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La plataforma UNID@S, que agrupa a diferentes organizaciones civiles, llamó a cerrar filas en torno al proyecto que encabeza Xóchitl Gálvez, de cara a la elección del próximo año.

Dijo que los comicios del 2024 serán definitorios para el futuro del país, además de que representan el mayor desafío político-electoral de la historia.

“El momento es crucial, la democracia, las libertades y las instituciones están en peligro ante el autoritarismo y la elección de Estado que impulsa” Morena, advirtieron las organizaciones.

Recordó que las y los demócratas están llamados a participar, con sentido de urgencia, responsabilidad y generosidad, poniendo por delante el interés superior del país.

Por eso pidió dejar atrás, agravios, descalificaciones, divisiones y cálculos políticos; y en su lugar, construir la mayor unidad de la oposición social y política para evitar la consolidación del presidencialismo autoritario.

Llamó a instalar una mesa de diálogo, con mediación ciudadana, entre los partidos que integran el Frente Amplio por México (FAM) y Movimiento Ciudadano, y recordó que  las organizaciones civiles que convocaron a las movilizaciones en defensa del INE y de la división de poderes, podrían ser facilitadores y acompañar las deliberaciones que se alcancen.

“Construir un gran pacto político y ciudadano que, fundado en la mayor unidad posible, integre con apertura las propuestas de la oposición y la agenda de un gobierno de coalición que reivindique el pluralismo y mire hacia el futuro”, dijeron las organizaciones que aglutina la plataforma UNID@S.

UNID@S está conformado por el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, y diferentes liderazgos empresariales, políticos y de la sociedad civil.

Finalmente, llamó a sumarse y fortalecer la candidatura de Xóchitl Gálvez, a quien calificó como “mujer ejemplar”, sin militancia partidista, que dijeron, es impulsada por millones de ciudadanos que participaron en un proceso democrático sin precedentes.

Añadió que el liderazgo de la senadora del PAN da “frescura y potencia a un movimiento plural y unitario” que tiene las condiciones para ganar las elecciones presidenciales estatales, legislativas y municipales del próximo año. “Inclinemos juntos la balanza del lado de la democracia”, remataron.

La organización Save the Children y decenas de asociaciones de la sociedad civil hicieron este martes un llamado al gobierno federal para atender el “grave rezago” en los esquemas básicos de vacunación, al considerar que ello pone en peligro la vida y la salud de los menores del país.

“La vacunación es un derecho humano y debe garantizarse para todas las personas”, expusieron en un comunicado conjunto las organizaciones civiles.

Estas declaraciones se producen luego de que, la semana pasada, la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) 2021 revelara que tan solo el 27.5% de los niños y niñas de un año de edad tuvieron un esquema completo en 2021, cuando en 2015 el esquema completo era de 97.2% y de 57% en 2020.

Explicaron que en la llamada primera infancia, que va de los 0 a los 5 años de edad, las vacunas son fundamentales para la supervivencia de las niñas y niños. Dijeron que cada año mueren en México poco más de 30,000 personas menores de 5 años, la mayoría por causas prevenibles con intervenciones de salud como la vacunación.

“Además de proteger la supervivencia y la salud de la niñez, la vacunación representa ahorros importantes para la salud pública. Por ejemplo, disminuye hasta 75% los gastos de enfermedades provocadas por infecciones intestinales”, precisaron.

Señalaron que entre las razones por las que las coberturas de vacunación son tan bajas, se destacan el abasto irregular de vacunas, las falsas contraindicaciones, los mitos y creencias, los problemas de infraestructura y la falta de un sistema nominal de seguimiento.

Las organizaciones hicieron un llamado “urgente” al gobierno de López Obradir para que establezca e implemente un plan emergente para atender y revertir los rezagos en vacunación.

Del mismo modo, exigieron que asigne en el presupuesto de egresos 2023 recursos suficientes y etiquetados para implementar dicho plan y mejorar la infraestructura, así como garantizar la compra oportuna de vacunas y asegurar su eficiente distribución en todo el país, incluyendo a las comunidades más alejadas y marginadas.

Foto: Twitter @SaveChildrenMx

Un grupo de ONG’S enviaron una petición a una instancia ligada al tratado comercial de América del Norte, T-MEC, para que revise las supuestas omisiones en la aplicación de leyes ambientales para la construcción del Tren Maya.

Los peticionarios aseguran que “México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental por cuanto a la evaluación de los impactos ambientales asociados al proyecto del Tren Maya”, que se desarrolla en el estado de Quintana Roo, informó la Comisión para la Cooperación Ambiental (CAA) en un comunicado sobre la solicitud.

Moce Yax Cuxtal, Grupo Gema del Mayab, Jaguar Wild Center, Red de Capacitadores Socio Ambientales, Selvame del Tren, Cenotes Urbanos y diecinueve personas firmaron la petición, en la que hicieron énfasis en las posibles afectaciones que se provocarán en el tramo 5 de la obra, la que ha levantado la oposición de los defensores del medio ambiente debido a las afectaciones que dejará a la zona.

La construcción de ese tramo de 60 km, de los 1,500 km en total del proyecto, situado entre Playa del Carmen y Tulum, fue suspendida en mayo pasado por un juez que consideró que su construcción no cumplía la norma ambiental, específicamente con la MIA, tras varios amparos interpuestos por ONG’s.

Sin embargo, el pasado 13 de julio esos trabajos se reanudaron, a pesar de la suspensión judicial vigente, en el marco de una medida de noviembre pasado que declaró las grandes obras de infraestructura del gobierno como de “seguridad nacional”.

“El Tren Maya no garantizaría proteger al país frente a riesgos y amenazas; tampoco sería una obra de infraestructura que permita preservar la soberanía y defensa del territorio ante alguna invasión de otros países”, argumentaron las organizaciones en la petición.

Los firmantes añadieron que invocaron el capítulo 24 del T-MEC que comparten México, Estados Unidos y Canadá, en vigor desde 1° de julio de 2020, que establece la protección ambiental y una aplicación efectiva de las leyes ambientales.

La solicitud de los activistas sucede en momentos en los que Estados Unidos, apoyado en ciertos puntos por Canadá, también bajo lo estipulado en el T-MEC, solicitó consultas sobre la política energética del gobierno de López Obrador, porque estima que afecta a las empresas estadounidenses e impide el desarrollo de la energía limpia.

El Tren Maya es una de las megaobras del gobierno de la Cuarta Transformación, junto al ya inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles, una refinería en Dos Bocas, Tabasco y la modernización de un corredor interoceánico.

Ante la difusión y eco que tuvieron las declaraciones que hizo a la agencia EFE, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tuvo que aclarar que cuando dijo que había pedido dejar hacer su trabajo a las ONG’s y a la prensa, se refería únicamente a Guatemala y no a México como inicialmente se difundió.

La portavoz de Harris, Symone Sanders, aclaró que la vicepresidenta solo quiso “referirse a sus reuniones en Guatemala” cuando respondía a una de las preguntas de la entrevista realizada este jueves.

La pregunta de la agencia EFE mencionaba tanto a Guatemala como a México, y planteaba cómo puede Estados Unidos asegurarse de que fortalece a la sociedad civil en esos países, en los que hay intentos de limitar las actividades de algunas organizaciones.

El enunciado de la cuestión mencionaba tanto la ley guatemalteca, que puede amenazar la actuación de muchas ONG’s, así como las advertencias del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de que Estados Unidos no financie algunas organizaciones.

Harris respondió que ese fue un tema que “planteó” en su viaje de esta semana, sin especificar si fue en su escala del lunes en Guatemala o del martes en México.

“Déjeme decirle que ese tema lo planteé, porque es una preocupación concreta que tengo. Es un tema que me preocupa profundamente, porque queremos asegurarnos de que hay independencia: un sistema judicial independiente, una prensa independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro”, afirmó la vicepresidenta en la entrevista.

A continuación, añadió que fue muy franca tanto con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei como con el presidente López Obrador sobre las preocupaciones de su gobierno sobre la corrupción y la impunidad.

Recordemos que previo a su visita a México, el gobierno federal, específicamente a través de la cancillería, había dejado en claro que no se trataría durante las reuniones la nota diplomática que México envió a Estados Unidos denunciando que EUA financia a ONG’s que intervienen en política interna, en referencia a Artículo 19 y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reveló este jueves que durante sus reuniones con los presidentes de México y Guatemala, les pidió que dejen “hacer su trabajo” sin obstáculos a las ONG’s y la prensa en sus respectivos países.

“Este es un tema que me preocupa profundamente, porque queremos asegurarnos de que hay independencia: un sistema judicial independiente, una prensa independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG’s, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro”, dijo Harris en una entrevista con la agencia EFE.

La vicepresidenta estadounidense añadió que fue “muy franca” con los presidentes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y guatemalteco, Alejandro Giammattei, a quienes les expresó que su preocupación por la corrupción y la impunidad que hay en ambos países.

“Fui muy directa con cada uno de ellos respecto a esas preocupaciones”, enfatizó Harris al regresar a su país luego de visitar Guatemala y México.

Recordemos que López Obrador se ha quejado en diversas ocasiones, incluso envió una nota diplomática, de que Estados Unidos financia a organizaciones como Artículo 19 y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a quienes ha tachado de “golpistas” y “opositoras”; además de que se ha empeñado en arremeter contra la prensa.

Harris aclaró que su gobierno no está “ignorando” a Honduras y El Salvador, dos países que ella no incluyó en su gira de esta semana, a pesar de que su misión es hacer frente a las causas de raíz que generan la migración en todo el Triángulo Norte de Centroamérica.

“No hemos ignorado ninguna región de los tres países”, subrayó Harris, quien evitó comprometerse específicamente a visitar Honduras o El Salvador, cuyos líderes generan más críticas en Estados Unidos por su presunta corrupción que los de México y Guatemala.

La alianza “Vacunas para la Gente” integrada por diferentes organizaciones con presencia internacional han alertado que los países más ricos del mundo han acaparado dosis suficientes de vacunas contra el coronavirus para vacunar casi tres veces a toda su población.

Las organizaciones han indicado que casi 70 países pobres sólo podrán vacunar a una de cada diez personas contra e Covid-19 el año que viene si los gobiernos y la industria farmacéutica no toman medidas “urgentes” para garantizar la producción de dosis suficientes.

“Las naciones más ricas han comprado dosis suficientes para vacunar casi tres veces a toda su población antes del final de 2021 si se aprueba el uso de las vacunas que están actualmente en la fase de ensayos clínicos”, han dicho.

Canadá encabeza la lista con vacunas suficientes para vacunar cinco veces a cada canadiense. Además, los datos actualizados muestran que los países ricos, que representan sólo el 14% de la población mundial, han comprado hasta el 53% de las vacunas más prometedoras hasta la fecha.

Las organizaciones, que forman parte de una alianza que reclama una ‘vacuna del pueblo’, utilizaron datos recopilados por la empresa de información y análisis científicos Airfinity para analizar los acuerdos alcanzados entre países y las ocho primeras vacunas candidatas, comprobando que 67 países de ingresos bajos y medianos bajos podrían quedarse atrás mientras que los países ricos avanzan hacia la salida de esta pandemia.

De estos 67, cinco: Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán y Ucrania, han notificado en total casi 1.5 millones de casos de coronavirus en el mundo.

“Nadie debería quedarse sin una vacuna que salva vidas por el país en el que vive o por la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo. Pero, a menos que algo cambie radicalmente, miles de millones de personas en todo el mundo no recibirán una vacuna segura y efectiva contra el Covid-19 en los próximos años”, declaró la responsable de Políticas de Salud de Oxfam, Anna Marriott.

Del mismo modo se ha pronunciado la portavoz de Global Justice Now, Heidi Chow, quien ha señalado que todas las grandes empresas farmacéuticas e instituciones de investigación que están trabajando en una vacuna contra el Covid-19 deben compartir la ciencia, los conocimientos tecnológicos y la propiedad intelectual relativos a su vacuna para que se puedan producir suficientes dosis “seguras y efectivas”.

Se detalló que hasta ahora, todas las dosis de Moderna y el 96% de las de Pfizer/BioNTech han sido adquiridas “por países ricos”. En cambio, Oxford/AstraZeneca se ha comprometido a proporcionar el 65% de sus dosis a poblaciones de países en desarrollo. Sin embargo, las organizaciones han señalado que Oxford/AstraZeneca ha suscrito la mayoría de sus acuerdos con algunos de los grandes países en desarrollo, como China e India, mientras que la mayoría de estos países “no han firmado ningún acuerdo” y tienen que compartir entre ellos las vacunas del fondo común del COVAX.

Han instado a los gobiernos que hagan “todo lo que esté en su mano” para garantizar que las vacunas contra la Covid-19 sean un “bien público mundial gratuito” para la población, distribuido equitativamente y basado en las necesidades. Un primer paso, a juicio de las organizaciones, sería apoyar la propuesta que han hecho esta semana Sudáfrica e India al Consejo de la Organización Mundial del Comercio de renunciar a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, ensayos y tratamientos contra el Covid-19 hasta que toda la población esté protegida.

“Los países ricos tienen dosis suficientes para vacunar a todo el mundo casi tres veces, mientras que los países pobres ni siquiera tienen para llegar a los profesionales sanitarios y personas de riesgo”, lamentó la doctora de la alianza, Mohga Kamal Yanni.

La alianza “Vacunas para la gente”, está conformada por organizaciones como Oxfam, Amnistía Internacional, Frontline AIDS, Global Justice Now.

Activistas de Estados Unidos afirmaron que el pacto migratorio alcanzado el pasado viernes entre la Administración del presidente Donald Trump y el Gobierno de México “conducirá a más muertes” de migrantes que pretenden llegar a suelo estadounidense.

“Este pacto conducirá a más muertes: morirán más personas en las ciudades fronterizas y llevará a otras a manos de traficantes y coyotes”, dijo la directora de derechos de los migrantes de la Comisión de Mujeres Refugiadas, Michelle Brané.

Señaló que la problemática no solo se vivirá en la frontera entre ambos países, sino también en la que mantienen México y Guatemala.

Brané y otros activistas, como Kerri Talbot, del grupo Centro de Inmigración (IH) y el director ejecutivo de America’s Voice, Frank Sharry, señalaron que México “no es un tercer país seguro” para los miles de migrantes que tratan de arribar a Estados Unidos.

Indicaron que México no es un tercer país seguro para que las familias esperen hasta que sus audiencias ocurran. Alertaron que hay reportes habituales de niños y mujeres migrantes secuestrados y violados en nuestro territorio.

Sharry criticó que el Gobierno de Trump “ha creado una crisis humanitaria en la frontera en lugar de resolver y abordar los problemas” del país. “Este acuerdo con México solo creará más caos y problemas”, sostuvo el activista.

Recordemos que Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo el pasado viernes. El acuerdo, detallado en una declaración conjunta de los dos gobiernos, contempla que EUA envíe de regreso a México a todos los solicitantes de asilo.

Al respecto, Ken Cuccinelli, republicano y ex fiscal general del estado de Virginia, dirigirá desde este lunes el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de forma interina, un nombramiento que llega en pleno proceso para impulsar una reforma migratoria en Estados Unidos.

Cuccinelli fue designado por el presidente de Donald Trump para liderar una agencia que cuenta con más de 19.000 empleados y que manejó en 2018 “más de 8,7 millones de solicitudes para recibir beneficios de inmigración”, señaló la propia oficina en un comunicado.

A través de un comunicado, más de 650 ONG´’s y activistas rechazaron la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional tal y como lo ha propuesto el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues dijeron que significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país.

Los firmantes indicaron que su diagnóstico fue confirmado en el pasado por el presidente electo, quien durante la campaña lo manifestó en múltiples ocasiones. “Es muy pronto para olvidar que, tanto el presidente electo como su equipo, manifestaron durante años (…) que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública, y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados”.

Indicaron que es necesario incrementar el estado de fuerza de la Policía Federal y fortalecer el desarrollo policial a nivel local. Añadieron que está acreditado que el despliegue militar no resuelve dinámicas delictivas complejas.

Además, lamentaron que el anuncio de AMLO sobre la creación de la Guardia Nacional haya llegado justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior.

Señalaron que son conscientes de la grave crisis de seguridad en la que se encuentra el país, y enfatizaron que valoran la labor de las Fuerzas Armadas, “pero arraigar esta función, que debe ser temporal y extraordinaria, en el texto constitucional, representa una afrenta a un régimen republicano y democrático que aspira a consolidar sus instituciones civiles, y los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos”.

Finalizaron haciendo un “enérgico y urgente” llamado al presidente electo para detener la reforma constitucional que fue presentada esta mañana en la Cámara de Diputados, y sugirieron optar en cambio por el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.

Entre las ONG´s que firmaron el comunicado están la Academia Mexicana de Criminología; la Alianza Ciudadana de Puebla; la Asociación de Policías y Sociedad Civil de México; Causa en Común; el Centro Nacional de Comunicación Social, (CENCOS); Convivencia sin Violencia; Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas; Grupo VIDA; el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; Mexicanos Primero; México Evalúa; México Unido Contra la Delincuencia; entre otras, que junto a  quienes firman a título personal suman más de 650 signatarios.

El colectivo ‘Seguridad Sin Guerra’ reconoció las propuestas que han hecho Alfonso Durazo y Olga Sánchez Cordero, futuros integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia de seguridad, aunque indicaron que aspectos como la Guardia Nacional y la Ley de Seguridad Interior podrían obstaculizar la construcción de paz.

A través de un comunicado firmado por decenas de asociaciones y miembros de la sociedad civil, hicieron un llamado al virtual candidato presidencial electo a la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, así como a no permitir que las fuerzas armadas estén en las calles,  y por el contrario impulse una estrategia integral de seguridad.

Indicaron que lo que Andrés Manuel López Obrador ha expresado en los últimos días, respecto a iniciar un proceso de reconciliación en el país, debe traducirse en la construcción de una agenda para la paz con la participación de las víctimas de la grave crisis de derechos humanos, académicos, especialistas y quienes formarán parte del nuevo gobierno y el próximo Congreso.

Reconocieron las propuestas de Alfonso Durazo, quien ocuparía la Secretaría de Seguridad Pública, sobre que se capacitará a las policías, se mejorarán sus condiciones socioeconómicas y se elaborará un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública. Adicional saludaron la propuesta de la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre despenalizar la siembra, trasiego y uso lúdico de cannabis.

“Vemos con preocupación la existencia de obstáculos que pueden comprometer la construcción de paz. Uno de ellos es la promesa de campaña para crear una Guardia Nacional, que pudiera ir en contra de la desmilitarización de la seguridad pública; así como la vigencia de la Ley de Seguridad InteriorTanto en la transición, como al inicio de la siguiente legislatura, es posible superar esos obstáculos de la mano de la sociedad civil, para comenzar el proceso de reconciliación y paz a partir del 1 de diciembre”, indicó el colectivo.

Señalaron que la Ley de Seguridad Interior, vigente desde el pasado 18 de diciembre no contribuye a la paz y su simple existencia amenaza e inhibe el ejercicio de derechos humanos.

 

Durante su participación en la Tercera Cumbre Ciudadana, el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, indicó a que diferencia de otros candidatos, él no desconfía del trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil.

“Yo quisiera empezar por decirles que creo profundamente en el trabajo, en la labor y en el papel determinante que juegan las organizaciones de la sociedad civil para la transformación positiva de una nación (…) para lograr la profunda transformación que nuestro país necesita”, indicó el panista.

Reiteró que no desconfía de las organizaciones de la sociedad civil, y por el contrario, valora escucharlos y consultarlos. El mensaje pareció estar dirigido al candidato de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien ha descalificado el trabajo que hacen las ONG’s.

Además lanzó un compromiso, pues dijo que tras su victoria el próximo 1 de julio, quiere construir el Plan Nacional de Desarrollo de la mano de las organizaciones civiles. “No concebimos el cambio de régimen sin la participación de ustedes, sin la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sin la participación ciudadana, en absolutamente todas las políticas públicas”.

 

Foto: Archivo APO

Al participar en el foro “Diálogo por la Paz y Justicia, La agenda fundamental”, que se realizó en la Ciudad de México, el candidato presidencial de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) extendió una invitación al Padre Alejandro Solalinde y al escritor Javier Sicilia para que formen parte de su eventual gobierno en el área del Derechos Humanos.

“Vamos a invitar, a mí me gustaría, lo digo de corazón, y además a mí me gustaría que el encargado de los Derechos Humanos, y además a lo mejor ellos no aceptan, pero a mí me gustaría que el padre Solalinde fuera el encargado de la defensa de los derechos humanos”, dijo el candidato.

Añadió que le gustaría que también Sicilia formara parte de la comisión que ayudaría a encontrar a los miles de desaparecidos en el país.

Y aunque expresó su deseo de que los activistas se sumaran a su proyecto, AMLO reconoció que sería difícil que Solalinde aceptara pues tiene un impedimento legal al ser un ministro de culto.

El aspirante presidencial indicó que pese a tener claros los retos que el país enfrenta, en el caso de la inseguridad necesita el apoyo de las organizaciones civiles, a quienes dijo, sumará a su proyecto de gobierno.

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de México por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, anunció este viernes que el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, se une a su campaña como coordinador de organizaciones sociales y civiles.

Desde Progreso, Yucatán, en donde AMLO celebró un mítin, Espino refrendó su apoyo al abanderado de Morena y el de la agrupación política que lidera Ruta 5, que representa alrededor de 800 mil votos, de acuerdo con el expanista.

Espino señaló que promoverá la adhesión de asociaciones civiles a la campaña de López Obrador.

“Un hombre que no nos va a fallar como lo han hecho otros. Un hombre del temple moral, de la estatura política de López Obrador, es honor estar con Obrador. Pues por ese honor, yo también quiero decirle a Andrés Manuel, en reciprocidad a su confianza, que Ruta 5 y que Manuel Espino tampoco le vamos a fallar”, expresó Espino.

Con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley General de Comunicación Social, o como se le conoce en las redes sociales #LeyChayote, cuyo objetivo aseguran es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

 

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la Ley que se aprobó no resuelve el problema del gasto arbitrario y opaco que el Gobierno realiza en materia de publicidad oficial.

 

 

Los legisladores argumentaron que con dicha aprobación se dio cumplimiento a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Congreso de la Unión expidiera una legislación, antes del 30 de abril, que regulara el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social.

 

Al presentar el dictamen ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Aarón Pozos Lanz, afirmó que el dictamen contaba con los elementos suficientes para regular la difusión de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social.

 

 

El texto del dictamen que aprobó la Asamblea, señala que el ordenamiento será aplicable a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; y definió a la Secretaría de Gobernación y a la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las entidades federativas y los municipios, como encargadas de regular el gasto en materia de comunicación social.

 

ONG’s indicaron que la #LeyChayote no protege la libertad de expresión de los medios y no garantiza el derecho a la información de los ciudadanos. Además de que la Ley no asegura la transparencia en el uso de los recursos asignados a este rubro.

 

 

Según lo expuesto por los legisladores, la nueva Ley General de Comunicación Social establece la obligación de los entes públicos que cuenten con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para gasto en comunicación social, de elaborar un Programa Anual en este tema, concordante con los recursos asignados en el ejercicio fiscal que corresponda.

 

Adicional dispone que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de propaganda deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, el cual estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, misma que será pública y accesible vía electrónica.

 

También señala que la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en la materia se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

 

Contempla que los entes públicos no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la autoridad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social; tampoco podrán destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales, a través de los medios de comunicación.

 

En cuanto a los tiempos oficiales, se incluye que éstos serán utilizados para la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos, culturales y otros asuntos de interés social. En casos de emergencia derivados de situaciones de salud, desastres naturales o de protección civil, se podrán difundir campañas de comunicación para mantener informada a la población.

 

Tras la aprobación, voces de la sociedad civil indicaron que el cumplimiento que hizo el Senado de la sentencia dentro del plazo señalado no satisface cabalmente lo establecido por la SCJN. “Esta #LeyChayote no cumple con criterios idóneos, por el contrario, legaliza las malas prácticas”.

 

Tras la información que se reveló este jueves sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, las familias de los estudiantes desaparecidos y las organizaciones que han acompañado el caso exigieron a la PGR a no cerrar el caso y agotar las líneas de investigación tomando en cuenta los nuevos detalles.

 

Indicaron que la nueva información corrobora que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tenía razón respecto de la necesidad de que el Estado mexicano abriera y agotara la línea de investigación relativa al trasiego de droga de México a Estados Unidos, específicamente de Iguala a Chicago, pues afirmaron que el GIEI dio cuenta de la acusación desde 2014 en la Corte del Distrito Norte de Illinois en contra de personas vinculadas al grupo Guerreros Unidos (GU).

 

“La nota confirma la gravedad de la demora de la PGR en solicitar esta información, la cual fue solicitada por las familias desde 2016”; añadieron que el reportaje presentado por el diario Reforma advierte que el grupo GU, lejos de ser un grupo criminal de alcance regional, es en realidad una compleja red trasnacional de tráfico de drogas en vías de expansión, vinculada al trasiego de heroína en autobuses, coludida con niveles de gobierno municipal, estatal y federal.

 

Los firmantes de un comunicado emitido esta tarde, tales como Fundar, el Centro Prodh, entre otros, acusaron que la información también muestran la debilidad de la llamada “verdad histórica”, pues se evidencia que la supuesta “infiltración” de los estudiantes nunca existió, y por el contrario, desde el primer día de los hechos los emisores de los mensajes aclararon que en los autobuses había estudiantes de la normal de Ayotzinapa y que todo apunta a que en realidad esa noche pudieron ocurrir otros eventos de violencia aún no investigados.

 

Previo a la votación que se realizará mañana en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos y ONG’s exigieron a los legisladores justificar la terna que se someterá a consideración para definir al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

La terna que se votará mañana está compuesta por Salim Arturo Orci Magaña, David Colmenares Páramo y Ángel Trinidad Zaldívar.

 

 

Señalaron que de acuerdo a documentos oficiales, la terna que se enviará al Pleno deriva del consenso entre las listas elaboradas por los grupos parlamentarios con integrantes en la Comisión. Sin embargo, alertaron que el dictamen publicado se limita a describir el procedimiento de integración de la terna, sin los argumentos que sustentan las propuestas.

 

Recordaron que desde el 16 de noviembre del año pasado, la Comisión de Vigilancia de la ASF inició el proceso de designación del próximo titular del órgano de fiscalización federal, por lo que desde la publicación de la convocatoria, académicos, organizaciones sociales y medios de comunicación solicitaron a la Comisión responsable que una vez  concluido el proceso de verificación y de entrevistas, se hicieran públicos los criterios de evaluación así como la justificación sobre la idoneidad de los integrantes de la terna que habría de ser sometida a votación por el pleno de la Cámara de Diputados.

 

Denunciaron que ante dicha petición de transparencia y de rendición de cuentas, los integrantes de la comisión responsable han sido omisos. “Al día de hoy no tenemos información que permita  conocer, analizar y entender el razonamiento que siguió cada grupo parlamentario para evaluar y definir la terna integrada por Ángel Trinidad Zaldívar, Arturo Orci Magaña y David Colmenares Páramo”.

 

Puntualizaron que la ASF una institución fundamental para conocer cuánto se gasta, en qué se gasta, quién lo gasta y qué resultados se obtienen con los recursos de los mexicanos, además de que es también una especie de ‘brújula’ que permite detectar desvíos, omisiones y acciones en el gasto público.

 

Enfatizaron que la autonomía e independencia política del próximo titular de la ASF corresponde a los principios de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) a los que México está suscrito; además de que resulta ser una condición indispensable para que la institución desarrolle sus funciones de manera adecuada.

 

“Sin una auditoría autónoma, sin una auditoría que sirva, se seguirá abriendo la puerta a la corrupción y la impunidad que tanto lastiman a los mexicanos”, concluyó el comunicado firmado por organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza; Borde Político; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; México Evalúa; Mexicanos Primero; Transparencia Mexicana, entre otros.