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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció este lunes al Ejército el apoyo que le han dado el proyecto político que encabeza, que dijo, ha sido “fundamental” para la ‘Cuarta Transformación’.

Así lo expresó en la conmemoración del 111 aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas, celebrada en el complejo de la Industria Militar en Puebla, donde subrayó el origen “popular y revolucionario” de la institución castrense.

“En esta transformación pacífica, en esta revolución de las conciencias, ha sido fundamental el apoyo de las Fuerzas Armadas”, aseguró el mandatario.

Explicó que, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la de la Marina (Semar), encargadas de las Fuerzas Armadas, tienen una aprobación popular de “alrededor del 85%” y repasó las principales acciones realizadas por el Ejército durante su sexenio.

Entre ellas, destacan la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el apoyo para construir el Tren Maya y la entrega de recursos materiales y humanos durante la pandemia de covid-19.

También subrayó que, gracias a la gestión militar de las aduanas terrestres, se ha luchado contra el contrabando, “detenido” el narcotráfico e “incrementado” la recaudación de ingresos en los puntos fronterizos.

“Me importa mucho que sepan cuánto nos están ayudando”, reiteró López Obrador, quien recordó su propuesta de reforma constitucional para integrar la Guardia Nacional (GN) a la Sedena.

Y es que López Obrador aprovechó para rechazar los señalamientos que se le han hecho, acerca de que la participación de las Fuerzas Armadas se haya traducido en la militarización de México.

“En lugar de militarizar al país como sostienen nuestros opositores, lo voy a decir, conservadores, en vez de eso, de estar pensando en la militarización del país, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados de México, que son pueblo uniformado, son trabajadores, leales y patriotas”, sostuvo.

En su opinión, es “fundamental” que pase a la Sedena para evitar que el organismo, nacido en 2019 con la promesa de mantenerlo bajo control civil, se “corrompa” y consolidar “con disciplina y profesionalismo” su vocación de protección a la ciudadanía.

Por su parte, el comandante del Ejército, Celestino Ávila Estudillo, agradeció la “confianza” del Gobierno de López Obrador y reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas de ser “cada vez más eficientes” en sus actuaciones.

“Seguiremos siendo este ejército defensor de la nación, que conserva la esencia de su creación y de su origen con la que mantenemos la confianza que nos otorga la ciudadanía”, agregó.

Finalmente, López Obrador sostuvo que el personal militar es “pueblo uniformado”, unos trabajadores “leales y patriotas”. “Viva el Ejército Nacional y viva México”, exclamó.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, acusó este viernes al Gobierno federal de militarizar la frontera sur del país para combatir la migración, con el único objetivo de “quedar bien” con el exmandatario Donald Trump y de paso con el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El aspirante de MC aseguró que Chiapas “es el estado más militarizado del país” con 17,160 soldados desplegados por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“A pesar de eso, el flujo migratorio que viene de Centroamérica se incrementó en 30% en 2023. Esto quiere decir que la supuesta solución, la militarización de la frontera, para quedar bien primero con Trump y luego con Biden, no ha resultado”, expresó Álvarez Máynez en un video compartido en sus redes sociales.

Sus declaraciones se producen mientras el Senado de Estados Unidos discute una ley migratoria que deportaría a solicitantes de asilo a México y cerraría la frontera común cuando se supere la cifra de 5,000 migrantes irregulares diarios.

Y es que la presión que ha causado el tema se ha elevado porque este año coinciden las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos, donde la crisis migratoria se ha convertido en un tema clave de la campaña.

“En un año en el que Estados Unidos va a tener elecciones, y Trump y hasta Biden van a agarrar de piñata a México, es un tema que debemos reflexionar y cambiar, por supuesto, de política. Esta no puede ser la realidad”, comentó Álvarez Máynez.

El emecista también advirtió de un “problema de seguridad nacional” por la expansión del crimen organizado en la frontera sur, donde en los últimos meses han crecido las protestas de los habitantes, en su mayoría indígenas, por la ola de homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado.

“Vamos a entrarle en serio al problema de la seguridad, al problema de la migración, y hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos, pero también de orden, volver a recuperar la soberanía, el control del territorio”, prometió el abanderado presidencial de MC.

Álvarez Máynez, quien se define como la ‘tercera vía’, se enfrentará el próximo 2 de junio a la candidata de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, y la aspirante del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez.

Amnistía Internacional (AI) advirtió este jueves que México va “hacia el abismo” en materia de derechos humanos, por la impunidad que envuelve a los feminicidios, además de la militarización de la vida pública, entre otras razones.

Así lo expuso la organización en el informe ‘México: ¿De cabeza a toda marcha hacia el abismo en derechos humanos?’, que fue elaborado para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleve a cabo el Examen Periódico Universal (EPU) de México.

Este es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos por el que deben pasar cada cinco años todos los países miembros de la ONU y que evalúa la salud de las libertades fundamentales.

Así, Amnistía subraya que 20,292 mujeres han sido asesinadas entre 2018, fecha del último EPU, y mayo pasado, aunque pone el foco en que sólo 5,065 casos se investigaron como presuntos feminicidios.

“Pese a que se han activado 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 22 estados del país, persiste la impunidad en las investigaciones de feminicidios”, alertó la organización.

Además, el informe expresa preocupación por las “deficiencias” en las investigaciones como pérdida de pruebas, falta de investigaciones adecuadas, falta de aplicación de una perspectiva de género y amenazas a las familias de las víctimas.

Otro asunto en el que AI enciende las alarmas es el respeto a la protesta social, pues dijo que “las más altas autoridades”, como el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “estigmatizan” la lucha de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que cuestionan las acciones del Gobierno.

También acusa al sistema de justicia penal de “mecanismo de disuasión para quienes protestan”, sobre todo en ámbitos como el medioambiente o la tierra, además de que recuerda que México es “uno de los países más peligrosos del mundo” para quienes ejercen el periodismo.

Asimismo, el informe critica la “estrategia de seguridad pública fuertemente militarizada” impulsada por el Gobierno de López Obrador y el papel de la Guardia Nacional (GN), una de las diez instituciones con más denuncias por violaciones de derechos humanos: 1,200 demandas entre 2019, cuando se creó, y 2022.

El propio López Obrador había ideado la GN como un cuerpo civil, aunque ahora su control depende de David Córdova Campos, un militar retirado, y en 2022 pasó a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque la Suprema Corte de Justicia anuló dicha transferencia.

“La participación de las fuerzas en la vida pública ha hecho aumentar la probabilidad de que una persona sea víctima de tortura sexual durante su detención (…) y ha fomentado una falta de verdad, transparencia y rendición de cuentas”, asegura la ONG.

En ese sentido, Amnistía Internacional urgió al Gobierno de México a elaborar un plan para “retirar las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y administrativas” antes de 2028.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), insistió este viernes en la militarización de la Guardia Nacional (GN), un cuerpo que nació hace cuatro años con un enfoque civil.

López Obrador prometió que volverá a promover una reforma constitucional para trasladarla a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), algo que la Corte le echó para atrás.

“Antes de terminar mi mandato, cuando inicie el nuevo Congreso, voy a enviar una nueva reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional siga siendo apoyada, formada y conducida por la Sedena, porque eso es lo mejor para nuestro pueblo, para garantizar la paz y la tranquilidad”, dijo al encabezar el acto de aniversario de la GN en Campo Marte.

Recodemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el pasado 18 de abril la reforma legal de López Obrador que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército, al considerarla inconstitucional.

AMLO creó, con el apoyo de todas las bancadas en el Congreso, la Guardia Nacional en 2019 para sustituir a la extinta Policía Federal. Sin embargo, desde entonces ha recibido críticas por la conducción que ha dado al cuerpo, y su insistencia en virar a que tenga un carácter militar, tanto en el fondo como en la forma.

Además, ha habido críticas a la Guardia Nacional por sus repetidas violaciones de derechos humanos mientras están a cargo de la seguridad pública en todo el país.

El pasado 19 de abril, por ejemplo, elementos de la Guardia Nacional acabaron con la vida de dos personas y un recién nacido de ocho meses en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un tiroteo sin aparente justificación.

“No quiero que con el paso del tiempos se eche a perder esta institución, como sucedió con la Policía Federal al depender de civiles ambiciosos, deshonestos, desleales al pueblo. Quiero que se mantenga la disciplina, la lealtad, la rectitud, la honestidad, y solo se puede garantizar si forma parte de la Sedena”, insistió López Obrador.

Los cuatro años que la Guardia Nacional ha sido desplegada por las calles, subrayó López Obrador, han permitido avanzar para “garantizar la paz y seguridad”.

Actualmente, la Guardia Nacional cuenta con 128,000 efectivos y se espera que se amplié hasta los 160,000 antes de que acabe el gobierno de López Obrador.

El Pleno del Senado avaló la creación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, por la cual se entrega a las Fuerzas Armadas, principalmente al Ejército, la vigilancia y protección del espacio aéreo bajo el argumento de la defensa a la soberanía y seguridad nacional.

La nueva ley fue turnada al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su promulgación y entrada en vigor.

Bajo la ley aprobada, la Secretaría de la Defensa (Sedena) tendrá bajo su mando el nuevo Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, mediante el que realizará “acciones de alertamiento, interceptación aérea, identificación, seguimiento de trazas de interés”.

La Sedena coordinará también un sistema de vigilancia del espacio aéreo para “inhibir y contrarrestar” operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la “seguridad nacional”. En ese sistema participarán también la Marina y las secretarías de Comunicaciones y de Seguridad Pública.

Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano prosperó gracias al apoyo de Morena y aliados, quienes ratificó el dictamen sin un solo cambio a lo aprobado y enviado por la Cámara de Diputados.

Los legisladores afines a la 4T argumentaron que se trata de cubrir un vacío legal para poder enfrentar al crimen organizado y combatir el tráfico ilícito de mercancías, como el robo de hidrocarburos.

Sin embargo, senadores de oposición condenaron la ley y aseguraron que debilita a la autoridad civil encargada de la navegación del espacio aéreo, SENEAM, y consolida el fortalecimiento que el Ejército ha tenido en diferentes áreas durante la actual administración.

“Hoy las Fuerzas Armadas cogobiernan con López Obrador”, dijo el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, durante el debate del dictamen.

Recordemos que diversos colectivos aseguran que con la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano se sigue en la ruta de militarizar al país.

Y es que después de llegar al poder en diciembre de 2018, López Obrador ha dado a los militares cada vez más funciones, no solo en temas de seguridad pública, sino en otras áreas que normalmente están en manos de civiles, como actividades de infraestructura o aduanas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este viernes el despliegue de poco más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México, esto ante críticas que se han hecho, tanto de miembros de la oposición como de organizaciones.

“¿Cómo no vamos a utilizar la Guardia Nacional, si se trata de proteger a la gente del Metro? ¿Por qué no hacerlo?”, reclamó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador se refirió a la controversia que se desató ayer cuando la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la presencia de la Guardia, que ahora está a cargo de las Fuerzas Armadas, tras el accidente que dejó una joven de 18 años muerta y más de 100 heridos el sábado pasado, y la serie de incidentes que desde ese día se han venido presentando.

Sheinbaum justificó el despliegue por “episodios fuera de lo normal” como incidentes e incendios en el Metro.

“¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar porque van a decir que estamos militarizando al país?”, cuestionó este viernes López Obrador.

Amnistía Internacional acusó al gobierno capitalino de “normalizar la militarización” con esta medida, mientras que otras organizaciones lo consideraron “preocupante”, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

 “¿Militarización? Bájenle. La Guardia Nacional es para proteger a la gente. No le hace que nos critiquen”, enfatizó López Obrador.

El presidente expuso que la principal tarea de los elementos de la Guardia Nacional será la “presencia de la autoridad y protección para los ciudadanos, que no se sientan solos, que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo”.

Ocupó un video para mostrar que la Guardia Nacional “ayudará” a los usuarios. También defendió su presencia para “tranquilizar” a los usuarios, pues dijo, los medios han hecho que la gente se sienta preocupada de usar el Metro. Dijo que era mejor antes de que se llegue a una psicosis colectiva.

“¿Vamos a estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y cuando se violaron todos los derechos humanos, y cuando se llevaron a cabo masacres y torturas?”, reclamó el presidente.

Aseguró que todo lo que hace el gobierno les parece mal a sus detractores, aunque todo sea para cuidar al pueblo.

“Ellos están tan deshumanizados que hasta desean que le vaya mal gente; se frotan las manos y quisieran que hubiese accidentes, le desean mal al prójimo”, sostuvo el mandatario.

Como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, ayer compareció la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez ante el Pleno del Senado, donde aseguró que la actual administración ha logrado la detención de 65 mil 149 integrantes de bandas delictivas, incluidos seis mil 43 de organizaciones criminales, de los cuales dos mil 216 eran objetivos prioritarios.

En línea con el discurso del presidente, la funcionaria destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha permitido la disminución de la incidencia delictiva del fuero federal, ya que, al comparar las cifras de diciembre de 2018 con las de agosto de 2022, se muestra una baja de 23.3%.

Rosa Icela Rodríguez estuvo acompañada por los integrantes del Gabinete de Seguridad: Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda Durán, titular de Marina; y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quienes pese a haber estado citados a comparecer en un inicio, los senadores los “blindaron” de responder a los cuestionamientos de los legisladores.

La titular de la SSPC dio a conocer que los delitos fiscales disminuyeron 60%; los financieros, 65%; y el robo de hidrocarburos, el llamado ‘huachicol’ descendió 92%, lo que generado un ahorro de 226 mil 84 millones de pesos.

Además, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 36 mil cuentas bancarias, con 16 mil millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas.

En cuanto a aseguramientos, se informó que se logró la incautación de 32 mil 746 armas de fuego; 17 millones 352 mil cartuchos y dos mil 300 granadas; 5.2 toneladas de fentanilo, casi mil por ciento más que en los últimos cuatro años de la administración anterior, lo que representó una afectación a las finanzas de la delincuencia organizada por más de 41 mil 325 millones de pesos.

También se confiscaron 94 mil 551 kilogramos de cocaína; 154.1 toneladas de metanfetaminas; 618 mil 930 kilos de mariguana; mil 116 kilogramos de goma de opio, y mil 429 kilos de heroína. Se erradicaron 46 mil 304 hectáreas sembradas con amapola; se destruyeron mil 57 laboratorios de narcóticos.

Destacó los avances del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos, que dijo, permitió mejorar los controles en entradas marítimas, aéreas y ferroviarias para la detección de precursores químicos, flujo de dinero y productos falsificados.

En cuanto a delitos del fuero común, apuntó que al comparar las cifras de 2018 con la incidencia de agosto de 2022, el secuestro disminuyó 74.1%, y dos mil 57 víctimas fueron liberadas, además de que se detuvieron a cuatro mil 557 secuestradores y se desarticularon 518 bandas. El robo total decreció 18.1%; el de vehículos bajó 40.4%; el robo en transporte público disminuyó 35.4%; a casa habitación descendió 20.7%; a transportistas 39%; a negocio 28%, y a transeúnte 14.4%. 

Tal como lo ha señalado el presidente López Obrador, la titular de SPCC precisó que en 2019 y 2020 se contuvo el alza del homicidio doloso, y en 2021 inició su baja constante, por lo que, para agosto de 2022, se presentó una disminución de 14.6%, respecto al máximo histórico registrado en 2018.

Durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad, los senadores de todas las bancadas hicieron cuestionamientos sobre  la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el crimen organizado “estaría desbordado”. Recordó que el problema de la inseguridad tiene décadas en México, mientras que esta administración sólo tiene cuatro años en el ejercicio de la administración pública.

Ricardo Monreal señaló que quienes insultan y culpan al Ejército de la aprobación de las últimas reformas en materias de seguridad a cambio de dinero, sólo quieren ganar el debate por fanatismo y con mentiras, pues este proyecto se avaló por mayoría calificada.

En tanto, la senadora del PAN, Lilly Téllez, dijo que, por acción u omisión, el Gabinete de Seguridad es responsable de la explosión de la violencia de este sexenio. Acusó que los ahí presentes no podían explicar los más de 130 mil muertos que se han registrado en esta administración.  

Claudia Anaya, senadora del PRI, consideró que el problema no son las Fuerzas Armadas, sino la falta de estrategia de seguridad del gobierno federal, por lo que en lugar de un beneficio, se terminará lastimando a los elementos del Ejército y la Marina.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal ha fracasado, además de que no hay evidencia de que la presencia de las Fuerzas Armadas reduzca la inseguridad y la crisis de violencia en la que vive México.

Finalmente, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, consideró que exigir rendición de cuentas no es una falta de respeto hacia las Fuerzas Armadas, pues está en juego nuestra democracia, por el peligroso y acelerado proceso de militarización. Esto ante la petición por parte de la oposición de que los titulares de Sedena y Semar comparecieron ante el Congreso y a lo que se han negado.

Siendo la única que comparecía, la secretaria de Seguridad rechazó que se lleve a cabo un proceso de militarización como se acusa, pues señaló que ese concepto implica que los militares gobiernen. “En el caso de México hay un gobierno civil”, destacó.

Con la participación de los dirigentes estatales, de legisladores federales y de líderes de sectores y organizaciones, así como de sus mandatarios estatales, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que que en el tricolor siguen pensando que el gobierno debe ser “frenado”, enfatizando que “nunca haremos pactos con el poder, con nadie, en lo obscuro”.Durante la celebración del Consejo Político Nacional (CPN) del partido, Alito Moreno aseguró que se sostienen en la idea de que todos los partidos de oposición: el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, deben conformar un Frente Amplio unido, bien coordinado, para llegar a las elecciones del próximo año en Coahuila y en el Estado de México, y en 2024 a la Presidencia de la República.“Con la mano extendida, con oficio político y buena voluntad, tenemos claro y seguimos pensando que Va por México es la mejor oportunidad para limitar los excesos del poder”, dijo Moreno Cárdenas.Explicó que el PRI es un partido responsable, serio, con experiencia y con resultados, por lo que por principios y convicciones, la lealtad del partido es con el pueblo de México y las fuerzas políticas que quieran trabajar por un proyecto que beneficie a la nación.

Señaló que “jamás será un partido que represente un pasado autoritario y una manera marchita de hacer política”.Y aunque defendió la existencia de ‘Va por México’, Alito Moreno defendió la propuesta que hiciera el partido para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública hasta 2028, que fue el motivo de quiebre con sus partidos aliados.Enfatizó que en el PRI se sienten muy orgullosos de las decisiones que hemos tomado y que parten de poner en el centro a la ciudadanía. “No vamos a recular ni a pedir disculpas”, dijo.

Además, señaló que el PRI está con las familias mexicanas y está para defender a la nación. “Jamás pondríamos en riesgo la estabilidad del país, por soberbia o por intereses personales”, añadió.

Luego de que fuera aprobada ayer por la Cámara de Diputados la reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución, que extiende por 9 años la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para ayudar en tareas de seguridad, las dirigencias nacionales del PAN y el PRD lamentaron que se haya avalado dar continuidad a una fallida estrategia de seguridad, que busca imponer una militarización más allá del actual gobierno.

Indicaron que con la reforma aprobada se está poniendo en grave riesgo el sistema democrático, el respeto a los derechos humanos, colocando a México al borde de una dictadura.

Pese a haber sido su aliado político hasta hace apenas unas semanas, PAN y PRD lamentaron que fuera una  propuesta presentada, y ayer votada, por la mayoría de los diputados con la ayuda de la mayoría de la bancada priistas, en una evidente complicidad con Morena.

Criticaron que el PRI claudicó  y se contradijo a lo que reiteradamente los integrantes del partido habían pronunciado al respecto de la militarización del país.

“La dirigencia nacional del PRI y la mayoría de los diputados priistas han faltado a la palabra, a los compromisos firmados y les han dado la espalda a las y los ciudadanos que en las elecciones de 2021 votaron por ellos, precisamente para que impidieran este tipo de reformas antidemocráticas, atentatorias contra las libertades y los derechos humanos”, dijeron los partidos de oposición.

Afirmaron que en efecto a todos les preocupa la creciente inseguridad que se vive, por lo que propusieron a la dirigencia nacional del PRI y a su grupo parlamentario en Diputados que retiraran su propuesta y formularan una nueva para enfrentar y resolver de fondo el grave problema.

“En los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática escuchamos a la sociedad (…) por lo que esperaremos a que concluya el proceso legislativo de esta reforma en el Senado de la República, para que en los órganos de nuestros respectivos institutos políticos, analicemos y decidamos cuál será el futuro inmediato de la coalición con dicho partido”, advirtió Acción Nacional y el partido del Sol Azteca.

Ahora que el dictamen pasó al Senado para su análisis y eventual aprobación, hicieron un llamado a que en la colegisladora todas y todos los senadores de la oposición, incluyendo la bancada del PRI, frenen la reforma militarista y cuiden a México.

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, indicó que Acción Nacional dio la batalla por México y por la gente. “Lamentamos que la iniciativa que hoy fue discutida resultara aprobada. Sin embargo, nuestro compromiso por la defensa de la Constitución y de México está más vigente que nunca”, subrayó.

Finalmente el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD, sostuvo que quienes acataron la Constitución Política no pueden llamarse derrotados, al contrario, “así deben sentirse otros y la gente lo hará valer con su voto en las siguientes elecciones”.

La diputada Cristina Ruiz Sandoval del PRI, quien ayer durante la sesión de la comisión de Puntos Constitucionales presentó una reserva modificando la propuesta que su bancada activó para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles en tareas de seguridad hasta 2029, afirmó que es necesario se acompañe a la Guardia Nacional en lo que ésta se fortalece y se capacita a los policía estatal y municipal para que sean eficientes.

La legisladora indicó que su bancada no busca la militarización del país, pero es consciente de lo que necesita México, por lo que sostuvo, no es pertinente que las Fuerzas Armadas se retiren de las tareas de seguridad en 2024, cuando se llevará a cabo un proceso electoral.

“No estamos buscando la militarización de este país. Como lo dijo nuestro coordinador Moreira, en un ejemplo muy sencillo: ‘imagínense que se está incendiando un cerro y le pedimos a los bomberos que se retiren’; hay mucha claridad en eso, no podemos retirarlo”.

Dijo que en la reserva presentada, y aceptada ayer en comisión, también se propone crear una comisión bicameral donde participen las y los diputados, así como las y los senadores de todos los partidos, en la vigilancia de una real capacitación a los policías estatales y municipales, así como a la Guardia Nacional.

También se habrá de entregar un informe cada inicio de periodo ordinario de sesiones a la Cámara de Diputados para dar cuenta de los avances que llevan los citados cuerpos de seguridad.

“Tienen que seguir acompañando a la Guardia Nacional, necesitamos estar preparados y listos con una policía eficiente y capacitada para que esto pueda suceder, mientras eso no suceda, nosotros tenemos la obligación de garantizar la seguridad de las y los mexicanos”, concluyó.

Al respecto, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz, afirmó que hoy miércoles el Pleno discutirá el dictamen para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El diputado fue consultado sobre cuál será el impacto presupuestal de esta eventual reforma constitucional, a lo que respondió que no habrá una afectación, “la opinión es que no hay un impacto que afecte para gastar más del presupuesto federal”.

“Hay una opinión de nuestro Centro de Estudios (de las Finanzas Públicas) en la materia que dice que no se altera el Presupuesto de este año ni el de los siguientes porque, como está previsto en las reformas que se aprobaron la semana pasada, se distribuyeron las funciones de la Guardia Nacional en dos secretarías. Hay una transferencia de partidas presupuestales. Me parece que no hay afectaciones”, finalizó.

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden Olga Sánchez Cordero y el Rafael Espino de la Peña, ambos de la bancada de Morena, aprobaron en lo general, el dictamen a la minuta en materia de Guardia Nacional.

La Comisión de Justicia aprobó la propuesta con 9 votos a favor y 8 en contra; en tanto, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, lo avaló con 9 votos a favor y 9 en contra.

Así, la minuta fue aprobada, sin un solo cambio, con 18 votos en favor y 13 en contra. Las y los senadores acordaron discutir los artículos reservados ante el Pleno, a donde llegará este jueves para someterse a votación.

Tal como salió de la Cámara de Diputados, la minuta propone reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de la Guardia Nacional; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Olga Sánchez Cordero expuso que con las modificaciones avaladas, se consigna la tutoría de la Secretaría de la Defensa en el crecimiento sano, de la que debe ser la principal institución de seguridad pública en México, que es la Guardia Nacional.

Apuntó que esto permite superar los obstáculos administrativos que tienen origen en las particularidades mismas de la Guardia Nacional; y habilita la intervención de la Guardia Nacional, en auxilio de la Fuerza Armada Permanente para el cumplimiento de sus misiones.

En tanto, el senador Rafael Espino de la Peña dijo que la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública no representa una violación a los derechos humanos como ha acusado la oposición, y lamentó la falta de construcción de consensos debido a la extrema politización de la materia.

“Ahora más que nunca debemos apoyar la cruzada contra la inseguridad del titular del Ejecutivo federal, ya que los resultados de las administraciones anteriores no han sido los esperados”, subrayó el senador de Morena. Confió en que, con método, disciplina y rendición de cuentas, la Guardia Nacional dará los frutos que se esperan.

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, de la bancada del PVEM, partido aliado de Morena, señaló que la propuesta es una solución “justa” a la crisis de inseguridad, la cual traerá paz a la ciudadanía.

Por parte del PAN, la senadora Indira de Jesús Rosales, acusó que el dictamen plantea que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no tenga ningún tipo de autoridad sobre la Guardia Nacional, ya que no tendría el control administrativo y operativo de este cuerpo de seguridad pública.

Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, sostuvo que esta reforma será contraproducente, pues se desvirtuará la función constitucional de las Fuerzas Armadas. De Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón afirmó que el dictamen violenta la Constitución, ya que se le dan a las Fuerzas Armadas responsabilidades que no le benefician.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, expresó que el dictamen contraviene el artículo 21 de la Constitución, el cual ya plantea la adscripción de la Guardia Nacional a una Secretaría de Seguridad Pública, y no a una de Seguridad Nacional.

Finalmente, el Grupo Plural afirmó que la minuta le otorga a las Fuerzas Armadas el control sobre la Guardia Nacional, algo que las luchas liberales del Siglo XIX evitaron. “Estamos en contra de la militarización porque carcome al poder militar y al poder civil”, sostuvo la bancada.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, refrendó el respaldo del tricolor a la propuesta de la diputada Yolanda de la Torre, que busca extender la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

Moreno indicó que el fracaso del gobierno federal en brindar paz al país, hundiéndolo en un mar de sangre, “es lo que nos lleva a tomar esta decisión. La militarización no es la respuesta y por ello votamos en contra de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional”.Sin embargo, al señalar que se debe construir un nuevo modelo, dijo que no se puede “saltar al vacío ni regatear al pueblo de México la seguridad que aporta la presencia del Ejército” en las calles. Recalcó que la Guardia Nacional “necesita el acompañamiento de las Fuerzas Armadas”, pues la corporación no está lista para asumir la responsabilidad de las tareas de seguridad.

Enfatizó que la prórroga a la permanencia del Ejército en las calles que ayude en la consolidación de la Guardia Nacional no es ni un cheque en blanco ni hacerle el trabajo al gobierno.

En este marco, destacó que con salarios dignos, equipamiento y capacitación permanente, se debe impulsar el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, que son las que enfrentan en primera instancia a los criminales.

Ante el anuncio que hiciera el PAN y PRD, solo una suspensión temporal de la caolición legislativa y electoral dada la posición del tricolor respecto a la militarización del país, Moreno Cárdenas dijo que Va por México “no está en riesgo”.Señaló que “siempre he tenido comunicación con los dirigentes del PAN y del PRD; tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. Esto es por México y la gente; las ideologías y las posiciones políticas tienen que pasar a segundo plano, para construir siempre a favor de las familias mexicanas”.Alejandro Moreno hizo un llamado al PAN y PRD a que comprendan que la decisión de prorrogar la presencia del Ejército en las calles “es a favor del pueblo de México” y romper la coalición por esta causa “es no darle importancia a lo que hemos avanzado”.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que si la iniciativa aprobada este fin de semana en la Cámara de Diputados que permite el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena también se aprueba en la de Senadores, los partidos de oposición presentarán la correspondiente Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, con la que buscarán que México se siga militarizando y se convierta en una dictadura.

El panista recordó que al inicio del sexenio, se le dio el voto de confianza a Morena al aprobársele por unanimidad que los militares pudieran participar por 5 años en la integración, formación y capacitación de la Guardia Nacional señalando, aunque en los primeros tres años se ha estado haciendo exactamente lo contrario.

Acusó que basta con señalar que se ha puesto a un militar al frente de la corporación, en lugar de un civil, y segundo, se ha construido una policía militar en lugar de una policía civil, tal cual ocurre en las dictaduras.

Cortés Mendoza recordó que los partidos y los coordinadores parlamentarios integrantes de la coalición ‘Va por México’, realizaron un compromiso público y firmado, de una Moratoria Constitucional, para “mantener intacta nuestra Ley Suprema”, para cuidar al INE, la democracia y la libertad, para garantizar los derechos humanos y particularmente, para evitar cualquier supuesto que siga militarizando el país.

“Las veces que sean necesarias le diremos no a la militarización de México, y más cuando vemos que desmantelaron las policías civiles federal, estatales y municipales, llevándonos hacia una militarización que ha representado un rotundo fracaso en la estrategia de seguridad. Por eso, la aprobación de Morena y sus aliados para imponer el control militar, administrativo y operativo sobre la Guardia Nacional es inconstitucional, una trampa para el ejército y que demuestra que a López Obrador se le ha salido completamente de control la seguridad del país”, señaló el líder de Acción Nacional.

Insistió en que el presidente López Obrador busca que México se convierta en una dictadura igual que Venezuela, Nicaragua o Cuba. Puntualizó que lo que no entiende el Presidente es que México es un país democrático y no una autocracia, donde manda un solo hombre.

Enfatizaron que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena es una trampa para el Ejército, porque su misión principal es salvaguardar la soberanía del país y con esto el Presidente solo lleva a las Fuerzas Armadas a sobreexponerse y vulnerar la Constitución.

“Es nuestro deber proteger el buen prestigio de las Fuerzas Armadas, evitando que caigan en la trampa presidencial, que les endosaría toda la responsabilidad del fracaso de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, que ha provocado que se incremente la violencia e inseguridad en todo el país”, añadió.

Por su parte el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reiteró que lo que sucedió en la Cámara de Diputados este fin de semana, son pasos de dictadura, “y más de una dictadura que pretende ir acompañada del auxilio de las fuerzas militares de nuestro país”.

Confió en que la Suprema Corte eche atrás lo que se aprobó en San Lázaro y “desde luego, en su momento si llegara el caso de que en el 2024 les ganemos la Ciudad de México y les ganemos la mayoría en el país para echarlos afuera, no quieran decir que desde la oposición les hicimos trampa, que les hicimos fraude y que llamen a los militares y los militares acudan a defender una osadía de estas características”, advirtió.

Confirmó lo dicho por su aliado político, al señalar que si pasara de cualquier manera la aprobación de las leyes, que buscan la militarización del país, “nos veremos muy pronto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque llegaremos allí también a dar el debate y a buscar echar para atrás esto que están indebida, ilegal e inconstitucionalmente haciendo desde la Presidencia de la República y sus lacayos en la Cámara de Diputados”.

Amnistía Internacional pidió este miércoles, en una carta conjunta con una veintena de organizaciones enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acabar con tres décadas de militarización en el país.

En la carta, Amnistía destacó la importancia de la visita que del 15 al 26 de noviembre de 2021 hizo a México el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

“En su informe, el comité ha sostenido que el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado mexicano hace tres décadas ha estado enfocado en la militarización para combatir la delincuencia, lo cual ha sido insuficiente e inadecuado”, preciso AI.

Recordó que el comité “le recomendó, de nueva cuenta, al Gobierno federal idear un plan de retiro ‘ordenado, inmediato y verificable’ de las fuerzas militares que se encuentran realizando acciones de seguridad pública, instando a abandonar el enfoque militarizado”, agregó.

Explicó que esa petición va en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos y constitucionales en materia de seguridad pública, que debería estar en “manos de civiles” y, solo de “manera extraordinaria”, recurrir a las Fuerzas Armadas.

Apuntó que el régimen de las fuerzas militares no se concilia con las funciones de autoridades civiles, lo que pone en riesgo la vigencia de derechos humanos.

Amnistía y las organizaciones, activistas, especialistas independientes y de la academia que conforman el colectivo #SeguridadsinGuerra dijeron estar “convencidos de que las políticas de seguridad pública deben estar a cargo de instituciones civiles y no militares”.

En la carta, las personas y organizaciones firmantes lamentaron la opinión de López Obrador frente a la labor del comité, que dijo que actuó sin “apego a la verdad”.

“Las organizaciones de derechos humanos hemos documentado la participación de militares, incluida la Guardia Nacional militarizada, en casos de tortura, represión, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual entre otras violaciones de derechos humanos”, aseveró la carta.

“Nos dirigimos a usted (López Obrador) para solicitarle un encuentro presencial con representantes de nuestras organizaciones en vista de la situación actual de alto riesgo para el ejercicio y defensa de los derechos humanos que representa la militarización de nuestro país”, concluye la carta.

El colectivo #SeguridadSinGuerra criticó el anunció del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre su intención de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), bajo el argumento de que si queda en manos de otra dependencia, se ‘echará a perder’, tal como ocurrió con la Policía Federal.

Recordaron que cuando López obrador propuso la creación de la Guardia Nacional, no quería una corporación civil, quería una institución militar a cargo de los militares, que permitirán su uso irrestricto en tareas de seguridad pública; sin embargo, destacaron que en ese momento la oposición en el Congreso no lo permitió, y por el contrario, dieron voz a los colectivos de víctimas, y organizaciones que expusieron los riesgos de tener una organización militar a cargo de la seguridad pública.

Destacaron que la Guardia Nacional nació como una corporación de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo cual evitó que tuviera fuero militar.

Señalaron que la reforma de 2019 contempló un plan de desmilitarización para que las fuerzas armadas, es decir el Ejército y la Marina, continuaran haciendo labores de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, aunque de forma extraordinaria, acotada, fiscalizada y subordinada al poder civil.

Con el paso de los meses, señalan que López Obrador ha ignorado la Constitución y las obligaciones internacionales, al grado de que hoy la Guardia Nacional está formada en 80% por soldados y marinos, además de que más del 90% de los elementos desplegados en el país no están certificados como policías. Lamentaron que la capacitación, reclutamiento y mando de la Guardia Nacional están a cargo de la Sedena.

Enfatizaron que con el anuncio del pasado martes, López Obrador dejó claro que buscará una reforma constitucional que le permita concretar su plan original: entregar el control de la Guardia Nacional a la Sedena, y con ello la seguridad pública.

Ante sus intenciones, exigieron a AMLO respetar la Constitución, y le recordaron que las leyes no pueden modificarse a discreción bajo una lógica reduccionista de construcción de mayorías, y con ello pasar por encima de los principios y obligaciones internacionales de que la seguridad pública debe estar en manos de civiles.

Pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver a la brevedad las acciones de inconstitucionalidad y las controversias relacionadas con la participación militar en ámbitos que no les corresponden. Acotaron que se debe escuchar la voz de víctimas, organizaciones y expertos.

Finalmente, solicitaron a los líderes de los partidos políticos suscribir una “boleta civil de seguridad” para rechazar cualquier intento de reformar la Constitución. Les exigieron el cumplimiento de lo establecido en la reforma vigente de 2019, que señala un uso acotado de las fuerzas armadas, la construcción de una Guardia Nacional civil, y de cuerpos de seguridad locales civiles.

“Tanto quienes prometieron transformación, como quienes prometieron ser un freno de lo autoritario, tiene la oportunidad de demostrar que no todo eran promesas de campaña. El presidente ha mostrando su desprecio por la constitución, las víctimas y la evidencia”.

Advirtieron que si la seguridad pública queda, desde la Constitución, en manos de militares, no habrá retorno en la vía civil: habrá fuero militar, opacidad y cuerpos militares que operen más allá del poder civil.

En el marco del primer aniversario de que entrara en vigor el acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advirtió que a 15 años del recrudecimiento de la guerra contra la delincuencia en nuestro país, situación que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha criticado constantemente, con su llegada al poder la desmilitarización no llegó, y por el contrario se han profundizado diversos aspectos de un modelo militarizado.

Desde diciembre de 2006 a la fecha, México registra aproximadamente 350,000 homicidios, además de los 85 mil desaparecidos o personas no localizadas que el propio gobierno reconoce.

WOLA recuerda que el ahora presidente afirmó en 2012 que, en caso de llegar al poder, sacaría al Ejército de las calles, mientras que en 2016 criticó el modelo de seguridad propuesto por el presidente Felipe Calderón al asegurar que no se resolvía nada con medidas coercitivas y militarizadas. Incluso en 2018 reiteró en campaña que reorientaría la estrategia de seguridad.

El análisis que realiza Stephanie Brewer apunta que también se cumplen dos años de la Ley que creó la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad que López Obrador impulsó.

A pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); si el gobierno retirara a las fuerzas armadas de las tareas policiales para el fin del sexenio, las tareas de seguridad quedarían en manos de una  institución militarizada.

“Con variaciones, la militarización se ha convertido de supuesta medida transitoria en estrategia de largo plazo”, advierte la especialista de WOLA.

El análisis realizado a la situación en México, enfatiza que el actuar de las fuerzas federales han dado paso a una disminución en la estrategia de combate frontal a los grupos criminales, aunque no se ha acompañado de medidas idóneas y suficientes para hacer frente a la violencia, lo que ha provocado que los grupos criminales sian victimizando a la población.

Otro punto que destaca WOLA, es que López Obrador no sólo consolidó el papel de las fuerzas armadas como pilar de la estrategia de seguridad, sino también les ha asignado otras funciones; y es que si bien las fuerzas armadas habían participado en proyectos de infraestructura en sexenios pasados, ahora son responsables de obras como la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, el aeropuerto de Santa Lucia y otros más, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico (Transístmico), por mencionar algunas.

Un punto que llama la atención, es lo que señala sobre los golpes de Estado. El análisis refiere si bien a lo largo de la ola de dictaduras en la región, México no ha sufrido ningún golpe militar, dado el peso de las fuerzas armadas dentro y fuera del ámbito de la seguridad, puede no hacer falta un golpe de Estado para que las instituciones militares ejerzan altos niveles de poder sin constituir un gobierno militar.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos concluye indicando que el modelo militarizado que ha instaurado el gobierno de la Cuarta Transformación, ha detonado más violencia sin dar paso a estrategias efectivas de seguridad.

“Mientras no se priorice la reforma de las corporaciones civiles de seguridad; mientras las instituciones del país no avancen de manera trascendental en la investigación de los fenómenos delictivos; y mientras se toleren violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el estado de derecho”, remata WOLA.

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