país para documentar cómo las «corcholatas” siguen violando la legislación electoral y se están pasando por alto los acuerdos de las autoridades electorales. Dijo que, a través de la Coordinación General Jurídica y la representación en el Instituto Nacional Electoral, continuará denunciando y solicitando la inhabilitación de eventuales candidaturas para las y los funcionarios que realizan promoción durante un periodo prohibido.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, propuso este viernes retirar los límites de edad para servir en el Ejército, coincidiendo con la invasión militar a Ucrania.

Según sus autores, que remitieron el proyecto a la Duma o Cámara de Diputados, el objetivo es que cada persona en edad laboral pueda firmar un contrato profesional con las Fuerzas Armadas.

Los diputados oficialistas explican que para el empleo de armamento de precisión y armamento pesado se necesitan «especialistas altamente cualificados», cuya edad suele rondar los 40-45 años.

Rusia Unida confía en que la nueva ley permita atraer al servicio en el Ejército a ingenieros, especialistas en comunicaciones y médicos, entre otros especialistas.

Sin embargo, la modificación llevaría a que, en caso de que se apruebe, los hombres rusos podrán servir en el Ejército hasta los 65 años.

Actualmente, los límites de edad para la firmar del primer contrato con el Ejército ruso son de 18 a 40 años, que en el caso de extranjeros es de 18 a 30 años.

Los diputados explicaron que existen especialistas interesados en trabajar en Ucrania, pero no se les puede «llamar a filas porque la ley no lo permite».

A su vez, negaron que la aprobación de dicha ley signifique, en realidad, una «movilización virtual» de la población de cara a la «operación militar especial» rusa en Ucrania.

Recientemente, la Inteligencia británica informó de que el Ejército ruso ha perdido la tercera parte de los soldados que entraron en Ucrania el pasado 24 de febrero.

Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México señaló que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cometió un «error» al revelar antes que el Banxico la subida de la tasa de interés, aunque negó una violación a la ley.

“Fue una situación, digamos, un incidente desafortunado de comunicación, pero lo bueno fue que el propio presidente ayer aclaró la situación, explicó cómo ocurrió el comentario de la información que aún no era pública», declaró Esquivel cuestionado por la prensa en el marco de la Convención Bancaria de Acapulco que hoy llegó a su fin.

El subgobernador, quien llegó al cargo nombrado por López Obrador, respondió a los cuestionamientos de la prensa, luego de que ayer el presidente ofreciera una disculpa a la Junta de Gobierno de Banxico por adelantarse; justificó que se confundió.

Analistas y opositores acusaron al presidente de vulnerar la autonomía de Banxico y violar la confidencialidad que exige la Ley General del Banco de México sobre sus decisiones porque en su conferencia matutina del jueves el mandatario desveló que la tasa de interés subiría 50 puntos, a 6.50%.

En este sentido, Esquivel desmintió una filtración y negó una violación a la ley.

«El presidente tiene derecho a estar enterado de las decisiones de esta naturaleza y entonces no es una filtración, y eso es importante señalarlo, que no es algo que en ese sentido deba considerarse como ilegal, ni mucho menor. Fue un error, como ya se aclaró», argumentó el subgobernador.

El funcionario, quien fue asesor externo de López Obrador en su campaña presidencial, aseveró que pese a la controversia «no hay una vulneración a la autonomía de la institución”.

También defendió el proceso de decisión de Banxico para realizar el séptimo aumento consecutivo de la tasa de interés ante una inflación de 7.29% anual en la primera quincena de marzo, en niveles máximos de dos décadas.

”Lo más importante creo que es señalar que la decisión del aumento de la tasa de interés que se había celebrado el día previo fue una decisión que se tomó en plena libertad y en ejercicio de la autonomía que nos confiere la Constitución», insistió.

El presidente Joe Biden firmó este viernes una ley para evitar un cierre de la Administración solo horas antes de que se quedara sin fondos para seguir funcionando, esta misma medianoche.

La Casa Blanca anunció este viernes que Biden había firmado la ley que aprobaron este jueves las dos cámaras del Congreso para extender la financiación del gobierno hasta el 18 de febrero, momento en el que demócratas y republicanos tendrán que llegar a otro acuerdo para evitar que la Administración se paralice.

Ayer, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó la iniciativa con 221 votos a favor y 212 en contra. El único republicano que apoyó la medida fue el moderado Adam Kinzinger. Horas más tarde, el Senado respaldó ese proyecto de ley con el respaldo de 69 senadores y la oposición de 28.

Aunque la iniciativa finalmente salió adelante, durante horas hubo cierta incertidumbre sobre su aprobación debido a que un grupo de senadores republicanos liderado por Mike Lee de Utah amenazó con paralizar el gobierno en protesta por las normas del presidente estadounidense, Joe Biden, para que las grandes empresas obliguen a sus empleados a vacunarse.

Ni el partido de Biden ni el liderazgo del Partido Republicano querían paralizar la Administración durante las Navidades, como ocurrió hace tres años durante la Presidencia de Donald Trump. Ese fue el cierre más largo de la historia de Estados Unidos con 35 días, aunque la Administración se ha quedado sin fondos en 20 ocasiones desde 1976, cuando se aprobaron nuevas leyes presupuestarias.

Este viernes, Biden también ofreció un discurso sobre economía en la Casa Blanca, en el que llamó la atención su voz ronca.

Visiblemente congestionado, Biden habló con un tono bajo y grave, lo que llevó a un periodista a interrogarlo sobre su estado de salud. «Estoy bien», dijo Biden. «Tengo chequeos diarios… chequeos por el COVID. Me revisan para todas las cepas», señaló. «Lo que tengo es un nieto de año y medio que estuvo resfriado y que le gusta besar a su abuelo… pero es solo un resfriado».

Y es que la llegada del invierno junto a la emergencia por la nueva variante del coronavirus Ómicron han aumentado los miedos de un potencial resurgimiento de casos, especialmente de cara a las festividades de fin de año. Biden pasó la semana pasada celebrando el Día de Acción de Gracias con su familia.

Dada su edad, cumplió 79 años en días recientes, hace que la salud de Biden sea un tema de atención entre los medios estadounidenses. A inicios de noviembre, se sometió a un chequeo extenso pero rutinario, después del cual el médico de la Casa Blanca Kevin O’Conner indicó que el presidente estaba «sano» y «vigoroso».

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 260 votos a favor y 218 en contra, el dictamen de la de la Miscelánea Fiscal, que reforma la Ley del ISR, la Ley del IVA, la Ley del IEPS, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Dejó para este martes la discusión de las reservas presentadas como parte de la discusión de la Miscelánea Fiscal para 2022. La discusión de las reservas comenzó a las 10:00 horas.

Morena aseguró que la Miscelánea Fiscal para el 2022 combate la evasión de impuestos y hace un manejo «responsable y prudente» de la deuda pública satisfaciendo las necesidades de financiamiento del gobierno federal. Además, rechazó que en la Miscelánea Fiscal haya sanciones para los jóvenes por inscribirse en el registro de contribuyentes.

Sin embargo, la bancada del PAN calificó a la miscelánea planteada como «terrorismo fiscal» al incorporar a jóvenes de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes. En el mismo sentido se expresó la bancada del PRI, quien destacó que el hecho de que los jóvenes de 18 años sean inscritos en el RFC «podría acabar siendo una simulación de la ampliación de contribuyentes».

El PRI también cuestionó la «sorpresiva» inclusión de la regularización de «autos chocolate» en la Miscelánea Fiscal., al señalar que «regularizar lo ilegal, no sólo generará expectativas a futuro, que es correcto seguir importando ilegalmente automóviles que tienen un problema fundamental»; dijo que al crear este tipo de políticas públicas se reconoce «la incapacidad del gobierno mexicano de generar soluciones efectivas a la movilidad de nuestra gente».

Previamente, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, por 24 votos a favor y 17 en contra, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expedía la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

En materia de ingresos para el próximo año se prevé una recaudación de 7.08 billones de pesos, un 8.6% más que este año.

En cuanto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se modificó para establecer un parámetro que determine la ganancia cambiaria, así como el orden de prelación en el que se aplicarán los acreditamientos, introducir un supuesto adicional que configure la existencia de créditos respaldados, especificar que la autorización prevista se refiere al coeficiente de utilidad, y no así a la disminución de los pagos provisionales que derivan de la variación de dicho coeficiente, regular la acumulación de ingresos por la nuda propiedad y el usufructo de un bien, determinar la ganancia por la enajenación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien.

En lo referente a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la reforma establece que la enajenación de productos destinados a la alimentación humana y a la de animales tiene tasa de 0%; modificar el tratamiento impositivo a los productos de gestión menstrual; señalar los requisitos del acreditamiento del IVA. Faculta al SAT para que determine la forma en la que el contribuyente informará las obligaciones en periodo preoperativo; precisa las obligaciones de los residentes en el extranjero que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional; aclarar que el uso o goce temporal de bienes en territorio nacional siempre ha estado sujeto al pago del IVA, con independencia de la entrega material de los bienes que serán objeto del uso o goce temporal.

En cuanto al Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se modificó para importar combustibles automotrices, determinar las definiciones relativas a bebidas alcohólicas (marbete electrónico y establecimiento), determinar las cuotas aplicables a combustibles automotrices, incluir reglas para el consumo de bebidas alcohólicas en el mismo lugar o establecimiento en el que se enajenen. Adicional, se generará el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas con los fabricantes de alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables, cigarros y otros tabacos labrados; actualiza las cuotas aplicables a combustibles automotrices, y eliminar el tratamiento diferencial aplicable a la enajenación de automóviles blindados.

Sobre el Código Fiscal de la Federación, los cambios buscan señalar que la condición de residente en México no se perderá si la persona no acredita su cambio de residencia, o bien, si no presenta el aviso de cambio; eliminar la referencia a la recepción de declaraciones por instituciones bancarias.

Dentro de las modificaciones planteadas, y una de las más polémicas, se encuentra la realizada al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación y el Artículo Noveno del decreto en donde se establece que todas las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Se explica que tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro: inscripción de personas físicas sin actividad económica, conforme al Reglamento de este Código, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que renunciará a su cargo si la ciudadanía votan en su mayoría el próximo año en la consulta de Revocación de Mandato, independientemente de que se alcance el 40% mínimo de participación para que la consulta sea vinculante.

«Si la gente dice que ‘no queremos que continúe el presidente’, me voy, sin ningún problema. Es más, aunque no se llegue al 40% (de participación)», sostuvo López Obrador.

Y es que el presidente opinó que no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, por lo que si la mayoría vota que se vaya, dejará la Presidencia con independencia de la participación.

Recordemos que ya se aprobó una ley propuesta por el mismo López Obrador para permitir que se convoque una consulta ciudadana para consultar a la ciudadanía sobre su permanencia en el cargo.

Ayer, la coalición opositora «Va por México» presentó una acción de inconstitucionalidad contra la dicha ley al considerar que el mandatario, que tiene una aprobación ciudadana del 60%, busca promocionarse con este ejercicio, y más que una consulta para revocar su mandato, lo que se busca es un ejercicio de ratificación.

Sin embargo, AMLO se lanzó contra quienes ahora se oponen a dicho ejercicio, pues dijo que «e manera increíble, hasta surrealista, los conservadores no quieren la consulta», al recordar que la oposición ha pedido en reiteradas ocasiones su renuncia.

Consideró una incongruencia que quienes dicen ser demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa, y defendió que el mecanismo de la consulta sirve para «alejar los derrocamientos, los golpes de Estado y el autoritarismo».

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer, en lo general y en lo particular, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, que establece mecanismos para llevar a cabo una consulta a la ciudadanía sobre la continuidad del presidente en el cargo.

Tras una discusión de poco más de seis horas, la aprobación de la nueva ley se dio en lo general con 491 votos a favor, uno en contra y una abstención, lo que evidenció que Morena y sus aliados lograron el apoyo del resto de las bancadas.

En lo particular, la situación fue distinta, pues la minuta fue aprobada con 290 votos a favor, 195 en contra y cero abstenciones.

La Cámara de Diputados envió la minuta al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El proyecto, que se aprobó sin cambios al que había avalado el pasado viernes la Cámara de Senadores, confirmó la pregunta a realizar en el ejercicio en marzo de 2022: «¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?».

El proyecto de decreto, que fue considerado de urgente resolución y se sometió a discusión y votación de inmediato, tiene como objetivo: «regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible».

Además, se precisó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.

Se estipula que el proceso de revocación de mandato es un instrumento de participación que tendría que ser solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

Detalla que procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados, y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

También se apuntó que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato, pero se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público.

Además, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de Revocación de Mandato.

Durante la discusión, el diputado del PAN, Ricardo Villarreal García, indicó que era “mañosa” la pregunta que se planteará a la población; indicó que como está ahora, la ley se trataría de un proceso de premio y no de sanción.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa aseveró que su bancada estaba a favor del instrumento que otorga a la ciudadanía el poder revocar un mandato cuando hay excesos y se hagan mal las cosas «siempre y cuando se trate efectivamente de una revocación y no de una ratificación. Democracia participativa sí, simulación no».

El diputado Carlos Iriarte Mercado del PRI señaló que la revocación de mandato atiende a la pluralidad política, pero también legitima el sistema democrático de pesos y contrapesos; y aunque apoyó la minuta, alertó del reto presupuestal que significará para el INE la realización de este ejercicio.

El gobernador de Texas en Estados Unidos, el republicano Greg Abbott, firmó esta mañana una ley que restringe el derecho al voto y que se ha convertido en un símbolo de la ofensiva conservadora para reducir la participación con la excusa del fraude electoral que impulsó el expresidente Donald Trump.

Abbott rubricó la legislación y recibió automáticamente un gran aplauso por parte de los presentes en un acto en la ciudad de Tyler.

Este era el último paso que se necesitaba para la entrada en vigor de la conocida como ley «S.B.1», que en la práctica restringirá el voto en Texas a grupos que votan por los demócratas en mayor proporción, como las minorías hispana y afroamericana, así como las personas de bajos ingresos.

La ley también afectará negativamente a quienes no dominan el inglés o a las personas con discapacidad. También impone obstáculos para el voto por correo, además de que enriquece los observadores electorales partidistas.

Como ejemplo: el proyecto de ley impide que los condados envíen solicitudes de votación por correo no solicitadas, incluso a aquellas personas que tienen más de 65 años y, por lo tanto, califican automáticamente para votar por correo. 

Abbott, sin embargo, defendió que la legislación «protege» el derecho al voto y la integridad del proceso electoral de Texas para evitar que se cometa fraude. «Esta ley hará más difícil que se emitan votos fraudulentos», afirmó gobernador.

La farmacéutica alemana Bayer impugnó la reforma que permite a México comprar medicamentos en el extranjero con licitaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Información del Poder Judicial disponible este miércoles reveló que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México admitió la demanda de amparo de Bayer contra la reforma a la Ley de Adquisiciones.

«Se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión: conforme a lo dispuesto por los artículos 115 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional ordena la apertura del incidente de suspensión», india el fallo con fecha del 18 de junio.

Bayer se mostró inconforme con la reforma promulgada en agosto pasado a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que autoriza al gobierno a adquirir bienes y servicios de salud con organismos intergubernamentales internacionales.

La reforma ha desatado polémica porque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha justificado su necesidad para resolver el desabastecimiento de medicamentos, en particular de enfermedades como cáncer y VIH, que afronta el sector salud desde el inicio de su sexenio, a finales de 2018.

El mandatario ha denunciado un «sabotaje» de sus adversarios porque él ha combatido la «corrupción» en las compras, al señalar que en el sexenio pasado solo 10 empresas, «ligadas a políticos», concentraban casi 80% de los contratos.

El gobierno de la 4T reveló en su último informe, el 27 de mayo pasado, que ha pagado 43,000 millones de pesos a la UNOPS para comprar 730 claves de medicamentos con una licitación en la que hubo 171 empresas participantes y 144 ganadoras.

Bayer, al igual que otras compañías, han pedido al Poder Judicial declarar inconstitucional la reforma al considerar que viola la competitividad y afecta a los consumidores.

Sin embargo, el juzgado que admitió la demanda rechazó conceder por ahora una suspensión provisional de la ley, al argumentar que el orden público y el interés social prevalecen en relación al interés particular. «Procede negar la suspensión solicitada, dado que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo», indica la resolución.

Antes, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México avaló en abril las compras de medicamentos en la UNOPS, pero solo en situaciones «excepcionales», aunque este fallo está a revisión.

El Juzgado Cuarto fijó para el 28 de junio la audiencia incidental y para 4 de agosto la audiencia constitucional.

Sobre la falta de medicamentos,  la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) aseguró que el ingreso intermitente de sales de principio activo ha ocasionado el desabasto «momentáneo» de algunos medicamentos en nuestro país.

Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unefarm, señaló que la pandemia por COVID-19 ha transformado las dinámicas del mercado, lo cual ha derivado en que el 8% de los insumos ha ocasionado desabastos interminetentes. «El 95% de las sales de principio activo son importadas del exterior, de naciones como la India llegan el 40% de estas sales y al haber una interrupción permea en la producción nacional», dijo.

Agregó que la industria nacional tiene amplios estándares internacionales, lo que se refleja en una producción interna de alrededor de 5,700 millones piezas anuales de medicamentos fabricados en el país.

Aseveró que para hacer frente a los desabastos, la industria ha trabajado en conjunto con laboratorios, distribuidoras y farmacias para realizar monitoreos y determinar dónde faltan medicamentos con el objetivo de reabastecer el inventario gradualmente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación.

Además, la CNDH indicó que también se atenta contra la libertad de trabajo, el acceso a un empleo público, así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.

La acción de inconstitucionalidad también ca dirigida en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tras un «vasto trabajo de diálogo» con organizaciones de la sociedad civil y con autoridades involucradas en el tema, la Comisión indicó que llevó a cabo un análisis minucioso sobre la constitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 20 de mayo.

Dicho análisis le permitió a la CNDH impugnar diversas disposiciones de los ordenamientos legales entre las cuales destacan:

  • Artículos 10, fracción I, 19, fracción XIV, de la Ley de la Fiscalía General de la República.
  • Artículo 5, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
  • Artículo 85, segundo párrafo, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
  • Artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
  • Artículo 45, fracción III, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Precisó que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la Fiscalía General de la República y diversos sistemas o mecanismos, ya que la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la Fiscalía, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, mismo que interfiere con un pleno y optimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y/o comisión del que se trate.

La Fiscalía General de la República se creó en 2018 para dotar de independencia al Ministerio Público, que hasta entonces estaba integrado dentro del gobierno en la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, impulsó en menos de tres años la reforma legal del organismo para limitar su presencia en los diferentes organismos del Estado al considerar que estas tareas vulneraban su autonomía.

La reforma, aprobada en el Congreso el pasado abril, enfrentó a la Fiscalía con la Secretaría de Gobernación, encargada de la búsqueda de desaparecidos en México, y organismos defensores de los derechos humanos.

El texto establece que la Fiscalía solo atraerá casos de desaparición con «gran relevancia social» o «violación grave de los derechos humanos», dejando la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.

El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al bitcóin como moneda de circulación legal luego de que el Congreso aprobara una propuesta del presidente Nayib Bukele para hacerlo.

Con 62 de 84 votos posibles, los legisladores dieron luz verde entrada la madrugada de este miércoles para crear la ley y para usar el bitcóin, a pesar de la preocupación por el impacto potencial en el programa de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bukele ha promocionado el uso de la criptomoneda por su potencial para ayudar a los salvadoreños que viven en el extranjero a enviar remesas a su país, al tiempo que asegura que el dólar estadounidense también continuará como moneda de circulación legal.

El presidente, quien envió la iniciativa a los legisladores, dijo que esta ley ayudará a generar empleos en el corto plazo y favorecerá a la inclusión financiera de miles de personas que están fuera de la economía formal.

La norma aprobada establece que todos los precios podrán ser expresados en bitcóin y que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en la criptomoneda, pero que para fines contables, se mantendrá el dólar como moneda de referencia.

«La #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo cero (…) El Gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción», afirmó Bukele el martes por la noche en su cuenta de Twitter.

El uso como moneda de curso legal en El Salvador del bitcóin , que cotizaba en 35,216.77 dólares, de acuerdo con datos de Refinitiv Eikon, entrará en vigor en 90 días, con el tipo de cambio bitcóin-dólar fijado por el mercado.

Analistas han dicho que la medida podría complicar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde la nación centroamericana busca un programa de más de 1,000 millones de dólares. Se ha advertido que el uso de monedas digitales puede representar riesgos para economías dolarizadas, como la salvadoreña, en materia de estabilidad macroeconómica y financiera, así como para la posible alza del costo de vida, agregó el banco.

La criptomoneda ofrece, en teoría, una forma rápida y económica de enviar dinero a través de las fronteras sin depender de las empresas de remesas. Bukele dice que alrededor del 70% de las personas en El Salvador carecen de acceso a los servicios financieros tradicionales.

Aún así, el uso de la criptomoneda para las remesas a nivel mundial es irregular. La conversión de monedas locales hacia y desde bitcóin a menudo depende de corredores informales. Los precios son volátiles y la compraventa es un proceso complejo que exige conocimientos técnicos.

El Salvador «promoverá la capacitación y los mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a las transacciones de bitcoines», de acuerdo con la ley.

Luego de que ayer fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial de la Federación, en las que se amplía de 4 a 6 años el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, fue el Ministro presidente quien se posicionó esta mañana.

Calificó las reformas como las más importantes de los últimos 25 años, fruto del esfuerzo de colaboración entre los Poderes de la Unión en el marco de la división de poderes. Explicó que se sientan las bases para un Poder Judicial Federal más honesto, profesional y cercano a la ciudadanía, con mejores herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo.

Tal como lo ha dicho en otras ocasiones, Zaldívar señaló que en el debate legislativos de las reformas se incluyó el polémico artículo transitorio que prórroga su presidencia de la Corte, lo cual reconoció, se encuentra generando un ambiente de desconfianza que «injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la Judicatura y que siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes».

«A fin de no prolongar una situación de incertidumbre que dañan la legitimidad del poder judicial Federal se hace necesario buscar una salida inmediata que permite retomar el foco de la implementación de la reforma», dijo Zaldívar en un comunicado publicado esta mañana en sus redes sociales.

Detalló que con fundamento en el Artículo 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentará el pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder en relación con el artículo transitorio.

«En una democracia constitucional los conflictos se dirimen a través de los mecanismos que la propia Constitución establece para su defensa los cuales deben interpretarse acuerdo a las circunstancias de manera que se maximicen las posibilidades de control constitucional. Tenemos un Tribunal constitucional autónomo e independiente que estará a la altura de esta responsabilidad», precisó.

Aprovechó para afirmar que a lo largo de su trayectoria ha defendido la Constitución y los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración, lo cual queda demostrado en sus proyectos, sentencias y votos.

Finalizó indicando que el poder judicial seguirá actuando con plena imparcialidad, autonomía e independencia, tal como ha ocurrido durante su administración.

Un juez concedió una suspensión provisional contra algunas partes de la recién aprobada Ley de Hidrocarburos, con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca aumentar el control del Estado en el sector.

“La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, así como de los artículos transitorios cuarto y sexto del Decreto reclamado”, señaló el juez.

La suspensión se otorgó en contra de la posibilidad establecida de que permisos relacionados con el sector hidrocarburos puedan ser cancelados o las instalaciones de permisionarios ocupadas temporalmente.

También impide que la autoridad pueda revocar permisos que incumplan con el almacenamiento mínimo requerido por la Secretaría de Energía a la entrada en vigor de la Ley, que cobró vigencia la semana pasada, o que infrinjan cualquier disposición de la norma.

«Los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por cinco quejosas que son titulares de un permiso que las faculta para realizar una actividad regulada en el sector de hidrocarburos, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las promoventes del amparo, este Juzgado de Distrito estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, lo que ocasionaría distorsiones en la industria de hidrocarburos, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar», añade la resolución del juez.

Según analistas, en la práctica los cambios en la Ley de Hidrocarburos, creada tras la reforma energética del 2014, fortalecen a Pemex, pues es la empresa dominante del sector y es la única con la capacidad de almacenamiento suficiente de petrolíferos para cumplir las nuevas reglas del juego.

La nueva ley podría tener repercusiones para empresas multinacionales con operaciones en México como Shell, BP, Exxon y Total, que entraron en el mercado de combustibles del país tras la reforma, a la que tanto ha criticado AMLO.

Llama la atención que el juez que concedió la suspensión es el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sido duramente señalado por el gobierno federal, el presidente López Obrador y sus seguidores, por haber suspendido  la reforma eléctrica impulsada por AMLO, así como por haber otorgado amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Luego del la cifra récord de 4.8 millones de habitantes de Florida que votaron por correo en la elecciones generales de noviembre pasado, el gobernador del estado, Ron DeSantis, firmó este jueves una ley restrictiva para el ejercicio de dicho voto.

La polémica ley SB90, presentada por los republicanos, que son mayoría en el Congreso de Florida, fue aprobada con 23 votos a favor y 17 en contra a fines de abril.

El gobernador republicano, del que Donald Trump ha dicho que podría ser su compañero de fórmula si compite en las elecciones de 2024, firmó la ley en un hotel de Palm Beach, precisamente donde reside el expresidente, junto a un grupo de parlamentarios republicanos.

La ceremonia fue transmitida en directo por el canal conservador Fox News, pero no se permitió la entrada de otros medios, según denunció la cadena NBC.

El gobernador dijo que la nueva ley pone a Florida a la cabeza de los estados donde la posibilidad de un fraude es mínima. «Creo que son las medidas para la integridad electoral más fuertes en el país», indicó DeSantis.

Precisamente el gobernador dijo después de las elecciones presidenciales de noviembre pasado que en Florida, donde Trump fue más votado que el actual presidente, Joe Biden, fueron las «más transparentes y eficientes del país».

Para organizaciones civiles y los demócratas del estado, la ley SB90 dificultará el voto a las minorías, las personas mayores y aquellas con discapacidades al hacerles más difícil el voto por correo.

Con la nueva ley, los votantes que quieran hacerlo por correo tendrán que solicitar la papeleta cada ciclo electoral y no cada dos como se hace actualmente. Restringe también el uso de urnas para depositar el voto durante las jornadas de votación anticipada, que estaban disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Habrá además una verificación de firma, lo que significa que los electores deben tener una rúbrica en el archivo de las autoridades electorales.

«Nada sobre las elecciones de Florida ha demostrado la necesidad de esta ley», expresó Kara Gross, directiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).