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A días de que concluya su periodo como consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, realiza una visita de trabajo a Estados Unidos, donde sostendrá reuniones con instituciones que desde 2014 han sido aliadas del INE.

Del 20 al 24 de marzo sostendrá encuentros con representantes de la National Endowment for Democracy (NED), National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), International Foundation for Electoral Systems (IFES), Woodrow Wilson Center, Center for American Progress, Center for Strategic and International Studies (CSIS), y The Atlantic Council.

El Consejero Presidente participará también en el lanzamiento de la Red Global para Asegurar la Integridad Electoral (GNSEI).

Asimismo, el INE informó que Córdova Vianello tendrá reuniones con Luis Almagro, secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA); con funcionarios del Comité de Asuntos Exteriores y con miembros del Caucus Hispano de la Cámara de Representantes

En su parada en Washington, el consejero presidente se reunirá con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

En tanto, en la visita que realizará a Nueva York, Córdova Vianello sostendrá encuentros con funcionarios del Council of The Americas  y con el jefe de la División de Asistencia Electoral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Craig Jenness.

El INE aclaró que el objetivo de la visita de trabajo del consejero presidente a Estados Unidos es el fortalecimiento de las políticas y acciones institucionales de vinculación, información, intercambio y cooperación del Instituto con la comunidad internacional en materia electoral y de fortalecimiento de la democracia.

Recordemos que será el próximo 3 de abril cuando Lorenzo Córdova dejará el INE junto con los consejeros Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña que también concluyen su periodo.

El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, juró hoy ante el Parlamento su reelección en el cargo por otros siete años, debido a la falta de acuerdo de los partidos políticos para encontrarle a un sucesor la semana pasada.

“Juro ser leal a la República y observar lealmente su Constitución”, proclamó Mattarella entre aplausos en la Cámara de los Diputados, que congregó a los más de mil “grandes electores” que participaron en la votación para su reelección, todos sometidos a pruebas contra el COVID-19.

La reelección de Mattarella, de 80 años de edad, se hizo necesaria el pasado sábado, aunque en distintas ocasiones había manifestado su deseo de ir a “descansar”; sin embargo, los partidos políticos fueron incapaces de ponerse de acuerdo para consensuar a un nuevo jefe de Estado.

Mattarella aseguró que aceptó el cargo para evitar cualquier incertidumbre que pusiera en riesgo la recuperación del país ante la crisis de la pandemia, aunque consideró que fue una semana complicada: “También para mi”, sostuvo ante el plenario.

“Mi pensamiento va a todas y todos los italianos de cualquier edad, religión u orientación política, y en particular a los más vulnerables, que esperan de las instituciones garantías de derecho y ayuda a su malestar”, instó entre continuos aplausos.

Esas “expectativas”, subrayó, se habrían visto fuertemente amenazadas por un escenario de incertidumbre política y tensión y habrían puesto en riesgo las perspectivas de impulso del país, comprometido a salir de una condición de gran dificultad. “Esa es la razón de mi ‘sí’ y estará en el centro de mi labor como presidente de nuestra República en este nuevo mandato”, añadió.

En el plano internacional, Mattarella volvió a defender el proyecto de la Unión Europea, aunque pidió que no “huya de sus retos”, como la paz en la zona del Mediterráneo, y animó a “no aceptar” que se alce de nuevo el viento del desencuentro en un continente como Europa, “que ha conocido tantas tragedias”.

El jefe del Estado italiano elogió también al primer ministro, Mario Draghi, a quien encargó el gobierno del país hace un año para hacer frente a la pandemia y que está apoyado por todos los partidos del Parlamento excepto por los ultras de Hermanos de Italia.

Este lunes 1 de noviembre inicia el periodo de recolección de firmas de apoyo ciudadano que se requieren para iniciar un proceso de Revocación de Mandato, cuya etapa concluye el próximo 15 de diciembre.

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 24 mil 029 avisos de intención por parte de ciudadanas y ciudadanos, así como de organizaciones que buscaban constituirse como promoventes de la Revocación de Mandato, es decir, quienes recabarían las firmas, y que, en caso de obtener el apoyo, habrá de celebrarse el 27 de marzo de 2022.

Del total de promoventes, 22 mil 419 (93.30%) cumplieron los requisitos para estar en posibilidades de recabar firmas y mil 603 (6.67%) no cumplieron con la documentación requerida, mientras que sólo 7 (0.03%) desistieron.

Entre las principales causas por las que fueron rechazadas algunas solitudes se encuentran: ser integrantes de partidos políticos, de los gobiernos federal o locales, así como del Congreso; no demostrar su constitución legal como agrupación; y solicitar ser promoventes en la “ratificación de mandato” del Presidente de la República y no de una revocación.

El INE precisó que del 25 al 30 de octubre se llevó a cabo una capacitación virtual sobre el cómo funciona el Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos.

Recordemos que para que se pueda convocar el proceso de Revocación de Mandato se requerirá el apoyo del 3% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores; es decir, 2 millones 758 mil 227 mexicanas y mexicanos de al menos 17 de entidades.

Del 1 al 30 de diciembre se realizará la verificación de las firmas y la captura del régimen de excepción en los 204 municipios de alta marginalidad. Posteriormente habrá un periodo de garantía de audiencia para que las y los promoventes puedan reclamar lo que a su derecho convenga del 16 al 30 diciembre.

De convocarse, la Revocación de Mandato solo será procedente si cuenta con al menos la participación del 40% de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

A más tardar el 10 de enero de 2022, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará el informe de verificación de firmas, a fin de que el Consejo General del INE evalúe y determine en caso de ser procedente el cumplimiento del porcentaje requerido y, en su caso, emitir la convocatoria a más tardar el 12 de enero de 2022.

La Asamblea General de la ONU confirmó este viernes a António Guterres para un segundo periodo al frente de Naciones Unidas, es decir, se mantendrá en su cargo durante otros cinco años.

“Tengo el honor de anunciar que su excelencia António Guterres ha sido designado por aclamación como secretario general de las Naciones Unidas para un segundo mandato, que comenzará el 1 de enero de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 2026”, anunció el presidente de la Asamblea General, Volkan Bozkir, tras una ovación general de los representantes de los países de la ONU.

Guterres, contra quien ningún país planteó otra alternativa, asumió la Secretaría General en enero de 2017, tras imponerse a un gran número de candidatos entre los que se encontraban personalidades conocidas en la escena internacional como la hoy directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, o la que entonces era directora general de la Unesco, Irina Bokova.

Antes de ser elegido por aclamación, Bozkir apuntó que el pasado 21 de febrero Portugal, a través de su representante permanente en la ONU, presentó la candidatura de Guterres para su reelección y “ningún otro Estado miembro presentó candidatos”.

Aunque varias personas se postularon e hicieron campaña durante los últimos meses, ninguna llegó a ser propuesta formalmente por un Estado miembro, por lo que sus nombres no fueron tomados en cuenta.

El presidente de turno del Consejo de Seguridad, el estonio Sven Jürgenson, también intervino momentos antes de que la Asamblea reafirmara su confianza en Guterres para insistir en el respaldo del máximo órgano de la ONU al diplomático.

“Los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron su apoyo incondicional al señor António Guterres”, dijo Jürgenson, subrayando que el trabajo del secretario general responde a “los más altos estándares de eficacia, competencia e integridad” y “a un firme compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Su reelección, lejos de ser una sorpresa, se consideraba el paso lógico dentro del organismo dado que durante décadas todos los jefes de Naciones Unidas han servido durante dos mandatos, con la excepción del egipcio Butros Gali, cuya reelección fue vetada en 1996 por Estados Unidos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Nación (SCJN) admitió la consulta extraordinaria presentada por el ministro presidente, Arturo Zaldívar, para analizar y definir si se extiende dos años su periodo en la presidencia.

Zaldívar anunció ayer por la mañana que había presentado por escrito la solicitud de consulta al pleno, y por la tarde ya había sido admitido el trámite que, en condiciones normales, tarda varios días en realizarse.

“Radíquese este asunto en el Pleno de la Suprema Corte y túrnese al Ministro José Fernando Franco González Salas, a quien le corresponde por decanato, según el turno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, a fin de que formule el proyecto de resolución correspondiente y dé cuenta con éste al propio Pleno”, se apuntó en el acuerdo.

Recordemos que Zaldívar anunció que se activó el proceso para que el pleno del organismo analice la ampliación de su mandato; en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, Zaldívar recordó que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial “más importantes en los últimos 25 años”.

Dijo que esta reforma fue posible gracias a un “esfuerzo inédito” de los distintos poderes y recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.

“Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía” del Poder Judicial, admitió. Por todo ello consideró que el pleno debe fijar “una postura a la brevedad posible”.

Al ser cuestionado este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le reiteró su apoyo y confianza y lo calificó como un hombre “íntegro y honesto”.

Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura “es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial” y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría. Aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024.

Recordemos que originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, ya que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció este lunes que activó el proceso para que el pleno de la Corte se pronuncie sobre la reforma que extiende dos años, tal como lo sugirió Morena y sus aliados, y aprobado por el Senado.

“Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el pleno de la SCJN se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial”, informó Zaldívar a través de sus redes sociales.

Zaldívar recordó en su escrito que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial “más importantes en los últimos 25 años”, las cuales señaló, fueron posible gracias a un “esfuerzo inédito” de los distintos poderes; recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.

“Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía” del Poder Judicial, admitió Zaldívar.

Por todo ello consideró que el pleno debe fijar “una postura a la brevedad posible”. Como presidente de la Suprema Corte, sometió a consideración del tribunal esta consulta, que contempla varias preguntas sobre la posible inconstitucionalidad de ese artículo, el choque con otras leyes y el papel que debe tener el Supremo en esta controversia.

Zaldívar explicó que para “dirimir” estas controversias instruirá “la formación del expediente y su turno a la ministra o ministro que corresponda para la elaboración de un proyecto que dé respuesta a todos los temas planteados, a fin de que, con celeridad, se salvaguarde la autonomía e independencia del Poder Judicial”.

Al ser cuestionado este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su apoyo y confianza al ministro presidente, a quien calificó como un hombre “íntegro y honesto”.

Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura “es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial” y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría. Aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024.

López Obrador dijo que es necesario que los otros ministros de la Corte apoyen la reforma, aunque dudó que consiga su respaldo ya que ellos fueron designados en anteriores gobiernos.

Recordemos que la polémica reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación en la se incluye la extensión de la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024 fue publicada hace una semana por el gobierno federal.

El artículo polémico establece que la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, puesto que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.

Luego de que el Senado aprobara ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por dos años, como parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, fue la el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) quien se desmarcó de dicho cambio.

“El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”, explicó el CJF en un boletín.

Y es que el artículo transitorio del dictamen, presentado por el senador Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM, fue aprobado con 85 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones.

“La persona que, a la entrada en vigor de esta reforma, ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durará en el cargo hasta el 30 de noviembre del 2024”, se lee en el artículo.

De esta manera, la presidencia de Zaldívar que tenía que concluir en 2022 su mandata, finalizará en 2024 al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La permanencia de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal también se amplía.

Ante la acción, los senadores de oposición dijeron que en los hechos es “un golpe de Estado al Poder Judicial”.

El CJF explicó que los proyectos de leyes que implementen la reforma constitucional del 11 de marzo fueron elaboradas al interior del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es público desde febrero de 2020.

Aclaró que las iniciativas fueron modificada y enriquecidas a través del diálogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, las cuales se hicieron llegar al Senado de manera pública y “gozaron de la aceptación de las y los legisladores”.

Indicó que debido a que dicha reforma pasa a la Cámara de Diputados, el artículo transitorio podrá ser eventualmente modificado.

“Nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que consoliden su autonomía e independencia”, concluyó el CJF.

Al respecto, esta mañana fue cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que estaría de acuerdo con ampliar el periodo de Zaldívar, siempre y cuando eso ayude a que se consolide la reforma al Poder Judicial.

“Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es número determinado de leyes para reformar, yo estoy de acuerdo. Sobre la ampliación del periodo de dos años… se llevó acabo en el Senado, pero si eso garantiza que va a ver la reforma, yo estoy de acuerdo”, respondió el mandatario.

Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación de Poder Judicial porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y magistrados y ministros; urge una reforma al interior del Poder Judicial.

Aprovechó para manifestar su confianza al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a quien calificó como un hombre íntegro.

“Pienso que si se amplió el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo; pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores, pero para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura: estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte”, reiteró.

Coincidió en que es necesario que se amplíe la permanencia de Zaldívar sobre todo al frente del Consejo de la Judicatura, ya que es el órgano que puede llevar a cabo los cambios que se requieren, pues es quien tiene que ver con las normas para la elección de jueces, magistrados y ministros.

AMLO concluyó asegurando que es una decisión que tomaron los Senadores, y ahora corresponderá a los Diputados discutirla y en su caso aprobarla.

Durante la discusión y aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se presentó un artículo transitorio por el que se amplió el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo al acuerdo presentado, y aprobado con el apoyo de las bancadas afines a la 4T (Morena-PT-PVEM-PES) el periodo de Zaldívar pasa de 4 a 6 años, mientras que el de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de 5 a 7 años.

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no hubo ilegalidad alguna en la aprobación de la reserva propuesta por el Partido Verde, aliado de su partido, a quien la oposición acusó de pretender hacer uno uso electoral del tema.

Monreal dijo que los partidos que se dicen en contra del artículo tienen caminos jurisdiccionales, aunque también  también tienen caminos legislativos, pues explicó que el Senado es Cámara de origen, por lo cual los Diputados pueden “enmendar, pueden corregir si ellos lo consideran pertinente y eliminar esta reserva”.

“Convenzan a los legisladores de sus grupos parlamentarios y de la mayoría, para que nos corrijan la plana. No sería la primera ni la última vez que esto sucede”, advirtió el morenista.

Recordemos que Arturo Zaldívar fue electo ministro Presidente de la Suprema Corte el 2 de enero de 2019, cargo que desempeñaría hasta diciembre del próximo año, casi dos años antes de que López Obrador finalizara su mandato. Sin embargo, con la aprobación del articulo incluido en la reforma secundaria, su gestión se extiende hasta 2024, año en que AMLO dejaría el poder.

Los partidos de oposición calificaron de un “albazo, un engaño y un agandalle” la inclusión y aprobación del articulo, orquestado dijeron, desde la bancada de Morena. Aseguraron que la propuesta nunca circuló entre los legisladores.

El senador panista Damián Zepeda denunció el hecho como un golpe de Estado, además de que “están queriendo dominar al Consejo de la Judicatura”, toda vez que el artículo 100 de la Constitución marco un periodo de 5 años para los consejeros, señalando que no pueden ser reelectos para un periodo posterior.

Dante Delgado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano pidió al presidente de la SCJN que “por decoro y dignidad” no acepte la “aberración jurídica.

La oposición coincidió en que dicho artículo no se discutió, informó, ni se incluyó en la gaceta, ocasionando “confusión” que llevó a que legisladores del PRI votaran a favor del mismo.

La legislación secundaria deriva de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de marzo de 2021.

El Senado indicó que el objetivo de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, es erradicar el nepotismo, la corrupción, la discrecionalidad y el hostigamiento sexual, así como garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos de este sector.

Según lo expuesto en el texto, la reforma contempla un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo.

Asimismo, establece sanciones con responsabilidad administrativa a los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.

Asimismo, actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de esta conducta.

A un año de que entrara en vigor la nueva marcación telefónica, se venía gozando de un periodo de convivencia, es decir, de adaptación a las nuevas reglas.

Durante los últimos 12 meses, los mexicanos podían seguir marcando con prefijos sin que ello afectara las comunicaciones.

Sin embargo, este domingo vence dicho periodo, y a partir del primer minuto del próximo lunes la marcación será obligatoria a 10 dígitos.

La nueva marcación aplica para todas las llamadas telefónicas que se realicen en territorio nacional, tanto a teléfonos fijos como móviles.

Los prefijos 01, 800, 044 y 045 se eliminan, y solo se deberá emplear la clave lada correspondiente, y el número local de ocho dígitos. Solo el número del 911 no tendrá modificación.

Este cambio al Plan Técnico Fundamental de Numeración, ordenado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el 16 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2018, momento a partir del cual las empresas debieron comenzar con las adecuaciones necesarias a sus sistemas y redes para concretar esta modificación.

El nuevo sistema de marcación a 10 dígitos, se implementó debido a que ya no hay numeración en muchas ciudades ante el alto número de líneas solicitadas. Ahora, se garantiza que haya suficientes números disponibles para los próximos 15 o 20 años.

El IFT advirtió que los operadores de servicios telefónicos que no desactiven el antiguo sistema de marcación le será iniciado un proceso sancionatorio.

José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó este viernes que no buscará permanecer al frente del organismo otro periodo.

“Hoy informé al Consejo de la OCDE que no buscaré un nuevo mandato (…) seguiré trabajando duro hasta el junio de 2021 con mi excelente personal, para fortalecer a la OCDE”, publicó Gurría en sus redes sociales.

El secretario de la OCDE se dijo orgulloso del trabajo que ha hecho al frente del organismo, y de los logros colectivos que se ha conseguido.

Indicó que seguirá trabajando para ayudar a los países a abordar los desafíos que la actualidad presenta. Agradeció a los líderes y ministros por la confianza y apoyo recibidos.

El también exsecretario de Hacienda mexicano asumió las riendas de la OCDE en 2006, por un periodo de cinco años; ya en el organimso, Gurría renovó su mandato por dos periodos más, con lo que acumulará 15 años al frente de la Organización.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad, el proyecto del ministro Fernando Franco, que declara como inconstitucional la llamada ‘Ley Bonilla’, por la que el gobernador de Baja California extendería su mandato por 5 años.

El proyecto del ministro Franco reconocía las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos partidos políticos y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); al haber sido adoptado, Bonilla solo estará al frente del gobierno de Baja California por dos años.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que la ‘Ley Bonilla’ resulta a todas luces inconstitucional.

“La pregunta inequívoca que se presenta ante nosotros es, pues, si resulta constitucional la ampliación del período para el cual fue electo el gobernador de Baja California, a través de una reforma a la Constitución Local aprobada con posterioridad a la culminación del proceso electoral. La respuesta es a todas luces negativa”, indicó.

Apuntó que el Congreso local perpetuó un fraude a la Constitución; y llamó a que se respete el resultado de la elección, pues es la voluntad popular la que está ahí expresada.

“Es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. El congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”, dijo el ministro presidente.

Incluso los ministros afines al gobierno federal, como Yasmín Esquivel, reconocieron que aceptar la ampliación de mandato podría abrir la puerta a para futuros “caprichos” que atenten contra la Constitución.

“Esto daría pauta a caprichos e intereses de todo tipo, de aquellos que desean vulnerar la Constitución. Ningún poder puede extralimitarse en sus facultades. Legalidad sí, siempre y cuando se respete la voluntad popular”, dijo la ministra nombrada en este gobierno.

Margarita Ríos-Farjat, excolaboradora del gobierno federal, y ahora ministra de la Corte, dijo que la Ley Bonilla no sólo contraviene principios constitucionales, sino que pone en evidencia la falta de compromiso con la Constitución de Baja California y la Constitución federal. “Se debe preservar la confianza en los procesos, en el voto, la confianza en la democracia”.

Será el próximo lunes cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comience el análisis de las reformas que permiten la ampliación de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California.

El anuncio lo hizo el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien indicó que se comenzarán los trabajos en torno a la llamada ‘Ley Bonilla’

En la sesión del lunes 11 de mayo se discutirá la acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los partidos políticos y la CNDH solicitan la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política de Baja California, publicada en el periódico oficial el 17 de octubre 2019.

La ponencia está a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas, y propone declarar inválida la reforma al artículo 8 de Baja California.

La discusión de la “Ley Bonilla” aparece como el primer asunto en la lista que se discutirá en el pleno, que sesiona de manera remota.

Enrique Graue rindió protesta esta mañana como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para un segundo periodo al frente de la Máxima Casa de Estudios, el cual finalizará en 2023.

Graue asume luego de que el pasado viertes 8 de noviembre, la Junta de Gobierno de la UNAM anunciara a Graue como el perfil idóneo para encabezar la institución.

Graue resultó electo de una terna integrada por Angélica Cuéllar Vázquez, actual directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Recordemos que Graue lleva al frente de la UNAM desde 2015, luego de haberse desempeñado como director de la facultad de Medicina y presidente de la Academia Nacional de Medicina.

La Junta de Gobierno indicó que para la elección de Graue, se tomó en cuenta la calidad y viabilidad académica e institucional del programa de trabajo presentado, así como las perspectivas de renovación, desarrollo y vinculación de la Universidad dentro del contexto nacional e internacional.

Igualmente se valoraron su trayectoria profesional, académica, administrativa y de gestión, su desempeño en la entrevista, su capacidad de diálogo con los diversos sectores de la comunidad, así como su conocimiento de la Universidad y sus posibilidades de desarrollo.

Al respecto, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a Graue e indicó que “me da gusto que, de manera democrática, se haya decidido apoyar al rector de la UNAM. Y le deseo al doctor Enrique Luis Graue que le vaya muy bien”.

Señaló que ayer, durante la entrega de los premios de arquitectura e ingeniería, saludó al rector y aprovechó para felicitarlo.

Reiteró que el gobierno federal está trabajando de manera coordinada con la UNAM, respetando la autonomía de la institución.

El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, indicó que acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las reformas aprobadas por el Congreso estatal que amplían su mandato de dos a cinco años.

El morenista culpó al Instituto Nacional Electoral (INE) de equivocarse y querer engañar a la gente, al presentar una convocatoria que no corresponde a la elección que él se inscribió, y consideró que nada tienen que ver las autoridades electorales en este proceso.

“Está muy clarito en los documentos”, dijo al señalar que cuando se registró fue para un periodo de cinco años y no dos, además de que no reconoce más que la última convocatoria emitida por las autoridades electorales para gobernar un quinquenio.

Acusó que el INE ha sido el provocador del problema sobre la confusión de la duración. “Nunca publicó lo que ellos decían que era la nueva ley, nunca sacaron una convocatoria y ahora salen defendiéndose”, expuso el gobernador electo.

Sostuvo que nadie se está “brincando las trancas para nada”, y defendió que lo que hacían era “sellar” el proceso, aunque reconoció que cuando ya esté publicada la ley, se tendrá la oportunidad de impugnarla a través de cualquier acción.

Bonilla se calificó como un demócrata, e indicó que es moral y jurídicamente correcta su defensa de gobernar la entidad cinco años; consideró que con ello no afecta la imagen su partido Morena ni al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Bonilla Valdez dijo que si el período del ejercicio de gobierno en el estado fuera de dos años, no se habría registrado, pero que de palabra le dijeron cuando hizo este trámite que era de un quinquenio y reiteró que en el documento no se indica un periodo.

Además, consideró que las consecuencias de gobernar dos años serían terribles y catastróficas para los bajacalifornianos pues sería tener un “mini gobierno” de transición, pues “truena a un estado que de por sí está quebrado, pues al primer año estaría en puerta de nueva elección.

Afirmó que para él este proceso ya terminó una vez que se publique la ley y “ya vendrán los afectados a impugnarla, pero nada tienen que hacer las autoridades electorales, las cuales provocaron todo el problema.

Bonilla Valdez culpó a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y al Partido Acción Nacional (PAN) de estar detrás de este conflicto.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California por la que se declaró incompetente para resolver las impugnaciones contra la Consulta Ciudadana que se celebrará el próximo domingo en esa entidad.

La Consulta Ciudadana preguntará a la ciudadanía si la duración de la próxima gubernatura en el estado será de dos o cinco años.

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California se declaró incompetente porque la Consulta Ciudadana, organizada por el Congreso local, es de naturaleza distinta a la electoral, enmarcada en el ámbito legislativo, y no corresponde a las que se organizan conforme con la Constitución y la Ley de Participación ciudadana de aquella entidad.

Las impugnaciones habían sido interpuestas por la Coparmex local, y los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Lla Sala Superior tomó en cuenta que no se trata de una Consulta Popular como marca la Constitución Política de Baja California, ni tampoco es organizada por el Instituto Electoral del estado.

Aclaró que su aplicación no tendría efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno, sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no al titular del Poder Ejecutivo local el decreto que amplía de dos a cinco años la gubernatura, para su publicación; esto es, continuar con el proceso legislativo.

Recordemos que el pasado 22 de agosto, el Congreso local aprobó el acuerdo por el cual determinó realizar una Consulta Ciudadana y conformó la comisión especial para realizarla con el fin de que se conozca el sentir de la ciudadanía de Baja California respecto a la ampliación del mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría, para Jaime Bonilla Valdez, por un periodo de sólo de dos años.

La resolución del Tribunal llega en respuesta a las impugnaciones que presentaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el local Transformemos.

Sin embargo, las magistradas y los magistrados consideraron infundadas, las impugnaciones del PRD que consideraban que Bonilla Valdez era inelegible por supuestamente incumplir los requisitos de nacionalidad y residencia.

También calificaron como infundado el recurso del partido local Transformemos en el que expuso conceptos de invalidez de la votación recibida en diversas casillas con la pretensión de que se efectuara un ajuste en el cómputo de los resultados.

Finalmente, la resolución de hoy avala un periodo para la gubernatura de dos años, como señala la Constitución local.

El período permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena, respecto al periodo de mandato, fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por esta Sala Superior, luego de un recurso presentado por MC.