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Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América el Norte (TLCAN), han provocado nerviosismo entre los inversionistas y comunidad empresarial de los tres países en cuestión: México, Estados Unidos  Canadá, pero ¿qué opinan los mexicanos sobre el acuerdo comercial?

 

De acuerdo con una encuesta difundida por el diario El Financiero, el 56% de los mexicanos prefiere que el país se salga del TLCAN en caso de que las renegociaciones no sean favorables, contra un 31% que afirma que es más conveniente que México siga, independientemente de lo que se renegocie.

 

Al cuestionar a los encuestados, qué tanto es un tema de preocupación la actualización del tratado, 58% indicaron que “mucho”, mientras que un 40% indicó que “poco o nada”. Las regiones Sur y Centro-Occidente del país son las que más apoyan que México salga del acuerdo al alcanzar 58% de las opiniones; la zona Norte apoya la ida en un 56%. La zona centro es donde menos se apoya el salir del tratado comercial con 53%.

 

Respecto al equipo negociador, un 42% de los consultados califica su desempeño como “muy bueno o bueno”, un 29% lo califica como “malo o muy malo” y un 15% considera que ni bueno ni malo”.

 

 

 

Con información de El Financiero / Foto: Archivo APO

La nueva encuesta de Pew Research Center, indica que la imagen que los mexicanos tienen sobre Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en la última década y media, situación que coincide con la llegada de Donald Trump Presidencia del país vecino y en especial a la construcción del muro fronterizo.

 

 

 

 

De acuerdo al estudio, el 65% de los mexicanos tiene una opinión negativa de Estados Unidos, más del doble (29%) que hace dos años; adicional 94% de los mexicanos rechazan la construcción del muro. “Esta erosión de la buena voluntad de México hacia los Estados Unidos coincide con una baja aprobación del presidente estadounidense Donald Trump”.

 

En 2015, el 66% de las opiniones fueron favorables hacia los Estados Unidos y sólo un 29% fueron desfavorables. La caída de 36 puntos porcentuales en favorabilidad es la más grande en 37 países encuestados por Pew.

 

En el lado económico, la mayoría de los mexicanos (55%) ven una relación buena con Estados Unidos buena, aunque dicha estadística representa una disminución de 15 puntos a la cifra de 2013 y 21 puntos respecto a 2009. Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 3 de cada 5 mexicanos (60%) ven el TLCAN como algo bueno para su país.

 

 

 

 

Con información de Pew Research Center / Foto: Archivo APO

En las dos rondas de renegociaciones del TLCAN el gobierno mexicano ha estado sumamente firme en algo que me parece incomprensible: en que México sea un país de mano de obra barata.

 

Incomprensible que mientras las contrapartes de Estados Unidos y Canadá pidan mejores salarios para los trabajadores mexicanos, nuestros negociadores le digan a los vecinos del norte que no se metan en esos temas y que nos dejen lo laboral a nuestras leyes. El asunto es de índole nacional, declaró Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Y por ello le pidió a sus contrapartes estadounidenses y canadienses que dejen de pugnar por mejores salarios para los trabajadores mexicanos.

 

La preocupación me parece genuina de parte de Estados Unidos y Canadá, pero debiera serlo también para México. Mientras que un trabajador en cualquiera de los dos países del norte gana alrededor de $58 dólares el día, en México el salario es de $4.50 por día.

 

Por ello se podían escuchar gritos afuera del hotel sede de las renegociaciones en la Ciudad de México de Jerry Dias, dirigente de uno de los sindicatos privados más grandes de Canadá, Unifor, pidiendo que los trabajadores mexicanos ganen más pesos la hora.

 

A esta petición Carlos Aceves del Olmo, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional la CTM, declaró que esos salarios eran un sueño guajiro.

 

 

 

 

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Los legisladores panistas estaban casi todos de vacaciones. Tranquilos. Confiados en que no tenían nada pendiente en agenda hasta el arranque del periodo ordinario de sesiones cuando los sorprendió la primera plana de este diario, primero, y la respuesta del dirigente de Acción Nacional, después.

Ricardo Anaya dijo que la primera plana de El Universal que señalaba un rápido enriquecimiento de él y su familia política fue un ataque del gobierno federal por su negativa al pase automático de Raul Cervantes como primer Fiscal General de la Nación. Este tema, el del #FiscalCarnal, no estaba ni en agenda.

Según me comentan PANistas con los que platiqué, tanto afines a Anaya como contrarios a él, si acaso había un tema que les preocupara al momento de darse esta tormenta, ese era la legislación del piso parejo en el INE.

El pase automático del Fiscal tiene que darse instalando la Comisión de Justicia en el Senado que preside la PANista Pilar Ortega. Así, si Anaya no quería que esto se discutiera, él tenía la llave para cerrar el tema como había permanecido desde el 11 de diciembre del 2014 cuando se turnó la minuta con Proyecto de Decreto al Senado. En ese momento Roberto Gil presidía esa Comisión y desde entonces permanecía en la congeladora precisamente por el tema del pase directo del Procurador.

 

 

 

Columna Completa en EL UNIVERSAL

Foto: Archivo APO

Estados Unidos es uno de esos países que tiene una gran capacidad para atraer a migrantes, pues contribuyen en su economía y en el desarrollo científico o educativo que tiene hoy en día el país. Por ejemplo, el creador de WhatsApp, un migrante de origen ucraniano llegó a los 16 años al país y en 2014 vendió la empresa por 22 mil millones de pesos.

 

Si los migrantes contribuyen de manera significativa al país y Trump quiere hacer Estados Unidos grandes de nuevo… ¿fue acertada su decisión sobre DACA?

 

No te pierdas este análisis en voz de Ana Paula Ordorica.

 

 

 

 

Donald Trump, el gran negociador, se aproxima al otoño de su primer año en una posición de negociación tan débil como ningún otro Presidente de los tiempos modernos, desesperado por una victoria, capaz de dominar la conversación nacional pero hasta ahora incapaz de traducir eso en acción.

 

Un verano de tumulto marcado por sacudidas del personal, fracasos legislativos, peleas intrapartidarias, una controversia racial y una guerra nuclear de palabras le ha dejado en desacuerdo con su propio Partido (Republicano) y con el apoyo de apenas un tercio de la ciudadanía estadounidense. La lista de desafíos desalentadores sólo ha crecido con poco sentido de cómo piensa abordarlos más allá de las tormentas de Twitter y las declaraciones de determinación.

 

A medida que el Congreso retoma trabajos, el Presidente enfrenta semanas de duras negociaciones para revisar el código tributario, elevar el techo de la deuda, mantener el gobierno abierto, financiar su muro fronterizo y asegurar el alivio y la reconstrucción de las áreas devastadas por el huracán Harvey. Además de eso, planea lanzar otro tema que puede dividir, desechar el programa del ex presidente Barack Obama, que ha permitido a los inmigrantes ilegales más jóvenes permanecer en el país a menos que el Congreso actúe para salvarlo en seis meses.

 

“Legislativamente, septiembre puede ser el mes más largo del año, se enfrentan a una subida cuesta arriba”, dijo Doug Heye, un estratega republicano de mucho tiempo. La decisión del presidente de enviar el programa de inmigrantes al Congreso “sólo lo hace más difícil, en un tema que durante años los republicanos han luchado para avanzar. La cuestión es si ésta fue una decisión estratégica de la Casa Blanca”.

 

Su apasionada capacidad de hacer negocios también podría ponerse a prueba en política exterior al decidir cómo responder a las amenazas nucleares de Corea del Norte mientras buscaba renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá y negociar la paz entre israelíes y Palestinos, y alienar a los tradicionales aliados europeos de Estados Unidos si intenta frustrar el acuerdo nuclear de Obama con Irán declarando a Teherán fuera del cumplimiento de sus objetivos.

 

En lugar de hacer amigos para lograr estos objetivos, Trump ha repelido a algunos de los aliados en los que un Presidente normalmente confiaría. Mientras presiona a Corea del Norte para frenar su programa nuclear, ha menospreciado a Corea del Sur por “apaciguamiento” y ha amenazado con romper su acuerdo comercial con Estados Unidos. Mientras presiona a los legisladores para respaldar sus prioridades legislativas, ha castigado al senador Mitch McConnell, el líder de la mayoría, y otros republicanos cruciales para el paso.

 

Mientras que sus índices de aprobación siguen enfrascados en el 35 por ciento, los aliados de Trump sostienen que tuvo un verano mejor de lo que la sabiduría convencional de Washington sugeriría y que él tiene un camino hacia adelante firme. Afirman que después de las peleas de principios de agosto, el Presidente tomó la posición de un líder nacional con una respuesta vigorosa y visible ante el huracán Harvey, y que limpiar la devastación puede ser un punto de convergencia y un apalancamiento estratégico.

 

“Puede sonar contraintuitivo, pero el Presidente se dirige a septiembre con un poco de viento a favor”, dijo Michael Dubke, quien se desempeñó como director de comunicaciones de la Casa Blanca. “Harvey fue manejado bien, la reforma tributaria está de nuevo en marcha, el enfrentamiento del techo de la deuda será empujado a una fecha posterior y mientras no hay buenas opciones en Corea del Norte, el equipo de seguridad nacional del Presidente es insuperable”.

 

Los republicanos están hablando de atar el dinero de la ayuda del huracán al aumento del techo de la deuda, endulzando un voto que sus propios conservadores resisten típicamente con la acción que presumiblemente encontrarían más atractiva. Si eso quita la eterna cuestión difícil, los aliados del Presidente dijeron que esto podría permitirle concentrarse en el código tributario. Aún puede ser difícil para Trump conseguir dinero para su muro fronterizo como quiera, pero incluso el financiamiento parcial podría ser presentado como una victoria.

 

La decisión del presidente de atacar el programa de Obama para jóvenes inmigrantes ilegales, conocido como Acción Diferida por Llegadas de Niñez ( DACA), abrirá la caída en una nota divisiva. Pero sus asesores esperan que el retraso del efecto de seis meses obligará al Congreso a intensificar y poner el programa sobre una base constitucional firme.

 

Mientras que los republicanos se sienten atrapados por los ataques de Trump contra McConnell y algunos de sus colegas, algunos dijeron que no tienen otra opción que encontrar una manera de unirse.

 

“Tenemos que trabajar con el presidente”, dijo el senador Roy Blunt de Missouri, vicepresidente de la Conferencia Republicana del Senado, en “Meet the Press” en NBC el pasado fin de semana. “Creo que es un error entrar en una pelea con el Presidente. No es un error no estar de acuerdo cuando no está de acuerdo; es un error sugerir que de alguna manera este Presidente, que fue elegido como la Constitución lo dicta, y tiene la responsabilidad de dirigir el país, que de alguna manera necesitamos no trabajar con este presidente “.

 

El martes por la tarde, Trump recibirá a un grupo que ha sido apodado como “los seis grandes” para discutir su código tributario (McConnell; Paul D. Ryan; Steven Mnuchin; Gary D. Cohn; Orrin G. Hatch y Kevin Brady). El miércoles Trump precidirá otra reunión en la Casa Blanca con McConnell, Ryan y sus homólogos demócratas, el Senador Chuck Schumer de Nueva York y la Representante Nancy Pelosi de California.

 

Trump se ha jactado durante mucho tiempo de sus habilidades en la arte de la negociación y parte de su atractivo en las elecciones del año pasado fue la esperanza de que podría usarlas para romper finalmente una capital paralizada. “Las ofertas son mi forma de arte”, dijo una vez en Twitter. “Otras personas pintan maravillosamente o escriben poesía. Me gusta hacer tratos, preferiblemente grandes tratos. “

 

Sus primeros siete meses en el cargo todavía no han producido grandes “negocios”, un fracaso destacado principalmente por el colapso de un esfuerzo para derogar el Obamacare y reemplazarlo por una versión republicana. Los aliados dijeron que el enfoque de Trump a las negociaciones, sin embargo, es mantener el mejor trato posible hasta el último momento, por lo que es demasiado pronto para juzgar.

 

“Mi estilo de negociación es bastante sencillo y claro”, escribió una vez. “Apunto muy alto, y luego sigo empujando y empujando y empujando para conseguir lo que busco. A veces me conformo con menos de lo que busqué, pero en la mayoría de los casos consigo lo que quiero”.

 

Pero los que han estudiado su carrera en bienes raíces y negocios, dicen que ha sido marcado por el mayor número de acuerdos fallidos como los exitosos. Compró una aerolínea que fracasó. Compró un equipo de fútbol en una liga que se derrumbó. Se declaró en quiebra varias veces.

 

“Si nos fijamos en su historial, hay muchos acuerdos que no funcionaron”, dijo Michael D’Antonio, biógrafo de Trump. “Así que si usted piensa en el verdadero récord de rendimiento, es muy bueno en la promoción y la creación de la idea de que es un genio de acuerdos, pero no muy bueno en la realización de acuerdos exitosos reales”.

 

Al final, algunos demócratas argumentan que la debilidad de Trump puede resultar ser una bendición. Puesto que legislar junto a sus compañeros republicanos aún no ha dado los resultados esperados por Trump, puede tener más incentivos para trabajar con los demócratas en áreas donde puedan encontrar un acuerdo, en particular la infraestructura y el código tributario. Los demócratas también quieren trabajar en la legislación que estabilice el tema de salud.

 

“Tengo la esperanza de que el presidente haya llegado a ver que un gobierno unilateral dirigido por extremistas es una receta para el fracaso”, dijo el representante Josh Gottheimer, demócrata de Nueva Jersey y copresidente del Caucus Problem Solvers que incluye a 43 miembros de la Cámara.

 

“Está claro que no ha sido sólo nuestro lado lo que ha planteado problemas”, señaló. “Pero tenemos la responsabilidad de gobernar, y en eso confío”.

 

 

 

Texto publicado en The New York Times  por PETER BAKER

Foto: Archivo APO

LUIS RUBIO

REFORMA

 

 

En la Odisea, Ulises retorna a su casa habiendo aprendido a distinguir lo esencial de la vida: separar lo profano de lo sagrado, así como la existencia de límites para el ejercicio del poder. Ulises había destruido el alcázar sagrado de Troya para conseguir alimentos para sus compañeros, un cálculo pragmático que entrañaba la profanación de lo que merecía respeto. La experiencia le enseña a Ulises que tiene que aprender a ser reverente ante lo sagrado, metáfora que emplea Homero para explicar los límites de las cosas, la necesidad de mesura.

El debate político en el país es álgido y en ocasiones violento, pero siempre divertido, sobre todo porque refleja lo que es natural: los intereses, pero también las pasiones. Lo que es peculiar del debate es la personalización de los asuntos: que si Calderón inició una “guerra contra las drogas” o si a López Obrador le robaron la elección de 2006. Como dice Leonardo Curzio, llevamos más de dos décadas de alternancia en una multiplicidad de estados, municipios y la presidencia y, sin embargo, seguimos peleando los asuntos electorales, como si la realidad fuese la de la vieja era del PRI. Las cosas cambian, los actores se mimetizan y la naturaleza de los problemas acaba siendo otra, exigiendo respuestas que tienen que ser distintas.

Nuestro problema es de gobierno -gobernanza- y no de naturaleza electoral. Por supuesto, no tengo duda que se podrían y deberían mejorar los procesos electorales y avanzar hacia un estadio en el que las prácticas violatorias del espíritu de la ley sean erradicadas, a la vez que se logra una legitimidad absoluta del resultado. Sin embargo, el hecho de que no hayamos logrado romper con estos vicios sugiere que el problema que enfrentamos no se encuentra en el ámbito electoral pues es evidente que quienes ahí se juegan la vida son los mismos que establecen las reglas y están dispuestos -de hecho, decididos- a violarlas tan pronto se seca la tinta del Diario Oficial.

México tiene un sistema de gobierno nominalmente federalista pero que de hecho tiene un espíritu centralista. El fenómeno del “jefe máximo”, el caudillo instalado en la silla presidencial se reproduce a nivel estatal y municipal. Antes, con un centralismo asfixiante, el presidente servía de contrapeso frente a los gobernadores, evitando sus peores excesos. Ahora, con un sistema centralista en ruinas pero que permanece ubicuo, nos hemos quedado con todos los vicios del centralismo sin su única potencial virtud, que es la que hoy caracteriza a China: ser capaz de enfocar todos los recursos hacia el desarrollo, le guste a la población o no.

Nuestro federalismo es de papel. No existen estructuras institucionales para hacerlo funcionar, sobre todo a nivel estatal y municipal, donde sobrevive el viejo centralismo asfixiante, pero dedicado casi sin excepción al enriquecimiento del gobernante en turno. Pero son las excepciones las que son reveladoras: independientemente de que se enriquezca el gobernador temporal, hay estados en los que las realidades del poder -o sea, la existencia de contrapesos de facto- hacen mucho más difícil el exceso. Por ejemplo, no es casualidad que haya menos escándalos de corrupción desmedida en estados como Querétaro y Aguascalientes, donde la presencia de enormes inversiones extranjeras se ha tornado en un factor de estabilidad y avance sistemático (en infraestructura, seguridad, etc.) que no existe en estados más diversificados o menos exitosos en atraer esas inversiones. Con esto no quiero sugerir que tienen un mejor sistema de gobierno, solo que existen contrapesos fácticos y éstos cambian la lógica del ejercicio del poder. Es decir, los incentivos del gobernador son muy claros y limitativos.

Así como antes los presidentes “supervisaban” a los gobernadores y, con frecuencia, los removían del cargo, hoy muchos gobernadores hacen lo propio con los presidentes municipales. Los métodos han cambiado en algunos casos, pero el fenómeno es el mismo: la noción del mando único es exactamente eso, la búsqueda de la subordinación con la excusa de la inseguridad. Lo que no ha mejorado -ni cambiado- es la forma de “gobernar”.

El gobierno (y la seguridad) comienza desde abajo. Si queremos lograr un país bien gobernado tendremos que construir un sistema de gobierno municipal que funcione y eso comienza con el impuesto predial, pues así se establece un vínculo de contrapeso entre el ciudadano que paga y el munícipe que gasta. De ahí hacia arriba: justo lo opuesto de lo que hoy existe.

Cuando “explotó” Michoacán al inicio de este sexenio, el gobierno envió al ejército y a la policía federal para estabilizar el lugar, a la vez que envió a un encargado que se dedicó a comprar voluntades sin ton ni son, pero también sin éxito. Hubiera sido mucho mejor aprovechar la presencia de las fuerzas federales para construir capacidad local: policías nuevas, un sistema fiscal, un fuerte contrapeso ciudadano y así sucesivamente. O sea, construir un nuevo sistema de gobierno.

Oportunidades no faltan, pero el diagnóstico correcto sigue estando ausente, probablemente porque eso cambiaría el equilibrio de poder que es, a final de cuentas, nuestro problema de fondo.

@lrubiof

 

Salvador García Soto

EL UNIVERSAL

 

 

 

 

Pese al repudio creciente de la sociedad civil y de la oposición en el Senado, el nuevo intento del presidente Peña Nieto y su grupo político por secuestrar a la naciente Fiscalía General de la República (FGR) avanza con el apoyo cínico del PRI y sus nefastos aliados verdes, pero también con tres posibles “traidores” en el PAN, que venderían su voto para nombrar fiscal al peñista Raúl Cervantes: Javier Lozano Alarcón, quien ya hizo público su apoyo a la infamia del #FISCALCARNAL; Ernesto Cordero, el ex secretario de Hacienda amigo del grupo ITAM, y el más priísta de los senadores panistas, Roberto Gil Zuarth, quien ha obtenido grandes beneficios políticos y económicos en sus negociaciones con el gobierno de Peña Nieto.

 

Esos tres panistas, si votaran con el PRI-PVEM, podrían darles los tres votos que le faltan al bloque oficialista para alcanzar la mayoría simple y aprobar la Ley de la Fiscalía General, y si lo hacen traicionarían no sólo a su partido, que definió como posición rechazar el “pase automático” y el nombramiento del procurador Cervantes por carecer de autonomía e independencia probadas para ocupar la FGR, sino también Lozano, Cordero y Gil Zuarth se convertirían en “traidores” de toda la sociedad, por avalar un nombramiento que va totalmente en contra de la exigencia y la aspiración de los mexicanos por tener una fiscalía autónoma, independiente y libre de las presiones políticas que sólo han pervertido y politizado la ineficiente procuración de justicia en nuestro país.

 

Justo el lunes pasado la Universidad de las Américas de Puebla daba a conocer un estudio realizado por sus académicos que midió el nivel de impunidad en naciones de todo el mundo y México, vergonzosamente, aparecía como el primer lugar en impunidad del continente americano y como el cuarto lugar en esa penosa condición en todo el planeta. El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, informó que según ese estudio hay severas fallas en los sistemas de impartición y procuración de justicia en nuestro país que se reflejan en que sólo 0.7% de los delitos denunciados reciben sentencia condenatoria, es decir, que el nivel de impunidad en el castigo a los delitos alcanza el 99.3%. Además documenta violaciones graves a derechos humanos, falta de jueces (sólo 4 jueces por cada 100 mil habitantes) y en cambio muchos policías, 359 por cada 100 mil habitantes, por encima incluso del promedio mundial, que es de 319, pero con una total ineficiencia en la persecución de los delitos y la procuración de justicia.

 

¿Es acaso ese nivel de impunidad lo que quieren preservar el presidente Peña Nieto aún después de su sexenio? Porque el nuevo fiscal duraría en el cargo 9 años y nombrar a un fiscal como Cervantes, comprometido y ligado a los intereses políticos del PRI y del grupo mexiquense, perpetuaría esa impunidad y la falta de acceso a la justicia que padecemos los mexicanos. Por eso sorprende el nivel de
cinismo de los senadores priístas, encabezados por su coordinador Emilio Gamboa Patrón, y del coordinador del PVEM, Pablo Escudero, señalado también por obtener grandes beneficios, económicos y políticos, de sus negociaciones con el gobierno peñista.

 

Al cinismo del PRI hay que sumarle la irresponsabilidad de su cuestionado dirigente nacional, Enrique Ochoa, quien reafirmó ayer, en la reunión plenaria de sus senadores, el apoyo de su partido al nombramiento del llamado #FISCALCARNAL. “Que quede aquí patente el apoyo del PRI al trabajo destacadísimo que está haciendo Raúl Cervantes como procurador… Nosotros consideramos que tiene la
trayectoria, el profesionalismo y el desempeño público para tener la altísima responsabilidad de ser el fiscal general de la nación”

 

¿En verdad Ochoa Reza cree que los mexicanos somos idiotas o, en su desfachatez, hace como que no entiende que lo que se le cuestiona a Cervantes no es su trayectoria profesional, sino su total cercanía y sumisión al PRI y al presidente Peña, de quienes fue abogado y representante y de los que por tanto no tendría la independencia necesaria para investigar por un claro conflicto de interés?

 

Ese es el tema de fondo y ayer lo volvieron a denunciar más de 200 organizaciones civiles que rechazan la imposición de Cervantes y pugnan por “Una Fiscalía que sirva”; pero en su intento de preservar su corrupción e impunidad no quieren verlo Peña Nieto y su partido, con sus aliados verdes y esquiroles panistas: lo que harían si imponen a un fiscal a modo es matar a una institución autónoma antes de nacer, y de paso matarnos la esperanza de justicia y de combate a la corrupción e impunidad a todo un país. Y todo por proteger sus intereses y su suciedad después de este sexenio.

 

 

PABLO HIRIART

EL FINANCIERO

 

 

 

Hacen muy bien los senadores del PAN en ser solidarios con el presidente de su partido ante una nota periodística que podría tener su fuente original en alguien del gobierno, pero otra cosa es supeditar la agenda nacional a una guerra privada de Ricardo Anaya.

En medio de la desproporcionada reacción de Anaya, que le declara ‘la guerra’ al PRI, está el nacimiento de la Fiscalía General de la nación, cuya titularidad le corresponde asumir, por ley (votada favorablemente por Anaya en 2014), al actual procurador general de la República, Raúl Cervantes.

 

Cuando el PAN votó en favor de Cervantes para ser procurador general en lugar de Arely Gómez, se sabía que asumiría de manera automática el cargo de fiscal general de la nación. Por eso votaron por él. Evaluaron su capacidad y su hoja de servicios.

 

La votación en comisiones para ratificar a Raúl Cervantes, el 26 de octubre pasado, fue unánime en su favor. Y en el Pleno, 81 senadores votaron por ratificarlo y sólo tres estuvieron en contra.

 

Ahora, sin embargo, algunos senadores del PAN no quieren que sea Cervantes el titular de la Fiscalía. ¿Qué pasó? ¿A qué delincuente liberó? ¿A qué exgobernador priista dejó ir? ¿A qué miembro de la oposición aprehendió? ¿Qué se robó? ¿A quién mató?

 

Nada de eso. Todo se resume en la ‘guerra’ personal de Ricardo Anaya contra el PRI.

 

Los tiempos no están para guerras, pues lo que se pide es un espacio de concordia y racionalidad para tratar los asuntos de Estado, y que no se nos vaya el país entre rencillas personales y escaramuzas partidistas.

 

Se entiende que Denise Dresser, El Barzón y otras personas de los medios de comunicación asuman la batalla de impedir el pase de Raúl Cervantes a la Fiscalía General de la nación. Eso piensan y tienen derecho a decirlo.

 

Pero que el PAN traslade a los asuntos de Estado un pleito personal de Ricardo Anaya contra alguien del gobierno, y en su furia pretenda bloquear todo lo que venga de ahí, es una exageración y una intemperancia.

 

Como dijo el senador (panista) Roberto Gil Zuarth, “el PAN no debe caer en la neurosis de la escaramuza”, y recordó a una de las figuras emblemáticas de ese partido, el jalisciense Efraín González Luna: “debemos tener la serenidad suficiente para apartar el episodio del momento, efímero, circunstancial, para ver más hacia el fondo”.

 

En lo personal creo que Ricardo Anaya tiene toda la razón al responder con vehemencia a los señalamientos de enriquecimiento súbito que le hacen, pero debe privar la serenidad y distinguir ese asunto personal de las grandes decisiones que debe tomar.

 

O ¿a quién quieren de fiscal para los siguientes nueve años?

 

¿A Martí Batres?

 

¿O a otro miembro de Morena para que ese partido (es un decir) tenga en sus manos al Ejecutivo (según todas las encuestas) y también a la Fiscalía General de la nación?

 

¿Le van a dar la gubernatura del Banco de México a Dolores Padierna?

 

Todo ello porque Ricardo Anaya está enojado por una nota y le declara la guerra al PRI.

 

Serenidad en los momentos de cólera es lo que necesita el dirigente de un partido, y más aún si aspira a ser presidente de la República.

 

No contaminar con su ira personal, por justificada que sea, los asuntos de Estado.

 

O dicho en un lenguaje más coloquial: no mezclar la gimnasia con la magnesia.

 

Ya votaron por Cervantes, y no hay motivos de gravedad para cambiar el sentido de su voto.

 

Twitter: @PabloHiriart

No está México ni los mexicanos en la polémica. Tampoco Rusia. Ni Hillary Clinton, Arnold Schwarzenegger o la reportera Megyn Kelly. En esta ocasión Trump se fue en contra de la identidad misma de los estadounidenses al poner en igual plano moral a los neo-Nazis, Ku Klux Klan, racistas, antisemitas que se manifestaron en Charlottesville, Virginia, con los contra manifestantes que se juntaron en repudio a estos supremacistas.

 

Sabemos que Trump ha sido muy rápido en atacar, criticar, desdeñar aquello que no le parece. En el caso de los supremacistas que dejaron a una mujer de 32 años muerta, la condena tardó 48 horas y después se desdijo alegando que había radicales de ambos lados y buenas personas entre los dos grupos.

 

El resultado ha sido una nueva catástrofe para Donald Trump quien, mediante esta actuación se ha generado una nueva crisis auto infligida que lo deja de nueva cuenta aislado con su nivel de aprobación bajando (está en 34%); peleado con los líderes republicanos en el congreso; con los medios de comunicación (incluyendo a Fox News cuyos conductores – como Shepard Smith, han confesado que no pueden encontrar a un solo republicano para salir a defender a Trump al aire); líderes mundiales, en especial los europeos que vivieron los horrores del nazismo; afro-americanos; líderes militares que expresaron su repudio a Trump; gobernadores (el de Arizona, Greg Stanton, le pidió vía twitter a Trump que reconsidere postergar el rally que tiene programado para el día 22 en Phoenix) y hasta miembros de su staff en La Casa Blanca que han filtrado a la prensa que no están contentos con las expresiones de su jefe.

 

 

Columna completa en El Universal

Foto: Archivo APO

JORGE SUÁREZ-VÉLEZ

REFORMA

 

En una democracia, las elecciones permiten que el pueblo legitime a las élites en el poder. Los electores podrían aprovechar las de 2018 para castigarlas. Motivos sobran.

La XXII Asamblea Nacional del PRI dio el marco para que miles de militantes “doblaran la rodilla” ante Peña Nieto quien elegirá a su sucesor, cuya divina unción le ratificará lealtad incondicional. Se inicia “La Cargada”, el acuerdo tácito en la lealtad estructural priista. Doblar la rodilla garantiza absolución de todo pecado, hacerlo implica abstenerse de cualquier crítica o alianza contra colegas y partido. AMLO replica precisamente ese ritual. Él decide, él escoge, nadie critica y, a cambio de lealtad incondicional, él absuelve. AMLO es el epítome del priismo, su manifestación más pura.

Al día siguiente, se supo más sobre los pagos de la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya. Éstos son una pequeña parte de los 450 millones de dólares de coimas repartidas por la constructora a gobiernos en la región, a cambio de contratos. A diferencia de la expedita reacción en Perú, Colombia y otros países, en México ha habido mínima reacción. ¿Será que parte de esos recursos financiaron la campaña de EPN? ¿Será otra investigación como la de Duarte en Veracruz donde el salvoconducto proviene del incómodo destino de parte de lo malversado? Éste es sólo un caso más en el que Lozoya intermedió para transas como las de OHL, Fertinal, Fertimex y Oceanografía. Otro compinche “leal” como Ruiz Esparza.

La élite de los partidos de oposición brilla por su ausencia. Han hecho todo menos oponerse. No han sido el contrapeso indispensable. A cambio de moches y de margen de maniobra para sus propias corruptelas, dejan de hacer lo que les toca.

Los empresarios son otra élite que claudicó. Los más poderosos aplauden y guardan silencio, ante el riesgo de que denunciar o exigir ponga sus privilegios en riesgo. Cuando nos preguntamos por qué no hay grandes empresas nuevas en México y por qué emprendemos tan poco, la respuesta empieza aquí. Demasiados empresarios están más consternados por hacer alianzas para mantener lo que tienen, que por realizar nuevos emprendimientos. Además, corrompen sin ambages si se requiere.

Pero la vida cotidiana de la gente se deteriora. Sufren de inseguridad, mal transporte público, mala infraestructura, basura, pésima educación, extorsión, trámites engorrosos, etcétera. La prosperidad es un distante espejismo para la mayoría, quien ve los grotescos desplantes de élites que restriegan el producto de la impunidad en sus caras.

Las élites cometen un error de cálculo. En la narrativa de Enrique Ochoa, presidente del PRI, el populismo de AMLO es el enemigo. Es cierto que su Presidencia sería la puntilla para México, llevándonos a un subdesarrollo perenne, en el mejor de los casos. Los empresarios prefieren no hacer olas ni exigir demasiado, porque cualquier crítica fortalece al mesías tabasqueño. Ambos se equivocan, su principal enemigo no es AMLO sino la impunidad flagrante.

Chávez no surgió solo, la élite empresarial venezolana y los partidos (AD, COPEI) le pusieron la mesa. La única forma honesta de bloquearle el acceso a cualquier populista es exigiéndole a quien contienda por la Presidencia que presente una propuesta detallada y realista de gobierno. Ésta tiene que incluir con precisión cómo va a crear un sistema de procuración de justicia profesional, eficiente, bien fondeado, con dientes, y claramente autónomo del Poder Ejecutivo. Esa fortaleza institucional, no la promulgación de leyes que nadie cumplirá, es la única forma para empezar a vencer una impunidad grotesca que ofende cada día más.

Si las élites no lo entienden y no lo exigen, los electores votarán sólo para castigarlas, aunque al hacerlo se acaben haciendo más daño. Al menos, tendrán compañía en su desdicha.

 

 

@jorgesuarezv

 

 

Me duele de México la inseguridad en que se vive, la pobreza que hay.

 

Si tuviera cinco minutos para hablar con todo México le diría que es momento de ser un país grande, de unirnos, de ayudarnos unos a otros, de ser leales con nosotros mismos y con nuestro país, que necesitamos dejar de ser egoístas, necesitamos gente triunfadora, personas que quieran progresar y no perjudicar, gente honesta, gente que fomente los buenos valores dentro de una familia. Es momento de dejar de ser mediocres, pensar y sentir que somos un país importante.

 

Quisiera ver un país más seguro, donde podamos vivir tranquilos. Quisiera ver un país fuerte económicamente y respetado a nivel mundial. Quisiera también ver a mi país sin tanta contaminación ni pobreza y lleno de personas exitosas. Porque tenemos muchos recursos para lograrlo, porque somos un gran país con muchas riquezas y porque los mexicanos tenemos un espíritu luchador.

 

Estos párrafos los tomo del capítulo que escribió Rafa Márquez para el libro Uno + Uno. 32 líderes sumando por México que coordinamos Carlos Mota y yo durante el año 2010. Son palabras del futbolista, escritas de su puño y letra…

 

 

Columna completa en El Universal

Foto: Twitter @RafaMarquezMX

Jorge Alcocer

Reforma

 

 

Cuentan que en septiembre de 1996 el secretario de Gobernación marcó la red presidencial para informar al primer priista que la XVII Asamblea Nacional se había salido de control. Los delegados habían aprobado lo que la prensa denominó “candados”; requisitos estatutarios que dejaban fuera de la sucesión presidencial de 1999 a dos prospectos muy cercanos a los afectos presidenciales.

 

Hay quienes creen que una llamada semejante podría tener lugar al concluir la Mesa de Estatutos de la XXII Asamblea Nacional del PRI. Dejando de lado la imaginación, es evidente que dentro del antaño disciplinado partido tricolor se manifiestan abiertamente voces que claman por impedir el regreso a la tradición del dedazo presidencial, tan eficaz durante muchas décadas. Aunque todo por servir se acaba.

 

Algunos insisten en ver al tricolor como a un enfermo terminal con fecha cierta de ingreso a terapia intensiva. Sin embargo, si a los votos, no a los deseos de sus adversarios, atendemos, el PRI será uno de los tres competidores centrales en la contienda que dará inicio el 8 de septiembre próximo. Cosa que, por cierto, no puede presumir el desfalleciente PRD, extraviado en la búsqueda de una alianza con el PAN, con la que espera arañar los votos que lo salven de bajar a las ligas menores.

 

Si la pelea de esta semana es por los candados, los rijosos están un poco confundidos; les haría bien releer los Estatutos de su partido antes de protagonizar pírrica batalla campechana. En efecto, aunque quitar el requisito de los 10 años de militancia parece indispensable para dos aspirantes cercanos a los afectos presidenciales, podría tratarse de una mala lectura.

 

De Aurelio Nuño se rumoró, hace 2 años, que no aparecía en el padrón de afiliados del PRI, pero eso siempre se puede corregir con la credencial oportuna y la fe de erratas certificada por fedatario; no sería la primera vez que así ocurre. El caso de José Antonio Meade Kuribreña es más polémico ya que el hoy secretario de Hacienda (lo fue también de Felipe Calderón) ha reconocido públicamente que no está afiliado a ningún partido, así que en su caso la credencial no funcionaría. Lo que sí funciona son las normas del artículo 196, en relación al 7 y 8, de los actuales Estatutos del PRI, que contemplan los casos de aspirantes a una candidatura, no afiliados al tricolor, en caso de alianza electoral. Si usted pensó en un destapador verde acertó, aunque también serían útiles para el caso el PANAL o el PES, que salen más baratos, al menos hasta hace pocas semanas.

 

Así que dejar el requisito de 10 años de militancia podría ser inocuo para esos dos aspirantes; a menos que los conversos a la democracia, como los ex gobernadores Murat y Ruiz, pretendan imponerles otros requisitos imposibles de cumplir. Aunque otros aspirantes están blindados ante casi cualquier cambio estatutario, no es el caso del ex rector de la UNAM, José Narro, al que sacarle del archivo muerto el requisito de haber tenido previamente un cargo de elección popular provocaría el mismo efecto que la kryptonita a Superman. De prosperar esa pretensión la inevitable pregunta será ¿de parte de quién? Creo que no será necesaria.

 

Tampoco parece tener futuro la pretensión de que la Asamblea tricolor acuerde que el método de selección de su candidato presidencial sea la consulta abierta a todos los ciudadanos. Por la experiencia previa (1999) los delegados al cónclave tricolor harían bien en leer la entrevista publicada en este diario a Francisco Labastida, ex candidato presidencial.

 

Inyectar en el cuerpo del casi nonagenario partido una sobredosis de democracia podría provocarle un síncope de consecuencias dramáticas para su salud. No le funcionó hace 18 años; nada indica que ahora lo haría. Menos aún cuando la capacidad de conducción del actual primer priista está lejos de la que tenía en aquel momento su inmediato antecesor (del PRI).

 

Posdata. Estarán unidos, hasta que el candidato los separe. El vaticinio es de Gustavo Madero.

 

 

Foto: Archivo APO

No se hagan bolas, podría arrancar diciendo el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, el próximo 12 de agosto cuando el partido celebre su 22 Asamblea Nacional. No se hagan bolas respecto a los candados de los estatutos y la tan traída y llevada cantaleta de la necesidad de reformarlos para ampliar la baraja de posibles candidatos. Y es que, estando como están los estatutos, todos caben en la ecuación para ser el próximo candidato del partido a la presidencia.

¿Qué requisitos son necesarios para poder ser postulado para cualquiera de estos mecanismos?

Luis Videgaray, Aurelio Nuño, Miguel Angel Osorio Chong, Eruviel Ávila cumplen con los requisitos para ser candidatos de acuerdo con su militancia de más de diez años en el partido y demás puntos contenidos en el artículo 166 de los estatutos.

Se ha dicho que Narro y Meade no cumplen con el requisito de militancia. Falso. Narro fue presidente de la Fundación Siglo XXI, antecesor de la hoy Fundación Colosio, en 1993 lo que lo hace afiliado al PRI desde entonces (más de diez años) y parte de la Asamblea, de acuerdo con el artículo 21 de los estatutos del partido. Quien va a la Asamblea es dirigente y por lo tanto cumple con el requisito de ser militante y cuadro del PRI.

 

Columna completa en El Universal

Foto: Archivo APO

El diario El Financiero y Alejandro Moreno publican una nueva medición sobre la percepción que los mexicanos tienen sobre el presidente de Estados Unidos, la relación entre ambos países y el interés que despierta en México lo que sucede en el país vecino.

 

Al cuestionar a los encuestados qué tanto les interesa lo que sucede en Estados Unidos, un 31% indicó que “poco”, mientras que sólo un 19% respondió que “mucho”. 21% indicó que “algo” y 26% “nada”. Con estas cifras, se observa que poco o nada impera en las respuestas.

 

Al medir cómo son las relaciones entre México y Estados Unidos, la percepción registró un cambio respeto al mes anterior, ya que ne junio 67% indicó que “malas/muy malas”, mientras para julio sólo 57% mantuvo la misma opinión, siendo una diferencia de 10 puntos los mismos que aumentaron en las respuesta que consideran que “ni buenas ni malas”, ya que en junio registró un 10% y en julio aumentó a 20%.

 

En cuanto a la opinión que se tiene sobre el mandatario estadounidense, se detalla que un 88% opina de manera desfavorable mientras que un 3% indica que es favorable.

 

 

Con información de El Financiero / Foto: Archivo APO

JOSÉ WOLDENBERG

REFORMA

 

 

 

 

Vivimos en el reino de la opinión. Cada quien tiene una. Y los comentaristas políticos no somos una especie ajena a ello. No podemos serlo, el oficio, al parecer, demanda veredictos sucintos y contundentes. El “pequeño” problema es que los hechos han empezado a ser prescindibles y las percepciones ocupan su trono. La “realidad” -lo que a estas alturas quiera decir- con sus complejidades, pliegues, embrollos, dificultades, puede ser exorcizada del discurso siempre y cuando uno tenga adjetivos suficientes para conjurarla. Es más sencillo reforzar prejuicios que intentar explicar o siquiera narrar lo que sucede. Malos tiempos, como quizá lo sean todos.

 

Vayamos al espinoso tema de la fiscalización de los recursos de los partidos durante las campañas electorales. Solo, por lo pronto, a las cifras que ilustran la magnitud y complejidad del asunto. Un piso de información (creo) necesaria. 3,254 campañas debieron ser fiscalizadas: 335 de diputados locales por el principio de mayoría relativa, 51 de diputados de representación proporcional, 22 gobernadores, 1848 presidentes municipales y 998 regidores. Esa fiscalización de campañas locales es una nueva encomienda para el INE fruto de la reforma del 2014. ¡Y prepárense para lo que viene!: en junio hubo elecciones en 4 estados, el próximo año además de las federales, habrá votaciones en 30 entidades.

 

El tope de gastos de campaña que no fija el INE -sino que se encuentra establecido en una fórmula en cada legislación local-, fue para los candidatos a gobernador en Coahuila de 19.2 millones de pesos, en el Estado de México de 285.6 y en Nayarit de 20.5. Si tomamos en cuenta que el número de electores en cada uno de esos estados era, respectivamente, de 2.1 millones, 11.3 millones y 814 mil, el gasto por elector autorizado era de 9.32, 25.24 y 25.13 pesos en cada uno de esos estados. No resulta extraño entonces que el rebase del tope fuera más probable en Coahuila que en los otros dos.

 

En Coahuila los partidos reportaron como gastos las siguientes cifras (para todas las elecciones: gobernador, Congreso y presidencias municipales): Coalición PAN 39.8 millones de pesos (todas las cifras han sido redondeadas); Coalición PRI 32.1 y PRI solo 17.3; PRD 4.4 y Morena 12.2. Pero el INE detectó que la coalición en torno al PAN había omitido gastos por 6 millones de pesos; la coalición en torno al PRI 4.6 y el PRI 2.3; PRD 101 mil pesos y Morena 2.6 millones.

 

En el Estado de México, donde solo hubo elección para gobernador, los partidos reportaron como gasto lo siguiente: PAN 95.8 millones; Coalición PRI 116.1; PRD 56.3; PT 18.0 y Morena 122.3. No obstante, el INE encontró gastos no reportados por los siguientes montos: PAN 59.2 millones; Coalición PRI 52.1; PRD 71.4; PT 10.8 y Morena 16.1.

 

Si uno suma los resultados de gastos no reportados de todas las elecciones -aquí solo hemos presentado una pequeña muestra- el monto crece hasta 270 millones de pesos que los partidos no incluyeron en sus informes y que el INE -auxiliado por los institutos locales- encontró y puede documentar (no a “ojo de buen cubero”). ¿Cómo lo hizo? Monitoreando la publicidad en la vía pública, en los medios impresos, realizando visitas de verificación a los eventos de los partidos, a sus respectivas casas de campaña y atendiendo quejas de los partidos.

 

La tarea de fiscalización -en su nuevo formato- no es sencilla. Los legisladores decidieron centralizar en una sola institución (INE) lo que en el pasado realizaban 33 institutos (el Federal y 32 locales). Esa tarea debe hacerse en un tiempo muy ajustado (45 días) porque además la misma reforma (2014) estableció como causal de nulidad de la elección el rebase del tope de gasto de campaña en un cinco por ciento, siempre y cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar no fuera superior al 5 por ciento de los votos.

 

Leo una conmovedora novela de Ian McEwan, La ley del menor (Anagrama, 2015). El personaje central es una juez del Tribunal Superior británico que desahoga conflictos familiares. Es una mujer sabia, sensible, con temple, acostumbrada a lidiar con las contrahechuras de la existencia, y sabe por experiencia propia que la ley, a la que rinde tributo -porque sin ella la vida en sociedad sería una jungla-, en ocasiones es también una “serpiente venenosa”.