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El consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, quien se encuentra detrás de la demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, denunció este miércoles que las compañías demandadas están intentando «politizar» el litigio mientras México se mantiene «respetuoso».

«El gobierno de México ha sido muy respetuoso e insiste que no es una demanda contra la segunda enmienda, el gobierno de Estados Unidos o los americanos. No obstante, las empresas quieren politizar el litigio hablando de que México es corrupto y tenemos mal las fronteras», explicó el funcionario en una entrevista con la agencia Efe.

Recordemos que el gobierno de nuestro país presentó en agosto pasado una demanda civil en una corte de Boston, Massachusetts, contra once empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.

El lunes las empresas pidieron a la corte desechar la demanda alegando que las leyes estadounidenses les confieren inmunidad y que México no tiene capacidad para demandar en Estados Unidos.

Pero el consultor de la cancillería, que deberá responder a estos argumentos el 31 de enero, sostuvo que las leyes estadounidenses no tienen «efectos extraterritoriales», por lo que no tienen inmunidad por un daño que se produce en México.

Y es que el gobierno federal estima que medio millón de armas cruzan ilícitamente cada año la frontera, cerca del 2.2% de la producción total de Estados Unidos, y son responsables de miles de homicidios anuales.

Con la demanda, las autoridades mexicanas buscan que las empresas establezcan mayores controles en la venta de sus armas y también piden un resarcimiento económico por el costo que tiene la inseguridad en México, que oscilaría entre el 2% y el 6% del PIB.

«No es como si vendieran cucharas. Están vendiendo armas y deberían tener un nivel de cuidado mucho mayor. (…) Sabiendo que sus armas están causando tanta muerte en México, al menos deberían preguntarse ‘¿qué hacemos?», expresó Celorio.

El consultor explicó que el sur de Estados Unidos alberga la mayoría de tiendas de armas, las cuales venden a testaferros, fuera de inventario o varios fusiles a una misma persona. «Venden armas con oro, con joyas, las llaman ‘Jefe de jefes’, con símbolos aztecas. No podemos caer a pensar que es (un negocio) inocente», expresó Celorio.

Sobre que no es una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos, Celorio destacó que la administración Biden no ha emitido «ningún pronunciamiento» sobre el litigio, pero que coopera con México en el combate al tráfico de armas.

Desde la matanza contra latinos perpetrada en 2019 en El Paso, Texas, el gobierno mexicano ha levantado la voz contra el tráfico de armas y es un asunto que abordaron la semana pasada los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en Washington.

Una decena de legisladores de la Liga de Congresistas Hispanos denunciaron en Washington la «politización» de las relaciones entre Estados Unidos y México y urgieron al presidente Donald Trump a cancelar su encuentro con Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que recordemos que López Obrador viajará a Washington el 8 y 9 de julio para reunirse con Trump con motivo de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial de América del Norte, el T-MEC.

Los congresistas demócratas denunciaron en una carta para Trump que el mandatario reciba a AMLO en un momento en que el Congreso no está en sesión y señalaron que es «un intento flagrante de politizar» el vínculo con México.

«Lo instamos encarecidamente a que reconsidere esta reunión y la cancele», dijeron los congresistas en un momento en que ambos países viven una aguda crisis por el coronavirus y Estados Unidos es el lugar del mundo más golpeado por la pandemia, con más de 127,000 fallecidos.

López Obrador, que no ha viajado al extranjero desde que asumió el poder, efectuará este viaje pese a que el primer ministro de Canadá, el tercer país firmante del T-MEC-, Justin Trudeau, no acudirá al encuentro.

Los congresistas pidieron, además, un plan para terminar con los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), un programa por el que los migrantes que buscan refugio en Estados Unidos deben esperar en territorio mexicano el trámite de sus solicitudes.

Los legisladores señalaron que este acuerdo ha dejado varados a 60,000 demandantes de asilo, violando la ley internacional y colocando en una situación de vulnerabilidad a los migrantes.

Entre los firmantes de la carta están el presidente de la Liga de Congresistas Hispanos, Joaquin Castro, así como las representantes Verónica Escobar y Alexandria Ocasio-Cortez.

Al participar en un evento en el Estado de Puebla, el Secretario Miguel Ángel Osorio Chong sostuvo que México necesita a un fiscal que logre el «consenso de todos los partidos políticos y de toda la sociedad civil», y no fiscal de unos cuantos.

El Secretario de Gobernación aseguró que esa es la posición del gobierno federal, tan es así que se preguntó «Porque no han visto que hay una iniciativa desde hace seis meses para que se pueda resolver este tema de fondo y no a donde nos quieren arrinconar, que es a decir que se está oponiendo el Gobierno a un piso parejo o que quiere el pase automático», refiriéndose a la propuesta que envió el Presidente Enrique Pecha Nieto.

 

 

Sin mencionar nombres, Osorio Chong parece haberse referido al líder nacional panista, Ricardo Anaya, al afirmar que «quienes atribuyen al Gobierno la búsqueda del pase automático, quieren llevar a la autoridad a otra discusión debido a sus intereses, al politizar el debate».

«Esta discusión a la que nos quisieron llevar ha sido equivocada. El Gobierno y el Presidente Enrique Peña Nieto desde que inició esta discusión al respecto del pase automático mandó la iniciativa, ¿qué se nos olvidó?», afirmó el funcionario.

 

 

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter