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Un juez concedió un amparo provisional a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según revelaron este jueves documentos judiciales.

El juez admitió a trámite el amparo que interpuso Murillo Karam tras su vinculación a proceso el pasado 24 de agosto por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia que presuntamente cometió cuando era el encargado del caso como titular de la PGR en 2014.

«Se admite la demanda de amparo. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, para cuya celebración se fijan las 11:00 horas del 11 de octubre», establece la resolución del expediente 771/2022 del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

De concederse el amparo definitivo, Murillo Karam podría suspender su proceso judicial por el caso de la desaparición de los estudiantes-

El juez reconoció además «la existencia de diversos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso».

Diversos medios han señalado que los abogados de Murillo Karam también buscan un amparo para suspender la prisión preventiva que le fue dictada.

El arresto de Murillo Karam, el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa, ocurrió tras conocerse el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó que la desaparición de los 43 normalistas fue un «crimen de Estado» con autoridades involucradas de todos los niveles, además de que señala que no hay indicios de que estén vivos.

El informe y la detención del exfuncionario han reavivado la polémica sobre el caso Ayotzinapa a días de que se cumplan ocho años de los hechos.

Un juez determinó esta tarde que existen elementos suficientes para procesar penalmente al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, por diversos delitos en relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con información difundida por el Consejo de la Judicatura Federal  (CJF), Murillo Karam fue vinculado a un proceso penal por los delitos de por desaparición forzada y tortura.

Además, el exfuncionario deberá responder en un juicio por delitos contra la administración de justicia, según decidió el juez en la audiencia que se celebró este miércoles en el Reclusorio Norte.

Durante la audiencia, que dio inicio poco después de las 09:00 horas, el excolaborador del sexenio pasado dijo que la llamada «Verdad Histórica» no había podido ser refutada. «Se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, puedo aceptar algunos errores,  pudo haber fallas, y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar».

Murillo, quien también fue diputado, senador y gobernador de Hidalgo entre 1993 y 1998, fue detenido el viernes pasado, convirtiéndose así en la aprehensión del exfuncionario de más alto rango hasta el momento por el caso de la desaparición de los estudiantes.

Murillo Karam estuvo a cargo de la fiscalía general durante la primera mitad de la gestión del exmandatario Enrique Peña Nieto. En ese tiempo, encabezó los esfuerzos del gobierno federal por resolver lo sucedido.

Expertos independientes encontraron serias fallas en sus conclusiones, que sostenían que los normalistas de la escuela de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero por órdenes de un grupo criminal. Ahora, fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricar la Verdad Histórica.

Y es que dar con el paradero de los normalistas fue una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, quien relanzó las investigaciones tras asumir el cargo a fines de 2018.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó esta mañañana que el extiular de la extienda Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, preso desde el pasado viernes por el caso Ayotzinapa, debe hablar, incluso bajo criterios legales que le beneficien.

Durante su conferencia matutina, AMLO consideró que Murillo Karam podría acogerse al llamado criterio de oportunidad, una figura legal que permite a un testigo declarar bajo protección o con negociación de penas más reducidas.

«Sí, todos (los involucrados en el caso). Inclusive sin acogerse (al criterio de oportunidad) este es un asunto de dignidad, si alguien está siendo acusado injustamente, tiene que hablar», respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

López Obrador se refirió a la audiencia que tiene inició esta mañana en la que su defensa busca presentar las pruebas que demuestren su inocencia, aunque también podrían procesarlo por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Murillo Karam está acusado de ser uno de los fabricantes de la llamada Verdad Histórica, una versión del gobierno de Enrique Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

En este contexto, López Obrador le pidió que en la audiencia ofrezca más detalles del caso. «Los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen, si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden», manifestó López Obrador.

La audiencia del exprocurador, que inició pasadas las 09:00 hrs en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, ocurre tras conocerse el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, además de que señala que no hay indicios de que los normalistas estén vivos.

Recordemos que el criterio de oportunidad fue otorgado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con el objetivo de que revelara información sobre actos ilícitos cometidos por servidores públicos de más alto rango.

El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil del caso hasta ahora, mientras el gobierno busca la extradición desde Israel de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.

«El mismo procurador de entonces asegura que él es responsable con el señor Zerón, de acuerdo con la versión pública, y dada a conocer por la Fiscalía», dijo el presidente, por lo que reiteró su llamado al gobierno de Israel para colaborar con la extradición de Zerón.

«No pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta, diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar» dijo AMLO, aunque lamentó que ya se ha haya demorado mucho dicho proceso.

López Obrador también se comprometió a entregar «toda la información, completa» de la Comisión de la Verdad que él ordenó crear en 2018 al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un juez mexicano ordenó garantizar la salud física y mental, así como las comunicaciones de Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), quien fue detenido por su presunta participación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia penal, en la Ciudad de México, Antonio González, señaló en su resolución judicial que la salud del exprocurador debe ser cuidada en un contexto en el que todavía persiste la pandemia de COVID-19.

El juez indicó que Luis Ángel Hernández, director del Reclusorio Norte, donde se encuentra Murillo Karam desde el sábado, “queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica» del detenido.

«Por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio”, añadió.

González también le concedió a Murillo una “suspensión de plano para el efecto de que cesen los actos de incomunicación”, aunque eso no implica su libertad porque se mantiene una orden de prisión preventiva por alto riesgo de fuga.

Además, se ordenó permitir el acceso de familiares, abogados y autorizados.

Fue el pasado viernes, cuando la Fiscalía General de la República y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) arrestaron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso Ayotzinapa, así como por la fabricación de la llamada Verdad Histórica.

El exprocurador enfrentó su primera audiencia el sábado, en donde se le concedió una segunda audiencia para el mañana a las 08:00 horas, con el fin de que su defensa presente las pruebas que lo deslinden del “crimen de Estado”.

Recordemos que el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica primera versión que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que habría intervenido Murillo Karam, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 normalistas fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el periodista Jorge Fernández Menéndez sobre la detención Murillo Karam en relación al caso Ayotzinapa, su relevancia e implicaciones políticas, y qué se podría esperar; además del proceso que se le sigue a Rosario Robles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que no habrá impunidad para las personas que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e indicó que todos están siendo juzgados, esto tras la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam.

“Estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó, ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador aseguró que existe una “gran corresponsabilidad” de muchas personas en la desaparición de los estudiantes, ocurrida en Guerrero el 26 de septiembre de 2014, pero dijo que quienes participaron de manera directa “son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra».

Cuestionado sobre si debería detenerse al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), el mandatario indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) o los jueces los que determinarán si hay otros involucrados.

“Lo van a decidir en absoluta libertad, lo mismo si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables aparecen nuevas versiones más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”, apuntó el mandatario.

Negó que las órdenes de aprehensión hayan tardado en presentarse, pues aseguró que se hizo una “investigación minuciosa” y que se actuó “con mucho profesionalismo”, refiriéndose así al informe presentado el pasado jueves por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que concluyó que el acto fue un «crimen de Estado».

“Fueron muchos expertos nacionales y extranjeros, y se hizo una investigación a fondo, y ellos sin injerencia de ningún funcionario público, ni del presidente, elaboraron el informe, y ellos sin injerencia de nadie, ni del presidente, hicieron la lista de los que consideraban responsables, tanto de la desaparición de los jóvenes, como del ocultamiento de los hechos”, sostuvo.

El presidente hizo estas declaraciones cuestionado sobre la detención del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Murillo Karam, el pasado viernes acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.

López Obrador indicó que más allá de las pruebas que se presenten, el exfuncionario reconoció ser el responsable de la investigación que derivó en la “verdad histórica”.

“En el caso del procurador Murillo Karam, su detención independientemente de las declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía”, dijo López Obrador al presentar un fragmento del mensaje que ofreció el ahora titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero en una reunión con los padres de los normalistas.

Recordemos que el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada Verdad Histórica, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

El presidente López Obrador adelantó que pedirá al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que comparta mayores detalles, lo “sustancial” del caso, para que no quede “ninguna duda” sobre la investigación de lo ocurrido con la desaparición de los normalistas.

Durante la presentación del caso en contra del extitular de las PGR, Jesús Murillo Karam, este fin de semana la Fiscalía General de la República (FGR) dio indicio de la probable participación del actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en la fabricación de la llamada «Verdad Histórica».

Las autoridades mexicanas presentaron el testimonio de Bernardo Cano, quien fuera el director general adjunto, con adscripción al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces PGR.

Según lo presentado por la FGR, Cano optó por un criterio de oportunidad para colaborar en las pesquisas, al ser quien grabó las entrevistas y torturas a cuatro supuestos integrantes de Guerreros Unidos y que fueron utilizadas para sustentar la primera versión de lo ocurrido a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Según Cano, la elaboración de la «verdad histórica» se planeó con anticipación en una reunión en la que participarían altos mandos, entre ellos, Harfuch, quien entonces era el encargado de la Policía federal en Guerrero.

Al respecto, el funcionario capitalino utilizó sus redes sociales para rechazo los señalamientos que se han hecho en su contra, y calificó como «absurdo» el que se le intente vincular con la reunión que se ventiló se dio para “fraguar la Verdad Histórica”.

«Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días».

En diversas entrevistas, García Harfuch ha precisado que cuando ocurrió la desaparición de los normalistas él se encontraba en una asignación en Michoacán. «Es muy importante precisar que cuando suceden esos hechos (…) es muy importante en dónde estaba yo. Estaba en Buenavista Tomatlán, estaba en Nueva Italia», ha señalado.

«No estábamos solos, o con tres compañeros que pueden testificar, eran operativos muy grandes, de cientos de personas. Pueden corroborar el hotel en donde yo vivía en Nueva Italia, yo ya no estaba en Guerrero. Si hubiera estado, por supuesto que sales a asumir y eso no te hace responsable de ningún delito. Esas cosas no se pueden ocultar», añadió.

Otro implicado que fue mencionado durante la audiencia de Murillo Karam es Tomás Zerón, quien fuera el titular de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), y quien enfrenta un proceso de extradición hacia México desde Israel, por presuntas torturas para confirmar la entonces «Verdad Histórica» presentada por el gobierno en 2015.

También el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró no haber colaborado en la creación de la Verdad Histórica, y reiteró en un mensaje público que él y sus excolaboradores están dispuestos a declarar las veces que sean necesarias ante las autoridades judiciales.

Aguirre Rivero precisó que nunca se reunió con Murillo para construir la versión del asesinato y calcinamiento de los jóvenes en el basurero de Cocula, versión que, dijo, fue «desechada porque fue creada».

El exgobernador aseguró tener la conciencia tranquila y dijo que, desde las investigaciones en 2014, cortó su relación con el gobierno guerrerense para colaborar, cuando se separó por decisión propia, y la presión mediática en torno a las fallas en la atención de la inseguridad en el tiempo que administró el estado.

Consideró que no es momento de especular en las investigaciones que lleva a cabo la ahora Fiscalía General de la República (FGR) sobre la desaparición de los estudiantes en 2014, luego de versiones que lo señalan como uno de los participantes en la reunión donde se fraguó la versión.

“Reitero que nunca sostuve reunión alguna para planear la Verdad Histórica, nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte”, manifestó.

Aguirre expresó que es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones y quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia, y dijo que, de acuerdo con el informe de la propia Comisión de la verdad, participaron elementos de instituciones federales y municipales.

Abundó que tras el informe contactó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para expresarle su disposición de colaborar en la investigación del caso hasta que concluya.

El extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, permanecerá en prisión hasta el próximo miércoles 24 de agosto, fecha que se definió  para la segunda audiencia, luego de que fuera detenido por su presunta participación el «crimen de Estado» en el que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La segunda audiencia fue programada por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, a las 8:00 horas del próximo miércoles, tras más de 12 horas de duración de su primera comparecencia ante el Poder Judicial este fin de semana, en la que se concedieron tres recesos.

Durante la audiencia se informó de que el exfuncionario, a cargo de la entonces PGR durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, deberá permanecer en prisión preventiva, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que hay un elevado riesgo de fuga, al contar con una cuenta con más de 85 millones de pesos y múltiples propiedades en los estados de Hidalgo y Guerrero.

La defensa del exprocurador pidió la ampliación o «duplicidad» del plazo establecido para ofrecer pruebas en descargo de su defendido, razón por la cual la audiencia de «vinculación a proceso» se efectuará hasta el miércoles.

Recordemos que el pasado viernes, la FGR y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), arrestaron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso Ayotzinapa, así como por la fabricación de la llamada «Verdad Histórica».

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre. Según la polémica primera versión que presentó el gobierno de Peña Nieto, la llamada Verdad Histórica, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, además de que señaló que no hay indicios de que estén vivos.

La Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desmentido la Verdad Histórica al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en dicho basurero.

Su llegada al Reclusorio Varonil Norte se dio la mañana del sábado, luego de permanecer en las instalaciones de la FGR en Tacubaya, desde donde fue trasladado en una camioneta gris, escoltada por elementos de las fuerzas armadas.

Murillo Karam es hasta ahora el más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los normalistas.

Además de la detención del extitular de la PGR, la Fiscalía informó que obtuvo órdenes de captura contra 20 militares, 44 policías y cinco funcionarios estatales igualmente vinculados al crimen de los 43 normalistas. Adicionalmente, se autorizó la captura de 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del asesinato.

Luego de que comenzaran a circular en redes sociales versiones sobre la supuesta detención del exprocurador, Jesús Murillo Karam, por parte de la Interpol, el exvocero de la Procuraduría General de la República, Eduardo Zerón, desmintió la información.

A través de su cuenta de Twitter, Zerón García aseguró que se trata de un hecho “absolutamente falso” y agregó que el exprocurador se encuentra realizando sus actividades cotidianas.

“Derivado de un mensaje en redes sociales respecto a que el Lic. Jesús #MurilloKaram habría sido detenido por elementos de @INTERPOL_HQ, me permito informarles que es absolutamente #FALSO, él se encuentra realizando normalmente sus actividades particulares”, publicó el exvocero.

Murillo Karam es un abogado, integrante del PRI, que ha fungido como diputado, senador, fue gobernador de Hidalgo y procurador General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, particularmente recordado por la frase: ¡Ya me canse! tras dar a conocer la denominada verdad histórica sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela cómo un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) en tiempos de Jesús Murillo Karam estuvo involucrado con el consorcio que cobró a esa dependencia 32 millones de dólares por el malware espía.

 

Un funcionario de la Procuraduría fue socio fundador de una compañía ligada al grupo empresarial que vendió en 32 millones de dólares el malware espía Pegasus a la propia PGR.

 

Luis Fernando Ayala Puente, quien trabajaba en la oficina encargada de custodiar los bienes decomisados a delincuentes, fue socio fundador de la empresa CITELAE del Centro SA de CV, la cual registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), revela la investigación de MCCI.

 

Balam nació como empresa el 15 de mayo de 2012, mientras transcurría la pasada campaña presidencial, y el trámite de inscripción de su nombre comercial fue realizado por intermediación de CITELAE el 3 de julio del mismo año.

 

En octubre de 2014, una empresa filial de Balam, de nombre Grupo Tech Bull SA de CV, obtuvo de la PGR un contrato por 32 millones de dólares (equivalente a 450 millones de pesos de entonces) para surtir el malware de espionaje Pegasus, el cual ha sido utilizado para infectar teléfonos inteligentes de defensores de los derechos humanos, políticos de oposición y periodistas.

 

Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, uno de los accionistas de Balam, tiene vínculos con encumbrados personajes de la política. Un hermano de su papá es Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, Coordinador de Puertos y Marina Mercante, cercano al círculo político del senador Emilio Gamboa, y su primo Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal trabajaba en la oficina de la Presidencia de la República cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull.

 

El accionista de Balam ha negado reiteradamente el vínculo con Tech Bull, pese a que una cadena de correos filtrados por Wikileaks ha mostrado los nexos empresariales.

 

Además, en esta investigación se corroboró que el hermano de uno de los presuntos prestanombres de Tech Bull trabaja para Balam. Cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull, el socio fundador de CITELAE –la empresa ligada a Balam- tenía ocho meses de haberse incorporado como funcionario de segundo nivel en la PGR.

 

Investigación completa aquí