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El autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación (4T), que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se convirtió en la administración que más contratos por dedazo ha otorgado desde que se tienen registros.

De acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los datos finales de 2020, que provienen de las bases oficiales de la Secretaría de Hacienda muestran que, de los 137,809 contratos reportados durante el 2020, 110,629 se entregaron por adjudicación directa, es decir el 80.3%.

Sin embargo, no es el único mecanismo que se ocupó por el gobierno; la invitación a cuando menos 3 personas, que también es un mecanismo discrecional dado que la invitación a participar dentro del proceso es realizada por la propia autoridad, se utilizó en 7,549 contratos, el 5.5% del total.

La licitación pública, que de acuerdo con la Constitución debería de ser el principal mecanismo de compra y contratación, sólo representó el 11.2% del total de contratos otorgados durante el 2020, con 15,379 contratos.

Previo al récord de 2020, el punto más alto de las adjudicaciones directas durante la última década había sido en 2019, durante el primer año de gobierno de López Obrador, cuando alcanzaron 78.1%.

La cifra de 2020 supera su propia marca y coloca al año que acaba de concluir como aquel en el que las adjudicaciones directas se usaron con mayor intensidad desde que tenemos registro. En el mismo sentido, las licitaciones públicas han tocado su punto más bajo, pues la única cifra cercana a los niveles de 2020 se vio en 2017, cuando llegó a 12.6% del total.

Según COMPRANET, en 2020 se otorgaron 449,022 millones de pesos (mdp) en contratos. La mayor parte de estos recursos fueron asignados por adjudicación directa. A través de este mecanismo se repartieron 189,488 mdp (42.2% del total).

A pesar de que las adjudicaciones directas siempre han sido usadas intensivamente por parte del gobierno, nunca habían entregado más recursos que las licitaciones públicas en su conjunto.

Tanto los gobiernos anteriores como éste justificaban las adjudicaciones directas diciendo que sólo eran usadas en contrataciones relativamente pequeñas y su importancia era menor, mientras que la licitación pública seguía siendo la herramienta con la que se asignaba la mayor parte de los recursos. La realidad muestra que no es así.

Las cifras sin precedente de 2020 se han querido justificar por la pandemia del coronavirus, señalando que obligó a la compra de grandes cantidades de equipo médico y medicinas de manera inmediata.

Lo expuesto por COMPRANET muestra que si se toman las compras públicas separando entre los diferentes bienes y servicios que el gobierno contrató y se comparan las cantidades que se les destinaron a través de adjudicaciones directas en 2019 y en 2020, se pude identificar que las asignaciones directas en los rubros referidos a “Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio” y a “Equipo e instrumental médico y de laboratorio” se elevaron de 33,597 mdp a 51,971 mdp (54.6%); así, en 2020 éstas compras explican únicamente el 27% del aumento en 2020.

El 73% del incremento en el dinero otorgado a través de adjudicaciones directas en 2020 no tiene que ver con rubros dedicados a la atención de la crisis sanitaria por el coronavirus. La categoría que explica la mayor parte del aumento es la “Obra pública en bienes propios”  (que engloba las propiedades de las instituciones públicas), que, en conjunto con la categoría “Obra pública en bienes de dominio público” (en la que se consideran todas las obras realizadas en bienes que los habitantes pueden usar sin más restricciones que las establecidas en las leyes, como playas, caminos, puentes, etc.) suman $41,234 mdp, una cifra $38,475 mdp superior a la de 2019 (un incremento de 1,394%).

“El mensaje es elocuente: la principal explicación en el aumento de las adjudicaciones directas en 2020 son las obras de esta administración. Y si buscamos cuál es el contrato individual más importante dentro de estas categorías, encontraremos un nombre conocido: el Tren Maya”, señala la investigación de MCCI.

 

Investigación completa en MCCI

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México cerró el 2020 con 2 mil 470 defunciones de personal de salud a causa del virus SARS–CoV2, lo que lo que nuestro país se coloca como uno de los que más muertes registra a causa del Covid-19.

Recientemente, el diario británico The Guardian, publicó un análisis sobre las muertes del personal de salud en el mundo. En dicho reporte, Estados Unidos aparece con 2 mil 921 muertes. Sin embargo, la cifra registrada en México supera a otros países como Brasil (775), Reino Unido (620), India (573), Perú (385) o Italia (279).

La cifra de muertes también rebasa el déficit de trabajadores de salubridad para atender la pandemia que reportó el gobierno federal el 2 de abril, la cual era de 2 mil. Es decir, el número de muertos superó ya el déficit que existía a un mes de iniciada la crisis sanitaria.

MCCI destaca que si bien en México la Secretaría de Salud hace un reajuste semanal de los datos, existe una ambigüedad en la información, pues solo presenta una gráfica de barras sin el número duro por estado, con lo que solo se obtiene un estimado.

En el trabajo realizado por la organización, se logró identificar plenamente a mil 725 trabajadores sanitarios, lo que deja a 745 en el anonimato.

La Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco son los estados que tienen, al corte del 5 de enero, más muertes entre el personal de las distintas instituciones de salubridad con números que van de los 120 a los 480 casos.

Mientras en Puebla y Veracruz se pudieron identificar a casi todos los fallecidos, en la Ciudad de México al menos la mitad permanecen sin nombre, al igual que en el Estado de México y en Jalisco, donde apenas se le pudo dar rostro a una tercera parte de sus muertos.

“La jornada de vacunación contra el virus ha iniciado en el país y se centra en el personal médico. Mientras se logra una cobertura total, los trabajadores de la salud siguen muriendo y al cierre del 2020 solo conocemos el nombre de Mil 725 de aquellos que dieron su vida por nosotros”, remata MCCI.

Trabajo completo en MCCI

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval aplaudió el decreto emitido por el ´presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mediante el cual se eliminan fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que, a más tardar el 15 de abril, se reintegren a la Tesorería de la Federación todos los recursos públicos federales que formen parte de ellos y se destinen a hacer frente a la contingencia sanitaria.

Sandoval Ballesteros consideró que con la extinción de los fideicomisos se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción que prevaleció en gobiernos anteriores.

Expresó su compromiso por la correcta aplicación de la medida y anunció que los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal asegurarán que dichos instrumentos se extingan y los recursos con los que cuenten sean correctamente transferidos.

Y es que el decreto publicado por el Presidente establece que la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaboren en la aplicación de la medida.

Recordó que desde la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, ambas dependencias iniciaron un estudio de los fideicomisos públicos federales, su normatividad, estructura, patrimonio, objeto, eficiencia y eficacia.

“La secretaria de la Función Pública espera que esta histórica acción del Presidente de la República sea emulada por las entidades federativas, por los órganos autónomos y por el Poder Judicial de la Federación”, indicó la dependencia a través de un comunicado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó los señalamientos que se han hecho a la extensión de contrato que se realizó para el servicio de expedición de pasaportes.

Indicó que el cambio a un nuevo proveedor requiere por lo menos de seis a siete meses para su puesta en operación, por lo que señaló no podían quedarse sin proveedor.

La licitación del actual contrato de servicios para la emisión de pasaportes de la SRE se llevó a cabo en la administración anterior, la cual realizó acciones para la obtención de la aprobación presupuestal plurianual para la contratación de este servicio, detalló la dependencia a través de un comunicado.

Señaló que la ampliación efectuada por la administración saliente del contrato original de 2015 tenía como fecha de terminación el día 14 de enero de 2019.

Al respecto detalló que para iniciar un procedimiento de licitación pública se requieren al menos tres meses para el proceso de licitación y adjudicación y tres meses más para realizar el ajuste a los diferentes sistemas.

Aclaró que al iniciar la nueva administración, se procedió a una revisión sobre el estado de los servicios y contratos existentes, encontrándose que el contrato de pasaportes, con fecha de vencimiento el 14 de enero del 2019, no contaba con el tiempo y los requisitos establecidos por la Unidad de Gobierno Digital (UDG).

La SRE finalizó indicando que en línea con el compromiso del gobierno federal con la transparencia y el mejor uso de los recursos públicos, se trabaja de la mano con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la próxima licitación del sistema de pasaportes.

Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) presentara el informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos de los candidatos del actual proceso electoral, el candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, acusó de opacidad en el reporte de gastos y la falta de cumplimiento a las reglas de fiscalización de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La coalición liderada por el PRI señaló que el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE hizo referencia a que López Obrador ha realizado el 70% de sus registros de manera extemporánea. Lo que aseguran denota una estrategia encaminada a no rendir cuentas de sus gastos de campaña.

Añadieron que en el informe se advierte que, al 22 de abril, el candidato de la coalición Morena-PT-PES llevaba 9 días sin realizar ningún registro de gasto o proveedores, pese a que no ha dejado de realizar giras de proselitismo por diversos estados de la República, ni de producir y transmitir spots de televisión.

Detallaron que el INE le ha detectado 311 espectaculares en vías públicas, la pinta de 1,050 bardas, así como publicidad diversa en páginas de internet y redes sociales.

En su caso indicaron que el reporte constata que su candidato ha cumplido con el 100% de sus registros a tiempo. En cuanto a Ricardo Anaya señalaron que también ha presentado el 17% de sus registros de manera extemporánea.

 

Luego de los sismos que sacudieron al país en septiembre pasado, investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) intentaron dar seguimiento a las donaciones hechas a bancos para ayudar a los damnificados y a la reconstrucción, lo cual indicaron fue imposible debido a la falta de información por parte de las instituciones bancarias.

 

Según relata el diario Reforma, el destino de millones de pesos en donativos a fondos privados para los damnificados es incierto, pues la investigación del CIDE hecha señala que 5 de las 10 instituciones que colectaron no brindan acceso a la información sobre cómo se manejaron dichos recursos.

 

En esta investigación fueron identificados al menos 2 mil 864.5 millones de pesos que se recaudaron en cuentas bancarias; además de los 2 mil 25 millones que recibieron organizaciones registradas ante el SAT como donatarias autorizadas. A estos montos habría que agregar lo obtenido por programas de “multiplicación” que se hizo por peso donado.

 

“No tuvimos acceso a la información de cuántos recursos habían recaudado”, indicó Liliana Veloz, directora técnica de la investigación realizada por el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (Pirc) del CIDE. La opacidad que encontró fue por parte de bancos como Scotiabank, Ayuda Santander, Intercam Banco, Multiva y HSBC.

 

El estudio señala que por tratarse de un desastre natural, el Gobierno federal tiene la posibilidad de vigilar los fondos colectados por bancos según el Artículo 68 de la Ley General de Protección Civil.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO