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La Sección Instructora de la Cámara mexicana de Diputados aprobó enviar al Pleno la solicitud de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas quien es acusado de corrupción.

Luego de varias horas de discusión, la decisión fue aprobada con tres votos a favor y uno en contra.

Con esta resolución, el Congreso procederá al juicio político para que García Cabeza de Vaca afronte la denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador panista tras obtener audios de llamadas telefónicas conseguidas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

García Cabeza de Vaca ha denunciado persecución política en su contra. La semana pasada se reveló que pagó 100,000 dólares a la firma de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, de Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado que Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma que sirvieron al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.

Dicho dinero sirvió para comprar un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos. La UIF también ha detectado tres ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.

Ahora, los diputados analizarán la declaración de procedencia para después convertirse en jurados el próximo viernes, donde escuchará a las partes y votará por el desafuero definitivo del gobernador, quien termina su periodo en 2022.

Y aunque Morena tiene la mayoría absoluta en la Cámara Baja, la ley establece que después deben enviar la solicitud al Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene mayoría.

Y aunque la Cámara de Diputados también recibió la petición de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para desaforar al diputado de Morena, Saúl Huerta, acusado de abusar de un menor de edad hace una semana en un hotel de la capital, se argumentó que “no hay tiempo” para procesar la petición en este periodo, por lo que se aplazara para el siguiente periodo legislativo.

El diputado acumula dos denuncias, una presentada por el joven de 15 años en cuestión y otra de un adolescente de Puebla.

“Estaría muy bien, pero eso no es asunto que dependa de la Sección Instructora, mucho menos de la Cámara, depende de la Comisión Permanente del Congreso y es a dos tercios, y ninguna fuerza tiene dos tercios, así que bueno, hagan las interpretaciones políticas”, comentó en rueda de prensa el diputado Pablo Gómez.

Otros trámites de desafuero que están vigentes en la Cámara de Diputados también fueron “congelados” por el bloque de la 4T. Los otros juicios son contra Mauricio Toledo; el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Del mismo modo, la Sección Instructora rechazó también la procedencia del desafuero contra el senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de Chihuahua por cobrar en la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte.

El coordinador de Morena el Senado propuso este jueves posponer hasta septiembre próximo la discusión para ratificar la legalización de la marihuana, que fue aprobada el mes pasado en la Cámara de Diputados, al argumentar que existen inconsistencias en la normativa.

Los Diputados avalaron con cambios la ley que despenalizaría la marihuana en México para usos lúdico, científico, médico e industrial, lo que dio paso a que el proyecto regresara a la cámara de Senadores, al ser la Cámara de origen, para su aprobación final.

“Prefiero, de manera personal, estoy hablando como coordinador de la mayoría, que nos demos una pausa, un tiempo”, dijo Ricardo Monreal, líder en el Senado de Morena. La idea, añadió, es aplazar el debate al próximo período de sesiones, que inicia el 1 de septiembre.

La iniciativa, defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como una forma de combatir el narcotráfico desde la raíz, “tiene inconsistencias” tras las modificaciones que realizaron los diputados al texto original aprobado por el Senado en noviembre PASADO, explicó Monreal en rueda de prensa.

“El Senado no puede legislar bajo presión”, enfatizó este jueves Monreal, sin dar más detalles, aunque remarcó que hay intereses económicos, de cabilderos y de las industrias tabacalera y farmacéutica.

Monreal advirtió, además, que la Suprema Corte, que había impuesto al Congreso el plazo del 15 de diciembre para aprobar la normativa, debería autorizar una nueva postergación del debate, aunque en el pasado, la fecha límite ya ha sido incumplida en varias ocasiones.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, dijo el martes pasado que él apuesta por la política y la construcción de acuerdos entre todos los grupos parlamentarios en el tema relacionado con la regulación del cannabis.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de solicitar una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la aprobación de dicha legislación, dijo que está propuesta pudiera ser una salida “con tal de construir un proyecto con consenso amplio”.

Sin embargo, hasta el martes pasado indicó que todavía se valoraba aprobar el dictamen en sus términos, porque se tiene un plazo perentorio de la Corte, además de que dicha regulación representaba para el Estado mexicano grandes ingresos. “Creemos que es importante en estos momentos difíciles de pandemia y en el tema económico”.

Fue ahí donde señaló que la minuta que envió la Cámara de Diputados contenía muchos temas controversiales, como el permitir el consumo de mariguana “en cualquier parte”; alertó que hay otras inquietudes como la eliminación del Instituto que se proponía para regular el uso de la planta, así como lo relacionado con los permisos y licencias.