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La creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en proyectos del gobierno en nuestro país generan preocupación en materia de respeto a los Derechos Humanos y de transparencia, declaró este miércoles el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México.

Guillermo Fernández-Maldonado, quien asumió la representación en septiembre del año pasado, dijo que existen riesgos al asignar labores de seguridad pública a integrantes del Ejército, ya que éstos cuentan con un entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil.

«Hay pautas al respecto porque estamos hablando de cuerpos diferentes entrenados para situaciones diferentes y que incluso las órdenes operativas, el tipo de armamento corresponden a situaciones de conflicto armado o de guerra», declaró Fernández-Maldonado en entrevista con la agencia The Associated Press (AP).

A esto se suma el riesgo de se registren violaciones a los Derechos Humanos al conferir labores policiales a fuerzas castrenses.

Fernández-Maldonado dijo que, ante la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de conferirle a las Fuerzas Armadas el control de proyectos de infraestructura y otras áreas administrativas, el gobierno debe aplicar criterios para transparentar la utilización de recursos.

Recordemos que el gobierno federal ha encargado a las Fuerzas Armadas la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles; la administración de aduanas y de puertos; las operaciones y ganancias generadas a través de Tren Maya, entre otros proyectos.

«Otro aspecto que me parece fundamental es el tema de rendición de cuentas, es decir, tradicionalmente ha sido difícil, y no sólo en México, sino en muchos países, la rendición de cuentas por parte del Ejército, muchas veces con el argumento de seguridad nacional», agregó Fernández-Maldonado.

El exrepresentante adjunto de ONU-DH en Colombia reconoció que se han logrado avances en el plan para capacitar en materia de Derechos Humanos a los elementos de la Guardia Nacional, creada por López Obrador y que está conformada principalmente por integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron transferidos a la agencia policial.

Fernández-Maldonado aprovechó para comentar sobre el tema migratorio que afecta a la región, Dijo que los gobiernos de México y Estados Unidos deben trabajar de forma conjunta, a través de proyectos de inversión, para atender las causas que ocasionan el desplazamiento.

Al respecto, Amnistía Internacional alertó sobre el hecho de que pese a rechazar la militarización del país, el gobierno de López Obrador ha desplegado más efectivos militares como parte de su estrategia de seguridad pública que las administraciones de sus predecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón

En el apartado de las fuerzas de seguridad, la organización expresó su preocupación ya que se siguen realizando detenciones arbitrarias y recurriendo a un “uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”.

El informe destaca que AMLO emitió en mayo del año pasado un decreto que permite mantener el despliegue de Fuerzas Armadas para operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, a pesar de que dicho decreto “carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales”.

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer el dictamen que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, cuya finalidad es trasladar funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la de Marina.

Avalado en lo general y en lo particular con 263 votos a favor, 85 en contra y 43 abstenciones, el dictamen precisa que a la Secretaría de Marina se le otorgan atribuciones para que sea la única autoridad marítima nacional, encargada de la implementación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Sobre los señalamientos que se le han hecho a la modificación, el dictamen precisa que no existe la finalidad, expresa o tácita, de “militarizar” los puertos, sino de dar certeza sobre la autoridad que tiene competencia y facultades en materia portuaria.

«Su finalidad es fomentar el desarrollo marítimo considerando la necesidad de fortalecer la seguridad y protección marítima y portuaria, así como hacer más eficiente la prestación de trámites administrativos a la comunidad marítima», indica el texto que fue turnado al Senado para su ratificación.

Entre los cambios se plantea concentrar, entre otras, las atribuciones en materia de seguridad y protección portuaria en la Secretaría de Marina, con la finalidad de que se pueda responder a las exigencias que el país y la comunidad marítima requieren en la materia.

También se amplía la facultad a la Secretaría de Marina para dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante; igualmente, de fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua, así como las tarifas para el cobro respectivo.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, la diputada Rocío Barrera Badillo, expresó que con las reformas se reafirma, fortalece y unifica la autoridad marítima nacional, papel que se le reasignó a la Semar en 2016 cuando se reincorporan a su jurisdicción las 103 capitanías de puerto.

La morenista dijo que se sientan las bases para hacer mucho más competitivo al sistema portuario y ubicar a México como potencia marítima mercante, y así modernizar los puertos, particularmente, los de altura.

Mencionó que las reformas no son inconstitucionales, pues la Secretaría de Marina es una dependencia creada para el despacho de asuntos administrativos, no tiene naturaleza jurídica distinta a la de sus pares, no tiene encomendadas funciones militares y no se encarga de asuntos de guerra.

La bancada del PAN, en voz del diputado Fernando Torres Graciano, señaló que  al escuchar a especialistas para hacer un análisis que permitiera concluir la postura de su fracción parlamentaria, resolvieron ir en contra de dichas reformas, pues lo único que se pretende es «seguir dando pasos a la militarización”.

En ese punto coincidió la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, quien expresó que la reforma tiene como objetivo avanzar en la militarización del país. Dijo que se debe reconocer el gran trabajo de las fuerzas armadas, pero con este tipo de cambios “se les expone, se les debilita y se les vulnera”.

Por parte de la bancada del PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, precisó que con estas reformas lo que busca el Presidente es disponer de mayores recursos para sus megaproyectos. La Semar asumirá más de cien funciones adicionales, “será un ente monopólico en materia marítima, portuaria y aduanal”.

FEDERICO REYES HEROLES

EXCELSIOR

 

El principio de realidad está ausente en la 4T. La realización inmediata de todos los apetitos es una conocida fantasía que destruye. El recuento de realidades es obligado.

Ya no fue ejemplo de honestidad. Las irregularidades brotan a diario: súbita compra de pipas, empresas fantasma de nueva generación, protección subrepticia a productores de carbón, sistemáticas asignaciones directas, fármacos y ventiladores con sobreprecio y un largo etc.

Si de verdadera honestidad se tratara, la mentira hubiera sido arrinconada. Pero, por el contrario, al mundo le asombra la desfachatez para decir falsedades evidentes, ¿programas asistenciales como empleos? El manejo de la información del covid-19 se ha convertido en una patética danza de cifras que provoca la sospecha fundada. Ocultar infectados y muertos es macabro. Mentirosos, les dice la prensa internacional.

La 4T ya no fue una alternativa de desarrollo. La gestión entregará los peores resultados económicos de muchas décadas. Por supuesto, los estragos de la pandemia no son atribuibles a Morena, sí en cambio la fractura con el sector privado y la lógica caída en la inversión.

Son responsables de no haber sabido implementar una reacción gubernamental a la altura del colapso económico. Ejemplos hay muchos, países más ricos y más pobres. La defensa de los empleadores recibió una burda lectura ideológica. La falta de profesionalismo los ahoga. “¿Qué hacemos con los ricos?”. A qué viene la pregunta. La 4T ya no fue fórmula para combatir la pobreza que aumentará como nunca antes. Al no haber crecimiento, la desigualdad, como lo advierte Coneval, se disparará, así como otros indicadores. Al final del sexenio seremos mucho más pobres y mucho más desiguales. Incluso con un crecimiento magro a partir del 21, el PIB regresaría a niveles del 2013, en el 24.

La 4T ya no fue ejemplo de democracia. A dieciocho meses de gobierno la centralización del poder en el gran líder muestra una vocación claramente autoritaria. Si a ello agregamos los ataques a los órganos autónomos, el INE en primer lugar, o la imposición en la CNDH, o las varias intentonas fracasadas: reelección, Ley Bonilla, Tercera Sala en la SCJN, propaganda con programas sociales, control gubernamental de los medios estatales de comunicación, apropiación del presupuesto, etc., pues el expediente autoritario engorda por semana.

Ya no fue federalista, basta con ver la rebelión de los gobernadores. La militarización es ya parte de la 4T. Sus militantes tendrán que asumirse como los nuevos autoritarios. De alguien es la autoría.

La 4T ya no fue progresista, no hay en el horizonte una sola medida, fiscal, por ejemplo, que ayude a mejorar la distribución del ingreso y corrija el Índice de Gini, o quizá también deben salir de nuestro vocabulario. No fue progresista porque ninguna de las obsesivas obras faraónicas tendrá un impacto social relevante. No fue progresista porque, en lugar de apoyarse en la ciencia, como toda democracia, la ha despreciado. Combatir la ignorancia y el desconocimiento ayuda a paliar la desigualdad. No fue progresista porque su política energética está enfermando a millones de mexicanos, muchos de ellos pobres. No fue progresista por su incapacidad para avanzar hacia un sistema universal de salud que cambie la vida de los más pobres. Por el contrario, se le debilitó; el covid-19 tomó a México en el peor momento institucional.  No fue progresista porque han convertido ahorros de los mexicanos en gasto corriente. Ahora van por los fondos contra desastres, les faltaban. Tampoco podrán aumentar el ahorro público. La 4T nunca será progresista porque no entendió las luchas de las mujeres.

La 4T será referente de ilegalidad. Nunca antes tantos mexicanos y empresas habían acudido al Poder Judicial para defender sus derechos.

Ni honestidad ni legalidad ni nuevo desarrollo; ni democrática ni progresista ni federalista ni pacifista. ¿Qué será la 4T en la historia?

El colectivo Seguridad Sin Guerra lamentó el acuerdo presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que faculta a las Fuerzas Armadas para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen y hacer labores de seguridad publica.

Acusaron que el acuerdo del presidente López Obrador normaliza la práctica establecida desde el Gobierno de Felipe Calderón: la militarización de la seguridad pública sin control alguno y fuera del mandato constitucional.

«El acuerdo pone en evidencia  lo que a lo largo del último año ha sido una realidad evidente: la Guardia Nacional es una etiqueta para disfrazar a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles. Eso, quizá sea el único cambio: el militarismo salió del clóset», indicó el colectivo.

Según lo publicado en el DOF, el transitorio quinto de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional establece que «durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria».

Lamentaron que el acuerdo establezca una vigencia hasta el 27 de marzo de 2024, pues quiere decir que no se trata de una medida excepcional sino de una facultad abierta.

Aseguraron que con el acuerdo, se pone de manifiesto que la seguridad publica en México está militarizada. Lamentaron que bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas continúen realizando tareas de Seguridad Pública y se les ha sumado la detención de migrantes.

«Un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz, no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras continúen en las calles»

Hicieron un llamado para que la situación actual derivada de la pandemia de Covid-19 no sirva de cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban el sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo en el país. «Este gobierno se ha quitado la máscara», remató el colectivo.

 

Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, criticó a los senadores del PAN que se oponen a la aprobación de la Guardia Nacional al señalar que fue ese partido el que desató los altos índices de violencia en el país.

“Ahora resulta que los que utilizaron como recurso el uso de la fuerza en tiempos pasados, desataron la violencia y convirtieron al país en un cementerio, ahora dicen que son defensores de derechos humanos y que dicen que no quieren la militarización del país”, señaló el mandatario en conferencia de prensa.

López Obrador pidió a los senadores de Acción Nacional y “a algunos dirigentes del PRI” modificar dicha actitud debido a que el país necesita, dijo, la aprobación de la Guardia Nacional para combatir los problemas de seguridad pública, homicidios y robos.

“Hay una actitud partidista en el Senado, en la Cámara de Diputados, y existe esta oposición a la Guardia Nacional. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra labor, pero sí quería darlo a conocer con toda claridad: el PAN como partido se opone a la creación de la Guardia Nacional y un grupo de dirigentes del PRI”, indicó.

Comisiones del Senado avalaron el lunes por unanimidad el dictamen de la Guardia Nacional, por lo que la iniciativa pasará al Pleno de la Cámara Alta.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el documento en lo general y lo particular.

Durante la sesión, senadores del PRI, PAN, PRD y MC se mostraron inconformes con la orden del día para aprobar el dictamen, por lo que se retiraron de la sesión.

Los titulares de las secretarías de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rafael Ojeda Durán y Alfonso Durazo Montaño, negaron que la Guardia Nacional signifique la militarización de la estructura del Estado, al precisar que será un cuerpo regido por una doctrina policial fundada en el pleno respeto de los derechos humanos.

Los funcionarios explicaron a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma para crear a esta institución. En el encuentro, el presidente del Senado, Martí Batres, consideró fundamental retomar “la gran preocupación que tiene la ciudadanía sobre el tema de la seguridad pública”.

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, afirmó que la Guardia Nacional “no significa la militarización de la estructura del Estado”. Indicó que por el contrario, es una oportunidad para que las Fuerzas Armadas dejen, de manera gradual, de realizar tareas de apoyo a la seguridad pública y para que regresen a sus funciones de defensa y seguridad nacional.

Ojeda Durán explicó que el proyecto para la creación de la Guardia Nacional definirá los tiempos, espacios y condiciones para la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas. Además, delimitará el adecuado uso de la fuerza y el pleno respeto de los derechos humanos.

Por su parte, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, coincidió en que la crisis de inseguridad y de violencia en diversas regiones del país se ha convertido en una emergencia nacional que tiene que ser atendida en el menor tiempo posible.

Refirió que hay cuerpos de seguridad estatales y municipales marcados por una lamentable debilidad institucional, unos más que otros, “pero todos muy lejos de estándares profesionales imprescindibles para ser exitosos en la atención del problema”.

Por ello, aseveró, la creación de la Guardia Nacional es una de las decisiones más trascendentes del gobierno del presidente López Obrador.

Reconoció que Ejército y Marina han tenido un desgaste desde que inició “la ahora ya famosa guerra contra el narcotráfico”. No obstante, subrayó, siguen siendo dos de las instituciones más sólidas del país.

Aclaró que se propone a la Guardia Nacional como una institución de carácter mixto o intermedio. Es decir, tendrá un mando civil y sus integrantes contarán con entrenamiento, jerarquía y estructura militar, lo que permitirá contar con una institución disciplinada y capacitada para hacer frente a la delincuencia.

 

El colectivo #SeguridadSinGuerra indicó que las señales que el futuro gobierno ha dado en materia de seguridad son confusas.

Señalaron que por un lado, a lo largo del país se llevan a cabo los «Foros para la Paz y la Reconciliación», los cuales inauguró el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mientras que por otro lado, se sigue repitiendo el discurso que se ha escuchado en los últimos 12 años, en contraposición del esfuerzo, las expectativas y el momento histórico que vive México.

Condenaron las declaraciones de López Obrador, sobre la «necesidad» de que las fuerzas armadas permanezcan en las calles llevando a cabo tareas de seguridad pública, pues dijeron que no se acompañan de un compromiso para construir un proceso de desmilitarización responsable en el mediano plazo.

«El Presidente Electo ha omitido comprometerse con lo que en reiteradas ocasiones la CIDH, la ONU, la CNDH y este colectivo han recomendado: el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y la recuperación de éstas por parte de las policías civiles», indicó el colectivo a través de un comunicado.

Señalaron que tampoco existe claridad en la intención de crear una Guardia Nacional y mucho menos de su naturaleza. «Externamos nuestra preocupación por la falta de claridad sobre un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas y el restablecimiento del orden constitucional».

Indicaron que es necesario abrogar la Ley de Seguridad Interior, así como elaborar un plan responsable de retiro gradual de las Fuerzas Armadas y adoptar las medidas necesarias para fortalecer a las policías y acabar con la impunidad. «Mientras continúe la militarización no podrán empezar a construirse la paz y la reconciliación».

 

Las Comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, aprobaron las minutas del dictamen de Ley de Seguridad Interior.

 

La Senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó que es urgente darle viabilidad al marco normativo, pues en la última década el país ha atravesado por una crisis rebasa el umbral de la seguridad pública, y pone en riesgo la seguridad interior, como es la delincuencia organizada, generadora de delitos derivados del narcotráfico, entre otros.

 

Por su parte el Senador Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró que el debate ha sido amplio y por muchos años se escucharon todas las opiniones y voces respecto a este delicado asunto y negó que se haya dado un “procedimiento atropellado” o “fast track” para aprobar este proyecto.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, manifestó que los cambios son insuficientes y no generan ningún tipo de control adicional y extraordinario de supervisión en materia de derechos humanos; sólo se trata de cubrir la inconstitucionalidad de la Ley, fomentan la opacidad y no cumplen con las expectativas de los organismos internacionales y especialistas.

 

Quien también hizo un planteamiento al respecto, fue el Senador Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina, quien sostuvo que las Fuerzas Armadas “no están regateando” el apoyo de los Senadores, sino que han solicitado un marco jurídico para servir mejor a México.

 

Al interior de la Cámara, hubo Senadores que se manifestaron en contra, argumentando que Ley busca encubrir el fracaso de una estrategia de seguridad, regresar al país al presidencialismo autoritario con facultades metaconstitucionales y no garantiza la paz, la seguridad ciudadana ni da certeza jurídica.

 

El presidente Nicolás Maduro ha ordenado la militarización de la zona fronteriza con Colombia. Se informó que la decisión ha sido adoptada tras las violentas manifestaciones que se han llevado a cabo en los últimos días. Así lo informó el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

 

En entrevista televisiva para la emisora estatal VTV, Padrino López informó sobre el traslado de 2 mil guardias y 600 tropas de operaciones especiales al estado occidental de Táchira. El ministro destacó que esta decisión se ha tomado tras una disposición emitida por el presidente del país, Nicolás Maduro.

 

El Gobierno eleva así «a una segunda fase» el estado de excepción decretado en el lugar. Lo hace a través del «empleo del Plan Zamora» en esa región occidental del país.

 

Con información de RT / Foto: Archivo APO