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El exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, condenado a principios de este año en Estados Unidos por haber aceptado millones de dólares en sobornos de narcotraficantes, está buscando un nuevo juicio, argumentando que ha encontrado pruebas de que testigos clave mintieron.

Los abogados del exfuncionario mexicano, quien de 2006 a 2012 encabezó la lucha contra los cárteles de la droga, dijeron en un expediente judicial este viernes que también habían encontrado evidencia de que los testigos que cooperaron con los fiscales se habían comunicado inadecuadamente entre sí antes del juicio.

“El señor García Luna fue declarado culpable de cargos de los que es inocente”, escribieron sus abogados en un memorando presentado ante el tribunal federal de Brooklyn, donde se celebró el juicio a inicios de año. “Dejar que se mantenga el veredicto sería una injusticia manifiesta”, agregaron.

Los fiscales deben responder a la petición de la defensa de García Luna, antes de que el juez de distrito Brian Cogan decida en última instancia si ordena o no un nuevo juicio. Todo indica que solicitarán que se desestime la solicitud y se mantenga el proceso que ya se llevó a cabo.

García Luna, de 55 años, es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango jamás acusado de vínculos con el narcotráfico.

Fue condenado por cinco cargos criminales después de que los fiscales dijeran que aceptó sobornos del Cártel de Sinaloa, liderado en el pasado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de protección, paso seguro para cargamentos de cocaína y avisos sobre próximas operaciones policiales.

García trabajó estrechamente con las agencias de inteligencia y antinarcóticos de Estados Unidos como parte de la ofensiva del expresidente Calderón contra los cárteles.

Los abogados defensores también dijeron que los fiscales no entregaron pruebas que demuestren que la DEA, la CIA y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos realizaron verificaciones de antecedentes de García ni de los servicios de seguridad con los que trabajó mientras estuvo en el cargo.

El juez deberá resolver antes del 1 de marzo si concede el nuevo juicio o no, fecha en que se tiene programado el dictado de sentencia.

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, integrantes de la coalición Va Por México, anunciaron este mañana que solicitarán la nulidad y reposición del proceso electoral en los estados de San Luis Potosí, Campeche, Guerreo y Michoacán, pues aseguraron que se presentaron múltiples irregularidades, calificando los comicios como un “fraude a la ley, que atentó contra la certeza y equidad en la contienda”.

Marko Cortés, Alejandro Morena y Jesús Zambrano encabezaron una conferencia de prensa esta mañana, en la que expusieron las anomalías en dichas elecciones, entre las que incluyeron acciones que van desde el rebase de topes de campaña, la promoción indebida del voto, la vulneración de la cadena de custodia, el uso de los programas sociales y las amenazas e intimidaciones de la delincuencia organizada a funcionarios y representantes de casilla.

El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, detalló que, en el caso de San Luis Potosí, uno de los aspectos más claros por los cuales se debe anular la elección es porque el candidato del Partido Verde, y actual gobernador electo, Ricardo Gallardo, rebasó los topes de campaña en al menos el 24%, al sumar 36.2 millones de pesos, 7 millones más del monto que marca la ley.

Además, mencionó el proselitismo electoral de los “influencers” del Partido Verde el día de la elección, que a su juicio influyó en la contienda, así como el extravío de 8 mil 814 boletas de la elección de gobernador y las múltiples irregularidades detectadas en las actas electorales, como la falta de folios.

“El conjunto de elementos que hemos presentado, las violaciones sistemáticas a la Constitución, a la normatividad, a la ley, a la cadena de custodia, generan todos los elementos suficientes para que quienes conformamos la coalición Sí por San Luis Potosí, digamos claro y fuerte que exigimos la nulidad de esta elección y que se reponga el proceso en una elección extraordinaria”, reclamó.

Por su parte el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que también se han detectado irregularidades en la elección a gobernador de Campeche, su estado natal y donde competía su sobrino, así como en la elección de Guerrero. Alito Moreno destacó la intervención del gobierno federal a través de los diferentes programas sociales.

“Los agravios que se presentaron para solicitar la nulidad a la elección de gobernador de Campeche es el principio histórico de separación Iglesia y Estado”, pues dijo, existió una clara intervención a favor de la candidata a gobernador de Morena, Layda Sansores, además de otros candidatos del partido.

Indicó que también se detectó la intervención del Ejecutivo federal, mediante la difusión de programas sociales en el periodo de campaña, situación que ocurrió en el caso de Guerrero, donde aseguró que hubo un dispendio de recursos, así como una violación sistemática a los programas sociales, en el tema de conteo de actas electorales y en el tema de las casillas

Por su parte el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que en el caso de Michoacán, se presentaron irregularidades en el 80% de las casillas.

Indicó que hay causales suficientes acreditadas ante la autoridad electoral de votación atípica, de violaciones al artículo 134 constitucional, propaganda negra, guerra sucia y calumnias generadas en ruedas de prensa. También denunció que se documentó el embarazo de urnas.

Recordó que si se presentan irregularidades en el 20% de casillas, es causal suficiente de nulidad, siendo que en este caso, las irregularidades son en cerca del 80% de ellas.

“Nosotros estamos demandando, lo reiteramos, y hemos presentado los recursos correspondientes; la nulidad y la reposición correspondiente del proceso de elección a gobernador y de todo lo que ahí se pueda presentar”, sostuvo el dirigente del partido del sol azteca.

Zambrano Grijalva llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a que asuma su responsabilidad y no sea omiso. Dijo que como jefe de Estado debe solicitar al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que indague las denuncias presentadas por la intromisión del crimen organizado durante la pasada elección.

Recordemos que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acudió ayer a la sede de la Suprema Corte para presentar las pruebas que asegura tener sobre los vínculos entre el crimen organizado y el partido oficialista, que ganó la elección estatal. Sin embargo no fue recibido por el ministro presidente.

Con anterioridad, se había presentado en Palacio Nacional para buscar un encuentro con López Obrador, pero tampoco fue atendido.

Cortés Mendoza recordó que la del 6 de junio fue una jornada electoral sumamente violenta, por lo que señaló que “no hay más ciego que el que no lo quiere ver”, esto en referencia a la autoridad electoral.

Dijo que fueron cuatro los momentos en los que participó la delincuencia organizada en la elección para amenazar y amedrentar a los actores: durante la postulación de candidatos, en la contienda electoral, el día de la jornada y en el periodo poselectoral.

El dirigente aseguró que lo más inequitativo de la pasada elección fue la injerencia de la delincuencia organizada para apoyar a los candidatos de Morena.

A través de un comunicado, el  alcalde electo de Coyoacán por la coalición “Por la CDMX al Frente”, Manuel Negrete, culpó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a Claudia Sheinbaum de operar para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulara la elección en Coyoacán.

“Culpo a López Obrador y a Claudia Sheinbaum de estar detrás de esta resolución. Sabemos perfectamente que hay una presión a las instituciones y este es un claro ejemplo, principalmente cuando estamos a unos días de tomar posesión”, indicó el ex futbolista.

A través del escrito difundido entre los medios de comunicación, Negrete pidió no permitir que los caprichos de unos cuantos “sucumban ante los deseos de miles de coyoacanenses” que decidieron el primero de julio.

Sostuvo que “es evidente que los dirigentes de Morena quieren un control absoluto de la ciudad, por eso, a través de falsas acusaciones, buscan derrocar a la oposición”, señaló.

El también político aseguró que él y los partidos que lo postularon no se quedarán de “brazos cruzados” por lo que anunció que utilizarán todos los recursos legales para revertir la decisión del TEPJF; en ese sentido pidió el apoyo de todos los habitantes de Coyoacán para no permitir el atropello.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados, apelaremos esta resolución hasta agotar todas las vías legales y nos aliaremos a los coyoacanenses para juntos exigir que se respete su decisión y el triunfo de la coalición Por México al Frente”, remató Negrete.

 

El consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mauricio Huesca, adelantó que podría haber una nueva elección en Coyoacán para elegir a su próximo alcalde, esto luego de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular la elección.

Indicó que si la resolución se mantiene en firme, después de las impugnaciones que se prevén, se llamaría a nuevas elecciones, pero sin campañas. “No va a haber campaña simplemente es la pura jornada electoral”.

Señaló que una vez que la resolución se apruebe, el Instituto tiene un plazo de 30 días para emir la convocatoria a nuevas elecciones; especificó que los candidatos que participaron en la elección del 1 de julio podrían volver a buscar el cargo.

Al respecto, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, indicó que en caso de que se proceda a convocar a nuevas elecciones “nosotros como Gobierno tenemos que instaurar todas las medidas que se aplicaron o que se aplican en un periodo electoral”.

Dijo que como parte de las medidas, estaría brindar todas las facilidades para que se puedan desarrollar las elecciones, impedir la intervención de cualquier gobierno para favorecer a alguna candidata o candidato, y generar las condiciones de seguridad y acompañamiento para el proceso.

Por su parte la Jefa de Gobierno Electa, Claudia Sheinbaum, celebró la decisión adoptada por el TEPJF, pues dijo que se reconoció la violencia de género que se ejerció durante el proceso electoral, pues recordó que María Rojo, candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia”, vivió una violencia de género muy fuerte durante toda la campaña.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvió que el candidato de la alianza encabezada por el PRI en Coahuila, Miguel Riquelme, erogó 19 millones 553 mil pesos, rebasando en 310 mil 621 pesos el tope de gastos de campaña establecido por la ley estatal.

 

En consecuencia, y en acato a la resolución del TEPJF, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) descontó 1.7 millones de pesos a los gastos de campaña del priista.

 

Con esta resolución Riquelme habría rebasado en 1.6% el tope de gastos, lo que provocaría que se quede lejos del límite del 5% que se requiere para ser causal de nulidad de la elección, falló que el Partido Acción Nacional demandaba para arrebatar el triunfo a su rival.

 

La consejera electoral Pamela San Martín mostró su inconformidad con los resolutivos e indicó que “un tema es si se comparte lo mandatado por la Sala Superior, otro tema es lo que la Sala Superior resolvió, eso se puede o no compartir, y lo digo con toda claridad, no comparto lo que resolvió la Sala Superior”.

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO