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El gobierno de Nicaragua informó que planteó la suspensión de su relación diplomática con el Vaticano, en una medida que llega tres días después que el Papa Francisco comparara al gobierno de Daniel Ortega con “la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35”.

En un comunicado, la cancillería nicaraguense salió al paso a versiones de prensa que más temprano hablaron de una presunta “ruptura” diplomática con la Santa Sede, en medio de un ambiente de tensiones entre la administración sandinista y la Iglesia católica local.

“Entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de relaciones diplomáticas”, señaló la nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. El comunicado no reveló los motivos de la medida.

Funcionarios del Vaticano, que hablaron bajo condición de anonimato porque no ha habido ningún anuncio oficial, dijeron la noche de ayer que había una solicitud de Nicaragua para cerrar las misiones diplomáticas de cada lado.

Y es que en una entrevista al portal de noticias argentino Infobae, el Papa Francisco cuestionó al gobierno de Ortega, que el mes pasado condenó a 26 años de cárcel al obispo Rolando Álvarez, una de las voces católicas más críticas.

Además, Ortega se ha referido a la Iglesia católica como “una mafia” y “la dictadura perfecta”.

“No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Daniel Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, dijo el Papa en la entrevista.

“Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera (…) dictaduras comunistas del 17 o hitlerianas del 35. Son un tipo de dictaduras groseras”, agregó el pontífice.

La declaración de Francisco fue celebrada por los opositores a Ortega en Nicaragua, que en los últimos años venían reclamando al Papa una posición más crítica frente al gobierno nicaragüense.

Hace exactamente un año, el gobierno de Managua expulsó al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, quien había abogado por la liberación de cientos de opositores presos en 2018 y 2019. La Santa Sede expresó su “sorpresa y dolor” por la medida y dijo que el nuncio fue conminado a “que dejara inmediatamente el país”.

En agosto pasado, la policía nicaragüense impuso un asedio de más de dos semanas en torno a la Curia Episcopal de Matagalpa (norte), manteniendo cautivo al obispo Álvarez junto a tres sacerdotes y cuatro colaboradores, quienes luego fueron arrestados y condenados por supuesta “conspiración”.

El 9 de enero, el gobierno deportó a 222 “presos políticos”, incluyendo los colaboradores de Álvarez, hacia Estados Unidos. El obispo se negó a abordar el avión, tras lo cual fue condenado a 26 años de cárcel y encerrado en la cárcel Modelo, un penal donde están recluidos miles de reos.

El presidente Ortega confirmó lo anterior en un discurso en el que llamó al sacerdote de 53 años “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno”, por negarse a ser desterrado.

El mandatario sandinista ha acusado a los obispos católicos de apoyar a la oposición durante las protestas sociales de 2018, que el gobierno de Managua calificó como “un fallido golpe de Estado” para desestabilizar a Ortega.

Las protestas fueron sofocadas con violencia por la policía y paramilitares afines al gobierno, dejando como consecuencia 355 muertos, más de 2,000 heridos, 1,600 detenidos en distintos momentos y al menos 100,000 exiliados, según organismos de derechos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que México ofreció asilo y nacionalidad a los opositores nicaragüenses desde hace unas semanas, previo a que fueran expulsados de su país por el gobierno de Daniel Ortega.

Sin embargo, el mandatario invitó a resolver la crisis política  del país mediante el “diálogo”, y evitó una vez más condenar las medidas de su homólogo nicaragüense, que incluyen la retirada de la nacionalidad a centenares de ellos.

López Obrador presentó una carta que envió a Ortega el pasado 1 de diciembre, donde manifestó su apertura a recibir a los opositores entonces encarcelados.

“Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran”, dijo López Obrador tras anunciar que varios de los nicaragüenses desterrados recientemente a Estados Unidos han solicitado “estar en México”.

Con esto, México se suma a países como España, Argentina, Chile y Colombia, que ya han ofrecido apoyo a los opositores.

“Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos”, añadió López Obrador.

Señaló que esa fue la instrucción que le dio al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando éste le informó que “personas de Nicaragua” habían “pedido estar en México”. Además, López Obrador afirmó que “la nacionalidad no se puede perder por decreto”.

Y es que en las últimas semanas, el régimen de Ortega despojó de la nacionalidad nicaragüense a 316 disidentes: a 222 que estaban presos y a quienes liberó y expulsó a Estados Unidos, y a otros 94, la mayoría exiliados.

López Obrador insistió en que México aspira a que las diferencias en Nicaragua se resuelvan mediante el diálogo. Dijo que desde tiempo atrás, su gobierno buscó que se llegara a un acuerdo y que se liberara a los presos políticos.

El Gobierno de Chile informó este martes que ofrece la residencia y la nacionalidad chilenas a los más de 300 opositores “injustamente expatriados” en Nicaragua, entre los que se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

“El Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena, según las normas constitucionales y legales que la regulan”, indicó la cancillería chilena en un comunicado.

Chile es el país de la región que ha condenado con más contundencia el régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se suma así a España y se convierte en el segundo país en ofrecer formalmente la naturalización a los opositores nicaragüenses.

“El Gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla”, añade el comunicado.

Y es que recordemos que las autoridades nicaragüenses retiraron la nacionalidad en los últimos días a por lo menos 317 personas por sus críticas hacia Ortega, quien además ordenó el destierro de 222 exprisioneros políticos, que fueron excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos el pasado 9 de febrero, acusados de “traición a la patria”.

A excepción de Chile, los gobiernos progresistas latinoamericanos no han condenado de forma unánime hasta ahora el caso de los apátridas nicaragüenses.

En el caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), eludió esta mañana pronunciarse sobre el caso de Nicaragua,

En su conferencia de prensa matutina, un periodista cuestionó al mandatario: “¿Condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses (desterrados) y les ofrecería la nacionalidad mexicana?”.

A lo que el mandatario prefirió decir que era tiempo de “irse a desayunar”. “Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos, sobre ese tema”, respondió López Obrador.

Apenas ayer una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) denunciaron el silencio de López Obrador ante el destierro y retirada de nacionalidad a los 222 presos políticos de Nicaragua.

Exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) denunciaron el silencio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de gran parte de los gobiernos latinoamericanos ante la expulsión y retirada de nacionalidad a 222 presos políticos de Nicaragua.

Otro de los reclamos que hacen a López Obrador, es el rechazo a transferir al gobierno de Dina Boluarte la presidencia de la Alianza del Pacífico.

En una declaración divulgada este lunes, los expresidentes lamentan el silencio de los gobiernos de la región, con excepción de los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y Ecuador, Guillermo Lasso, ante “la arremetida dictatorial de Nicaragua, que ha desterrado a 222 presos políticos y les ha retirado la nacionalidad”.

La declaración denuncia que el gobierno de Daniel Ortega ha confiscado los bienes y violentado los derechos de ciudadanía a 94 personalidades e intelectuales, además de condenar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a 26 años de prisión por negarse a ir al exilio.

“A los integrantes del Grupo IDEA nos preocupa que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, dejando de lado su repetido principio de la No Intervención acuse de espurio al gobierno democrático y provisional del Perú para evitar transferirle la presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico”, subrayan los exgobernantes en el comunicado.

Señalan que López Obrador adopta esa postura mientras, por otro lado, “calla ante el ejercicio y las violaciones de derechos humanos perpetradas por la pareja Ortega-Murillo, en Nicaragua”, en referencia al presidente Ortega y su esposa, la vicepresedenta Rosario Murillo.

Firman la declaración Óscar Arias (Costa Rica) José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Alfredo Cristiani (El Salvador), Iván Duque (Colombia), Vicente Fox (México), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei (Chile), Lucio Gutiérrez (Ecuador) y Osvaldo Hurtado (Ecuador).

La lista la completan Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador), Carlos Mesa (Bolivia), Lenin Moreno (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Andrés Pastrana (Colombia), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Sebastián Piñera (Chile), Jorge Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica ) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay). EFE

El gobierno de Nicaragua liberó a más de 200 opositores presos y los envió en un avión rumbo a Estados Unidos, confirmó un alto funcionario de la administración del presidente Joe Biden.

Nicaragua “decidió unilateralmente liberar a 222 individuos que tenía encarcelados”, algunos de ellos tras pasar varios años en prisión “por ejercer sus libertades fundamentales, en condiciones horribles y sin acceso a un debido proceso”, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato.

La fuente señaló que Estados Unidos facilitó el traslado a su país, “donde serán puestos en libertad condicional por razones humanitarias por un período de dos años”.

Precisó que l gobierno de Estados Unidos ha puesto a disposición de estas personas asistencia médica y legal, luego de que todos consintieran voluntariamente viajar.

El funcionario consultado recordó que Washington llevaba “mucho tiempo pidiendo la liberación de las personas encarceladas en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales, como primer paso hacia la restauración de la democracia y la mejora del clima de derechos humanos en Nicaragua”.

En ese sentido, dijo que la decisión del gobierno nicaragüense es “positiva y bienvenida”.

Recordemos que el presidente Daniel Ortega ha dicho en repetidas ocasiones que los opositores encarcelados y otros estuvieron detrás de las protestas de 2018 que, que según él, fueron un complot para derrocarlo.

En ese sentido, en una declaración emitida por el Tribunal de Apelaciones de Managua y leída en conferencia de prensa, se indicó que se ordenó “la deportación inmediata efectiva de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia” y por “incitar a la violencia” y “lesionar los intereses” de la nación.

De acuerdo con la resolución los deportados fueron “inahibilitados de forma perpetua” para ejercer cargos públicos o de elección popular.

Sin embargo, según cifras de la oposición nicaragüense, la cifra de “presos políticos” ascendía a 245 personas hasta esta semana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que “respeta” las declaraciones del mandatario chileno, Gabriel Boric, en el Senado, donde criticó el silencio ante la crisis de Nicaragua y la violencia machista en México.

“Nosotros respetamos mucho al presidente Boric, como respetamos a todos los presidentes, más en su caso, que viene de un movimiento de izquierda, y desde luego que es completamente libre para manifestarse, para expresarse”, respondió López Obrador.

Un periodista cuestionó al mandatario sobre las declaraciones que hiciera ayer Boric en la sesión solemne del Senado, donde manifestó que “Latinoamérica no se puede callar” ante las violaciones de derechos humanos en la región y denunció de manera expresa la situación de los “presos políticos” en Nicaragua.

“No podemos mirar para el lado ante la crisis que está viviendo Haití, no podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua”, indicó el mandatario.

Los senadores de oposición presentes interpretaron las declaraciones como una crítica al gobierno de López Obrador, quien no ha condenado la crisis nicaragüense. En redes sociales también se señaló que a diferencia de AMLO, Boric no era ‘complice’ de gobiernos represores.

Por otro lado, Gabriel Boric calificó de “brutal” que en México asesinen a 11 mujeres al día.

Ante las declaraciones, López Obrador se limitó a decir que “respeta” las opiniones de Boric sin hacer mayor referencia a ellas.

Según diversos analistas, los comentarios de ayer de Boric en el Senado no fue lo primero que habría disgustado a López Obrador. El día de su encuentro, en la declaración conjunta que hicieron, AMLO optó por criticar a Brasil y Argentina sobre su papel el proceso de selección del nuevo presidente del BID.

Boric inmediatamente dijo que él preferia no opinar sobre temas internos de otros países.

También, entre risas, habló de la “energía” del presidente para contestar a la prensa, y sus respuestas que daban para elaborar una tesis. Dijo entender porqué duran tanto las conferencias presidenciales en México.

La policía de Nicaragua ingresó este viernes a la residencia de un obispo católico y aparentemente lo detuvo junto a varias personas que lo acompañaban después de que los agentes sitiaran el lugar durante dos semanas.

La operación, que se produjo antes del amanecer, ocurrió luego de que las autoridades nicaragüenses acusaran el 5 de agosto al obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, un abierto crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, de presuntamente “organizar grupos violentos” e incitarlos “a realizar actos de odio contra la población”.

A primera hora del viernes la diócesis de Matagalpa publicó en las redes sociales el mensaje: “#SOS #Urgente. A esta hora la Policía Nacional ha ingresado a la Curia episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa”.

“La Policía Nacional ha ingresado a la Curia Episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa y se ha llevado” a monseñor lvarez; “aún no se conoce su paradero (…) alertamos a la comunidad internacional y nos sumamos a la cadena de oración”, dijo en Twitter el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam).

En tanto, Vilma Núñez, presidenta del Centro nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en declaraciones a la agencia AFP, dijo que “lo sacaron con violencia y no se sabe para donde se lo llevaron”.

Hasta el momento no existe información oficial sobre el caso. Ni la Policía Nacional ni el gobierno han confirmado el allanamiento y las detenciones.

Y es que el gobierno de Ortega ha perseguido sistemáticamente a las voces disidentes. Decenas de líderes políticos de la oposición fueron arrestados el año pasado, incluidos siete posibles candidatos para desafiarlo a la presidencia, y fueron condenados a prisión en juicios rápidos y cerrados al público.

A su vez el Congreso, dominado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, ordenó el cierre de más de 1,000 organizaciones no gubernamentales, incluida la organización benéfica de la Madre Teresa.

En un mensaje de vídeo, Pablo Cuevas, abogado del no gubernamental Comité Permanente de Derechos Humanos, condenó la detención de Álvarez pero dijo que no era inesperada. “Ha ocurrido lo que evidentemente iba a ocurrir, la detención arbitraria y abusiva de Monseñor Álvarez”, afirmó.

Álvarez ha sido una voz clave en las discusiones sobre el futuro de Nicaragua desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Ortega llevó a una represión que dejó 355 muertos, más de 2,000 heridos y al menos 100,000 exiliados, de acuerdo con organismos de derechos humanos.

Según Ortega la revuelta social fue un “fallido golpe de Estado” con apoyo extranjero y de la Iglesia católica nicaragüense. La oposición sostiene que en el país hay al menos 190 “presos políticos”, pero Ortega asegura que son “delincuentes y terroristas”.

Un mes después del estallido de las protestas Álvarez reclamó reformas electorales que garantizaran elecciones libres, justas y transparentes con observación internacional.

El obispo ha mantenido esos llamados a la democracia durante los últimos cuatro años, lo que enfureció a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

La persecución contra los religiosos se ha venido intensificando en las últimas semanas. La policía dijo la semana pasada que la investigación al obispo de Matagalpa incluía a varias personas y advirtió que no se les permitiría salir de sus casas mientras se realizaban las indagaciones.

Anteriormente, el gobierno había cerrado ocho radioemisoras y un canal de televisión en la provincia de Matagalpa, 130 kilómetros al norte de Managua. Siete de las emisoras eran gestionadas por la Iglesia católica.

Días atrás la Arquidiócesis de Managua expresó su apoyo a Álvarez. La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) denunció lo que llamó un “asedio” a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas y el “acoso constante” al pueblo y a la Iglesia nicaragüense.

Sin embargo, el Vaticano guardó silencio público durante casi dos semanas, lo que provocó las críticas de intelectuales latinoamericanos y activistas de derechos humanos. El viernes pasado monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente del Vaticano ante la Organización de Estados Americanos, expresó su preocupación por la situación y pidió a las partes que “busquen vías de entendimiento”.

Ortega ha tenido una relación complicada con la religión predominante de Nicaragua y sus líderes durante más de cuatro décadas. El exguerrillero marxista enfureció al Vaticano en la década de 1980 pero gradualmente forjó una alianza con la Iglesia mientras intentaba recuperar la presidencia en 2007 después de un largo período fuera del poder.

Ortega inicialmente invitó a la Iglesia a mediar en las conversaciones con los manifestantes en 2018, pero desde entonces ha tomado una posición más agresiva.

Cuba es anfitrión, a partir de este viernes, la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a tan solo 10 días de la polémica Cumbre de las Américas, de la que fue excluida junto con Nicaragua y Venezuela.

Durante el encuentro, representantes de las diez naciones integrantes, encabezados por los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; Venezuela, Nicolás Maduro; Nicaragua, Daniel Ortega, y Bolivia, Luis Arce, “compartirán estrategias de desarrollo comunes” y “analizarán la situación política regional”, según indicó el Ministerio de Exteriores cubano.

La cumbre fue anunciada de forma sorpresiva apenas el martes pasado, en medio del pulso de Nicaragua, Venezuela y Cuba con Estados Unidos después de que éste afirmara que no invitaría a países que no considera democráticos a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, California del 6 al 10 de junio.

Este miércoles llegó a Cuba el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, en una visita oficial en la que ha sido condecorado con la orden José Martí, la más alta distinción del país. Ayer jueves llegaron las delegaciones internacionales restantes.

Según los expertos, el encuentro de la ALBA forma parte de la respuesta regional a la decisión de Estados Unidos, que ha suscitado críticas en parte del continente.

Estados Unidos había dicho en un primer momento que no iba a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua; y aunque ya ha confirmado que no contará con la presencia de estos últimos dos, no ha aclarado qué hará finalmente con Cuba, aunque Díaz-Canel ha asegurado que “pase lo que pase” no acudiría a la cita.

Los integrantes de la ALBA celebrarán un encuentro de cerca de dos horas, antes de concluir la Cumbre con una foto oficial. Este foro de integración, creado en 2004 por los expresidentes ya fallecidos Fidel Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela), celebra habitualmente sus cumbres de líderes a finales de año. La anterior fue en diciembre de 2021, también en La Habana.

Cuenta con diez miembros: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela, y dos invitados especiales (Haití y Surinam).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este lunes que contempla realizar una gira por Centroamérica, visitando distintos países de la región, aunque no ofreció detalles o fechas.

“Estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica, la iría a visitar, todavía no tengo el tiempo definido pero sí tengo interés (…) he salido tres veces y las tres a Estados Unidos, una a Nueva York y dos a Washington, entonces, me falta el sur”, dijo AMLO.

López Obrador hizo este comentario tras confirmar que se reunirá el próximo 15 de enero, en la Ciudad de México, con la presidenta electa de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro. AMLO aprovechó para reiterar en que le alegran las victorias de los candidatos progresistas en el continente.

“Afortunadamente, con democracia, ha ido avanzando el movimiento progresista, y eso es muy bueno”, continuó.

Sobre la posibilidad de que dentro de su gira visite Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que este lunes inicia su quinto periodo presidencial bajo acusaciones de fraude, López Obrador prefirió no opinar.

“No queremos pleito con nadie, México siempre ha buscado la conciliación y por eso nos tienen confianza, por eso hasta se le pide a México que actúe como intermediario en conflictos internacionales”, dijo el mandatario.

En este tema, dijo “desconocer” la decisión de la cancillería de mandar una delegación mexicana al acto de investidura de Ortega. Sin embargo, rápidamente pidió ver “si daba tiempo” de que alguien asistiera, pues dijo, México no tiene pleitos con ningún país.

Así, en cuestión de minutos, revirtió la decisión del canciller Marcelo Ebrard; y anunció que sería Ramiro Ayala, jefe de la cancillería en la embajada de México en Nicaragua, quien estaría presente en el acto. Explicó que el funcionario es el encargado de negocios de México en dicho país, pues no hay embajador por el momento.

AMLO calificó la decisión de no enviar a un representante como una “imprudencia”.

“Nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes. Sí (sería una imprudencia), porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia”, respondió al ser cuestionado sobre el tema.

Incluso aprovechó para reiterar que su administración no se conduce como el gobierno de Peña Nieto, cuando, por quedar bien con otro gobierno, expulsó al embajador de Corea del Norte. “México es libre y soberano, la política de México está bien definida en el artículo 89 de la constitución, tenemos muchísimos antecedentes”, añadió.

El gobierno de Nicaragua denunció este viernes la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA)en que la que descalificó las elecciones generales del día 7 de noviembre, y anunció su salida de ese organismo.

“Estamos renunciando y desvinculándonos de la Organización de Estados Americanos, nos estamos retirando de la OEA”, declaró el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, en una comparecencia de prensa desde la sede de la Cancillería, en Managua.

La medida, anunciada por el canciller es en respuesta a una resolución aprobada el martes por el parlamento del país centroamericano, de mayoría oficialista, en la que los legisladores pidieron al mandatario denunciar la Carta Democrática de la OEA para sacar al país del grupo.

Y es que el organismo multilateral declaró la semana pasada ilegítimas las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, donde Ortega fue reelegido, en medio de duras críticas de la comunidad internacional por la detención previa de varios de sus contrincantes y acciones contra la libertad de prensa.

En abril de 2017, Venezuela, un aliado de Nicaragua, solicitó formalmente salirse de la OEA en respuesta a lo que el gobierno izquierdista del país petrolero consideró una “injerencia” del organismo hemisférico en sus asuntos internos. El proceso de retiro toma unos dos años aproximadamente.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enfrenta este lunes amenazas de nuevas sanciones de Estados Unidos y críticas de la Unión Europea (UE), así como de diversos países latinoamericanos, tras ganar sin sorpresas un cuarto mandato consecutivo en las elecciones celebradas ayer.

Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007, fue reelegido con un 75% de los votos, con la mitad de las mesas escrutadas, anunció esta madrugada el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Las reacciones no se hicieron esperar. Incluso apenas cerradas las urnas, el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó los comicios de “farsa”, y la UE aseguró que “carecen de legitimidad”. El gobierno español, en particular, se refirió al proceso como una “burla”.

Ortega, quien el próximo jueves cumplirá 76 años, asumirá otros cinco años como presidente a partir del 10 de enero, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto a su esposa Rosario Murillo, de 70, que será vicepresidenta por segunda vez.

Ortega enfrentó a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de ser colaboradores del gobierno, quienes en total obtuvieron el restante 25% de los votos.

Tras 14 años en el poder, Ortega es acusado por sus críticos y opositores de “nepotismo” y de instaurar una dictadura. Pero él asegura que su gobierno es del “pueblo”. Los comicios “completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático”, dijo la UE en un comunicado. “Fue una elección solo de nombre”, estimó el Reino Unido por su parte.

Ortega solo recibió la felicitación de sus aliados: Venezuela, Cuba, Bolivia y Rusia, que condenó la postura de Washington y consideró los comicios “en pleno respeto” de la ley. En Latinoamérica, Costa Rica, vecino de Nicaragua y que da refugio a decenas de miles de exiliados nicaragüenses, desconoció las elecciones, al igual que Chile.

Los comicios también designaron a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control del gobierno.

Los comicios se celebraron tres años y medio después de las protestas de 2018 que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados, sumiendo al país en una profunda crisis política.

Desde junio fueron desintegrados tres partidos y detenidos 39 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas, entre ellos siete aspirantes presidenciales, sumándose a unos 120 opositores que siguen presos desde 2018.

En virtud de leyes aprobadas a fines de 2020, bajo el gobierno de Ortega, los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, de promover sanciones internacionales, de traición a la patria y  de lavado de dinero.

Ayer, Ortega acusó a los opositores de conspirar contra la “paz” del país, al tiempo que los tildó de “terroristas”, pues los opositores habían llamado a la abstención.

El CSE estimó en un 65% la participación, aunque el observatorio independiente Urnas Abiertas, que denunció el “hostigamiento a trabajadores del Estado” para forzarlos a votar, aseguró que la abstención habría alcanzado un 81.5%.

Estados Unidos considera que Nicaragua consolidará una “dictadura” con el previsible triunfo de Daniel Ortega el próximo domingo en las elecciones que vivirá el país, las cuales señaló son “una farsa”.

“Estas elecciones no tendrán credibilidad, son una farsa”, dijo Patrick Ventrell, director de Asuntos Centroamericanos en el Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden.

Al respecto, se anunció que el mandatario firmará la llamada ley Renacer, por la que su gobierno se compromete a ampliar las sanciones a Nicaragua, después de las elecciones de este domingo.

“El presidente emitirá un comunicado probablemente el domingo, y después el presidente firmará la ley Renacer que ha aprobado el Congreso”, dijo un funcionario en una rueda de prensa telefónica con un reducido grupo de medios.

Y es que Nicaragua celebra las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder.

Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene casi seguro otro gobierno de cinco años con su esposa Rosario Murillo, a quien ha decidido nombrar  “copresidenta”.

El triunfo de Ortega es casi un hecho, ya que se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno, esto luego del arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores, en una ofensiva que desde junio encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas.

Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, traición a la patria o lavado de dinero, conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.

Más de 100,000 nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son políticos, sino “golpistas” patrocinados por Washington.

El próximo domingo se elegirá al futuro presidente presidente y a un vicepresidente para el período que va del 10 de enero de 2022 al 10 de enero de 2027. También se elegirá a 90 de los 92 miembros de la Asamblea Nacional, pues un asiento está reservado para el presidente saliente y otro para el candidato presidencial perdedor del segundo lugar. Igualmente se elegirá a 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció que espera divulgar los primeros resultados de la votación alrededor de la medianoche del domingo 7 de noviembre, y que los resultados preliminares se publicarán el lunes 15.

Los centros de votación abrirán a las 07:00 hora local y cerrarán a las 19:00. Las personas que estén dentro de los centros de votación o en fila podrán emitir su voto después de la hora estipulada de cierre.

Unos 30,000 policías y miembros del Ejército serán movilizados en todo el país para resguardar el orden en la jornada. Destaca que el gobierno de Nicaragua no invitó a observadores internacionales reconocidos, como la OEA, la Unión Europea o el estadounidense Centro Carter, que habían cuestionado los comicios de 2011 y 2016, cuando Ortega se reeligió. En su lugar, el gobierno anunció la presencia de unos 200 “acompañantes electorales”, en su mayoría vinculados a partidos y gobiernos de izquierda.

Un tuit de Juan Carlos Ortega Murillo, uno de los ocho hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en el que critica a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su posición sobre la situación política en el país centroamericano, desató una polémica en las redes sociales.

“Oe, Andrés… @lopezobrador_ La historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase, mi hermano”, escribió Ortega Murillo en Twitter.

Dicho mensaje provocó la reacción del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga, quien en la misma red social le respondió que la valentía siempre ha estado del lado de la libertad, “la cobardía es la aliada de la represión”, respondió el funcionario mexicano.

Ortega Murillo, de 39 años, director de Difuso Comunicaciones, empresa que realiza las campañas electorales del presidente nicaragüense, publicó luego una fotografía del caudillo revolucionario mexicano Emiliano Zapata, y una serie de mensajes con frases cortas como “Los cobardes son hijos del sometimiento”, “Hijos de dominio” y “¡VENCEREMOS!”.

Y es que el pasado 25 de junio, López Obrador pidió garantizar las libertades, evitar la represión y no encarcelar, esto al ser cuestionado sobre la situación política en Nicaragua donde las autoridades han detenido a 21 personas desde el 28 de mayo pasado, entre ellos cinco aspirantes de la oposición a la Presidencia.

Sin embargo, pese a manifestar López Obrador su “preocupación”, México se negó, junto a Argentina, a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio por 26 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para condenar la persecución de los opositores, con el argumento de la “no intervención en asuntos internos”.

Posteriormente, los dos países llamaron a sus embajadores en el país centroamericano a consultas para evaluar la situación. México y Argentina darán a conocer esta semana un nuevo paso sobre la situación política en Nicaragua, según dijo el canciller, Marcelo Ebrard.

Recordemos que Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones de los líderes opositores, entre ellos los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes se les acusa de “traición a la patria”.

Anoche, cinco líderes estudiantiles y del movimiento campesino fueron detenidos, uno de ellos aspirante a la presidencia, acusados de “menoscabar la soberanía” del país, entre otros cargos, lo que aumenta a 27 los opositores al gobierno de Daniel Ortega arrestados a cuatro meses de las elecciones.

Son seis los aspirantes a la presidencia que han sido detenidos y que se encuentran presos: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, y Medardo Mairena. Además se cuentan otras 21 personas presas entre críticos, activistas, empresarios, estudiantes y excompañeros de armas de Ortega.

En medio de pedidos de la comunidad internacional de liberar a los detenidos, Ortega ha dicho que los opositores presos no son “candidatos” ni “políticos”, sino “criminales” que trataron de organizar un golpe de Estado con financiamiento de Estados Unidos.

Esas detenciones se producen de cara a las elecciones del 7 de noviembre próximo en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca reelegirse por cinco años más.

El mandatario, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de “criminales”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al gobierno de Nicaragua garantizar que el pueblo decida de manera libre en las elecciones de noviembre próximo, y rechazó la represión y los encarcelamientos en el país, que vive una ola de detenciones de opositores al gobierno de Daniel Ortega.

Cuestionado sobre la represión en Nicaragua, López Obrador recordó que su política exterior exige la no intervención en asuntos de otros países, aunque recordó que México sí puede hablar de la defensa de los derechos humanos.

“Consideramos que se deben de garantizar las libertades y que no debe de haber represión. En ninguna parte, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo, se debe optar por la fuerza”, expresó el mandatario. Sus declaraciones han sido tomadas con sorpresa, pues normalmente no se posiciona sobre asuntos extranjeros.

López Obrador reiteró su máxima de nada por la fuerza y todo por la razón y el derecho, y pidió no encarcelar para que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones.

“Y también una recomendación respetuosa, y es que si se actúa de esta forma, garantizando la libertad plena, se impide a quienes están acostumbrados a intervenir en asuntos de otros países el que tengan pretextos o excusas para entrometerse”, dijo.

Deseó que en Nicaragua, Colombia y el Perú, este último donde hubo elecciones para elegir presidente recientemente, se resuelva todo por la vía pacífica y se constituyan gobiernos democráticos y libres, con legalidad y legitimidad suficiente, sean de la tendencia que sean.

Pese a manifestar su preocupación, recordemos que México se negó, junto a Argentina, a acompañar una resolución aprobada el pasado 15 de junio por 26 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en donde se condenaba la persecución de los opositores, con el argumento de la “no intervención en asuntos internos”.

Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones de opositores, entre ellos cinco aspirantes a la Presidencia, que se producen a menos de cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre en las que Ortega busca una nueva reelección.

En dichas elecciones Ortega, quien gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, e inició una segunda etapa en 2007, se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política de Nicaragua.

Mientras que en Colombia se han dado violentas protestas contra el gobierno de Iván Duque desde finales de abril.

Las protestas dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía, mientras que la Fiscalía vincula a las manifestaciones 20 fallecidos

El Frente de Unidad Nacional (UN) de Bolivia, el Partido Acción Nacional (PAN) de México y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Nicaragua emitieron este lunes un comunicado conjunto, en que manifestaron su rechazo a la posición de sus respectivos gobiernos respecto a la crisis que se vive en Venezuela.

Los tres partidos indicaron que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y expresaron su apoyo y respaldo a los parlamentarios de la Asamblea Nacional de dicho país.

“Condenamos sin matices la postura de nuestros respectivos gobiernos sobre la crisis venezolana. Su complicidad con la tiranía de Nicolás Maduro no representa el verdadero sentimiento de nuestras naciones”, indicaron las formaciones políticas.

Adelantaron su apoyo a los venezolanos para enfrentar las “batallas” por la recuperación de la democracia, hasta que la institucionalidad retorne a Venezuela.

Finalmente, aseguraron que trabajarán en conjunto para impedir que el populismo siga creciendo en la región, en nombre de una falsa democracia.

 

El consejero en Seguridad Nacional de La Casa Blanca, John Bolton, denunció este jueves a Cuba, Venezuela y Nicaragua como “la troika de la tiranía” y dijo que el presidente Donald Trump va a tomar “acciones directas” contra los tres regímenes.

“Bajo el mando del presidente Trump, Estados Unidos va a tomar acciones directas contra estos tres regímenes para defender el imperio de la ley, la libertad, la decencia humana mínima en nuestra región”, afirmó el funcionario en un evento en Florida.

En entrevista posterior con la agencia EFE, Bolton se pronunció sobre la Caravana Migrante que avanza rumbo a su país. Dijo que la caravana no es una forma “aceptable” de ingresar a su país. Sostuvo que la Administración federal ha tenido “muy buenos tratos” con el Gobierno de México respecto a las caravanas de migrantes.

El asesor indicó que hay “muchas oportunidades” de negociar con Honduras, Guatemala y El Salvador para atajar este tipo de situaciones, pero que tienen que “tomarse en serio” un tema que es de “seguridad nacional” para Estados Unidos.