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El gobierno federal informó este jueves que al día de hoy ha pagado 43,000 millones de pesos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para resolver el desabastecimiento de medicamentos.

“Ahora ya tenemos este mecanismo con la ONU, se están comprando todos los medicamentos, ya están llegando, no van a faltar y estamos ahorrando, de manera certificada podemos decir que hay un ahorro del 20%”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que el desabastecimiento de medicinas en el sector público ha sido una de las principales críticas al actual gobierno tras agudizarse en 2019 por los recortes presupuestarios y los cambios en la forma de comprarlos impuestos por López Obrador. Especialmente los reclamos se agudizaron por parte de los padres de niños con cáncer, además de grupos de personas con VIH.

El mandatario ha culpado a intereses privados y a sus “adversarios” de avivar las protestas por oponerse a las reformas para comprar medicamentos en el extranjero que permitieron firmar el acuerdo con la UNOPS en julio de 2020.

“Padecimos de campañas, de desprestigio, campañas muy dolorosas, porque se argumentaba de que los niños con cáncer no tenían medicamentos cuando los que abastecían esos medicamentos eran parte de este grupo y lo que estaban buscando era desacreditarnos”, recriminó el presidente.

Dijo que concretar estas compras costó trabajo porque había muchos intereses en la compra de los medicamentos y de equipos médicos. Afirmó que “era un jugoso negocio como otros”.

Según lo expuesto por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, hasta ahora el gobierno federal ha comprado 730 claves con una licitación en la que hubo 171 empresas participantes y 144 ganadoras. Los fármacos, detalló, son para tratamientos oncológicos, de cardiología, VIH, neurología, hemotología, neumología y otros de alto consumo y especialidad.

Alejandro Antonio Calderón Alipi, coordinador nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos del INSABI, aseguró que México ya se encuentra recibiendo medicamentos contra el cáncer. “Ya los medicamentos están llegando al país. El día de ayer nos enviaron las fotos de los embarques que ya están saliendo a México con todos los medicamentos que sirven para hacer las quimioterapias de los niños”, aseguró el funcionario.

Calderón Alipi precisó que estos medicamentos se adquirieron en países como Corea del Sur, Argentina, Cuba y Alemania, por lo que ya no se dependerá de un solo país como sucedía antes.

Jorge Alcocer precisó que lo pagado hasta ahora constituye el 76.6% de la operación total con la UNOPS y que ha permitido un ahorro de 11,880 millones de pesos comparado con los esquemas de adquisición anteriores.

“México no compraba los mejores medicamentos que ofrece el mundo, para los gobiernos neoliberales la globalización llegaba hasta donde sus intereses lo permitían”, sostuvo el secretario.

Alcocer indicó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se destinaron 303,076 millones de pesos en compra de medicamentos, pero solo 10 empresas concentraban un 79.6% del gasto. La mayoría de las compañías contratadas, señaló, eran distribuidoras o intermediarios que no se dedicaban a la producción.

En este contexto, México subió al segundo lugar en gasto de bolsillo per cápita destinado a medicamentos dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo por debajo de Brasil.

“La salud se veía como una mercancía y los medicamentos como un medio para enriquecer a unos cuantos, una historia de intereses y de corrupción que enfermó al sistema de salud en México”, añadió Alcocer.

El autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación (4T), que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se convirtió en la administración que más contratos por dedazo ha otorgado desde que se tienen registros.

De acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los datos finales de 2020, que provienen de las bases oficiales de la Secretaría de Hacienda muestran que, de los 137,809 contratos reportados durante el 2020, 110,629 se entregaron por adjudicación directa, es decir el 80.3%.

Sin embargo, no es el único mecanismo que se ocupó por el gobierno; la invitación a cuando menos 3 personas, que también es un mecanismo discrecional dado que la invitación a participar dentro del proceso es realizada por la propia autoridad, se utilizó en 7,549 contratos, el 5.5% del total.

La licitación pública, que de acuerdo con la Constitución debería de ser el principal mecanismo de compra y contratación, sólo representó el 11.2% del total de contratos otorgados durante el 2020, con 15,379 contratos.

Previo al récord de 2020, el punto más alto de las adjudicaciones directas durante la última década había sido en 2019, durante el primer año de gobierno de López Obrador, cuando alcanzaron 78.1%.

La cifra de 2020 supera su propia marca y coloca al año que acaba de concluir como aquel en el que las adjudicaciones directas se usaron con mayor intensidad desde que tenemos registro. En el mismo sentido, las licitaciones públicas han tocado su punto más bajo, pues la única cifra cercana a los niveles de 2020 se vio en 2017, cuando llegó a 12.6% del total.

Según COMPRANET, en 2020 se otorgaron 449,022 millones de pesos (mdp) en contratos. La mayor parte de estos recursos fueron asignados por adjudicación directa. A través de este mecanismo se repartieron 189,488 mdp (42.2% del total).

A pesar de que las adjudicaciones directas siempre han sido usadas intensivamente por parte del gobierno, nunca habían entregado más recursos que las licitaciones públicas en su conjunto.

Tanto los gobiernos anteriores como éste justificaban las adjudicaciones directas diciendo que sólo eran usadas en contrataciones relativamente pequeñas y su importancia era menor, mientras que la licitación pública seguía siendo la herramienta con la que se asignaba la mayor parte de los recursos. La realidad muestra que no es así.

Las cifras sin precedente de 2020 se han querido justificar por la pandemia del coronavirus, señalando que obligó a la compra de grandes cantidades de equipo médico y medicinas de manera inmediata.

Lo expuesto por COMPRANET muestra que si se toman las compras públicas separando entre los diferentes bienes y servicios que el gobierno contrató y se comparan las cantidades que se les destinaron a través de adjudicaciones directas en 2019 y en 2020, se pude identificar que las asignaciones directas en los rubros referidos a “Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio” y a “Equipo e instrumental médico y de laboratorio” se elevaron de 33,597 mdp a 51,971 mdp (54.6%); así, en 2020 éstas compras explican únicamente el 27% del aumento en 2020.

El 73% del incremento en el dinero otorgado a través de adjudicaciones directas en 2020 no tiene que ver con rubros dedicados a la atención de la crisis sanitaria por el coronavirus. La categoría que explica la mayor parte del aumento es la “Obra pública en bienes propios”  (que engloba las propiedades de las instituciones públicas), que, en conjunto con la categoría “Obra pública en bienes de dominio público” (en la que se consideran todas las obras realizadas en bienes que los habitantes pueden usar sin más restricciones que las establecidas en las leyes, como playas, caminos, puentes, etc.) suman $41,234 mdp, una cifra $38,475 mdp superior a la de 2019 (un incremento de 1,394%).

“El mensaje es elocuente: la principal explicación en el aumento de las adjudicaciones directas en 2020 son las obras de esta administración. Y si buscamos cuál es el contrato individual más importante dentro de estas categorías, encontraremos un nombre conocido: el Tren Maya”, señala la investigación de MCCI.

 

Investigación completa en MCCI

El Nobel de Economía distinguió este lunes las mejoras en la teoría de subastas y la invención de nuevos formatos de licitaciones realizados por los estadounidenses Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson.

La Real Academia de las Ciencias sueca resaltó que los dos investigadores de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) no solo han clarificado el funcionamiento de las subastas y el comportamiento de los pujadores, usando sus descubrimientos teóricos para elaborar nuevas regulaciones para la venta de bienes y servicios.

“Sus hallazgos han beneficiado a vendedores, compradores y a contribuyentes de todo el mundo”, señala el fallo.

El resultado de una subasta o licitación depende de tres factores: su formato o reglas, el objeto subastado y la incertidumbre acerca de qué sabe el resto de postores sobre este. La dificultad del análisis de esos procesos radica en que la mejor estrategia de un postor depende de cómo cree que los otros pujarán en la subasta.

En varios estudios en las décadas de 1960 y 1970, Wilson elaboró una teoría de subasta de objetos con un valor común, mostrando cómo postores racionales tienden a colocar ofertas por debajo de su mejor estimación: están preocupados por la “maldición” del ganador, por pagar demasiado y perder.

Wilson mostró también que a mayor incertidumbre, más precaución de los postores y precio final más bajo, y que los problemas provocados por esa “maldición” son más grandes cuando unos pujadores tienen mejor información que otros.

Milgrom formuló en la década de 1980 una teoría más general de las subastas que no solo permite valores comunes, sino también valores privados que varían de uno a otro postor, y demostró que un formato dará al vendedor un ingreso mayor cuando los pujadores aprendan más sobre los valores estimados de los otros durante el concurso.

Ambos investigadores crearon posteriormente nuevos formatos para licitar de forma simultánea objetos más complejos, pensando en un vendedor motivado más por el beneficio social que por el beneficio máximo.

Las autoridades estadounidenses utilizaron por primera vez en 1994 uno de esos formatos para vender frecuencias de radio a operadores de telecomunicaciones, un ejemplo exitoso que luego han seguido muchos otros países, entre los que el Comité Nobel nombra a India, Canadá, Noruega, Polonia, España, Reino Unido, Suecia y Alemania.

Milgrom y Wilson suceden en el galardón a Esther Duflot, Michael Kremer y Abhijit Banerjee, tres expertos en el campo del desarrollo galardonados en 2019 por sus estudios sobre pobreza con un enfoque experimental.

Los dos economistas estadounidenses se repartirán los 10 millones de coronas suecas (1.1 millones de dólares) con que está dotado el premio de Economía, al igual que el resto de Nobel.

Con el premio de Economía se cierra la ronda de ganadores de los Nobel de este año, que se han presentado en formato reducido por la pandemia de coronavirus, al igual que ocurrirá con la ceremonia de entrega dentro de dos meses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en su administración se valora la posibilidad de crear un cuerpo de seguridad para cuidar las oficinas de gobierno.

Durante su conferencia matutina, el mandatario explicó que esta mañana, en la reunión del Gabinete de Seguridad, se abordó el tema sobre el resguardo de oficinas, que eran vigiladas, y en algunos casos siguen, por policías privados.

“Tratamos en la mañana lo de el tener ya, un órgano para dar seguridad a las oficinas federales, una policía federal sólo para dar servicio de vigilancia a oficinas del gobierno”, refirió el mandatario desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

Aseguró que en el resguardo de los edificios se llegó “al colmo” que la Secretaría de Gobernación, quien anteriormente se encargaba de la extinta Policía Federal, contrató servicio de seguridad privada.

“Se tenían contratos de 50 mil elementos de policías particulares privadas. Se llegó al extremo, al colmo, de que la Secretaría de Gobernación, que manejaba la Policía Federal contrataba servicios particulares, a policías para vigilar sus oficinas. Eso ya no se permite, hay contratos vigentes que poco a poco se van a ir cancelando, es poner orden en la administración, indicó el presidente

Al respecto, informó que la empresas que obtienen contratos en la actual administración son analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para evitar que se cometan ilegalidades como sucedió en gobiernos pasados.

AMLO dijo que se revisa que las compañías a las que se les otorga alguna licitación, no estén señaladas por malos manejos, incluso si son extranjeras.

“Ahora estamos revisando, en todos los casos se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, Inteligencia Financiera (revisa); a ver, quiénes son, de dónde vienen, si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos o no”.

El presidente aseguró que ahora ya no se pagan excesos, por ejemplo, como sucedía con la adquisición de medicinas en donde tres empresas controlaban la venta de medicamentos y materiales de curación y eso elevaba los costos, o se adquirían, dijo, “productos chatarra y caros”.

“Ya no hay el moche, el 10 por ciento: ‘Te doy este contrato, pero te mochas’. A ver, que nos digan, el que venga aquí y diga: Tuve que mocharme para tener la obra, lo protegemos y le damos un premio, y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones”, afirmó el mandatario.

López Obrador hizo un llamado para que las compañías no den “moches” y hacer frente a sobornos, pues dijo que todas las empresas que estén interesadas en obtener algún contrato, lo pueden hacer sin necesidad de entrar a un proceso de corrupción.

La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, informó que se adelantarán licitaciones de infraestructura para detonar el crecimiento económico en México, como medida contracíclica, ya que México no cuenta con este tipo de fondos.

La funcionaria expuso que dicho instrumento puede ser un blindaje para enfrentar la desaceleración mundial, al fortalecer la capacidad de respuesta de la economía mexicana.

“Una compra pública, una licitación tiene, lo que los economistas denominan, un multiplicador, un impacto en la economía de manera inmediata. Entonces, esto lo queremos usar como una medida contracíclica. México no tiene fondos contracíclicos como ocurre en otros países”, explicó.

Durante su comparecencia con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados, Márquez Colín dijo que la dependencia que encabeza participó en una mesa de infraestructura, en donde el sector privado propuso una cartera muy amplia de proyectos de infraestructura de carácter privado y las cuales están revisando.

“Estamos próximos a hacer un anuncio de un plan muy ambicioso de infraestructura. Una de las propuestas concretas es adelantar licitaciones, de manera que haya una reactivación, que la licitación misma detona un cierto crecimiento”, destacó.

Consideró que pueden empezar a hacer la licitación de proyectos de inversión que se desarrollen en el 2020 y no esperar hasta el arranque del año.

La secretaria federal también afirmó que México tiene características que lo hacen resiliente a un riesgo de recesión internacional, ya que es una de las economías más abiertas del mundo y eso, tiene que ser una palanca de desarrollo.

“Tenemos el riesgo de recesión en la economía internacional, y si no de recesión, sí de una desaceleración pronunciada (…) México tiene características que lo hacen resiliente a ese contexto internacional adverso del que he hablado, es una de las economías más abiertas del mundo y eso, tiene que ser una palanca de desarrollo”, expuso.

Además, enfatizó, en el contexto de las disputas comerciales entre países como Estados Unidos y China, México tiene que encontrar oportunidades para justamente redireccionar el crecimiento.

Confió que ante la “intensa fase de discusión” por la ratificación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), su entrada en vigor “redinamice la economía mexicana”, aunque reconoció que “no debemos confiar todo en el T-MEC”.

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, informó que el gobierno federal proyecta una inversión de 4 mil millones de dólares, equivalentes a 80 mil millones de pesos (mdp) para la construcción del Tren Maya, en 2020, a través de cuatro licitaciones.

El funcionario indicó que dichas licitaciones se lanzarán en el mes de diciembre, cada una de mil millones de dólares, para la compra de rieles y material rodante principalmente.

Detalló que entre abril y mayo de 2020 comenzarán las obras correspondientes a estas cuatro licitaciones.

“Vamos a lanzar las pre-bases en estos día. Por ejemplo, vamos a lanzar la compra de riel que es muy importante, también posiblemente nos adelantemos con el material rodante”, dijo el titular de Fonatur en un breve encuentro con la prensa.

Jiménez Pons subrayó que el 90% de la inversión para la construcción será de la iniciativa privada, por lo cual “nosotros no necesitamos la lana para el año que entra, más que para las cosas complementarias”.

Asimismo, comentó que ya se tiene considerado el cambio tecnológico de los trenes para que en 15 años puedan ser impulsados por hidrógeno, que sustituirán al biodiesel.

El funcionario rechazó los cálculos que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) acerca del sobrecosto que tendría la construcción del Tren Maya; “eso es un problema político, porque nunca se acercó a nosotros a preguntar cuáles son los parámetros del diseño; cómo se pone a inventar parámetros que no existen”, remató.

Luego de la que secretaria de energía, Rocío Nahle, diera detalles sobre cómo fue el proceso para declarar desierta la licitación de la nueva refinería, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si la decisión de construirla directamente nació la noche de ayer o era una alternativa que ya se había estudiado.

“Ya teníamos nosotros un plan B, no fue anoche que se decide, es una obra muy importante. Tenemos que lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos, en particular en gasolinas y en diésel. Lo propuse desde hace mucho tiempo”, dijo AMLO.

Al asegurar que se cambiará la política que se aplicó durante el periodo neoliberal, enfatizó que ahora México va a producir lo que consume y va a ser autosuficiente en producción de gasolinas.

AMLO insistió en que el país necesita la nueva refinería, para la cual recordó, se tiene un estimado de costos, que es de ocho mil millones de dólares. Al respecto se le preguntó de cuánto fueron las cotizaciones que presentaron las empresas.

“Unas 10, otras 12 mil, en ese rango (…) se pasan de los ocho, y también en el tiempo. Creo que sólo una se comprometía a tener la refinería en el 23 y eso no nos da seguridad; otra hasta el 25 y no vamos a dejar obras inconclusas en el gobierno; no va a suceder lo que estamos nosotros heredando, que hay cientos de obras inconclusas, paradas, porque se iniciaron de manera irresponsable, sin planeación y sin que se garantizaran los recursos”, explicó el mandatario.

Adelantó que ya se tienen disponibles 50 mil millones de pesos, es decir, la tercera parte del presupuesto, para iniciar y avanzar con la construcción de la nueva refinería.

Reconoció que, si bien se tiene el proyecto ejecutivo, falta definir proyectos específicos, por lo que dijo, va a haber algunas partes que se van a licitar siempre y cuando se mantengan los límites en los precios, “que no haya abusos y si no se ajusta, se hace de manera directa”.

“Les aclaro que lo que se licitó en una primera etapa, lo que se declara desierto, es lo que correspondía a la dirección del proyecto, a la coordinación del proyecto en su conjunto y de ahí vienen otras licitaciones”, remató el presidente.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su preocupación por el veto que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en contra de tres empresas proveedoras de materiales de curación y medicamentos en nuevas licitaciones del Sistema Nacional de Salud.

Advirtió que con dicha decisión se afectará la libre competencia que ha permitido ahorros y el uso eficiente de los recursos financieros para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos para millones de pacientes mexicanos.

El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, advirtió que la instrucción girada por el presidente a la Oficialía Mayor de la Secretaria de Hacienda para impedir la participación en nuevas licitaciones o adjudicaciones directas de las empresas, que dijo estuvo basada en juicios de valor, afectará a una red de cadena de suministro que genera al año más de 30 mil empleos directos e indirectos, de la cual dependen más de 200 mil mexicanos.

La Coparmex afirmó que el mecanismo de las Compras Consolidadas ha probado su eficacia y transparencia y ha permitido un ahorro superior a los 17 mil millones de pesos hasta el último ejercicio del año 2018. Subrayó que las empresas mexicanas se han apegado al estricto procedimiento del mecanismo, avalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cumpliendo con los más altos estándares de transparencia y manteniendo las mejores prácticas internacionales que a través de sus esquemas de gobierno corporativo las posibilita para llegar a ser empresas más competitivas a nivel internacional.

Señaló que las compañías que han participado en las Compras Consolidadas se han apegado, en todo momento, a los estrictos lineamientos solicitados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entidad convocante en su momento.

“Desde el inicio de la nueva administración federal, el sector privado ha demostrado su total disposición para colaborar con el gobierno federal en busca de crear y promover mecanismos transparentes que impulsen y promuevan el sistema de salud mexicano, siempre alejados de prácticas opacas y corruptas”, indicó la Confederación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que decidió vetar a tres empresas farmacéuticas de los procesos de licitaciones y adjudicación directa, pues recordó que dichas empresas vendieron en 2018, el 62.4% de todas las compras de las diversas instituciones gubernamentales.

“Como es sabido, tres proveedores de medicinas y materiales de curación, las empresas Grupo Fármacos Especializados SA de CV; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de CV y Grupo MAYPO vendieron en 2018 al ISSSTE e IMSS 34 mil 280 millones de pesos, el 62% de todas las compras que se llevaron a cabo en dichas instituciones, sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y los gobiernos locales”, señaló en un oficio enviado a la Oficial Mayor de Hacienda, fechado el 20 de marzo pasado.

Indicó que con dicha acción de veto, la participación de dichas empresas no se permitirá hasta que se conozca si hubo operaciones de corrupción y tráfico de influencias en las operaciones realizadas en la pasada administración.

Refirió que “tampoco puedo acusar a nadie sin tener pruebas, sólo es una medida preventiva, porque además nosotros tenemos que garantizar la Constitución y en el artículo 28 de la Constitución se establece que no debe de haber monopolios”.

En el oficio enviado a Raquel Buenrostro, se señala que la operación resulta “inmoral y violatorio” a la Constitución que prohíbe la existencia de monopolios.

 

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la forma en que se actuó en la pasada administración, en relación a la revisión de los procesos de licitación de los siete gasoductos que actualmente están paralizados.

Se informó al presidente que, al hacer una revisión, se detectó que se utilizó una figura de testigo social u observador social para avalar la pulcritud de los procesos y de los contratos. En seis de los siete casos se utilizó como aval moral a la organización Transparencia Mexicana.

El mandatario indicó que se revisarán los mecanismos que se empleaban en los contratos o procesos de licitación, pues acusó que “ha habido mucha simulación”.

“Estas instancias, supuestamente independientes, autónomas, de la sociedad civil, han servido para legitimar contratos leoninos, los testigos sociales son ciudadanos expertos, aparentemente autónomos, independientes, que avalan este tipo de contratos”, sostuvo López Obrador.

Acusó que dichas figuras fueron “decorativas, por decir lo menos”, pues dijo que más bien sirvieron como “alcahuetes” para que se firmaran los contratos. Dijo que así era como cumplían con el requisito cuando la negociación se había hecho a puerta cerrada, “con influyentísimo y con corrupción de por medio”.

Adelantó que se revisarán los procedimientos para terminar con las simulaciones. Señaló que “a los testigos sociales se les paga, cobran, es una especie de soborno, lo digo con todo respeto, y no quiero generalizar, pero ya es tiempo de hablar con claridad sobre las cosas”.

Remató asegurando que en su gobierno no se utilizará la figura de testigos sociales, aunque si se verá la forma de que haya transparencia total y de que no haya simulación.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que las bases para las licitaciones de la construcción del Tren Maya y el proyecto de la red de fibra óptica que conectará a todo el país estarán listas en alrededor de 15 días.

“Se están haciendo los estudios, vamos a instalar alrededor de 50 mil kilómetros de líneas de fibra óptica para comunicar al país y lograr la conectividad en todo el territorio nacional”, señaló.

“Es un extraordinario programa, ya hemos avanzado y espero que en unos 15 días, cuando mucho, ya tengamos las bases para la licitación y podamos comunicar al país, es un gran programa”, agregó el mandatario.

Con respecto al Tren Maya, dijo, ese tiempo podría alargarse a un mes. Señaló que se tienen diversas propuestas de empresas del extranjero para participar.

“Vamos a convocar a la construcción del Tren Maya, también pensamos que en 15 días o un mes ya tenemos las bases para la licitación”, señaló el tabasqueño.

“Ya se llegó a un primer acuerdo de que tendrá financiamiento público y privado, que vamos a construir en 4 años los mil 500 kilómetros, que ya tenemos sin problema liberados alrededor de 800 kilómetros de derecho de vía. Van a ser licitaciones públicas para empresas nacionales y extranjeras”, dijo.

El mandatario comentó que si bien la estrategia de desarrollo económico es horizontal, se le ha dado prioridad al sur y sureste del país ya que son regiones que, con excepción de Quintana Roo, no han tenido el crecimiento que otras zonas como el Norte, Centro y Bajío.

Cabe recordar que el 15 de enero, Andrés Manuel López Obrador declaró que el Gobierno buscaría concesionar los 26 mil kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el fin de lograr la conectividad para todo el país.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el próximo sábado se reunirá con representantes de las empresas que trabajan en la exploración y perforación de pozos petroleros, pues dijo que se tiene que levantar la producción petrolera en el corto plazo.

Lamentó que se ha haya frenado la explotación petrolera en los últimos años, pues dijo llevó a una disminución en la producción de petróleo.

Refirió que actualmente se extraen 1 millon 850 mil barriles diarios, cifra que se producía hace 40 años. “Tenemos que intervenir para producir petróleo, para extraer petróleo”.

AMLO señaló que para lograr esa tarea, se necesitará del apoyo de todos los petroleros y adelantó que los técnicos petroleros ya se encuentran trabajando en la elaboración de un plan de rescate para la industria petrolera nacional.

Indicó que el plan de rescate consistirá en producir y extraer más petroleo crudo, con la ayuda de las diversas empresas que en su mayoría serán nacionales.

“Vamos a avisarles de que se están ya elaborando licitaciones para perforar pozos y que se vayan preparando porque vamos a lanzar estas licitaciones desde los primeros días de diciembre”, detalló AMLO.

Añadió que a dicho programa se destinarán 75 mil millones de pesos adicionales a lo que se está destinando en la actualidad.

El encuentro se llevará a cabo en Villahermosa, Tabasco.

 

Durante el mensaje que ofreció esta tarde en su reunión con empresarios de Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) describió los cinco rubros en que tanto él como su equipo de colaboradores se encuentran trabajando previo a asumir el poder el próximo 1 de diciembre.

  • Ajustar el marco legal para las acciones de gobierno: En ese punto rescató la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para lo cual dijo se requiere una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Indicó que se busca que desde el 1 de diciembre la SSP esté en funciones. AMLO mencionó también la constitución de la Fiscalía General de la República, así como una serie propuestas de reformas para adelgazar el aparato administrativo.
  • Trabajar en la elaboración de la ley de ingresos y del presupuesto: Puntualizó que la ley de ingresos no va a tener modificaciones sustanciales, pues afirmó que cumplirá su promesa de que no habrá aumentos de impuestos en términos reales o impuestos nuevos. Mencionó que el país tendrá precios justos en los insumos. “No habrá gasolinazos” en todo su gobierno.
  • Elaborar las bases para licitar obras desde los primeros días del gobierno: Recordó los proyectos que ha presentado de infraestructura, tales como el tren maya, en el cual dijo se contempla inversión mixta, tanto pública como privada; el proyecto del Itsmo de Tehuantepec; la modernización de las seis refinerías que se tienen en el país; así como la construcción de una nueva refinería. También mencionó que se trabaja en definir las bases para crear una zona franca en la frontera México-EUA. Dijo que en esta zona se bajará el IVA y el ISR a la mitad; se homologarám los precios de los combustibles y se aumentará el salario mínimo al doble, pues será una de las zonas económicas más importantes de México y el mundo. Enfatizó en que será la última cortina para que los mexicanos no tengan necesidad de emigrar.
  • Atención a la gente más necesitada del país: dijo que se trabaja en mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos. Enfrentar el problema de la desigualdad. Mencionó que se destinarán recursos a través de programas, tales como las pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad; las becas para estudiantes, además del programa de primer empleo para jóvenes.
  • Garantizar la seguridad: Seguridad en las calles, en las plazas, en las empresas, en los centros de trabajo. Dijo que a mediados de octubre presentará el plan que llevará a cabo su gobierno para garantizar la paz y seguridad en el país. Reiteró que se seguirá utilizando al Ejército y a la Marina, pues dijo que en las circunstancias en que está el país no pueden retirarse de las calles. “No tenemos una policía que garantice la tranquilidad, la paz y la seguridad de los ciudadanos”.  Señaló que se busca reconvertir a dichas instituciones, que pasen de tareas de defensa nacional a  tareas de seguridad interior y seguridad pública. Reiteró que habrá mando único, pues personalmente encabezará todos los días una reunión de seguridad para recibir los reportes de lo que aqueja al país y con ello se puedan tomar acciones. Dijo que ese modelo se replicará en todos los estados del país.

 

En entrevista con la agencia Reuters, el futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),  Javier Jiménez Espriú, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no está considerando llevar a cabo grandes obras de infraestructura, sino “obras eficientes”

“No estamos pensando en obras enormes, sino en obras eficientes, en darle prioridad a la conservación de lo que tenemos y a resolver algunos cuellos de botella. Más que una obra magna queremos hacer de la infraestructura un territorio eficiente, ágil”, dijo el colaborador de AMLO.

Al respecto indicó que en la administración que encabezará en al SCT habrá cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, por lo que las empresas que hayan caído o caigan en dichas prácticas no tendrán forma de participar en ninguna licitación pública.

En ese sentido descartó que Odebrecht sea invitada a participar en los futuros proyectos, toda vez que se encuentra envuelta en un escándalo de corrupción en toda América Latina.

Con información de Reuters / Foto: Archivo APO

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) anunció que con el fin de lograr la máxima transparencia en el proceso de transición, se suspendieron cuatro procesos de licitación pública internacional sobre el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Indicaron que los procesos quedarían en pausa en tanto se tuvieran los resultados de las reuniones deliberativas que se planean sobre el aeropuerto.

Las licitaciones que sufrieron cambios fueron las relativas a la Construcción de Redes Exteriores de Distribución; la Construcción de la Red de Distribución de Combustibles; la Supervisión de la Construcción de la Red de Distribución de Combustibles y el Suministro, Instalación y Comisionamiento de los Sistemas de Iluminación de Pistas (AGL).

Se detalló que las medidas tomadas derivaron de la reunión sostenida el pasado 17 de julio entre funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y el equipo de transición.

Fue con el equipo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que posterior a las elecciones federales del 1 de julio pasado, se habló sobre el estado que guarda la construcción del NAIM, y que se establecieron grupos de trabajo para analizar cuestiones técnicas, sociales, financieras, geológicas y medio ambientales del proyecto aeroportuario.

“Cabe destacar que la suspensión de los plazos de las licitaciones señaladas no afecta de ninguna manera los compromisos contractuales vigentes ya asumidos por GACM con distintos proveedores y contratistas, por lo que la construcción del NAIM continúa bajo los planes y programas previamente establecidos”, señaló el GACM.

 

La Secretaría de Energía (Sener) aseguró que tras declararse a los licitantes ganadores de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, correspondientes a la Ronda 2.4, se superó la expectativa que se tenía y gracias a los 19 bloques asignados, habrá inversiones para el país por 93 mil millones de dólares en los próximos 50 años.

 

Detalló que las áreas contractuales licitadas se encuentran ubicadas en tres provincias petroleras en aguas profundas del Golfo de México: Cinturón Plegado Perdido, Cordilleras Mexicanas y Cuenca Salina.

 

 

“Los resultados confirman el interés que tienen las empresas de gran capacidad y prestigio internacional por invertir en México lo que fortalece y hace más competitivo el sector hidrocarburos de nuestro país. Gracias a este proceso de licitación, nuestro país podrá continuar desarrollando áreas con gran potencial petrolero que no se habían aprovechado anteriormente dadas las condiciones y retos económicos y tecnológicos que implican este tipo de áreas”, indicó la Sener.

 

La dependencia informó que en la licitación participaron 18 empresas, agrupadas en 19 licitantes, y como resultado del proceso, se adjudicaron 19 contratos a 11 licitantes.

 

Como parte de las propuestas ganadoras, los licitantes se comprometieron a realizar 23 pozos adicionales, y al pago de montos en efectivo por un total de 525 millones de dólares. Adicionalmente los contratistas tributarán a través de la cuota contractual para la fase exploratoria; una regalía básica; el impuesto por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y el impuesto sobre la renta. Considerando estos elementos, el Estado recibirá en promedio 64.7% del valor de las utilidades de los proyectos.

 

 

Shell se convirtió en la gran ganadora de la licitación al obtener nueve contratos, cuatro de ellos de manera individual. La subsidiaria de Petronas, PC Carigali, obtuvo seis contratos de los cuales uno fue individual; Pemex se adjudicó cuatro contratos más, dos de manera individual.

 

Dos empresas hicieron su aparición por primera vez: la petrolera de la monarquía árabe de Qatar, Qatar Petroleum y la tailandesa PTTEP, quienes se adjudicaron cinco y dos contratos respectivamente bajo la modalidad de consorcios con múltiples socios.

 

Con información de El Economista / Foto: Twitter