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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó suspender los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos para la implementación del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión provisional contra todos los artículos del proyecto impulsado por el presidente López Obrador.

El Instituto ordenó a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como a los órganos desconcentrados locales y distritales, aplicar las disposiciones vigentes hasta antes de la publicación del Decreto del ‘Plan B’.

Recordemos que el pasado 2 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó que se suspende hasta en tanto la Suprema Corte resuelva en definitiva la controversia constitucional.

Recordó que debido a que el Instituto se rige por la legalidad y, por ello, acordó en sesión de Consejo General realizada el 3 de marzo, el día de la entrada en vigor de la reforma, el inicio de los trabajos de dichas modificaciones legales que mandató el Poder Legislativo.

“Dado que el proyecto del Ministro Laynez establece la suspensión de todo el paquete de reformas como fue solicitado por la autoridad electoral en la controversia interpuesta y retrotrajo el estado de cosas jurídico al orden legal vigente antes de la entrada en vigor de la mencionada reforma, es menester en acatamiento, en consecuencia con dicha resolución tomar una serie de determinaciones”, indicó Córdova.

Dijo que se trata de una resolución que pone en pausa, mientras dure la suspensión mencionada, las actividades de instrumentación de la reforma y establece con claridad en atención a los principios de legalidad y de certeza jurídica las normas a las que personal de este Instituto está ceñido en su actuación.

Como parte de los acuerdos, se suspendió la ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma del Comité Técnico para la implementación del ‘Plan B’ que se había creado para la implementación.

La Consejera Dania Ravel dijo que hasta en tanto no se resuelva el fondo de la controversia constitucional que se presentó, no deberán aplicarse las disposiciones del Decreto del ‘Plan B’, lo que deja a salvo los derechos laborales de las personas que trabajan en el INE.

Señaló que también se seguirá operando con los órganos locales y desconcentrados en los términos en que se venía haciendo, lo que finalmente redunda en una adecuada atención a la ciudadanía y la garantía de sus derechos electorales.

Pero, ¿la suspensión del ‘Plan B’ de la reforma electoral es un triunfo para la democracia? Y es que aunque la Suprema Corte otorgó la suspensión, Morena avanza en su intención de controlar el INE mediante la designación de consejeros afines a la 4T.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Sergio López Ayllón, profesor-investigador del CIDE, sobre el tema.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de “excederse” en sus funciones, tras frenar el viernes pasado el “Plan B” de la reforma electoral que impulsó.

“Este ministro (de la SCJN) se extralimitó, se excedió y se convierte en los hechos en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo”, acusó el mandatario..

López Obrador criticó al ministro Javier Laynez, quien el viernes suspendió de forma indefinida los efectos de la reforma aprobada al admitir a trámite la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE denunció que la reforma afecta su funcionamiento porque le recorta 3,500 millones de pesos, elimina el 85% del servicio profesional electoral, permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, y reduce sus atribuciones para sancionar a candidatos.

López Obrador sostuvo que “la mayoría sabe que no es un asunto jurídico”, sino “un asunto político y mercantil” al señalar que “lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE”.

El mandatario recordó que en su mandato reformó la Constitución para que ningún funcionario tenga un salario mayor al del presidente, pero eso no lo han respetado en el INE ni la Suprema Corte.

“Los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente, tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo, es que no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios”, reiteró.

López Obrador sostuvo que continuará luchando por la vía legal para que se respete su reforma. Sin embargo advirtió que si la Suprema Corte la declara inconstitucional tiene un “Plan C”, que consiste en pedir que la gente vote contra el “bloque conservador” en 2024.

“Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. (Consiste en) que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C”, remató.

El “Plan B” era el último paquete de reformas legales que propuso el presidente López Obrador después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al INE, y que insiste en que no atenta contra la democracia y los comicios como sus detractores lo señalan.

La determinación del ministro Javier Laynez sobre el “Plan B” se dio porque “el decreto no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”.

Asimismo, la SCJN justificó que existen precedentes donde se suspenden leyes por su posibilidad de “vulnerar de manera irreparable derechos humanos”. “En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, indicó.

Con esta suspensión, se frena el despidió de forma inmediata al secretario ejecutivo del INE, el despido masivo de un 80% del personal de carrera electoral en el organismo, el recorte a su presupuesto, la eliminación de sus organismos estatales y locales así como a la extinción de dos fideicomisos.

En sesión extraordinaria del Consejo General, Edmundo Jacobo, reasumió la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que un juzgado de distrito en materia administrativa le otorgara una suspensión definitiva en el Juicio de Amparo promovido tras su remoción por la entrada en vigor del llamado ‘Plan B’ de la reforma electora.

El Juzgado concedió la suspensión definitiva a Jacobo Molina para que “se mantengan las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión y publicación” del decreto de reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de marzo.

Es decir, para que continúe en el cargo que ostenta como titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, “así como para que las autoridades responsables se abstengan de cesarlo o destituirlo de sus funciones con motivo de la publicación de la norma reclamada”. Ello, hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que con la resolución del Poder Judicial de la Federación y la suspensión definitiva que se otorgó al Secretario Ejecutivo, se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario “probo, honesto y comprometido a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho”.

Córdova Vianello enfatizó que este suceso además abona a salvaguardar la autonomía y la independencia del INE.

“Este Consejo General por mandato constitucional, el artículo 41 así lo establece, es quien designa a su Secretario Ejecutivo con ocho votos de sus consejeras y consejeros a propuesta del Consejero Presidente y ningún poder del Estado puede removerlo y mucho menos el Legislativo, si no es mediante un juicio político”, recordó.

Esta decisión, añadió el Consejero Presidente, es también evidencia de los resultados de la estrategia jurídico-institucional que el INE decidió instrumentar para defender, con todos los recursos legales a su alcance, los derechos del personal que forma parte de este Instituto.

En tanto, Edmundo Jacobo explicó que la sentencia de suspensión definitiva es un primer paso para restaurar la regularidad constitucional en el país.

Además, resaltó que los litigios relacionados con el artículo décimo séptimo transitorio no son simples controversias jurídicas relacionadas con las personas y su permanencia o no en un cargo público, sino que tienen que ver en realidad con la concepción del Estado mexicano de derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución a los órganos primarios del Estado, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas por el ordenamiento.

El Secretario Ejecutivo sostuvo que México es un país de instituciones, “en el que las personas integrantes de los órganos estatales estamos únicamente de paso”, por lo que llamó a valorar la importancia y oportunidad de la decisión del Consejo General por la que se instruye defender, a través de todos los instrumentos legales, tanto el marco competencial del INE, como los derechos humanos de quienes lo integran.

Por su parte el Consejero Ciro Murayama, dio la bienvenida a Edmundo Jacobo Molina “al cargo del que no debió separarse”.

“Se trata, como se ha dicho, de un retorno al orden constitucional, de un triunfo de la legalidad frente al abuso del poder político, del primer gran revés del Plan B”, sostuvo el consejero.

Sobre la restitución del Secretario Ejecutivo, el diputado Hamlet García Almaguer de Morena señaló que Edmundo Jacobo Molina regresa al INE, pero no con sus facultades plenipotenciarias.

Destacó que la sentencia a favor de Edmundo Jacobo Molina señala que el secretario general del INE debe apegarse al marco legal vigente, que es el ‘Plan B’ de la reforma electoral.

Sin embargo, lamentó la determinación de la juez de distrito para que éste regrese como secretario ejecutivo del INE, ya que le otorgó la suspensión únicamente para que esté en el Consejo General del Instituto, pero no le otorga la suspensión para que conserve las atribuciones que tenía conforme a la legislación anterior.

Lamentó que los jueces protejan a funcionarios que llevan más de 15 años en el cargo y que se aproximan a un total de 18, a través de una votación fraudulenta que se desarrolló en el año 2020 para poder extenderle su periodo por otros seis años más a Edmundo Jacobo.

“Ya lo había dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: se parece a Porfirio Díaz, es ‘un porfirito’ y se ancla a su trabajo, a su función, pero ya no le queda lo que tenía; la propia juez le está diciendo que se tiene que preparar para las nuevas atribuciones y no a las anteriores”, concluyó el morenista.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió a Edmundo Jacobo, una suspensión provisiona en relación al amparo que presentó en contra del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral, que al haber entrado en vigor la semana pasada, lo cesó como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).

La suspensión dada refiere que Edmundo Jacobo fue electo para el periodo 2020-2026, además de que la reforma electoral no justifica su cese.

“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades (de la Secretaría Ejecutiva) justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que se venía ejerciendo por el quejoso, como algún dictamen valorativo o procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencia”, se lee en el fallo.

La magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, presidenta del Tribunal, precisó que se trata de una decisión provisional, que no toca temas de fondo, por lo que no dejaría sin materia el juicio de amparo.

Alcalá Valenzuela también precisó que la suspensión provisional no representa un perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que de continuar en el cargo, Jacobo Molina estaría obligada a actuar conforme al marco legal vigente.

“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades, justifique que se terminan anticipadamente la titularidad del nombramiento que éste había ejerciendo por lo que la propuesta es declarar fundado el recurso de queja”.

Hay que contemplar que la temporalidad de la restitución dependerá de lo que resuelva la Juez de Distrito que lleva el caso, con relación a si concede o no la suspensión definitiva. En caso de concederse la suspensión definitiva, Jacobo Molina regresará al cargo por tiempo indefinido, pero si se le niega se mantendrá vigente su cese.

Adicional, el INE confirmó este jueves que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de Controversia Constitucional en contra del ‘Plan B’.

El INE señaló que se detectaron violaciones constitucionales en aproximadamente 200 artículos de la reforma, mismas que vulneran 25 disposiciones constitucionales.

Este nuevo recurso se suma a la Controversia Constitucional presentada por el INE el pasado 1 de febrero, en contra de la primera parte del ‘Plan B’.

En la demanda presentada este jueves, se solicita que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que el llamado Plan B de la reforma electoral, que entró en vigor este viernes, afecte la democracia y ponga en riesgo las elecciones de 2024, pese a las alertas de especialistas en México y el extranjero.

“Todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario”, expuso el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

El presidente defendió el Plan B, el cual presentó después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE), y aplicar diversos cambios en materia electoral.

AMLO aseguró que el Plan B busca que haya jueces y consejeros “honestos, íntegros, incorruptibles”, además de que ayudará a que no cuesten tanto los aparatos burocráticos que no le cuestan tanto al pueblo.

Y es que ahora el Plan B de la reforma recorta 3,500 millones de pesos al presupuesto del INE, elimina el 85% del servicio profesional electoral, y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, lo que ha sido señalado en un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, podría afectar las elecciones presidenciales de 2024.

López Obrador aseguró que la reforma “es para que haya jueces, consejeros, honestos, íntegros, incorruptibles, y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo”.

La reforma electoral, cuya constitucionalidad ahora analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), generó la semana pasada cuestionamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos y congresistas estadounidenses.

“Hoy, en México vemos un gran debate sobre reformas electorales que están probando la independencia de las instituciones electorales y judiciales”, tuiteó el domingo Brian Nichols, secretario asistente para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Además, cientos de miles de mexicanos marcharon en más de 100 ciudades el domingo pasado en la protesta más grande contra una iniciativa de López Obrador.

El mandatario acusó a sus opositores de que “engañan, manipulan, a muchísima gente”.

López Obrador se volvió a lanza contra Edmundo Jacobo, ahora exsecretario Ejecutivo del INE, a quien acusó de formar parte del grupo que participó en diversos fraudes electorales.

“Yo ni sabía quién era este señor Edmundo Jacobo (…) que gana más que yo, pero además me enteré que lleva 30 años en el INE, es del grupo de Woldenberg, imagínense en cuantos fraudes habrá participado y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio de voto libre, elecciones limpias, en favor de la democracia”, lanzó.

Por su parte el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien expuso algunos puntos en la conferencia matutina, aseguró que “la reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades”.

El funcionario reiteró que el “Plan B” reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social.

También destacó que se emite una nueva Ley General de Medios de Impugnación.

Estados Unidos parece haber cambiado de posición, y ahora destacó que México tiene una “democracia vibrante” y que lo considera un socio igual, esto después de haber cuestionado el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“México tiene una democracia vibrante y eso lo hemos visto en los últimos días. Hicimos esos comentarios con este espíritu”, dijo en su rueda de prensa diaria el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El vocero aseguró que siempre que habla sobre México lo hace reconociéndolo como “un socio” que está al mismo nivel que Estados Unidos y que toma sus propias decisiones de forma soberana.

Al mismo tiempo, Price subrayó que es su “responsabilidad” responder a las preguntas que la prensa le hace sobre los diferentes países del mundo.

“Cuando hablamos de México, lo hacemos como cuando nos hacen preguntas similares sobre otros países. Hablamos sobre los valores y principios que son importantes para las democracias”, dijo.

Y es que recordemos que López Obrador arremetió ayer contra el gobierno estadounidense, al asegurar que “hay más democracia en México que en Estados Unidos”, esto en respuesta al Departamento de Estado que cuestionó los cambios en materia electoral aprobados por el Congreso de nuestro país la semana pasada.

Además, tras la masiva manifestación opositora contra la reforma llevada a cabo el pasado domingo, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos “apoya instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer los procesos democráticos y el Estado de derecho”.

“Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no le corresponden, muy contrario al presidente (Joe) Biden, que siempre habla de igualdad”, reclamó ayer López Obrador.

De acuerdo con el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, la democracia requiere una defensa colectiva, la cual implica el involucramiento de instituciones y ciudadanía.

Sus declaraciones llegan después de la movilización del pasado domingo, donde cerca de 500 mil personas se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México y otras plazas en 120 ciudades, para rechazar el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral.

En ese sentido, recordó que la sociedad mexicana debe estar dispuesta a defender las reglas democráticas de acceso al poder.

El consejero electoral ejemplificó la fortaleza del sistema electoral mexicano, resultado de ocho reformas electorales y cuyos pilares se encuentran en riesgo ante la posibilidad de que entre en vigor la reforma electoral.

“En suma, es una reforma peligrosísima para la viabilidad de la democracia por una simple y sencilla razón, porque por primera vez abre la puerta a que la organización de las elecciones sean un problema”, sostuvo.

Refirió que, si bien el cambio de seis leyes ya fue aprobado y sólo se espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor, el ‘Plan B’ afecta los cinco pilares en los que se ha construido el sistema democrático del país: autonomía e independencia de los órganos electorales, el Servicio Profesional Electoral, la estructura desconcentrada, el Padrón Electoral y las condiciones de equidad en la competencia.

Lorenzo Córdova mencionó que por ello el INE ha presentado y presentará más controversias constitucionales.

“Estamos recurriendo a la Suprema Corte y lo que vendrá será una batalla jurídica en la que el máximo tribunal del país se convierte en el último garante de la democracia y la Constitución en el país y, por tanto, está invocada a cumplir esa función”, señaló.

Córdova Vianello confió en que la Suprema Corte será un ancla de estabilidad política que puede y debe salvar el orden democrático y constitucional del país.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador informó que será esta tarde, “a más tardar mañana” que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del Plan B.

Al respecto, Ana Paula Ordorica conversa con Gerardo Carrasco, abogado especialista en amparo y litigio administrativo, sobre cómo los ministros de la SCJN serán los responsables de validar o no la reforma impulsada por el presidente.

Después de que el Senado aprobó el Plan B electoral de AMLO que pretende amordazar al INE mediante un recorte presupuestal draconiano vino la marcha del domingo 26 de febrero. Ya habló el presidente al enviar su iniciativa. Ya se pronunció el legislativo al aprobarle dicho Plan B al presidente, sin análisis y sin al menos molestarse en sustentar que no viola la Constitución. Ya se manifestaron cientos de miles de ciudadanos que abarrotaron el Zócalo de la CDMX y varios puntos más en el país y fuera. Ahora la pelota está en la cancha de la Suprema Corte.

Es ahí en donde los 11 ministros que la conforman tendrán la última palabra. Es necesario que 8 de ellos lo declaren inconstitucional para tumbar este intento presidencial de hacerse de todo el poder electoral. Otra manera de verlo es que con que cuatro ministros voten a favor de la constitucionalidad del Plan B, éste entra en vigor.

Ya sabemos que hay justo cuatro ministros que llegaron a la Suprema Corte por ser nominados por AMLO: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. De entrada podemos descontar que Yasmín Esquivel votará en favor del Plan B, así que, sin ser alarmista, el futuro de la democracia en México está en las manos de tres ministros. Y hay que aclarar que no necesariamente tiene AMLO a estos otros 3 ministros en la bolsa.

Así fuera Andrés Manuel López Obrador un gran presidente, realmente preocupado por acabar con las desigualdades económicas; por combatir la corrupción; por lograr mejorar la educación; por atraer inversiones y por aumentar la calidad de vida de todos los mexicanos, es una aberración pensar que darle todo el poder electoral es una buena idea.

Andrés Manuel López Obrador detesta la libre competencia. Nunca, jamás ha reconocido UNA sola derrota. Ataca al INE en cada oportunidad que se le presenta pero sigue aplaudiendo cada vez que le reconocen una victoria. La más reciente fue la elección por la senaduría de Tamaulipas. El 19 de febrero se llevó a cabo la elección extraordinaria para elegir a quien concluirá el encargo de Faustino López quien murió en un accidente automovilístico en octubre del año pasado.

Las elecciones las ganó José Ramón Gómez Leal, de Morena y PT, con el 71% de los votos. Al día siguiente el presidente reconoció muy contento el triunfo en la conferencia mañanera. El mismo día de la concentración en defensa del INE, el 26 de febrero, fue la junta vocal del INE en Tamaulipas la que le entregó la constancia que lo acredita como Senador.

López Obrador ataca al INE un día sí y el otro también pero acepta cuando los resultados electorales le son favorables, empezando por su triunfo en el 2018. Tomando lo anterior en cuenta ¿es una buena idea dejar en sus manos la definición de las elecciones? ¿es buena idea cuando ha decidido tener dentro de su gobierno a Manuel Bartlett, padre de la caída del sistema?

La pelota para responder si el Plan B es constitucional o no y si por ello se convierte en la nueva regla o se desecha, está en la cancha de la Suprema Corte. ¿Qué escenarios hay para el actuar de la Corte? Lo platico con Gerardo Carrasco en el episodio de hoy de mi podcast Broojula que se puede escuchar desde el portal de este diario.

Apostilla: Otra promesa incumplida. “A la primera manifestación de 100 mil personas en contra, me voy a Palenque. Ni siquiera espero la revocación del mandato”. Eso dijo Andrés Manuel López Obrador hace dos años. Pues ya el domingo hasta el presidente reconoció que fueron, tan solo en la Ciudad de México, entre 80 y 100 mil manifestantes. ¿Y luego? Ahora hay que llenar el Zócalo 60 veces.

Columna completa en EL UNIVERSAL

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que hay más democracia en México que en Estados Unidos, esto tras los cuestionamientos que hiciera el Departamento de Estado al llamado “Plan B” de la reforma electoral.

“Le digo al señor (Antony) Blinken (secretario de Estado de los Estados Unidos) que hay más democracia en México que en Estados Unidos (…). Es porque aquí gobierna el pueblo, allá la oligarquía”, reclamó el mandatario en su conferencia matutina.

AMLO añadió que además de más democracia, en México también hay más libertad que en el país vecino, y dijo que tiene las pruebas para demostrarlo, por lo que si Estados Unidos quiere debatir, está dispuesto a hacerlo.

La polémica surgió a raíz de las declaraciones hechas por las autoridades estadounidenses tras la concentración del domingo en contra de los cambios en materia electoral que fue aprobada la pasada semana en el Senado mexicano.

El secretario asistente para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo que Washington “apoya instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer los procesos democráticos y el Estado de derecho”.

“En México hoy vemos un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales”, apuntó Nichols.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo durante una rueda de prensa de ayer, que su país “respeta la soberanía de México”, pero que “un sistema electoral independiente (…) constituye uno de los pilares de la democracia”.

“Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no le corresponden, muy contrario al presidente (Joe) Biden, que siempre habla de igualdad”, comentó López Obrador.

Y es que según han denunciado organizaciones de la sociedad y la oposición, la reforma podría poner en riesgo la autonomía de los comicios y favorecer al partido en el poder.

“En vez de estar metiéndose de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, que se ocupen de los que está pasando en Perú, donde la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas”, denunció López Obrador.

Así, ahondó en las críticas que ya vertió sobre la embajadora en el país andino, Lisa Kenna, cuando se reunió con la presidenta peruana, Dina Boluarte, después de que el exmandatario Pedro Castillo fuese destituido y encarcelado por dar un autogolpe de Estado.

Miles de personas, ciudadanos y opositores, se movilizaron ayer en el primer cuadro de la Ciudad de México, llenando el Zócalo capitalino, para protestar contra el ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo a los organizadores, ayer domingo llegaron al Zócalo y calles aledañas poco más de medio millón de personas. Algunos de los asistentes no pudieron llegar a la plancha, y tuvieron que apostarse en calles como Madero, 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y 5 de Mayo.

La mayoría de los manifestantes vestían prendas blancas y rosas, en alusión a los colores del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo a los reportes de la prensa, los asistentes gritaban consignas como: “¡Mi voto no se toca!”, lema de la concentración.

Y es que las reformas electorales propuestas por López Obrador, que concluyeron su trámite legislativo la semana pasada luego de ser aprobado el segundo paquete en el Senado, pasaron al Ejecutivo para su promulgación. En ellas se contempla reducir el salarios de los funcionarios electorales, cortar el financiamiento para las oficinas electorales locales y la capacitación de ciudadanos que operan y supervisan las casillas.

El ‘Plan B’ también disminuirá las sanciones para candidatos que no reporten sus gastos de campaña.

Sin embargo, López Obrador niega que las reformas sean una amenaza contra la democracia y asegura que las críticas son elitistas, argumentando que el INE gasta demasiado dinero, y que ese monto debería invertirse en favor de los más necesitados.

El mandatario dijo el jueves que promulgará el ‘Plan B’, aunque dijo que sí espera impugnaciones judiciales. En ese sentido, muchos de los asistentes a la protesta de ayer expresaron su esperanza de que la Suprema Corte anule las reformas, como han hecho los tribunales con otras iniciativas presidenciales.

La manifestación fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en UNID@S, colectivo contrario a López Obrador.

Ramón Cossío, exmagistrado de la Suprema Corte Juan y orador principal del evento, acusó al mandatario de querer “apropiarse del sistema electoral”.

Cossío, quien ha sido fuertemente criticado por el presidente, confió en que la Suprema Corte eche abajo la reforma cuando falle las demandas que han sido presentadas ante ese tribunal.

“Confiamos en ellos (los jueces), en su talante democrático, en la decisión que tomarán para preservar la vida democrática del país”, sostuvo desde la tarima que se montó en la plancha del Zócalo. Beatriz Pagés fue la otra oradora en la concentración de ayer.

Las autoridades de Ciudad de México, de Morena, sorprendió al señalar que ayer se tuvo una asistencia de 90,000 personas.

La marcha se replicó en cerca de 120 ciudades en al menos 5 países.  De acuerdo con los organizadores, más de 50,000 se concentraron en Monterrey y Guadalajara.

En respuesta a la protesta de ayer, López Obrador, cuya popularidad ronda el 60%, convocó a sus seguidores a movilizarse el próximo 18 de marzo con motivo del 85 aniversario de la nacionalización del petróleo en México.

Foto: Twitter @FCN_mx 

El próximo domingo, miles de ciudadanos volverán a salir a las calles en más de 100 ciudadanos, siendo la Ciudad de México la principal movilización, en defensa de la democracia y para exigir a la Suprema Corte eche atrás el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral.

Bajo el lema “Mi voto no se toca”, integrantes de la sociedad civil convocados por la organización UNID@S  se concentrarán a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México.

La movilización de la capital del país se replicará en más de 100 ciudades, de al menos 5 países, donde según los organizadores “defenderemos la democracia de México”.

La protesta es contra el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral, que esta semana finalizó su proceso legislativo en el Senado y fue remitido al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Los que se exige es que la Suprema Corte, en cuyas manos está ahora el ‘Plan B’, rechace cualquier modificación que vaya en contra de la Constitución.  

“Los ciudadanos queremos decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las reformas electorales recientemente aprobadas, también llamadas Plan B, nos afectan y contradicen lo que establece la Constitución”, señala la convocatoria de la marcha.

Pero, ¿qué se pide a la Corte? Estos son los 8 puntos que integran el pliego petitorio de los organizadores.

  1. Se cambiaron las reglas de los procesos electorales por el grupo que ostenta el poder, sin escuchar a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a los pueblos y comunidades indígenas, a los grupos vulnerables, a los órganos técnicos, a los trabajadores de los órganos técnicos, y sin escuchar a los partidos de oposición que son los otros contendientes de los procesos.
  2. El Plan B viola el derecho de la ciudadanía a la renovación de los poderes por medio de elecciones libres, autenticas y confiables, pues cambia la estructura operativa del INE, reduciéndola en un 85%, lo cual afecta directamente la eficacia del Instituto para integrar e instalar más de 160 mil casillas y realizar el conteo de las votaciones de manera certera y oportuna.
  3. Se restringe la capacidad sancionatoria y regulatoria de las autoridades electorales, lo cual hace que no existan condiciones de equidad en la contienda electoral.
  4. Se debilita la autonomía del INE. Ya no podrá ejercer sus facultades en beneficio de la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Ahora tendrá que depender de la Cámara de Diputados para el tema presupuestario; de la Secretaria de Relaciones Exteriores, para la construcción del padrón electoral; y de las autoridades federales, estatales y municipales para la ubicación de sus módulos de atención.
  5. Se cambia el modelo de comunicación política permitiendo que los actores gubernamentales hagan uso de los recursos públicos en su beneficio, generando condiciones desiguales en la participación electoral.
  6. Se generan condiciones que violan directamente los derechos a la identidad, a la información, a la protección de datos personales de la ciudadanía.
  7. Se pone en riesgo el ejercicio del voto universal, libre, directo y secreto de las mexicanas y los mexicanos.
  8. Se modifica el sistema de medios de defensa en materia electoral, afectando directamente el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía.

Los organizadores han pedido a los asistentes llevar una flor de color rosa o blanco, las cuales indicaron, serán recogidas por un grupo de jóvenes que las llevarán a la afueras de la Suprema Corte.

Señalaron que las “flores de la esperanza y la confianza” representarán el sentir de la ciudadanía y reforzarán la petición a la Corte para que defienda al INE y a la democracia.

Los oradores del evento del próximo domingo serán el Ministro en retiro José Ramón Cossío, a quien el presidente López Obrador ha atacado en reiteradas ocasiones, y la periodista Beatriz Pagés. 

Se trata de la segunda marcha ciudadana en defensa del INE y la democracia. El pasado 13 de noviembre cerca de 500 mil ciudadanos marcharon del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

En respuesta, dos semanas después, el presidente encabezó una marcha en defensa del movimiento de Transformación que encabeza.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, sobre la manifestación de este domingo.

Luego de que los senadores aprobaran la segunda parte del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el diario The New York Times informó que la embajada de Estados Unidos en nuestro país ha alertado al gobierno de Joe Biden sobre las amenazas que los cambios implicarían.

El New York Times indicó en su texto que los cambios aprobados con el apoyo de Morena y partidos aliados son un “golpe a la institución que supervisa las votaciones y que hace dos décadas ayudó a sacar al país de un régimen unipartidista”, en referencia al Instituto Nacional Electoral (INE).

El diario recordó que los cambios reducirán el personal del INE, disminuirán su autonomía y limitarán su capacidad de sancionar a candidatos que incurran en faltas, bajo el argumento del presidente López Obrador de ahorro y eficientar las elecciones.

Después de la aprobación del ‘Plan B’ en el Senado, y con ello haber concluido el trámite legislativo, la batalla pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien a partir del cambio de presidencia en enero pasado, que ahora ocupa la ministra Norma Piña, también ha entrado en una confrontación con el mandatario.

El INE ha alertado que de prosperar los cambios aprobados en el Congreso, las elecciones de 2024 estarían en riesgo.

“La embajada de Estados Unidos en México ha estado enviando informes a Washington en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia en el país, según tres funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hablar públicamente”, dijo NYT en su texto.

El diario afirma que si bien algunos legisladores estadounidenses han expresado su preocupación por los cambios en materia electoral en nuestro país, el gobierno de Joe Biden ha optado por hablar poco del tema en público.

Incluso afirma que el gobierno estadounidense considera poco apropiado “provocar” a López Obrador, por lo que ha decidido en confiar en que las instituciones de nuestro país, en referencia al Poder Judicial, sean capaces de hacer frente a las amenazas.

El New York Times reporta que muchos analistas  se cuestionan la razón de que el presidente López Obrador impulse los cambios electorales, que podrían poner en duda la elección del 2024, cuando Morena va a la cabeza en las encuestas rumbo a la elección presidencial, además de que las ‘corcholatas’ de AMLO se encuentran bien posicionadas.

Texto completo en NYT

En medio de dimes y diretes con la oposición, Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Senadores el segundo paquete del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Pleno aprobó, con 72 votos a favor y 50 en contra, el dictamen por el que se excluyó del paquete de reformas la modificación que los Diputados hicieron al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a la llamada ‘vida eterna’ a partidos políticos.

Esta cláusula había generado polémica, e incluso llegó a Palacio Nacional, pues permitía la transferencia de votos entre partidos que se presentaran coaligados en una elección, lo cual acusó la oposición, beneficiaba a los partidos satélite que suelen ser los aliados del partido en el poder.

Posteriormente, los senadores avalaron, con 70 votos a favor y 50 votos en contra, remitir al Ejecutivo única y exclusivamente, los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión: 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A pesar de la ‘derrota’, la oposición advirtió que pese a que concluía el proceso legislativo relacionado al ‘Plan B’, ahora la lucha continuará en la Suprema Corte.

La senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román, aseguró que el ‘Plan B’ está lleno de “rencor y odio”, pues el fondo es debilitar y destruir al árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE), contra quien recordemos, el presidente se ha lanzado desde que inició su mandato.

Compañeros de la bancada indicaron que  las y los senadores de Morena tienen la única consigna de “destruir al INE y a la democracia, porque claramente se quieren robar la elección” de 2024.

El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, advirtió que Morena y aliados hicieron todo para aprobar  una reforma “tóxica, pervertida y antidemocrática”.

Juan Manuel Fócil Pérez, senador del PRD, dijo que el ‘Plan B’ de la reforma electoral es un retroceso para la democracia, los derechos de los ciudadanos, los militantes de los partidos políticos, además de que viola la Constitución.

El senador del Grupo Plural, German Martínez, mencionó que con la aprobación de la reforma electoral el país está regresando por lo menos 30 años; recordó que en las elecciones de 2006, Andrés Manuel López Obrador exigía democracia, pero con estas modificaciones se atenta contra ella, “yo no hago leña del árbol caído, porque veo crecer un bosque de corrupción, entre la política, la democracia y el crimen que no limita este Plan B”.

Finalmente, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI, confió en que ante las impugnaciones que se presentarán contra el ‘Plan B’, los ministros cumplirán su mandato de defender la Constitución, “por encima de las presiones y de las intenciones de sometimiento que buscará el poder para lograr su objetivo”.

Recordemos que los cambios aprobados en este nuevo paquete incluye eliminar las 300 Juntas Ejecutivas Distritales; la eliminación del 84.6% del Servicio Profesional Electoral; la eliminación de fondos y fideicomisos del INE, además de que se obligará a los consejeros y magistrados electorales ganar menos que el Presidente de la República.

En cuanto a los partidos políticos, se les da la facultad exclusiva de definir cargos y candidaturas de acuerdo a sus estatutos documentos básicos, sobre los cuales ya no podrá ordenar modificar la autoridad. Además, los partidos podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales, o utilizarlos para otra elección.

Por lo que corresponde al Poder Judicial, se establece un procedimiento en caso de que se presente una solicitud de remoción del titular de la presidencia de la Sala Superior del TEPJF, además de que se limita al Tribunal a no conocer asuntos sujetos a resolución de la SCJN. También se le impone resolver antes de la conclusión del proceso electoral respectivo.

Desde el pasado fin de semana, las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, circularon el proyecto de dictamen sobre el llamado ‘Plan B’ de a reforma electoral  impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En dicho dictamen, las comisiones unidas proponían rechazar la aprobación de la modificación realizada por los Diputados al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto a la llamada vida eterna a partidos políticos.

Dicho artículo causó polémica pues permitía la transferencia de votos entre los partidos que vayan en coalición, beneficiando así a los partidos chiquitos, que suelen ir coaligados con el partido en el poder. En esta ocasión se acusaba a Morena de quererle dar vida artificial a sus aliados, PT y PVEM.

El segundo resolutivo que contenía el dictamen señalaba consultar al Pleno del Senado la posibilidad de que el resto del proyecto del ‘Plan B’ se turnara al Ejecutivo para continuar con el procedimiento legislativo.

Ayer, las comisiones dictaminadoras avalaron el dictamen con 20 votos a favor y 10 en contra, con los votos de Morena y aliados, y con la oposición en contra.

Así, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su programación en el Pleno. Se espera que sea hoy cuando se le de primera lectura y mañana se someta a discusión de los legisladores.

El Pleno tendrá dos opciones: aprobar el dictamen de las comisiones y determinar si se turna el resto del proyecto al Ejecutivo, sólo con los 429 artículos aprobado por ambas cámaras relativos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el proyecto para expedir la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La otra opción es que el Pleno rechace el dictamen de las comisiones, apegándose a lo que les remitió la Cámara de Diputados que incluye el artículo relativo a la vida eterna.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a los senadores que lleguen a un “consenso” respecto al llamado “Plan B”, la polémica reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que fue apoyado por Moena y aliados en la Cámara de Diputados.

“La relevancia de la elección federal en el año 2024 en la que se elegirá presidente de la República, y de los procesos locales que se llevarán a cabo este año, precisa de un marco electoral que otorgue certidumbre y, sobre todo, que sea producto del diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas”, dijo el organismo en un comunicado.

Y es que la iniciativa que se discute en el Senado incluye reformas a leyes electorales con las que, según el presidente López Obrador, se pretenden ahorrar 3,500 millones de pesos, eliminar facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparecer el conteo rápido que se da inmediatamente después de una elección.

Estos cambios, conocidos como el “Plan B”, llegó luego de la reforma constitucional que López Obrador presentó al Congreso y que fracasó al no alcanzar los apoyos necesarios para aprobar los cambios constitucionales.

La oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE) han presentado ya impugnaciones en contra de la reforma, argumentando que pone en riesgo la autonomía y la confiabilidad de las elecciones en beneficio del gobierno y del partido en el poder.

El CCE recordó que en 2024 se efectuarán comicios “de suma importancia” como la renovación de la totalidad de los integrantes del Congreso Federal, ocho gobiernos estatales y el Gobierno de la Ciudad de México, entre otros puestos.

Por ello, dijo, se requieren instituciones “fuertes y de un marco de convivencia política que privilegie los acuerdos y la construcción de consensos, a fin de consolidar los avances democráticos logrados en las últimas décadas, que han permitido la organización de elecciones libres y transparentes en México”, apuntó el CCE.

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, mejor conocido como el ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo.

Dicho recurso se interpuso, debido a que la autoridad electoral considera que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto crean condiciones que mermarían la autonomía del INE y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata.

Ademas, indicó que el ‘Plan B’ desequilibra el modelo de comunicación social vigente, lo que perjudicaría la equidad en las contiendas.

Recordó que la Constitución es clara al establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.

En ese sentido, dijo que  la reforma aprobada por Morena y aliados desconoce dichas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, bajo el pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, omitiendo el derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva.

En el recurso legal presentado, la autoridad electoral reclama diversas violaciones al proceso legislativo, al haberse aprobado el llamado ‘Plan B’ apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.

Refiriéndose a los diputados de Morena, el INE dijo que “en un evidente fraude a la ley”, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen.

Recordemos que desde la semana pasada, el INE inició diálogos para informar los efectos que tendrá la reforma en las próximas elecciones del 2024. Presentó un informe sobre el impacto que tendrá la reforma electoral en la democracia del país.

Algunos de los efectos del ‘Plan B’ sería el retraso en el cómputo de los votos, se pondría en riesgo la organización de elecciones y se promovería la ausencia de funcionarios de casillas

Y es que por ejemplo, actualmente existen cinco vocales en cada una de las 300 Juntas Distritales y cada uno realiza diferentes funciones. Con la reforma se quedará un sólo vocal con todas las tareas; se reduciría el tiempo para la capacitación de los funcionarios; y habría riesgo de anular una elección si no se instala el 20% de casillas en un distrito.