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La bancada del PT en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar los artículos 5 y 31 de la Constitución, por la que se propone eliminar la obligatoriedad del Servicio Militar Nacional.

El diputado Benjamín Robles Montoya, autor de la iniciativa, explicó que las modificaciones tienen como premisa fundamental el ejercicio de la libertad de conciencia y de pensamiento.

“No podemos aspirar a ser un país de derechos humanos, si derechos como el de pensamiento y de conciencia siguen condicionados por normas anacrónicas”, señaló en un comunicado.

Sostuvo que las Fuerzas Armadas, sin duda, cumplen una labor importante para el país; no obstante, argumentó, en el pasado malos gobiernos la utilizaron como brazo para reprimir, perseguir opositores. “¿Cómo olvidar Tlatelolco? ¿Cómo olvidar la guerra sucia? Episodios negros que mancharon a las instituciones militares”, reclamó.

Aprovechó el tema para lanzarse contra la oposición, quien dijo, hoy “se lavan la boca en las tribunas de la Cámara de Diputados, del Senado, hablando de una supuesta militarización en este gobierno, cuando fue el PAN el que la llevó a cabo sin un marco jurídico y cuando el PRI estuvo mal gobernando quiso hacer un marco jurídico inconstitucional, como la ley de Seguridad Interior, que subordinaba las autoridades civiles a las autoridades militares”.

Defendió que hoy el Ejército no está para agredir al pueblo, como sucedía en el sexenio de Felipe Calderón, que utilizó a las Fuerzas Armadas para “bañar al país de balas y sangre”.

Finalmente, el congresista federal invitó a sus pares a debatir este tema sin tabúes ni paradigmas anacrónicos, entendiendo que el acercamiento de la juventud con las Fuerzas Armadas no debe darse obligando a los jóvenes a hacer el servicio militar, sino logrando que vean a las instituciones militares como fuente de oportunidades y de orgullo.

Hoy se promulgó una ley austriaca que obliga a todos los adultos a vacunarse contra el coronavirus, el primer mandato de vacunación forzosa contra el COVID-19 de la Unión Europea, que entrará en vigor mañana sábado.

La Cámara Alta del Parlamento austriaco aprobó el proyecto de ley ayer por un amplio margen. Se publicó oficialmente este viernes después de que el presidente Alexander Van der Bellen y el canciller Karl Nehammer la convirtieran en ley, lo que significa que entrará en vigor al día siguiente.

Aproximadamente el 69% de la población austriaca está totalmente vacunada contra el COVID-19, una de las tasas más bajas de Europa occidental, lo que, según el gobierno conservador, justifica la medida y unas multas de hasta 3,600 euros en caso de infracción

Sin embargo, cada vez hay más dudas de que el mandato se aplique en su totalidad, ya que el número récord de infecciones por la variante Ómicron está aumentando la inmunidad de la población.

“La ley es inconstitucional y no es proporcionada”, dijo Herbert Kickl, líder del Partido de la Libertad, de extrema derecha y contrario a la vacunación, el único grupo en el parlamento que se opone al proyecto de ley, en una declaración después de que Van der Bellen lo firmara. Kickl se ha comprometido a combatir la medida en los tribunales.

También hay protestas semanales los sábados en Viena contra las restricciones, incluido el mandato, a las que suelen asistir decenas de miles de personas.

El mandato se aplicará por fases. No habrá controles hasta el 15 de marzo, cuando la policía empiece a verificar el estado de vacunación de las personas que detenga en sus rondines habituales. Los controles más exhaustivos comenzarán en una fecha posterior, no especificada, en una tercera fase, una vez que se haya puesto en marcha un registro de vacunación.

Sin embargo, el ministro de Sanidad, Wolfgang Mueckstein, ha aumentado la confusión sobre la aplicación de la medida diciendo que espera que esa tercera fase no sea necesaria.

Luego de que se diera a conocer que la propuesta de la miscelánea fiscal para el próximo año contemple la modificación del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF), por el cual se estipularía que una vez cumplidos los 18 años, todos los mexicanos deberán contar con su RFC, partidos de oposición y la Iniciativa Privada (IP) han rechazado la propuesta.

Dicho cambio estaría buscando que todos los jóvenes de 18 años logren que su incorporación al mercado laboral sea más fácil, además de que contribuiría a la obtención de la e.firma y la expedición del título o la cédula profesional. En caso de que no se realice dicho trámite, se contemplan multas, que irían de los 3,800 a  los 11,600 pesos.

Y aunque la propuesta no contempla que por el hecho de obtener el RFC se tendrán que pagar impuestos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), criticó la propuesta pues dijo, significa un mayor control por parte de las autoridades toda vez que la inscripción obligatoria al RFC se realizará a pesar de que los mayores de edad no tengan ingresos.
También el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cuestionaron la propuesta e hicieron un llamado a que se someta a una revisión el cambio planteado. 
En tanto, los diputados del PRI señalaron que la modificación fiscal que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) representa un acto de “terrorismo”.
“De aprobarse, lo que pareciera que va a suceder porque hay partidos que tienen la mayoría, sería un grave daño a la libertad, a la independencia, al desarrollo de las actividades de nuestros jóvenes”, aseguró el coordinador de la bancada priísta.
Consideró que fiscalizar a los jóvenes de esa manera es un acto de terrorismo, además de un acto de burocracia y un acto de sujetarlos, pues se van a sentir bajo la “lupa del SAT cuando va a pagar sus colegiaturas, sus inscripciones, sus libros, todo. No se está actuando como se dice, con confianza, se está actuando con desconfianza”.

Por su parte, la bancada del PAN, en voz de la diputada Patricia Terrazas Baca, dijo que la medida es un despropósito, toda vez que el RFC es un registro de actividades económicas, y no un padrón poblacional.

“No se pueden utilizar los datos personales de personas que no tienen una actividad empresarial, que es el objetivo del Registro Federal de Contribuyentes. El mismo nombre lo dice: es para contribuyentes, y no necesariamente una persona de 18 años es contribuyente”, declaró la panista.

Señaló que si una persona va a iniciar una actividad empresarial y abrir una cuenta bancaria necesitará estar dado de alta en el RFC, y buscará hacerlo, pero de manera opcional, no obligatoria. Subrayó que el SAT cuenta con una base de datos robusta de información, con contabilidad electrónica, nóminas y convenios con el IMSS, “como para que anden inventando el hilo negro”.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional que sea obligatorio para todos los mexicanos acudir a votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato.

Según la diputada María Eugenia Hernández Pérez, los mexicanos deberán además estimular entre sus familias y comunidades la forma de participación, para fortalecer la democracia y soberanía popular.

La propuesta para adicionar una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política, fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

En la propuesta se señala que si bien el votar es un derecho, también es una obligación, porque de esa manera se fomenta la participación crítica y propositiva de la ciudadanía en las decisiones públicas y se garantiza la mayor asistencia a los procesos electorales.

“Esta reforma contribuiría a potenciar la disposición y el convencimiento de votar, a partir del impulso cívico y ético de las obligaciones que los mexicanos tienen respecto a la patria, en el contexto de lo establecido en el artículo 31 constitucional”, se lee en la iniciativa.

El texto expone que en México el promedio de participación ciudadana en una elección presidencial es de alrededor del 65% del listado nominal de electores, mientras que en países donde el incumplimiento a la obligatoriedad de votar se sanciona la participación es de alrededor del 80%.

Recuerda el gasto promedio por cada voto que se emitió el pasado 6 de junio, el cual fue de 664 pesos. Así, en un cálculo realizado, el voto de los mexicanos habría costado 414 pesos si todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral hubieran acudido a las casillas en la jornada del domingo pasado.

“Es patente que el costo de las elecciones es sumamente elevado en México; por lo mismo, debe la ciudadanía acudir a votar sin reservas en todos los procesos electorales. El abstencionismo, aparte de los estragos que causa en materia de legitimidad y gobernabilidad, resulta un inaceptable incremento en el costo del voto”, añade.