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La presidenta de la Comisión Especial para la Consulta Ciudadana, la diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, informó que 84.25% de los participantes votó por la opción de que sea por un periodo de cinco años que Jaime Bonilla Valdez gobierne en Baja California.

De acuerdo con la diputada Cano Nuñez, hubo una participación total de 53 mil 419 ciudadanos, con una votación a favor del mandato de cinco años de 45 mil 30 votos (84.25%), mientras otros ocho mil 186 votos sufragaron por el periodo de dos años; se registraron 203 votos nulos.

En conferencia de prensa la noche de ayer, la diputada indicó que integrantes del Colegio de Abogados Emilio Rabasa fueron los encargados de contabilizar los votos de las 250 urnas instaladas en todo el estado.

Además, señaló que tuvieron la presencia del titular de la Notaría número 13, Gabriel González Mejía, quien dio fe de los hechos.

En la conferencia realizada en las instalaciones del Congreso, también participaron integrantes de la Comisión Especial para la Consulta Ciudadana, los diputados Juan Manuel Molina García, Fausto Gallardo García, Eva Gricelda Rodríguez, Rosina del Villar Casas, María Luisa Villalobos vila, Julio César Vázquez Castillo y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez.

De acuerdo al presidente del Congreso estatal, Catalino Zavala, los resultados de la consulta serán enviados junto a la reforma para que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid la publique en el Periódico Oficial del Estado.

Luego de que la revocación de mandato fuera aprobado ayer en comisiones en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado hoy en su conferencia matutina.

El mandatario señaló que hay partidos políticos de oposición que no quieren la democracia participativa, por lo que criticó la demora y las trabas que han puesto para aprobarlo.

AMLO cuestionó cómo es que no se quiere la revocación si este es una práctica fundamental de la democracia, “¿por qué tantos obstáculos?, ¿por qué tanta tardanza en aprobar que a la mitad del sexenio se le pregunte a la gente si quiere que renuncie el presiente o que continúe?”.

Aunque lamentó que se haya aprobado con condiciones como que para pedir la revocación se deben reunir el 3% de firmas de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal y que este ejercicio se haga en 2022, indicó que lo acepta pues lo importante es que quede establecido en la Constitución.

Sin embargo, López Obrador confió en que se pueda reducir el porcentaje necesario, y que se haga en menos tiempo, pero si no, dijo que ojalá se aprobara así, pues lo que quiere es que exista dicho procedimiento.

“La verdad es que la oposición, en este caso… bueno, no voy a mencionar los partidos, pero, bueno, ahí se los dejo de tarea, no quieren la democracia participativa, son bien antidemocráticos, con todo respeto”, lanzó AMLO.

Y es que la noche de ayer, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado aprobaron en lo general el dictamen de la minuta de reforma constitucional para la revocación de mandato y consulta popular, mediante la cual el ciudadano podrá elegir si quiere o no que continúe el gobernante en turno.

Se prevé que el proyecto de dictamen avalado ayer jueves sea llevado al pleno del Senado de la República la próxima semana, en un inicio, se planea sea el jueves 10 de octubre, para su discusión y eventual aprobación.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, confirmó que sí se modificará la Ley Orgánica del Congreso General para concretar la elección de la Mesa Directiva, y adecuarla a la nueva realidad política que vive el país.

Delgado dijo que lo que se buscará es que el peso que Morena tiene en la Cámara de Diputados, el mandato que se les dio en las urnas, se vea reflejado en el tiempo en que Morena la presida la Mesa Directiva.

El legislador explicó que se pretende establecer que el tiempo que Morena presida sea equivalente a la proporción que tiene en el Pleno.

En ese sentido dijo, el partido tampoco se cerrará a la posibilidad de que otros grupos parlamentarios, en relación a su tamaño y proporción, pudieran presidir la Cámara.

Pese a que modificarán la Ley para poder retener la Mesa Directiva, Delgado Carrillo insistió en que Morena no es igual a otros partidos.

“Nosotros tenemos una profunda convicción democrática. Vamos a buscar una salida apegada a derecho que le dé a Morena la representación en la Mesa que tiene en el pleno y que también respete el derecho de las minorías”, remató.

Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron desechar la demanda presentada en contra de la llamada #LeyBonilla, que permite la ampliación del periodo del futuro gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

La impugnación fue presentada por la ciudadana Luz María Flores Guarnero en contra de la determinación del Congreso de Baja California de ampliar el plazo del cargo del gobernador de dos a cinco años; se determinó que se desechaba la demanda por falta de interés jurídico.

El Pleno consideró que Flores Guarnero no acredita que dicha ampliación le cause algún daño en sus derechos político-electorales, aunado a que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y estar afiliada a un partido político en otra entidad federativa (Nuevo León) sin acreditar que es ciudadana de Baja California.

Y es que el 24 de julio pasado Luz María Flores Guarnero presentó una demanda en contra del Congreso del Estado de Baja California para controvertir el acto legislativo por el cual ampliaron el termino para ejercer el cargo del gobernador electo a cinco años.

La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Tijuana y Mexicali, en contra de reforma al artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución de Baja California.

Dicha modificación permite la extensión de mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

La Comisión, integrada por los Ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, dos de los magistrados designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicaron que las controversias eran desechadas por “notoria improcedencia”.

Las controversias interpuestas argumentaban que no se convocó a los Ayuntamientos referidos a la Comisión de Dictaminación respecto de la iniciativa de la que ya es llamada la #LeyBonilla.

Los Ministros concluyeron que las controversias fueron promovidas en contra de “actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”, por lo que no eran procedentes.

Recordemos que la noche de ayer el Congreso de Baja California resolvió el exhorto que le hiciera la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respecto a reconsiderar la extensión de mandato.

Sin embargo, al pedir respetar su autonomía, independencia y soberanía, los legisladores locales validaron la reforma.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el aval que hicieron los diputados del Congreso de Baja California a la ley que contempla la extensión de mandato del próximo gobernador, de dos a cinco años.

AMLO dijo que es un asunto que tiene que ver con el Congreso local y debe de resolver la autoridad competente, por lo que pidió que no le echen la culpa, pues no tuvo nada que ver.

“No sé si se está informando bien sobre este asunto (…) debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN”, acusó el mandatario.

Lamentó que ahora en un “doble discurso con una doble moral”, quienes votaron por dicha medida resulta que están en contra y lanzan acusaciones. Así dijo, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, y aclaró que dicho grupo no solo incluye al PAN, sino que es más amplio.

“Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente”, planteó López Obrador.

Dijo que lo que pasaba antes era que desde Presidencia se daba la orden al secretario de Gobernación para orquestar dichas acciones; sugirió preguntarle a la secretaria Olga Sánchez Cordero si recibió alguna orden para que se llevara a cabo la reforma en Baja California.

Ante la insistencia de la prensa sobre saber su opinión, AMLO dijo que prefiere no emitir ninguna opinión para no dar pie a las malas interpretaciones, aunque finalmente dijo que era un extremo de la hipocresía el que ahora estén haciendo cuestionamientos sobre el asunto los opositores cuando fueron ellos quienes probaron el cambio.

Dijo que si hubiese sido Morena quien logró aprobar dicha reforma, entonces sí habría motivos para acusarlo.

Desde una sede alterna, el Congreso de Baja California resolvió el exhorto que le hiciera la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respecto a reconsiderar la extensión de mandato que se aprobó para el próximo gobernador.

Al pedir respetar su autonomía, independencia y soberanía, los legisladores locales validaron la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del morenista, Jaime Bonilla, ahora gobernador electo.

Ocupando como sede el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, los legisladores concluyeron que “se desecha por improcedente la solicitud derivada del exhorto emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a este H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, tomando a consideración el vicio constitucional de fondo que presenta la solicitud de dejar sin efectos el Decreto 112 de la Constitución local, acto jurídico distinto a la Iniciativa que modificada el 8vo Transitorio de fecha 8 de julio de 2019, iniciativa que no se puede dejar sin efectos al no tener el carácter de Decreto por encontrarse todavía en el Proceso Legislativo”.

El exhorto se rechazó con 13 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

Con el respaldo de las bancadas de Morena, PT, Transformemos, así como de los siete diputados que pertenecían al PAN y PRD que se declararon independientes tras la aprobación de la polémica reforma, se convocó a una segunda sesión para hacer la declaratoria formal de incorporación constitucional, relativa a la polémica reforma, la cual dice:

“Para efecto de la concurrencia de la elección de gubernatura del Estado con el proceso electoral federal 2024, la gubernatura electa en el proceso electoral del 2019 iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024. La reforma al artículo 44 mediante el cual se declara la toma de posesión del gobernador del Estado el mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral del 2030. Por única ocasión el gobernador del Estado electo en el proceso electoral 2024, iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2030”.

Los diputados locales indicaron que pedirán al gobernador de la entidad, Francisco ‘Kiko’ Vega de Lamadrid su publicación en el Periódico Oficial del estado; advirtieron que de confirmarse la negativa para promulgarla, tal como lo declaró el gobernador, la Legislatura solicitará su publicación de manera directa como lo contempla la Constitución.

Eva María Vásquez, diputada del PAN, quien votó en contra de la ampliación del periodo de Bonilla, acusó que sus homólogos estaban convocados a la sesión para emitir dicha validez de una forma extraña, pues junto a su compañero de bancada, Miguel Antonio Osuna Millán, acusaron que la convocatoria no se les hizo de manera formal y terminaron enterándose por terceras personas o por las redes sociales.

El candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer una denuncia de hechos contra de quien resulte responsable, por lo que consideraron la “ampliación arbitraria” del periodo de gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años.

El integrante de la DNE, Ángel Ávila Romero, destacó que la denuncia se sustenta en posibles sobornos a los diputados que avalaron la reforma, “se especula que se pudo dar de a un millón de dólares por voto, por cada uno de los legisladores, esto a propia voz del presidente del Congreso del estado de Baja California”.

Advirtió que harán todo lo posible para detener la contrarreforma político-electoral, “nos queda muy claro que es un laboratorio para el partido de Morena”.

Señaló que la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky está detrás de esta ilegalidad, “lo que quieren hacer es conocer cómo respondería la opinión pública si se lograra pasar esa reforma y lo que estamos haciendo es combatiendo eso”.

En ese sentido, destacó que la Fracción del PRD en la Cámara de Diputados ya interpuso un juicio político en contra de cada uno de los diputados que avalaron dicha reforma y este partido en todo momento ha denunciado que la candidatura de Bonilla violentó la normatividad electoral desde el momento que es residente norteamericano.

En tanto, el dirigente nacional Fernando Belaunzarán aseveró que es difícil pensar que no hubo un acuerdo con el gobierno del estado, ya que nombraron al “contralor carnal” en la misma sesión en que prolongaron el mandato de Jaime Bonilla.

“El presidente del congreso tendrá que explicar el ofrecimiento que le hicieron de un millón de dólares y cómo fue que le llegaron al precio”, expresó.

En ese sentido, pidió “congruencia al Gobierno Federal y a la Secretaría de Gobierno para que la dependencia no sea florero frente a ésto, que tenga una postura clara para bajar esta iniciativa anticonstitucional, no se puede lavar las manos”.

Pese a que diversos actores de Morena han afirmado que la extensión de mandato que se aprobó en recientes días en Baja California era a petición de los propios ciudadanos, la más reciente encuesta de El Financiero demuestra lo contrario.

Al preguntar si el Congreso local hizo bien o hizo mal al extender el periodo en el que gobernará Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años, 57% que opinó que hizo mal; solo un 16% de los entrevistados indicó que hizo bien.

Pese a que se necesitó el apoyo de los legisladores de los partidos de oposición, PAN y PRI, al ser minoría los representantes de Morena, quienes más rechazan la reforma son precisamente los ciudadanos que se identifican con Acción Nacional y con el PRD.

Lo arrojado por la encuesta de El Financiero, coincide con lo reportado por el diario Reforma, quien preguntó la opinión de los bajacalifornianos, y encontró que el 54% está en contra de la ampliación del periodo.

En la encuesta de Reforma, 41% se mostró a favor de la medida.

Al respecto, recordemos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se manifestó en contra de la decisión del Congreso local, por lo que exhortó al Gobierno de Baja California y a los ayuntamientos a dejar sin efecto el decreto.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente señaló que dicho acto vulnera el principio de no aplicación retroactiva de la ley, trasgrede el principio de certeza electoral, y violenta el principio de no reelección de gobernantes.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmó que la decisión del Congreso de Baja California de ampliar el mandato del gobernador electo de dos a cinco años se trata de una reforma inconstitucional.

“Yo voy a respetar lo que hizo en Congreso, aunque en mi opinión como ministra en retiro sí te puedo decir, ya no como secretaria de Gobernación, que por supuesto, es una reforma inconstitucional, en mi opinión”, dijo la funcionaria.

Al respecto, informó que la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, le comunicó que estudian la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la decisión adoptada por el Congreso local.

Dicha medida también ha sido anunciada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Respecto al anuncio que hiciera el actual gobernador del estado, sobre que no publicaría la reforma, la titular de la Segob indicó que “si no se publica la reforma por parte del gobernador, hay un plazo para que la publique directamente el Congreso”

Sobre lo que se ha planteado en el Congreso de la Unión, sobre la desaparición de poderes en la entidad, la funcionaria indicó que a su parecer, lo más conveniente, es la interposición de las acciones de inconstitucionalidad y de los medios de impugnación que se tienen al alcance, a través de las instituciones del Estado y de los poderes públicos.

Sánchez Codero dijo que se tiene que avanzar para construir un Estado de derecho, por lo que dijo, “yo lo estoy respetando a cabalidad, a diferencia de antes que estábamos acostumbrados a ser ‘intromisos’ en los Congresos, en los partidos, en todas las instancias y en todos los poderes.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) analizará la reforma que realizó el Congreso de Baja California que extiende el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, a fin de ver qué participación tendrá en el asunto la Cámara de Diputados.

“En la Cámara de Diputados vamos a tener una reunión la Junta de Coordinación Política para ver a la Cámara de Diputados, como institución, qué le corresponde, qué participación puede tener en este asunto, si es el caso”, indicó Mario Delgado.

Sostuvo que habrá que revisar, con cuidado la reforma y ver sobre todo su constitucionalidad y que no sea un caso que atente contra la democracia.

El morenista indicó que la polémica que ha causado la reforma se debe a que pudo haber aprobada antes de la elección, ya que las leyes en general no deben de tener un beneficiario directo; en este caso, reconoció, el gobernador electo es el beneficiario de la ampliación de periodo, lo cual pone en duda por qué se hizo esta reforma.

Aclaró que la modificación a la Constitución estatal “fue respaldada por un partido que no es Morena”, pues lo hizo “una mayoría de Acción Nacional”.

En el caso de los legisladores de Morena que apoyaron la reforma, puntualizó que será el partido quien decidirá sobre ellos, y “seguramente tendrá que ser la Comisión de Honor y Justicia del partido” quien intervenga.

Luego de la polémica que ha desatado la decisión del Congreso local de Baja California de ampliar el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años, se da a conocer una encuesta sobre dicha acción.

La más reciente encuesta de Refirma señala que 54% de los encuestados está en contra de que el mandato de Bonilla sea de cinco años, cuando en las elecciones votaron por un periodo de dos. 41% apoya dicho cambio.

57% de los consultados consideran que la decisión de los legisladores de ampliar el periodo es una medida antidemocrática. Solo 35% la considera como una medida democrática.

Al considerar el planteamiento que ha hecho Morena para avalar dicho cambio, sobre que se ahorrarán recursos al no tener una elección en un corto tiempo, 67% de los encuestados indicaron que es mejor respetara la ley. 31% apoya la medida para ahorrar recursos.

Tal como lo han indicado las voces que critican la decisión del Congreso local, 55% cree que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe rechazar el cambio. 41% indicó que debe avalarlo.

54% de los bajacalifornianos coincidieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe mantenerse al margen de la situación. 43% señaló que el mandatario debe intervenir.

Finalmente, 41% de los ciudadanos confían en que Jaime Bonilla será un buen gobernador, 25% indicó que será un mal mandatario local.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se le “caería la cara de vergüenza” si como presidente de la República hubiese autorizado la ampliación de mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, de dos a cinco años, en Baja California.

“Imagínense si a mí me hubiesen consultado, como era antes, y hubiese autorizado (…) esa reforma, ¿cómo estaría yo hoy? Se me caería la cara de vergüenza, sin autoridad (moral)”, dijo.

El mandatario subrayó que fueron legisladores de varios partidos, y no solo los de Morena, lo que dieron su visto bueno para esta reforma.

La reforma fue propuesta en el Congreso de Baja California por Morena, partido que solo tiene tres diputados en ese órgano legislativo de 25 elementos.

La iniciativa fue apoyada por 11 legisladores del PAN, cinco del PRI y uno de Movimiento Ciudadano.

El mandatario subrayó también que ya existen denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre esta decisión y que será este el que decida la legalidad de la iniciativa.

“Yo les aseguro que nada que sea injusto, porque no se permite, va a prosperar”, afirmó.

López Obrador también rechazó la acusación del PAN de que la decisión tomada por el Congreso de Baja California es un “ensayo” para su probable reelección en 2024.

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, afirmó que la reforma que se aprobó en el Congreso local para ampliar el mandato del futuro gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, obedecía a una petición de la ciudadanía.

“Es algo que la ciudadanía en BC está pidiendo, porque dos años son pocos”, dijo la morenista en entrevista con W Radio.

Explicó que como parte de las visitas que hizo al estado en el marco de las campañas, la gente le dijo que el periodo del próximo gobierno debía de ser de cinco años y no de dos, pues consideraban que en dicho tiempo apenas se están “acomodando” las autoridades.

Polevnsky dijo que los bajacalifornianos le expresaron que para ellos era desgastante pensar tan rápido en por quién votar.

Respecto a las declaraciones de su homólogo panista, Marko Cortés, lamentó de un dirigente se expresara así de sus legisladores, quienes aseguró, fueron corrompidos por Morena.

Yeidckol Polevnsky adelantó que Morena defenderá la reforma, y descartó que dicha medida se pretenda llevar a nivel nacional, para extender el periodo del Presidente de la República.