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Los tanques israelíes alcanzaron este martes el centro de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el mismo día en que Irlanda, España y Noruega reconocieron el Estado de Palestina y a pesar de las condenas internacionales por un bombardeo contra un campo de refugiados el domingo pasado.

La decisión de los tres países europeos indignó a Israel, que la considera una “recompensa” para Hamás, movimiento islamista que gobierna Gaza desde 2007 y contra el cual Israel libra una guerra desde hace más de siete meses.

Con España, Irlanda y Noruega, el Estado de Palestina pasó a estar reconocido por 145 países de los 193 estados miembros de la ONU, aunque la lista no incluye a la mayoría de las potencias occidentales.

En las últimas horas, la comunidad internacional ha expresado su indignación por un bombardeo israelí el domingo por la noche en el campo de refugiados de Barkasat, a las afueras de Rafah, que mató a 45 personas e hirió a 249, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Al respecto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este martes con carácter de urgencia a petición de Argelia, miembro no permanente del Consejo.

Pese a estos llamados y repudio, las fuerzas israelíes continuaron este martes con su campaña de bombardeos y de tiros de artillería en el centro y en el oeste de Rafah, una ciudad fronteriza con Egipto, en el marco de una operación terrestre emprendida a principios de mayo.

Los tanques israelíes fueron “desplegados en la rotonda de Al Auda, en el centro de la ciudad de Rafah”, dijo un testigo citado por la agencia AFP. Una fuente de seguridad de Rafah también confirmó haber visto tanques israelíes en el centro de la ciudad.

Según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), un millón de civiles huyeron de Rafah desde que Israel inició su operación terrestre.

“Esto ocurrió con ningún lugar seguro al que ir y entre bombardeos, escasez de comida y agua”, denunció la UNRWA en X, asegurando que prestar ayuda en esa zona es “casi imposible”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se refirió al bombardeo del domingo en Rafah como “un accidente trágico” y el Ejército indicó que investigará la muerte de víctimas civiles.

En un primer momento, aseguró que había apuntado contra altos cargos de Hamás con “municiones precisas”.

La Casa Blanca se declaró “impactada” por el ataque y pidió a Israel “tomar todas las precauciones para proteger a civiles”, mientras que China expresó su “fuerte preocupación” frente a las operaciones israelíes en Rafah.

Naciones Unidas reclamó una investigación “completa y transparente” del bombardeo y el secretario general, António Guterres, lo condenó, afirmando que “mató a numerosos civiles inocentes que sólo buscaban refugio de este mortífero conflicto”.

La Media Luna Roja palestina afirma que el lugar bombardeado por Israel había sido designado “como una zona humanitaria”.

El bombardeo se produjo horas después de que Hamás disparara cohetes contra Tel Aviv y otras zonas de Israel, sin causar víctimas, y dos días después de que la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, ordenara al gobierno de Netanyahu que suspendiera sus operaciones en Rafah.

La guerra estalló el pasado 7 de octubre, cuando comandos islamistas mataron a más de 1,170 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel, además de que secuestraron a 252 personas. Según el Gobierno 121 permanecen secuestradas en Gaza, de las cuales 37 habrían muerto.

En respuesta, Israel prometió “aniquilar” a Hamás y lanzó una ofensiva aérea y terrestre contra Gaza, que ha dejado hasta el momento 36,096 muertos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud gazatí.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió este viernes a Israel “detener inmediatamente” su ofensiva militar en Rafah, y le ordenó garantizar el acceso sin impedimentos a la Franja de cualquier misión que busque investigar las denuncias por genocidio contra las autoridades israelíes.

En una nueva orden de medidas cautelares en protección de los derechos de los palestinos, protegidos como grupo por la Convención sobre el Genocidio, la CIJ urgió a Israel a “detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda imponer al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que puedan causar su destrucción física total o parcial”.

Además, le ordenó “tomar medidas efectivas para asegurar el acceso sin impedimentos” a toda la Franja de “cualquier comisión de investigación, misión de determinación de hechos u otro organismo investigativo” bajo órdenes de alguno de los órganos competentes de la ONU “para investigar las denuncias de genocidio”.

Asimismo, exigió al Gobierno israelí “mantener abierto” el cruce de Rafah para “la provisión sin obstáculos y a gran escala de los servicios básicos y la asistencia humanitaria urgentemente necesarios” entre la población palestina de Gaza.

Todas estas medidas cautelares fueron votadas por un panel de 15 jueces y aprobadas con 13 votos a favor y dos en contra.

La oposición fue del juez israelí Aharon Barak, nombrado ‘ad hoc’ por Israel para tener representación ante la CIJ, así como de la jueza Julia Sebutinde, de Uganda, que ya ha votado en contra de otras decisiones aprobadas por mayoría en este tribunal en el contexto de la situación en Gaza.

Israel tendrá que presentar en el plazo de un mes un informe con todas las medidas puestas en marcha para cumplir con las órdenes anunciadas hoy por el tribunal.

Además de estas nuevas medidas, la CIJ advirtió a Israel de que debe también poner en marcha las cautelares anunciadas en enero y marzo, lo que incluye evitar que su Ejército cometa actos de genocidio contra los palestinos de Gaza y dejar de “impedir” el acceso de ayuda humanitaria a la Franja.

El máximo tribunal de la ONU también pidió la “liberación inmediata e incondicional” de los rehenes secuestrados por el grupo islamista palestino.

La CIJ “estima que es profundamente inquietante que algunos de estos rehenes sigan cautivos en Gaza y reitera su llamado a favor de su liberación inmediata y condicional”, indicó el tribunal.

Hamás celebró el fallo de la Corte Internacional, pero dijo que Israel debería cesar ofensiva en toda Gaza y no solo en Rafah.

Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala la madrugada de este lunes, con más de nueve horas de retraso y meses después de una lucha judicial, atribuida a su promesa de combatir a los corruptos de la élite política y económica del país.

Minutos después de la medianoche, el sociólogo de 65 años juró como presidente para un mandato de cuatro años en un acto solemne en el Teatro Nacional, en el centro de la capital.

La ceremonia se retrasó por una inédita jornada parlamentaria en la que los diputados salientes y luego los de la nueva legislatura se enfrascaron en debates a favor y en contra de la minoritaria bancada de Arévalo.

Y es que tras horas de debates, el Congreso saliente declaró independientes a los 23 diputados de Semilla, argumentando que obedecía la orden judicial que suspendió al partido por supuestas irregularidad en su creación en 2017.

Pero en un giro inesperado, luego de instalado el nuevo parlamento, Semilla logró mediante acuerdos con otros partidos políticos que se revirtiera esa decisión. Recuperaron su bancada y consiguieron la presidencia del Congreso.

La incertidumbre en torno a la investidura de Arévalo provocó que los representantes de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y presidentes latinoamericanos, presentes en Guatemala, urgieran al Congreso a cumplir con la voluntad expresada por los guatemaltecos en las urnas. La espera fue tan larga que varios de los dignatarios invitados al acto dejaron Guatemala sin ver a Arévalo con la banda presidencial.

Arévalo pasó inesperadamente en junio del año pasado a la segunda ronda de la elección presidencial enfrentando una candidata conservadora aliada del oficialismo, a quien venció cómodamente con un 60% de los votos.

Desde entonces, enfrentó una ofensiva judicial que denunció como un “golpe de Estado”, detrás del que estaría la élite conservadora que por décadas ha regido el destino del país. A la cabeza de esa ofensiva, la Fiscalía intentó retirarle la inmunidad a Arévalo, desarticular su partido y anular los comicios, argumentando que hubo anomalías electorales.

Arévalo sustituirá al derechista Alejandro Giammattei, quien ha sido vinculado con la “élite corrupta” y durante cuyo gobierno se exiliaron decenas de fiscales, jueces y periodistas que denunciaron actos de corrupción.

Analistas advierten que lo más duro está por venir y no descartan que la Fiscalía continúe la persecución y solicite al Congreso retirarle la inmunidad de presidente. Arévalo adelantó que esta misma semana le pedirá la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, a la cabeza de la ofensiva judicial y quien fue ratificada en su puesto por Giammattei hasta 2026.

El gobierno de Colombia anunció la muerte de nueve guerrilleros que se marginaron del pacto de paz, al día siguiente de ordenar una ofensiva contra el levantamiento armado de un grupo de exjefes de las FARC.

Los rebeldes pertenecían a las disidencias de esa organización y fueron abatidos en una operación ordenada por el presidente Iván Duque.

Según el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el ataque se produjo en una zona rural de San Vicente del Caguán, un municipio del sur de Colombia. “Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos”, tuiteó el funcionario.

Entre los muertos está ‘Gildardo Cucho’, cabecilla de la estructura atacada, precisó por su parte Duque. “Autoricé (…) adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas que son residuales de lo que se conocía como las FARC, y que hacen parte de las estructuras criminales que pretenden desafiar a Colombia”, indicó.

Duque agregó que el golpe militar es un “mensaje clarito” a los líderes de la antigua guerrilla que anunciaron su regreso a las armas, alegando “la traición” de los acuerdos de paz suscritos en 2016 que condujeron al desarme del grueso de las FARC y su ingreso a la política como partido.

Gildardo Cucho era “un criminal dedicado al narcotráfico, al secuestro, a la intimidación de líderes sociales y que pretendía hacer parte de esa estructura amenazante que ayer se presentaba al país como una nueva guerrilla, cosa que no es”, agregó el presidente.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el lunes como “grosera”, “desproporcionada” y “vulgar” la amenaza que hiciera la semana pasada su homólogo estadounidense Donald Trump, sobre una posible acción militar en Venezuela.

 

 

Es “la frase más insolente, desproporcionada, vulgar, ofensiva que jamás se haya dicho sobre Venezuela”, dijo Maduro frente a seguidores que marcharon en Caracas en señal de apoyo a su gobierno.

 

Las delcaraciones fueron hechas en el marco de la marcha que el gobierno convocó para esta tarde en rechazo a cualquier injerencia de algún país extranjero (específicamente Estados Unidos) en los asuntos nacionales.

 

Con información de Reuters / Foto: Twitter