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Jorge Álvarez Máynez, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que ha revisado la estrategia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el fin de intentar reducir violencia y la inseguridad en México.

El emecista acusó a sus rivales: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez de politizar el tema de la inseguridad solo para ganar votos y acusó a los últimos presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de militarizar la seguridad pública.

“Me avergüenzo profundamente de que el poder civil en México haya claudicado a su responsabilidad en los últimos 3 sexenios (gobiernos). Hemos dejado en las manos de los militares el tema más importante: garantizar la vida y la paz de los mexicanos”, dijo Álvarez Máynez en un video publicado en redes sociales.

En ese sentido, indicó que “si El Salvador, que tiene menos recursos que México, pudo atajar este tema de frente, México lo puede hacer y lo puede hacer con una estrategia civil y que tenga como objetivo la paz”.

Y es que recordemos que El Salvador vive actualmente un régimen de excepción, medida implementada para combatir a las pandillas y que se ha convertido en la principal acción de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele contra las maras.

El régimen de excepción fue aprobado y ampliado en 22 ocasiones por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas.

En este contexto, las autoridades han reportado más de 75,100 detenciones, la libertad condicional de más de 7,000 personas, a pesar que el Gobierno acusa a todos de ser pandilleros.

Las declaraciones de Álvarez Máynez llegó previo a su cierre de precampaña, que tendrá lugar este jueves en Nuevo León, estado que gobierna Movimiento Ciudadano, y donde Samuel García encabeza la administración.

MC designó apenas la semana pasada a Álvarez Máynez como su precandidato, en reemplazo de Samuel García, quien no consiguió seguir en la contienda.

Las elecciones más grandes de la historia se celebrarán el próximo 2 de junio, y más de 97 millones de mexicanos están llamados a las urnas, donde se renovarán 20,375 cargos federales, incluyendo la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, nueve gobiernos estatales y muchos cargos locales.

Pese al llamado que le hicieran el PAN y PRD para retirar su propuesta de que el Ejército permanezca en las calles en apoyo a las tareas de seguridad hasta 2028, la dirigencia nacional del PRI indicó que la seguridad del país no debe politizarse, pues hacerlo sería negarles a millones de familias que puedan vivir en paz.

La dirigencia del tricolor dijo que la seguridad de las familias mexicanas es una prioridad, y por ello impulsa acciones que permitan recuperar la paz en el país.

Como parte de la campaña #PorLaSeguridadDeMéxico, el PRI puntualizó que es necesario atender con total responsabilidad este tema, ya que lo que está en juego es la vida de los mexicanos.Insistió que es necesario reconocer, por la seguridad de México, que la Guardia Nacional no está lista actualmente para hacer frente al grave problema de inseguridad que padecen las familias mexicanas, por lo que se debe ampliar el plazo en que las Fuerzas Armadas coadyuven a estas rareas.

Recordó que en marzo de 2024 las Fuerzas Armadas no podrán intervenir más en labores de seguridad de acuerdo a lo que está planteado en la ley actualmente, lo cual implicará que se deje a su suerte a los estados y municipios. “No podemos permitir que eso ocurra”, añadió.Señaló que la Guardia Nacional requiere recursos, capacitación e implementar una estrategia eficiente; lo que necesariamente implica tiempo y acompañamiento de las Fuerzas Armadas.

Destacó que el Ejército es la institución en la que más confían los mexicanos para atender la inseguridad, por ello la propuesta que han presentado en el Congreso.

“El PRI votó en contra de que la Guardia Nacional tenga mando militar, pero creemos que las fuerzas armadas deben acompañarla en su fortalecimiento durante 4 años más”, remató.

El consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, quien se encuentra detrás de la demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, denunció este miércoles que las compañías demandadas están intentando “politizar” el litigio mientras México se mantiene “respetuoso”.

“El gobierno de México ha sido muy respetuoso e insiste que no es una demanda contra la segunda enmienda, el gobierno de Estados Unidos o los americanos. No obstante, las empresas quieren politizar el litigio hablando de que México es corrupto y tenemos mal las fronteras”, explicó el funcionario en una entrevista con la agencia Efe.

Recordemos que el gobierno de nuestro país presentó en agosto pasado una demanda civil en una corte de Boston, Massachusetts, contra once empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.

El lunes las empresas pidieron a la corte desechar la demanda alegando que las leyes estadounidenses les confieren inmunidad y que México no tiene capacidad para demandar en Estados Unidos.

Pero el consultor de la cancillería, que deberá responder a estos argumentos el 31 de enero, sostuvo que las leyes estadounidenses no tienen “efectos extraterritoriales”, por lo que no tienen inmunidad por un daño que se produce en México.

Y es que el gobierno federal estima que medio millón de armas cruzan ilícitamente cada año la frontera, cerca del 2.2% de la producción total de Estados Unidos, y son responsables de miles de homicidios anuales.

Con la demanda, las autoridades mexicanas buscan que las empresas establezcan mayores controles en la venta de sus armas y también piden un resarcimiento económico por el costo que tiene la inseguridad en México, que oscilaría entre el 2% y el 6% del PIB.

“No es como si vendieran cucharas. Están vendiendo armas y deberían tener un nivel de cuidado mucho mayor. (…) Sabiendo que sus armas están causando tanta muerte en México, al menos deberían preguntarse ‘¿qué hacemos?”, expresó Celorio.

El consultor explicó que el sur de Estados Unidos alberga la mayoría de tiendas de armas, las cuales venden a testaferros, fuera de inventario o varios fusiles a una misma persona. “Venden armas con oro, con joyas, las llaman ‘Jefe de jefes’, con símbolos aztecas. No podemos caer a pensar que es (un negocio) inocente”, expresó Celorio.

Sobre que no es una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos, Celorio destacó que la administración Biden no ha emitido “ningún pronunciamiento” sobre el litigio, pero que coopera con México en el combate al tráfico de armas.

Desde la matanza contra latinos perpetrada en 2019 en El Paso, Texas, el gobierno mexicano ha levantado la voz contra el tráfico de armas y es un asunto que abordaron la semana pasada los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en Washington.

Una decena de legisladores de la Liga de Congresistas Hispanos denunciaron en Washington la “politización” de las relaciones entre Estados Unidos y México y urgieron al presidente Donald Trump a cancelar su encuentro con Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que recordemos que López Obrador viajará a Washington el 8 y 9 de julio para reunirse con Trump con motivo de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial de América del Norte, el T-MEC.

Los congresistas demócratas denunciaron en una carta para Trump que el mandatario reciba a AMLO en un momento en que el Congreso no está en sesión y señalaron que es “un intento flagrante de politizar” el vínculo con México.

“Lo instamos encarecidamente a que reconsidere esta reunión y la cancele”, dijeron los congresistas en un momento en que ambos países viven una aguda crisis por el coronavirus y Estados Unidos es el lugar del mundo más golpeado por la pandemia, con más de 127,000 fallecidos.

López Obrador, que no ha viajado al extranjero desde que asumió el poder, efectuará este viaje pese a que el primer ministro de Canadá, el tercer país firmante del T-MEC-, Justin Trudeau, no acudirá al encuentro.

Los congresistas pidieron, además, un plan para terminar con los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), un programa por el que los migrantes que buscan refugio en Estados Unidos deben esperar en territorio mexicano el trámite de sus solicitudes.

Los legisladores señalaron que este acuerdo ha dejado varados a 60,000 demandantes de asilo, violando la ley internacional y colocando en una situación de vulnerabilidad a los migrantes.

Entre los firmantes de la carta están el presidente de la Liga de Congresistas Hispanos, Joaquin Castro, así como las representantes Verónica Escobar y Alexandria Ocasio-Cortez.

Al participar en un evento en el Estado de Puebla, el Secretario Miguel Ángel Osorio Chong sostuvo que México necesita a un fiscal que logre el “consenso de todos los partidos políticos y de toda la sociedad civil”, y no fiscal de unos cuantos.

El Secretario de Gobernación aseguró que esa es la posición del gobierno federal, tan es así que se preguntó “Porque no han visto que hay una iniciativa desde hace seis meses para que se pueda resolver este tema de fondo y no a donde nos quieren arrinconar, que es a decir que se está oponiendo el Gobierno a un piso parejo o que quiere el pase automático”, refiriéndose a la propuesta que envió el Presidente Enrique Pecha Nieto.

 

 

Sin mencionar nombres, Osorio Chong parece haberse referido al líder nacional panista, Ricardo Anaya, al afirmar que “quienes atribuyen al Gobierno la búsqueda del pase automático, quieren llevar a la autoridad a otra discusión debido a sus intereses, al politizar el debate”.

“Esta discusión a la que nos quisieron llevar ha sido equivocada. El Gobierno y el Presidente Enrique Peña Nieto desde que inició esta discusión al respecto del pase automático mandó la iniciativa, ¿qué se nos olvidó?”, afirmó el funcionario.

 

 

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter