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El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, irá a juicio por el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht, en el que se buscará imponerle una pena de 46 años solicitada formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó un juez.

Aunque el juicio se llevaría a cabo en cinco días, el proceso se extenderá ya que la defensa legal del exdirector de Pemex interpuso un amparo para que se determine a qué institución se le debe reparar el daño y así suspender el juicio penal en su contra.

Sin embargo, la FGR adelantó que también interpondrá un recurso de apelación para que le sean admitidas todas las pruebas que fueron rechazadas este lunes por el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón, y se le puedan imputar a Lozoya los probables delitos de peculado, cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita.

Y es que el juez rechazó al menos 22 de 39 pruebas de la Fiscalía, mientras que aceptó que 20 personas testifiquen a favor del exdirector de la petrolera y la presentación de 8 pruebas documentales.

“Si no se interpusieran apelaciones o no hubiéramos presentado la demanda de amparo, en un término máximo de cinco días después de la causa que ha concluido con esta audiencia intermedia, tendría que remitir el caso al Tribunal de Enjuiciamiento, por eso no va a suceder”, indicó después de más de casi siete horas de audiencia el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros.

En este sentido, el abogado defensor insistió en que “vamos a aprovechar ese tiempo que tenemos todavía para lograr el criterio de oportunidad”, por el que el exdirector de Pemex ha ofrecido más de 200 millones de pesos como reparación del daño.

La FGR también ha solicitado 22 años para su madre Gilda Margarita Austin, mientras que ha precisado que buscan una reparación de 7.3 millones de dólares por el caso de Odebrecht.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos, ambos por corrupción y es el principal implicado del escándalo de Odebrecht en México por recibir sobornos por 10.5 millones de dólares.

El segundo juicio que enfrenta Lozoya es por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Un juez aplazó este martes, por última vez, la audiencia intermedia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en relación al caso de corrupción ligado a la empresa brasileña Odebrecht, y por que se le fincan delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Ahora, la audiencia se celebrará ahora el próximo 10 de marzo, tras la decisión del juez de control Gerardo Genaro Alarcón, quien rechazó los argumentos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).

En este sentido, el juez concedió el plazo solicitado por la defensa de Lozoya y su madre Gilda Margarita Austin, al considerar que es justificada la petición.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la mamá de Lozoya apeló al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su “sentido humano y de justicia” para llegar a un acuerdo en favor de Pemex, pues incluso mencionó que “no se ha negociado pagar menos”.

“Lo mejor es que lleguemos a un acuerdo, es lo mejor para todas las partes. Mi hijo ha cumplido en denunciar a otras personas involucradas en corrupción, es el funcionario de más alto nivel del sexenio pasado que ha tenido el valor de contar lo que pasó”, expresó Gilda Margarita Austin según reportes de la prensa..

También sostuvo que confía en las autoridades y en que “sancionen a los verdaderos culpables”, aunque no ofreció nombres o detalles.

En tanto, los representantes de la FGR rechazaron que se concediera una nueva prórroga en el caso Odebrecht y tacharon a estas medidas de dilaciones injustificadas que provocan incertidumbre jurídica para el pueblo de México.

Recordemos que Lozoya Austin fue arrestado en España a principios de 2020 y meses después lo extraditaron a nuestro país, donde tiene dos casos abiertos ante la Justicia, ambos por corrupción.

El primero es por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

El segundo, por la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Por ambos casos, la Fiscalía mexicana pide una condena de 54 años de prisión para el exfuncionario. Tan solo por el caso Odebrecht, la FGR pide 39 años en prisión contra Lozoya.

Por segunda ocasión, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, logra que una juez aplace la audiencia intermedia, en esta ocasión la relacionada al caso Odebrecht, carpeta en la que también está invoucrada su madre, Gilda Austin.

Así, la jueza federal Verónica Gutiérrez Fuentes difirió 10 días hábiles la audiencia intermedia, mientras el equipo legal de Lozoya Austin se mantiene firme en su posición de alcanzar un acuerdo reparatorio.

El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, señaló que su cliente “está firme, sólido y con mucho ánimo de lograr el acuerdo y criterio de oportunidad” en ambos juicios que enfrenta.

Los abogados argumentó que tiene pendientes por entregar dos peritajes, así como acceder a la videograbación de los interrogatorios a ejecutivos de Odebrecht, en donde supuestamente los ejecutivos de la constructora brasileña afirman haber entregado los sobornos al excolaborador del expresidente Peña Nieto.

El viernes pasado, la audiencia intermedia en el caso Agronitrogenados también fue aplazada por la jueza del reclusorio norte, quien resolvió de esa manera luego de que los abogados del exfuncionario justificarán que tenían peritajes pendientes y revisar 3,000 páginas que apenas había entregado la FGR.

Otro argumentos de la defensa fue el fallecimiento de un exfuncionario de Pemex, uno de los principales testigos de descargo que presentarían en las acusaciones contra Lozoya.

Previo al inicio de la audiencia, la defensa de Lozoya había señalado que insistiría para que las autoridades aceptaran el ofrecimiento de su cliente de un acuerdo reparatorio por el sobreprecio de la planta, para que se le retiraran los cargos.

El ofrecimiento de Lozoya es por un monto de 3.4 millones de dólares para pagar la reparación del daño y de esta manera evitar un juicio por el caso.

Recordemos que Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de 2022, tiene dos casos abiertos, ambos por corrupción. El primero es sobre la compra a sobreprecio de Agronitrogenados y el segundo, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de 2012 y posteriormente en dicho gobierno.

Un juez ordenó este martes revisar la prisión preventiva impuesta al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido por ser el principal implicado en el país del escándalo de sobornos de Odebrecht, toda vez que indicara que el juez de control que impuso la medida cautelar no estuvo bien justificada.

En un comunicado que confirmó el hecho, el gobierno federal anunció un recurso legal para evitar que Lozoya salga del Reclusorio Norte, donde está detenido desde noviembre pasado.

“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está presentando amparo contra la revocación de un tribunal unitario, respecto a la resolución de prisión preventiva de Emilio ‘N’, dictada por el juez en el proceso de Odebrecht”, avisó esta dependencia.

El fallo actual no implica la salida inmediata de Lozoya; el asunto se decidirá en una audiencia prevista para la tarde de este miércoles.

“Dicha revocación del tribunal unitario es solo para el efecto de que el juez dicte nueva resolución; no obstante la UIF solicita la suspensión por la vía de amparo”, concluyó el breve comunicado.

La decisión llega después de que el sábado un juez mexicano ordenó liberar a Lozoya por un caso distinto, el de la compra de la planta chatarra de fertilizantes de Agronitrogenados que adquirió como director de Pemex con un presunto sobreprecio de 500 millones de dólares a cambio de supuestos sobornos.

Las autoridades detuvieron a Lozoya a inicios de 2020 en España, y México lo extraditó como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado noviembre ingresó en prisión preventiva tras protagonizar un escándalo por cenar en un restaurante de lujo.

Antes, el exdirector de Pemex llevó su proceso en libertad por el “criterio de oportunidad”, que lo trataba como testigo protegido para denunciar una red de corrupción que abarcaba a Peña Nieto y a políticos de la oposición.

Lozoya está acusado de recibir presuntamente 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Peña Nieto. Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió este mes una condena de hasta 39 años de prisión para Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.

En cumplimiento a una orden del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Fiscalía General de la República (FGR) difundió las versiones públicas de los cinco primeros tomos del expediente del caso Odebrecht, en los que ocultó información relevante que permita conocer a los involucrados en esta trama de corrupción.

Entre la información censurada hay documentos que involucran a actuales funcionarios federales, como es el caso de Leonardo Cornejo Serrano, directivo de la refinería de Dos Bocas, que en el sexenio pasado intervino en la asignación de una obra en Tula a Odebrecht.

También fue censurada por completo información referente a una obra que Odebrecht ejecutó en Michoacán cuando fue gobernador de aquel estado Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente López Obrador.

El expediente de Odebrecht consta de decenas de tomos y anexos, los cuales la FGR se comprometió a hacerlos públicos en forma paulatina.

La publicación del expediente se dio en cumplimiento de las resoluciones del INAI a recursos de revisión interpuestos en septiembre pasado por la organización periodística Quinto Elemento Lab.

A partir de esta desclasificación, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien obtuvo copia del expediente sin censurar, realizó un cotejo de los cinco primeros tomos del expediente, para verificar la información que la FGR ocultó en sus versiones públicas.

Entre la información censurada aparece:

  • Contrato a Odebrecht en Tula y Salamanca, revisión técnica de Leonardo Cornejo Serrano.
  • Segundo contrato para Odebrecht en Tula, también validado por Cornejo Serrano
  • Denuncia de Pemex ante la PGR; indicios de sobrecostos y pagos no justificados
  • Nombramiento de Leonardo Cornejo como coordinador de proyectos de modernización de refinerías en el sexenio de Peña Nieto.
  • Simulación de estudio de mercado de Odebrecht y sus proveedoras.
  • Invitación de Leonardo Cornejo a Luis Weyll (quien negociaba los sobornos) para que Odebrecht envíe propuesta para la refinería de Tula.
  • Aprobación de contrato en Tula a favor de Odebrecht.
  • Contrato de Pemex con Odebrecht, en el que firma Cornejo.
  • Segundo contrato para Odebrecht en Tula.
  • Respuesta de Pemex al Ministerio Público por investigación de Tula.
  • Dictamen de adjudicación directa firmado por Leonardo Cornejo y José Aarón Marrufo Ruiz.
  • Acta de sesión en la que se aprueba incrementar la capacidad de Tula; Carlos Roa, coordinador de asesores de Lozoya, justifica la obra; Cornejo la defiende.
  • Proveedores de Odebrecht en Tula; incluye oficio para subcontratar a Grupo Tulancingo, empresarios cercanos a Osorio Chong.
  • Declaración de Leonardo Cornejo Serrano ante la PGR.
  • Relación de subcontratistas de Odebrecht en Hidalgo.
  • Declaración de los ex funcionarios de Pemex Víctor Domínguez Cuéllar, Claudio Cristian Nava Aguilar, Gustavo Escobar Carre, André Arthur Glorieux González, Armando Hiram Hinojosa González, Guillermo Antonio Suárez Solís, Fernando Castillo Amor, Armando Ricardo Arenas Briones, Alejandro Martínez Sibaja, Arturo Arregui, Jesús Lozano Peña y Arturo Francisco Henríquez Autrey.
  • Convenios modificatorios de contratos a Odebrecht en Tula y Salamanca.
  • Documentos del gasoducto Los Ramones asignado a Odebrecht.
  • Documentos de obra de Odebrecht en Michoacán.
  • Estados de cuenta bancarios de Emilio Lozoya en Suiza.
  • Acuerdo de inmunidad que en 2017 firmó la PGR para Marcelo Odebrecht y otros vinculados al caso.
  • Anexos de los documentos entregados por Brasil.
  • Subcontrato de Odebrecht con Inmobiliaria Ruso en Veracruz.
  • Órdenes de pago de Blunderbuss, empresa fantasma de Veracruz a través de la cual Odebrecht trianguló sobornos.
  • Procedimiento para asignar presa en el río Los Pescados, de Veracruz.
  • Rastreo financiero de Lozoya en instituciones de todo el país y del extranjero.
  • Respuesta de la confederación suiza a petición de información.

Investigación completa en MCCI

Una nueva filtración de documentos revela que Odebrecht pagó en México al menos 9.2 millones de dólares en sobornos, adicionales a los 10.5 millones de dólares que hasta ahora se conocían, y que involucran a por lo menos 6 funcionarios.

El pago de sobornos de Odebrecht iniciaron en 2006, a favor de personajes involucrados en la construcción de una obra hidráulica en Michoacán, según consta en un expediente de 334 páginas con información de nuevos sobornos en América Latina, al que tuvo acceso la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El monto revelado ahora es distinto a los sobornos que hasta ahora se conocían, pues Odebrecht había confesado ante tribunales de Estados Unidos que realizó pagos ilegales en México por 10.5 millones de dólares, entre 2010 y 2014.

Ahora se conoce que la red de corrupción en nuestro país venía por lo menos desde hace 15 años y los sobornos podrían alcanzar los 20 millones de dólares e involucrar más obras, de acuerdo a documentos de la Procuraduría de Brasil.

MCCI tuvo acceso al expediente que contiene cientos de códigos secretos de distintos países, como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato, coordinado por la organización Convoca, de Perú.

La obra de Michoacán a la que se hace referencia en dichos documentos se ejecutó durante el periodo de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy como gobernadores del estado, y durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

La información ahora conocida de Odebrecht no menciona que los gobernadores o presidentes hayan recibido algún tipo de soborno, ni tampoco revela la identidad de los beneficiarios, pero llama la atención pues Cárdenas Batel es el actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la contabilidad alterna de Odebrecht se asignaban códigos secretos para ocultar la identidad de los personajes sobornados. En los nuevos documentos aparecen en total, en dos planillas distintas, seis códigos secretos de personas vinculadas a la obra hidráulica.

Investigación completa en MCCI

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un posicionamiento respecto al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, luego de las fotografías que se difundieron este fin de semana en el que se le observa cenando en un restaurante de la Ciudad de México.

La Fiscalía indicó que el exfuncionario “sigue siendo procesado” judicialmente por la trama de sobornos de Odebrecht.

“Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso”, detalló la FGR a través de un comunicado.

Recordó que, tras ser extraditado desde España el año pasado, el exdirector de Pemex “solicitó el criterio de oportunidad”, figura jurídica que le permitió acceder a beneficios procesales a cambio de colaborar con la justicia.

El Ministerio Público relató que Lozoya denunció el 11 de agosto del año pasado a sus “socios y encubridores”, y aportó “diversas pruebas que se han ido desahogando; lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht”.

Y es que Lozoya, excolaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, es acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos; ante esas acusaciones, cerró un acuerdo con la Fiscalía y denunció que el exmandatario Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron a usar los sobornos de Odebrecht para comprar el voto de legisladores opositores a favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tachó de “inmoral”, “imprudencia” y “provocación” el que Lozoya fuera a cenar a un restaurante de lujo, y pidió a la Fiscalía aclarar lo sucedido.

Al respecto, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó esta tarde que mantiene en las listas de control migratoria, conocida como alerta migratoria, a Emilio Lozoya.

“Lo anterior, con el propósito de verificar y registrar los movimientos de la persona mencionada en los puntos destinados al tránsito internacional de personas, ya sea aéreos, marítimos o terrestres, así como informar de los mismos a las autoridades internacionales”, señaló el INM.

Foto: Twitter @lumendoz

Un juez Decidió ampliar hasta noviembre los plazos de investigación sobre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en los dos casos en los que está procesado, uno por recibir sobornos de Odebrecht y otro por la compraventa fraudulenta de La planta de Agronitrogenados.

Según informó el Consejo de la Judicatura Federal, el juez José Artemio Zúñiga prorrogó hasta el 3 de noviembre la investigación sobre el caso Odebrecht y hasta el 19 de noviembre la de la planta de fertilizantes.

La prórroga se debe a la necesidad de traducir varios documentos recibidos de Alemania, Brasil y Belice, informó la Judicatura.

Emilio Lozoya participó este viernes por videconferencia en ambas audiencias, mientras que su madre, Gilda Austin, y su hermana Gilda Susana Lozoya estuvieron en la del caso Odebrecht, en el que también están implicadas.

Recordemos que Lozoya fue arrestado el año pasado en España y extraditado a nuestro país, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, y de haber recibido un soborno para que Pemex comprara a la empresa Altos Hornos de México una planta de fertilizantes inservible a sobrecosto.

Tras su llegada a México, el excolaborador de Enrique Peña Nieto cerró un acuerdo con la justicia, por el que delató a diversos políticos, a cambio de afrontar su proceso en libertad. Acusó a Peña Nieto y a Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que aprobaran en 2014 la reforma energética.

Entre los señalados de haber recibido estos sobornos está el excandidato presidencial Ricardo Anaya. La Fiscalía acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos a cambio de su voto en la reforma.

Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, negó este viernes que se hayan congelado las cuentas bancarias de Anaya, como se sugirió en algunos medios y redes sociales.

“En este momento no (no han congelado cuentas bancarias), nosotros seguiremos trabajando en las investigaciones, porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia”, comentó Nieto al participar en la plenaria de los Diputados de Morena.

Quien también se refirió al caso de Anaya, fue el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien participó en la plenaria de Morena en el Senado. Dijo que pese a lo que han hecho creer,  no se trata de un caso de una persona que haya recibido dinero o que haya votado en un sentido, sino de corrupción a nivel Estado para entregar bienes de la nación.

“Hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero y que votó en un sentido (…) es un caso de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir dinero, eso es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante”, contestó Gertz Manero al ser cuestionado sobre el tema.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que presentará una sexta denuncia por corrupción contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra implicado en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Fuentes de la institución informaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Lozoya Austin por el desvío de 1,400 millones de pesos a una empresa cuyo nombre no desvelaron.

Con esta sumarán seis las denuncias presentadas por la UIF en contra de Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que Emilio Lozoya fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad condicional. Uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.

El otro juicio es por comprar presuntamente la planta de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital del país.

La llegada de Lozoya a México supuso un terremoto político ya que cerró un acuerdo con la Fiscalía para afrontar sus procesos judiciales en libertad a cambio de develar y denunciar la trama de corrupción que implica al menos a 70 personas de la clase política mexicana.

En la denuncia que presentó, el exdirector de Pemex aseguró que el expresidente Peña Nieto y uno de sus colaboradores más cercanos, Luis Videgaray, quien fungió como secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, le obligaron a recibir estos sobornos y a usarlos para repartir dinero en el Congreso a cambio de apoyo a las reformas que el entonces gobierno federal presentaba.

También señaló a los expresidentes Felipe Calderón, por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.

Además, señala a varios legisladores principalmente de la oposición, entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes supuestamente recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto.

Un juez impuso prisión preventiva para el exsenador Jorge Luis Lavalle, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos relacionados con el caso Odebrecht.

Tras la imposición de la medida, fuentes judiciales confirmaron que el senador fue ingresado esta madrugada al Reclusorio Norte, luego de que el juez del caso estimara riesgo de fuga por parte del acusado.

La audiencia donde ocurrió la vinculación a proceso inició ayer a las 11:00 horas y culminó minutos después de las 06:00 horas de este martes.

Lavalle se convirtió así en el primer político en pisar la cárcel, de una decena de personajes que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció dentro de la trama de sobornos de Odebrecht.

La Fiscalía acusa al exsenador de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho; la audiencia se retomará el próximo lunes.

El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia concedió a la defensa y a la Fiscalía un periodo de tres meses para realizar su investigación complementaria, es decir, hasta el 13 de julio próximo, por lo que en dicho tiempo Lavalle Maury permanecerá en el Reclusorio Norte.

“Los argumentos que vertimos no fueron atendidos en esta instancia por el juez, tenemos buenas oportunidades de apelación, consideramos que algunos de los argumentos que utiliza el juez van en contra inclusive de la forma en que debe operar el nuevo sistema en donde las pruebas que obtienen las partes, me refiero concretamente a la defensa, deben ser valoradas de la misma manera en que merecen las que recaba la Fiscalía”, declaró José Joaquín Zapata, abogado el exlegislador.

Recordemos que Lozoya, acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, denunció en agosto del año pasado al expresidente Enrique Peña Nieto, y a su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber orquestado la trama de sobornos.

Señaló que en 2013 varios legisladores del PAN, entre los que figura Lavalle, recibieron dinero a cambio de votar a favor de la reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente por el los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, en relación al caso Odebrecht.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación contra el panista en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde los representantes de la FGR detallaron ante el juez los elementos de prueba que tiene contra el exlegislador.

La imputación, contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, se deriva de la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que acusa a Lavalle y a otros 15 exfuncionarios de alto nivel de recibir sobornos para aprobar la reforma energética de 2013.

Así, Lavalle se convierte el primero de los políticos denunciados por Lozoya, entre los que aparecen los expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, en ser imputados por la justicia mexicana. En la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante de la FGR luego de su extradición desde España, también señala a personajes como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Entre las pruebas que la FGR presentó se encuentran testimonios del exdirector de Pemex, y del exsecretario particular de Lavalle, Rafael Caraveo.

A Lavalle se le señala de haber recibido 25 millones de pesos provenientes del dinero que Odebrecht dispersó en México, triangulado a través de diversas compañías, y que benefició a otros senadores principalmente del PAN y del PRI.

Rafael Caraveo, quien fungió como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, señala que los 25 millones de pesos que habría recibido Lavalle se repartieron en dos entregas, una de 13 millones de pesos y otra de 15 millones.

Señala que el dinero era recogido por él en un domicilio ubicado en Montes Urales en las Lomas de Chapultepec, un inmueble que sirvió como sede de las oficinas de campaña de Peña Nieto en 2012 y de una oficina alterna de Pemex cuando Lozoya era su director.

Lavalle ha negado en diversas ocasiones los señalamientos que hay en su contra, y había manifestado su disposición para presentarse ante las autoridades y aclarar los hechos. Sin embargo, acusó que se le había negado el derecho de conocer el expediente que había en su contra.

“Desconozco las motivaciones e intenciones de esas imputaciones pero son tan falsas como inverosímiles, orientadas y probablemente premiadas”, dijo en un comunicado en noviembre del año pasado.

Incluso Lavalle ha señalado que Caraveo será quien tenga que responder por los videos donde se le observa recibiendo el dinero, pues insistió: “manifiesto contundentemente que no tengo relación alguna con ese evento y no recibí un solo peso de origen ilícito”.

Y aunque la Fiscalía pretende que se vincule a proceso al exsenador, ninguno de los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que podría seguir su proceso en libertad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana un acuerdo con Braskem-Idesa, filial de Odebrecht, por el contrato suspendido entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la planta petroquímica Etileno XXI en Nanchital, Veracruz.

“Una muy buena noticia que queremos compartir con ustedes: se llegó a un acuerdo con la famosa empresa o sus socios Odebrecht que es famosa porque sobornaba en países y llevó a la cárcel ese procedimiento, para decirlo amablemente esas irregularidades, a presidentes de naciones y a funcionarios del más alto nivel”, sostuvo AMLO.

El acuerdo, alcanzado el 26 de febrero por el contrato que se canceló en diciembre pasado, permitirá un ahorro de 13 mil 749 millones de pesos, informó Octavio Romero Oropeza, director de Pemex.

Con el acuerdo, Pemex no tendrá que pagar las penalizaciones de 147 millones de dólares por incumplir el contrato en los primeros dos años de la presidencia de López Obrador, quien argumentaba que Pemex le vendía el gas a menor precio del mercado y le “subsidiaba”.

“A partir de esta Administración, el presidente de la República nos instruyó a no pagar penalidades derivados de ese contrato leonino”, aseveró Romero al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

La negociación se produce después de que en diciembre López Obrador anunció que no renovaría el “contrato leonino” de suministro de gas que se suscribió en 2010, durante la presidencia del expresidente derechista Felipe Calderón.

La brasileña Braskem, mayor petroquímica de América Latina, anunció entonces que adoptaría las medidas legales por la rescisión “unilateral” del contrato de la planta, que produce cerca de 1.05 millones de toneladas de polietileno al año.

La petroquímica es una asociación controlada por la brasileña Braskem, mayor productora de resinas termoplásticas y líder en América Latina, y el Grupo Idesa, uno de los principales grupos empresariales mexicanos.

El director de Pemex detalló este miércoles que, tras el acuerdo, Braskem-Idesa le pagará a Pemex el 100% del precio del gas etano. Asimismo, la obligación de Pemex de suministrar gas se reduce a la mitad desde ahora y se eliminará por completo en 2024.

“Ahora que ya se tiene este nuevo convenio, de nuevo va a haber abasto de gas natural, porque tampoco es nuestro propósito que cierren una planta de esta naturaleza, estamos hablando de una inversión, no sé, de 8,000 o 10,000 millones de dólares”, manifestó el presidente.

La negociación se da en medio de la investigación del caso de Odebrecht, que estalló hace un año con la detención en España de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, acusado de recibir más de 10 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña.

Pese al acuerdo, López Obrador advirtió de que aún habrá una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la planta.

“Hay una denuncia presentada, siguen las investigaciones, porque además hay que ver quién autorizó la firma de este contrato a todas luces leonino, contrario al interés nacional”, expresó López Obrador, quien añadió que se debe castigar a quienes permitieron estos contratos.

El Ministerio de Justicia de Andorra envió a México documentos sobre presuntos sobornos pagados por Odebrecht en la construcción de la presa Francisco J. Múgica en Michoacán, obra asignada en 2006 por el gobierno que encabezó en aquella entidad Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Durante la investigación Lava Jato se localizaron documentos que confirmarían que por esta obra ‘Francisco J. Múgica’ se habían pagado sobornos a cargos públicos y políticos de la región de Michoacán, vinculados con la obra”, se lee en un reporte enviado por el Ministerio de Justicia de Andorra, en respuesta a una petición de colaboración internacional de las autoridades mexicanas.

Los documentos fueron enviados desde marzo de 2018 a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), según consta en copias obtenidas por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que hasta ahora no se habían dado a conocer.

MCCI constató que uno de los funcionarios que firmó uno de los contratos a Odebrecht para construir esa presa en Michoacán es Gabriel Mendoza Jiménez, quien trabaja actualmente en la Presidencia de la República, como secretario técnico del Gabinete de Seguridad.

Dicho funcionario es amigo desde la infancia de Cárdenas Batel, con quien colaboró cuando éste fue gobernador de Michoacán.

En los archivos enviados por las autoridades de Andorra no se acusa directamente a Cárdenas Batel ni a su sucesor en la gubernatura, Leonel Godoy; tampoco a Gabriel Mendoza, quien colaboró en los gobiernos de ambos. El reporte del Ministerio de Justicia sólo hace referencia de manera general a indicios de posibles sobornos a «políticos de la región de Michoacán», sin precisar nombres.

En noviembre de 2006, el gobierno de Michoacán, encabezado en aquel entonces por Lázaro Cárdenas Batel, asignó a Odebrecht un contrato para construir una presa en la región de Tierra Caliente, a un costo de 1,500 millones de pesos, equivalentes a 136 millones de dólares al tipo de cambio de la época.

Tres años después, en julio de 2009, el gobierno michoacano, que ya para entonces encabezaba Leonel Godoy, otorgó un nuevo contrato a Odebrecht para ampliar la presa, a la que le pusieron el nombre del militar revolucionario Francisco J. Múgica.

El funcionario responsable de firmar el dictamen de adjudicación directa a favor de la constructora brasileña fue Gabriel Mendoza Jiménez, quien se desempeñaba como director de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente de Michoacán, una dependencia creada por el gobierno de Leonel Godoy.

Al año siguiente, en junio de 2010, se le otorgó a Odebrecht una ampliación de 601 millones de pesos con lo que el monto total de este segundo contrato en Michoacán ascendió a 1,414 millones de pesos. En conjunto, entre el contrato asignado en 2006 y las adjudicaciones directas de 2009 y 2010, Odebrecht cobró alrededor de 2 mil 914 millones de pesos por la obra hidráulica, casi el doble del costo original.

Mendoza Jiménez es íntimo amigo de Lázaro Cárdenas Batel desde la infancia; ambos son de la misma edad y son originarios de localidades michoacanas vecinas; el primero nació en Jiquilpan y el segundo en Jaripo. Sus papás también tuvieron una relación de amistad de muchos años. El doctor Gabriel Mendoza atendía a Cuauhtémoc Cárdenas y lo acompañó en su lucha política.

Cuando Cárdenas Batel asumió la gubernatura de Michoacán por el PRD, en febrero de 2002, nombró como subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil a Gabriel Mendoza. Dos años después, en febrero de 2004, Cárdenas Batel envió al Congreso local una propuesta de reforma legal para crear la Secretaría de Seguridad y, una vez aprobada, colocó en esa posición a su amigo Gabriel.

En 2008, cuando Leonel Godoy sustituyó a Cárdenas Batel, Mendoza Jiménez regresó al gobierno de Michoacán en la recién creada Comisión para el Desarrollo de Tierra Caliente, dependencia que tuvo a su cargo la supervisión de la presa que construyó Odebrecht.

 

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Foto: MCCI

El grupo brasileño Odebrecht, que hace seis años se implicó en un escándalo internacional de corrupción, anunció este viernes que ha decidido cambiar su nombre comercial y ahora pasará a llamarse Novonor.

“No estamos borrando el pasado. El pasado no se borra. Pasado es exactamente lo que es, pasado”, dijo en un comunicado el accionista mayoritario del grupo, Mauricio Odebrecht.

“Después de todo lo que promovimos en cambios y corrección de rumbos, estamos ahora mirando hacia lo que queremos ser. Una empresa inspirada en el futuro. Ese es nuestro nuevo norte”, agrega la nota.

El comunicado hace referencia a los nuevos mecanismos de buenas prácticas empresariales adoptados tras el escándalo de la operación anticorrupción Lava Jato, que destapó una serie de negocios sucios que implicaban a Odebrecht y otras compañías, así como a políticos tanto de Brasil como de una decena de países, entre ellos México.

Según la nota, esos “cambios de procesos internos” y “métodos de actuación” están ahora “rigurosamente dirigidos por la ética, la integridad y la transparencia”.

El nuevo nombre Novonor englobará a las seis empresas del grupo, que emplean a cerca de 25,000 personas y actúan en los sectores de ingeniería y construcción, movilidad urbana y carreteras, petróleo y gas, inmobiliario, petroquímica y la industria naval.

El proceso de reestructuración del conglomerado empresarial llevó incluso a que, en 2019, solicitara el que hasta ahora fue el mayor concurso de acreedores de la historia de Brasil, con una deuda que fue cifrada en unos 100,000 millones de reales (20,000 millones de dólares).

Odebrecht surgió en 1944, fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht como empresa familiar y volcada inicialmente al área de la construcción, aunque con el tiempo amplió sus negocios de una forma vertiginosa y llegó a ser uno de los mayores conglomerados del país, con operaciones en toda América, África, Europa y Oriente Medio.

En nuestro país, la corrupción que se vivía en Odebrecht alcanzó a diversas dependencias y políticos. Relacionado a la firma están las acusaciones de Emilio Lozoya contra diversos personas como el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario Luis Videgaray, al empresario Alonso Ancira; se han visto involucrados gobiernos estatales como el de Veracruz, y por supuesto, toda la relación que hubo con Pemex.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en 2017 documentos que referían sobornos que la firma entregó en países de América Latina y África, entre los que se incluía a México con un monto de 10.5 millones de dólares.

Este jueves se reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría acusando al expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) de “traicionar a la patria”, al estar involucrado en los actos de corrupción relacionados a la constructora brasileña Odebrecht.

Según el diario Reforma, quien accedió a una parte del texto, la FGR señala que el exmandatario jugó un “papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo que puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales”.

La Fiscalía indica que durante la administración de Peña Nieto los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo. El priísta habría cometido los ilícitos “utilizando como instrumento” a dos altos cargos que lo acompañaron desde la campaña electoral para llegar a la Presidencia.

Dichos funcionarios serían Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, quien reside ahora en Estados Unidos, y a quien la FGR busca detener, y Emilio Lozoya, director de Pemex durante la administración de Peña, y quien fue detenido en España en febrero pasado y extraditado a México.

Según el texto de la Fiscalía, el expresidente “contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética”, aprobada en 2013.

El texto añade que el expresidente gobernó “un estado dentro de un estado” y usaba “su propio aparato de poder criminal” para distribuir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El delito de cohecho se habría cometido cuando, por supuestas órdenes de Peña Nieto, Videgaray distribuyó “a través de interpósitas personas” 121.5 millones de pesos entre legisladores del Congreso.

Según las declaraciones que Lozoya hizo en su denuncia ante la FGR, los destinatario de dicho dinero habrían sido un legislador del PRI, David Penchyna, y tres del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Ricardo Anaya.

Sobre la intención de la Fiscalía de detener a Videgaray, el presidente López Obrador explicó a principios de noviembre que un juez federal devolvió el documento judicial “porque consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo”.

Videgaray se desempeña actualmente como profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, donde en septiembre pasado algunos alumnos exigieron su destitución por carecer de “autoridad moral”, pero la institución académica descartó la petición.

Luego de que el exdirector de Odebrecht en México, Luis Meneses Weyll, negara los señalamientos de Emilio Lozoya en relación al apoyo que recibió Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que EPN sí recibió apoyos de la empresa brasileña.

A través de sus redes sociales, Duarte dijo desconoce la razón por la cual Meneses Weyll “está declarando falsedades en relación a los apoyos económicos que hicieron en favor de la campaña presidencial” del priísta.

El exgobernador de Veracruz dijo que en 2012, siendo ya presidente electo de México, Peña Nieto realizó una gira por Sudamérica y uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo en Brasil, donde sostuvo una reunión con Marcelo Odebrecht en su casa.

En el marco del encuentro, Duarte asegura que Peña Nieto lo llamó vía telefónica para instruirle que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible, pues “ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial”.

Lo expresado por Duarte coincidiría con lo que declaró Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Javier Duarte concluyó su mensaje indicando que tiene toda la disposición para declarar todo lo que le consta sobre el caso, aclarando que no buscará acogerse al “criterio de oportunidad” o beneficio alguno.

“Lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y sobretodo que se sepa la verdad”, dijo el expriísta.

Y es que de acuerdo a una entrevista que Quinto Elemento Lab realizó a Meneses Weyll, desmintió los dichos de Lozoya Austin sobre lo apoyos que Odebrecht habría dado a la campaña de Peña Nieto.

“Ni hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto, ni hubo sobornos para que los legisladores aprobaran la reforma energética, ni hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón, aseguró Meneses Weyll a través de su abogado, Carlos Kauffmann”, publicó el medio.