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El expresidente de Perú, Pedro Castillo, pidió este lunes su libertad y su restitución como jefe de Estado en una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) que estudia cinco demandas de habeas corpus presentadas por su defensa para que se suspenda una de las dos órdenes de prisión preventiva que pesan sobre él.

“Solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y actos posteriores. Claro está que ha habido todo un andamiaje y acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de intereses políticos, acabar con la libertad constitucional”, dijo Castillo al intervenir virtualmente desde la prisión en la que se encuentra.

Expuso que no hubo ninguna flagrancia en sus acciones del 7 de diciembre de 2022, fecha de su fallido autogolpe de Estado, y que el argumento de que se iba a fugar no es válido, porque su trayecto a la Embajada de México en Lima, en cuyo recorrido fue arrestado por su escolta, tenía como fin poner a su familia en resguardo.

“He sido apresado y se han violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y debido proceso, dispuesto por la fiscal de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento y se demuestra con los hechos, una líder de una presunta organización criminal planeada con altos mandos de la Policía y ciertos grupos de congresistas para acabar con mi gobierno”, indicó.

Reiteró que las autoridades se “han ensañado” con él y que ha sentido el odio en carne propia.

La defensa del expresidente solicitó que declare nula la pena de 18 meses prisión preventiva por el fallido autogolpe, se de la inmediata libertad de Castillo y “se reponga el estado anterior” a la detención de este, para que pueda ejercer de nuevo la presidencia en el período 2021-2026.

Explicó que la motivación de los habeas corpus presentados atienden a la vulneración de la libertad individual de su representado y que el proceso judicial tiene “falta de coherencia narrativa” e insuficientes justificaciones del delito de flagrancia, porque no se ha detallado el tipo de esta.

Por su parte, varios representantes de la Fiscalía recordaron que la detención del expresidente fue legítima, puesto que el 7 de diciembre de 2022, Castillo dio un discurso que pretendía romper el orden constitucional y que más tarde este intentó fugarse, por lo que debería permanecer en prisión preventiva.

Además de la orden de 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe, la Corte Suprema de Perú ha ratificado la decisión de imponer otra medida de 36 meses de prisión preventiva a Castillo, por un caso de corrupción y tráfico de influencias.

Una comisión del Parlamento peruano aprobó este lunes un pedido para declarar “persona non grata” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante su negativa de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú y sus presuntas injerencias en asuntos internos.

La solicitud al pleno parlamentario, que debe evaluar el pedido en otra sesión cuya fecha no se conoce, también busca impedir el ingreso a territorio peruano al mandatario mexicano.

No es la primera vez que el Congreso peruano declara “non grata” a líderes de otros países. Lo hizo en enero contra el expresidente boliviano Evo Morales y en febrero contra el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, también por sus declaraciones poco favorables al gobierno dirigido por la presidenta Dina Boluarte.

El pedido afirma que López Obrador ha realizado declaraciones “ideologizadas” y “cargadas de falsedades”, sobre el fracasado intento de disolución del Parlamento por parte del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, que permitió asumir el poder a Boluarte y el inicio de la tormenta política que, tras sucesivas manifestaciones, ha dejado más de 60 muertos.

Al respecto, esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, López Obrador dijo que para él era “un timbre de orgullo que los que actúan de esa manera me declaren non grato”, en referencia a lo que discutía en el Congreso.

El presidente indicó que el Congreso peruano inventó “delitos de corrupción” contra el expresidente Castillo. “Fue una destitución por el planteamiento que hizo el presidente (Pedro Castillo) de desaparecer el Congreso, lo que hacen es lo destituyen a él y lo encarcelan, y le inventan delitos de corrupción, son cosas distintas”, señaló.

Castillo, ahora encarcelado por tres años de forma preventiva mientras es investigado por los presuntos delitos de corrupción y rebelión, intentó disolver el Parlamento e iniciar un gobierno de excepción el 7 de diciembre.

El Congreso lo removió horas más tarde. Castillo comenzó a ser investigado por presunta corrupción poco después de iniciar su gobierno de 16 meses.

México y Perú rompieron relaciones diplomáticas y mantienen lazos a nivel de encargado de negocios.

López Obrador insistió la semana pasada que Boluarte es una “usurpadora” y que México no entregará la presidencia del bloque económico Alianza del Pacífico a Perú, país al que corresponde dirigir el grupo, debido a que Boluarte no es legítimamente “presidenta del Perú”.

El Congreso peruano es una de las instituciones más desprestigiadas e impopulares, según encuestas. La firma Ipsos Perú indicó que el Parlamento tenía 79% de desaprobación en mayo, apenas 13% lo respalda.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que sería un “timbre de orgullo” ser declarado persona “non grata” en Perú, luego de que el Congreso de aquel país debatirá si rechazar o no al mandatario por considerar “inaceptables” sus declaraciones contra Dina Boluarte.

“No es de declarar ‘no grato’ al presidente de México, para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren “no grato”, pero no es correcto”, dijo López Obrador esta mañana durante su conferencia de prensa.

López Obrador respondió así a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú que hoy debate una moción que plantea rechazar las “inaceptables declaraciones” del gobernante, quien la semana pasada calificó de “usurpadora” a la presidenta Boluarte.

La moción remarca que las afirmaciones de López Obrador “constituyen una violación al Derecho Internacional, entre otras consideraciones”.

Al respecto, AMLO reiteró que considera que no fue justo lo que hizo el Congreso de Perú de destituir al presidente Pedro Castillo y encarcelarlo pues, aseguró, fue ilegal.

“Si se hace un análisis del marco legal jurídico del Perú lo incumplieron, lo violaron, fue una decisión arbitraria más la represión que desataron, asesinaron como a 70 personas que protestaron”, denunció.

Dijo que él no puede quedarse callado ante esa decisión que le parece “arbitraria” y acusó a la “clase gobernante” y a la “oligarquía peruana” de aprovecharse de los recursos naturales del país a costa del sufrimiento de Perú.

Además, dijo que no se le hacía “correcto ni normal”, que tras la destitución de Castillo la embajadora de Estados Unidos en Perú avalara la decisión.

Afirmó que el Congreso peruano autorizó que lleguen a ese país 700 soldados estadounidenses armados, a petición de la que está detentando la presidencia, en referencia a Boluarte.

“700 soldados estadounidenses para entrenar a fuerzas armadas del Perú y a la Policía del Perú, no culpo solo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al Gobierno de Estados Unidos porque eso es mantener una política injerencista, que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano”, dijo.

Señaló que si lo van a declarar “no grato, que sepa cuando menos la gente porqué es”.

Recordemos que la semana pasada, López Obrador calificó  de “usurpadora” a Boluarte y dijo que debería dejarle “la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática”, es decir, a Pedro Castillo, quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.

López Obrador asegura que Boluarte, que asumió el cargo por sucesión constitucional por ser la vicepresidenta, “fue impuesta” en el gobierno de Perú por lo que tiene “como 25% de aceptación”. Además, reiteró que México no le entregará la Presidencia de la Alianza del Pacífico “porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú”.

El expresidente peruano Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde diciembre pasado por su fallido autogolpe, fue sancionado con 15 días de limitación de las comunicaciones, después de haber publicado una carta en Twitter, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El comunicado del INPE precisó que el pasado 26 de enero se abrió un procedimiento administrativo disciplinario contra Castillo por una presunta falta disciplinaria con respecto a una carta firmada y publicada en Twitter, teniendo en cuenta que los internos no pueden usar teléfonos móviles.

La misiva de Castillo iba dirigida a los mandatarios asistentes a la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que se declaró “prisionero político de la dictadura” de Dina Boluarte, la actual presidenta del país.

El Consejo Técnico Penitenciario del penal de Barbadillo, en el que se encuentra recluido el exmandatario, determinó que se le imponga “la sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por el periodo de 15 días”, conforme al Código de Ejecución Penal.

El INPE agregó que esta medida implica “la restricción de las visitas de familiares y amistades durante el periodo” de la sanción, pero no impide el ingreso de sus abogados ni su participación en las audiencias judiciales.

Recordemos que Castillo fue detenido el 7 de diciembre pasado cuando anunció un golpe de Estado e intentó dirigirse a la embajada de México, donde finalmente su esposa e hijos recibieron asilo.

El exmandatario afronta en prisión preventiva un proceso por los delitos de conspiración y rebelión, y otro como presunto líder de una organización criminal que supuestamente se instaló en el Estado, durante su gobierno, para adjudicar obras públicas a cambio de dinero y favores políticos.

Este martes, Castillo afirmó, durante una audiencia de apelación contra su detención, que es un “preso político” y pidió la intervención de organismos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hallar “justicia” ante la “inseguridad jurídica” que, asegura, se está “creando” en Perú.

Perú retiró a su embajador en Colombia, de la misma forma que hizo con México en febrero, debido a las “continuas expresiones injerencistas” del presidente colombiano, Gustavo Petro, que no reconoce que el exmandatario Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado.

La cancillería de Perú comunicó que la actitud de Petro y sus “continuas expresiones injerencistas, han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo” que ha existido entre Perú y Colombia.

Explicó que Perú ha reaccionado de manera “ponderada, progresiva y proporcional, conforme a la práctica diplomática y teniendo en consideración la estrecha relación que lo une a Colombia, desde hace más de 200 años”.

Subrayó que el país “hace votos para que la estrecha y bicentenaria relación bilateral con Colombia retome su cauce en el marco del respeto mutuo y las normas, principios y valores que rigen la convivencia entre los estados”.

Asimismo, el ministerio precisó que con el retiro definitivo del embajador del Perú en Colombia, las relaciones diplomáticas entre el Perú y dicho país quedan formalmente a nivel de encargado de negocios, de la misma forma que procedió en febrero al retirar a su embajador en México por los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desconoce el actual gobierno de Dina Boluarte.

También en febrero último, el Congreso peruano ya había declarado persona non grata a Petro por sus comentarios contra la administración de Boluarte y otras entidades del Estado, al no reconocer la legitimidad de su gestión.

Recordemos que en la última Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana, Petro afirmó que quien debería estar presente en ese encuentro de jefes de Estado era Pedro Castillo, quien se encuentra detenido mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración a raíz del fallido intento de golpe de Estado.

“Hoy debería estar aquí, lo sacaron. Está preso”, expresó Petro ante la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, quien le contestó que si Castillo no está presente es porque “dio un golpe de Estado”.

“Si estuviera, tendrían a un dictador”, expresó Gervasi en la cumbre.

Ayer, López Obrador reiteró que “el presidente legal y legítimo del Perú es Pedro Castillo, que está injustamente en la cárcel. Lo están acusando, desde que entró lo empezaron a acusar, y lo tienen en la cárcel”.

Sin embargo, el mandatario agregó que dialogará con Petro y con el presidente de Chile, Gabriel Boric, para ver cómo entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Perú, después de haberse negado a hacerlo en los últimos meses.

Con la salida del embajador peruano en Colombia, Félix Denegri Boza, ya son tres los representantes diplomáticos que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha mandado retirar por las críticas hacia su gestión.

Antes de Boza, fueron retirados los embajadores en Honduras, Jorge Raffo Carbajal, y en México, Manuel Talavera Espinar. A su vez, el representante diplomático de Chile en Perú, Óscar Fuentes Lira, fue convocado por Lima después de que Santiago criticara la represión policial de las protestas contra Boluarte.

A pesar de todas estas salidas, las relaciones diplomáticas no han quedado del todo rotas, pues algunos países como México siguen con representación en Lima, mientras que Perú mantienen a sus encargados
de negocios, quienes cuenta con funciones similares a las de un ministro de Asuntos Exteriores, pero sin capacidad de reunirse con su homólogo o el jefe del Estado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aceptó este viernes la petición de reunirse con Guido Leonardo Croxatto, abogado del expresidente peruano Pedro Castillo, a quien ha manifestado su total respaldo.

“Nosotros vamos a recibirlo, nada más nos ponemos de acuerdo”, dijo López Obrador cuestionado por el tema en su conferencia de prensa.

El presidente accedió al encuentro sin pensarlo, y a diferencia de otras ocasiones donde alega tener que ver agenda o redirigirle al solicitante con alguno de sus colaboradores, al abogado le dio un sí automático.

La petición de encuentro llegó tras la reunión que tuvo Croxatto la semana pasada con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

López Obrador insistió en que la destitución de Castillo en diciembre pasado, cuando intentó dar un autogolpe de Estado, “fue una injusticia que se cometió”.

“Se violó la democracia porque el presidente Castillo fue electo por el pueblo de Perú y se le destituyó con argucias o maniobras legaloides. Se le destituyó por consigna de los potentados del Perú y del extranjero”, dijo.

Y es que recordemos que el mandatario ha apoyado desde un inicio a Castillo y ha tachado de “espurio” el gobierno de Dina Boluarte, quien en febrero retiró a su embajador por la “injerencia” de López Obrador.

“Nosotros sabemos que es una injusticia (la destitución de Castillo), que es una flagrante violación a la democracia, a los derechos humanos, que es muy lamentable lo que sucedió con él y luego la represión a la gente”, sostuvo.

López Obrador también justificó el asilo que México ofreció en diciembre pasado a Lilia Paredes, esposa de Castillo, y a sus dos hijos.

“Están bien, como otras personas que están recibiendo asilo en nuestro país de otras naciones porque nosotros tenemos la tradición del asilo, la protección de quienes son perseguidos en sus países”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este viernes su solidaridad con Lilia Paredes, esposa del exmandatario peruano Pedro Castillo, luego de que la haya recibido ayer en Palacio Nacional.

“No puede uno callar ante la injusticia, nosotros vamos a seguir apoyando a la señora del presidente Pedro Castillo, y a eso vino, y la abracé y expresé mi solidaridad con el pueblo del Perú, sobre todo con el pueblo humilde, pobre, indígena, humillado”, respondió López Obrador al ser consultado sobre el tema.

Paredes, quien desde diciembre tiene asilo político en México tras el encarcelamiento de Castillo por intentar un autogolpe de Estado, se reunió con el mandatario para buscar que su gobierno eleve sus reclamos para la liberación de su esposo.

“La recibí. Ella es una mujer excepcional, una mujer humilde, buena, que vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos, a platicarme de sus hijos que ya están estudiando, su hija de 10 años, su hijo de 14″, contó el presidente.

AMLO añadió que su gobierno está procurando que no le falte nada a la familia del expresidente peruano.

Sobre Castillo, quien se encuentra en prisión, indicó que México considera que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo, pues insistió en que fue electo por el pueblo. Incluso señaló que los conservadores del Perú “violaron la Constitución”.

“México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y va a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia”.

El gobernante mexicano reiteró su acusación de que la ahora mandataria de Perú, Dina Boluarte, es una “presidenta espuria” y condenó la muerte de cerca de 60 personas en las protestas que la llegada de Boluarte al gobierno provocó.

“He visto encuestas en donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba. Pero todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados. Tienen el 90% del rechazo, 90%, y aún así ellos mandan con las bayonetas, con la represión, con la fuerza”, sostuvo.

López Obrador insistió en que detrás de la destitución de Castillo hay mucho racismo y clasismo, y muchos intereses creados, ya que Perú es un país con muchos recursos naturales. “Esos recursos naturales son muy ambicionados por las grandes empresas trasnacionales, apoyadas por gobiernos extranjeros”.

Finalmente, AMLO aprovechó para seguir con sus cuestionamiento a la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la crisis, que dijo, ha guardado silencio.

“La OEA y su organismo de derechos humanos están al servicio de los potentados”, remató.

La Fiscalía de Perú ha formalizado este martes una investigacióm contra el expresidente Pedro Castillo por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias después de que el Congreso aprobara el pasado viernes un informe de la fiscal Patricia Benavides.

Así lo ha informado el Ministerio Público en un comunicado, afirmando que en el proceso también se incluye al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, como “presunto autor del delito
de organización criminal y colusión simple”.

También será investigado el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, por un presunto delito de organización criminal.

Con ello, la Fiscalía pretende conocer más detalles sobre una supuesta red criminal liderada por Castillo que buscaba favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

En virtud de esta investigación, Benavides podría imponer medidas coercitivas contra los involucrados, como la prisión preventiva o el impedimento de salida de Perú, según reporta el diario local ‘La República’.

Recordemos que el pleno del Congreso votó el pasado viernes con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, formalizar la investigación contra el expresidente peruano, quien actualmente se encuentra en prisión desde el pasado 17 de diciembre por presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Castillo se encuentra en la cárcel después de que la Justicia dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.

El Congreso peruano aprobó el viernes una denuncia constitucional contra el expresidente izquierdista Pedro Castillo por presuntos casos de corrupción en su gobierno, cometidos antes de que fuera destituido en diciembre.

La denuncia constitucional será trasladada ahora al despacho de Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que en adelante podría acusar formalmente a Castillo ante el poder judicial.

Con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los legisladores aprobaron el informe, presentado
por la fiscal Patricia Benavides, que recomienda acusar al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

“El expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política de Perú”, ha sentenciado el presidente del Congreso, José Williams.

Y es que la Fiscalía investiga una supuesta red criminal liderada por Castillo que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Juan Silva, exministro de esta cartera, con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Durante el debate, el abogad de Castillo, Eduardo Pachas, negó en el Congreso los cargos y rechazó que el exmandatario perteneciera a una organización criminal.

En la misma sesión, el Congreso también aprobó las denuncias contra dos exministros de Castillo involucrados en los cargos relacionados a presuntos sobornos en la construcción de un puente y en la compra de combustibles para la estatal Petroperú.

La destitución de Castillo, un profesor rural e hijo de campesinos, ha provocado una ola de violentas protestas principalmente de regiones pobres del sur del país contra el gobierno, que han dejado unos 60 muertos en dos meses.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que México se niega a entregarle la jefatura de la Alianza del Pacífico, debido al apoyo político de Andrés Manuel López Obrador al expresidente Pedro Castillo.

La mandataria denunció que López Obrador “por seguir apoyando al expresidente (Castillo), que dio el golpe, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico”.

Boluarte recordó que Perú debió asumir en enero la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, actualmente en manos de México.

Sin embargo, lamentó que ello no haya ocurrido por “esta situación política (en la) que el presidente de México está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico”, bloque regional conformado por ambos países además de Chile y Colombia.

Y es que López Obrador ha expresado su apoyo al expresidente Castillo, quien el pasado 7 de diciembre, cuando estaba a punto de enfrentar una votación de destitución por el Congreso, decidió anunciar que disolvía el Parlamento y gobernaría por decreto.

Pocas horas después de esto el Congreso lo destituyó y designó a Boluarte, entonces vicepresidenta, como mandataria constitucional.

Castillo fue detenido cuando intentaba llegar a la embajada de México, donde buscaría asilo. Tras su arresto, un juez le dictó prisión preventiva de 18 meses por rebelión.

Su esposa, Lilia Paredes, sí alcanzó la sede diplomática mexicana, cuyo gobierno le concedió a ella y sus dos hijos la condición de asilo, por lo que Lima pidió al embajador mexicano retirarse del país.

La destitución de Castillo desató una ola de manifestaciones, en ocasiones violentas, que ha dejado 48 civiles fallecidos en enfrentamientos durante las protestas. Las movilizaciones exigen la renuncia de Boluarte y elecciones generales.

Además de México, Castillo también ha recibido el respaldo de los presidentes Gustavo Petro, Alberto Fernández y Luis Arce de Colombia, Argentina y Bolivia, respectivamente, lo que provocó en enero que Lima llamara en consultas a sus embajadores en esos países.

Desde prisión, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, agradeció este miércoles a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “su solidaridad con el pueblo peruano”, tras el mensaje que ofreció en el marco de la cumbre de la CELAC, en el que este afirmó que fue “una infamia” lo que pasó en su país.

A través de un mensaje en Twitter, Castillo agregó que “más pronto que tarde”, estará junto a quienes califica como sus “hermanos y hermanas, construyendo un país lleno de esperanza”.

Recordemos que Castillo fue destituido por el Congreso el pasado 7 de diciembre después de que anunciara el cierre del Parlamento, la intervención de la judicatura y el establecimiento de un gobierno de emergencia.

Debido al intento de golpe de Estado, la Fiscalía le abrió una investigación por rebelión y le impuso 18 meses de prisión preventiva, que las cumple actualmente en la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía en Lima.

Ayer, López Obrador pidió a los líderes de la CELAC, un pronunciamiento conjunto contra la “represión” en Perú y por la libertad del exmandatario Castillo.

“No debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú, fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo”, declaró el mandatario en el mensaje que envió a la Cumbre, que se celebra en Buenos Aires, Argentina, y a la cual no asistió personalmente.

López Obrador indicó que habría que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo y que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú.

“No al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado”, concluyó AMLO en su mensaje.

López Obrador ha cuestionado en repetidas ocasiones la violencia en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú, donde más de 60 personas han muerto desde que comenzaron las protestas.

Además, México ha otorgado asilo político a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, que también es investigada por presunta corrupción junto a otros integrantes de su familia.

Un juez peruano ordenó este jueves que el recién destituido presidente Pedro Castillo permanezca en prisión preventiva durante 18 meses, como lo había solicitado la fiscalía.

La decisión del juez se anunció un día después de que el gobierno declarara estado de emergencia para tratar de calmar las violentas protestas que se viven en el país.

Las protestas estallaron después de que Castillo fuera destituido la semana pasada, tras su intento de disolver el Congreso antes de un voto de revocación, lo que fue calificado por muchos, incluidos colaboradores suyos, como un intento de Golpe de Estado.

Castillo y su equipo legal se negaron a participar en la audiencia de este jueves, argumentando que carecía de las más “mínimas garantías”. Los delitos de los que se le acusa a Castillo es el de rebelión y conspiración.

Y mientras la audiencia se llevaba a cabo, se reportó que al menos seis manifestantes perdieron la vida en las primeras 20 horas del estado de emergencia que entró en vigor ayer. En total, suman 14 fallecidos desde el domingo que miles de ciudadanos han tomado las calles para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y, en algunos casos, la liberación de Castillo.

Recordemos que el gobierno de Boluarte decretó este miércoles el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta en su contra, mientras que hoy declaró toque de queda en 15 provincias de Perú.

A través de sus redes sociales, Castillo insistió en sus acusaciones contra el gobierno de Boluarte.

Alertó sobre la visita de la embajadora de Estados Unidos en Perú a Palacio de Gobierno. Dijo que su intención era “dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso; y, de paso, dejar el camino libre para las explotaciones mineras, como el caso de Conga, Tía María y otros”.

Foto: Twitter @martinfiera

Un juez ordenó la tarde de ayer que el destituido presidente peruano Pedro Castillo, continúe detenido, rechazando su apelación mientras las autoridades continúan conformando un caso por rebelión en su contra.

La decisión del juez de la Suprema Corte, César San Martín Castro, ha encendido el descontento social que se ha traducido en violentas protestas que se registran en distintos puntos del país. Grupos ha estado exigiendo la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora y que se programen de inmediato elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y reemplazar a todos los miembros del Congreso.

El anuncio de Castillo del miércoles pasado en televisión nacional de que había disuelto el Congreso por decreto presidencial no fue “un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos”, subrayó el juez.

En los próximos días, la fiscalía planea solicitar que Castillo continúe detenido hasta por tres años.

Horas antes, Castillo declaró en su audiencia que había sido detenido “injusta y arbitrariamente”, y agradeció a sus simpatizantes por todo lo que han hecho desde su arresto.

“Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, declaró Castillo. Posteriormente, en aparente referencia a las violentas protestas a causa de su detención, instó a la policía nacional y a las fuerzas armadas a que “depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”.

Las manifestaciones han sido particularmente violentas afuera de la capital. La Defensoría del Pueblo de Perú redujo ayer a seis el número de personas que han muerto en las protestas que comenzaron el miércoles de la semana pasada.

Todos los decesos se han producido en comunidades rurales empobrecidas, que son bastiones de Castillo. Cuatro de ellos se registraron en Andahuaylas, una remota comunidad rural andina donde los pobres han batallado durante años y donde los votantes apoyaron abrumadoramente a Castillo en la segunda vuelta electoral del año pasado, la cual ganó por 44,000 votos.

El abogado Ronaldo Atencio, quien habló en nombre del equipo jurídico de Castillo, alegó que el mandatario no levantó las armas ni organizó a la población capaz de derrocar al gobierno actual, como lo establece la ley peruana para acusar a alguien de rebelión.

También dijo que Castillo no representa un riesgo de fuga, y que nunca pidió asilo a México, tal como lo confirmó el embajador mexicano y gobierno de nuestro país.

Sin embargo, el juez señaló que la evidencia indica que Castillo fue interceptado en camino a la embajada de México donde se sabe pediría asilo.

Boluarte, compañera de fórmula de Castillo y vicepresidenta, fue juramentada el mismo miércoles como Presidenta. Sin embargo, a inicios de semana, Boluarte cedió en parte a las exigencias de los manifestantes, anunciando en un discurso a nivel nacional que enviaría una propuesta al Congreso para adelantar las elecciones generales a abril de 2024.

Anteriormente había asegurado que pretendía permanecer en el cargo durante los tres años y medio restantes del mandato de Castillo.

La presidenta pidió el martes calma a los manifestantes, explicando que ella no había buscado la presidencia.

“Quiero hacer un llamado a mis hermanos y hermanas de Andahuaylas. Calma, calma por favor”, dijo. “No entiendo por qué mis hermanos… se levantan en contra de su paisana Dina Boluarte cuando yo no he hecho nada para que esa situación exista o se dé”, sostuvo.

Sin embargo, los problemas de Boluarte se extienden más allá de las fronteras de Perú. Diversos gobiernos de la región se han negado a otorgarle su reconocimiento como presidenta.

Los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia cerraron filas en favor de Castillo. Mediante un comunicado conjunto, expresaron su preocupación en torno a su destitución y detención del líder peruano.

Aseguraron que aún lo consideran como el mandatario legítimo de Perú y pidieron respeto a sus derechos humanos y que se le garantice la protección jurídica.

Ha llamado la atención la posición de México, pues aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defiende los principios de la política exterior de nuestro país: no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha sido señalado de injerencia en los asuntos de Perú.

No es la primera vez que a López Obrador se le acusa de intervencionismo. En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ricardo Pascoe, exembajador de México en Cuba, columnista y catedrático de la UNAM, sobre la posición de México en conflictos globales, y si su actuar se apega al discurso del presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó esta mañana las acusaciones de “injerencismo” que ha hecho el gobierno de Perú, y pidió reconocer la presidencia de Pedro Castillo al argumentar que él ganó las últimas elecciones.

“No es injerencismo, estar ahí conduciendo nada, nuestro embajador está en su trabajo diplomático y es Relaciones Exteriores la que está a cargo de llevar a cabo este proceso”, dijo al ser consultado sobre el tema.

López Obrador respondió a la Cancillería de Perú, que el viernes pasado convocó al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las “expresiones de las autoridades mexicanas” que “constituyen una injerencia en los asuntos internos” del país.

El mandatario optó por referirse a su rechazo a la destitución de Castillo, a quien aún considera presidente de Perú, pese a que el Congreso de ese país lo removió por “incapacidad moral” y lo acusó de haber intentado perpetrar un golpe de Estado.

López Obrador presentó un comunicado que emitió junto a Argentina, Bolivia y Colombia en el que “con apego a acuerdos internacionales se exhorta a los responsables de la conducción política en Perú de que se respete el voto de los ciudadanos”.

“Ganó el presidente, lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir, que eso de origen, aunque esté en la Constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática de origen”, señaló.

López Obrador reveló que las relaciones diplomáticas con Perú, bajo el actual gobierno, están en “pausa”, aunque dijo que eso no implica romper los lazos ni retirar al embajador.

“Está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática”, sostuvo.

AMLO insistió en que no hay normalidad política en Perú. Dijo que la gente está en las calles protestando, y acusó que los medios no informan sobre dichas movilizaciones.

El mandatario evitó responder de forma directa si reconoce a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, nombrada la semana pasada por el Congreso.

“Es una doctrina de política exterior en México, o sea, ni para bien ni para mal, no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero, entonces lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando”, justificó.

Recordemos que López Obrador se ha solidarizado con Pedro Castillo desde tiempo atrás, señalando que ha sido víctima de las élites de su país. Incluso le ha ofrecido asilo en México.

El Ministerio de Exteriores de Perú respondió a los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina, quienes ayer expresaron su respaldo al expresidente Pedro Castillo, recordándoles que la detención del exmandatario se debe a sus decisiones “contrarias al orden constitucional y democrático”, unos hechos que constituyen “un golpe de Estado”.

A través de un comunicado, la diplomacia peruana resaltó que entre las motivaciones del arresto de Castillo se encuentran la decisión de disolver el Congreso, la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otros organismos.

“Este proceder generó la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de sólo 6 de ellos y 10 abstenciones”, se lee en el comunicado.

La cancillería recordó que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política de Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República.

Apuntó que atendiendo el consenso existente en el Perú, en referencia a las movilizaciones que siguen creciendo en apoyo a Castillo, Boluarte ha presentado un proyecto de Ley al Congreso de la República para adelantar las elecciones generales, solicitando que se celebren en abril de 2024.

Sin embargo recordemos que Castillo pidió no caer en el juego de la derecha, al rechazar elecciones anticipadas, pues recordó, él fue electo para dicho cargo.

“El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, añade.

También expresó su más firme compromiso con el pleno respeto de los Derechos Humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y dijo que persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país.

Ayer, los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina emitieron un comunicado conjunto expresando su “profunda preocupación” por la destitución y detención de Castillo, haciendo un llamado a las instituciones del país andino a respetar “la voluntad ciudadana en las urnas”.

Según los cuatro países, desde el día de su elección, Castillo “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

“Nuestros Gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, sostuvieron los cuatro países.

Exhortaron a los poderes del Estado a abstenerse de “revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, solicitando a su vez que respeten “a cabalidad los Derechos Humanos del presidente Pedro Castillo y se le garantice la protección judicial”.

Los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia expresaron este lunes su respaldo al expresidente de Perú Pedro Castillo, en momentos en que se registran importantes manifestaciones contra su destitución y arresto, así como la designación de Dina Boluarte en sustitución.

“El Presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio (…) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indica el comunicado suscrito por los cuatro países y divulgado este lunes por respectivas cancillerías.

Recordemos que el exmandatario peruano, elegido en 2021, fue detenido la semana pasada por orden judicial y enfrenta cargos de rebelión y conspiración, luego de un fallido intento para disolver el legislativo.

“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, añaden los gobiernos en el comunicado conjunto.

Castillo gobernó menos de un año y medio en un periodo marcado por una profunda crisis política. Al momento de su arresto se dirigía a la embajada de nuestro país donde pretendía solicitar asilo.

La madrugada de hoy, el Congreso, dominado por la derecha, aprobó una norma que permite acelerar un juicio penal en su contra al retirarle la inmunidad que el cargo le daba.

La vicepresidenta Dina Boluarte denunció a Castillo por intentar perpetrar un “golpe de Estado” y lo reemplazó en el poder. Ahora enfrenta multitudinarias protestas de gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas, sectores afines a Castillo que exigen su renuncia.

Y aunque Boluarte ha anunciado que se adelantarían las elecciones de 2026 a 2024, eso no ha tranquilizado a los seguidores de Castillo que se movilizan por todo el país, y cuyas protestas han dejan hasta el momento cuatro civiles muertos.

Por su parte Pedro Castillo utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje. Recordó que hace 16 meses fue elegido por el pueblo peruano para ejercer como presidente constitucional de la República.

“Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno: humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes”, añadió.

En su mensaje aseguró que es “incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional” que ostenta cómo presidente, por lo cual adelantó que no renunciará ni abandonará sus “funciones”.

Se refirió a Dina Boluarte como una “usurpadora”, a quien acusó de repetir “los mismos mocos y babas de la derecha golpista”. Llamó a la ciudadanía a no caer en el juego sucio que se propone, en referencia a nuevas elecciones.

“¡Basta de abusos! ¡Asamblea Constituyente ahora! ¡Libertad inmediata!”, remató Castillo.

Sobre la detención del exmandatario, a Defensoría del Pueblo de Perú anunció que las condiciones en las que se encuentra detenido Castillo, son “adecuadas” y que este recibe las visitas que permite.

Luego de una visita al penal del distrito limeño de Ate en el que el exmandatario permanece detenido, la institución dijo que “al término de la gestión se pudo verificar que el exmandatario, detenido por orden judicial de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, recibe un trato adecuado, conforme a lo regulado en el ordenamiento jurídico, no evidenciándose vulneración a sus derechos como una persona detenida, desde hace cinco días”.

La defensoría detalló que la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional ha acondicionado ambientes conformados por una habitación, un cuarto adyacente con una mesa y cuatro sillas, y un baño completo con dotación de agua potable permanente.

Además, las autoridades policiales le brindan alimentación tres veces por día, permitiendo que su familia directa le provea también alimentos, de forma complementaria. También señaló que Castillo ha recibido desde el miércoles 139 visitas de sus familiares, congresistas, dirigentes sociales, abogados y amigos.