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Una nueva filtración de documentos revela que Odebrecht pagó en México al menos 9.2 millones de dólares en sobornos, adicionales a los 10.5 millones de dólares que hasta ahora se conocían, y que involucran a por lo menos 6 funcionarios.

El pago de sobornos de Odebrecht iniciaron en 2006, a favor de personajes involucrados en la construcción de una obra hidráulica en Michoacán, según consta en un expediente de 334 páginas con información de nuevos sobornos en América Latina, al que tuvo acceso la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El monto revelado ahora es distinto a los sobornos que hasta ahora se conocían, pues Odebrecht había confesado ante tribunales de Estados Unidos que realizó pagos ilegales en México por 10.5 millones de dólares, entre 2010 y 2014.

Ahora se conoce que la red de corrupción en nuestro país venía por lo menos desde hace 15 años y los sobornos podrían alcanzar los 20 millones de dólares e involucrar más obras, de acuerdo a documentos de la Procuraduría de Brasil.

MCCI tuvo acceso al expediente que contiene cientos de códigos secretos de distintos países, como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato, coordinado por la organización Convoca, de Perú.

La obra de Michoacán a la que se hace referencia en dichos documentos se ejecutó durante el periodo de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy como gobernadores del estado, y durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

La información ahora conocida de Odebrecht no menciona que los gobernadores o presidentes hayan recibido algún tipo de soborno, ni tampoco revela la identidad de los beneficiarios, pero llama la atención pues Cárdenas Batel es el actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la contabilidad alterna de Odebrecht se asignaban códigos secretos para ocultar la identidad de los personajes sobornados. En los nuevos documentos aparecen en total, en dos planillas distintas, seis códigos secretos de personas vinculadas a la obra hidráulica.

Investigación completa en MCCI

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un posicionamiento respecto al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, luego de las fotografías que se difundieron este fin de semana en el que se le observa cenando en un restaurante de la Ciudad de México.

La Fiscalía indicó que el exfuncionario «sigue siendo procesado» judicialmente por la trama de sobornos de Odebrecht.

«Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso», detalló la FGR a través de un comunicado.

Recordó que, tras ser extraditado desde España el año pasado, el exdirector de Pemex «solicitó el criterio de oportunidad», figura jurídica que le permitió acceder a beneficios procesales a cambio de colaborar con la justicia.

El Ministerio Público relató que Lozoya denunció el 11 de agosto del año pasado a sus «socios y encubridores», y aportó «diversas pruebas que se han ido desahogando; lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht».

Y es que Lozoya, excolaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, es acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos; ante esas acusaciones, cerró un acuerdo con la Fiscalía y denunció que el exmandatario Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron a usar los sobornos de Odebrecht para comprar el voto de legisladores opositores a favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tachó de «inmoral», «imprudencia» y «provocación» el que Lozoya fuera a cenar a un restaurante de lujo, y pidió a la Fiscalía aclarar lo sucedido.

Al respecto, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó esta tarde que mantiene en las listas de control migratoria, conocida como alerta migratoria, a Emilio Lozoya.

«Lo anterior, con el propósito de verificar y registrar los movimientos de la persona mencionada en los puntos destinados al tránsito internacional de personas, ya sea aéreos, marítimos o terrestres, así como informar de los mismos a las autoridades internacionales», señaló el INM.

Foto: Twitter @lumendoz

Un juez Decidió ampliar hasta noviembre los plazos de investigación sobre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en los dos casos en los que está procesado, uno por recibir sobornos de Odebrecht y otro por la compraventa fraudulenta de La planta de Agronitrogenados.

Según informó el Consejo de la Judicatura Federal, el juez José Artemio Zúñiga prorrogó hasta el 3 de noviembre la investigación sobre el caso Odebrecht y hasta el 19 de noviembre la de la planta de fertilizantes.

La prórroga se debe a la necesidad de traducir varios documentos recibidos de Alemania, Brasil y Belice, informó la Judicatura.

Emilio Lozoya participó este viernes por videconferencia en ambas audiencias, mientras que su madre, Gilda Austin, y su hermana Gilda Susana Lozoya estuvieron en la del caso Odebrecht, en el que también están implicadas.

Recordemos que Lozoya fue arrestado el año pasado en España y extraditado a nuestro país, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, y de haber recibido un soborno para que Pemex comprara a la empresa Altos Hornos de México una planta de fertilizantes inservible a sobrecosto.

Tras su llegada a México, el excolaborador de Enrique Peña Nieto cerró un acuerdo con la justicia, por el que delató a diversos políticos, a cambio de afrontar su proceso en libertad. Acusó a Peña Nieto y a Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que aprobaran en 2014 la reforma energética.

Entre los señalados de haber recibido estos sobornos está el excandidato presidencial Ricardo Anaya. La Fiscalía acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos a cambio de su voto en la reforma.

Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, negó este viernes que se hayan congelado las cuentas bancarias de Anaya, como se sugirió en algunos medios y redes sociales.

«En este momento no (no han congelado cuentas bancarias), nosotros seguiremos trabajando en las investigaciones, porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia», comentó Nieto al participar en la plenaria de los Diputados de Morena.

Quien también se refirió al caso de Anaya, fue el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien participó en la plenaria de Morena en el Senado. Dijo que pese a lo que han hecho creer,  no se trata de un caso de una persona que haya recibido dinero o que haya votado en un sentido, sino de corrupción a nivel Estado para entregar bienes de la nación.

«Hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero y que votó en un sentido (…) es un caso de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir dinero, eso es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante», contestó Gertz Manero al ser cuestionado sobre el tema.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que presentará una sexta denuncia por corrupción contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra implicado en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Fuentes de la institución informaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Lozoya Austin por el desvío de 1,400 millones de pesos a una empresa cuyo nombre no desvelaron.

Con esta sumarán seis las denuncias presentadas por la UIF en contra de Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que Emilio Lozoya fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad condicional. Uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.

El otro juicio es por comprar presuntamente la planta de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital del país.

La llegada de Lozoya a México supuso un terremoto político ya que cerró un acuerdo con la Fiscalía para afrontar sus procesos judiciales en libertad a cambio de develar y denunciar la trama de corrupción que implica al menos a 70 personas de la clase política mexicana.

En la denuncia que presentó, el exdirector de Pemex aseguró que el expresidente Peña Nieto y uno de sus colaboradores más cercanos, Luis Videgaray, quien fungió como secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, le obligaron a recibir estos sobornos y a usarlos para repartir dinero en el Congreso a cambio de apoyo a las reformas que el entonces gobierno federal presentaba.

También señaló a los expresidentes Felipe Calderón, por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.

Además, señala a varios legisladores principalmente de la oposición, entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes supuestamente recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto.

Un juez impuso prisión preventiva para el exsenador Jorge Luis Lavalle, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos relacionados con el caso Odebrecht.

Tras la imposición de la medida, fuentes judiciales confirmaron que el senador fue ingresado esta madrugada al Reclusorio Norte, luego de que el juez del caso estimara riesgo de fuga por parte del acusado.

La audiencia donde ocurrió la vinculación a proceso inició ayer a las 11:00 horas y culminó minutos después de las 06:00 horas de este martes.

Lavalle se convirtió así en el primer político en pisar la cárcel, de una decena de personajes que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció dentro de la trama de sobornos de Odebrecht.

La Fiscalía acusa al exsenador de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho; la audiencia se retomará el próximo lunes.

El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia concedió a la defensa y a la Fiscalía un periodo de tres meses para realizar su investigación complementaria, es decir, hasta el 13 de julio próximo, por lo que en dicho tiempo Lavalle Maury permanecerá en el Reclusorio Norte.

«Los argumentos que vertimos no fueron atendidos en esta instancia por el juez, tenemos buenas oportunidades de apelación, consideramos que algunos de los argumentos que utiliza el juez van en contra inclusive de la forma en que debe operar el nuevo sistema en donde las pruebas que obtienen las partes, me refiero concretamente a la defensa, deben ser valoradas de la misma manera en que merecen las que recaba la Fiscalía», declaró José Joaquín Zapata, abogado el exlegislador.

Recordemos que Lozoya, acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, denunció en agosto del año pasado al expresidente Enrique Peña Nieto, y a su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber orquestado la trama de sobornos.

Señaló que en 2013 varios legisladores del PAN, entre los que figura Lavalle, recibieron dinero a cambio de votar a favor de la reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente por el los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, en relación al caso Odebrecht.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación contra el panista en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde los representantes de la FGR detallaron ante el juez los elementos de prueba que tiene contra el exlegislador.

La imputación, contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, se deriva de la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que acusa a Lavalle y a otros 15 exfuncionarios de alto nivel de recibir sobornos para aprobar la reforma energética de 2013.

Así, Lavalle se convierte el primero de los políticos denunciados por Lozoya, entre los que aparecen los expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, en ser imputados por la justicia mexicana. En la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante de la FGR luego de su extradición desde España, también señala a personajes como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Entre las pruebas que la FGR presentó se encuentran testimonios del exdirector de Pemex, y del exsecretario particular de Lavalle, Rafael Caraveo.

A Lavalle se le señala de haber recibido 25 millones de pesos provenientes del dinero que Odebrecht dispersó en México, triangulado a través de diversas compañías, y que benefició a otros senadores principalmente del PAN y del PRI.

Rafael Caraveo, quien fungió como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, señala que los 25 millones de pesos que habría recibido Lavalle se repartieron en dos entregas, una de 13 millones de pesos y otra de 15 millones.

Señala que el dinero era recogido por él en un domicilio ubicado en Montes Urales en las Lomas de Chapultepec, un inmueble que sirvió como sede de las oficinas de campaña de Peña Nieto en 2012 y de una oficina alterna de Pemex cuando Lozoya era su director.

Lavalle ha negado en diversas ocasiones los señalamientos que hay en su contra, y había manifestado su disposición para presentarse ante las autoridades y aclarar los hechos. Sin embargo, acusó que se le había negado el derecho de conocer el expediente que había en su contra.

«Desconozco las motivaciones e intenciones de esas imputaciones pero son tan falsas como inverosímiles, orientadas y probablemente premiadas», dijo en un comunicado en noviembre del año pasado.

Incluso Lavalle ha señalado que Caraveo será quien tenga que responder por los videos donde se le observa recibiendo el dinero, pues insistió: «manifiesto contundentemente que no tengo relación alguna con ese evento y no recibí un solo peso de origen ilícito».

Y aunque la Fiscalía pretende que se vincule a proceso al exsenador, ninguno de los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que podría seguir su proceso en libertad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana un acuerdo con Braskem-Idesa, filial de Odebrecht, por el contrato suspendido entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la planta petroquímica Etileno XXI en Nanchital, Veracruz.

“Una muy buena noticia que queremos compartir con ustedes: se llegó a un acuerdo con la famosa empresa o sus socios Odebrecht que es famosa porque sobornaba en países y llevó a la cárcel ese procedimiento, para decirlo amablemente esas irregularidades, a presidentes de naciones y a funcionarios del más alto nivel», sostuvo AMLO.

El acuerdo, alcanzado el 26 de febrero por el contrato que se canceló en diciembre pasado, permitirá un ahorro de 13 mil 749 millones de pesos, informó Octavio Romero Oropeza, director de Pemex.

Con el acuerdo, Pemex no tendrá que pagar las penalizaciones de 147 millones de dólares por incumplir el contrato en los primeros dos años de la presidencia de López Obrador, quien argumentaba que Pemex le vendía el gas a menor precio del mercado y le «subsidiaba».

«A partir de esta Administración, el presidente de la República nos instruyó a no pagar penalidades derivados de ese contrato leonino», aseveró Romero al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

La negociación se produce después de que en diciembre López Obrador anunció que no renovaría el «contrato leonino» de suministro de gas que se suscribió en 2010, durante la presidencia del expresidente derechista Felipe Calderón.

La brasileña Braskem, mayor petroquímica de América Latina, anunció entonces que adoptaría las medidas legales por la rescisión «unilateral» del contrato de la planta, que produce cerca de 1.05 millones de toneladas de polietileno al año.

La petroquímica es una asociación controlada por la brasileña Braskem, mayor productora de resinas termoplásticas y líder en América Latina, y el Grupo Idesa, uno de los principales grupos empresariales mexicanos.

El director de Pemex detalló este miércoles que, tras el acuerdo, Braskem-Idesa le pagará a Pemex el 100% del precio del gas etano. Asimismo, la obligación de Pemex de suministrar gas se reduce a la mitad desde ahora y se eliminará por completo en 2024.

«Ahora que ya se tiene este nuevo convenio, de nuevo va a haber abasto de gas natural, porque tampoco es nuestro propósito que cierren una planta de esta naturaleza, estamos hablando de una inversión, no sé, de 8,000 o 10,000 millones de dólares», manifestó el presidente.

La negociación se da en medio de la investigación del caso de Odebrecht, que estalló hace un año con la detención en España de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, acusado de recibir más de 10 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña.

Pese al acuerdo, López Obrador advirtió de que aún habrá una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la planta.

«Hay una denuncia presentada, siguen las investigaciones, porque además hay que ver quién autorizó la firma de este contrato a todas luces leonino, contrario al interés nacional», expresó López Obrador, quien añadió que se debe castigar a quienes permitieron estos contratos.

El Ministerio de Justicia de Andorra envió a México documentos sobre presuntos sobornos pagados por Odebrecht en la construcción de la presa Francisco J. Múgica en Michoacán, obra asignada en 2006 por el gobierno que encabezó en aquella entidad Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Durante la investigación Lava Jato se localizaron documentos que confirmarían que por esta obra ‘Francisco J. Múgica’ se habían pagado sobornos a cargos públicos y políticos de la región de Michoacán, vinculados con la obra”, se lee en un reporte enviado por el Ministerio de Justicia de Andorra, en respuesta a una petición de colaboración internacional de las autoridades mexicanas.

Los documentos fueron enviados desde marzo de 2018 a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), según consta en copias obtenidas por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que hasta ahora no se habían dado a conocer.

MCCI constató que uno de los funcionarios que firmó uno de los contratos a Odebrecht para construir esa presa en Michoacán es Gabriel Mendoza Jiménez, quien trabaja actualmente en la Presidencia de la República, como secretario técnico del Gabinete de Seguridad.

Dicho funcionario es amigo desde la infancia de Cárdenas Batel, con quien colaboró cuando éste fue gobernador de Michoacán.

En los archivos enviados por las autoridades de Andorra no se acusa directamente a Cárdenas Batel ni a su sucesor en la gubernatura, Leonel Godoy; tampoco a Gabriel Mendoza, quien colaboró en los gobiernos de ambos. El reporte del Ministerio de Justicia sólo hace referencia de manera general a indicios de posibles sobornos a «políticos de la región de Michoacán», sin precisar nombres.

En noviembre de 2006, el gobierno de Michoacán, encabezado en aquel entonces por Lázaro Cárdenas Batel, asignó a Odebrecht un contrato para construir una presa en la región de Tierra Caliente, a un costo de 1,500 millones de pesos, equivalentes a 136 millones de dólares al tipo de cambio de la época.

Tres años después, en julio de 2009, el gobierno michoacano, que ya para entonces encabezaba Leonel Godoy, otorgó un nuevo contrato a Odebrecht para ampliar la presa, a la que le pusieron el nombre del militar revolucionario Francisco J. Múgica.

El funcionario responsable de firmar el dictamen de adjudicación directa a favor de la constructora brasileña fue Gabriel Mendoza Jiménez, quien se desempeñaba como director de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente de Michoacán, una dependencia creada por el gobierno de Leonel Godoy.

Al año siguiente, en junio de 2010, se le otorgó a Odebrecht una ampliación de 601 millones de pesos con lo que el monto total de este segundo contrato en Michoacán ascendió a 1,414 millones de pesos. En conjunto, entre el contrato asignado en 2006 y las adjudicaciones directas de 2009 y 2010, Odebrecht cobró alrededor de 2 mil 914 millones de pesos por la obra hidráulica, casi el doble del costo original.

Mendoza Jiménez es íntimo amigo de Lázaro Cárdenas Batel desde la infancia; ambos son de la misma edad y son originarios de localidades michoacanas vecinas; el primero nació en Jiquilpan y el segundo en Jaripo. Sus papás también tuvieron una relación de amistad de muchos años. El doctor Gabriel Mendoza atendía a Cuauhtémoc Cárdenas y lo acompañó en su lucha política.

Cuando Cárdenas Batel asumió la gubernatura de Michoacán por el PRD, en febrero de 2002, nombró como subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil a Gabriel Mendoza. Dos años después, en febrero de 2004, Cárdenas Batel envió al Congreso local una propuesta de reforma legal para crear la Secretaría de Seguridad y, una vez aprobada, colocó en esa posición a su amigo Gabriel.

En 2008, cuando Leonel Godoy sustituyó a Cárdenas Batel, Mendoza Jiménez regresó al gobierno de Michoacán en la recién creada Comisión para el Desarrollo de Tierra Caliente, dependencia que tuvo a su cargo la supervisión de la presa que construyó Odebrecht.

 

Investigación completa en MCCI

Foto: MCCI

El grupo brasileño Odebrecht, que hace seis años se implicó en un escándalo internacional de corrupción, anunció este viernes que ha decidido cambiar su nombre comercial y ahora pasará a llamarse Novonor.

«No estamos borrando el pasado. El pasado no se borra. Pasado es exactamente lo que es, pasado», dijo en un comunicado el accionista mayoritario del grupo, Mauricio Odebrecht.

«Después de todo lo que promovimos en cambios y corrección de rumbos, estamos ahora mirando hacia lo que queremos ser. Una empresa inspirada en el futuro. Ese es nuestro nuevo norte», agrega la nota.

El comunicado hace referencia a los nuevos mecanismos de buenas prácticas empresariales adoptados tras el escándalo de la operación anticorrupción Lava Jato, que destapó una serie de negocios sucios que implicaban a Odebrecht y otras compañías, así como a políticos tanto de Brasil como de una decena de países, entre ellos México.

Según la nota, esos «cambios de procesos internos» y «métodos de actuación» están ahora «rigurosamente dirigidos por la ética, la integridad y la transparencia».

El nuevo nombre Novonor englobará a las seis empresas del grupo, que emplean a cerca de 25,000 personas y actúan en los sectores de ingeniería y construcción, movilidad urbana y carreteras, petróleo y gas, inmobiliario, petroquímica y la industria naval.

El proceso de reestructuración del conglomerado empresarial llevó incluso a que, en 2019, solicitara el que hasta ahora fue el mayor concurso de acreedores de la historia de Brasil, con una deuda que fue cifrada en unos 100,000 millones de reales (20,000 millones de dólares).

Odebrecht surgió en 1944, fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht como empresa familiar y volcada inicialmente al área de la construcción, aunque con el tiempo amplió sus negocios de una forma vertiginosa y llegó a ser uno de los mayores conglomerados del país, con operaciones en toda América, África, Europa y Oriente Medio.

En nuestro país, la corrupción que se vivía en Odebrecht alcanzó a diversas dependencias y políticos. Relacionado a la firma están las acusaciones de Emilio Lozoya contra diversos personas como el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario Luis Videgaray, al empresario Alonso Ancira; se han visto involucrados gobiernos estatales como el de Veracruz, y por supuesto, toda la relación que hubo con Pemex.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en 2017 documentos que referían sobornos que la firma entregó en países de América Latina y África, entre los que se incluía a México con un monto de 10.5 millones de dólares.

Este jueves se reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría acusando al expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) de «traicionar a la patria», al estar involucrado en los actos de corrupción relacionados a la constructora brasileña Odebrecht.

Según el diario Reforma, quien accedió a una parte del texto, la FGR señala que el exmandatario jugó un «papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo que puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales».

La Fiscalía indica que durante la administración de Peña Nieto los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo. El priísta habría cometido los ilícitos «utilizando como instrumento» a dos altos cargos que lo acompañaron desde la campaña electoral para llegar a la Presidencia.

Dichos funcionarios serían Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, quien reside ahora en Estados Unidos, y a quien la FGR busca detener, y Emilio Lozoya, director de Pemex durante la administración de Peña, y quien fue detenido en España en febrero pasado y extraditado a México.

Según el texto de la Fiscalía, el expresidente «contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética», aprobada en 2013.

El texto añade que el expresidente gobernó «un estado dentro de un estado» y usaba «su propio aparato de poder criminal» para distribuir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El delito de cohecho se habría cometido cuando, por supuestas órdenes de Peña Nieto, Videgaray distribuyó «a través de interpósitas personas» 121.5 millones de pesos entre legisladores del Congreso.

Según las declaraciones que Lozoya hizo en su denuncia ante la FGR, los destinatario de dicho dinero habrían sido un legislador del PRI, David Penchyna, y tres del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Ricardo Anaya.

Sobre la intención de la Fiscalía de detener a Videgaray, el presidente López Obrador explicó a principios de noviembre que un juez federal devolvió el documento judicial «porque consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo».

Videgaray se desempeña actualmente como profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, donde en septiembre pasado algunos alumnos exigieron su destitución por carecer de «autoridad moral», pero la institución académica descartó la petición.

Luego de que el exdirector de Odebrecht en México, Luis Meneses Weyll, negara los señalamientos de Emilio Lozoya en relación al apoyo que recibió Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que EPN sí recibió apoyos de la empresa brasileña.

A través de sus redes sociales, Duarte dijo desconoce la razón por la cual Meneses Weyll «está declarando falsedades en relación a los apoyos económicos que hicieron en favor de la campaña presidencial» del priísta.

El exgobernador de Veracruz dijo que en 2012, siendo ya presidente electo de México, Peña Nieto realizó una gira por Sudamérica y uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo en Brasil, donde sostuvo una reunión con Marcelo Odebrecht en su casa.

En el marco del encuentro, Duarte asegura que Peña Nieto lo llamó vía telefónica para instruirle que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible, pues «ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial».

Lo expresado por Duarte coincidiría con lo que declaró Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Javier Duarte concluyó su mensaje indicando que tiene toda la disposición para declarar todo lo que le consta sobre el caso, aclarando que no buscará acogerse al “criterio de oportunidad” o beneficio alguno.

«Lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y sobretodo que se sepa la verdad”, dijo el expriísta.

Y es que de acuerdo a una entrevista que Quinto Elemento Lab realizó a Meneses Weyll, desmintió los dichos de Lozoya Austin sobre lo apoyos que Odebrecht habría dado a la campaña de Peña Nieto.

«Ni hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto, ni hubo sobornos para que los legisladores aprobaran la reforma energética, ni hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón, aseguró Meneses Weyll a través de su abogado, Carlos Kauffmann», publicó el medio.

Luis Alberto de Meneses Weyll, cabeza de Odebrecht en México, quien ha reconocido entregó sobornos a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, equivalentes a 10.5 millones de dólares a Lozoya (2012 y 2014), desmiente los señalamientos que Lozoya Austin ha ofrecido a la Fiscalía General de la República (FGR).

Meneses Weyll afirma, a través de su abogado Carlos Kauffmann, que Odebrecht no entregó dinero para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, ni para sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética, ni para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón, tal como lo indicó Lozoya en su declaración con la que buscó el criterio de oportunidad y así convertirse en testigo colaborador a cambio de que evitar la acción penal en su contra.

“El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya (…) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (…) Si alguien está intentando colocar en Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir”, dijo Kauffmann a QUINTO ELEMENTO LAB.

El abogado del director de Odebrecht negó que se haya entregado dinero expresamente para financiar la campaña de Peña. Afirmó que los sobornos fueron exclusivamente para Lozoya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de cinco millones de dólares”, según consta en sus declaraciones a las autoridades brasileñas. de 2016.

Y aunque Lozoya afirmó que hubo dos encuentros entre Marcelo Odebrecht y Luis Alberto de Meneses Weyll con Peña Nieto y Luis Videgaray, Kauffmann asegura que el exdirector de Odebrecht en México no tuvo contacto con ningún otro exfuncionario público que no fuera Lozoya.

“Luis Weyll solo tuvo contacto directo con Emilio Lozoya. Nunca tuvo contacto con el presidente ni con otros legisladores”. Aclaró que pese a entregar el dinero de los sobornos, indicó que no estaban al tanto del destino de los recursos. “Lo que Emilio Lozoya hizo con los pagos, eso no le competía a Luis Weyll decidir ni cuestionar (…) El único que sabe lo que hizo es Emilio Lozoya”.

Sobre las declaraciones de Lozoya Austin de que la empresa brasileña no solo buscó contratos y beneficios del gobierno, también que participó activamente en la política energética del país, Carlos Kauffmann dijo que Odebrecht Infraestructura nunca tuvo interés en la reforma energética ni se benefició con ningún contrato derivado de su aprobación. “Si no había un interés y si no se querían celebrar contratos de la reforma energética, ésta (Odebrecht) no pagaría a legisladores para que actuaran en la reforma”, dijo el defensor de Meneses Weyll.

El abogado de Meneses Weyll también rechazó que su cliente haya realizado algún pago por la adjudicación del contrato a Braskem, filial de Odebrecht, correspondiente a la planta Etileno XXI en Veracruz. “No existen relatos en ese sentido, no hay motivo (…) Si hubiera habido pagos, Luis Weyll ya lo hubiera dicho”.

Kauffmann adelantó que su cliente está a disposición de las autoridades mexicanas para informar lo que sea necesario. «Weyll está comprometido solo con la verdad».

Para que las autoridades mexicanas puedan interrogar al exdirector de Odebrecht, deben firmar un acuerdo en el que se comprometen a no utilizar las pruebas obtenidas contra el propio Meneses Weyll tanto en el ámbito penal, civil o administrativo.

Sobre el caso, el diario Reforma informó esta mañana que la Fiscalía General de la República solicitó una orden de captura contra el excolaborador de Peña Nieto, Luis Videgaray, por presuntamente operar el financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas políticas en México, así como por los delitos de cohecho y traición a la patria.

Y aunque la FGR solicitó dicha orden en dos ocasiones a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, se devolvió el expediente pues presentaba deficiencias. Las fuentes consultadas por el diario adelantaron que el Fiscalía haría una nueva solicitud.

La imputación contra Videgaray se basa en los testimonios de Emilio Lozoya. Se le acusa de traición a la patria al ser supuestamente el responsable del financiamiento de Odebrecht a las campañas del PRI.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que Ricardo Anaya está siendo investigado en relación al caso Odebrecht.

Nieto Castillo señaló que el panista es investigado luego de que se le mencionara, entre un total de 70 personas, por presuntamente estar implicadas en la red de sobornos que la empresa brasileña pagó en México.

El funcionario indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determinará si el ex candidato presidencial es llamada a comparecer.

“La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre (Ricardo Anaya), aparece ahí”, dijo Santiago Nieto en el marco de la firma de un convenio entre la UIF y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El colaborador del gobierno federal adelantó que la UIF está preparando una nueva denuncia contra Emilio Lozoya; así, sumarían seis las denuncias que se han interpuesto. La que en breve se presentará es, detalló Nieto Castillo, por un contrato de 3 mil millones de pesos que se entregó a Odebrecht.

“Estamos preparando una sexta, que tiene que ver con la contratación de 3 mil millones de pesos de parte Pemex a Odebrecht, que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasmas en un mecanismo muy similar al que conocimos en la Estafa Maestra, en Sedesol”, explicó el funcionario.

La confirmación de Santiago Nieto llega un día después de que el ex candidato presidencial anunciara su regreso a la vida pública nacional.

Anaya indicó que ante el desastre que se vive en el país con el gobierno de López Obrador, era necesario «estar presente». Dijo que más allá de estar criticando al gobierno, la oposición debía proponer sobre cómo corregir el rumbo, y presentar a la ciudadanía un camino que sea viable y así convencerlos de que sí se pueden hacer las cosas de otra manera.

En su video, Anaya vaticinó que los ataques desde el gobierno federal en su contra podrían incrementarse, aunque les restó importancia.

Sobre el anuncio de Anaya, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, respondió asegurando que las declaraciones del panista están llenas de errores, falsedades y mala fe.

“Esa calva (…) está hueca de ideas y de principios”, dijo el morenista luego de afirmar que aunque en un principio Anaya es alguien que convence, no tarda en quitarse la máscara y dejarse ver como es realmente.

El diputado aseguró que tal como lo ha dicho el presidente López Obrador, Morena no ha roto ni un solo vidrio, por lo que pidió al panista no «empezar» a levantar la mano con amenazas, sobre todo considerando que él se encuentra bajo la «mira de la justicia».

Muñoz Ledo afirmó que Anaya decidió regresar a la vida pública para poder tener poder, y así, seguir haciendo dinero, pues señaló, «a ti lo que te gusta es el dinero».

La obra por la que Odebrecht pagó 6 millones de dólares en sobornos en México, la refinería de Tula, Hidalgo, fue impulsada, supervisada y validada por Leonardo Cornejo Serrano, actual jefe del proyecto de la refinería de Dos Bocas.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que cuando era colaborador de Emilio Lozoya, nadie vio más veces en la torre de Pemex a Luis Weyll, el hombre que personifica en México la corrupción de la empresa brasileña, que Leonardo Cornejo.

«En total, se encontraron en 46 ocasiones. Pero además de la frecuencia de esas entrevistas, Cornejo se encargó de montar, de principio a fin, el mecanismo para entregar a Odebrecht obras en Tula, operaciones con sobrecosto que los brasileños han reconocido que se lograron gracias a los sobornos entregados al exdirector de Petróleos Mexicanos», señala MCCI.

Pese a los vínculos que tuvo con Odebrecht, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que prometió combatir la corrupción, puso en las manos de Cornejo la direción del proyecto de Dos Bocas.

Según consta en decenas de documentos de la carpeta de investigación del caso, en poder de la Fiscalía General de la República (FGR), Cornejo intercambió con el entonces director de Odebrecht en México, Luis Weyll, desde que lo invitó a participar como contratista hasta que le anunció que se le había asignado sin licitación una obra en la refinería de Tula por 1,436 millones de pesos.

En la confesión de Weyll se hace referencia a que dicha obra fue obtenida mediante el pago de sobornos.

Además, en el expediente se encuentra la relación de los 56 encuentros que el directivo de Odebrecht y Cornejo acordaron sostener en el piso 7 de la torre de Pemex para dar seguimiento al contrato, y los procedimientos en los que proactivamente intervino el ahora jefe de Dos Bocas.

En su confesión sobre los sobornos de Odebrecht, Weyll dijo que le pagó por anticipado dos millones de dólares a Emilio Lozoya en 2013 por la promesa de obtener una obra en la refinería de Tula, y que se comprometió a pagarle otros cuatro millones de dólares en el momento en que se asignara y firmara el contrato, lo cual ocurrió en 2014.

Para que la obra acordada entre Lozoya y Weyll se asignara directamente, sin licitación, a Odebrecht, fue clave la intervención de Cornejo, según consta en los documentos recopilados por la PGR.

 

Investigación completa en MCCI

López Obrador está haciendo parecer que toda la clase política está podrida. Muchos de los 30 millones de mexicanos que votaron por él lo hicieron pensando en que finalmente llegaría al poder un político que acabaría con la corrupción; que se daría una vida acorde a la de un servidor público y no a la de un monarca europeo. Un político que enarbolaría políticas públicas destinadas a mejorar la vida de los millones de pobres que hay en el país.

Pero con el nuevo capítulo de video escándalos, aunado a las filtraciones del caso Lozoya, ¿qué justificación hay para quienes veían en López Obrador a un político limpio; un político diferente; un político honesto?

¿Por qué creerle a AMLO que su lucha contra la corrupción es auténtica? La mañanera al día siguiente de que mi colega, Carlos Loret de Mola, diera a conocer los videos en donde aparece David León Romero entregando fajos de dinero a su hermano, Pío López Obrador, el presidente quiso defender lo indefendible al decir que ese dinero era más limpio que el de Odebrecht a Lozoya porque era menos e iba destinado a la transformación de México.

Quizás Lozoya y Peña Nieto pensaron lo mismo al recibir el dinero de la constructora brasileña: que todo era para sacar adelante las reformas estructurales que colocarían a México finalmente en el primer mundo. Eso no lo podemos saber. Lo que sí es seguro es que recibir dinero en efectivo para un propósito político cuando se es candidato debe de ser reportado ante el INE. Y en el caso de Pío y Andrés Manuel López Obrador, esto no sucedió.

El resultado final es, para partidarios y detractores del actual gobierno (no incluyo aquí a los fanáticos de uno u otro lado), un lodazal. Todos son iguales. Todos, incluyendo a AMLO, roban. Y todos mienten sobre la corrupción dando justificaciones inverosímiles. Esta visión impera aun cuando existan varios funcionarios de anteriores gobiernos y del actual que tienen una auténtica vocación por servir a su país.

Si se deja la corrupción de lado ¿por qué creerle al presidente en otras de las premisas que dijo que serían la bandera de su gobierno. ¿Por qué creerle que es austero si su mayor símbolo de austeridad, la venta del avión presidencial, es una maroma de principio a fin?

Con los datos que tenemos a la fecha sobre la famosa rifa del avión, los números no cuadran. El presidente dijo que vendería 6 millones de cachitos a un costo de 500 pesos cada uno en donde en lugar de ganar el avión, habría cien premios de 20 millones de pesos. El 11 de agosto se informó que se han vendido 2 millones 24 mil cachitos, es decir, no se ha vendido ni la mitad y con esto no se cubre el monto a pagar a los 100 cachitos ganadores ya que los billetes que no se vendan se donarán a la Secretaría de Salud. Así que los 100 cachitos ganadores estarán o en manos de un comprador o en manos de la Secretaría de Salud. Este avión está saliendo más caro como símbolo de austeridad que como muestra de despilfarro.

¿Por qué creerle que primero van los pobres si el gasto público como porcentaje del PIB en las áreas que más los beneficiaría – salud; educación y protección social – está igual o más baja que en sexenios pasados?

La lista de preguntas para quienes creyeron en el presidente a partir de lo que ahora hace es larga. Como extensa será también la fila de ciudadanos desencantados que piensan que todo está podrido y por ello todo está perdido. ¿La esperanza de México? Bienvenidos a la desesperanza de México.

 

Columna completa en El Universal

LUIS CARLOS UGALDE

EL FINANCIERO

 

 

Los videoescándalos de la semana pasada sólo confirman que todos los partidos, campañas y candidatos son rehenes de un problema estructural y cada vez más grave de la democracia electoral en México: el financiamiento ilegal de las campañas o el llamado ‘dinero bajo la mesa’.

Aunque López Obrador diga que es diferente, durante los últimos años han aparecido de forma intermitente videos o audios de colaboradores o aliados que en su nombre piden o reciben dinero en efectivo. Ha sido un mismo modus operandi que se repite aquí y allá.

Hacer política a ras de tierra como López Obrador requiere mucho dinero en efectivo para la gasolina, para transportar gente a los mítines, para la logística y el sonido y la comida. Desde que tomaba pozos petroleros en Tabasco, luego en sus grandes caravanas por la democracia que realizó de Tabasco a la Ciudad de México en los años noventa y durante su peregrinaje por todo el país, el efectivo fue su medio para pagar buena parte de sus actividades.

Él mismo no usa tarjeta de crédito y ha presumido que no tiene una cuenta de cheques porque su dinero lo administra su esposa. Tampoco se sabe que haya pagado impuestos en los últimos años. López Obrador es, en sí mismo, el hombre del efectivo.

La semana pasada dijo que el caso Lozoya-Oderbrecht refleja una gran corrupción corporativa mientras el caso de Pío son aportaciones voluntarias del pueblo. Pero en realidad son intercambios de la misma naturaleza: en uno se trata de probables donaciones de un gran conglomerado empresarial brasileño que da dinero a cambio de contratos; en el otro se trata –seguramente– de la contribución de un gobernador mediante desvío de recursos públicos para comprar impunidad o para tener acceso político al nuevo gobierno.

En ambos casos la lógica de juego es la misma: te doy dinero hoy a cambio de un favor futuro. Ambos casos generan corrupción.

En el libro Dinero bajo la mesa que publicamos en 2018 María Amparo Casar y yo –con la investigación de Ximena Mata y Leonardo Núñez– argumentamos que las campañas políticas en México se han inundado de dinero bajo la mesa por tres razones principales. Uno, por los requerimientos financieros cada vez mayores de los candidatos para ser competitivos (una campaña de gobernador cuesta 10 veces más que el tope legal). Dos, porque las donaciones ilegales a campañas sirven para comprar acceso al nuevo gobierno. Y tres, porque las campañas son una buena oportunidad para enriquecerse.

Muchos gobernadores dan dinero a campañas de sus partidos o de otros para ganar aliados o comprar impunidad al dejar el cargo. Ese fue el caso de varios que apoyaron la campaña de Peña Nieto en 2012 y que lograron así trato privilegiado e incluso impunidad. Y este puede ser el caso de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, quien en 2018 ‘reventó’ la alianza que su partido tenía con el PRI y de donde salieron cientos de miles de votos que ayudaron al triunfo de Morena en esa entidad.

Entender que el problema del dinero bajo la mesa es estructural y sistémico es el primer paso para corregirlo. La negación es prolongar el problema. En 2021 se celebrará la elección más grande de la historia de México. ¡Cuánto dinero correrá en efectivo para los cientos de aspirantes a gobernador y alcaldes de ciudades importantes!

Este gobierno ha dado un paso importante para reducir el efectivo: combatir las empresas factureras que han sido un medio para monetizar recursos el gobierno y de empresas para canalizarlo a campañas. Pero falta más. López Obrador presume que el fraude electoral ya es delito grave. Pero el dinero bajo la mesa no se regula con leyes más estrictas sino con una reingeniería global que incluya mayores candados para el uso de efectivo, el voto obligatorio que reduzca el atractivo del clientelismo y una mayor fiscalización de las finanzas públicas.