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Luis Alberto de Meneses Weyll, cabeza de Odebrecht en México, quien ha reconocido entregó sobornos a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, equivalentes a 10.5 millones de dólares a Lozoya (2012 y 2014), desmiente los señalamientos que Lozoya Austin ha ofrecido a la Fiscalía General de la República (FGR).

Meneses Weyll afirma, a través de su abogado Carlos Kauffmann, que Odebrecht no entregó dinero para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, ni para sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética, ni para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón, tal como lo indicó Lozoya en su declaración con la que buscó el criterio de oportunidad y así convertirse en testigo colaborador a cambio de que evitar la acción penal en su contra.

“El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya (…) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (…) Si alguien está intentando colocar en Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir”, dijo Kauffmann a QUINTO ELEMENTO LAB.

El abogado del director de Odebrecht negó que se haya entregado dinero expresamente para financiar la campaña de Peña. Afirmó que los sobornos fueron exclusivamente para Lozoya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de cinco millones de dólares”, según consta en sus declaraciones a las autoridades brasileñas. de 2016.

Y aunque Lozoya afirmó que hubo dos encuentros entre Marcelo Odebrecht y Luis Alberto de Meneses Weyll con Peña Nieto y Luis Videgaray, Kauffmann asegura que el exdirector de Odebrecht en México no tuvo contacto con ningún otro exfuncionario público que no fuera Lozoya.

“Luis Weyll solo tuvo contacto directo con Emilio Lozoya. Nunca tuvo contacto con el presidente ni con otros legisladores”. Aclaró que pese a entregar el dinero de los sobornos, indicó que no estaban al tanto del destino de los recursos. “Lo que Emilio Lozoya hizo con los pagos, eso no le competía a Luis Weyll decidir ni cuestionar (…) El único que sabe lo que hizo es Emilio Lozoya”.

Sobre las declaraciones de Lozoya Austin de que la empresa brasileña no solo buscó contratos y beneficios del gobierno, también que participó activamente en la política energética del país, Carlos Kauffmann dijo que Odebrecht Infraestructura nunca tuvo interés en la reforma energética ni se benefició con ningún contrato derivado de su aprobación. “Si no había un interés y si no se querían celebrar contratos de la reforma energética, ésta (Odebrecht) no pagaría a legisladores para que actuaran en la reforma”, dijo el defensor de Meneses Weyll.

El abogado de Meneses Weyll también rechazó que su cliente haya realizado algún pago por la adjudicación del contrato a Braskem, filial de Odebrecht, correspondiente a la planta Etileno XXI en Veracruz. “No existen relatos en ese sentido, no hay motivo (…) Si hubiera habido pagos, Luis Weyll ya lo hubiera dicho”.

Kauffmann adelantó que su cliente está a disposición de las autoridades mexicanas para informar lo que sea necesario. “Weyll está comprometido solo con la verdad”.

Para que las autoridades mexicanas puedan interrogar al exdirector de Odebrecht, deben firmar un acuerdo en el que se comprometen a no utilizar las pruebas obtenidas contra el propio Meneses Weyll tanto en el ámbito penal, civil o administrativo.

Sobre el caso, el diario Reforma informó esta mañana que la Fiscalía General de la República solicitó una orden de captura contra el excolaborador de Peña Nieto, Luis Videgaray, por presuntamente operar el financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas políticas en México, así como por los delitos de cohecho y traición a la patria.

Y aunque la FGR solicitó dicha orden en dos ocasiones a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, se devolvió el expediente pues presentaba deficiencias. Las fuentes consultadas por el diario adelantaron que el Fiscalía haría una nueva solicitud.

La imputación contra Videgaray se basa en los testimonios de Emilio Lozoya. Se le acusa de traición a la patria al ser supuestamente el responsable del financiamiento de Odebrecht a las campañas del PRI.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que Ricardo Anaya está siendo investigado en relación al caso Odebrecht.

Nieto Castillo señaló que el panista es investigado luego de que se le mencionara, entre un total de 70 personas, por presuntamente estar implicadas en la red de sobornos que la empresa brasileña pagó en México.

El funcionario indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determinará si el ex candidato presidencial es llamada a comparecer.

“La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre (Ricardo Anaya), aparece ahí”, dijo Santiago Nieto en el marco de la firma de un convenio entre la UIF y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El colaborador del gobierno federal adelantó que la UIF está preparando una nueva denuncia contra Emilio Lozoya; así, sumarían seis las denuncias que se han interpuesto. La que en breve se presentará es, detalló Nieto Castillo, por un contrato de 3 mil millones de pesos que se entregó a Odebrecht.

“Estamos preparando una sexta, que tiene que ver con la contratación de 3 mil millones de pesos de parte Pemex a Odebrecht, que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasmas en un mecanismo muy similar al que conocimos en la Estafa Maestra, en Sedesol”, explicó el funcionario.

La confirmación de Santiago Nieto llega un día después de que el ex candidato presidencial anunciara su regreso a la vida pública nacional.

Anaya indicó que ante el desastre que se vive en el país con el gobierno de López Obrador, era necesario “estar presente”. Dijo que más allá de estar criticando al gobierno, la oposición debía proponer sobre cómo corregir el rumbo, y presentar a la ciudadanía un camino que sea viable y así convencerlos de que sí se pueden hacer las cosas de otra manera.

En su video, Anaya vaticinó que los ataques desde el gobierno federal en su contra podrían incrementarse, aunque les restó importancia.

Sobre el anuncio de Anaya, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, respondió asegurando que las declaraciones del panista están llenas de errores, falsedades y mala fe.

“Esa calva (…) está hueca de ideas y de principios”, dijo el morenista luego de afirmar que aunque en un principio Anaya es alguien que convence, no tarda en quitarse la máscara y dejarse ver como es realmente.

El diputado aseguró que tal como lo ha dicho el presidente López Obrador, Morena no ha roto ni un solo vidrio, por lo que pidió al panista no “empezar” a levantar la mano con amenazas, sobre todo considerando que él se encuentra bajo la “mira de la justicia”.

Muñoz Ledo afirmó que Anaya decidió regresar a la vida pública para poder tener poder, y así, seguir haciendo dinero, pues señaló, “a ti lo que te gusta es el dinero”.

La obra por la que Odebrecht pagó 6 millones de dólares en sobornos en México, la refinería de Tula, Hidalgo, fue impulsada, supervisada y validada por Leonardo Cornejo Serrano, actual jefe del proyecto de la refinería de Dos Bocas.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que cuando era colaborador de Emilio Lozoya, nadie vio más veces en la torre de Pemex a Luis Weyll, el hombre que personifica en México la corrupción de la empresa brasileña, que Leonardo Cornejo.

“En total, se encontraron en 46 ocasiones. Pero además de la frecuencia de esas entrevistas, Cornejo se encargó de montar, de principio a fin, el mecanismo para entregar a Odebrecht obras en Tula, operaciones con sobrecosto que los brasileños han reconocido que se lograron gracias a los sobornos entregados al exdirector de Petróleos Mexicanos”, señala MCCI.

Pese a los vínculos que tuvo con Odebrecht, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que prometió combatir la corrupción, puso en las manos de Cornejo la direción del proyecto de Dos Bocas.

Según consta en decenas de documentos de la carpeta de investigación del caso, en poder de la Fiscalía General de la República (FGR), Cornejo intercambió con el entonces director de Odebrecht en México, Luis Weyll, desde que lo invitó a participar como contratista hasta que le anunció que se le había asignado sin licitación una obra en la refinería de Tula por 1,436 millones de pesos.

En la confesión de Weyll se hace referencia a que dicha obra fue obtenida mediante el pago de sobornos.

Además, en el expediente se encuentra la relación de los 56 encuentros que el directivo de Odebrecht y Cornejo acordaron sostener en el piso 7 de la torre de Pemex para dar seguimiento al contrato, y los procedimientos en los que proactivamente intervino el ahora jefe de Dos Bocas.

En su confesión sobre los sobornos de Odebrecht, Weyll dijo que le pagó por anticipado dos millones de dólares a Emilio Lozoya en 2013 por la promesa de obtener una obra en la refinería de Tula, y que se comprometió a pagarle otros cuatro millones de dólares en el momento en que se asignara y firmara el contrato, lo cual ocurrió en 2014.

Para que la obra acordada entre Lozoya y Weyll se asignara directamente, sin licitación, a Odebrecht, fue clave la intervención de Cornejo, según consta en los documentos recopilados por la PGR.

 

Investigación completa en MCCI

López Obrador está haciendo parecer que toda la clase política está podrida. Muchos de los 30 millones de mexicanos que votaron por él lo hicieron pensando en que finalmente llegaría al poder un político que acabaría con la corrupción; que se daría una vida acorde a la de un servidor público y no a la de un monarca europeo. Un político que enarbolaría políticas públicas destinadas a mejorar la vida de los millones de pobres que hay en el país.

Pero con el nuevo capítulo de video escándalos, aunado a las filtraciones del caso Lozoya, ¿qué justificación hay para quienes veían en López Obrador a un político limpio; un político diferente; un político honesto?

¿Por qué creerle a AMLO que su lucha contra la corrupción es auténtica? La mañanera al día siguiente de que mi colega, Carlos Loret de Mola, diera a conocer los videos en donde aparece David León Romero entregando fajos de dinero a su hermano, Pío López Obrador, el presidente quiso defender lo indefendible al decir que ese dinero era más limpio que el de Odebrecht a Lozoya porque era menos e iba destinado a la transformación de México.

Quizás Lozoya y Peña Nieto pensaron lo mismo al recibir el dinero de la constructora brasileña: que todo era para sacar adelante las reformas estructurales que colocarían a México finalmente en el primer mundo. Eso no lo podemos saber. Lo que sí es seguro es que recibir dinero en efectivo para un propósito político cuando se es candidato debe de ser reportado ante el INE. Y en el caso de Pío y Andrés Manuel López Obrador, esto no sucedió.

El resultado final es, para partidarios y detractores del actual gobierno (no incluyo aquí a los fanáticos de uno u otro lado), un lodazal. Todos son iguales. Todos, incluyendo a AMLO, roban. Y todos mienten sobre la corrupción dando justificaciones inverosímiles. Esta visión impera aun cuando existan varios funcionarios de anteriores gobiernos y del actual que tienen una auténtica vocación por servir a su país.

Si se deja la corrupción de lado ¿por qué creerle al presidente en otras de las premisas que dijo que serían la bandera de su gobierno. ¿Por qué creerle que es austero si su mayor símbolo de austeridad, la venta del avión presidencial, es una maroma de principio a fin?

Con los datos que tenemos a la fecha sobre la famosa rifa del avión, los números no cuadran. El presidente dijo que vendería 6 millones de cachitos a un costo de 500 pesos cada uno en donde en lugar de ganar el avión, habría cien premios de 20 millones de pesos. El 11 de agosto se informó que se han vendido 2 millones 24 mil cachitos, es decir, no se ha vendido ni la mitad y con esto no se cubre el monto a pagar a los 100 cachitos ganadores ya que los billetes que no se vendan se donarán a la Secretaría de Salud. Así que los 100 cachitos ganadores estarán o en manos de un comprador o en manos de la Secretaría de Salud. Este avión está saliendo más caro como símbolo de austeridad que como muestra de despilfarro.

¿Por qué creerle que primero van los pobres si el gasto público como porcentaje del PIB en las áreas que más los beneficiaría – salud; educación y protección social – está igual o más baja que en sexenios pasados?

La lista de preguntas para quienes creyeron en el presidente a partir de lo que ahora hace es larga. Como extensa será también la fila de ciudadanos desencantados que piensan que todo está podrido y por ello todo está perdido. ¿La esperanza de México? Bienvenidos a la desesperanza de México.

 

Columna completa en El Universal

LUIS CARLOS UGALDE

EL FINANCIERO

 

 

Los videoescándalos de la semana pasada sólo confirman que todos los partidos, campañas y candidatos son rehenes de un problema estructural y cada vez más grave de la democracia electoral en México: el financiamiento ilegal de las campañas o el llamado ‘dinero bajo la mesa’.

Aunque López Obrador diga que es diferente, durante los últimos años han aparecido de forma intermitente videos o audios de colaboradores o aliados que en su nombre piden o reciben dinero en efectivo. Ha sido un mismo modus operandi que se repite aquí y allá.

Hacer política a ras de tierra como López Obrador requiere mucho dinero en efectivo para la gasolina, para transportar gente a los mítines, para la logística y el sonido y la comida. Desde que tomaba pozos petroleros en Tabasco, luego en sus grandes caravanas por la democracia que realizó de Tabasco a la Ciudad de México en los años noventa y durante su peregrinaje por todo el país, el efectivo fue su medio para pagar buena parte de sus actividades.

Él mismo no usa tarjeta de crédito y ha presumido que no tiene una cuenta de cheques porque su dinero lo administra su esposa. Tampoco se sabe que haya pagado impuestos en los últimos años. López Obrador es, en sí mismo, el hombre del efectivo.

La semana pasada dijo que el caso Lozoya-Oderbrecht refleja una gran corrupción corporativa mientras el caso de Pío son aportaciones voluntarias del pueblo. Pero en realidad son intercambios de la misma naturaleza: en uno se trata de probables donaciones de un gran conglomerado empresarial brasileño que da dinero a cambio de contratos; en el otro se trata –seguramente– de la contribución de un gobernador mediante desvío de recursos públicos para comprar impunidad o para tener acceso político al nuevo gobierno.

En ambos casos la lógica de juego es la misma: te doy dinero hoy a cambio de un favor futuro. Ambos casos generan corrupción.

En el libro Dinero bajo la mesa que publicamos en 2018 María Amparo Casar y yo –con la investigación de Ximena Mata y Leonardo Núñez– argumentamos que las campañas políticas en México se han inundado de dinero bajo la mesa por tres razones principales. Uno, por los requerimientos financieros cada vez mayores de los candidatos para ser competitivos (una campaña de gobernador cuesta 10 veces más que el tope legal). Dos, porque las donaciones ilegales a campañas sirven para comprar acceso al nuevo gobierno. Y tres, porque las campañas son una buena oportunidad para enriquecerse.

Muchos gobernadores dan dinero a campañas de sus partidos o de otros para ganar aliados o comprar impunidad al dejar el cargo. Ese fue el caso de varios que apoyaron la campaña de Peña Nieto en 2012 y que lograron así trato privilegiado e incluso impunidad. Y este puede ser el caso de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, quien en 2018 ‘reventó’ la alianza que su partido tenía con el PRI y de donde salieron cientos de miles de votos que ayudaron al triunfo de Morena en esa entidad.

Entender que el problema del dinero bajo la mesa es estructural y sistémico es el primer paso para corregirlo. La negación es prolongar el problema. En 2021 se celebrará la elección más grande de la historia de México. ¡Cuánto dinero correrá en efectivo para los cientos de aspirantes a gobernador y alcaldes de ciudades importantes!

Este gobierno ha dado un paso importante para reducir el efectivo: combatir las empresas factureras que han sido un medio para monetizar recursos el gobierno y de empresas para canalizarlo a campañas. Pero falta más. López Obrador presume que el fraude electoral ya es delito grave. Pero el dinero bajo la mesa no se regula con leyes más estrictas sino con una reingeniería global que incluya mayores candados para el uso de efectivo, el voto obligatorio que reduzca el atractivo del clientelismo y una mayor fiscalización de las finanzas públicas.

Un video que presuntamente exhibe a un empleado de Petróleos Mexicanos entregando paquetes de dinero a asesores de senadores de oposición reavivó este lunes la polémica sobre Emilio Lozoya, exdirector de Pemex acusado de recibir y repartir sobornos de Odebrecht.

El material, subido a una cuenta no oficial de YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya, supuesto hermano del exfuncionario federal, muestra a Rafael Caraveo y a Guillermo Gutiérrez, quienes trabajaban para senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) cuando se aprobó la reforma energética en 2013.

“¿Son doce en total?”, pregunta Caraveo mientras él y Gutiérrez guardan las bolsas con billetes en maletas, aunque la voz de la persona que graba las imágenes está alterada con un programa de edición.

El video se difunde justo cuando se cumple un mes de la extradición desde España de Lozoya, quien el 17 de julio llegó a México, donde está acusado de recibir sobornos por 10.5 millones de dólares de la brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de 2012 y como director de Pemex (2012-2016).

Lozoya denunció la semana pasada que el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray le ordenaron usar 120 millones de pesos para que cinco senadores y un diputado avalaran la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, para la denuncia formal, Lozoya Austin señaló cuatro testigos, entregó recibos y un video, que según se ha especulado en redes sociales, podría ser el difundido esta tarde.

Sin embargo, según la agencia EFE, fuente de la FGR indicaron que no es el mismo que Lozoya presentó como evidencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exigió este lunes “transparentar todo el caso” de Lozoya, al que considera símbolo de la corrupción del “periodo neoliberal” y del proceso para aprobar la reforma energética.

“Que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional, el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la fiscalía”, dijo López Obrador en la mañanera.

En el material filtrado este lunes aparece Rafael Caraveo, secretario técnico del exsenador Jorge Luis Lavalle, exlegislador del PAN que fue presidente de la Comisión de Administración del Senado.

También aparece Guillermo Gutiérrez, colaborador del exsenador del PAN Francisco Domínguez, quien ahora es gobernador de Querétaro,donde Gutiérrez ahora funge como su secretario privado.

“¿Entonces? ¿Visita próxima?”, expresa Caraveo al final del video, a lo que el supuesto empleado de Pemex responde “no sé”.

Aunque aún no se han pronunciado sobre este video en específico, los legisladores del PAN se han venido deslindando de las acusaciones, e incluso han acusado al gobierno federal de montar un espectáculo con el caso de Lozoya.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó esta tarde que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó una denuncia de hechos respecto a su participación en la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y de otros casos.

En el caso de Odebrecht, explicó el Fiscal, Lozoya aseguró que hubo una serie de sobornos por una cantidad superior a los 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña electoral de 2012, en las que Peña Nieto buscaba llegar a la Presidencia de la República.

Lozoya Austin señaló directamente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de ser quienes le ordenaron que el dinero recibido de Odebrecht fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña electoral.

Gertz Manero explicó que en la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, también se menciona la compra de votos a favor de las reformas estructurales que el gobierno de Peña Nieto impulsó en 2013 y 2014.

“En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas (EPN y Videgaray) para un Diputado y cinco Senadores que él señala los nombres”, detalló el fiscal. Indicó que dichos nombres quedarán en reserva hasta que la Fiscalía pueda judicializarlos en el caso de que se encuentren las pruebas suficientes.

También se menciona el caso del complejo petroquímico ‘Etileno XXI’, lo cual ocurrió durante la administración de Felipe Calderón. Lozoya asegura que hubo una serie de beneficios económico a favor de dicha empresa, que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht, y que se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas graves.

Alejandro Gertz Manero detalló que  el exfuncionario federal precisó los sistemas que se usaron para recibir los sobornos, los cuales también fueron ordenados por Peña Nieto y Videgaray para que se les entregaran 84 millones de pesos a un grupo de legisladores y a un secretario de finanzas de un partido político;

Añade que posteriormente se le dio una cantidad superior a los 200 millones de pesos para dirigirlos a la aprobación de la reforma electoral.

Se indicó que para soportar sus señalamientos, Lozoya Austin ha apuntado directamente a cuatro testigos, ha entregado un recibo y un video.

“A partir de este momento la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente, y vamos a empezar a realizar todas las diligencias; en primer lugar las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, y en caso de que sea procedente a las personas que él le imputa los llamaremos a declarar”, remató el Fiscal.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de recibir más de 10 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht a cambio de gestionar contratos para la firma.

“Usted sabía que los recursos eran de Odebrecht y recibió 10.5 millones de dólares como resultados de sobornos, se asoció con (su) madre, esposa y otra persona con el propósito de delinquir”, señaló el fiscal en la audiencia que se lleva a cabo este miércoles.

Con el dinero presuntamente proveniente de los sobornos, Lozoya habría adquirido, por medio de familiares, bienes inmuebles para “ocultar” el origen de los recursos, además de que habría transferido a otros a cuentas bancarias en Europa, según la acusación.

La Fiscalía reiteró que Odebrecht obtuvo en México un “beneficio” de 39 millones de dólares por la “adjudicación de obras”.

Tal como sucedió ayer con la audiencia del caso Agronitrogendos, la sesión de hoy se desarrolla por videoconferencia, pues el exfuncionario se mantiene en hospitalización por un cuadro anémico tras llegar extraditado de España el 17 de julio pasado.

Los delegados de Odebrecht “le solicitaron (a Lozoya) su apoyo para resultar beneficiario de contratos de obras públicas y le prometieron 6 millones de dólares para diversas obras como la refinería de Tula”, añadió la Fiscalía.

Por transferencias que recibió del extranjero, pese a que sabía que “era ilícito”, a Lozoya se le acusó de “operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Lozoya, de acuerdo con la Fiscalía, intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando era coordinador de la campaña que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto en 2012.

Lozoya Austin, quien durante el proceso será identificado como ERLA al haber solicitado que quedaran reservados sus datos personales, se declaró inocente de los delitos que se le imputan. “De manera respetuosa hacia la autoridad quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan y en el marco de la investigación”, dijo el exfuncionario federal.

Añadió que, en el marco de su compromiso de colaborar con las autoridades en la investigación, dio instrucciones en España a que se agilizaran los trámites de su extradición, “para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades del estado mexicano en el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad”.

Una vez más, Lozoya Austin indicó que en los hechos que se le imputan fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado, y tal como lo dijo ayer, se comprometió a denunciar y señalar a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, enfrenta este miércoles su segunda audiencia ante un juez de control, ahora por el caso Odebrecht.

Lozoya es acusado de gestionar sobornos millonarios de la empresa brasileña, que habrían financiado la campaña que llevó a la presidencia al entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

En la audiencia de hoy se formulará imputación contra el exfuncionario por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Al igual que la audiencia de ayer, la de este miércoles se realizará de manera virtual.

Ayer, Lozoya Austin fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque evitó pisar prisión gracias a su ofrecimiento de colaborar con la justicia.

Como la Fiscalía no pidió prisión preventiva, el juez estableció vigilancia policial en el hospital donde está internado actualmente, y solicitó la entrega de su pasaporte y visa, que se le ponga un brazalete que él mismo debe pagar y que, una vez que sea dado de alta, se presente ante las autoridades a firmar cada 15 días.

Adicional, el juez dio a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de seis meses para complementar la investigación.

Durante su primera la audiencia, por el caso Agronitrogenados, el exfuncionario dijo mediante sus abogados que había sido “utilizado” por un “aparato organizado del poder”, y aunque no identificó a los responsables, se comprometió a realizar en su momento las denuncias pertinentes y a “esclarecer la verdad en el marco del debido proceso”.

Antes de la resolución judicial, la defensa declinó debatir la acusación fiscal, asumiendo los cargos; sin embargo, los abogados alegaron que “fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso” por otros.

El exdirector de Pemex reiteró que era inocente de los cargos, y que lo probaría. Señalará “claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban (…) en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad” con la Fiscalía, agregó la defensa.

El “criterio de oportunidad” es una figura por la que la Fiscalía declina enjuiciar a un acusado pues hacerlo reportaría pocos beneficios o porque el imputado puede ofrecer información sólida para perseguir un delito más grave del que se le imputa.

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) respondió este viernes a las presuntas declaraciones que hiciera Emilio Lozoya, sobre los pagos en sobornos que se habrían hecho a senadores del blanquiazul para apoyar y aprobar la reforma energética.

El PAN reiteró su compromiso con el combate a la corrupción, por lo que dijo que no consentirá ninguna ilegalidad cometida por ninguna persona; sin embargo señaló, que tampoco permitirá que se use la justicia como instrumento de propaganda para dañar al partido, ni el buen prestigio de sus liderazgos.

“Quien acusa está obligado a probar. Hasta el momento solo son dichos de un presunto criminal que podría acusar a los adversarios del gobierno federal, con tal de salvar su situación jurídica como indiciado”, dijo el partido.

Exigió a las autoridades que se conduzcan con legalidad, que aporten las pruebas, que hagan justicia de manera pronta y expedita, para deslindar responsabilidades, y les recordó  que como en todos los casos, se debe respetar la presunción de inocencia y cuidar el debido proceso.

El partido acusó que los dichos del exdirector de Pemex, pretenden ser un distractor y la cortina de humo ante el fracaso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Afirmó que en su momento los legisladores de Acción Nacional no tenían que ser convencidos de la Reforma Energética, ni de su legislación secundaria, ya que en el partido siempre han estado a favor de abrir la inversión, modernizar y hacer más competitivo el sector energético, impulsando las energías limpias y renovables.

Quien también se manifestó al respecto, fue el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, quien pidió a AMLO dejar de utilizar el caso Lozoya con fines políticos y permita que la FGR haga su trabajo.

La coordinadora de la bancada perredista, Verónica Juárez Piña, afirmó que desde que se dio a conocer que el exdirector de Pemex aceptó su extradición, el Ejecutivo Federal no ha dejado de filtrar información del caso para lanzar acusaciones sin pruebas, violando con ello la secrecía de la investigación consignada constitucionalmente.

“El presidente de la República está utilizando la investigación contra Lozoya con fines electorales, para dirimir diferencias políticas y no en la búsqueda de la justicia y el combate a la corrupción, en un momento en que la evaluación ciudadana no lo ha favorecido debido a la mala gestión de la crisis sanitaria”, acusó Juárez Piña.

Lamentó que el gobierno federal haya cedido ante Lozoya aceptando que fuera testigo colaborador, cuando es una pieza clave en la red de corrupción, conflicto de intereses y complicidad que permeó toda la administración de Peña Nieto.

“El gobierno de Andrés Manuel lo está tratando con pinzas y privilegios, para fines al parecer completamente ajenos a la justicia y al combate a la corrupción”, resaltó la dirigente perredista.

Emilio Lozoya se habría tomado muy enserio su papel de “testigo colaborador”, pues antes de aceptar por escrito su extradición a México, el exdiretor de Pemex ventiló que la empresa Odebrecht pagó 4 millones de dólares que fueron usados en la campaña presidencial de Enrique Peña en 2012.

Aun en España, Lozoya detalló que el dinero que recibieron de la brasiñela fue usado para el pago de consultores extranjeros, que el entonces coordinador de campaña, Luis Videgaray, contrató para asesorar al equipo del priísta durante la contienda electoral.

Sin embargo, no fue el único dinero que se entregó al equipo de EPN. Ya el poder, Odebrecht pagó otros 6 millones de dólares al gobierno de Peña, para recibir contratos y para repartir entre los legisladores mexicanos para garantizar la aprobación de la reforma energética.

Las declaraciones fueron difundidas este viernes por el diario Reforma, quien tuvo acceso al documento que Lozoya compartió con las autoridades. Con los detalles que compartió, buscaba lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), lo que finalmente hizo que aceptara su extradición y regresara al país bajo la figura de “testigo colaborador”.

En dicho documento, Lozoya relata que en una ocasión se reunió con el ahora exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, en una panadería de Lomas de Chapultepec, para gestionar y definir la entrega del dinero que la brasileña entregaría. Acudió a dicha reunión por órdenes de Luis Videgaray.

Ahí, Meneses Weyll prometió entregar 4 millones de dólares, de los cuales, 3 millones fueron depositados en una cuenta ‘off shore’ vinculada a Lozoya; sin embargo, él informó de dicho movimiento tanto a Peña Nieto como a Videgaray.

Otro de los sobornos que Lozoya reveló a la FGR fue el pago de Odebrecht por 6 millones de dólares adicionales en 2014, luego de que el gobierno federal le adjudicó un contrato de 3 mil millones de pesos por realizar obras en la refinería de Tula, Hidalgo. Dicho dinero sirvió para sobornar a legisladores, señaló Lozoya.

Entre esos sobornos, se pagó a legisladores de la oposición. El “enlace” designado por EPN fue David Penchyna, quien fungía como presidente de la Comisión de Energía en el Senado. La entrega-recepción de dinero se hacía en una oficina de Montes Urales, en Lomas de Chapultepec.

En total, el gobierno de EPN pagó 52 millones 380 mil pesos en sobornos a legisladores del PAN, para que aprobaran las reformas del Pacto por México.

Entre los detalles que ofreció, Lozoya indicó que Videgaray pidió hacerle llegar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anay, quien fue el presidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió la reforma energética, y quien en 2014 asumió el cargo de secretario general del PAN.

Otros nombres que Lozoya reveló participaron en las entregas de sobornos fueron los entonces senadores Ernesto Cordero, Salvador Vega, José Luis Lavalle Maury, y los hoy gobernadores Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca.

Las autoridades federales investigan al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su casero, por su probable participación en la trama de corrupción de Odebrecht, según dio a conocer este miércoles la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De acuerdo a documentos en su poder, en el esquema que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los fondos transferidos por Odebrecht, se detectaron pagos al Grupo Constructor Tulancingo, propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, dueño de dos residencias que habitó Osorio Chong en Bosques de las Lomas y en Lomas de Chapultepec.

Los pagos de Odebrecht a la empresa hidalguense fueron por supuestos servicios como subcontratista en la modernización de la refinería de Tula, obra que fue asignada por Pemex en 2013 mediante sobornos, según han confesado ex directivos de la constructora brasileña.

El esquema de la UIF incluye una conexión del Grupo Constructor Tulancingo con contratos públicos asignados en el anterior sexenio por organismos federales cuyos titulares eran estrechos colaboradores de Osorio Chong desde hace 15 años.

Entre las dependencias que otorgaron contratos a la constructora del casero de Osorio Chong estuvieron la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI), organismo que dependía de Gobernación, y el centro Hidalgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ambas dependencias las encabezaban dos colaboradores de Osorio desde los días en que fue Gobernador de Hidalgo, entre 2005 y 2011: al frente de la CNDI estaba Nuvia Mayorga, quien fue su Secretaria de Finanzas en la gubernatura, mientras que el director del centro de la SCT en Pachuca era Alberto Salomón Bulos, su ex Subsecretario de Obras.

Nuvia Mayorga, además, había sido invitada por Osorio para colaborar, desde el PRI nacional, en la campaña presidencial de 2012; él era Secretario de Operación Política y ella se integró como titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización.

Actualmente Osorio y Nuvia Mayorga son senadores por el PRI y gozarán de fuero constitucional hasta el año 2024.

Esta no es la primera vez que se involucra a Nuvia en el caso Odebrecht. En agosto de 2017 el columnista Salvador García Soto afirmó que el propio Emilio Lozoya llegó a comentar a personas cercanas que él no había recibido el dinero de Odebrecht y que esos recursos llegaron a través de “una operadora financiera de un gobernador” y mencionaba en concreto el nombre de Nuvia Mayorga, ex secretaria de Finanzas de Hidalgo.

El Juzgado XIV de Distrito de Amparo en Materia Penal dejó sin efecto la suspensión definitiva que concedió el 23 de julio a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en contra de una orden de aprehensión presuntamente por el caso Odebrecht.

“Se tiene por desistido de este incidente al apoderado, en razón de que acreditó su personalidad con poder autorizado, queda sin materia la medida suspensional concedida en interlocutoria de veintitrés de julio en curso y las obligaciones impuestas al quejoso”, establece el acuerdo publicado.

Ello luego que el exfuncionario interpuso un recurso de desistimiento a la suspensión definitiva que logró la semana pasada en contra de orden de aprehensión.

Lozoya Austin enfrenta acusaciones por delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, presuntamente por recibir recursos de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

En tanto, Gilda Austin y Solís, madre del exdirector de Pemex, interpuso un escrito ante el Juzgado X de Distrito de Amparo en Materia Penal en el que pide al juez federal sobreseer el juicio de amparo y negar la suspensión definitiva que la protegería contra una orden de captura en su contra.

Gilda Austin enfrenta acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

El impartidor de justicia señaló en su acuerdo que las manifestaciones de la quejosa se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, renunció a la suspensión definitiva que lo protegía de la segunda orden de aprehensión en su contra, por lo que podrá ser detenido por los delitos que se le acusa: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

El exfuncionario presentó, a través de su apoderado legal, su renuncia por escrito ante el juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.

Y es que el mes pasado, a Lozoya le retiraron la suspensión definitiva que se le había otorgado por el delito de lavado de dinero.

Al respecto, este martes se dieron a conocer las primeras declaraciones de Lozoya, desde que se ordenó su detención.

Las declaraciones se desprenden de un cuestionario que contestó, a través de su abogado, Javier Coello, al diario alemán Süddeutsche Zeitung y al medio suizo Tamedia.

En ese cuestionario, el excolaborador de Peña Nieto calificó como “un ataque político cobarde y sin fundamentos”, las órdenes de aprehensión que hay en su contra y contra su familia.

Afirmó que ni él ni su familia recibieron dinero alguno de empresas o personas cuando se desempeñó como funcionario; así, negó “cualquier acusación de corrupción”.

Acusó que pese a que los delitos que se les imputan a él y a su familia no ameritan prisión preventiva, “el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para generar órdenes de aprehensión”.

Insistió en negar lo declarado por los exfuncionarios de Odebrecht respecto a haber recibido sobornos y reiteró que a cambio de sentencias reducidas, pudieron inventar lo que conviniera a sus intereses.

Lozoya indicó que “el problema real es que desde que salí de Pemex, mis sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30% en la producción de gas en el país, por decisiones propias y erróneas, intentar culpar a alguien cuatro años después es absurdo”.

Las campañas que llevaron a las gubernaturas de Veracruz, a Javier Duarte, y de Tamaulipas, a Rodolfo Torre Cantú, fueron financiadas por la empresa Odebrecht.

Así lo reveló Alberto “N”, ex director Superintendente de la empresa brasileña en México, quien abundó que el objetivo del financiamiento, en 2010, fue de obtener un buen posicionamiento en el futuro Gobierno, según publica Reforma.

A la campaña de Duarte de Ochoa, la Constructora Norberto Odebrecht inyectó 500 mil dólares, en tanto que a la de Torre Cantú, la empresa metió 350 mil dólares.

Reforma indica en su nota que esa revelación consta en la orden de aprehensión que se giró contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya a inicios de julio por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en relación al dicho del testigo colaborador brasileño, la compañía Odebrecht pretendía obtener buenos contratos en los gobierno de Duarte y Torre Cantú.

Y lo logró: Gracias al apoyo, a mediados de 2013, el Gobierno de Veracruz adjudicó de manera directa a Odebrecht el Proyecto de Propósitos Múltiples de Xalapa.

Para dicha obra, se subcontrató a la empresa Constructora Ruso, de Juan Felipe Ruiz Ortiz y su hijo Juan Felipe Ruiz Sosa, quienes fueron recomendados por Lozoya al entonces directivo de Odebrecht.

El ex directivo de Odebrecht comentó que lo mismo pasó en Tamaulipas, sucedió con Rodolfo Torre Cantú:

Conforme a los “lineamientos” que sugirió Lozoya Austin, conoció a Jorge Eduardo Rivera Schotte, quien es un empresario de esa entidad y accionista de Petrochem Mexicana.

El testigo colaborador detalló que Rivera Schotte, quien “pertenecía a un grupo de empresarios que apoyaban al candidato de la Coalición Todos con Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú”, le dijo que si quería “posicionarse” en el estado debía contribuir con la campaña electoral.

Los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana fueron citados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para declarar en medio de una investigacion preliminar que indaga el presunto ingreso de dinero de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del exmandatario Juan Manuel Santos.

El presidente de esa comisión del Congreso, Ricardo Ferro, dijo a The Associated Press que citó a ambos el 23 y 24 de julio “para escucharlos bajo la gravedad de juramento” sobre el tema.

“Los colombianos deben entender que en esta etapa de investigación debemos reunir todo el material probatorio que nos permita, en derecho, definir si se abre o no una investigación formal”, agregó el también congresista del partido Centro Democrático.

La comisión está integrada por 16 miembros de diferentes partidos y es la encargada de investigar causas constitucionales a presidentes, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, entre otros.

La comisión inició desde junio una investigación preliminar contra Santos, quien gobernó entre 2010 y 2018, para establecer su presunta vinculación con el caso de corrupción de Odebrecht y de una supuesta financiación irregular de su campaña en 2014.