Una compañía fundada por Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió dos contratos por parte del gobierno federal, que implican un monto de hasta 4 mil millones de pesos para procesar y vender leche a Liconsa.
Sin embargo, tanto la compañía como el empresario carecen de experiencia o antecedentes en la actividad para la que fueron contratados.
De acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Puente Córdoba creó Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV el 11 de noviembre de 2014 como una empresa de la construcción, y fue hasta el 3 de diciembre de 2018, a dos días de que asumiera Lóepz Obrador, cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
A poco más de un año de haber incluido el nuevo giro en sus actividades (12 de diciembre de 2019) Liconsa firmó un convenio con Grupo Vicente Suárez 73 para que procese como mínimo 400 mil litros de leche al día en una planta que se construirá en Tabasco. Cinco días después, el 17 de diciembre, se firmó un segundo convenio con la misma empresa, con idénticas características de volumen, pero esta vez para una planta procesadora que se construirá en Zacatecas.
Los convenios tienen vigencia de cinco años a partir de su firma, y en los mismos se establece que será hasta diciembre de 2021 cuando inicien operaciones las plantas procesadoras de leche del Grupo Vicente Suárez 73 en Tabasco y Zacatecas.
Sin embargo, en los convenios hay una cláusula que permite a la empresa vender a Liconsa leche procesada desde el momento de la firma (diciembre de 2019), vía la subcontratación con otras compañías ya establecidas que cuenten con la infraestructura necesaria; tras haber alcanzado un acuerdo con un productor ganadero del norte del país que realiza el proceso de secado en sus plantas, Grupo Vicente Suárez 73 ya surte el lácteo a Liconsa.
En los documentos a los que accedió MCCI, se menciona que Liconsa tiene un presupuesto de hasta 806 millones de pesos al año para los servicios de Grupo Vicente Suárez (403 millones por cada convenio), por lo que de diciembre de 2019 a diciembre de 2024, los recursos superarían los 4,030 millones de pesos.
Y si no bastara con los contratos asignados, entre abril y diciembre de 2019, Diconsa otorgó otros dos contratos adicionales a la misma empresa para la venta de fruta para su programa de abasto rural, por 485 millones de pesos.
Así, los contratos acumulados por Grupo Vicente Suárez 73 tanto para surtir leche como fruta superan los 4 mil 500 millones de pesos.
MCCI recuerda que Alejandro Puente Córdoba es un empresario del sector telecomunicaciones que se vio involucrado en diversos casos de corrupción durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.
En enero de 2012, Puente fue nombrado titular del Consejo de Participación Ciudadana de la extinta PGR, y desde ese cargo hizo negocios en la propia dependencia, según documentó el periódico Reforma en distintos reportajes.
En mayo de 2012, en pleno proceso electoral, Puente publicó un desplegado en distintos diarios en el que llamó a Carmen Aristegui “emisaria” del empresario Carlos Slim y “cabildera” de Telmex y Telcel. En la misma publicación le reprochó a la periodista haber sido ofensiva en una entrevista que le había realizado al entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en su noticiero de MVS Radio.
Aquel año, Puente buscaba llegar al Senado como parte de la llamada “telebancada”, y para ello logró que lo integraran a la lista plurinominal de Movimiento Ciudadano, partido que en ese entonces postuló a la Presidencia a López Obrador.
El empresario también ha enfrentado señalamientos de conflicto de intereses. El sitio Arena Pública reveló que en mayo de 2014 un avión propiedad de la empresa aeronáutica de Puente había transportado hacia Acapulco a la entonces presidenta de la Comisión de Radio y TV del Senado, la perredista Alejandra Barrales. Eso ocurrió cuando estaba en plena discusión la reforma legislativa a las telecomunicaciones.
Investigación completa en MCCI
