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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, admitió este martes que siete empleados de la ONG, World Central Kitchen (WCK) del chef hispano-estadounidense José Andrés, murieron en un bombardeo israelí “no intencional” en Gaza.

“Lastimosamente ayer (lunes), se produjo un trágico incidente, nuestras fuerzas golpearon de forma no intencional a inocentes en la Franja de Gaza”, declaró Netanyahu desde el hospital donde fue operado el domingo por una hernia.

“Esto sucede en una guerra (…), estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no se vuelva a producir”, añadió el primer ministro israelí.

Las siete víctimas trabajaban para la ONG World Central Kitchen, con sede en Estados Unidos, que ha estado entregando ayuda alimentaria por mar desde Chipre a Gaza.

La organización anunció tras el ataque que “interrumpe operaciones” en el territorio palestino, sumido en una devastadora guerra desde hace casi seis meses.

Las víctimas son originarias “de Australia, Polonia, Reino Unido, uno con doble nacionalidad de Estados Unidos y Canadá, y Palestina”, detalló WCK.

El portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, indicó que habló con el famoso chef fundador de WCK, José Andrés, para expresarle su “más sentido pésame”.

Añadió que la investigación sería llevada a cabo por el Mecanismo de Evaluación e Investigación de Hechos del Ejército israelí y que “compartiremos nuestros hallazgos de forma transparente”.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, “revisará personalmente los resultados de la investigación inicial esta noche”, dijo un portavoz del Ejército.

2023 fue el año más letal de la última década para los profesionales de los medios, según el informe anual de la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC), que registró al menos 140 muertes violentas de reporteros en 28 países.

Esta cifra supone un aumento interanual de más del 20% respecto a los datos de 2022, cuando se contabilizaron 116 periodistas asesinados.

Según los datos de PEC, la Franja de Gaza ha sido la región con más asesinatos de profesionales de los medios en todo el mundo, con 81 muertos desde el comienzo de la ofensiva entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre hasta el final del año pasado.

El informe advierte que se trata del mayor número de víctimas entre los medios de comunicación durante un conflicto en tan poco tiempo, con casi un periodista muerto por día en los últimos tres meses de 2023.

El presidente de PEC, Blaise Lempen, recordó que es “difícil” verificar si estos periodistas, muchos de ellos palestinos que trabajaban en medios locales y extranjeros, fueron atacados intencionalmente debido a su profesión o si murieron en ataques indiscriminados de Israel contra civiles.

En este sentido, la ONG instó a la ONU a iniciar una investigación independiente para averiguar las circunstancias exactas en las que han muerto los periodistas en Gaza, ya que “los responsables de estos crímenes deben comparecer ante la justicia lo antes posible”.

En algunas regiones de América Latina la situación tampoco mejoró, como en nuestro país, que fue el segundo lugar del mundo más letal para los periodistas en 2023 con un total de nueve reporteros asesinados. Con cinco asesinatos, Guatemala fue el tercer país del mundo con más víctimas.

Otros países destacados en el informe de PEC de 2023 fueron Ucrania, donde la guerra dejó un total de cuatro periodistas asesinados, e Israel, con cuatro muertes durante los ataques de Hamás del 7 de octubre.

Por regiones, Oriente Medio ocupó el primer lugar con un 64% de las muertes registradas en 2023, dos tercios de las víctimas, seguido de América Latina con 20 muertes; Asia, con 12; África, con 11; Europa, con cuatro; y América del Norte, con tres.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró esta mañana que México es un país de “puertas abiertas” para migrantes, en referencia a la nueva caravana con cerca de 3,500 extranjeros que partió ayer desde la frontera sur.

“La tradición en México es ejemplo, por ello es un país de asilo, es un país de puertas abiertas”, afirmó el funcionario, quien encabezó la conferencia matutina de hoy en sustitución del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien se encuentra aislado y en recuperación por su nuevo contagio de COVID-19.

López Hernández afirmó que el gobierno federal trabaja en conjunto con los gobiernos estatales y municipales para atender a los migrantes.

“Se está atendiendo a nuestros migrantes. El gobierno federal procura garantizar no nada más el libre tránsito por el territorio nacional sino que estén muy bien atendidos en cuanto a alimentación, en cuanto a prevención de la salud”, enfatizó.

Recordó que, recientemente, autoridades de la Ciudad de México trasladaron a un albergue a migrantes haitianos para atenderlos.

En ese sentido, señaló que la caravana que salió del sur del país está vigilada por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) apoyados por elementos de la Guardia Nacional. Y enfatizó en que las autoridades están al pendiente del desarrollo de la nueva caravana.

El escrutinio sobre la atención a los migrantes por parte del gobierno federal ha crecido desde el incendio del 27 de marzo pasado en Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 migrantes en una estación del INM.

La caravana, que partió ayer desde la frontera sur, busca llegar a la capital mexicana para exigir justicia por esta tragedia y denunciar las muertes causadas por la política migratoria del país.

Organizadores, donde figura la participación de la ONG Pueblos Sin Fronteras, se han referido a esta nueva caravana como un ‘Viacrucis migrante’. Participan personas migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, entre otros países.

Según organizaciones civiles, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos hacia Estados Unidos.

Foto: Twitter @EuniceRendon

El gobierno y la organización “Sélvame del Tren” se confrontaron este miércoles por diferencias en la interpretación de un amparo que, según los activistas, debería frenar la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dependencia del gobierno federal encargado de la obra, el Tren Maya es legal por lo que se mantienen sus trabajos.

“Es absolutamente falsa la versión de que la obra en el tramo 5 se haya suspendido en forma definitiva”, aseguró Fernando Vázquez Rosas, vocero de la dependencia en entrevista con la agencia Efe.

El funcionario federal explicó que la obra emblemática del presidente López Obrador “cuenta con todos los permisos y autorizaciones sobre el cambio de uso de suelo”.

“No existe ningún impedimento para que el Tren Maya avance porque cuenta con todos los permisos necesarios”, reiteró.

Por el contrario, “Sélvame del Tren” envió un comunicado en el que asegura que el titular del I Distrito de Yucatán, Adrián Pérez Novelo, otorgó una suspensión definitiva contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum.

La agrupación reiteró que la obra, que contempla más de 1,500 kilómetros de vía en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, “ha estado llena de inconsistencias”.

“Nuevamente se otorga la suspensión definitiva al proyecto del Tren Maya, reafirmando que no se realiza con el debido proceso, estudios, permisos y autorizaciones”, se lee en el pronunciamiento.

El comunicado aseveró que el juez otorgó la suspensión definitiva para evitar que se sigan talando árboles en los terrenos donde no se concretó el cambio de uso de suelo.

Sin embargo, Vázquez Rosas desmintió a la organización al argumentar que Fonatur está entregando toda la información requerida por el juez que lleva el caso del amparo 2878/2022.

Reiteró que la construcción cuenta con los permisos correspondientes, “actualmente ya se está en los trabajos de terraplén e infraestructura y por eso es falsa la versión de que la obra del Tren Maya haya sido detenida”.

Y es que recordemos que el Tren Maya, con una inversión contemplada de casi 300,000 millones de pesos, ha despertado denuncias de organizaciones por el presunto desplazamiento de pueblos originarios y su daño ambiental.

El vocero de Fonatur insistió en que “la obra del Tren Maya es responsable con el medio ambiente y se inaugurará este año”.

México solo ha liberado 167 reos mediante la Ley de Amnistía, aprobada hace dos años impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de que apenas ha sesionado la comisión encargada de revisar estos casos, denunció este viernes la ONG EQUIS Justicia para las Mujeres.

“La Comisión (de Amnistía) encargada de revisar las solicitudes de las personas privadas de la libertad, presidida por la Secretaría de Gobernación, ha sesionado tan solo 6 veces”, advirtió la organización.

La asociación hizo referencia a un comunicado del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, que dio estas cifras a principios de abril.

“Vemos con preocupación que esta cifra sea tan baja, sobre todo cuando la población penitenciaria, lejos de reducirse, ha ido al alza. La situación para las mujeres es particularmente grave, ya que, tal como lo ha demostrado la organización Intersecta, la mayoría de las mujeres en prisión ni siquiera han sido reconocidas culpables”, afirmó la ONG.

El seguimiento a la implementación de la Ley de Amnistía, que EQUIS Justicia para las Mujeres ha realizado desde el 2020, así como el acompañamiento legal a los casos de dos mujeres indígenas que “permanecen injustamente en prisión” permitió a esta ONG “advertir las fallas en el trámite y la necesidad de contar con más y mejor información sobre la actuación de la Comisión de Amnistía”.

Además, la Segob modificó sus lineamientos para atender las solicitudes de amnistía, explicó la ONG, que se mostró “preocupada” porque considera que falta información durante los trámites y además la burocracia existente ralentiza el proceso.

“Por lo anterior, desde EQUIS apelamos a que los criterios de decisión y actuación de la Comisión de Amnistía se rijan por la transparencia y los más altos estándares de derechos humanos para acelerar la implementación de la ley”, concluyó.

En abril de 2020, el gobierno del presidente López Obrador promulgó la Ley de Amnistía con la intención de liberar, según esas estimaciones iniciales, a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, ello con el fin de despresurizar las cárceles.

La probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en el país es de apenas el 1.04%, según el estudio “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías (Iedf) 2021” publicado este martes por la organización Impunidad Cero.

La cifra descendió de 1.32% en 2019 a 1.04 % en 2020, indicó el organismo en un comunicado.

En cuanto a los estados, la Fiscalía que cuenta con la mejor cifra es Guanajuato, aunque solamente con el 2.99%. Le siguen los estados de Baja California (2.77%) y Chiapas (2.42%). En tanto, los estados en los que hay una menor probabilidad de que se esclarezcan los delitos son Guerrero (0.1%), Quintana Roo (0.25%) y Aguascalientes (0.26%).

Dentro del estudio, la Fiscalía de Nuevo León es la mejor valorada, con un total de 68.6 puntos de un total de 100. Le siguen Yucatán con 68.4 puntos, Chihuahua con 65.5, Guanajuato con 63.6 y Sonora con 61.5. Las peor evaluadas son Puebla con 36 puntos, Morelos con 36.1, Veracruz con 36.2, Nayarit con 37.3 y Oaxaca con 40.2.

Por otra parte, Impunidad Cero indicó que en 2020 la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados y sobre los que no se abrió una investigación, fue del 93.3%, la más alta desde 2017.

Además, del total de delitos denunciados e investigados durante 2020, en 47% de los casos “no sucedió nada” a raíz de la denuncia, en un 27% la investigación se encontraba “en trámite”, el 6.6% de los casos concluyó con alguna forma anticipada del proceso y sólo un 4.6% llegó a un juez.

Estos datos se dan a pesar de que, según indicó la organización, la tasa de fiscales o agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes a nivel nacional aumentó un 23% de 2016 a 2020, pasando de una tasa de 8.4 fiscales o agentes a 10.4.

En el primer semestre de 2021 se registraron 362 agresiones contra la prensa en nuestro país, “lo que equivale a un periodista agredido cada 12 horas”, indicó la organización Artículo 19.

Al presentar su informe del 1° semestre del año sobre la libertad de expresión en México, la organización detalló que los estados con más agresiones hacia la prensa durante este periodo fueron la Ciudad de México, con 64 agresiones; Tamaulipas y Quintana Roo, con 23 cada una; Puebla, con 22; Guerrero, con 21, y Baja California, con 19.

Entre las principales agresiones documentadas estuvieron las intimidaciones y hostigamientos, en segundo lugar las amenazas, y después le siguieron los ataques físicos y el uso ilegítimo del poder público.

Además, los principales agresores de los comunicadores son los agentes del Estado: funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y elementos de las Fuerzas Armadas, que cometieron el 37.33% de los casos documentados en el periodo.

En tanto, el proceso electoral que culminó fue la principal cobertura de riesgo, pues, según registró el organismo, integrantes de partidos políticos atacaron a la prensa en 56 ocasiones.

En el informe también se destacó un incremento en las agresiones a periodistas por internet, espacio en el que ocurren 1 de cada 3 ataques. Estas agresiones, precisó, incluyen campañas de desprestigio y comunicaciones intimidatorias, hasta ataques cibernéticos e intentos de acceso a sus cuentas.

“Periodistas y medios viven un constante embate de amedrentamiento ante el cual las autoridades siguen sin tener preparación o respuesta”, denunció Artículo 19.

La organización también documentó 120 agresiones contra mujeres periodistas en el primer semestre de este año. De estas, al menos 35 tuvieron un componente de género o connotación sexual aunque en su mayoría fueron intimidaciones y hostigamientos (49 casos), principalmente a través de campañas de desprestigio y comunicaciones intimidatorias.

Otro dato que reveló el informe de Artículo 19 es que en los primeros seis meses de este año tres periodistas fueron asesinados en posible vínculo con su labor: Benjamín Morales Hernández, asesinado el 3 de mayo en Sonora; Gustavo Sánchez Cabrera, acribillado el 17 de junio en Oaxaca, y Saúl Tijerina Rentería asesinado el 22 de junio en Coahuila.

A estos se suman los crímenes de Ricardo López Dominguez, el 22 de julio, en Guaymas Sonora, y el de Jacinto Romero Flores, perpetrado el 19 de agosto en Ixtaczoquitlán, Veracruz.

“Con ello, son 22 periodistas los que han sido asesinados durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador”, destacó la organización.

Artículo 19 señaló que estas cifras indican que “en este tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra la prensa sigue sin mostrar alguna señal de revertirse”.

Al lanzar una crítica al Estado por seguir sin cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información, lo urgió a la toma de acciones coordinadas entre las distintas entidades y niveles de gobierno con el fin de proteger a la prensa en México.

Foto: Twitter @article19mex

La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, interpuso un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de la llamada #LeyBonilla, que busca extender el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

En conferencia de prensa a las afueras de la SCJN, la activista señaló que el documento, firmado por 137 ciudadanos, se basa en la figura jurídica “Amicus Curiae (amigos de la Corte), con la que respaldan la acción de inconstitucionalidad promovida el 30 de octubre por la CNDH.

La activista señaló que el recurso debe ser considerado por los ministros al emitir su fallo, pues la extensión del mandato del actual ejecutivo estatal, afecta no sólo a la entidad, sino a todo el federalismo mexicano.

Por lo anterior subrayó que la #LeyBonilla es ilegal, y lamentó que siga vigente, por lo que urgió a la Suprema Corte a que la anule.

Morera indicó que con su escrito apoyan el recurso de la CNDH, porque la mencionada ley vulnera los valores democráticos, como el respeto del voto, ya que el Congreso estatal suplanta la voluntad de los electores, al elegir de facto a un gobernador por tres años más, sin mediar elecciones.

Además, con ella se vulnera la idea de la soberanía popular y contraviene normas constitucionales, pues no fue promulgada, y se publicó 90 días antes del proceso electoral, pese a que incidía en la periodicidad del cargo electo.

La activista instó a la Corte a resolver la acción, pues a 26 días del inicio del cargo de Jaime Bonilla, los ciudadanos aún reclaman la forma inconstitucional en la que éste amplió su mandato.

Finalizó al decir que la intención es mandar el mensaje de que cualquier intento por debilitar a las autoridades o las instituciones, será cuestionado por una sociedad civil atenta e informada.

El presidente Jair Bolsonaro insinuó este miércoles que ONGs podrían estar provocando incendios forestales en la Amazonía brasileña para hacerlo ver mal.

El Instituto Nacional para la Investigación Espacial, la agencia federal que monitorea la deforestación y los incendios forestales informó que este año ha habido una cantidad récord de incendios forestales en Brasil: 74 mil 155 hasta el martes. Eso es un incremento de 84% en comparación al mismo período del año pasado. Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero.

“Quizás –y no lo estoy afirmando– estas (personas de las ONG) están llevando a cabo acciones criminales para atraer la atención en mi contra, contra el gobierno de Brasil”, dijo Bolsonaro en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Cuando los reporteros le preguntaron su tenían alguna evidencia, el presidente respondió que no tenía ninguna.

“Hay una guerra en el mundo contra Brasil, una guerra de información”, declaró.

Los estados que han sido más afectados este año son Mato Grosso, Pará y Amazonas –todos en la región amazónica– y representan el 41,7% de todos los incendios.

“Es muy difícil que haya incendios naturales en el Amazonas; sí los hay, pero la mayoría ocurren debido a la mano del hombre”, dijo Paulo Moutinho, cofundador del Instituto de Estudios Ambientales de la Amazonia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que durante 36 años el país estuvo inmerso en un periodo neoliberal, tiempo en que no hubo otra cosa que saqueo; abandono al pueblo; ineficacias y complicidades.

Al referirse a cómo se está trabajando para volver a tener un gobierno que beneficie a la ciudadanía, AMLO indicó que es “un cuerpo de avance lento”, ya que durante décadas se creó una red de componendas, que tenía secuestrado al gobierno.

“El gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, de los que se dedicaban a saquear, a robar”, dijo.

El titular del Ejecutivo refirió que el gobierno no estaba hecho para beneficiar al pueblo, sino que estaba hecho para facilitar la realización de negocios jugosos en beneficio de particulares.

“Echar a andar al gobierno para que le sirva al pueblo, después de muchos años de haber estado en otras funciones y de la atrofia de un aparato burocrático, oneroso, ineficiente, es como empujar a un elefante reumático; es un avance lento”, añadió.

Al respecto dijo que uno de los temas que ayudará a que se retome el control del gobierno, es el hacer que los programas sociales lleguen de manera directa a la gente, sin pasar por el gobierno y sin pasar por organizaciones, pues dijo, “era increíble el manejo de moches en todo”.

Refirió que tanto organizaciones ciudadanas como organizaciones campesinas recibían dinero del presupuesto. “Para todo era dinero, todo lo resolvían repartiendo dinero y no le llegaba nada a la gente”.

Finalmente confió en que en seis meses esté funcionando de mejor manera el gobierno.

 

Este jueves, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definió como instancia definitiva que la organización Mexicanos Primero no vulneró el interés superior de la niñez con su controvertido comercial titulado: ‘¿Y si los niños fueran candidatos?’.

En un documento compartido en su cuenta de Twitter, la organización señaló que los magistrados acordaron de manera unánime que el mensaje publicitario “jamás vulneró ni puso en riesgo el interés superior de los niños involucrados en su realización”.

No obstante, determinaron que Mexicanos Primero sí violó el artículo 41 constitucional al considerar el spot como propaganda electoral, lo que incumple con la prohibición a particulares de contratar espacios en radio y televisión para difundir mensajes de este tipo.

Mexicanos Primero dijo que esta resolución se suma a la del Instituto Nacional Electoral del pasado 30 de abril, que consideraba el comercial un ejercicio de información de la sociedad que no afectaba la equidad del proceso.

La organización afirmó que celebra la resolución del TEPJF y que seguirá defendiendo la libertad de expresión con imparcialidad y apartidismo.

El colectivo #SeguridadSinGuerra indicó que las señales que el futuro gobierno ha dado en materia de seguridad son confusas.

Señalaron que por un lado, a lo largo del país se llevan a cabo los “Foros para la Paz y la Reconciliación”, los cuales inauguró el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mientras que por otro lado, se sigue repitiendo el discurso que se ha escuchado en los últimos 12 años, en contraposición del esfuerzo, las expectativas y el momento histórico que vive México.

Condenaron las declaraciones de López Obrador, sobre la “necesidad” de que las fuerzas armadas permanezcan en las calles llevando a cabo tareas de seguridad pública, pues dijeron que no se acompañan de un compromiso para construir un proceso de desmilitarización responsable en el mediano plazo.

“El Presidente Electo ha omitido comprometerse con lo que en reiteradas ocasiones la CIDH, la ONU, la CNDH y este colectivo han recomendado: el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y la recuperación de éstas por parte de las policías civiles”, indicó el colectivo a través de un comunicado.

Señalaron que tampoco existe claridad en la intención de crear una Guardia Nacional y mucho menos de su naturaleza. “Externamos nuestra preocupación por la falta de claridad sobre un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas y el restablecimiento del orden constitucional”.

Indicaron que es necesario abrogar la Ley de Seguridad Interior, así como elaborar un plan responsable de retiro gradual de las Fuerzas Armadas y adoptar las medidas necesarias para fortalecer a las policías y acabar con la impunidad. “Mientras continúe la militarización no podrán empezar a construirse la paz y la reconciliación”.

 

La directora adjunta de la ONG Oxfam, Penny Lawrence, renunció este lunes tras asumir la “entera responsabilidad” por el escándalo desatado después de conocerse que responsables de esa organización recurrieron a prostitutas en Haití.

 

“Durante los últimos días surgieron inquietudes sobre el comportamiento del personal tanto en Chad como en Haití sobre los que no pudimos tomar las medidas adecuadas (…) como director del programa en ese momento, estoy avergonzada de que esto sucedió bajo mi supervisión y asumo toda la responsabilidad”, dijo la ahora ex miembro de Oxfam a través de un comunicado.

 

“Lamento mucho el daño y la angustia que esto ha causado a los seguidores de Oxfam, al sector de desarrollo más amplio y, sobre todo, a las personas vulnerables que confiaron en nosotros”, añadió Lawrence.

 

La renuncia llega luego de que este fin de semana se destapara el escándalo que involucraba a la organización, donde se señalaba que algunos de sus altos cargos presuntamente contrataron prostitutas para realizar fiestas sexuales en Haití tras el terremoto de 2010.

 

La información fue ventilada por el periódico The Times, que tuvo acceso al informe confidencial que hasta ahora no había salido a la luz, razón por la cual se señalaba a la organización de encubrir la investigación y el actuar de sus colaboradores. Sin embargo negaron que dichas afirmaciones fueran verdaderas.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

Cerca de 300 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, encabezaron este miércoles un evento en el Ángel de la Independencia, en donde a través del colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, retaron a los precandidatos a la presidencia de la República dejar atrás su capacidad de oratoria, y demostrar su liderazgo y acción sobre la conformación de la Fiscalía General.

 

 

El reto que plantearon a los precandidatos  consiste en “persuadir a sus dirigencias partidistas y a los legisladores de su partido para reformar el artículo 102 de la Constitución y crear una Fiscalía General con independencia y fuerza suficiente para abatir los altísimos niveles de impunidad, encarar la corrupción que nos carcome y recuperar la seguridad para quienes vivimos en México”.

 

Las ONG’s aseguraron que México necesita una #FiscalíaQueSirva, que investigue, que persiga y que esté libre de la influencia de los políticos y los poderosos, además de que debe tener un titular competente y no un aliado político del gobierno en turno.

 

Adelantaron que a partir del día de hoy y hasta el último día del periodo legislativo, la sociedad pondrá a prueba a los partidos políticos y a sus respectivas bancadas. Para medir públicamente el compromiso de los abanderados, pondrán a disposición de la sociedad una página web a través de la cual los ciudadanos podrán conocer si los precandidatos están dispuestos a convencer al Congreso de reformar el artículo 102 de la Constitución.

 

“Quienes pretenden gobernar a México es justamente ese: darle a las personas la Fiscalía que merecen”, finalizó  el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva.