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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, con el que habló sobre la extensión del acuerdo de desarme nuclear Nuevo START, la situación del opositor Alexéi Navalni y Ucrania.

Biden “llamó al presidente Putin esta tarde con la intención de hablar sobre nuestra disposición a extender el Nuevo START durante cinco años y para reafirmar nuestro fuerte apoyo a la soberanía de Ucrania a la luz de la agresión continua de Rusia”, dijo la portavoz de La Casa Blanca, Jen Psaki.

El mandatario estadounidense pretende extender por cinco años el último tratado de desarme vigente entre ambas potencias nucleares, el Nuevo START, que expira el próximo 5 de febrero.

El Kremlin ya ha dicho que sigue comprometido con la ampliación del tratado durante cinco años y que está a la espera de “propuestas concretas” de Biden.

El Nuevo START limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1,550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

Durante la llamada de este martes, Biden le manifestó a Putin algunos asuntos que le preocupan como “las informaciones del ciberespionaje de SolarWinds, las recompensas por parte de Rusia (a los talibanes) por soldados de Estados Unidos en Afganistán, la interferencia en las elecciones de 2020 (en EUA), el envenenamiento de Alexéi Navalni y el trato por parte de las fuerzas de seguridad rusas a manifestantes pacíficos”, enumeró Psaki.

El mandatario estadounidense pidió a las agencias de inteligencia que hagan una evaluación a fondo de la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones en Estados Unidos de noviembre pasado, el uso de armas químicas contra Navalni y las recompensas rusas a los talibanes a cambio de matar a soldados estadounidenses en Afganistán.

También ha solicitado que se lleven pesquisas sobre el ciberataque contra varias agencias federales a través de las actualizaciones de un popular programa de la empresa tecnológica estadounidense SolarWinds, llamado Orion y que usan para monitorear redes informáticas tanto el Gobierno como cientos de grandes compañías. Muchos analistas y funcionarios acusan a Rusia de estar detrás de ese pirateo informático.

Psaki destacó que la intención de Biden durante la conversación con Putin ha sido dejar claro que su país actuará firmemente en defensa de sus intereses nacionales en respuesta a las acciones “malignas” de Rusia.

Precisamente sobre Moscú, Biden habló hoy también por teléfono con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Según un comunicado de La Casa Blanca, Biden le transmitió su intención de “consultar y trabajar con los aliados en toda una gama de preocupaciones de seguridad compartidas, incluyendo Afganistán, Irak y Rusia”.

Biden firmará esta tarde un decreto para poner fin a los centros de reclusión privados del sistema federal, dijo Susan Rice, su consejera de Política Interior.

“Las cárceles privadas se benefician de los prisioneros federales y, de acuerdo con un informe de la inspección general del Departamento de Justicia, son menos seguras tanto para los reos como para los guardias” que los centros de detención estatales, dijo Rice en conferencia de prensa.

Para ello, Biden ordenará a la cartera de Justicia que no se renueven los contratos con los operadores privados.

Se trata de la primera medida del nuevo presidente en materia de justicia penal, área en la que se comprometió a operar profundas reformas. En particular, prometió luchar contra las tasas récord de encarcelamiento en el país y contra el enorme número de integrantes de las minorías que encarcelados.

Adicional, esta mañana el Senado de EUA confirmó a Antony Blinken como secretario de Estado, quien tendrá a su cargo la encomienda del presidente Biden de revertir las políticas aislacionistas del gobierno anterior que debilitaron las alianzas internacionales.

Por 78 votos a favor y 22 en contra, los senadores aprobaron a Blinken, antiguo aliado de Biden, como el 71ro secretario de Estado, reemplazando a Mike Pompeo. Es el cargo más importante del gabinete y el cuarto en la línea de sucesión de mando.

Blinken, de 58 años, fue subsecretario de estado y vice asesor de seguridad nacional durante la presidencia de Barack Obama. Ha prometido reestructurar las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo tras la presidencia de Donald Trump, quien cuestionaba la necesidad de diversas alianzas. Blinken iniciará su gestión el miércoles tras ser juramentado, dijeron fuentes allegadas.

“El liderazgo de Estados Unidos sigue siendo importante”, declaró Blinken ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en su audiencia de confirmación el 19 de enero.

El Gobierno de la Ciudad de México informó esta tarde que a partir de hoy se podrá tramitar de manera digital y gratuita la Constancia de no antecedentes penales y la Constancia de no antecedentes registrales.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que este proceso se suma a los trámites digitales que se realizan desde que inició esta administración.

Con esto, el tiempo para completar el trámite y obtener ambas constancias se reducirá de una semana a 24 horas.

El titular de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), Jesús Antonio Peña Merino, resaltó que la digitalización de las dos constancias se convirtió en un trámite prioritario de cara a la reactivación económica de la Ciudad de México.

Apuntó que en 2019 se emitieron 12 mil 668 constancias de no antecedentes penales y 89 mil constancias de no antecedentes registrales.

“Es un trámite muy usado en la Ciudad de México, en todas las entidades. Es un trámite que involucra dos traslados, una semana o a veces hasta más de tiempo y que es esencial para acceder a algunas otras actividades como por ejemplo, un empleo”, agregó.

Resaltó que la Agenda de Simplificación Administrativa que está a cargo de la ADIP redujo de mil 998 trámites a 996, además actualmente se tienen digitalizados 40 trámites y se espera que para finales de 2020 sean 50.

El director general de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark García, explicó que la digitalización de las constancias también evita, en el marco de la pandemia, traslados innecesarios y aglomeraciones de personas en ventanillas gubernamentales.

Durante la conferencia de prensa del gobierno federal, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reconoció que hay una sobrepoblación de personas privadas de libertad en los penales de la entidad.

Indicó que el estado tienen 22 penales, en los cuales, hay una capacidad para 13 mil personas, siendo que hoy en día, la población que se tiene es de casi 28 mil, es decir, una sobrepoblación de 120%.

En ese sentido, el gobernador agradeció al gobierno federal, en especial al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, quien dijo ha apoyado al EdoMex con el traslado de algunos reos a penales federales y de otras entidades, lo que ha ayudado a “desahogar un poco” la saturación.

Sobre los traslados que se han hecho, el priísta dijo que han sido delincuentes de alta peligrosidad.

Del Mazo aprovechó para anunciar que se está por iniciar la construcción de dos penales más en la entidad, uno en Ixtlahuaca y otro en Otumba, los cuales dijo, van a permitir incrementar la capacidad que se tiene.

Sobre el sistema penitenciario de la entidad, el gobernador mexiquense dijo que se implementó un modelo de monitoreo permanente, tanto desde los centros de los penales, como en el Centro de Mando del Estado de México, en Toluca. Indicó que dicho modelo busca que se tenga comunicación directa con la vigilancia que tienen los penales.

Finalmente dijo, se está trabajando de manera importante en un programa de reinserción social, el cual pretende ayudar a ir disminuyendo el número de personas privadas de la libertad.

Añadió que también se han hecho convenios con algunos organismos empresariales para facilitar la incorporación de los presos a la actividad laboral, por lo que también se les capacita en artes y oficios.

Más del 40% de los diputados del nuevo Parlamento de India enfrentan acusaciones penales, algunas tan graves como asesinato o violación, y la lista va en aumento, afirmó la Asociación de Reformas Democrática (ADR).

Al menos 233 de los 543 miembros que lograron escaños este jueves se enfrentan procesos penales, según la ADR, cuyo jefe electoral, Anil Verma, dijo que hay una “tendencia alarmante” en el Parlamento que “es mala para la democracia”.

La ADR declaró que estudió los antecedentes de 539 de los ganadores y encontró que la cantidad de éstos con casos penales era el más alto desde que comenzaran las investigaciones en 2004.

El informe afirma que 116 de los 303 diputados del Bharatiya Janata Party (BJP), del primer ministro Nerendra Modi, ganaron habiendo sido acusados, incluso uno de ellos de terrorismo.

Incluso un miembro del Parlamento del opositor Partido del Congreso está enfrentado a 204 casos, incluidos homicidio imprudente y robo.

La ADR dijo que la cantidad de diputados con graves acusaciones judiciales se ha duplicado en una década, incluidos 11 casos de asesinato, 30 cargos de homicidio imprudente y tres acusados de violación.

Las leyes indias prohíben que las personas se presenten a elecciones si han sido declaradas culpables por crímenes, que conllevan términos de cárcel de dos o más años, con algunas excepciones dependiendo del crimen.

Los candidatos que se presenten a un puesto por primera vez pueden tener una condena. Ninguno de los 185 diputados del Parlamento saliente que han sido procesado por casos criminales fueron condenados. Muchos han vuelto a postularse para un nuevo periodo.

Este año, la Comisión electoral de India obligó a los candidatos a publicar detalles de sus antecedentes penales durante el periodo de campaña.

Este fin de semana se registró una explosión provocada en la parte exterior de los juzgados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán México, la cual ayudó a tres reos a fugarse del penal.

La Subsecretaría de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que el artefacto explosivo no causó daños o pérdidas humanas, pues no había personal en el área ya que por ser día de visita todos se encontraban en el interior del penal.

La explosión derribó la pared que separaba al juzgado con el pasillo del reclusorio, por donde los reos implicados se dirigieron para abrir la puerta principal que daba a la calle.

Indicaron que de las tres personas privadas de su libertad que participaron en la fuga, una fue recapturada en las inmediaciones del Centro Penitenciario.

Al respecto anunciaron que por medidas de seguridad, se determinó suspender la visita familiar que se llevaba a cabo en ese momento, toda vez que se procedió a realizar las investigaciones correspondientes.

Además precisaron que se continúa la búsqueda de los dos reos que lograron fugarse. Añadieron que ahora la situación en el penal es de calma.

 

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que trasladó a 49 reos catalogados como de alto riesgo de acuerdo a sus perfiles criminológicos, a los penales federales ubicados en Guanajuato, Michoacán, zona Oriente y Oaxaca.

 

El traslado es resultado de las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad estatal, así como de la participación de la policía estatal, la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Federal (PF).

 

Al respecto, Maribel Cervantes, titular de la SSEM, aseguró que de esta manera se da cumplimiento a la estrategia instruida por el gobernador Alfredo Del Mazo, en el Decálogo de Seguridad. Dijo que se trata de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en los centros penitenciarios de la entidad, de detectar a los reos de alto riesgo, para que sean llevados a otros penales federales del país.

 

Recalcó que la dependencia a su cargo continuará fortaleciendo el orden en los centros de reclusión y así evitar la colusión de células delincuenciales y prevenir posibles disturbios en los penales de la entidad.

 

Los trasladados a penales federales son reos sentenciados por delitos como delincuencia organizada, homicidio, extorsión y secuestro.

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que depende de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indicó que luego de una revisión, constató que persisten situaciones alarmantes de riesgo en materia de tortura o maltrato para los internos de los Centros Preventivos y de Readaptación Social (CERESOS) de la entidad tales como:

 

  • Almoloya de Juárez, Chalco
  • Cuautitlán Izcalli
  • Ecatepec de Morelos
  • Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca
  • Otumba
  • Texcoco
  • Tlalnepantla de Baz
  • Valle de Bravo

 

 

En la recomendación se establece que condiciones tales como el llamado “autogobierno” favorecen diversas clases de abusos por parte de grupos de poder que ejercen el control en los penales, lo que genera un ambiente de violencia al interior de los centros, extorsión, tráfico de sustancias prohibidas y cobro por privilegios y tratos especiales para algunos internos. Además, señala que los cobros propician corrupción en la que pueden participar internos y servidores públicos para obtener beneficios económicos a costa de las necesidades de los demás reclusos.

 

Entre las irregularidades detectadas destacan la existencia de sobrepoblación y hacinamiento, condiciones de autogobierno, insuficiencia de personal, deficiencia en servicios médicos, alimentos insuficientes y de mala calidad, ausencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o de eventos violentos, malas condiciones de mantenimiento e higiene en dormitorios, instalaciones sanitarias, cocina y área médica, así como falta de espacios exclusivos y adecuados para mujeres.

 

El MNPT adelantó que se estará pendiente de que el Gobierno Estatal, particularmente la Secretaría de Seguridad, responsable de administrar el sistema estatal penitenciario, cumpla con las recomendaciones formuladas, en los tiempos señalados.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que desde mayo pasado alertó al gobierno estatal sobre la presencia de un “autogobierno” al interior del Centro de Readaptación Social de Cadereyta, en Nuevo León por parte de los internos, por lo que tras los hechos que han dejado hasta ahora 17 personas sin vida, demandó de manera urgente, “se restablezca el orden con pleno respeto a los derechos humanos”.

 

“Este Organismo Nacional expresa su preocupación ante la falta de respuesta adecuada de las autoridades para atender la problemática que se ha denunciado en los centros de reclusión de la entidad, y que se ve reflejada de manera recurrente en hechos violentos como los que hoy de nueva cuenta se presentan en Cadereyta”, indicó el organismo este jueves.

 

Agregó que visitadores adjuntos de esta CNDH, se encuentran presentes en el Cereso de Cadereyta para vigilar la situación que se vive como resultado de los hechos violentos, con el fin de verificar no se vulneren los derechos humanos de los internos ni de sus familiares.

 

Autoridades ofrecieron una disculpa, pues “hubo un error administrativo“ en la lista dada a conocer con el nombre de las víctimas mortales, luego de que en ella apareciera el nombre de un reo que no murió y que sus familiares reconocieron.

 

Para ayudar a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre que afectó a seis estados del país, 77 mujeres de penales del Estado de México se unieron para tejer a la perra rescatista “Frida” y vender la artesanía, con el fin de recaudar fondos para reconstruir casas.

 

Desde hace dos años la Asociación Civil “La Cana” trabaja con un grupo de mujeres reclusas en el Centro Penitenciario de Barrientos, municipio de Tlalnepantla, con un taller de tejido y bordado. De acuerdo con María Mercedes, una de las fundadoras de La Cana A.C., después del sismo de 7.1 grados que se vivió  las reclusas por iniciativa propia decidieron hacer un prototipo de “Frida”, que crearon con una foto de la oficial canina.

 

Las internas indicaron que se cuidó cada detalle de este trabajo hecho cien por ciento a mano, con estambre, ganchos, agujas. Las ganancias se utilizarán para comprar ecoblocks en conjunto con la fundación “Échale México”, que pretende construir 40 mil viviendas colapsadas en los estados afectados por el sismo.

 

Actualmente se han concluido 30 de estos productos y se estima que para cubrir la demanda actual tendrán trabajo por poco más de un mes. En este proyecto también colaboran internas de los Centros Penitenciarios de Nezahualcóyotl y Ecatepec.