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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció este martes y congeló las cuentas de políticos opositores tras las protestas contra el tratado de aguas con Estados Unidos, y que desató la toma de la presa ‘La Boquilla’ en Chihuahua.

La UIF informó del bloqueo de cerca de 50 cuentas bancarias, incluyendo la del exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Eliseo Compeán, alcalde de la ciudad de Delicias del Partido Acción Nacional (PAN), opositores acusados de estar detrás de las protestas.

Sin embargo, Santiago Nieto, titular de la UIF, aclaró este martes que denunció a Reyes Baeza por el presunto desvío de 129 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esta acusación, precisó, correspondería al caso de la «Estafa Maestra», un caso de corrupción revelado en el sexenio anterior en el que el gobierno de Enrique Peña Nieto y gobiernos estatales armaron un esquema irregular de contratos públicos.

«Presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción», informó Nieto en sus redes sociales.

La UIF también congeló cuentas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Río Conchos y de Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH).

Las acciones dela UIF llegan luego del enfrentamiento entre agricultores y la Guardia Nacional que provocó la muerte de una mujer, y dejó varios heridos.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha acusado a políticos opositores de estar detrás del conflicto por motivos electorales. Además, informó que habrá denuncias contra manifestantes que causaron daños a plantas de generación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del PAN, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, se han acusado mutuamente de mentir sobre el cumplimiento de los compromisos del tratado. Corral reafirmó que el gobierno federal ha politizado el conflicto y ha tratado de intimidar a los manifestantes con la Guardia Nacional.

Foto: Twitter @DonVocero

Este martes a las 16:00 horas se repondrá la audiencia, en la que se determinó enviar a la cárcel a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien es acusada de participar en la llamada «Estafa Maestra».

“El día de hoy estamos citados a las cuatro de la tarde en el Reclusorio Sur para la celebración de esta audiencia que efectivamente repone el procedimiento en cuando a las medidas cautelares», señaló el abogado de Robles, Julio Hernández Barros.

Henández Barros destacó que el Quinto Tribunal Unitario señaló una serie de anomalías e irregularidades en la resolución del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, y ordenó reponer la audiencia de agosto pasado, cuando se dictó prisión preventiva a su clienta.

El abogado confió en que, en la audiencia de hoy, el juez se apegará a los señalamientos del Tribunal, entre los que se encuentra imponer una medida menos lesiva que la privación de la libertad para la imputada.

Algunas de las medidas menos lesivas podrían ser, señaló el defensor: ir cada mes o cada semana al juzgado, prohibición de salir del país, que no pueda abandonar la ciudad o un brazalete electrónico.

A través de una carta que publicó su hija Mariana Moguel, Rosario Robles se dirigió al Fiscal Alejandro Gertz Manero, y le dijo que «jamás ha mentido sobre su domicilio», tal como lo sugirió la Fiscalía en un comunicado emitido la tarde de ayer.

En el escrito, la exsecretaria refiere que durante todo el proceso, se ha conducido con estricto respeto a las leyes y a la autoridad.

Aclaró que quien se refirió a una licencia con otros domicilio fue el Ministerio Público y no ella. «Quien mintió fue el MP y eso creo debería preocuparle sobre todo si hablamos de transformación del país».

Al menos nueve muertos y 300 desaparecidos dejó la rotura este viernes de una presa en el municipio de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, admitió que la probabilidad de encontrar supervivientes es mínima y señaló que el número de víctimas puede ser mayor que hace tres años, cuando la rotura de unos diques de la minera Samarco provocó la muerte de 19 personas en el mismo estado.

El alcalde de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, indicó que 100 personas que inicialmente fueron reportadas como desaparecidas ya fueron localizadas con vida.

La minera Vale, dueña de la represa Córrego do Feijão en la que se almacenaban aguas residuales, confirmó que había trabajadores en el área que resultó afectada por una gran corriente de lodo.

«El rescate y la atención a los heridos se están realizando en el lugar por el Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil, aunque no hay confirmación sobre la causa del accidente», dijo Vale en un comunicado.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene previsto sobrevolar este sábado la región afectada por el desastre, mientras los bomberos retomaron las labores de rescate en una región próxima a Brumadinho.