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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer esta semana que a partir del 1 de febrero la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrá un ajuste, que la llevará a 108.57 pesos diarios.

El INEGI recordó que la UMA es la unidad de referencia económica en pesos para determinar los montos de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, tales como multas, pagos y sanciones económicas.

Es decir, con la UMA se fija el costo de las multas de tránsito, trámites gubernamentales, entre otros servicios como el cobro de créditos hipotecarios como el del Infonavit o el Fovissste; impuestos o deducciones fiscales.

La unidad, que se creó para sustituir el uso del salario mínimo como medida para determinar dichos pagos, tendrá nuevos valores a partir del 1 de febrero próximo: 108.57 diarios; 3,300.53 mensual; y 39,606.36 anual.

Así, la variación de la UMA en 2024, en comparación con 2023, es de 4.66%. Dicha alza se alinea con la tasa de inflación que también dio a conocer hoy el INEGI para diciembre 2023, y que se ubicó en el 4.66%.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), regulador petrolero en el país, archivó los planes para imponer al menos tres multas a Pemex por infracciones en los campos Ixachi en Veracruz y Quesqui y Tupilco en Tabasco, según documentos y fuentes consultadas por la agencia Reuters.

Los documentos, fechados entre junio y agosto del año pasado, contenían observaciones y pruebas fotográficas de visitas de campo no anunciadas realizadas por funcionarios que descubrieron varias violaciones.

Los borradores de notificaciones de multas, que no fueron firmados ni enviados, y la correspondencia relacionada enviada a Pemex detallan las violaciones y las consecuencias legales.

En los tres campos, el regulador había planeado multar a Pemex por perforar pozos sin los permisos correctos; en Ixachi y Quesqui, también encontró otras violaciones, incluidas algunas que llevaron a que se quemaran cantidades excesivas de gas natural.

Los documentos que revisó Reuters no refieren las razones por las cuáles las multas no se concretaron, pero las tres fuentes consultadas dijeron que se detuvieron en el período previo y posterior a los cambios en la dirección de la CNH el año pasado.

Y es que recordemos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó cambios en la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En agosto del año pasado, Rogelio Hernández Cázares, quien habría tenido desacuerdos notorios con el gobierno federal, renunció a la CNH; meses más tarde fue reemplazado por Agustín Díaz Lastra, quien antes se desempeñaba en Pemex.

Díaz Lastra estuvo en la terna enviada al Senado por el presidente López Obrador.

El otro cambio fue el de Rafael Guerrero, quien fue designado jefe de la división técnica de la CNH y quien previamente había sido representante legal de Pemex ante el regulador.

Según lo declarado, los nuevos funcionarios señalaron que “ya no deberían multar a Pemex” o dieron instrucciones verbales para “apoyar” a la petrolera en el logro de las metas de producción establecidas por el Gobierno.

Y es que si bien Pemex es el mayor contribuyente del país a las arcas del Estado, es también la petrolera más endeudada del mundo.

El presidente López Obrador prometió desde su campaña electoral EN 2018 que haría que el país fuera autosuficiente en energía.

Hasta los cambios hechos en la CNH, el regulador era considerado como la última agencia independiente que intentaba mantener controles y equilibrios sobre Pemex. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el regulador ambiental del sector de petróleo y gas ya habían sido dotados de funcionarios leales a López Obrador.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió y sancionó las distintas irregularidades detectadas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los partidos políticos, las coaliciones locales y candidaturas independientes a diversos cargos correspondientes a los procesos electorales 2021-2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Derivado de la revisión de informes y gastos de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó 1,453 faltas o conductas irregulares, siendo las más reincidentes las siguientes las de forma (493); egreso no reportado (372); eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior o el mismo día de su celebración (95); eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración (67); omisión de reportar operaciones en tiempo real durante el periodo normal (57); omisión de reportar operaciones en tiempo real durante el periodo de ajuste (53); egreso no comprobado (51) y CFDI sin complemento (27).

El pleno del INE determinó así sancionar a los partidos políticos y candidaturas independientes por un monto global de 70.5 millones de pesos. Detalló las multas por entidad.

  • En Aguascalientes, el partido con la multa más alta fue Morena con 1 millón 510 mil pesos. Le siguen el PT con 1 millón 321 mil pesos y Movimiento Ciudadano con 1 millón 239 mil pesos.
  • En Durango, el PRI recibió la multa más alta con 9 millones de pesos, seguido del PAN con 4 millones 342 mil pesos y Movimiento Ciudadano con 2 millones 332 mil pesos.
  • En Hidalgo, Movimiento Ciudadano encabeza las multas con 5 millones 630 mil pesos, seguido del PAN con 2 millones 644 mil pesos y Nueva Alianza con 1 millón 622 mil pesos.
  • En Oaxaca, Movimiento Ciudadano recibe una multa de 4 millones 818 mil pesos, el PRI con 2 millones 779 mil pesos y Morena con 1 millón de pesos.
  • En el caso de Quintana Roo, uno de los partidos locales, Movimiento Auténtico Social recibió la multa más alta con 5 millones 323 mil pesos, seguido del PAN con 3 millones 832 mil pesos y Movimiento Ciudadano con 1 millón.
  • Finalmente, en Tamaulipas el PAN recibió una multa de 3 millones 248 mil pesos, seguido de Morena con 1 millón 362 mil pesos y Movimiento Ciudadano con 1 millón.

El Consejero Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, destacó que la Unidad Técnica de Fiscalización revisó un total de 276 informes de campaña que fueron presentados por 226 candidaturas de partidos políticos, candidaturas comunes y coaliciones, así como cuatro candidaturas independientes.

En total, los sujetos obligados registraron ingresos por un monto de 630 millones 308 mil 647 pesos y gastos por 624 millones 241 mil 713 pesos.

“De la revisión realizada se puede observar que en términos generales los partidos tuvieron ánimo de cumplimiento del reporte de sus ingresos y gastos. Y si uno compara el monto de las sanciones con el monto general de ingresos y gastos, uno puede decir que por una mayor parte fue cumplida debidamente y reportada en la Unidad Técnica de Fiscalización”, destacó Rivera Velázquez.

En otros temas, el Consejo General del INE aprobó criterios con la finalidad de que los partidos políticos nacionales realicen modificaciones a sus documentos básicos para garantizar la paridad sustantiva a través del criterio de competitividad en las postulaciones a las gubernaturas.

Estableció que todos los partidos deberán postular al menos a una mujer en las candidaturas de gubernaturas para las elecciones de Coahuila y Estado de México en 2023.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Norma De la Cruz Magaña, explicó que los procesos de selección de candidaturas deben establecer reglas claras, además de que todos los partidos políticos deberán informar al INE su método de selección de candidaturas al menos con 30 días de anticipación al inicio de su proceso de selección de candidaturas a gubernaturas.

Austria se convirtió este jueves en el primer país de la Unión Europea (UE) en imponer la vacunación anticovid obligatoria para tratar de frenar la propagación de la pandemia, pese a la fuerte oposición que esa medida despierta en la población.

La ley, que entrará en vigor el próximo 4 de febrero, fue aprobada por el Parlamento austríaco por 137 votos a favor y 33 en contra.

“La vacunación es la oportunidad para que nuestra sociedad logre una libertad sostenible y continua, sin que el virus nos limite”, dijo el jefe de gobierno conservador Karl Nehammer antes de la sesión. Es “un tema de debate muy intenso”, reconoció.

La medida, anunciada en noviembre para impulsar la vacunación frente al aumento de contagios, fue apoyada por los Verdes (socios de coalición de los conservadores) y por los partidos liberal y socialdemócrata. Sólo la extrema derecha se opuso, indicando la protección de las libertades individuales.

Decenas de miles de austríacos se manifiestan desde hace meses casi todos los fines de semana contra el proyecto de ley; las protestas obligaron al gobierno a reforzar la protección de los centros de vacunación y de pruebas anticovid.

La negativa a vacunarse será pasible de multas de 600 a 3,600 euros, pero estas serán anuladas si el infractor se inmuniza en un lapso de dos semanas. Los menores de más de 14 años no serán pasibles de esas sanciones.

El voto se llevó a cabo en momentos en que Austria registra un número récord de casos debido a la propagación de la variante Ómicron. Ayer se registraron casi 30,000 contagios en 24 horas. Cerca del 72% de los 8.9 millones de habitantes de Austria tiene la pauta completa de vacunación.

La vacunación obligatoria contra el COVID-19 gana terreno en un número creciente de países para determinadas profesiones o grupos de población. Sin embargo, la imposición de este requisito a toda la población adulta sigue siendo inédita en la UE y muy rara en el mundo.

Con 75 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones, el Pleno del Senado aprobó la noche de ayer el decreto por el que se sanciona a las personas que, con el fin de obtener un lucro, tomen las casetas e interrumpan el tránsito así como la operación de los servicios de peaje.

La reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece que estas acciones serán castigadas de tres meses a siete años de prisión, así como con multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Esta sanción también aplicará para quienes interrumpan la construcción de dichas vías o que total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación.

El objetivo del proyecto, que fue remitido al Ejecutivo Federal, es castigar la práctica reiterada de los actos de bloqueo que “ponen en riesgo la vida y los bienes” de las personas que transitan por las carreteras de cuota del país y que, de forma recurrente, se han visto afectadas al ser tomadas por diversos grupos.

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, su presidenta, la senadora Lucía Meza Guzmán dijo que es necesario frenar estas prácticas ilegales que le causan grandes daños al erario. Las vías de comunicación, agregó, son de gran importancia para el flujo comercial, traslado de mercancías y la movilidad de la población.

“Estos bloqueos ponen en riesgo latente la vida, la integridad física y los bienes de las personas que transitan por las carreteras de cuota del país”, asentó. La legisladora aclaró que si bien los ciudadanos están en su derecho de manifestarse de forma pacífica, es necesario implementar acciones para evitar que se presenten conductas ilícitas.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, sostuvo que esta reforma no busca criminalizar la protesta social, sino evitar que se lucre con dichos bloqueos, los cuales le cuestan al gobierno alrededor de cuatro mil 121 millones de pesos. “No es un boteo, es una actividad criminal que han encontrado algunos personajes”, aseveró.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) informó este jueves que 17 clubes del fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y ocho personas físicas serán multados por prácticas monopólicas.

“El pleno de la Comisión impuso multas por un total de 177.6 millones de pesos a 17 clubes de fútbol de la Liga Mx por su responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas, y por coadyuvar en la realización de estas, a la FMF y a 8 personas físicas”, explicó la autoridad.

En la Liga MX femenil, el ente regulador de competencia concluyó que los conjuntos, entre los que se encuentran el América, fijaron un salario máximo a la jugadoras.

Según la investigación, al inicio de la Liga en 2017 los clubes acordaron que las futbolistas mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos al mes, las menores de 23 años 50 pesos y las de las categorías sub’17 no tendrían ingresos sino sólo ayuda como transporte y comida.

En la temporada 2018-2019, La Liga Mx informó que el tope subió a 15,000 pesos  al mes y que los apoyos en especie no podían superar los 50 mil pesos por torneo.

“Imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras profundizó aún más la brecha salarial entre mujeres y hombres futbolistas”, criticó la comisión.

La COFECE aseguró que la FMF persuadió a que los equipos cumplieran con estos salarios con comunicados y al realizar verificaciones.

“La práctica, cuya duración fue de noviembre de 2016 a mayo de 2019, constituyó un acuerdo colusorio entre los clubes, que tuvo el objeto y efecto de manipular los precios -en este caso los salarios de las jugadoras- y evitar que los clubes compitieran por su contratación mediante mejores salarios”, explicó la Comisión.

En el caso de la Liga varonil, la COFECE determinó que los equipos mantuvieron derecho sobre futbolistas a los que recién se les venció el contrato y si otro conjunto quería contratarlos debía negociar con ellos.

“La duración de esta conducta fue de por lo menos 10 años, de junio de 2008 a diciembre de 2018, aunque varios agentes económicos participaron por un periodo menor”, afirmó la autoridad.

El total del daño estimado al mercado por ambas prácticas fue por 83 millones 375 mil pesos y los equipos que pagarán la multa son América, Pachuca, Cruz Azul, Morelia, Guadalajara, Santos Laguna, Tigres UANL, Toluca, Pumas UNAM, Monterrey, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro y Puebla.

En respuesta, la FMF y la Liga MX informaron que fueron notificadaos sobre la resolución de la COFECE, e indicaron que tal como se informó en su momento el derecho de retención de jugadores al que se refería la Comisión, denominado “Pacto de Caballeros” concluyó en 2018, como resultado de las pláticas y negociaciones entre la FMF, la Liga MX y la AMF Pro. Mientras que el tope salarial concluyó en mayo de 2019.

Así, dijo que ambas prácticas fueron erradicadas previo a la determinación emitida por la COFECE respecto a un posible incumplimiento con el marco normativo de competencia económica.

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una sanción económica a PT y al Partido Verde un monto total de 4.6 millones de pesos derivado de seis quejas en contra de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ que conformaron en San Luis Potosí para postular a Ricardo Gallardo a la gubernatura.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, aseguró que las sanciones se imponen tras acreditarse irregularidades por un monto total de 3.1 millones de pesos, aunque precisó que dicha cantidad no impactó en el rebase de topes de gastos de campaña.

La consejera del INE explicó que tras una revisión se acreditó la omisión del registro y comprobación de diversos gastos denunciados, la subvaluación de algunas erogaciones reportadas y la falta de veracidad en el reporte de varios gastos realizados por el entonces candidato Gallardo Cardona.

La Consejera Favela aclaró que estos gastos que se detectaron deben prorratearse con otras candidaturas de la coalición conformada por ambos partidos en la entidad como son de diputaciones locales y ayuntamientos al haberse beneficiado de dichas erogaciones.

En consecuencia, se determinó sancionar a dichos institutos políticos por cada una de las irregularidades que cometieron:

Las sanciones por partido se dividieron en: 3 millones 835 mil 348 pesos con 26 centavos para el Partido Verde, y 856 mil 209 pesos con 21 centavos para el PT.

En otros temas relacionados con el PT, el INE pospuso la multa de 119 millones de pesos que perfilaba para el partido aliado de Morena, luego de que acreditara que el instituto político se benefició  con al menos con 59.9 millones de pesos que la esposa del dirigente nacional, Alberto Anaya, desviara en Nuevo León.

Los recursos de los que echó mano el PT fueron aquellos que el gobierno estatal destinó para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), y se hizo a través de la organización Tierra y Libertad, la cual era dirigida por Guadalupe Rodríguez.

Después de las elecciones del 6 de junio, comenzó a correr un periodo de 40 días en que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisó los reportes de ingresos y gastos que por ley todos los candidatos tuvieron que haber presentado.

Ayer jueves 22 de julio concluyó dicho periodo y, durante la sesión extraordinaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, reveló que como resultado de la revisión que realizó, se aprobaron sanciones por más de 1,203 millones de pesos ante las diversas irregularidades detectadas.

Al dar cuenta del tamaño del trabajo realizado a 49 días de concluidas las campañas, Córdova Vianello destacó la revisión y fiscalización de 39 mil 448 informes correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos.

También, dijo Córdova, se revisaron aleatoriamente 1 millón 406 mil 126 eventos proselitistas; 754 mil 910 registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización y 24 mil 319 cuentas bancarias, además de que se atendieron 748 quejas vinculadas con las campañas.

Recordemos que la fiscalización parte de los reportes que los propios candidatos y sus partidos presentaron “en tiempo real” durante las campañas electorales, así como los reportes finales después de la elección.

El INE revisa y contrasta esta información con diversas fuentes, como reportes de las instituciones bancarias, solicitudes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o el seguimiento de los eventos y publicidad de los candidatos.

El partido político con más sanciones como producto de la fiscalización de las campañas de 2021 fue Morena, que tendrá que pagar multas equivalentes al 17% de su financiamiento público federal de este año, es decir, 373 millones de pesos.

Le siguen los partidos Redes Sociales Progresistas, con multas por 103 millones de pesos, y Fuerza por México, con 101 millones, en cuyos casos perdieron su registro.

El INE señaló que durante la revisión contable se advirtieron 60 tipos de irregularidades que cometieron los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. En ocho de estas conductas se concentra el 73.10% de las sanciones impuestas, entre las cuales destacan los egresos no reportados.

La mayor parte de las multas son producto de dos conductas por parte de los candidatos: la ausencia de reporte de gastos y el hallazgo por parte del INE de gastos de campaña en donde los candidatos no tuvieron comprobantes para demostrarlos. En el primer caso, la autoridad electoral identificó gastos no reportados por 80 millones de pesos en las campañas federales y 268 millones en las campañas locales. En segundo lugar, los gastos que los candidatos no pudieron acreditar fueron por 48 millones en las campañas federales y 161 millones en las campañas locales.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre sanciones de inhabilitación y multas resarcitorias por casi 86 millones de pesos en conjunto a dos ex servidores públicos y uno más en funciones, a quien se destituyó, del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los tres funcionarios fueron señalados de omisión y deficiencia en su desempeño, lo cual llevó a que no se pudieran cobrar créditos fiscales, ocasionando daños al erario público.

En ese sentido, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que se trabaja de manera conjunta y coordinada con el SAT para prevenir y castigar ineficiencias y posibles actos de corrupción en los que pudieran estar involucrados funcionarios públicos.

La dependencia informó que tras una cuidadosa investigación y procedimientos responsabilidades, el Órgano Interno de Control (OIC) en el SAT sancionó con inhabilitación por 10 años y multa total por 56 millones 938 mil 364 pesos a un Subadministrador Local Jurídico, quien también fue destituido, y a una ex Jefa de Departamento de lo Contencioso, adscritos a la ahora Administración Desconcentrada Jurídica de Zapopan, Jalisco.

Al dar seguimiento a una denuncia presentada por la Administración Central de Impuestos Internos del SAT, el OIC determinó que luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la deuda de una persona física, los funcionarios no realizaron las gestiones necesarias para emitir un crédito fiscal, lo que resultó en daño al erario al no poderse recuperar el monto millonario equivalente a la multa impuesta.

En otro caso, luego de una denuncia presentada por la Administración General de Evaluación del SAT, el OIC en el organismo sancionó con inhabilitación por 10 años y multa económica por 28 millones 774 mil 125.18 pesos a un ex Abogado Tributario adscrito a la ahora Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua. Se determinó que, faltando a sus responsabilidades, el exfuncionario público realizó una indebida notificación a una empresa, lo que ocasionó que ya no se le pudiera cobrar un crédito fiscal por la cantidad señalada.

Ricardo Monreal presentó el texto de la iniciativa que había anunciado días atrás, que busca regular las redes sociales en nuestro país, otorgándole al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la responsabilidad de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio.

Mediante un vídeo a través de redes sociales, Monreal señaló que las redes sociales y las plataformas digitales “se han erigido y convertido no sólo en poderosos emporios económicos, sino también poderosos instrumentos de comunicación”.

Dijo que por esa razón, el Estado no puede mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente a este poderío que, debe de ser regulado por órganos del Estado y contar con límites bien establecidos, conforme a la Constitución y a la ley.

“Creo que ha llegado el momento de hacerlo y por eso el Poder Legislativo debe de instrumentar y crear normas jurídicas que puedan hacer y lograr este propósito”, apuntó.

Monreal informó que se reunió con administradores y directivos en México de los prestadores de servicio de las redes sociales más importantes como Facebook y Twitter, con quienes se comprometió a escucharlos para mejorar la iniciativa que presentará en la materia.

Antes de formalizar la iniciativa, el legislador dijo que la publicó en su sitio de internet para que expertos, académicos, especialistas y usuarios de estas plataformas digitales debatan sobre la misma.

“No es una iniciativa que pretenda cercenar, obstaculizar o censurar, como equivocadamente han afirmado algunos comunicadores y gente que no está enterada del propósito principal”, dijo. Aclaró que no presentará formalmente la iniciativa hasta después de recibir los comentarios, enriquecerla y mejorarla.

El texto presentado menciona que las personas físicas y morales que se consideren redes sociales relevantes, es decir, que tengan más de un millón de suscriptores, deben ser autorizadas por el IFT para prestar sus servicios. Incluso menciona las multas que habría para quienes incumplan lo dispuesto.

“Las infracciones a lo dispuesto en el capítulo II del Título Sexto de la presente Ley y a las disposiciones que deriven del mismo, se sancionarán por el instituto con una multa por el equivalente a 1 a 1,000,000 Unidades de Medida y Actualización vigentes en la Ciudad de México”, señala la propuesta. Considerando que la UMA es de 89.62 pesos diarios, según datos del INEGI, las multas irían de los 89.62 pesos hasta los 89 millones 620 mil pesos.

Las redes sociales relevantes deberán contar con un departamento que atienda las quejas de los usuarios, y será el IFT quien vigile y de seguimiento a dichas quejas, tarea que hasta ahora correspondían a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Se indica que si bien las redes sociales podrán, mediante un mecanismo interno, suspender una cuenta o perfil, eliminar un contenido o cancelar en forma definitiva la cuenta, los términos y condiciones para que eso ocurra deben ser autorizados por el IFT.

La suspensión de cuentas o perfiles, así como la eliminación de contenidos, serán procedentes sólo si se acredita que el contenido “atacan la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público, se afectan los derechos de los menores de edad, corresponden a mensajes de odio, y se revelen datos personales en violación a lo dispuesto por las leyes de la materia.

Monreal recordó que un ente privado también debe de estar sometido a la ley y al derecho para que no viole derechos humanos de usuarios y de quienes hacen uso de estas tecnologías de la información. “No puede un ente privado privarte de tus derechos, ni eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión, sin ningún recurso de defensa”, expuso.

Recordemos que el presidente López Obrador ha sido crítico con las redes sociales, incluyendo la decisión de Facebook de desactivar la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump. Adicional, el mes pasado, antes de aislarse por su contagio de Covid-19, el mandatario señaló directamente a un directivo de Twitter en el país, por su “afinidad” con la oposición, lo que dijo, podría comprometer la neutralidad de la empresa.

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Sin embargo, un grupo latinoamericano de la industria de internet, que incluye a Facebook y Twitter, dijo que la iniciativa de Monreal crearía barreras comerciales injustificadas en violación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).

“La necesidad de obtener una autorización (…) atenta contra lo establecido en el TMEC (…) poniendo barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en EEUU ni en Canadá, generando incertidumbre jurídica y limitando el flujo transfronterizo de datos”, dijo ALAI en el comunicado.

Monreal aseguró que la reforma no violaría el T-MEC porque tiene como objetivo regular las plataformas de redes sociales en “lo que se refiere a los contenidos relacionados con libertad de expresión, lo que no significa invadir la esfera de la libertad de comercio que regula el TMEC”.

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) impuso multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a las instituciones bancarias: Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan y a 11 personas físicas, por coludirse para manipular el mercado secundario de deuda soberana entre 2010 y 2013.

La Comisión dijo que para la colusión, se intercambiaron mensajes, a través de chats, utilizando las plataformas tecnológicas de comunicación que contratan los bancos como herramientas de trabajo.

La Comisión acreditó que los bancos y traders (personas físicas) establecieron 142 acuerdos contrarios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), para manipular precios, establecer la obligación de no comercializar y/o no adquirir ciertos valores gubernamentales en transacciones específicas, mismos que tuvieron un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en dichas transacciones en el mercado secundario.

La COFECE precisó que dichas conductas, se generó un daño al público inversionista que adquirió los bonos objeto de la colusión.

“Se calcula que estas prácticas anticompetitivas, realizadas entre 2010 y 2013, generaron un daño al mercado de 29 millones 389 mil pesos”, detalló la Comisión

Aclaró que dado el periodo en que fueron cometidas dichas conductas, la ley de competencia que aplica es previa a la vigente y establece montos menores de sanción en comparación con la actual, además de que existe una metodología para el cálculo de los montos de las multas que se aplican en todos los casos que atiende COFECE, la cual está basada en el principio constitucional de proporcionalidad con base en el daño acreditado al mercado.

Debido a que la investigación se hizo pública en 2017, en 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya había impuesto multas a algunos de los bancos por manipulación en los volúmenes de operación.

Santander respondió en un comunicado que “no acepta las imputaciones” de Cofece y que “recurrirá a tribunales a fin de combatir legalmente” la determinación. BBVA, el otro banco español acusado, dijo que tiene “una interpretación diferente” a la de la autoridad y que analizará sus siguientes pasos. El resto de las instituciones no ha hecho comentarios.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que en lo que va de noviembre ha sancionado a nueve empresas contratistas del sector Salud con inhabilitaciones de más de tres años y multas económicas por un monto global de 18 millones 527 mil 670 pesos.

Las acciones contra las empresas del sector salud son resultado de investigaciones donde se comprobó que se falseó información o bien se constató el incumplimiento de contratos.

“Estamos poniendo un alto al abuso de contratistas y proveedores que abusaron de los recursos públicos durante el régimen neoliberal, cuando la salud se veía como un negocio y no como un derecho humano fundamental”, afirmó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

“La Función Pública se ha propuesto romper esa alianza que se dio entre contratistas y proveedores con servidores públicos para abusar del sistema de Salud”, añadió la colaboradora del gobierno de la 4T.

Las empresas sancionadas son Multicorporación Brexot, Cohmedic, Degasa, Insumos Médicos Geva, Kingsmac, Dibiter, Med Prime, Grupo Constructor Vadonne y Clayton de México, proveedores de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Detalló los casos de cada empresa: Multicorporación Brexot, inhabilitada por 45 meses y multada con 1 millón 954 mil 800 pesos incumplió con la entrega completa, en el lugar pactado y en los plazos estipulados, de 250 ventiladores mecánicos, por lo que el ISSSTE tuvo que erogar gastos extras, lo que provocó un daño al erario. El corporativo Cohmedic, inhabilitado por 45 meses y multado con 1 millón 901 mil 25 pesos incumplió con la entrega total de 490 mil pares de botas quirúrgicas, lo que afectó gravemente la atención a los derechohabientes durante la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa México.

La empresa Degasa recibió una doble sanción por el incumplimiento de dos contratos celebrados con el ISSSTE para la entrega de distintos envases; por cada uno se le aplicó una inhabilitación de 45 meses y una multa por 1 millón 901 mil 25 pesos, que en conjunto asciende a 3 millones 803 mil pesos. En el caso de Insumos Médicos Geva, la sanción aplicada consiste en 45 meses de inhabilitación y multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir la entrega al ISSSTE de más de 6 mil equipos médico.

La empresa Kingsmac no entregó al ISSSTE 135 mil piezas de Mascarilla N95 Certificación Niosh, por lo que fue objeto de una inhabilitación de 45 meses y una sanción económica por 1 millón 954 mil 800 pesos.

A Dibiter se le impuso una inhabilitación por un término de dos años y una multa por 538 mil 656 pesos por incumplir contratos con el IMSS y el ISSSTE, mientras que Med Prime fue sancionada con dos multas por un monto total de 2 millones 673 mil 264 pesos y 2 inhabilitaciones por tres años cada una por haber presentado información falsa durante procesos de adjudicaciones.

Finalmente, la empresa Grupo Constructor Vadonne fue sancionada con una inhabilitación por 45 meses, y con multa por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir un contrato al realizar obras de remodelación fuera de especificación y defectuosas en el Hospital de Alta Especialidad “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, mientras que Clayton de México fue inhabilitada por 45 meses y una multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos al incumplir un contrato con el ISSSTE para la instalación y puesta en operación de 30 generadores de vapor para diferentes unidades médicas a nivel nacional.

“Sancionamos ya a quienes, individualmente o en grupo, habían monopolizado los servicios y la venta de insumos médicos y medicamentos a nuestros sistemas públicos de salud, y ahora estamos haciendo justicia administrativa y poniendo un alto a contratistas, proveedores y empresarios que se resisten a aceptar que esto ya cambió”, remató la titular de la Función Pública.

En su habitual conferencia de prensa sobre la situación de la pandemia de Covid-19 en la capital, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que

Indicó que al día de hoy se tienen 75 mil 383 casos acumulados de coronavirus en la Ciudad, lo cual atribuyó a que es la CDMX la entidad que más pruebas hace en todo el país para detectar contagios.

Del total de casos, se estima que 5 mil 697 sean casos activos. Sobre el número de muertes asociadas al virus, se tiene el registro de 9 mil 32 personas.

Sobre las hospitalizaciones en la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo precisó que hay 3 mil 220 personas que en los hospitales; y aunque en los últimos días se venía presentando una disminución en la hospitalización, ayer de nueva  cuenta volvió a repuntar.

“Tuvimos cuatro días de una reducción muy importante. El día de ayer tuvimos un incremento de alrededor de 30 camas adicionales ocupadas, pero respecto a las semanas anteriores pues es el día más bajo desde el pico. Bueno, antier fue el día más bajo, ayer creció un poco, pero estamos todavía revisando lo que va a ocurrir en los siguientes días y tenemos una tendencia a la baja como quiera de las últimas 10 semanas a la fecha”, detalló la mandataria.

En cuanto a la capacidad hospitalaria, se informó que 51.6% de las camas de hospitalización general disponibles, es decir, 2 mil 534. En el caso de los espacios de terapia intensiva, se señaló que el 59.3% de las camas se encuentran disponibles, equivalentes a mil 214.

La Jefa de Gobierno indicó que debido a la reducción en el número de camas ocupadas, al ya no tener tantos pacientes Covid, algunos hospitales están recuperando la atención que habían pospuesto durante varios meses.

Añadió que se han realizado 131 mil 814 pruebas de COVID en la Ciudad de México, de los cuales el 40.6% ha sido positivo.

Sobre lo publicado esta mañana en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sobre permitir que los restaurantes y establecimientos de venta de comida podrán tener música al interior de los establecimientos, pese a que prohibirlo había sido una medida para desincentivar los contagios de Covid-19.

“Se permitirá la música viva, grabada y videograbada en los restaurantes y establecimientos mercantiles que tienen como giro principal la venta de alimentos preparados. Lo anterior durante el horario permitido para operar conforme al color del Semáforo Epidemiológico, con un límite máximo de volumen de 62 dB (A)2″, se publicó en la Gaceta.

Al respecto, Claudia Sheinbaum indicó que la medida se canceló, pues fue una petición de los propios restauranteros y músicos. Dijo que se hizo una valoración con el área de la Agencia de Protección Sanitaria y se encontró que si es música muy bajita, en ciertos decibeles, no hay problemas.

En relación a la propuesta del legislador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, para sancionar a todos los ciudadanos que no utilicen cubrebocas o caretas al ingresar a un establecimiento comercial, la Jefa de Gobierno dijo que no estaba de acuerdo.

“No estoy de acuerdo. Nuestro objetivo ha sido siempre la educación, la formación, la información a la ciudadanía y creo que ha sido muy importante la participación ciudadana. El número de personas que utilizan de manera adecuada el cubrebocas ha ido incrementándose en la ciudad y vamos a seguir insistiendo en la información. No estamos de acuerdo en el tema de las multas a los ciudadanos; se han generado además temas de abuso policial en otros lados y no queremos caer, no creemos”, declaró.

Dijo que entrarán en comunicación con los legisladores, pues en el gobierno capitalino no creen que sea necesaria una medida como esa, aunque aseguró, es importante seguir insistiendo en el uso de cubrebocas.

Dieciséis cadenas comerciales nacionales e internacionales son las que más denuncias registran por parte de los trabajadores por violar sus derechos laborales durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19 en el país.

Soledad Aragón Martínez, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, advirtió que las empresas serán revisadas y se determinará si se aplicarán multas, las cuales podrían alcanzar hasta los 434 mil pesos.

Las cadenas comerciales expendedoras de alimentos y de artículos de oficina que más denuncias registran por incumplimiento a la declaratoria de la contingencia sanitaria son: Cervecería de Barrio, Office Depot, Toks, El Portón y Starbucks.

“Son las que más denuncias hemos recibido de estas empresas y, por eso ya se les envió la inspección y se va a proceder administrativamente con ellas”, advirtió la funcionaria.

Otras empresas acusadas por los trabajadores son: Corporativo Alsea, Farmacias San Pablo, Bisquets Obregón, Parisina, Monte de Piedad, Sumesa, Soriana, Palacio de Hierro, Taco Naco, Grupo Posada y Estrella Roja del Sur.

“También han recibido denuncias por parte de trabajadores y que también estaremos dándole seguimiento y emitiendo la inspección correspondiente. Éstas son las que presentan el mayor número de denuncias en la Procuraduría del Trabajo”, alertó.

Indicó que en caso de acreditarse que se han violentado los derechos laborales de los trabajadores, los negocios podrían ser acreedores a sanciones administrativas que implica la aplicación de multas que podrían oscilar desde los 21 mil 720 pesos hasta los 434 mil 440 pesos por cada infracción.

Detalló que una empresa puede tener diversas infracciones en una misma inspección, como bajar salarios, no pagar, haberlos dado de baja en el IMSS, cambiarles el horario, hacerlos trabajar horas extras.

La funcionaria mencionó que se coordinarán con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

También se informó que el gobierno capitalino ofrece tres seguros de desempleo a la población que fue despedida durante la emergencia sanitaria, con la que se prevé alcanzar 52 mil 500 beneficiarios.

Se detalló que se otorgarán tres tipos de seguro de desempleo: el programa social por seguro de desempleo que asciende a dos mil 641 pesos mensuales; apoyo para el desempleo de mil 500 pesos mensuales; y el apoyo emergente para personas no asalariadas residentes de la Ciudad de México ante la emergencia, también de mil 500 pesos, que sólo será un pago único.

Evite multas, este sábado El programa Hoy No Circula aplica para todos los vehículos con holograma 2 y por ser el segundo sábado del mes, también para las unidades con holograma 1, terminación de placa par.

Los automoviles que califiquen como foráneos también tienen limitada la circulación vehicular todos los sábados de 05:00 a 22:00 horas, mientras que los vehículos con holograma 00 (doble cero) y 0 (cero) circulan de manera libre todos los sábados.

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, los vehículos que tengan holograma 1 dejarán de circular los sábados de 05:00 a 22:00 horas de acuerdo con su placa, es decir, si la placa termina en número impar, la unidad descansa el primer y tercer sábados, pero si es par, lo hará el segundo y cuarto sábados del mes.

Asimismo, los automotores con holograma 1 dejan de circular de 05:00 a 22:00 horas un día entre semana, dependiendo de la terminación de la placa: terminación en 5 o 6 (amarillo) descansan los lunes, terminación 7 u 8 (rosa) los martes, terminación 3 o 4 (rojo) los miércoles, terminación 1 o 2 (verde) los jueves, y terminación 9 o 0 (azul) los viernes.

En los meses que tienen un quinto sábado, los vehículos con holograma 1 podrán circular de manera normal.

Además, los vehículos con holograma 2 dejarán de circular todos los sábados de 05:00 a 22:00 horas; de lunes a viernes de 05:00 a 11:00 horas; de 05:00 a 22:00 horas un día entre semana, según la placa: terminación en 5 o 6 (amarillo), descansan los lunes; terminación 7 u 8 (rosa), los martes; terminación 3 o 4 (rojo), los miércoles; terminación 1 o 2 (verde), los jueves; y terminación 9 o 0 (azul), los viernes.

Los autos que califiquen como foráneos dejarán de circular todos los sábados de 05:00 a 22:00 horas, así como de lunes a viernes de 05:00 a 11:00 horas, y de 5:00 a 22:00 horas un día entre semana que depende de su placa: terminación en 5 o 6 (amarillo), los lunes; terminación 7 u 8 (rosa), los martes; terminación 3 o 4 (rojo), los miércoles; terminación 1 o 2 (verde), los jueves; y terminación 9 o 0 (azul), los viernes.

Tras la entrada en operación de las llamadas Fotocívicas, el gobierno de la Ciudad de México informó que ya se puede consultar las faltas cometidas por los automovilistas.

Y es que el pasado  lunes 22 de abril comenzó a operar el sistema Fotocívicas, programa que sustituyó a las Fotomultas, y que busca transformar una política con “fines recaudatorios e ineficaz” a uno que busca cambiar conductas.

“Las Fotocívicas generarán mayor seguridad al transformar la conciencia y la educación vial de quienes conducen automotores en la Ciudad de México”.

Para las Fotocívicas se utilizan las mismas 58 cámaras y 80 radares del anterior sistema (propiedad del Gobierno capitalino); se reubicaron en vialidades con más incidentes viales; en puntos donde se registra mayor número de traslados y en tramos donde el límite velocidad suele no ser respetado.

El gobierno ha resaltado que la ubicación de las cámaras ahora es pública pues su función es preventiva, no recaudatoria.

Cada auto con placa particular de la Ciudad de México cuenta con 10 puntos, que serán restados en caso de incurrir en faltas al Reglamento de Tránsito. Por cada sanción, se restará un punto, excepto al rebasar el límite de velocidad en más de 40% del límite permitido, infracción que restará 5 puntos de los 10 totales. Por las primeras dos faltas, el infractor recibirá amonestaciones consistentes en retroalimentación sobre su comportamiento al volante. A partir de la pérdida del tercer punto no será posible efectuar el proceso de verificación vehicular de la unidad, sino hasta que la persona propietaria cumpla con las sanciones asignadas.

Para recuperar los 10 puntos y poder verificar, todos los automovilistas y motociclistas deberán cumplir con sus sanciones cívicas. Solamente si se ha liberado este requisito y el pago de multas (en caso de tenerlas por infracciones diferentes a las consideradas en Fotocívicas), se podrá realizar la verificación vehicular.

Algunas de las infracciones al Reglamento de Tránsito que ameritan sanciones cívicas son: no usar el cinturón de seguridad; no respetar la prioridad y preferencia de paso de peatones; circular en sentido contrario; manejar a exceso de velocidad; invadir el paso peatonal; pasarse los altos; dar vuelta continua a la derecha y a la izquierda; sostener o cargar personas o animales en la parte delantera del automóvil; y usar distractores, como el celular.

Las sanciones económicas que se conservarán son aquellas que se aplican a vehículos con placas de personas morales, transporte público, transporte de carga, taxi y de otra entidad federativa o país; así como las registradas por policías de tránsito a través de dispositivos portátiles; las relacionadas con infracciones por violar las reglas y horarios en zonas de parquímetros; y las correspondientes por invasión al carril confinado del Metrobús.

Si bien las notificaciones sobre ambos tipos de falta se realizarán a domicilio o por medios electrónicos, el gobierno puso a disposición de la ciudadanía la página:

https://www.tramites.cdmx.gob.mx/infracciones/