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Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) de la Cámara de Diputados, el auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, explicó los resultados de la auditoría 1394-DE, “Auditoría a la Suspensión y Cierre del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Texcoco)” y la metodología para realizarla.

Recordemos que Caso Raphael fue separado del caso temporalmente, en lo que se realizan las investigaciones correspondientes por las inconsistencias que la misma ASF reconoció en la auditoría 1394-DE y que el gobierno federal denunció.

El auditor aseguró que nunca ha sido presionado por nadie, ni agentes externos o internos, ni ha recibido presiones de alguna especie porque la ASF no obedece a intereses o influencias ajenas.

Explicó que el Informe Individual de Auditorías establece la metodología de desempeño focalizada en costos, que comprende los económicos invertidos en la construcción del proyecto, los montos erogados por la terminación anticipada de contratos y convenios, costos asociados a la recompra de bonos y liquidación y los costos legales.

Precisó que no se trata únicamente de medir indicadores de gestión o aspectos administrativos, sino verificar qué instituciones, programas, proyectos y política cumplan con sus objetivos y su razón de ser. “Lo sustantivo es evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, el avance de la atención de los problemas públicos y el impacto real de la gestión”.

Además, subrayó que el ente auditado contó con todas las prerrogativas para presentar información, ya que se le dieron los tiempos procesales, los resultados y se dio la oportunidad de confronta. “No hay discrepancias, se sigue una metodología y hay derecho de réplica para solventar temas, en el marco de un proceso que permita arribar a un buen puerto con cifras y cantidades”.

Y es que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intervino cuando la ASF informó que la cancelación del NAIM tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por la 4T, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

López Obrador aseguró que con “buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. No vamos a dejar pasar este asunto porque está de por medio la dignidad”. Fue él quien envió a Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, organismo del que depende la ASF, solicitando se iniciara una investigación sobre lo sucedido con el informe.

El presidente opinó que sería lamentable que la Auditoría hiciera mal las cuentas, e incluso dejó entrever que se trataba de una actitud politiquera por parte del organismo.

Al respecto, Agustín Caso señaló ante los diputados que el proceso de cancelación de un proyecto de las dimensiones como las del nuevo aeropuerto de Texcoco, ameritaba una serie de procesos, metodologías y planteamientos muy complejos para llevarlo a cabo, y “la recomendación se hizo desde la ASF es que el Grupo Aeroportuario tenga la capacidad y los sistemas de información que hagan transparente el proceso de cancelación.

Caso Raphael sostuvo que con la auditoría no se presentó ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado, ya que el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye; dijo que sólo se emitieron recomendaciones de carácter preventivo, propositivo y de control para la mejora de la gestión.

Incluso dijo que debido a que no se está ante un hecho completamente pagado o cerrado, el proceso que tiene un conjunto de escenarios jurídicos financieros y económicos pueden tardar en completarse hasta 26 años.

Manifestó que “no existió dolo o motivación política en el equipo auditor. No vengo a defender a capa y espada una cifra; vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan, con igual validez, dos ópticas distintas, a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes”.

Consideró que es importante superar la disyuntiva sobre dos criterios y enfoques metodológicos, porque ambos, en referencia al presentado por la ASF y a la del gobierno federal vía la Secretaría de Hacienda, tienen sustento constitucional, legal y técnico.

Enfatizó que la ASF se apega a su debido proceso y aunque las auditorías sean distintas no hay dolo, mala fe, ni errores. “Sería una cuestión grave si en temas importantes del país la Auditoría actuara con mala fe o con interés creados”.

Lo expuesto por el auditor especial coincidió con lo que el titular de la ASF expuso el pasado 1 de marzo cuando compareció ante los Diputados; David Colmenares aseguró que el organismo no confrontan ni mucho menos enfrenta a nadie, a ningún orden de gobierno ni a ningún gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abordó esta tarde, como es costumbre, un vuelo comercial con destino a Mérida, Yucatán; sin embargo, no imaginó la bienvenida que le daría el piloto de la aeronave.

“Le doy la bienvenida a nuestro querido presidente que nos acompaña el día de hoy, esperamos que se sienta a gusto, que disfrute el vuelo”, dijo el piloto del vuelo 533 de Aeromexico.

Sin embargo, la polémica llegó cuando el piloto añadió: “ojalá lo podamos convencer de que haga el aeropuerto en Texcoco, si no es posible, pues ni modo verdad”.

Acto seguido, diversos pasajeros aplaudieron, en muestra de apoyo a la petición que se le hizo al mandatario.

Más tarde, y tras finalizar el vuelo, representes de los medios de comunicación que acompañaban al presidente a su gira, informaron que el piloto Rafael Bolio refirió que AMLO le externó su decisión de mantenerse firme en el proyecto de Santa Lucía.

Esta tarde, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú informó que, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco costó 75 mil 223 millones de pesos, esto por concepto de obras realizadas, así como por los gastos no recuperables de los contratistas.

En conferencia de prensa el secretario indicó que los 692 contratos celebrados para el proyecto de Texcoco ya fueron liquidados.

Según el titular de la SCT, el monto total utilizado para la liquidación de los contratos, fue menos en 25 mil millones de pesos a lo presupuestado por el Gobierno al inicio de la cancelación de los contratos del puerto aéreo que se encuentra suspendido.

Sin embargo el Gobierno mexicano aún tiene una deuda por alrededor de 4 mil 200 millones de dólares que pagará a 19 años por la recompra de los bonos colocados en el extranjero.

Más temprano el presidente, Andrés Manuel López Obrador indicó que el proceso de liquidación había terminado el martes.

Y señaló: “Cumplimos con el compromiso que hicimos de hacernos cargo de bonos, de actuar con responsabilidad y de no afectar a ningún inversionista y de no quedar a deber ni un peso a los constructores”.

Hasta que se fundamente la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, este jueves un juez federal concedió una suspensión definitiva mediante la cual se ordena al Gobierno detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Mediante un comunicado publicado por el colectivo #NoMásDerroches, se dio a conocer que la orden judicial dictada por el juez quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, también ordena a las autoridades a mantener las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

De acuerdo con el documento, “Con esta nueva medida cautelar obtenida por #NoMásDerroches, la construcción del AISL tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva”.

Además el gobierno no solo tendrá que presentar los estudios técnicos en materia ambiental, aeronáutica y arqueológica, sino que deberá concluir el juicio de amparo para que las autoridades, en caso de ganar el juicio, inicien las obras en la base aérea militar número 1.

Este sábado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con la liquidación de los contratos para la construcción del Edificio Terminal de Pasajeros del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el Gobierno federal se “libró de un problema”.

Durante un evento en Matías Romero, Oaxaca el presidente dijo: “Ya prácticamente se terminó de liquidar lo que se le debía a las empresas que se contrataron para hacer el aeropuerto en Texcoco. Ya se pagó esa deuda y nos liberamos de un problema, porque ese aeropuerto que querían hacer significaba cerrar dos aeropuertos, para hacer el de Texcoco se tenía que cerrar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se tenía que cerrar el aeropuerto militar de Santa Lucía”.

El viernes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que finiquitó el contrato para la construcción del Edificio Terminal de Pasajeros del NAIM por un monto de 14 mil 220 millones de pesos.

El contrato había sido celebrado entre el Consorcio Terminal Valle de México (CTVM) y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

El Grupo Aeroportuario y el consorcio integrado por Cicsa, Prodemex, GIA, La Peninsular e ICA lograron un acuerdo en el que establecieron desistir de las demandas y establecer un finiquito del contrato equivalente a 16.7 por ciento de lo que hubiera costado el edificio principal; es decir, los 14 mil 220 millones de pesos, señaló la SCT en un comunicado.

En Oaxaca el presidente criticó que se el NAIM se construía en un terreno que se hunde “más de medio metro por año” y declaró “¿En qué cabeza cabe hacer un aeropuerto en un lago? (…) ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Pues ‘los billuyos’, el negocio. Iban a cerrar el actual aeropuerto, que son 600 hectáreas e iban a convertir esas 600 hectáreas en grandes centros comerciales, como Santa Fe, en un negocio inmobiliario”

La Semarnat publicó el Resolutivo de Impacto Ambiental del proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía y avaló su construcción y operación hasta por 50 años.

A través de su Gaceta Ecológica, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el Resolutivo y dio luz verde a la construcción del proyecto de infraestructura más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta, el aeropuerto “Felipe Ángeles” cuenta con una vigencia de operaciones de 33 a 50 años.

El Resolutivo fue una respuesta a la Manifestación de Impacto Ambiental promovida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entidad a la que el presidente López Obrador asignó la titularidad de la planeación y obras de la nueva terminal aérea civil.

En el extenso reporte elaborado por la Semarnat, de más de 900 páginas, el apartado de Pronóstico Ambiental establece que tras los diversos análisis realizados al Sistema Ambiental Regional sede del proyecto, se descarta la posibilidad de riesgos ecológicos importantes para su ejecución.

La autoridad federal consideró que si se aplican las medidas de mitigación recomendadas para los impactos ambientales identificados, la construcción y operación del aeropuerto se puede llevar a cabo sin afectaciones significativas al medio natural, social y económico.

“La tendencia de crecimiento de las zonas urbanas, así como del desarrollo agrícola e industrial que se ha presentado en las últimas décadas, propicia que los impactos ambientales asociados al proyecto sean de baja magnitud, poco significativos, temporales y recuperables, ya que una vez con la entrada en operación del proyecto, las condiciones actuales de los factores del medio retornarían al estado en que se encuentran actualmente”.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se cancelaron los vuelos comerciales en el Aeropuerto de Toluca para saturar de forma deliberada el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y justificar la construcción de uno nuevo en Texcoco.

“Saturaron el Aeropuerto de Ciudad de México, de forma deliberada”, dijo AMLO y agregó que eso se debió a intereses de particulares que buscaban hacer “un negocio jugoso”.

López Obrador aseguró que su gobierno tiene un plan B para enfrentar la lluvia de amparos contra la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía.

“Sí tenemos un plan B para enfrentar el sabotaje legal que se está padeciendo… de gente que está inconforme porque no pudo mantener sus privilegios y el negocio jugoso que implicaba el construir el aeropuerto de Texcoco.

“Afortunadamente se decidió juntar todos los amparos en un solo juzgado y eso va a ayudar mucho porque no tiene razón de ser”, dijo.

López Obrdor afirmó que el plan b es construir el aeropuerto en el marco de la legalidad “pese a los obstáculos de nuestros adversarios”.

Este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a la familia del fallecido Alfredo del Mazo González, a quien por error se le mencionó como asesor en el proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco.

“Se ofrece una disculpas a la familia del finado Alfredo del Mazo porque hace unos días se le vinculó con la construcción del Aeropuerto de Texcoco, su hijo, el gobernador, nos pidió que se aclarara”, dijo en su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador afirmó que se revisó la documentación y Del Mazo González no tuvo que ver con el proyecto del aeropuerto de Texcoco.

“En el caso del ingeniero Alfredo Elias Ayub, el sí reconoció que había participado, pero dijo algo importante, que la mayor parte de los asuntos se resolvían en Gobernación”, señaló.

López Obrador dijo que siempre que se afecta a alguien, cuando se afecte la dignidad de las personas, su gobierno “está en la mejor disposición de rectificar y ofrecer disculpas”.

Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ambos fueron contratados por la empresa Parsons, gerente del proyecto aeroportuario que canceló el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina de este jueves 2 de mayo, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, se abordaron estos temas:

  • El presidente ofreció una disculpa a la familia del ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, quien murió en enero de este año, por ligarlo a las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
  • AMLO dijo que fue el actual gobernador del Estado de México quien pidió revisar el tema.
  • El mandatario reiteró que el empresario Arturo Elías Ayub sí estuvo involucrado y “reconoció que había participado en lo técnico” del proyecto de construcción del NAIM en Texcoco.
  • López Obrador informó que el empresario Germán Larrea le notificó que Grupo México colaborará en el rescate de los cuerpos de los 65 mineros que quedaron sepultados en Pasta de Conchos en 2006.
  • En seis meses habrá crecimiento económico y los índices de inseguridad disminuirán, dijo el Presidente y destacó que en su reporte de abril, la incidencia delictiva va a la baja.

 

En octubre pasado y mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se preparaba para cancelar la construcción del NAIM Texcoco, el empresario Carlos Slim le envió una carta personal en la que le pidió salvar el proyecto, ofreciendo asumir los costos si éste entregaba el proyecto de Texcoco a la iniciativa privada.

La propuesta no fue una sorpresa ya que el empresario había defendido públicamente la construcción del nuevo aeropuerto, sin embargo el Presidente se negó, de acuerdo con información publicada este lunes por Bloomberg.

Con la negativa, la cordial relación que mantenían el magnate y el morenista se enfrió, y fue remplazada con una acogedora relación entre el Presidente y el empresario Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Elektra.

“El aeropuerto fue un gran golpe para Slim”, señaló Alejandro Schtulmann, quien dirige la consultora de riesgos políticos EMPRA en la Ciudad de México. Para el presidente, “Slim podría ser útil, pero si se percibe que está en el camino, López Obrador simplemente lo atropellará. No es personal, es una utilidad pragmática”, se lee en la publicación.

Pese a ello el Presidente ha señalado en sus conferencias mañaneras que tiene una buena relación con el multimillonario mexicano.

“Acabo de ir a comer con Carlos Slim la semana pasada, fue una buena conversación”, dijo López Obrador, sin proporcionar detalles adicionales.

Cabe señalar que el empresario no apareció en el consejo asesor de negocios que López Obrador anunció en noviembre pasado, lo que podría reflejar la fría relación.

La relación de trabajo de Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador se remota al año 2000, cuando el ahora Presidente fungió como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y ambos trabajaron en la renovación del Centro Histórico de la capital.

México podría construir el parque urbano más grande del mundo en los terrenos donde se construía el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, Estado de México.

El proyecto ecológico, con el cual se buscaría la recuperación del valle que comprende el ex lago de Texcoco, estaría a cargo del arquitecto Iñaki Echeverría, así lo informó la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros.

Y es que en 2010, antes de que se anunciara la construcción del nuevo aeropuerto,  Echeverría encabezó un proyecto que se denominó Parque Ecológico Lago de Texcoco, en una superficie de terreno de 14 mil hectáreas.

“Este espacio, ubicado en el borde de la zona metropolitana de la ciudad de México, puede hoy ser reclamado como una nueva ecología que incorpore naturaleza, cultura e infraestructura: una Ecología Cultural”, se lee en el proyecto disponible en la página web del arquitecto, el cual es retomado por el diario Milenio.

El objetivo señala, es reclamar el sitio como la pieza de infraestructura verde más importante del valle, ya que esta infraestructura será capaz de reconciliar a la ciudad con su geografía.

El Museo del Lago, suspendido en el lago Nabor Carrillo, formaba parte de la estrategia general del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Hasta ahora el gobierno federal no ha informado sobre el destino de los terrenos, los cuales según la Ley de Obras Públicas, en caso de suspensión de trabajos del NAIM, debían quedar en las mismas condiciones en que se encontraban.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregar el estudio que se realizó sobre los impactos sociales y ambientales del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

El proyecto de recurso de revisión fue solicitado por un particular, por lo que el comisionado Joel Salas determinó que la población tiene derecho a saber cuáles eran los riesgos de esta obra.

Cuando la Conagua fue notificada, aseguró que el estudio “Consideraciones Hidrológicas y Ambientales para el Posible Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria en el Lago de Texcoco” no existía.

“De acuerdo con diversas fuentes noticiosas, el documento fue entregado por la Conagua al equipo de transición del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, en octubre de 2012”, dice un comunicado del INAI.

El comisionado concluyó que la Comisión no buscó el documento en todas las áreas competentes, por lo que “instruyó (a Conagua) hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes”.

Salas añadió que estos estudios deben de hacerse para todas las grandes construcciones como el tren México-Toluca, la termoeléctrica de Huexca en Morelos, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el Tren Maya y el aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía.

Alexandre de Juniac, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), señaló que las alternativas planteadas por el Gobierno mexicano a la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco no son las mejores.

“Conocemos la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), (pero) las alternativas distan de ser las mejores”, subrayó Juniac durante su participación en el Aviation Summit México.

El Gobierno determinó la cancelación del NAIM y planea la construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía, además de la operación simultánea con los puertos aéreos de la Ciudad de México y Toluca.

Juniac agregó que el funcionamiento de los tres aeropuertos implicaría un fuerte reto para las aerolíneas e impactará en la economía mexicana en el mediano plazo.

“(Operar) tres aeropuertos va a ser desafiante, si el gobierno logra esto será difícil su operación”, precisó el CEO de IATA.

Además, la IATA estima que separar a las aerolíneas de bajo costo del resto no beneficiará la libre competencia del mercado mexicano.

Juniac indicó que, según el análisis de la institución que dirige, la economía mexicana dejará de captar dos mil millones de dólares anuales debido a la cancelación del NAIM en Texcoco.

La IATA ofreció ayudar al Gobierno para tomar la mejor decisión que impulse la industria aérea y aumente el flujo de turistas hacia México.

Ante miembros internacionales de la industria aérea, el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, defendió la cancelación del aeropuerto.

“La decisión de cancelar no solo fue por cuestiones aéreas, sino por las financieras, las ecológicas”, indicó el titular de la SCT.

Asimismo, Jiménez Espriú señaló que en los siguientes días, el Gobierno mostrará hallazgos que validan la cancelación de la obra en Texcoco.

Al menos 400 trabajadores del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) exigieron a Aldesa y Jaguar Ingenieros Constructores realizar los pagos correspondientes a las empresas que contrataron a dichos empleados, ya que desde la suspensión de las obras en Texcoco dejaron de realizarlos.

Por lo anterior, subcontratistas y proveedores acudieron con ambos grupos empresariales para pedir que se solucione el adeudo de pagos que ha dejado a trabajadores y obreros sin remuneración.

Asimismo, autoridades federales destacan que tanto Aldesa como Grupo Jaguar recibieron contratos de mil 242 millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del sexenio anterior para la construcción de la torre de operaciones del NAIM.

Tras la suspensión del proyecto aeroportuario en Texcoco, diversos obreros han recriminado y alegado la falta de pagos debido a la cancelación de contratos, derivados de la consulta ciudadana emprendida por Andrés Manuel López Obrador, donde la alternativa de Santa Lucía resultó ganadora.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisó que para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México transportistas se surtían de un depósito de huachicol, pero este estaba fuera de los terrenos en Texcoco.

Durante la presentación de los avances en la investigación del desplome del helicóptero XA-BON en el que murieron 5 personas, entre ellas la gobernadora poblana Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, el secretario Javier Jiménez Espriú señaló que de los 6 mil transportistas “una buena parte de ellos” se abastecían en los depósitos clandestinos. “En las visitas que yo hice a la zona yo vi las instalaciones”, señaló.

Además, recordó que cuando realizó el recorrido con medios de comunicación para corroborar el daño ambiental y los avances de la construcción -en octubre de 2018-, se les advirtió que era “zona de huachicoleros” y escucharon “ráfagas” de armas de fuego.

“Transportistas de tezontle y asbesto se surtían ahí, una buena parte de ellos usaban gasolina robada”, señaló ante los cuestionamientos de la prensa y advirtió que la información se deformó.

Cabe recordar que el pasado 15 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó: “Cuando estaban construyendo el nuevo aeropuerto, había depósitos de combustible robado, en la obra”.

Las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco aún dan de qué hablar en materia de transparencia, asunto que generó polémica desde que se lanzó el proyecto.

Este lunes, el diario El Universal publicó que la Policía Federal indaga un supuesto desvío de más de 17 mil millones de pesos de los recursos que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) había destinado al proyecto.

La conclusión de la indagatoria ya ha sido entregada a la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como a la Procuraduría General de la República (PGR) y están bajo la mira el ex director General de Obra del GACM, Raúl González Apaolaza, así como el ex director General de Administración del GACM, Carlos Noriega.

El reporte destaca la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador del estado de Hidalgo.

Los actos de corrupción tienen que ver con contratos para la compra de materiales de construcción como tezontle y basalto que llevó a las empresas involucradas a beneficiarse con 17 mil 724 millones de pesos.