El magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenó a las autoridades de todo Brasil impedir el bloqueo de cualquier vía, carretera o acceso a entidades públicas, y arrestar a quien intente alguna de estas acciones, ante la convocatoria de bolsonaristas a nuevos actos en contra del gobierno del presidente Lula da Silva.

La decisión del magistrado se da luego de que el gobierno determinara reforzar la seguridad en todo el país ante las informaciones compartidas en las redes sociales por radicales de ultraderecha convocando a una “mega manifestación” por la “retomada del poder” para este miércoles a las 18:00 hora local en las principales ciudades del país.

En la decisión, el juez también determinó que la red social Telegram bloquee los canales y perfiles que promueven este tipo de actos y multas entre 20,000 y 100,000 reales a quienes las efectuen.

“Esta organización criminal, ostensiblemente, arremete contra la Democracia y el Estado de Derecho, específicamente contra el Poder Judicial y en particular contra el Supremo Tribunal Federal, abogando por la destitución de sus integrantes y la clausura del Supremo Tribunal Federal, con la restitución de la Dictadura y la supresión de la fiel observancia de la Constitución Federal de la República”, señaló el magistrado en la decisión.

El interventor del área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Ricardo Capelli, confirmó las convocatorias para nuevas manifestaciones este miércoles en la ciudad, pero aseguró que “no hay hipótesis” alguna de que “se repitan los hechos inaceptables” del pasado domingo.

Aclaró que “el derecho a la libre manifestación será respetado dentro de lo que establece la Constitución”, pero subrayó que eso “no se confunde con ataques al patrimonio y la democracia”, que en caso de volver a ocurrir serán “tratados con el rigor de la ley”.

La nueva convocatoria se da tres días después de que bolsonaristas radicales tomaran las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio presidencial de Planalto, el domingo pasado, en un intento de derrocar el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien no reconocen como jefe de Estado.

Al respecto, Lula da Silva dijo el miércoles que a los involucrados en la toma y los destrozos en los edificios de gobierno se les respetará el derecho a la defensa, pero serán sancionados.

Lula volvió a criticar al expresidente Jair Bolsonaro por no aceptar el resultado electoral y llamó “locos” a quienes invadieron y destrozaron edificios públicos en Brasilia.

Por los hechos fueron arrestadas más de 1,500 personas sospechosas de participar en los hechos, de las cuales unas 600 fueron liberadas ayer por “asuntos humanitarios”, aunque permanecen vinculadas al proceso.