A diferencia de lo que ha dicho por años el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), uno de los que es considerado aliado de la 4T, José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que en las últimas tres décadas no se han producido “fraudes masivos” en el país.

Cuando el TEPJF se prepara a revisar cerca de 25,000 impugnaciones de las elecciones del pasado 6 de junio, el magistrado presidente reconoció que la democracia mexicana sufriría un retroceso “gravísimo” si desaparecieran las instituciones electorales, en referencia al Tribunal y al Instituto Nacional Electoral (INE), los dos principales garantes del proceso electoral mexicano y de la salud democrática del país.

“Nuestro sistema electoral ha demostrado desde 1994 que está a prueba de fraudes masivos, lo que no quita que pueda haber trampas, compra de votos, pero hacerlo a gran escala es prácticamente imposible”, afirma Vargas Valdez en entrevista con la agencia EFE.

El magistrado presidente  refiere que el exceso de polarización política es resultado de las reiteradas declaraciones en favor de una reforma electoral, o incluso a los llamados que han aparecido sobre la desaparición de las instituciones autónomas electorales.

Dijo que esos llamados, que reconoció han surgido incluso del propio presidente López Obrador, darían pie a “un proceso gravísimo para México” porque desde hace tres décadas “los problemas políticos se dirimen en las urnas” y ya no hay fraudes como “a los que estábamos acostumbrados” en el pasado.

Vargas Valdez calificó como un retroceso lamentable que políticos ataquen a las instituciones electorales, y estimó que “hay muchos aspectos en materia electoral que se pueden mejorar y modernizar, como encontrar fórmulas mixtas de financiación” para que el gasto no dependa solo del sector público, o mejorar el marco normativo, todo lo que tenga que ver con redes sociales y “fake news”.

El problema, advirtió, es que la posible reforma electoral se convierta en un asunto “entre vencedores y vencidos para ajustar cuentas”.

Recordemos que antes de las elecciones del pasado 6 de junio, e incluso luego de conocerse los resultados, López Obrador ha venido criticando al INE y abogó incluso por la desaparición de las instituciones electorales que actúan de manera autónoma desde 1994.

Ante las presiones recibidas por el INE y el Tribunal Electoral, Vargas Valdez asegura que no teme que los dos organismos desaparezcan.

“La ciudadanía no lo permitiría. El marco constitucional nos da la protección. Hemos vivido momentos complejos y tensos. Creo que quien se cree su autonomía la tiene. No es que haya presiones es que hay quienes se dejan presionar. Quienes componen el INE o el Tribunal gozamos de la plena credibilidad para juzgar conforme a derecho”, indicó el magistrado.

Vargas Valdez asegura que el tribunal es un “órgano imparcial” sin “filias ni fobias”, y resaltó que México tiene un sistema electoral sólido, que es reconocido a nivel internacional.

El ministro se dijo “aliviado” de que el resultado de las elecciones no hayan dado a ningún partido, incluso junto a sus aliados, la mayoría necesaria para imponer reformas constitucionales.

“Hoy los escenarios están claros. Hay dos coaliciones fuertes, sabemos que no hay mayorías absolutas para promover una reforma constitucional y eso genera tranquilidad. Los partidos tienen la obligación de negociar para llegar a acuerdos parlamentarios que beneficien al país”, destacó.

Sobre la consulta que se realizará el próximo 1 de agosto, para decidir si se enjuicia a los expresidentes del país por supuestos delitos, y que fue propuesta de López Obrador y Morena, Vargas Valdez dijo que no comulga con que se consulte lo obvio. “En este caso lo obvio es que si hubiera delitos que perseguir el Ministerio Público está obligado a perseguirlos”, afirmó.

Respecto a las impugnaciones que tendrá que resolver, adelantó que el periodo más crítico será septiembre, octubre y mediados de noviembre, que es cuando se produce la homologación de los calendarios electorales de los estados. Destacó que los casos más delicados en cuanto a las impugnaciones se concentran en tres estados: Campeche, Michoacán y Aguascalientes porque las diferencias porcentuales de los votos están por debajo del 5%.

“En esos tres estados hay por tanto incentivos para judicializar el sistema electoral. En el resto de los estados las diferencias son tan amplias que las posibles anomalías no afectarán a los resultados ya estimados”, aseguró el magistrado presidente  del TEPJF.