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Ante el incremento de quejas sobre los cobros de colegiaturas por parte de escuelas privadas, pese a que no estar impartiendo clases presenciales debido a la contingencia sanitaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) invitó a los padres y a las instituciones a buscar acuerdos en beneficios de todos.

La dependencia indicó que tal como lo ha dicho la Profeco, la emergencia sanitaria no es pretexto ni libera al consumidor (padres de familia o tutores) de sus obligaciones de pago, ya que puntualizó, no reciben clases debido a una causa de fuerza mayor.

La SEP invitó a escuelas particulares, con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), a entablar un diálogo con madres, padres y tutores con el objeto de conciliar el pago por la prestación de sus servicios.

Pidió a ambas partes tener un acercamiento para acordar los pagos de inscripciones, reinscripciones, colegiaturas y demás conceptos, considerando que la pandemia del Covid-19 afecta a todas las familias, pero también a las escuelas y al personal académico.

«Es imprescindible que todos sean solidarios», indicó el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, quien exhortó a conciliar, en favor de los alumnos, maestros y propietarios de tales instituciones educativas.

La Secretaría indicó que cuando hay alguna controversia, se puede acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, quien en días pasados expresó que es conveniente, que las escuelas y los padres de familia o alumnos, puedan conciliar y acordar condiciones de flexibilidad para realizar los pagos.

Algunas de las opciones que ha mencionado la Profeco son: parcialización de pagos, meses sin intereses, cuota reducida, entre otras.

La Profeco ha señalado que se debe tratar el tema escuela por escuela, incluso atender situaciones de alumnos en lo particular.

Foto: Twitter  @mbuciom

A nombre de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, el legislador Héctor Yunes Landa exhortó al gobierno federal a tomar medidas ante la gran amenaza que la pandemia del coronavirus, Covid-19, representa para la economía de las personas, los comercios y las empresas en nuestro país.

«Es posible que millones de personas que resulten o no afectadas por el contagio del coronavirus, sufran la pérdida de sus empleos y el cierre de sus comercios y sus empresas», señaló el diputado.

Ante dicho escenario, el priísta pidió declarar estado de emergencia sanitaria, garantizando al menos, un mes de salario mínimo con cargo al empleador, como está establecido en la ley Federal del Trabajo, y hasta por tres meses, proporcionalmente como crédito fiscal.

De igual forma, que se emita una prórroga en el pago de las obligaciones fiscales federales, específicamente IVA e ISR por los próximos tres meses. También propuso una prórroga por tres meses en el pago de luz, agua, teléfono, televisión e internet, hablando de servicios que presta el gobierno o empresas que ostentan una concesión del Estado.

En ambos casos, explicó, la medida aplicaría a partir del mes de abril, y los adeudos serían pagados proporcionalmente en los siguientes seis meses, sin recargos ni penalizaciones.

Yunes Landa solicitó que se aplace tres meses a partir de abril, el pago de las obligaciones bancarias, las cuales se solventarían en los tres meses posteriores del vencimiento normal a la tasa vigente, sin recargo ni penalizaciones. Además, una prórroga del crédito hipotecario por tres meses, pagaderos a fines del vencimiento pactado de acuerdo a la tasa acordada originalmente.

Pidió que todos los servicios sociales federales sean gratuitos los próximos tres meses, a partir del mes de abril, como el cobro de licencias, de permisos, actas de nacimiento, matrimonio, y todos aquellos que recaude la Federación.

Solicitó que se diseñen estímulos fiscales a los comercios y empresas que mantengan su planta laboral, como parte de un gran acuerdo nacional convenido entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo federal, en el que se deberá invitar a participar al sector privado y al sector social.

En ese sentido, informó que el grupo parlamentario del PRI, encabezado por el diputado René Juárez Cisneros, presentará un punto de acuerdo, a fin de reducir el impacto económico del Covid-19. «Es momento de que el Gobierno Federal tome las decisiones que nos permita mitigar la crisis económica que se avecina», concluyó Héctor Yunes.

Con la finalidad de implementar medidas preventivas adicionales en  salud  ante la emergencia del Covid-19, la titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, informó que se publicó un acuerdo en el cual todas las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la administración pública suspenderán los términos y plazos para la realización tramites.

«Es decir, se declaran días inhábiles a partir del lunes y en consecuencia, se suspenden todos los términos y plazos de actuaciones y dirigencias en procesos administrativos ante el gobierno de la ciudad; la realización de trámites en general, y la atención en ventanilla, así como la atención de solicitudes de acceso a la información pública y datos personales», dijo en conferencia de prensa.

La suspensión, en términos de atención al público, aplicará del lunes 23 de marzo hasta el viernes 19 de abril del 2020, reanudando actividades en todos estos ámbitos, a partir del 20 de abril del 2020, aunque se aclaró que eso sucederá si las condiciones sanitarias lo permiten.

Explicó que con dicho acuerdo, se emiten facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, se prorrogan todos los plazos para el cumplimiento de las contribuciones fiscales. «Congelamos los términos de los pagos y se pueden realizar todos los que se tenían que realizar en el mes de abril hasta el 30 de abril del 2020».

En caso del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, cuyo vencimiento para la obtención del subsidio es el próximo 31 de marzo, se otorga una ampliación para la obtención de esta condonación hasta el 30 de abril.

Se detalló que los medios de pagos electrónicos se encuentran habilitados y no sufrirán cambios, pues se cierran únicamente los pagos en ventanilla.

La funcionaria negó que con el acuerdo emitido se esté paralizando la actividad económica del gobierno local.

De acuerdo al expediente entregado al INAI por la Presidencia de la República, se confirman los contratos millonarios con al menos 36 periodistas durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación de Nancy Flores de la revista Contralínea mediante la cual tuvo acceso a un folio de 780 fojas relativo a 43 empresas de columnistas y medios de comunicación por la venta de contenidos.

Entre los periodistas destaca Joaquín López-Dóriga, quien a través de las empresas Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López-Dóriga y Premium Digital Group mantuvo contratos con el gobierno federal, de 2012 a 2018, por 290 millones 352 mil 869 pesos.

Se menciona, también a Óscar Mario Beteta, quien a través de su empresa Comentaristas y Asociados SC, vendió cada mención por 15 mil pesos más IVA; el total, de acuerdo al expediente fue 74 millones 571 mil 101 pesos.

La empresa de Martha Debayle, Media Marketing Knowledge o BBMundo Direct SA de CV cobró por publicidad en sus revistas impresas Moi y BBMundo, radiofónicos y redes sociales, ocho millones 243 mil 761 pesos.

Otras de las empresas beneficiadas fueron Periódico Digital Sendero SAPI de CV (SDPNoticias), de Federico Arreola por 152 millones 282 mil 653 pesos; Editorial Clío, Libros y Videos SA de CV, de Enrique Krauze Kleinbort, que obtuvo 61 millones 629 mil 920 pesos; Editorial Cruzada (revista Siempre!) que facturó 59 millones 204 mil 89 pesos.

Comercial Media Bizcom SA de CV (Chiapas Hoy, Órale, qué chiquito periódico y Por Esto!), con beneficio de 44 millones 282 mil 591 pesos; Estrictamente Digital SC (Eje Central), por un monto de 36 millones 413 mil 723 pesos.

Comunícalo SA de CV, de Ricardo Alemán cobró en el sexenio pasado, 28 millones 194 mil 67 pesos; Editora de Publicaciones Especializadas y Consultores en Comunicación SA de CV, relacionada al columnista Luis Soto Ortíz, sumó 26 millones 846 mil 752 pesos.

Conducción de Telecomunicaciones SC de Adela Micha obtuvo un ingreso de 24 millones 754 mil 501 pesos; Comunicación Extensa SC de Pablo Hiriart recibió 22 millones 149 mil 942 pesos; Comunicaciones Estratégicas Newlink SA de CV (Callo de Hacha, diariodeconfianza.mx), 21 millones 450 mil pesos.

Ankla Comunicación, SA de CV fue utilizada como propuesta publicitaria anual dirigida a la Unidad de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Hacienda para emitir cápsulas del periodista en los espacios radiofónicos en Grupo Fórmula de López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Óscar Mario Beteta, por un monto de 147 mil pesos más IVA; sin embargo, «por tratarse de la SHCP, que es un cliente muy importante para nosotros, les ofrecemos una tarifa de 73 mil 500 pesos más IVA».

Por control remoto, la empresa ofrecía transmitir «en la fecha y hora que ustedes elijan» por un millón 500 mil pesos y aumentaba a un millón 800 mil más IVA si prefería en particular aparecer dentro del programa de los miércoles «con la mesa de Roy Campos, René Casados y José Fonseca».

Si se trataba de conferencias magistrales, el costo era de 35 mil dólares más IVA. En total, de 2012 a 2018, Ankla Comunicación obtuvo contratos por 89 millones 773 mil 949 pesos; sin embargo, dejó de operar hace un año y medio.

Recordemos que fue Nancy Flores la periodista que la semana pasada acusó a Óscar Mario Beteta de violentarla vía telefónica cuando intentó obtener su versión sobre la información que le proporcionó la Presidencia de la República en relación a los pagos que su empresa recibió de parte del gobierno anterior.

Este viernes comenzó a circular en redes sociales un supuesto comunicado en el que se informaba que debido al ataque cibernético sufrido el pasado fin de semana a sus sistemas, habría retrasos en los pagos de sueldos y aguinaldos a los trabajadores de Pemex.

El supuesto boletín indica que debido a la complejidad de los daños sufridos a las redes de cómputo, el personal sindicalizado y de confianza podría sufrir retrasos en el pago de sueldos de nómina y pago de aguinaldos.

«Les pedimos su comprensión en caso de que no les sean depositados sus alcances salarias, reiterándoles la seguridad de que dentro del plazo que marca la legislación laboral, el cual vence a más tardar en el mes de enero de 2020, quedarían totalmente regularizados los pagos», se lee en el mensaje atribuido a Pemex.

Sin embargo, fue la dirección de Petróleos Mexicanos quienes desmintieron la autenticidad del mismo, e indicaron que los pagos a los trabajadores, están operando con absoluta normalidad, «por lo que el depósito de los salarios y demás prestaciones tanto a trabajadores en activo como jubilados se realizó puntualmente esta semana y los próximos pagos se harán de acuerdo al calendario de pagos programado».

Pidieron hace caso omiso a boletines «apócrifos», pues indicó que los rumores sólo dañan a la empresa y sus trabajadores. Aprovecharon para reiterar que los sistemas de operación y producción de Pemex funcionan con normalidad.

El mismo lunes, Pemex dijo informó que operaba con normalidad, además de que el funcionamiento de los sistemas de operación y producción de la empresa no estaban comprometidos, ya que se encuentran blindados.

«La red interna de Pemex, al igual que todas las grandes empresas e instituciones gubernamentales y financieras, nacionales e internacionales, recibe con frecuencia amenazas y ataques cibernéticos que al día de hoy no han prosperado», señaló.

Sin embargo reconoció que el ataques cibernéticos sí habían afectado el funcionamiento a menos del 5% de los equipos personales de cómputo.

El Banco de México (Banxico) informó que a partir de hoy inicó la obligatoriedad, para los bancos participantes en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), de ofrecer la recepción y procesamiento de pagos relacionados con la plataforma Cobro Digital (CoDi).

Banxico indicó que las instituciones que ya están certificadas para los cobros digitales administran el 99.3% de las cuentas consideradas por la regulación y el 99.7% de los pagos menores a ocho mil pesos.

Aclararon que si bien la generación de las solicitudes de pagos no es obligatoria para los participantes, de no ser ofrecida por los bancos, los clientes podrán generar dichas solicitudes desde otras aplicaciones, como puede ser la aplicación de CoDi de Banco de México.

Banco de México  indicó que entre los beneficios de pagar con CoDi destacan: solicitar y realizar pagos en cuestión de segundos de una manera sencilla, eficiente, segura y sin comisiones; disponer de los recursos de manera  inmediata; promover la competencia entre los distintos servicios de pagos, y fomentar la inclusión financiera.

La plataforma CoDi, desarrollada y operada por Banco de México, permitirá solicitar pagos entre individuos o empresas desde sistemas desarrollados con ese fin y realizar dichos pagos a través de un dispositivo móvil usando la aplicación de algún participante del SPEI que lleve cuentas de depósito a sus clientes.

La plataforma de CoDi ha estado a disposición de los participantes del SPEI desde el 27 de abril de 2019 para sustentar las pruebas piloto realizadas por aquellas instituciones que así lo decidieron.

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes informó que luego de las reuniones y diálogo entablado con autoridades federales, el pago a sus agremiados avanzó de manera considerable.

«De los 93 hospitales que forman parte de esta asamblea, el 95.7% ha recibido los pagos retrasados y/o la devolución del bono sexenal», indicaron a través de un comunicado.

Señalaron que se han iniciado pláticas, específicamente con la Comisión de Salud en el Senado de la República, para iniciar el proceso legislativo correspondiente para integrar la figura jurídica del médico residente.

En su comunicado agradecieron el apoyo recibido por parte de todos los niveles de gobierno, medios de comunicación, la sociedad en general y en especial, de todos los hospitales que se sumaron al movimiento.

Indicaron que tras el avance en los pagos que se presentaron, decidieron dar por terminadas las actividades académicas permanentes en todos los hospitales, reintegrándose a sus actividades asistenciales de forma regular.

Sin embargo, aclararon que trabajarán bajo protesta hasta el próximo 30 de abril, fecha en que esperan queden cubiertos los pagos al 100% y se tengan los resultados de las reuniones con los senadores sobre si se logrará una reforma a la ley donde se les reconozca.

«Reconocemos el compromiso y el esfuerzo de las autoridades de mantener el diálogo dentro de la civilidad y los exhortamos a mantenernos en este canal de comunicación, evitando las represalias y amenazas a cualquier de los integrantes de esta Asamblea», remataron.

Tras varios años, el presentador de televisión Matt Lauer fue expulsado de su codiciado rol protagónico este miércoles, luego de denuncias de mala conducta sexual.

 

En medio de un movimiento creciente que señala a hombres poderosos de diversos casos de acoso y agresión sexual, el despido de Lauer significa que dos mujeres ahora se encuentran dentro de los tres conductores de televisión mejor pagados.

 

Robin Roberts y Megyn Kelly, que trabajan para ABC y NBC, respectivamente, se unen a Sean Hannity de Fox News como los tres presentadores de noticias con mayores ingresos. Hannity es el presentador de noticias televisivas con más ingresos, y gana el doble que Roberts y Kelly, quienes son ocupan el segundo y tercer sitio.

 

Esa clasificación ha cambiado significativamente en los últimos años, con la expulsión de Lauer y la del ex presentador de Fox News Bill O’Reilly, quien aún ganó $37 millones en 2017 a pesar de su despido, según Forbes. Lauer había ganado $20 millones por su puesto de programa Today, aunque Forbes y Variety lo han estimado en cerca de $25 millones.

 

Mientras que Kelly y Roberts mantiene la delantera como las mujeres con altos ingresos en los medios, varios presentadores de noticias masculinos los siguen de cerca, incluyendo a George Stephanopoulos de ABC, quien gana $15 millones, y Anderson Cooper de CNN, quien gana $12 millones, según Variety.

 

Sean Hannity: $36 millones de dólares

A pesar de las criticas de sus compañeros de formar parte de la élite «sobrepagada», Hannity es el presentador de noticias con mayores ingresos de la televisión. El presentador de Fox News obtuvo unos asombrosos $36 millones entre el 1 de junio de 2016 y el 1 de junio de 2017, según Forbes.

 

Robin Roberts: $18 millones de dólares

Roberts, quien está al frente de Good Morning America de ABC desde 2005, gana $18 millones, según Forbes. En su tiempo en ABC, Roberts lideró a su equipo para ganar cuatro Premios Emmy por el Programa de Mañana Sobresaliente, así como el Premio People’s Choice 2017 por el Equipo de Alojamiento de TV Favorito durante el Día.

 

Megyn Kelly: $15 a $20 millones de dólares

Kelly se mudó a NBC este año en un movimiento que sorprendió a los televidentes. Con la expulsión de Lauer, Kelly es ahora también la anfitriona de NBC más rentable. Si bien sus ganancias exactas de NBC se han disputado, su salario probablemente oscila entre $ 15 millones y $ 20 millones, según varios medios de comunicación. 

 

 

Texto publicado en The Time por  Jennifer Calfas

Se dio a conocer el estudio “Control… sobre todo el estado de Coahuila”, en el que se detalla cómo el cártel de Los Zetas tenía en su nómina a diversos funcionarios públicos, desde policías municipales hasta funcionarios de la PGR, incluso a los gobernadores de Coahuila Humberto y Rubén Moreira, y de Veracruz, Fidel Herrera y Javier Duarte.

 

El estudio fue presentado por investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, y en él se revela que el grupo criminal no sólo se beneficiaba de dichos funcionarios, sino también de instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

 

La información fue recabada de las declaraciones de más de 20 testigos que hablaron como parte de tres juicios federales llevados a cabo en Estados Unidos contra miembros del grupo criminal. «Los testigos explicaron cómo Los Zetas pagaron sobornos y contribuyeron a las campañas electorales de gobernadores y candidatos políticos para garantizar la continuación sin restricciones de sus negocios ilegales».

 

Pese a los detalles que se ofrecen en de cómo se realizaba la trama entre el cártel y los gobiernos estatales, el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán ha negado las acusaciones, e insistió en que ha tenido que lidiar con el tema desde 2013. Sin embargo, aseguró, dicha información no es mas que una «falsedad».

 

Por su parte Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, negó categóricamente lo detallado en el informe de la Universidad de Texas.

 

 

Con información de Medios / Foto: Twitter Plaza de Armas

En plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares a una empresa establecida en Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, quien en aquellos días fungía como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo copia de estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua (propiedad de Odebrecht) en los que aparecen siete transferencias a favor de Latin American Asia Capital Holding, la cual ha sido señalada por un delator de la constructora brasileña como la empresa a través de la cual se pagaban sobornos a Lozoya.

 

Las transferencias equivalen a 40 millones de pesos, al tipo de cambio de aquel entonces.

El dinero fue enviado desde la cuenta 244006 del Meinl Bank, ubicado en la isla de Antigua, a nombre de la compañía ‘fachada’ Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), que era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos.

La misma cuenta había sido utilizada entre octubre de 2010 y febrero de 2011 para transferir casi un millón de dólares a una compañía ‘fantasma’ establecida en Poza Rica, Veracruz, de nombre Blunderbuss Company SA de CV, detrás de la cual opera una red de prestanombres vinculada al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte, según constató MCCI.

El diario brasileño O’Globo y la organización mexicana El Quinto Elemento Lab revelaron ayer el contenido de la declaración del ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, en la que éste aseguró que en marzo de 2012 se reunió con Emilio Lozoya, y que en ese encuentro el entonces integrante de la campaña presidencial de Peña Nieto le solicitó cinco millones de dólares como pago por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz, en donde Odebrecht asentó su base de operaciones.

La campaña presidencial de 2012 en México inició el 30 de marzo, y a las tres semanas empezaron a fluir los depósitos de Odebrecht, según los estados de cuenta del Meinl Bank obtenidos por MCCI.

Una primera transferencia por 250 mil dólares a favor de Latin American Asia Capital Holding se realizó el 20 de abril de 2012; el 25 y el 27 del mismo mes, hubo otros dos depósitos, uno por 495 mil y otro por 505 mil dólares. Siguieron varios depósitos más, incluso una pausa en el flujo de dindeor, pero los depósitos de Odebrecht reiniciaron hasta el 7 de noviembre de 2012, pero a una segunda empresa ligada a Lozoya, de nombre Zecapan SA, también con base en Islas Vírgenes Británicas.

En esa ocasión la transferencia del Meinl Bank se realizó desde la cuenta 244001, a nombre de Klienfeld Services Ltd., otra empresa ‘fachada’ que era utilizada por Odebrecht para encubrir sobornos. Ese depósito fue por 137 mil 478 dólares.

Unos días después de esa transferencia, el 12 de noviembre de 2012, el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto se reunió con Marcelo Odebrecht, de acuerdo con una relación de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil, a los que tuvo acceso MCCI.

 

 

Para consultar la investigación completa AQUÍ 

El gobierno de los Estados Unidos está pagando más de 130.000 dólares al mes para alquilar un espacio en la Trump Tower para la oficina militar que apoya a la Casa Blanca, esto a pesar de que Donald Trump no ha pasado una noche en el rascacielos de Nueva York desde que se convirtió en presidente.

 

El gobierno firmó un contrato de arrendamiento de $ 2.39 millones para alquilar un espacio de 3.475 pies cuadrados en el edificio para los militares del 11 de abril de 2017 al 30 de septiembre de 2018, casi 18 meses en total, de acuerdo con documentos de arrendamiento que The Wall Street Journal obtuvo a través de una solicitud de información.

 

El gobierno acordó pagar 180.000 dólares en los últimos 20 días de abril de 2017 y 130.000 dólares al mes después, según el contrato publicado por la Administración de Servicios Generales (GSA por sus siglas en inglés), la agencia que negocia acuerdos de espacio de oficinas para el gobierno

 

El GSA omitió grandes porciones del contrato de arrendamiento, incluyendo el nombre de la persona que posee el espacio Trump Tower que el gobierno está alquilando. Un funcionario del Pentágono escribió en una carta recibida por el diario que el espacio es propiedad privada de alguien no afiliado a la Organización Trump y que la dependencia no ve ninguna manera en la cual Donald Trump pueda beneficiarse del dinero del alquiler.

 

El arrendamiento de los militares en la Torre Trump pone el espacio muy por encima de la tasa de mercado para los apartamentos de tamaño similar en el mercado de lujo de gran altura y lo convierte en uno de los alquileres residenciales más caros en Manhattan.

 

Los militares estadounidenses usan la Oficina Militar de la Casa Blanca para proveer servicios médicos, de comida, transporte y comunicaciones que por regla deben estar cerca del presidente en todo momento. El ejército también asegura que el llamado «juego nuclear» (el maletín que permite al presidente autorizar un ataque nuclear) acompañe al comandante en jefe durante sus viajes. Sus operaciones están separadas de las del Servicio Secreto.

 

La cifra de alquiler, que no se ha revelado anteriormente, es sólo para el Departamento de Defensa. Otras agencias, como el Servicio Secreto de Estados Unidos, también se enfrentan a mayores costos derivados de las frecuentes visitas de Trump a sus otras propiedades.

 

Por ejemplo, el Servicio Secreto solicitó 25,7 millones de dólares adicionales en el presupuesto de 2018 para cubrir los gastos relacionados con la protección en la Trump Tower y la «huella» del presidente en la ciudad de Nueva York.

 

El listado más caro de Trump Tower recientemente fue un piso de 3,725 pies cuadrados, de tres dormitorios en la planta 62. Se enlistó en meses pasados de 2016 por $ 50.000 al mes sin amueblar y $ 60.000 al mes amueblado, de acuerdo con Streeteasy.com.

 

El Pentágono dijo en febrero que estaba buscando alquilar espacio en la Trump Tower para llevar a cabo sus funciones de apoyo para al presidente, quien tiene tanto una casa como una oficina en el rascacielos de Nueva York que lleva su nombre.

 

Trump dijo en una entrevista con Fox News en abril pasado que se siente culpable cuando vuelve a Trump Tower porque es muy caro para el país y los cierres de las calles molestan a los neoyorquinos. La primera dama Melania Trump y Barron Trump, el hijo de la pareja, se mudaron a la Casa Blanca desde Trump Tower el 11 de junio.

 

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. El Pentágono remitió una solicitud de comentarios sobre el asunto a la Casa Blanca y al GSA.

 

James A. MacStravic, Subsecretario de Defensa de Acquisición, Tecnología y Logística, dijo en una carta del 3 de marzo al representante Jackie Speier, un demócrata de California, que el Pentágono no tenía conocimiento de ningún medio por el cual Trump se beneficiaría personalmente del contrato de arrendamiento.

 

«Para aliviar su principal preocupación (es decir, que el presidente de los Estados Unidos podría beneficiarse financieramente del arrendamiento), por favor, sepa que este espacio residencial es de propiedad privada y que las negociaciones de arrendamiento han sido sólo con los representantes del propietario», escribió MacStravic antes de la firma del contrato de arrendamiento. «No estamos enterados de ningún medio por el cual el presidente se beneficiaría personalmente de un arrendamiento del gobierno de este espacio.»

 

El Sr. MacStravic dijo en la carta que la Oficina Militar de la Casa Blanca había pedido la aprobación para alquilar espacio en Trump Tower para el personal asignado para apoyar al presidente mientras está en su residencia privada, que él dijo en la carta era un apoyo típico al de los ex presidentes y vicepresidentes.

 

El requisito de proximidad a la residencia del presidente «impulsa la ubicación y el precio de esta adquisición», dijo, señalando que el análisis de su oficina indicó que el alquiler en el edificio era más barato que la compra.

 

El GSA firmó un «arrendamiento firme» de 18 meses con el dueño de la propiedad de Trump Tower, según el documento. El contrato, que entró en vigencia el 13 de abril, dice que el gobierno puede cancelar el contrato de arrendamiento en cualquier momento después de que expire el «plazo firme», proporcionando no menos de 180 días de anticipación al propietario, dice el documento.

 

Aunque el nombre del dueño de la propiedad es redactado en el contrato, el inventario de arrendamiento de GSA lista al dueño del espacio en Trump Tower como Joel R. Anderson, un hombre de negocios originario de Alabama y un vecino de Trump en el edificio. El Sr. Anderson es el presidente de Anderson Media Corp., un gran distribuidor de DVD, CD y distribuidor libros. Su biografía en el sitio web de la compañía lo describe como miembro de la junta directiva de Trump Tower.

 

La empresa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.

 

 

Texto publicado en The Wall Street Journal por Paul Sonne

Foto: Archivo APO

De acuerdo a información publicada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) concluyó la actividad correspondiente al pago de contraprestaciones dentro de la última etapa de la Licitación Pública para Concesionar el Uso, Aprovechamiento y Explotación Comercial de 191 Frecuencias de FM y 66 Frecuencias de am.

 

, el principal grupo licitador de las frecuencias de radio para hacerse de 37 estaciones no cumplió con el pago.

 

Se sabe que respecto a las 37 estaciones que había ganado Tecnoradio, y por las cuales debería pagar 280 millones de pesos pero, el grupo perderá 41 millones de pesos, y en términos de las bases de licitación correspondientes, las frecuencias podrán asignarse a los participantes que hayan manifestado interés en continuar en el proceso con las subsecuentes posturas válidas más altas. 

 

 

Con información de 24 Horas – IFT / Foto: Archivo APO