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El Gobierno de Haití informó que extenderá el estado de emergencia en todo el Departamento Oeste, donde se ubica la capital del país, desde este jueves 4 de abril hasta el 3 de mayo próximo.

Las autoridades también decidieron extender el período de toque de queda en toda esa demarcación desde este miércoles hasta el 10 de abril próximo.

Estas disposiciones han sido tomadas con el fin de restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación, se especificó en el comunicado emitido por la oficina del primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert.

El toque de queda se extenderá desde las siete de la noche hora local hasta las seis de la mañana hora local del miércoles próximo.

Esta medida no se aplica a los agentes del orden en servicio, bomberos, conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados.

Durante el período del estado de emergencia, todas las manifestaciones en la vía pública están prohibidas, de día o de noche, en el Departamento Oeste.

En consecuencia, se ordenó a la policía utilizar todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores.

La orden de Boisvert no sorprende a los haitianos, ya que la situación de violencia imparable que afecta a la capital, principalmente, se mantiene a causa de los ataques por doquier de las bandas armadas que controlan o inciden en casi la totalidad de Puerto Príncipe.

Lo dispuesto por el ministro interino se produce cuando aumentan las expectativas en torno a reuniones para la conformación del Consejo Presidencial para la Transición en Haití, impulsado por la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, con el propósito de sacar a Haití de una situación de inseguridad sin precedentes.

Mientras se llevan a cabo esas discusiones, algunas zonas de la región metropolitana de la capital presentaron este miércoles una aparente calma, y en otras áreas se escucharon intensos tiroteos durante todo el día.

La Policía Nacional de Haití (PNH) intensificó sus operaciones como única institución que queda en pie en el país desde que estalló la crisis a finales de febrero pasado, y se declara movilizada y decidida a seguir luchando contra las bandas armadas en concertación con la población.

En un comunicado hecho público ayer, la PNH anunció la muerte de un poderoso jefe de banda en un intercambio de disparos, así como la incautación de armas y municiones.

‘New York New York’, el jefe de la banda de Cité Doudoune, en la comuna de Croix-des-Bouquets, al norte de la capital, fue abatido, según la policía, durante una operación para acabar con el bandidaje.

Las pandillas que controlan gran parte de Puerto Príncipe asaltaron este miércoles la Biblioteca Nacional de Haití.

Los grupos armados también atacaron y saquearon en recientes días los locales de la Escuela Nacional de las Artes y de la Escuela Normal Superior. Unos actos que la Unesco condenó.

Tras varios días de disminución de la violencia, las pandillas retomaron el lunes sus asaltos en varias zonas de Puerto Príncipe.

Estas bandas se unieron a finales de febrero para atacar lugares estratégicos de la capital, como sedes del gobierno, el aeropuerto, el puerto, comisarías y cárceles, en un pulso contra el impopular primer ministro Ariel Henry, y desde entonces han sumido a la ciudad en el terror.

Recordemos que Henry anunció el 11 de marzo que iba a renunciar y ceder el poder a un consejo presidencial de transición compuesto por representantes de partidos políticos, de la sociedad civil, del sector privado y las comunidades religiosas.

La violencia pandillera ha obligado a más de 53,000 personas a huir de Puerto Príncipe entre el 8 y el 27 de marzo, agravando aún más la grave crisis humanitaria en el país. Y es que los haitianos tienen que lidiar cada día con la escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este viernes que el país cumple “un año completo” sin que se hayan registrado homicidios, poniendo así en valor la llamada “guerra contra las pandillas”.

“Terminamos el 10 de mayo de 2023 con cero homicidios a nivel nacional. Con esto son 265 días sin homicidios, un año completo”, sostuvo el mandatario salvadoreño a través de su cuenta de Twitter.

El mandatario acompañó su publicación con un vídeo en el que se aborda la situación de seguridad en el país, y se detalla que son 365 días sin muertes “desde 2019”, fecha en que Bukele asumió la Presidencia.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, celebró que este es “un logro que demuestra el compromiso y la determinación de un Gabinete de Seguridad que trabaja articuladamente”.

“Un hito histórico. Desde el 2019 cuando el presidente Bukele inició su gestión de gobierno, comenzamos a escribir una nueva historia para El Salvador, no ha sido fácil, pero tampoco imposible”, manifestó Villatoro en su perfil de Twitter.

Recordemos que el gobierno de El Salvador decretó en marzo del año pasado el estado de excepción tras una sucesión de jornadas violentas en el país.

Desde entonces ha sido prorrogado en sucesivas ocasiones y ha facilitado la detención de más de 66,000 presuntos pandilleros.

La medida no ha estado exenta de polémica pues, a pesar de que parte de la población valora positivamente los resultados, más allá de las fronteras salvadoreñas se suceden denuncias por violaciones de Derechos Humanos.

Las autoridades han detenidos a millares de presuntos pandilleros a los que, tras saturar los centros penitenciarios del país, ha enviado a una macrocárcel, oficialmente denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo, construida en tiempo récord y con capacidad de acoger hasta 40,000 reclusos.

El propio Bukele ha llegado a compartir en sus redes sociales vídeos propagandísticos en los que se recoge el proceso de traslado y en los que se observa a los presuntos pandilleros ataviados con apenas un calzón blanco, maniatados por la espalda y con la cabeza gacha.

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, intervino hoy por videomensaje en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde defendió la campaña que se lleva a cabo en su país contra las pandillas, que según ella, ha convertido al país en “el más seguro de América Latina”.

“El Salvador ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo y ha pasado, con cifras verificables, a ser el más seguro de América Latina” gracias al Plan Control Territorial, afirmó la canciller salvadoreña.

“Muchas voces sin conocimiento ni fundamento se han pronunciado en contra de este inmenso esfuerzo de país, pero el mejor indicador de que estamos en la vía correcta son los millones de salvadoreños que aprueban las medidas del Ejecutivo, al haber capturado y sacado de las comunidades a más de 64,000 criminales”, añadió.

La funcionaria dijo que todas las decisiones hasta ahora tomadas, han permitido devolver a los salvadoreños las condiciones de paz y seguridad que todo ciudadano aspira a tener,.

Hill destacó que la segunda fase del plan de control busca prevenir los delitos mediante medidas como la generación de oportunidades sociales para los jóvenes.

“Hemos devuelto la tranquilidad, la paz y la esperanza combatiendo a las instituciones criminales que tanta sangre, dolor y luto causaron a nuestra gente durante tres décadas consecutivas”, aseguró la canciller, quien defendió el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Nacional desde hace un año para apoyar la campaña.

La ministra de Relaciones Exteriores aseguró que, con la llegada a la presidencia de Nayib Bukele en junio de 2019, el país inició un proceso de transformación teniendo como estandarte el bienestar de la población y el fortalecimiento de la democracia, que acusó, “durante décadas estuvo anclada por la inequidad, la exclusión y los privilegios de muy pocos”.

Sin embargo, recordemos que la campaña de Bukele contra las bandas criminales ha recibido una serie de críticas por considerar que ha propiciado abusos de las autoridades.

Organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7,900 denuncias de irregularidades, la mayoría por detenciones arbitrarias.

La cifra de detenciones de supuestos miembros y personas ligadas a pandillas en El Salvador asciende a 56,716 en los siete meses de régimen de excepción, implementado por el presidente Nayib Bukele.

El Ministerio de Seguridad y Justicia actualizó la cifra este viernes sin detallar cuántas de las personas capturadas son pandilleros o a qué banda pertenecen.

La Presidencia informó recientemente que en los siete meses de régimen de excepción suman 128 días sin homicidios, y en lo que va de la administración de Bukele se cuentan 227 días sin ningún asesinato.

El régimen de excepción ha sido prorrogado en siete ocasiones por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, e implica la suspende de varias garantías constitucionales.

Se prevé que El Salvador concluya 2022 bajo esta medida, promovida por el presidente Bukele para “combatir” a las pandillas.

La medida ha sido criticada por diversas organizaciones en El Salvador y el mundo. Recientemente, siete organizaciones locales dieron a conocer que registran 4,071 denuncias por violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción.

Estas denuncias se suman a las más de 3,400 registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) superan las 7,400.

La mayoría de denuncias son por detenciones arbitrarias y los registros apuntan a los cuerpos de seguridad como los victimarios, en especial elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), señala que la mitad de los salvadoreños dice que el régimen de excepción “no resolverá el problema” de las pandillas, aunque 75.9% aprueba la medida.

Recordemos que el gobierno atribuye la reducción de homicidios a su plan Control Territorial y a la medida de régimen de excepción.

Al menos 18 personas han fallecido bajo la tutela del Estado salvadoreño durante los poco más de dos meses del polémico estado de excepción que busca combatir a las pandillas en el país, de acuerdo a una investigación divulgada el jueves por Amnistía Internacional (AI).

El organismo, con sede en Londres, agregó que las autoridades han cometido “violaciones masivas de derechos humanos”, entre ellas, miles de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso de los imputados, tortura y malos tratos al interior de los centros de detención en contra personas procesadas por pertenecer o colaborar con las maras.

A mediados de mayo, la agencia Reuters ya había reportado que, en medio del estado de excepción, la fuerza pública había detenido a decenas de inocentes acusados de pertenecer a las pandillas para cumplir con cuotas de capturas impuestas por sus superiores.

“Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días”, dijo AI en un comunicado.

Los números están basados en reportes de la ONG centroamericana Cristosal, que señaló que el total de fallecidos son hombres y que algunos murieron por falta de atención médica oportuna y otros presentaron signos de agresión, como moretones. Todos fallecieron en hospitales o camino a ellos.

Previo a conocerse la denuncia de Amnistía Internacional, en un discurso por su tercer año de mandato, el presidente Nayib Bukele aseguró que su gobierno está a punto de “ganar la guerra contra las pandillas” y cuestionó a quienes han señalado abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia.

“Digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, les digo: no nos van a detener. Tenemos a Dios y al pueblo salvadoreño de nuestro lado”, afirmó el gobernante.

El estado de emergencia ha sido prorrogado en dos ocasiones apoyado por los diputados oficialistas, mientras que más del 70% de los salvadoreños avalan la medida contra los grupos criminales, según tres diferentes encuestas.

A fines de marzo, Bukele pidió al Congreso declarar un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, luego de un repunte histórico de los homicidios.

Sin embargo, las medidas tomadas han despertado la crítica de diversos organismos de derechos humanos, como AI, Human Rights Watch y otros, que consideran que se están violando los derechos humanos al encarcelar a miles de inocentes. Se ha acusado que las autoridades han limitado el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a un juez independiente, además de realizar detenciones sin el cumplimiento de requisitos legales y audiencias con hasta 500 acusados a la vez.

Desde el 27 de marzo hasta el momento, la Policía y el Ejército han detenido a más de 36,000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas, entre ellos, 1,190 menores de 18 años de edad, según cifras oficiales.

El gobierno de El Salvador pedirá nuevamente a la Asamblea Legislativa la ampliación del estado de excepción, a pesar de las cientos de denuncias de violaciones a derechos humanos, informó la Presidencia en Twitter.

“El Presidente Nayib Bukele se encuentra reunido con el Gabinete de Seguridad. Luego de analizar los resultados de los dos meses del Régimen de Excepción, pedirán al Consejo de Ministros que solicite a la Asamblea Legislativa su prórroga”, publicó la Presidencia este miércoles.

Recordemos que el Congreso de El Salvador decretó el estado de excepción, que suspende derechos constitucionales, a finales de marzo tras una ola de violencia que cobró la vida de 87 personas en los días más mortíferos de la administración de Bukele, próxima a cumplir tres años de gestión.

De acuerdo con una investigación periodística de El Faro, esta escalada se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre el Ejecutivo y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Hasta el momentos, ni presidente Bukele ni ningún funcionario han aceptado o rechazado la publicación.

El estado de excepción suspende las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa.

A pesar que la Constitución señala que la prórroga por 30 días se puede autorizar únicamente si se mantienen las causas que generaron la declaración, mientras que la escalada de asesinatos se controló en los primeros días de dicho estado de excepción, el Parlamento aprobó el 25 de abril pasado su extensión.

La Asamblea Legislativa realizará hoy su sesión plenaria correspondiente a esta semana, pero se desconoce si la segunda ampliación del régimen será aprobado este día o si se convocará a una sesión extraordinaria antes del 28 de mayo, día en el que concluye la primera ampliación.

Según defensores de derechos humanos, una nueva ampliación del régimen de excepción estaría “fuera del marco de la Constitución”, en momentos en los que en el país está “configurando una situación de lesa humanidad”.

Amnistía Internacional ha denunciado que el gobierno del presidente Bukele ha “pisoteado los derechos de la población salvadoreña” con el estado de excepción.

“Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, indicó la organización.

La cifra de detenidos en El Salvador durante un régimen de excepción, implementado para controlar la violencia generada por las pandillas, supera las 19,000 entre finales de marzo y este miércoles, día en el que concluye el primer periodo de 30 días de dicho decreto.

De acuerdo con el presidente Nayib Bukele, han sido detenidos más de 19,000 supuestos miembros de pandillas o personas vinculadas a estas bandas y suman tres días consecutivos con más de 1,000 detenciones. Tanto Bukele como la Policía Nacional Civil se han referido a los arrestados como “terroristas”.

Ni el mandatario, ni las autoridades de Seguridad han detallado cuántas de las personas detenidas son miembros de pandillas, a qué pandilla pertenecen y cuántas son señaladas de tener vínculos con dichas estructuras.

Recordemos que la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 27 de marzo la suspensión de garantías constitucionales tras una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas en tres días y colocó el día 26 como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 víctimas.

En una sesión extraordinaria del domingo, el oficialismo aprobó ampliar por 30 días más el plazo del régimen de excepción a petición del Ejecutivo de Bukele.

El mandatario firmó y mandó a publicar en la edición del Diario Oficial del 25 de abril la medida que le otorga por un mes más poderes especiales y cuyos efectos comenzarán a las 00:00 hora local de mañana jueves.

La norma extiende la vigencia de los poderes extraordinarios para el gobierno de Bukele en su llamada “guerra contra las pandillas”, bandas señaladas de cometer la mayoría de homicidios en el país centroamericano, que cuentan con más de 70,000 miembros y que han resistido a los planes de seguridad de las diferentes administraciones.

Las detenciones masivas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el régimen de excepción, pero hasta el momento se desconoce si el gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.

Con la ampliación de estado de excepción quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la libre asociación y reunión, a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días. También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.

Amnistía Internacional (AI) ha señalado que la ampliación de este régimen de excepción es una “tormenta perfecta” contra los derechos humanos.

Durante su visita a Suffolk en New York, el Presiente Donald Trump reiteró su deseo de construir el muro fronterizo con México y amenazó con represalias comerciales si los países centroamericanos no aceptan a los inmigrantes que deporte su gobierno, e incluso amenazó con utilizar la brutalidad policial para “exterminar” a las pandillas callejeras.

 

Como parte de su discurso, el presidente aseguró que las organizaciones criminales acabando con la tranquilidad de todos los estadounidenses, razón por la que “tenemos que construir el muro”. “Le vamos a hacer un favor a México (…) porque saben que ya no van a poder entrar por ahí”.

 

Al referirse a la llama “Mara Salvatrucha”, el mandatario indicó que la política de brazos abiertos a la inmigración ilegal “se acabó”, y llamó a las fuerzas policiales a que actúen “con dureza” frente a estos criminales, “no sean amables” pidió el republicano y sentenció:  “los encontraremos, los arrestaremos, los encarcelaremos y los deportaremos”.

“Van a ir directos de vuelta a sus países”, sobre los que indicó que si no aceptan a sus connacionales, provocarán que  Estados Unidos utilice su “poder económico”para hacerlos entrar en razón.

 

Con información de El País / Foto: Twitter