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El Parlamento de Hungría votó a favor de ratificar la solicitud de Suecia de unirse a la OTAN, poniendo fin a más de 18 meses de retrasos que habían frustrado a la alianza mientras busca expandirse en respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania.

La votación, que fue aprobada con 188 votos a favor y seis en contra, fue la culminación de meses de disputas por parte de los aliados de Hungría para convencer a su gobierno nacionalista de que levantara su bloqueo a la membresía de Suecia.

El gobierno del primer ministro Viktor Orbán presentó los protocolos para aprobar el ingreso de Suecia a la OTAN en julio de 2022, pero el asunto se había estancado en el Parlamento debido a la oposición de los legisladores del partido gobernante.

La decisión de Hungría de aprobar la incorporación de Estocolmo allanó el camino para la segunda ampliación de las filas de la OTAN en un año, luego que tanto Suecia como Finlandia solicitaran unirse a la alianza en mayo de 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, un asalto que supuestamente pretendía impedir una mayor expansión de la OTAN.

Recordemos que se requiere el apoyo unánime de todos los miembros de la OTAN para admitir nuevos países, y Hungría es el último de los 31 miembros de la alianza en dar su respaldo desde que Turquía ratificó la solicitud el mes pasado.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, señaló que era un día histórico. “Estamos dispuestos a asumir nuestra parte de responsabilidad en la seguridad de la OTAN”, escribió Kristersson en X.

Orbán, un populista de derecha que ha forjado estrechos lazos con Rusia, ha dicho que las críticas a la democracia húngara por parte de políticos suecos enfriaron las relaciones entre ambos países y provocaron reticencias entre los legisladores de su partido Fidesz.

Pero Orbán se dirigió a los legisladores antes de la votación: “La cooperación militar entre Suecia y Hungría y la adhesión de Suecia a la OTAN refuerzan la seguridad de Hungría”.

El pasado fin de semana, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses visitó Hungría y anunció que presentaría una resolución conjunta al Congreso condenando el supuesto retroceso democrático de Hungría e instando al gobierno de Orbán a levantar inmediatamente su bloqueo a la integración de Suecia en la OTAN.

Kristersson, primer ministro sueco, se reunió la semana pasada con Orbán en la capital húngara, donde parecieron alcanzar una reconciliación decisiva tras meses de tensiones diplomáticas.

Sobre la OTAN, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que una confrontación directa entre Rusia y la Organización será inevitable si las naciones occidentales deciden enviar tropas a Ucrania.

Los comentarios de Peskov se producen entre declaraciones realizadas por el presidente francés, Emmanuel Macron, durante una conferencia ayer en París, donde un grupo de líderes europeos discutieron formas de reforzar el respaldo occidental a Ucrania.

Macron señaló que, si bien no había consenso oficial entre los líderes europeos, la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania “no debe ser descartada”, añadiendo que Occidente hará todo lo posible para garantizar que Rusia no gane el actual conflicto.

“En este caso, tendríamos que hablar no sobre la probabilidad, sino de la inevitabilidad (de un enfrentamiento con la OTAN)”, señaló Peskov, en respuesta a una pregunta sobre el potencial despliegue en Ucrania de tropas de la OTAN.

El presidente del Gobierno de España en funciones, el socialista Pedro Sánchez, trasladó este martes al rey Felipe VI su disposición a “asumir la responsabilidad” de someterse al debate de investidura y de tratar de formar gobierno, al contar con el “respaldo parlamentario” exigido.

Tras reunirse con el jefe de Estado, Sánchez dijo que “sea cual sea” la decisión que adopte el rey sobre el candidato, contará con el “respeto y respaldo” de su partido, el PSOE.

Subrayó que solo su partido está en condiciones de alcanzar el respaldo parlamentario necesario, como se vio la semana pasada al lograr la presidencia del Congreso de los Diputados, la Cámara baja del Parlamento español donde se decide la investidura.

“Solamente hay una mayoría parlamentaria posible”, “no hay otra alternativa”, recalcó, frente a la posibilidad de que el candidato sea el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

En esa caso, será “legítimo” que opte a la investidura, pero “baldío” porque sería “fallida”, pues los socialistas cuentan con “un techo mucho más alto” para lograr la mayoría necesaria, manifestó.

El rey de España concluye este martes las consultas con los partidos con representación parlamentaria antes de decidir sobre un candidato a la presidencia del Gobierno, en una ronda que cierra esta tarde hora local con Núñez Feijóo.

Y es que recordemos que la Constitución española establece que tras estas consultas el rey “propondrá un candidato”, pero no fija un plazo y podría celebrar más de una ronda antes de proponer uno.

Tanto Sánchez como Feijóo no han cerrado aún los apoyos suficientes para garantizar su investidura.

Los conservadores fueron los más votados en las elecciones de julio pasado, con 137 escaños en el Congreso, pero no cuenta con mayoría. Los socialistas obtuvieron 121 espacio, y el pasado jueves lograron los apoyos suficientes para hacerse con la dirección del Congreso.

Sin embargo, los grupos políticos que respaldaron a los socialistas advirtieron de que no está cerrado su voto para la investidura.

Núñez Feijóo defiende su candidatura como fuerza con mayor representación, mientras que Sánchez argumenta que es el grupo con más apoyos para alcanzar la mayoría suficiente entre los 350 diputados.

El candidato que proponga el jefe de Estado necesita en primera votación la mayoría absoluta o la simple en una segunda a celebrar 48 horas después.

Si tras ambas no obtiene el apoyo suficiente, en un plazo de dos meses desde la primera se podrán celebrar nuevas votaciones, pero si ningún candidato lo consigue, habrá nuevas elecciones.

El tabloide “The Daily Mail” confirmó este viernes que el ex primer ministro británico Boris Johnson será su nuevo columnista, después de que el político conservador decidiera abandonar el Parlamento del Reino Unido.

“Estamos encantados de anunciar a Boris Johnson como nuestro nuevo columnista. Famoso por ser uno de los escritores más ingeniosos y originales en el ramo, la columna de Boris aparecerá en el Daily Mail todos los sábados”, señala el diario en su cuenta de Twitter.

El anuncio va acompañado por un video del exjefe del Gobierno, a quien se le ve corriendo cerca de su casa de campo en Oxfordshire, en el centro de Inglaterra, o compareciendo en la Cámara de los Comunes cuando estaba en el poder.

Sin embargo, según reveló hoy el comité asesor parlamentario sobre nombramientos de negocios (Acoba), Johnson cometió una “clara infracción” de las reglas parlamentarias al haber informado 30 minutos antes de que se anunciara públicamente su fichaje por el tabloide sin haber dado tiempo al comité para asesorar.

“El código ministerial estipula que los ministros deben asegurarse de que no se anuncian nuevos nombramientos antes de que el comité haya podido proporcionar su asesoramiento”, señaló una portavoz del comité asesor.

Agregó que “las solicitudes que se reciban 30 minutos antes de que se anuncia un nombramiento suponen una clara infracción (del código ministerial)”. “Hemos escrito a Boris Johnson para pedir una explicación y publicaremos la correspondencia a su debido tiempo, en línea con nuestra política de transparencia”, añadió.

El tabloide, cercano al Partido Conservador, hizo el anuncio un día después de que la Comisión de Privilegios de la Cámara Baja concluyera en un informe que el exlíder “tory” engañó de manera deliberada al Parlamento sobre lo que sabía del “partygate”, las fiestas en la residencia oficial de Downing Street durante la pandemia.

La comisión recomendó que Johnson fuera suspendido de los Comunes por un periodo de 90 días, aunque la pena no se aplicará porque el político decidió dimitir como diputado hace una semana.

Johnson calificó de “basura” el informe y consideró que este jueves fue un “día espantoso” para la democracia.

El Parlamento portugués aprobó este viernes una resolución que condena el Mundial de Qatar, debido a las violaciones de derechos humanos y los delitos medioambientales en que incurrió el gobierno para organizar el torneo.

La propuesta, presentada por el partido animalista PAN, fue apoyada por la mayoría del Parlamento, incluido el gobernante Partido Socialista, aunque el PSD (centro-derecha) se abstuvo en la votación. En tanto, el partido ultraderechista Chega votó en contra.

El documento, que llega seis días después de que la selección portuguesa fuese eliminada de la competencia, condena “las violaciones de derechos humanos en Qatar, principalmente la explotación laboral de los trabajadores migrantes, los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI, incluyendo las responsabilidades de la FIFA”, así como los delitos medioambientales.

Recordemos que el Mundial en Qatar ha venido generando polémica en Portugal; el Parlamento, claramente dividido, autorizó el mes pasado el viaje del presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, para apoyar a la selección nacional.

El viaje salió adelante con el apoyo de los socialistas, que tienen mayoría absoluta, el PSD y los comunistas. El primer ministro, el socialista António Costa, también acudió a uno de los partidos de la selección lusa en Qatar.

Sin embargo, la selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo como su principal figura, no logró avanzar en el torneo, y cayó en cuartos de final ante Marruecos (1-0), equipo considerado como la gran sorpresa del Mundial.

Una delegación del Parlamento Europeo visitará nuestro país la próxima semana para analizar la relación bilateral con la Unión Europea y la cooperación en materia de seguridad, migración e igualdad de género.

La comitiva estará compuesta por catorce eurodiputados, la mitad de ellos españoles, quienes se reunirán con homólogos mexicanos para discutir sobre la situación política, económica y social en México y la Unión Europea.

También se revisarán el Acuerdo Global modernizado y la cooperación en materia migratoria, desde la perspectiva de países de tránsito y destino, y se hablará sobre igualdad de género y cómo combatir la violencia contra la mujer, precisó la Eurocámara en un comunicado.

Se trata de la vigésimo octava reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, la primera que se celebra desde el inicio de la pandemia hace más de dos años, por lo que será una ocasión “fundamental” para “retomar el dialogo”, dijo el jefe de la delegación del Parlamento Europeo, el italiano Massimiliano Smeriglio.

Según la Eurocámara, este encuentro se celebra en un momento “clave” para las relaciones entre la UE y México, ante la posibilidad de lograr un acuerdo para la ratificación del Acuerdo Global modernizado y, en consecuencia, finalizarlo.

Ese acuerdo, “cuya conclusión se está finalmente aproximando”,” nos permitirá dar un paso sustancial en nuestras relaciones en todos los aspectos”, destacó Smeriglio.

La cita estará liderada por los copresidentes de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE, la senadora Gabriela López Gómez y el propio Smeriglio, quienes darán una conferencia de prensa en la Ciudad de México el jueves próximo.

La visita de los eurodiputados se producirá luego de diversos señalamientos que el presidente López Obrador ha hecho, al calificarlos de “irresponsables y entrometidos”, a quienes sigue dominando una “mentalidad colonialista”.

Apenas esta semana, la Comisión de Venecia, el presidente cuestionó las señalamientos que hiciera el Consejo de Europa contra la reforma electoral que se discute en el Congreso, y que busca hace cambios en el Insstituto Nacional Electoral (INE), entre otras medidas.

El mandatario reprochó que el organismo europeo se pronunciara sobre la reforma, retomando sus acusaciones de que calló cuando él padeció fraudes electorales en los comicios presidenciales de 2006 y 2012.

“Qué bueno que opinen los europeos eso para que lo tomen en cuenta en el debate los legisladores, pero cuando nos hicieron los fraudes a nosotros, cuando nos robaron la presidencia, esos europeos callaron como momias, nunca dijeron nada”, dijo en una de sus conferencias matutinas.

La Comisión de Venecia, es un órgano consultivo del Consejo de Europa encargado de cuestiones constitucionales.

El legislador conservador británico, William Wragg, confirmó este miércoles que presentó una carta de censura contra la primera ministra Liz Truss, tras sentirse “avergonzado” por el minipresupuesto que presentó el mes pasado y que provocó la agitación de los mercados financieros.

El gobierno ha comunicado a legisladores que la votación sobre la política de fracking de hidrocarburos de Truss, que se realizará hoy, será tratada como una moción de confianza, y quienes voten en contra serán apartados del grupo parlamentario.

Wragg dijo que, aunque se opone al fracking, votaría en favor del gobierno para no ser expulsado del grupo parlamentario.

Y es que la destitución invalidaría una carta de censura que Wragg dijo que ya había presentado al presidente del Comité 1922 de legisladores conservadores, que establece las normas para la selección y el cambio de un líder. “Deseo mantener esa carta”, dijo al Parlamento.

Wragg, legislador desde 2015, es presidente de la Comisión de Administración Pública y Asuntos Constitucionales del Parlamento y vicepresidente del Comité 1922.

“La falta de previsión de los altos miembros del gobierno no la puedo perdonar fácilmente”, dijo Wragg. “Lo que ocurrió con esa comunicación financiera, me avergüenza personalmente porque no puedo ir a ver a mis electores, mirarlos a los ojos y decirles que deben apoyar a nuestro gran partido”.

Esta semana, la primera ministra se disculpó por haber puesto en peligro la estabilidad económica de Reino Unido, después de verse obligada a desistirse de su intención de aplicar planes de reducción de impuestos y a optar por un “doloroso” programa de recortes del gasto público.

Después de semanas culpando a los mercados y a los “vientos en contra globales” de que los inversores se deshicieran de la libra esterlina y los bonos del Estado, Truss dijo que lamentaba haber ido “demasiado lejos y demasiado rápido” con su plan económico radical diseñado para sacar a Reino Unido de años de crecimiento estancado.

Los mercados, que se desplomaron después de su “minipresupuesto” del pasado 23 de septiembre, siguen bajo tensión incluso después de que el nuevo ministro de Finanzas de Truss, Jeremy Hunt, pusiera fin a sus planes, y ahora está luchando por sobrevivir, sólo seis semanas después de acceder al cargo.

Todo indica que la disculpa de Truss no aplacó la creciente rebelión dentro de su partido, el Partido Conservador, donde varios legisladores le están instando a dimitir. Muchos de ellos temen perder sus puestos en las próximas elecciones.

Un nuevo sondeo de opinión de YouGov sugiere que incluso los miembros del Partido Conservador que la apoyaron como primera ministra lo están pensando. Más de la mitad de los encuestados cree que debería dimitir, mientras que un tercio quiere que su predecesor, Boris Johnson, la sustituya.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, afirmó que la denuncia presentada por Mario Delgado, presidente nacional de Morena, en contra de los diputados que no apoyaron la reforma electoral es uno de los mayores atentados a la democracia mexicana.

El priísta señaló que tratar de eliminar a la oposición es muestra de “una intención totalitaria y pone en riesgo la marcha del país”.

Aseveró que las y los diputados del PRI, conscientes de su responsabilidad histórica y después de agotar los espacios de diálogo, reiteraron su rechazo a una iniciativa que ponía en peligro el desarrollo económico de la Nación.

Además, el legislador refutó cualquier acusación que desde el partido oficial se haga por su decisión y actuar. “Tomamos en serio la acción jurídica realizada por el señor Mario Delgado y levantaremos la voz para denunciar este atentado contra la democracia”, advirtió.

Dijo que en los próximos días, la bancada del PRI en Diputados comunicará a todos los parlamentos del mundo la acción realizada por el partido oficial, que traducen como un intento de acabar con la democracia mexicana y dejar al parlamento sin la oposición.

El clima nacional, recalcó, no merece acciones como las que encabeza Mario Delgado, ya que trastoca la marcha de las instituciones y prende la alerta de intentonas golpistas.

“Morena no tiene capacidad de diálogo, no sabe construir acuerdos, está mostrando la cara de la intolerancia y el verdadero rostro fascista que esconde bajo una máscara de supuesta apertura”, manifestó.

Moreira Valdez externó su confianza en las autoridades de procuración de justicia de este país, “pero no pasamos por alto el ánimo fascista del partido que más legisladores tiene en la Cámara de Diputados”.

Agregó que no es de un demócrata denunciar por el hecho de no coincidir en un tema, sobre todo cuando hubo un periodo de análisis, en el que se escuchó a diferentes sectores y se dieron buenas razones para no apoyar una iniciativa que no beneficiaba a México.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ofreció el martes una disculpa “de todo corazón” por haber asistido a una fiesta de cumpleaños en su oficina, acto con el que incumplió las normas del confinamiento impuestas por su gobierno contra la pandemia de COVID-19.

El político británico aseguró que no violó las reglas a sabiendas ni engañó al Parlamento. “No se me ocurrió” que la reunión fuera una fiesta, afirmó Johnson ante los legisladores de la Cámara de los Comunes.

Fue la primera comparecencia parlamentaria de Johnson desde que fue multado por la policía tras el escándalo, conocido como el “partygate”.

El primer ministro pagó la semana pasada una multa de 50 libras, equivalente a 66 dólares, por asistir a su propia fiesta sorpresa de cumpleaños en la residencia oficial de Downing Street en junio de 2020.

La policía todavía está investigando otras fiestas en edificios gubernamentales a las que Johnson también asistió supuestamente.

En su discurso, aseguró que entiende el dolor y el enfado causado por las fiestas y ha reconocido que la ciudadanía tiene el derecho a esperar “lo mejor” de su primer ministro. “Fue mi error y me disculpo por ello sin reservas”, agregó antes de indicar que prefería centrarse en la situación de Ucrania.

Además de Johnson, su esposa y el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, también recibieron la multa el martes pasado. En total, la Policía Metropolitana de Londres emitió una treintena de sanciones.

La Policía Metropolitana abrió una investigación propia sobre doce eventos en ocho fechas distintas, con el objetivo de verificar si efectivamente se habían violado las regulaciones impuestas por el gobierno para contener la propagación del coronavirus.

La investigación de la Policía se lanzó al margen del informe independiente encargado por el gobierno y que ya puso en tela de juicio unas reuniones celebradas entre mayo de 2020 y abril de 2021. Johnson, que asistió al menos a tres de ellas, ha pedido perdón pero siempre ha sostenido que no se incumplieron las normas.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, ha dado luz verde a una petición de la oposición británica para celebrar una votación y dilucidar si Johnson debería ser investigado por mentir al Parlamento sobre las reuniones.

La Rada Suprema o Parlamento de Ucrania aprobó hoy la implantación del estado de excepción decretado por el presidente, Volodímir Zelenski, ante el agravamiento de la situación en el este del país y la amenaza militar rusa.

La medida extraordinaria, de aplicación en todo el país, salvo en las regiones de Donetsk y Lugansk, que desde 2014 se encuentra bajo una administración político-militar, fue adoptada con los votos de 335 diputados de 339 presentes.

El decreto de Zelenski establece que el estado de excepción entre en vigor a partir de la medianoche del 24 de febrero por un período de 30 días en 22 regiones de Ucrania y su capital Kiev.

Los jefes de las administraciones regionales de Kiev deben crear gabinetes operativos para la coordinación de acciones para la implantación del estado de excepción y garantizar su régimen jurídico.

El estado de excepción contempla la prohibición de reuniones masivas y huelgas, el cambio de domicilio de militares y reservistas, el funcionamiento equipos de radioaficionados, así como la preparación de materiales informativos que puedan desestabilizar la situación en el país.

Además, incluye la evacuación de los habitantes de lugares peligrosos, el control de documentación de los ciudadanos, la regulación de las estaciones de radio y televisión civiles y la posibilidad de plantear la prohibición de las actividades de partidos políticos y organizaciones sociales en interés de la seguridad nacional y el orden público.

En caso de necesidad, el estado de excepción permite restringir la libertad de desplazamiento, el registro de medios de transporte y las pertenencias de los ciudadanos, e implantar toque de queda, decisión que delega en las autoridades regionales.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danílov, explicó previamente que, si fuera necesario, la ley marcial puede ser implantada de manera instantánea. “Ahora no hay decisión sobre eso, pero estamos preparados para cualquier cosa”, añadió.

En cuanto la implantación de toque de queda, Danílov indicó que las decisiones en esa materia serán adoptadas por las autoridades regionales dependiendo de la situación.

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, aseguró que no se han podido refutar los argumentos de la iniciativa presidencial que reforma la Constitución en materia eléctrica, pese a que durante los cinco foros que se han desarrollado hasta el día de hoy, como parte del Parlamento Abierto, se le han manifestado los contra de la reforma y se han cuestionado algunos de los conceptos que la CFE ha presentado.

Las declaraciones de Bartlett se dieron en el marco del encuentro con las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena en su reunión plenaria, celebrada ayer en el recinto legislativo de San Lázaro.

“Son malísimos, son muy mentirosos. La iniciativa del Presidente es muy clara en la exposición de motivos, y no han hecho la menor crítica a ella, se van a decir que ‘la energía sucia’, son mentiras, no han podido de ninguna manera refutar los argumentos del Presidente de la República”, dijo el funcionario.

Por otro lado, el funcionario señaló que la Cámara de Diputados tiene amplia apertura para que los sectores interesados participen en los foros del Parlamento Abierto sobre la citada reforma.

“De verdad hay toda clase de posibilidades de participación y está abierta a todos los sectores, a todos los interesados; es un Parlamento Abierto de verdad”, remató.

Y mientras Bartlett asistía a la plenaria de Morena, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Foro 5º del Parlamento Abierto en torno al análisis de la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo Federal, denominado “Creación de la CFE y electrificación nacional, nacionalización de la Industria Eléctrica, liberalización de la generación y comercialización eléctrica; participación del sector privado en la Industria Eléctrica”.

La jornada inició con el tema “El Papel del Estado en la Construcción del Sistema Eléctrico Nacional”, con la participación de especialistas.

El presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez de Morena, resaltó que se trata de un tema sumamente interesante, con visiones amplias y distintas. Calificó este ejercicio como positivo y constructivo; “va a ser de mucha utilidad para las tres comisiones que vamos a intervenir en el dictamen y, por supuesto, posteriormente, en caso de llegar al Pleno, para los 500 diputadas y diputados que integramos la Cámara de Diputados”.

Francisco José Barnés de Castro, ex rector de la UNAM y socio director de Cifra2 Consultores, firma especializada en energía y medio ambiente, afirmó que la reforma propuesta por el Ejecutivo debe ser rechazada en todos sus términos por el grave daño que causaría al sector eléctrico, a la CFE, a las finanzas públicas, a la confianza de los inversionistas y a la economía nacional.

Señaló que es mucho más restrictiva para el sector privado, cancela el derecho de los usuarios calificados de contratar y recibir electricidad de otras fuentes de suministro diferentes a la CFE, a las inversiones existentes en más de 800 centrales eléctricas se les impone un cambio radical en su modelo de negocio, lo cual es violatorio de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, y cancela todos los permisos de generación y los contratos de la CFE con el sector privado.

Por su parte Óscar Moreno Silva, abogado o especializado en infraestructura y proyectos de energía, calificó como preocupante que en los transitorios se cancelen los permisos de generación el día que entre en vigor la reforma, ya que tiene una afectación grave a inversionistas, pues es una expropiación de facto, debido a que estos permisos habían sido otorgados mediante proceso de ley.

Mónica Rodríguez Díaz, consultora senior y encargada de las cuentas para el sector energético en la firma Integralia Consultores, enfatizó que “no requerimos una hipercentralización de la industria eléctrica, sino herramientas regulatorias y políticas en manos de todos los participantes de la industria que ayuden a mitigar la crisis climática”.

Durante su participación en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, Manuel Bartlett , director general de la CFE, acusó que los privados pretenden apropiarse del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y de la CFE, sin generar un mercado de competencia y estableciendo monopolios.

Durante el Foro 2, “Redes eléctricas, Generación: Sociedades de Autoabastecimiento, PIES (Productores Independientes de Energía), Subastas de Largo Plazo y Proyectos de Generación posteriores a la Reforma de 2013”, organizado por la Cámara de Diputados, el titular de la CFE habló sobre los mecanismos donde empresas privadas, particularmente extranjeras, participan en detrimento de las finanzas de la empresa. 

Dijo que  las sociedades de autoabastecimiento, figura que acusó de constituir un esquema ilegal al simular múltiples socios que en realidad son clientes de un dólar, cuestan 10 mil mdp al año a la CFE. Señaló que cuentan con un despacho privilegiado, que no se sujeta a criterios de costos, y pagan menos porteo, a costa del resto de generadores, lo mismo que sucede con los generadores independientes, que también representan pérdidas al pagarles supuestos excedentes de energía.   

Bartlett Díaz enfatizó que la CFE no es enemiga de las energías limpias. Indicó que tan solo en 2021 generó el 38.2% de su energía con fuentes limpias y 61.8% con fósiles, mientras que los privados el 20.5% con fuentes limpias y el 79% con fósiles.

Pese a que se había anunciado la presencia en este foro de diversos líderes del sector privado, con figuras como Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cambio de día y hora inicialmente planteados influyeron en que fuera el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, el único que acudiera al diálogo con el fin de servir como contrapeso a Bartlett.

Pese a los planteamientos del director de CFE, Abugaber afirmó que la participación de los particulares evitó apagones, además de que defendió que el autoabastecimiento de energía eléctrica es totalmente legal. “El 70% del crecimiento de generación fue hecha por el sector privado, si lo hubiera hecho CFE no sé si tuviéramos luz en este momento”.

A este reclamó Bartlett contestó que no había ningún peligro de que no se tenga electricidad en este momento, y para ello le dijo “déjennos a nosotros hacer la reforma constitucional (…) y daremos la electricidad que necesita México para el desarrollo”. En ese sentido dijo que fortalecer a la CFE, mediante la iniciativa de reforma que presentó el presidente López Obrador, es un asunto de seguridad nacional.

Abugaber negó que el sector privado no pague la electricidad. “Sí pagamos. Tan sí pagamos que CFE Transmisión y Distribución tiene utilidades, imagínese las pérdidas que tendría si no pagáramos”. Acusó que con las descalificaciones que se hace a los privados, se manda una mala señal a la inversión, necesaria para la CFE y para el gobierno federal.

El presidente de la Concamin indicó que si bien están en contra de la reforma, están conscientes de que pueden realizarse ajustes al esquema actual con el que opera la industria eléctrica. “El empresariado quiere construir con el sector público (…) queremos construir con CFE, no queremos destruir”.

El primer ministro británico Boris Johnson rechazó este miércoles los llamados a que renuncie, en medio de un discurso en el Parlamento, donde incluso los legisladores de su propio Partido Conservador han manifestado su descontento por una serie de fiestas que violaron las normas de la cuarentena impuesta por su gobierno.

La presión a Johnson aumentó al grado que un legislador conservador se pasó al opositor Partido Laborista y un exmiembro de su gabinete lo exhortó, “en el nombre de Dios, ¡vete!”.

David Davis, exministro del Brexit, hizo la exhortación durante una sesión de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, donde Johnson defendió la trayectoria de su gobierno en materia económica, de lucha contra el crimen y el combate contra la pandemia.

Sin embargo, Johnson trató de evadir las preguntas sobre el escándalo conocido como el “fiestagate”, que amenaza con poner fin a su carrera política.

Pidió hoy esperar a conocer las conclusiones de la investigación de la funcionaria Sue Gray, a cargo de establecer qué pasó en el 10 de Downing Street y si el primer ministro sabía que se trataban de eventos sociales y no de citas de trabajo.

Y es que Johnson asistió a una fiesta con bebidas alcohólicas en el jardín de la residencia oficial de Downing Street en mayo de 2020, cuando estaban prohibidas las reuniones fuera de las casas para contener la trasmisión del COVID-19.

“Nosotros cumplimos mientras que ellos andaban confundidos”, dijo acerca de los políticos opositores. Estos a su vez le dijeron que muchos británicos lo consideran un charlatán, un hipócrita, un mentiroso y “estúpido”.

El legislador conservador Christian Wakeford, que se pasó al laborismo, dijo a Johnson, “tanto usted como el Partido Conservador en su conjunto se han mostrado incapaces de brindarle a este país el liderazgo y gobierno que merece”.

Ahora, los conservadores estudian la posibilidad de pedir un voto de retiro de confianza a Johnson, quien hace apenas dos años dio a los conservadores a su mayor victoria electoral en cuatro décadas.

Recordemos que bajo las normas del Partido Conservador, se puede solicitar el voto de retiro de confianza en el líder del partido si 54 legisladores envían cartas a un funcionario del partido para exigirlo. Hasta ahora, apenas un puñado de legisladores conservadores han reclamado abiertamente la renuncia, pero se cree que varias decenas han enviado las cartas, incluso algunos elegidos cuando Johnson lideró la contienda en diciembre de 2019.

Si una mayoría de los 359 legisladores del partido votaran por retirarle la confianza a Johnson, se realizaría una contienda para reemplazarlo como líder conservador, y el ganador pasaría a ser primer ministro.

El Parlamento sueco votará el próximo lunes la nueva elección de la socialdemócrata Magdalena Andersson como primera ministra, tras su dimisión ayer debido a la salida del Gobierno de los ecologistas, apenas unas horas después de recibir el apoyo de la Cámara.

Andersson, primera mujer elegida jefa de gobierno en Suecia, duró cerca de ocho horas en el cargo: el Parlamento toleró su elección al no tener a la mayoría en su contra (175 escaños), pero luego la Cámara aprobó la moción alternativa de los presupuestos del bloque de derecha, lo que causó la reacción de los verdes y luego la renuncia de la socialdemócrata .

El presidente del Parlamento, Andreas Norlén, anunció hoy la votación tras constatar que Andersson mantiene sus apoyos, pero lamentó el “incomprensible” desarrollo de los hechos, “dañino” para la confianza de los suecos en los partidos políticos y la Cámara.

Norlén dirigió sus críticas hacia el Partido del Medioambiente, al que recriminó no haberle informado en las consultas previas de que su permanencia en el Ejecutivo dependía de los presupuestos. “De haberlo sabido, claro que no habría nominado a Andersson y habría esperado a después de la votación de los presupuestos”, dijo.

Andersson no llegó a convertirse formalmente en primera ministra, ya que para ello habría sido necesaria una reunión del Consejo de Estado, presidido por el rey, pero su renuncia fue lo “más razonable”, señaló Norlén, resaltando que no hay precedentes de un caso así en Suecia y que tampoco está recogido en la Constitución.

El también socialdemócrata Stefan Löfven, que dimitió hace dos semanas cumpliendo la salida anunciada ya en agosto, seguirá ejerciendo de momento como primer ministro de un Gobierno de transición hasta que se formalice la elección de su sucesora.

Andersson se había asegurado hace tiempo la abstención del Partido Centrista y, luego de largas negociaciones, la del Partido de Izquierda Socialista, tras cerrar un acuerdo sobre pensiones.

El pacto con los socialistas hizo que los centristas anunciasen ayer que no apoyarían los presupuestos del Ejecutivo, lo que permitió que saliera adelante la moción de conservadores, democristianos y el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD).

La cercanía de las elecciones generales, que se celebrarán en septiembre de 2022, y el hecho de que los presupuestos alternativos solo suponen modificar algunas partidas fueron el argumento esgrimido por Andersson para aceptar gobernar con ellos.

Pero los ecologistas, que llevan meses con malos resultados en los sondeos, rompieron el difícil equilibrio señalando que no podían gobernar con unos presupuestos negociados con el SD y que suponen además que se eliminan varias medidas verdes.

Los liberales de Justin Trudeau obtuvieron una victoria en las elecciones parlamentarias de ayer en Canadá, un triunfo a “medias” para el primer ministro, pues no logró recuperar la mayoría en el Parlamento que perdió en 2019.

Según los resultados preliminares publicados este martes por Elections Canada, que organiza la votación, el Partido Liberal obtendría 158 escaños, por debajo del umbral de 170 necesarios para obtener la mayoría.

Trudeau, de 49 años, estará entonces forzado a formar un gobierno minoritario, tal como ocurrió tres años atrás.

“Ustedes (los canadienses) nos están mandando a trabajar con un mandato claro para salir de esta pandemia hacia un futuro mejor”, declaró este martes en su discurso de victoria, acompañado de sus hijos y su esposa, Sophie Grégoire.

Era precisamente para intentar recuperar la mayoría que el jefe del gobierno convocó a mediados de agosto a elecciones anticipadas. Tras un inicio bastante favorable y unas encuestas alentadoras, Trudeau se encontró con una campaña especialmente complicada. En el terreno, tuvo que enfrentarse a multitudes de manifestantes furiosos por las medidas sanitarias frente a la pandemia. Uno de ellos incluso le arrojó piedras.

Su principal adversario, el conservador moderado Erin O’Toole, aceptó su derrota en un discurso, pero dijo que los canadienses no dieron a Trudeau el mandato mayoritario que quería. “De hecho, los canadienses lo pusieron nuevamente (en el poder) con una nueva minoría a un costo de 600 millones de dólares (canadienses) y mayores divisiones en nuestro gran país”.

O’Toole, cuyo partido habría obtenido 119 escaños, había prometido a los canadienses que él sería la encarnación de la renovación e hizo una firme campaña de centro.

Los cerca de 27 millones de canadienses mayores de 18 años que estuvieron llamados a votar el lunes debieron elegir a los 338 miembros de la Cámara de los Comunes. Cuando ninguno de los partidos es capaz de obtener una mayoría en el Parlamento, el ganador tiene que formar un gobierno en minoría.

Por eso Trudeau debe ahora negociar con los partido más pequeños, como el Nuevo Partido Democrático (NDP) o el Bloc Québécois, un partido independentista de Quebec.

Detrás del  Partido Liberal y del Partido Conservador, el Bloque Quebequés quedó tercero, con 34 escaños, seguido de socialdemócrata Nuevo Partido Democrático con 25; y el Partido Verde, con 2.

Los centros de votación abrieron a primera hora de este lunes en Canadá para elegir un nuevo Gobierno solo dos años después de los anteriores comicios y con los sondeos señalando que ni el Partido Liberal (PL) de Justin Trudeau ni el Partido Conservador (PC) lograrán la mayoría absoluta en el Parlamento.

Una de las incógnitas de la jornada electoral es cómo afectará la pandemia a la votación. Desde primeras horas de la mañana son visibles las colas de votantes en las puertas de los colegios electorales siguiendo las medidas impuestas para minimizar el riesgo de contagios de COVID-19.

Según el organismo Elecciones Canadá, más de 5.8 millones de canadienses han votado de forma anticipada, una cifra superior a la de otras elecciones.

Trudeau convocó de forma inesperada elecciones a mediados de agosto con la esperanza de que los liberales conseguirían la mayoría absoluta de la Cámara Baja del Parlamento que perdieron en las elecciones de 2019.

Y aunque Trudeau confió en el apoyo ciudadano que tenía antes de convocar a las elecciones anticipadas, las cifras han cambiado, por lo cual su apuesta podría resultarle en contra.

Las encuestas señalan un empate técnico entre liberales y conservadores en intención de voto aunque el sistema electoral canadiense, de sufragio directo, favorece al partido de Trudeau en la asignación de escaños.

Las proyecciones indican que el Partido Liberal cuenta con una intención de voto del 31.5% mientras que el Partido Conservador, liderado por Erin O’Toole, tiene el 31%. En términos de diputados, los liberales obtendrían 155, dos menos que en 2019, mientras que los conservadores se quedarían con 119, también dos menos que hace dos años.

El socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) sumaría 32 escaños, ocho más que en los anteriores comicios, y el soberanista Bloque Quebequés (BQ) perdería un diputado para quedarse en 31. Recordemos que la Cámara Baja del Parlamento canadiense está compuesta por 338 diputados.

El parlamento chino adoptó este jueves la polémica ley sobre la seguridad nacional en Hong Kong, como respuesta a las grandes manifestaciones prodemocracia que se vivieron el año pasado en la excolonia británica, y pese a las amenazas de sanciones de Estados Unidos.

Como se esperaba, los casi 3,000 diputados de la Asamblea Nacional Popular (ANP) china adoptaron esta medida que ha reactivado las protestas en Hong Kong. Solo un diputado votó en contra y seis se abstuvieron.

El anuncio del resultado de la votación fue celebrado con un largo y fuerte aplauso en el marco solemne del Palacio del Pueblo en Pekín, ante la presencia del presidente Xi Jinping.

En Hong Kong, los opositores demócratas a la influencia del gobierno central afirman que la medida abre el camino a un retroceso sin precedentes de las libertades en la metrópolis financiera de siete millones de habitantes.

“Es el fin de Hong Kong”, declaró Claudia Mo, diputada prodemocracia en el Consejo Legislativo hongkonés. “A partir de ahora, Hong Kong será una ciudad china como las otras”.

Joshua Wong, una de las figuras más destacadas de la oposición, estimó que la ley iba a “matar los movimientos democráticos” en el territorio autónomo.

En el bando pro-Pekín, la jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, aplaudió la votación en el Parlamento nacional. Como lo exige el proyecto de ley, la dirigente prometió “reforzar la aplicación de la ley y la educación para defender la seguridad nacional”.

En los últimos meses, las movilizaciones se había interrumpido debido a las medidas sanitarias para frenar la pandemia del Covid-19, pero miles de manifestantes salieron el domingo pasado a las calles para protestar contra el proyecto de ley, anunciado solo tres días antes.

El voto otorga mandato al comité permanente de la ANP para redactar un proyecto de ley que será incorporado a la pequeña Constitución de Hong Kong, evitando así la opinión del Consejo Legislativo local.

Esta ley deberá “impedir, detener y reprimir toda acción que amenace de manera grave la seguridad nacional, como el separatismo, la subversión, la preparación o la ejecución de actividades terroristas, así como las actividades de fuerzas extranjeras que constituyen una injerencia en los asuntos” de Hong Kong, según un proyecto que había sido sometido a la ANP.

El régimen comunista ha acusado en múltiples ocasiones a las “fuerzas extranjeras”, especialmente a Estados Unidos, de fomentar las protestas en Hong Kong. También ha acusado a los manifestantes radicales de librarse a actividades “terroristas”.

El Comité Permanente de la ANP podría examinar el texto a partir de junio y el proyecto de ley sería adoptado a finales de agosto, según la web NPC Observer, especialista en temas legislativos chinos.

El texto también prevé autorizar a los organismos que dependen del gobierno central a abrir en Hong Kong oficinas con autoridad en materia de seguridad nacional.

Según sus detractores, la medida supone el fin del principio “un país, dos sistemas”, que rige las relaciones entre Hong Kong y Pekín desde que el territorio fue devuelto por el Reino Unido a China en 1997.