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Cuba es anfitrión, a partir de este viernes, la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a tan solo 10 días de la polémica Cumbre de las Américas, de la que fue excluida junto con Nicaragua y Venezuela.

Durante el encuentro, representantes de las diez naciones integrantes, encabezados por los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; Venezuela, Nicolás Maduro; Nicaragua, Daniel Ortega, y Bolivia, Luis Arce, «compartirán estrategias de desarrollo comunes» y «analizarán la situación política regional», según indicó el Ministerio de Exteriores cubano.

La cumbre fue anunciada de forma sorpresiva apenas el martes pasado, en medio del pulso de Nicaragua, Venezuela y Cuba con Estados Unidos después de que éste afirmara que no invitaría a países que no considera democráticos a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, California del 6 al 10 de junio.

Este miércoles llegó a Cuba el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, en una visita oficial en la que ha sido condecorado con la orden José Martí, la más alta distinción del país. Ayer jueves llegaron las delegaciones internacionales restantes.

Según los expertos, el encuentro de la ALBA forma parte de la respuesta regional a la decisión de Estados Unidos, que ha suscitado críticas en parte del continente.

Estados Unidos había dicho en un primer momento que no iba a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua; y aunque ya ha confirmado que no contará con la presencia de estos últimos dos, no ha aclarado qué hará finalmente con Cuba, aunque Díaz-Canel ha asegurado que «pase lo que pase» no acudiría a la cita.

Los integrantes de la ALBA celebrarán un encuentro de cerca de dos horas, antes de concluir la Cumbre con una foto oficial. Este foro de integración, creado en 2004 por los expresidentes ya fallecidos Fidel Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela), celebra habitualmente sus cumbres de líderes a finales de año. La anterior fue en diciembre de 2021, también en La Habana.

Cuenta con diez miembros: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela, y dos invitados especiales (Haití y Surinam).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este lunes que contempla realizar una gira por Centroamérica, visitando distintos países de la región, aunque no ofreció detalles o fechas.

“Estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica, la iría a visitar, todavía no tengo el tiempo definido pero sí tengo interés (…) he salido tres veces y las tres a Estados Unidos, una a Nueva York y dos a Washington, entonces, me falta el sur”, dijo AMLO.

López Obrador hizo este comentario tras confirmar que se reunirá el próximo 15 de enero, en la Ciudad de México, con la presidenta electa de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro. AMLO aprovechó para reiterar en que le alegran las victorias de los candidatos progresistas en el continente.

“Afortunadamente, con democracia, ha ido avanzando el movimiento progresista, y eso es muy bueno”, continuó.

Sobre la posibilidad de que dentro de su gira visite Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que este lunes inicia su quinto periodo presidencial bajo acusaciones de fraude, López Obrador prefirió no opinar.

“No queremos pleito con nadie, México siempre ha buscado la conciliación y por eso nos tienen confianza, por eso hasta se le pide a México que actúe como intermediario en conflictos internacionales”, dijo el mandatario.

En este tema, dijo «desconocer» la decisión de la cancillería de mandar una delegación mexicana al acto de investidura de Ortega. Sin embargo, rápidamente pidió ver «si daba tiempo» de que alguien asistiera, pues dijo, México no tiene pleitos con ningún país.

Así, en cuestión de minutos, revirtió la decisión del canciller Marcelo Ebrard; y anunció que sería Ramiro Ayala, jefe de la cancillería en la embajada de México en Nicaragua, quien estaría presente en el acto. Explicó que el funcionario es el encargado de negocios de México en dicho país, pues no hay embajador por el momento.

AMLO calificó la decisión de no enviar a un representante como una «imprudencia».

“Nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes. Sí (sería una imprudencia), porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia», respondió al ser cuestionado sobre el tema.

Incluso aprovechó para reiterar que su administración no se conduce como el gobierno de Peña Nieto, cuando, por quedar bien con otro gobierno, expulsó al embajador de Corea del Norte. «México es libre y soberano, la política de México está bien definida en el artículo 89 de la constitución, tenemos muchísimos antecedentes», añadió.

El gobierno de Nicaragua denunció este viernes la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA)en que la que descalificó las elecciones generales del día 7 de noviembre, y anunció su salida de ese organismo.

«Estamos renunciando y desvinculándonos de la Organización de Estados Americanos, nos estamos retirando de la OEA», declaró el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, en una comparecencia de prensa desde la sede de la Cancillería, en Managua.

La medida, anunciada por el canciller es en respuesta a una resolución aprobada el martes por el parlamento del país centroamericano, de mayoría oficialista, en la que los legisladores pidieron al mandatario denunciar la Carta Democrática de la OEA para sacar al país del grupo.

Y es que el organismo multilateral declaró la semana pasada ilegítimas las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, donde Ortega fue reelegido, en medio de duras críticas de la comunidad internacional por la detención previa de varios de sus contrincantes y acciones contra la libertad de prensa.

En abril de 2017, Venezuela, un aliado de Nicaragua, solicitó formalmente salirse de la OEA en respuesta a lo que el gobierno izquierdista del país petrolero consideró una «injerencia» del organismo hemisférico en sus asuntos internos. El proceso de retiro toma unos dos años aproximadamente.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enfrenta este lunes amenazas de nuevas sanciones de Estados Unidos y críticas de la Unión Europea (UE), así como de diversos países latinoamericanos, tras ganar sin sorpresas un cuarto mandato consecutivo en las elecciones celebradas ayer.

Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007, fue reelegido con un 75% de los votos, con la mitad de las mesas escrutadas, anunció esta madrugada el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Las reacciones no se hicieron esperar. Incluso apenas cerradas las urnas, el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó los comicios de «farsa», y la UE aseguró que «carecen de legitimidad». El gobierno español, en particular, se refirió al proceso como una «burla».

Ortega, quien el próximo jueves cumplirá 76 años, asumirá otros cinco años como presidente a partir del 10 de enero, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto a su esposa Rosario Murillo, de 70, que será vicepresidenta por segunda vez.

Ortega enfrentó a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de ser colaboradores del gobierno, quienes en total obtuvieron el restante 25% de los votos.

Tras 14 años en el poder, Ortega es acusado por sus críticos y opositores de «nepotismo» y de instaurar una dictadura. Pero él asegura que su gobierno es del «pueblo». Los comicios «completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático», dijo la UE en un comunicado. «Fue una elección solo de nombre», estimó el Reino Unido por su parte.

Ortega solo recibió la felicitación de sus aliados: Venezuela, Cuba, Bolivia y Rusia, que condenó la postura de Washington y consideró los comicios «en pleno respeto» de la ley. En Latinoamérica, Costa Rica, vecino de Nicaragua y que da refugio a decenas de miles de exiliados nicaragüenses, desconoció las elecciones, al igual que Chile.

Los comicios también designaron a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control del gobierno.

Los comicios se celebraron tres años y medio después de las protestas de 2018 que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados, sumiendo al país en una profunda crisis política.

Desde junio fueron desintegrados tres partidos y detenidos 39 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas, entre ellos siete aspirantes presidenciales, sumándose a unos 120 opositores que siguen presos desde 2018.

En virtud de leyes aprobadas a fines de 2020, bajo el gobierno de Ortega, los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, de promover sanciones internacionales, de traición a la patria y  de lavado de dinero.

Ayer, Ortega acusó a los opositores de conspirar contra la «paz» del país, al tiempo que los tildó de «terroristas», pues los opositores habían llamado a la abstención.

El CSE estimó en un 65% la participación, aunque el observatorio independiente Urnas Abiertas, que denunció el «hostigamiento a trabajadores del Estado» para forzarlos a votar, aseguró que la abstención habría alcanzado un 81.5%.

Estados Unidos considera que Nicaragua consolidará una «dictadura» con el previsible triunfo de Daniel Ortega el próximo domingo en las elecciones que vivirá el país, las cuales señaló son «una farsa».

«Estas elecciones no tendrán credibilidad, son una farsa», dijo Patrick Ventrell, director de Asuntos Centroamericanos en el Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden.

Al respecto, se anunció que el mandatario firmará la llamada ley Renacer, por la que su gobierno se compromete a ampliar las sanciones a Nicaragua, después de las elecciones de este domingo.

«El presidente emitirá un comunicado probablemente el domingo, y después el presidente firmará la ley Renacer que ha aprobado el Congreso», dijo un funcionario en una rueda de prensa telefónica con un reducido grupo de medios.

Y es que Nicaragua celebra las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder.

Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene casi seguro otro gobierno de cinco años con su esposa Rosario Murillo, a quien ha decidido nombrar  «copresidenta».

El triunfo de Ortega es casi un hecho, ya que se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno, esto luego del arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores, en una ofensiva que desde junio encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas.

Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, traición a la patria o lavado de dinero, conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.

Más de 100,000 nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son políticos, sino «golpistas» patrocinados por Washington.

El próximo domingo se elegirá al futuro presidente presidente y a un vicepresidente para el período que va del 10 de enero de 2022 al 10 de enero de 2027. También se elegirá a 90 de los 92 miembros de la Asamblea Nacional, pues un asiento está reservado para el presidente saliente y otro para el candidato presidencial perdedor del segundo lugar. Igualmente se elegirá a 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció que espera divulgar los primeros resultados de la votación alrededor de la medianoche del domingo 7 de noviembre, y que los resultados preliminares se publicarán el lunes 15.

Los centros de votación abrirán a las 07:00 hora local y cerrarán a las 19:00. Las personas que estén dentro de los centros de votación o en fila podrán emitir su voto después de la hora estipulada de cierre.

Unos 30,000 policías y miembros del Ejército serán movilizados en todo el país para resguardar el orden en la jornada. Destaca que el gobierno de Nicaragua no invitó a observadores internacionales reconocidos, como la OEA, la Unión Europea o el estadounidense Centro Carter, que habían cuestionado los comicios de 2011 y 2016, cuando Ortega se reeligió. En su lugar, el gobierno anunció la presencia de unos 200 «acompañantes electorales», en su mayoría vinculados a partidos y gobiernos de izquierda.

Un tuit de Juan Carlos Ortega Murillo, uno de los ocho hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en el que critica a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su posición sobre la situación política en el país centroamericano, desató una polémica en las redes sociales.

«Oe, Andrés… @lopezobrador_ La historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase, mi hermano», escribió Ortega Murillo en Twitter.

Dicho mensaje provocó la reacción del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga, quien en la misma red social le respondió que la valentía siempre ha estado del lado de la libertad, «la cobardía es la aliada de la represión», respondió el funcionario mexicano.

Ortega Murillo, de 39 años, director de Difuso Comunicaciones, empresa que realiza las campañas electorales del presidente nicaragüense, publicó luego una fotografía del caudillo revolucionario mexicano Emiliano Zapata, y una serie de mensajes con frases cortas como «Los cobardes son hijos del sometimiento», «Hijos de dominio» y «¡VENCEREMOS!».

Y es que el pasado 25 de junio, López Obrador pidió garantizar las libertades, evitar la represión y no encarcelar, esto al ser cuestionado sobre la situación política en Nicaragua donde las autoridades han detenido a 21 personas desde el 28 de mayo pasado, entre ellos cinco aspirantes de la oposición a la Presidencia.

Sin embargo, pese a manifestar López Obrador su «preocupación», México se negó, junto a Argentina, a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio por 26 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para condenar la persecución de los opositores, con el argumento de la «no intervención en asuntos internos».

Posteriormente, los dos países llamaron a sus embajadores en el país centroamericano a consultas para evaluar la situación. México y Argentina darán a conocer esta semana un nuevo paso sobre la situación política en Nicaragua, según dijo el canciller, Marcelo Ebrard.

Recordemos que Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones de los líderes opositores, entre ellos los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes se les acusa de «traición a la patria».

Anoche, cinco líderes estudiantiles y del movimiento campesino fueron detenidos, uno de ellos aspirante a la presidencia, acusados de «menoscabar la soberanía» del país, entre otros cargos, lo que aumenta a 27 los opositores al gobierno de Daniel Ortega arrestados a cuatro meses de las elecciones.

Son seis los aspirantes a la presidencia que han sido detenidos y que se encuentran presos: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, y Medardo Mairena. Además se cuentan otras 21 personas presas entre críticos, activistas, empresarios, estudiantes y excompañeros de armas de Ortega.

En medio de pedidos de la comunidad internacional de liberar a los detenidos, Ortega ha dicho que los opositores presos no son «candidatos» ni «políticos», sino «criminales» que trataron de organizar un golpe de Estado con financiamiento de Estados Unidos.

Esas detenciones se producen de cara a las elecciones del 7 de noviembre próximo en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca reelegirse por cinco años más.

El mandatario, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de «criminales».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al gobierno de Nicaragua garantizar que el pueblo decida de manera libre en las elecciones de noviembre próximo, y rechazó la represión y los encarcelamientos en el país, que vive una ola de detenciones de opositores al gobierno de Daniel Ortega.

Cuestionado sobre la represión en Nicaragua, López Obrador recordó que su política exterior exige la no intervención en asuntos de otros países, aunque recordó que México sí puede hablar de la defensa de los derechos humanos.

«Consideramos que se deben de garantizar las libertades y que no debe de haber represión. En ninguna parte, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo, se debe optar por la fuerza», expresó el mandatario. Sus declaraciones han sido tomadas con sorpresa, pues normalmente no se posiciona sobre asuntos extranjeros.

López Obrador reiteró su máxima de nada por la fuerza y todo por la razón y el derecho, y pidió no encarcelar para que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones.

«Y también una recomendación respetuosa, y es que si se actúa de esta forma, garantizando la libertad plena, se impide a quienes están acostumbrados a intervenir en asuntos de otros países el que tengan pretextos o excusas para entrometerse», dijo.

Deseó que en Nicaragua, Colombia y el Perú, este último donde hubo elecciones para elegir presidente recientemente, se resuelva todo por la vía pacífica y se constituyan gobiernos democráticos y libres, con legalidad y legitimidad suficiente, sean de la tendencia que sean.

Pese a manifestar su preocupación, recordemos que México se negó, junto a Argentina, a acompañar una resolución aprobada el pasado 15 de junio por 26 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en donde se condenaba la persecución de los opositores, con el argumento de la «no intervención en asuntos internos».

Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones de opositores, entre ellos cinco aspirantes a la Presidencia, que se producen a menos de cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre en las que Ortega busca una nueva reelección.

En dichas elecciones Ortega, quien gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, e inició una segunda etapa en 2007, se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política de Nicaragua.

Mientras que en Colombia se han dado violentas protestas contra el gobierno de Iván Duque desde finales de abril.

Las protestas dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía, mientras que la Fiscalía vincula a las manifestaciones 20 fallecidos

El Frente de Unidad Nacional (UN) de Bolivia, el Partido Acción Nacional (PAN) de México y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Nicaragua emitieron este lunes un comunicado conjunto, en que manifestaron su rechazo a la posición de sus respectivos gobiernos respecto a la crisis que se vive en Venezuela.

Los tres partidos indicaron que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y expresaron su apoyo y respaldo a los parlamentarios de la Asamblea Nacional de dicho país.

“Condenamos sin matices la postura de nuestros respectivos gobiernos sobre la crisis venezolana. Su complicidad con la tiranía de Nicolás Maduro no representa el verdadero sentimiento de nuestras naciones”, indicaron las formaciones políticas.

Adelantaron su apoyo a los venezolanos para enfrentar las “batallas” por la recuperación de la democracia, hasta que la institucionalidad retorne a Venezuela.

Finalmente, aseguraron que trabajarán en conjunto para impedir que el populismo siga creciendo en la región, en nombre de una falsa democracia.

 

El consejero en Seguridad Nacional de La Casa Blanca, John Bolton, denunció este jueves a Cuba, Venezuela y Nicaragua como «la troika de la tiranía» y dijo que el presidente Donald Trump va a tomar «acciones directas» contra los tres regímenes.

«Bajo el mando del presidente Trump, Estados Unidos va a tomar acciones directas contra estos tres regímenes para defender el imperio de la ley, la libertad, la decencia humana mínima en nuestra región», afirmó el funcionario en un evento en Florida.

En entrevista posterior con la agencia EFE, Bolton se pronunció sobre la Caravana Migrante que avanza rumbo a su país. Dijo que la caravana no es una forma «aceptable» de ingresar a su país. Sostuvo que la Administración federal ha tenido «muy buenos tratos» con el Gobierno de México respecto a las caravanas de migrantes.

El asesor indicó que hay «muchas oportunidades» de negociar con Honduras, Guatemala y El Salvador para atajar este tipo de situaciones, pero que tienen que «tomarse en serio» un tema que es de «seguridad nacional» para Estados Unidos.

 

El gobierno de Nicaragua expulsó a la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU dos días después de que emitió un contundente informe sobre abusos contra manifestantes antigubernamentales.

El gobierno del presidente Daniel Ortega ordenó a la misión encabezada por Guillermo Fernández Maldonado salir del país, denunció en conferencia de prensa el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

«Esta insólita decisión es inoportuna, refleja el ánimo de una persona que se siente completamente perdida que ya no puede ocultar sus responsabilidades y seguir ocultando la verdad», manifestó la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, en una referencia a Ortega.

El informe de la ONU, divulgado el miércoles en Ginebra, destacó el «clima de miedo» en Nicaragua tras la violenta represión a las protestas iniciadas en abril pasado contra el gobierno de Ortega. «La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista», señaló el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, en un comunicado en ocasión de la publicación del informe.

Luego de esto, Ortega acusó al organismo de la ONU de ser «un instrumento de políticas de terror, mentira e infamia».

Doce países de la Organización de Estados Americanos (OEA) integran a partir de hoy el Grupo de Trabajo para Nicaragua, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones para la crisis, la más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado.

El anuncio de los miembros del Grupo de Trabajo se hizo hoy durante un Consejo Permanente de la OEA, en Washington.

La embajadora de Costa Rica ante el organismo, Rita María Hernández, que ocupa la Presidencia del Consejo Permanente, informó que los integrantes serán Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.

La oficialización del grupo llega luego de que el pasado 2 de agosto se aprobara un Proyecto de Resolución presentado por ocho países, el cual establecía la creación del Grupo de Trabajo que tendría como fin contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua.

La resolución aprobada marcaba el 10 de agosto como fecha límite para la constitución del Grupo y establecía que debía estar compuesto por un mínimo de cinco miembros.

 

Con información de Medios / Foto: Twitter

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, exigió hoy que los golpistas paguen por sus crímenes, luego de que el Gobierno local oficializara por primera vez, en 197, el número de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

«Ellos los mataron, que paguen por sus crímenes. Ellos, los golpistas, asesinaron a estos hermanos nicaragüenses. Que paguen por sus crímenes», dijo Murillo, a través de medios del Gobierno.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, y la Policía Nacional, reconocieron esta mañana que al menos 197 personas han muerto en las protestas que iniciaron el 18 de abril, una cifra inferior a las 266 de la oficialista Comisión de la Verdad.

Las cifras oficiales también son menores a las de fuentes independientes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha reportado 317, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), con 305, y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), con 448.

La también primera dama alegó que las muertes se dieron durante un intento de golpe de Estado contra su esposo, y aseguró saber quiénes lo ejecutaron, aunque no identificó a los autores. «Sabemos quiénes fueron, quiénes dirigieron, quiénes promovieron, quiénes financiaron y quiénes ejecutaron el golpe de Estado, el intento de golpe», insistió.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo hoy que su país está recuperando la paz y la seguridad, tras casi cuatro meses de protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, que han segado entre 317 y 448 vidas.

«Vamos logrando seguridad, normalidad, paz, recreación, derechos restituidos para todos en nuestro país», afirmó Murillo, también  primera dama del país, a través de medios oficiales.

Destacó las actividades de recreación ocurridas el fin de semana en la que, según dijo, participaron miles de familias
nicaragüenses en todo el país. «Concluimos un buen fin de semana: mucha recreación, mucho deporte, mucho arte, cultura, ferias en todo el país», recalcó.

«Y las familias movilizándose con absoluta libertad a los espacios de entretenimiento, de recreación, a las ferias que se realizaron también en una gran cantidad de ciudades de nuestro país», agregó.

Aseguró que las familias se movilizaron a comprar, a abastecerse, visitaron las iglesias, «en fin, a todo lo que son las actividades propias de un fin de semana normal en nuestra Nicaragua».

El mensaje llega en medio de una crisis que vive el país, la cual ha sido considerada la  más sangrienta desde la década de 1980, también con Daniel Ortega como presidente, y que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según varios organismos humanitarios, cifra que el propio mandatario rebajó el pasado lunes a 195.

Las protestas contra Ortega comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del líder, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

El día de hoy se aprobó en una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una resolución en la cual se acordó la creación de un Grupo de Trabajo para Nicaragua.

La resolución tiene como finalidad contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua.

El proyecto fue presentado conjuntamente por México, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Perú.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que «la conformación de este Grupo responde a la necesidad de contribuir al proceso del diálogo nacional en este país por medio del acompañamiento y el trabajo colaborativo con diferentes actores regionales e internacionales».

Se detalló que el grupo de trabajo estará conformado por un representante de cada grupo regional y otros Estados Miembros de la OEA comprometidos con los objetivos de la resolución y presentará mensualmente un reporte al Consejo Permanente sobre el avance de sus gestiones.

 

La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua fijó hoy en 265 el número de muertos, entre ellos 13 menores de edad, en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega iniciadas el 18 de abril pasado.

Entre los 265 fallecidos que contabilizan hasta el 31 de julio, 241 son hombres, 11 mujeres y 13 menores de edad, indicó esa Comisión en un informe.

Managua, con 114 fallecidos, es la provincia con más muertos en el marco de la crisis, seguido de Masaya (35), Carazo y León (18), Matagalpa (16), Estelí (14), Jinotega (10), Caribe Norte (10), Río San Juan y Chinandega (9), y el resto en las demás provincias.

La Comisión destacó que esas muertes han sido verificadas y confirmadas con las cédulas de identidad de las víctimas.

Recordemos que la Comisión ha sido criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia, ya que fue creada exclusivamente por diputados afines al presidente Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registra al menos 448 personas muertas, mientras el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) al menos 302.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, afirmó que está dispuesto a reanudar el diálogo con la mediación de la ONU y la participación de la Iglesia para buscar una salida a las protestas contra su Gobierno y afirmó que la cifra de muertos desde que estalló la crisis el 18 de abril es de 195, una considerable reducción frente al número que manejan organizaciones civiles que ya supera los 400.

“Hemos tomado contacto con el secretario general de Naciones Unidas (António Guterres), con diferentes organismos internacionales y lógicamente con el cardenal (Leopoldo) Brenes. Estamos esperando el momento”, dijo Ortega en una entrevista con la cadena norteamericana CNN.

Apenas este lunes la ONU expresó que está discutiendo la posibilidad de asumir algún tipo de papel en los esfuerzos para mediar y poner fin a la crisis en Nicaragua.

Sobre la propuesta de convocar a elecciones anticipadas, uno de los principales pedidos en el diálogo nacional y que fue rechazada por Ortega, el mandatario mostró la posibilidad de consultarle al pueblo nicaragüense.

“Le podríamos preguntar a la gente, claro que sí. Si la gente dice que sí, vamos a elecciones anticipadas. Y si la gente dice que no, van a decir que hicimos fraude. ¿Por qué? Porque todavía las reformas que hay que hacer, los mecanismos, todo el trabajo que hay que hacer para fortalecer el sistema electoral necesita también de recursos”, dijo el presidente.

Asimismo, Ortega reconoció que los hombres encapuchados con armas que actúan para frenar las protestas en las calles son «policías voluntarios».

«Aquí tenemos lo que se llama policía voluntaria», dijo Ortega en la entrevista, en la que repitió hasta en tres ocasiones que los enmascarados son «policías voluntarios», apenas una semana después de que había negado públicamente que esos grupos, denominados «parapolicías» o paramilitares, pertenecieran a su Gobierno.