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Una jueza estadounidense aceptó este lunes que un perito independiente supervise los documentos oficiales recuperados en la residencia del expresidente Donald Trump, quien afirmó que se necesitan “agallas” para luchar contra un Departamento de Justicia y un FBI “totalmente corruptos”.

La magistrada Aileen Cannon, del distrito Sur de Florida, ordenó que el perito, aun por designar, se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes.

Cannon está a cargo de la demanda presentada por Trump contra el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos por el registro del que fue objeto Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, Florida, el pasado 8 de agosto en busca de documentos oficiales que se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca.

Trump, cuyos abogados habían pedido a la jueza Cannon la designación del “special master”, como se denomina en inglés esta figura, publicó un comunicado tras conocerse hoy la decisión judicial.

Sin mencionar a Cannon ni al perito, el expresidente indicó que el poder judicial y la policía de investigaciones (FBI) “están siendo empujados a hacer lo incorrecto por muchas fuentes externas siniestras”. “Hasta que no muestren imparcialidad, sabiduría, justicia y coraje, nuestro país nunca podrá regresar o recuperarse, ¡será reducido a ser una nación del Tercer Mundo!”, agregó.

Los abogados defensores de Trump alegaron el pasado jueves en una audiencia que la designación del perito independiente brindaría “confianza” a la investigación sobre los documentos oficiales que mantenía el exmandatario en su mansión de Palm Beach.

Habían reclamado un “special master” no solo para supervisar qué documentos han sido clasificados como cubiertos por el privilegio abogado-cliente y, por ende, separados de la investigación, sino también para revisar el inventario de lo requisado.

A su vez, los abogados del Departamento de Justicia habían señalado en esa audiencia ante la jueza Cannon que la designación de un perito era “innecesaria” e iba a retrasar las pesquisas.

Y es que en el registro realizado por el FBI en Mar-a-Lago se encontraron documentos clasificados y secretos que el expresidente republicano presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

Tambié había 90 carpetas vacías con etiquetas de “clasificado” y “Devolver a la secretaria del personal/asistente militrar”, según el inventario del registro, que fue publicado la semana pasada.

La decisión tomada este lunes por la jueza estipula que el Departamento de Justicia no puede seguir revisando el material incautado o utilizarlo en el marco de la investigación hasta que ese perito no finalice su análisis o hasta nueva orden judicial.

Un juez procesó a dos peritos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por “obstaculizar” en 2014 la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

“De acuerdo con la investigación, Mauricio ‘C’ y Patricia ‘G’, probablemente realizaron actividades en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, lo cual derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Los dos acusados, identificados por medios locales como Mauricio Cerón y Patricia Gómez, formaban parte de la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces PGR y fueron procesados por un juez de control de la Ciudad de México que fijó un plazo de seis meses para que sean investigados.

Los dos funcionarios, que afrontarán el proceso en libertad, habrían perdido restos óseos hallados en el río San Juan, zona donde se investigó la desaparición de los 43 estudiantes.

Y es que según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, Guerrero y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El actual gobierno echó abajo definitivamente esta versión al identificar restos no calcinados de Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.

Además de investigar el paradero de los jóvenes, las autoridades quieren juzgar a los responsables de la investigación en el gobierno anterior, liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.

Peritos del Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá dieron por finalizada la investigación sobre el accidente aéreo donde perdieron la vida la gobernadora poblana Martha Erika Alonso y su esposo el senador, Rafael Moreno Valle, sucedido en Coronago, Puebla, el pasado 24 de diciembre cuando realizaban un viaje rumbo a la Ciudad de México.

Nora Valle, Jimmy Cancino e Iván Granciano son los expertos extranjeros que arribaron a la zona del desastre desde el viernes por la mañana y quienes estuvieron examinando el lugar hasta la tarde de este sábado.

Los investigadores contaron con el apoyo de personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), así como del área de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Al lugar de los hechos también acudieron miembros de la Empresa Rotor Flight Servicios, que es especialista en el mantenimiento de helicópteros tipo Augusta, como en el que se transportaban los panistas el día en que ocurrió el fatal accidente.

Aunque terminaron las investigaciones en la zona de la caída de la aeronave, el rotor y la aleta trasera del helicóptero fueron trasladados a la Dirección General de Aeronáutica (DGAC) en la Ciudad de México, donde los expertos continuarán con la averiguación.

Se prevé que el Gobierno Federal dé continuidad a la investigación con la ayuda de expertos de Estados Unidos y la Unión Europea, pero esto aún no se ha confirmado ni agendado.

Especialistas del Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá y más de 20 peritos mexicanos escudriñaron la zona en donde cayó el helicóptero en el que la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso; el senador Rafael Moreno Valle y otras tres personas perdieron la vida.

Junto a los peritos canadienses, los especialistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Agencia de Investigación Criminal y de la armadora del helicóptero, trabajaron por más de 10 horas en la zona.

Gilberto Higuera Bernal, fiscal General de Puebla, señaló que los peritos extranjeros apoyarán “en hacer la revisión y hacer los estudios técnicos respecto a lo que ocurrió con la aeronave”.

El funcionario dijo que no se trata de llegar a acuerdos, sino de conocer lo que ocurrió, por lo que se está “haciendo una investigación profunda y seria”.

Los grupos de peritos recogieron partes de la aeronave y las guardaron en cajas. Posteriormente, con la ayuda de grúas retiraron la estructura más grande del helicóptero.

Los restos de la aeronave fueron llevados a un laboratorio para continuar con las investigaciones.