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El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó que la sesión en la que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, dio a conocer el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2024, es una “afrenta para el pueblo y al Poder Legislativo”.

“Esto que no tiene antecedente en la historia del Poder Judicial, es algo verdaderamente lamentable, oprobioso, no para el Poder Legislativo, sino para la división de poderes, especialmente al pueblo de México, porque obligar a que estuvieran ahí presentes los plenos de las tres instituciones de dicho poder me parece un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas”, indicó el legislador.

El morenista afirmó que lo único que se desprendió de la sesión, fue un mensaje a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se le autorizan los miles de millones de pesos que el Poder Judicial solicita no habrá justicia en México.

“¿El mensaje que envían al Legislativo es que, si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de los legisladores? No son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto en procesos de señales mafiosas”, acusó.

El líder parlamentario recordó que según lo expuesto por la ministra Piña Hernández, se solicitó 84 mil 794 millones de pesos, con el fin, refirió textualmente de “garantizar que la transmisión del poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.

Mier Velazco reiteró que ha invitado en varias ocasiones a la presidenta de la SCJN a la Cámara de Diputados y no accedido a ir, por lo que se le volverá a citar para que explique el presupuesto solicitado, y sobre todo, lo que “cuestan los salarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México”.

El diputado recordó que de 2007 a la fecha el Poder Judicial ha tenido un incremento mayúsculo en su presupuesto; sin embargo, apuntó que “la impartición de justicia pronta expedita y gratuita deja mucho que desear”, ya que sólo ha resuelto 2% de sentencias del total de los asuntos que tiene en su poder.

Al ser cuestionado sobre si aprobarán o no la propuesta del Poder Judicial, enfatizó que no son los tiempos, ya que el periodo legislativo no ha iniciado, por lo que dijo que van a analizarlo con los ministros en su momento.

Rechazó que desde el poder Legislativo, específicamente desde las bancadas afines al gobierno, se busque asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial, “no es nuestra intención, por eso me sorprendió el mensaje, parecería que es al revés”.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “es mucho el cinismo” de los ministros de la Corte y por ende del Poder Judicial, en especial de la ministra presidenta, Norma Piña, al solicitar su presupuesto y estar dispuestos a defenderlo aún violando la Constitución.

“Ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso está excedido (…)  no me va a extrañar que no respeten la Constitución, porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos”, dijo el mandatario.

AMLO dijo que al Poder Judicial no le hacen falta recursos, pues insistió en que tiene un fideicomiso de poco más de 20 mil millones de pesos, además de los 84 mil millones que ahora solicitan. Acusó en que su “guardadito” en el fideicomisos es para tener reservas y financiar todos sus excesos.

López Obrador reitera que los miembros del Poder Judicial, ministros, magistrados, jueces, representan a una minoría rapaz. “Ellos no representan el pueblo. No hay nada que hagan a favor del pueblo. Están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico, para eso están”, remató.

La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), Norma Piña Hernández, dio a conocer esta tarde el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, el cual templa un aumento real del 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023.

La también ministra presidenta de la Suprema Corte, indicó que el presupuesto se construyó bajo los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez, además de que considera los recursos necesarios para garantizar la continuidad y la impartición de justicia.

La presentación del proyecto se dio en sesión pública conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Piña Hernández destacó que en el proyecto de presupuesto enviado para aprobación de la Cámara de Diputados se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados.

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó la ministra.

Fue enfática en señalar que el aumento del 4% va en línea con las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda para el cierre de este año. Apuntó que los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El aumento en puntos porcentuales equivale a 3 mil 101 millones 779 mil 645 pesos, para un total de 80 mil 646 millones 270 mil 771 pesos.

También destacó que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados y considera ahorros derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad.

La ministra Norma Piña destacó que en los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación

en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos, pues en el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto han disminuido 15.4% en términos reales.

En lo que respecta al papel del TEPJF, mencionó que el proceso electoral del próximo año implicará una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver.

La ministra Piña Hernández reiteró el compromiso del PJF con México “no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”.

“Pues es que yo tengo otro dato”, fue la respuesta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio al reportero que esta mañana presentó información sobre el costo de las elecciones en diferentes países, luego de que lo solicitara el mandatario ayer para poder saber si era excesivo o no el presupuesto solicitado por el INE.

El reportero que llevó la información explicó que tomó en cuenta el presupuesto que se ejerce en cada país para el órgano electoral correspondiente, en año electoral. En los país revisados, se dividió el presupuesto asignado en el listado nominal y no en el número de población o por cada 100 mil habitantes, para poder hacer una comparativa más real.

En ese sentido y luego de explicar algunas particularidades del ejercicio que realizó, el periodista expuso que México no es el país que más gasta más en elecciones. Dijo que Panamá gasta 28.03 dólares por cada elector; Costa Rica, 20 dólares con tres centavos; México, 14 dólares con cuatro centavos;  Uruguay, 12 dólares con 54 centavos; Honduras, 11.8 dólares; Chile, 8.9 entre otros. Dijo que en Estados Unidos se gastan 11.4 dólares por cada voto.

Esto contradiría lo expuesto ayer el Presidente, razón por la cual contestó que, aunque el reportero había hecho su tarea,  “pues es que yo tengo otro dato”.

López Obrador sostuvo que tenía el dato de que sólo son más caras las elecciones en Estados Unidos que en México; y presentó una tabla en el que se mostraba el país, el presupuesto recibido dividido entre el numero de habitantes y el costo que resultaba por cada persona.

Esto sirvió al presidente para asegurar que sí considera excesivo el presupuesto que perfila solicitar el INE a la Cámara de Diputados. “Sí, sí, yo considero que es mucho y que podría ahorrarse”, señalando una cifra de al menos 10 mil millones, recursos que dijo, se podrían canalizar a las carencias y necesidades que hay en el país.

Sobre si se debía hacer una revisión del presupuesto del INE, el mandatario afirmó que sí, pero aclaró que eso corresponde a la Cámara de Diputados.

Aprovechó para recordar que su gobierno ha planteado, en la reforma electoral que presentó y que fue rechazada por la oposición en el Congreso, una disminución del presupuesto.

Adelantó para señalar que “lo vamos a volver a plantear porque antes de que yo termine voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución en lo electoral”.

Finalizó señalando que además de la iniciativa en material electoral, también enviará otra iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo; además de otras “dos o tres iniciativas” pendientes que tienen que ver con lo social.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que solicitará a la Cámara de Diputados un presupuesto de 23,757 millones de pesos para la organización del proceso electoral del próximo año, en el que está incluida la elección presidencial.

La Comisión Temporal de Presupuesto (CTP) 2024 del INE presentó y respaldó las cifras del Anteproyecto de Presupuesto 2024, que contempla el presupuesto base y la Cartera Institucional de Proyectos por un total de 23,757 millones de pesos.

Se detalló que para la operación básica y permanente del INE se considera solicitar 13,128 millones de pesos; para la Cartera Institucional de Proyectos, se requerirán 10,629 millones de pesos, y como presupuesto precautorio se solicitarán 3,529 millones de pesos para enfrentar una eventual Consulta Popular y las elecciones extraordinarias que las autoridades competentes dispongan.

Para este último punto, el INE anticipó que “en caso de no realizarse, estos recursos precautorios serán devueltos de manera íntegra a la Tesorería de la Federación”.

Se explicó que entre los principales retos institucionales para 2024 está la instalación de más de 170,000 casillas, la impresión de 300 millones de boletas electorales sólo para el Proceso Electoral Federal y se capacitará a más de 1.5 millones de ciudadanos como funcionarios de casilla.

El Anteproyecto de Presupuesto 2024 “sería sólo 11.02% mayor que el aprobado en 2018 a pesar de diversas particularidades y obligaciones que el INE debe enfrentar el año que entra, que no afrontó en 2018, como que por primera vez en la historia habrá elecciones en todo el país”.

Y es que recordemos que en la elección del próximo año estarán en disputa poco más de 21,000 puestos de elección popular.

Por primera vez el INE asumirá los conteos rápidos de todas las elecciones federales (Presidencia y ambas Cámaras del Congreso de la Unión) y de las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre algunos puntos destacados.

El consejero Martín Faz Mora aclaró que este día la Comisión Temporal de Presupuesto 2024 “no aprobó” el presupuesto del INE para el siguiente año, “simplemente acompañamos estas cifras que son resultado de un trabajo muy amplio” y que la aprobación se realizará en sesión del Consejo General.

El consejero Arturo Castillo dijo que las cifras del presupuesto del INE podrían estar por debajo de medio punto porcentual del gasto nacional.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el monto proyectado por el INE responde a que era “una elección grande”, evitando decir si lo veía bien o no. Sin embargo, pidió considerar que a los poco más de 23 mil mdp, se debía sumar lo que se les asignará a los partidos políticos.

Fiel a su estilo y como lo ha venido sosteniendo por año, recordó que las elecciones en México son de las más costosas del mundo. Pidió a la prensa preparar un reporte para hacer la comparativa con el gasto que se realiza en otros países.

Explicó que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presunto que solicitan los distintos poderes y órganos autónomos, descartando así que el Ejecutivo “toque” o modifique los montos solicitados, lo que fue interpretado como un deslinde en caso de que el presupuesto solicitado por el INE tenga una modificación.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre la situación en que se encuentra la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), luego de que trascendiera la renuncia de su titular.

El INE confirmó que tanto en la Presidencia del Consejo General del INE como en la Secretaría Ejecutiva recibieron un escrito mediante el cual Ignacio Ruelas Olvera, titular de la DEA presentó su renuncia voluntaria.

Se indicó que en la carta de renuncia, el hasta ahora funcionario del INE expresó y justificó que su salida se debía a motivos de salud. “La renuncia es con carácter de irrevocable y surte efectos a partir del 14 de agosto”, se detalló.

A raíz de ello, en uso de sus facultades, la Presidencia del Consejo General deberá nombrar a una o un encargado de despacho a fin de dar continuidad a los trabajos de esa Dirección Ejecutiva.

En ese sentido, aclararon que la definición y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto institucional es una labor que realizan de manera conjunta la DEA y la Comisión Temporal de Presupuesto del Consejo General, que es quien determinan en última instancia el sentido del trabajo técnico.

Así, enfatizaron que la elaboración del presupuesto no se verá afectado con la renuncia de Ruelas Olvera y ante posibles cambios de funcionarios.

El INE finalizó la aclaración señalando que “reconoce y agradece la colaboración y el compromiso del Mtro. Ruelas Olvera a lo largo de varios años de su trayectoria, primero en el IFE y ahora en el INE”; se espera que en breve se conozca quien asumirá las tareas al frente de la DEA.

El Tren Maya, uno de los proyectos más polémicos de la actual administración, podría costar a los mexicanos una cifra considerablemente mayor a la estimada originalmente, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con un análisis realizado, y considerando el avance del 58.4% que lleva hasta ahora el proyecto, se advierte que el Tren Maya podría terminar el 2023 con un gasto total de 373 mil 699 millones de pesos.

Este monto representa más del doble del presupuesto original, que se fijó en 156 mil millones de pesos.

De acuerdo con el presidente López Obrador y distintos funcionarios federales y estatales, el Tren Maya tendría que estar listo en diciembre de este año, una promesa que hizo el mandatario cuando llegó al poder.

El Tren Maya conectará a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a través de una línea ferroviaria de mil 440 kilómetros. Sin embargo, el proyecto se ha visto envuelto en múltiples escándalos, amparos y denuncias de ambientalistas.

También se indicó que el presupuesto aprobado, ejercido y acumulado destinado al Tren Maya al primer trimestre de 2023 es de 143 mil 073 millones de pesos y 142 mil 938 millones de pesos, respectivamente.

El IMCO advirtió que las razones del sobrecosto son desconocidas, pues la información sobre el proyecto estrella del gobierno de la 4T, se reservó por tratarse de una “obra de seguridad nacional”.

Sin embargo, el monto que calcula el IMCO se desprende al revisar el presupuesto aprobado, el ejercido y el acumulado.

En 2020, año en que dio inicio el proyecto, el Tren Maya ejerció 8 mil 917 millones de pesos. Un año después, se le aprobaron 40 mil 332 millones y ejerció 35 mil 561 millones.

El año pasado, en 2022, se le aprobaron 64 mil 956 millones, aunque ejerció 186 mil 282 millones en total. Para este 2023, el proyecto tiene aprobados 143 mil 973 millones, de los cuales, al primer trimestre del 2023,se han ejercido 142 mil 938 millones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció esta mañana a los diputados el haber aprobado el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

El documento se avaló el viernes pasado, en lo particular, con 270 votos a favor, 219 en contra y una abstención, con lo que quedó aprobado en lo general y en lo particular. Se remitió al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Recordemos que la sesión donde se analizó y discutieron más de 2 mil reservas presentadas, en su mayoría por la oposición, inició el 8 de noviembre y concluyó el 11 de noviembre; tuvo una duración total de 40 horas en donde 386 oradores subieron a la tribuna.

El PEF 2023 prevé un gasto neto total de 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, lo que representa un incremento del 11.6% con respecto al aprobado en 2022, y contempla un déficit presupuestario de un billón 134 mil 140.7 millones de pesos.

Pese a que se presentaron 2 mil 264 reservas, el Pleno aceptó solo cuatro modificaciones, todas provenientes de la bancada de Morena y su partido aliado, el PT.

Pese a que la oposición denunció que los legisladores de Morena y partidos aliados tenían la ‘instrucción’ de no cambiar ni una sola coma al PEF 2023, el dictamen tuvo mínimas modificaciones respecto a lo que envió el presidente López Obrador.

Se adicionó el artículo transitorio Décimo Cuarto que otorga mil millones de pesos para el fortalecimiento de policías municipales y estatales, con el fin de cumplir con las disposiciones derivadas por la reforma que amplia la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028.

Sin embargo, para poder destinar dichos recursos, se aplicó un recorte adicional al Poder Judicial, pese a que en la Comisión de Presupuesto ya le habían reducido mil 425 millones de pesos. Concretamente se recortó el presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal, quien enfrentará una disminución total de 2 mil 286 millones de pesos.

Esto va en línea con el recorte con el que había avanzado el dictamen a órganos autónomos de 6 mil 437.5 millones de pesos, siendo el más afectado el INE con un recorte de 4 mil 475.5 millones de pesos.

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró que las y los legisladores de la coalición “Juntos Hacemos Historia” concluyeron con la conciencia tranquila y el orgullo de haber defendido con todo y contra todo el PEF 2023.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que se logró un presupuesto realista, congruente, responsable, social y promotor del desarrollo.

Felicitó a las y los legisladores por haber resistido los embates de la derecha que buscaba recuperar sus privilegios, revivir los moches y tener recursos para el despilfarro.

Apuntó que en otros tiempos el presupuesto se había utilizado para favorecer a un régimen de cuotas y de cuates. Ahora, añadió, se tiene un presupuesto dirigido a la clase social más lastimada de nuestro país.

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados acusó sobre la firma de un documento por parte de las y los legisladores de Morena y partidos aliados, donde se comprometen a “defender el Presupuesto enviado por el Ejecutivo”, respetando los término en que fue presentado.

El partido del Sol Azteca dijo que el oficialismo actúa como oficialía de partes, con tal de defender la continuidad de la autodenominada “Cuarta Transformación”, aún si esto implica la pérdida de vidas y mayor pobreza para la población por falta de dinero para medicamentos, infraestructura, empleos, educación y bienestar.

La diputada Gabriela Sodi Miranda del PRD recordó que una diputada de Morena por el estado de Puebla amenazó a varios presidentes de comisiones si es que se atrevían a mover algo o reasignar algún componente de la propuesta hecha por la Secretaría de Hacienda.

“Sabían que no le cambiarían nada, que ese era el acuerdo que firmaron y, aun así, montaron un escenario de mentira que los retrata de cuerpo entero, como lo que son: una gran farsa”, dijo la perredista sobre la presentación de reservas al dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

“En estos días escuchamos a las y los diputados de ‘la mayoría’ decir ‘que este presupuesto es histórico, que nunca antes se había visto algo así’, y sí, es cierto, nunca se había visto tanto cinismo, tanto descaro, tanta demagogia y tanta desvergüenza (…) sabíamos que no le iban a mover una sola coma a este presupuesto infame, una engañifa más que retrata de cuerpo entero a la Cuarta Transformación”, reclamó la legisladora.

Alertó que el “Presupuesto del Bienestar”, donde más de 33 mil 595 millones de pesos no tienen destinatario, se deba que ya se planea su subejercicio para ejecutar este dinero en otro lugar, desviarlo hacia Palacio Nacional. Como ejemplo, señaló, se pretende aprobar tres veces más lo requerido para la operatividad de los “Siervos de la Nación” y su promoción al voto.

Por su parte el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, aseguró que el PEF 2023 es irreal, no es federalista y tampoco ataca de fondo la pobreza ni genera acciones para disminuir la inflación.

Dijo que el PEF 2023 no da solución a los problemas más sensibles del país, por ejemplo, el rubro de salud, educación, el caso de niños y niñas con cáncer, entre otros.

Y es que este viernes, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, reanudó la sesión ordinaria, en modalidad semipresencial para continuar con la discusión en lo particular del dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto 2023.

La sesión se reanudó poco después de las 10:00 de la mañana, y hay que considerar que hasta el día de ayer jueves, se habían desahogado un total de 528 reservas, quedando por presentarse mil 737.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2023, cuyo gasto neto total previsto asciende a 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, un aumento en términos reales de 11.6% respecto a 2022.

El documento fue aprobado por 273 votos a favor, 222 en contra y cero abstenciones, en lo general y en lo particular de los artículos y anexos no reservados; prevé un déficit presupuestario de un billón 134 mil 140.7 millones de pesos y considera aumentos a los subsidios gubernamentales y mega obras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

También, estima un incremento en el gasto programable pagado de 8.2% en términos reales respecto del monto aprobado para el ejercicio fiscal 2022. Propone un aumento real anual en la inversión física de 21.7% respecto a lo aprobado en 2022, y en cuanto al gasto federalizado, un aumento de 9.9% real respecto al monto previsto en 2022.

“La política de gasto del Proyecto de Presupuesto 2023 está encaminada a rubros que estimulen un mayor desarrollo de todos los sectores de la población y plantea un aumento real anual en la inversión física respecto a lo aprobado en 2022”, defendieron los diputados de Morena y partidos aliados.

Tal como se preveía, luego de la aprobación en comisiones, el PEF 2023 hace recortes a los presupuesto de órganos autónomos, por más de 6 mil millones de pesos, siendo el INE el más afectado con un recorte del 24% respecto a lo solicitado.

Sin embargo, los diputados defendieron que dichos recortes no afectan el desarrollo de las actividades esenciales de dichos órganos, sino que van en concordancia con la política determinada por el Congreso de la Unión en el conjunto de leyes que aprobó y que conforman el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023.

Los recortes aprobados son: Legislativo (466 millones de pesos); Judicial (mil 425 millones de pesos);, Instituto Nacional Electoral (4 mil 475 millones de pesos); Comisión Federal de Competencia Económica (33 millones de pesos menos); Instituto Federal de Telecomunicaciones (17 millones de pesos); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (19 millones de pesos).

Por sectores económicos, el PEF 2023 estima recursos por 111,911 millones de pesos para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); 99,028 millones de pesos para Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); 209,616 millones de pesos para la Secretaría de Salud; 402,276 millones de pesos para la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se estima un gasto de 77,411 millones de pesos, que en su mayoría se destinarán al desarrollo del Tren Maya, otro de los proyectos estrella del presidente.

Esta mañana están citados los Diputados para comenzar con la discusión de las más de 2,000 reservas que se presentaron al PEF 2023, principalmente por los partidos de oposición. Se prevé que la discusión pueda alargarse hasta el fin de semana.

Los tiempos legales marcan que el PEF 2023 debe estar aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre para ser publicado de forma oficial por el gobierno en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a los 20 días naturales posteriores a su aprobación en el Congreso.

En el dictamen Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 se perfilan recortes a órganos autónomos, siendo la mayor reducción el contemplado para el Instituto Nacional Electoral (INE), al que se proyecta quitar 4 mil 475 millones 501 mil 178 pesos.

De acuerdo al dictamen que comenzó a circular el pasado fin de semana, el recorte, que equivale al 24% del dinero que solicitó el Instituto, con lo que pasaría de 24 mil 696 millones de pesos a 20 mil 221 millones.

En total, los recortes a órganos autónomos asciende a poco más de 6 mil millones de pesos, recursos que serán destinados a la Secretaría del Bienestar para los diferentes programas sociales.

A la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se le recortarían 33 millones de pesos menos; al INAI 18 millones de pesos y al IFT 17 millones de pesos, por mencionar algunos,

El Poder Judicial también tendría una reducción de mil 425 millones de pesos, mientras que al Poder Legislativo se le estaría recortando el presunto en 466 millones de pesos.

Ante los embates que libra, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo un llamado a la defensa de las instituciones democráticas, que dijo, son producto de luchas colectivas.

“Todos juntos defendamos una institución que es un patrimonio de las y los mexicanos y, con autocrítica, propongamos mejoras, pero no permitamos que esta institución que tanto nos costó construir caiga en manos de una facción política que es legítima y que llegó al poder por la vía de las urnas gracias al trabajo que ha desarrollado”, dijo Córdova Vianello en una sesión de la Junta General Ejecutiva.

El Córdova Vianello consideró que es claro que, en varios países del mundo, hay una embestida en contra de las autoridades electorales, caracterizada por la desinformación, los ataques personales e institucionales y la asfixia presupuestal.

Sostuvo que en el INE son guardianes de la democracia, pero también son responsables del mantenimiento del orden constitucional, que acusó, “hoy ha sido vulnerado por otra institución”.

Lorenzo Córdova revindicó su responsabilidad constitucional, como Presidente del INE, de defender a la institución frente a mentiras que se difunden desde otras instituciones y poderes; por ejemplo, que el INE es la institución electoral más cara del mundo o que en México las elecciones son las más costosas del orbe.

“Dejemos el discurso de los fraudes y la descalificación de la autoridad electoral y cuidemos una institución que es de todas y todos los mexicanos”, invitó.

El gobierno federal reportó este jueves que 260 periodistas han sido asesinados en los últimos tres sexenios, con 63 de ellos en lo que va de a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, Alejandro Encinas, encargado de presentar el informe, reconoció 13 asesinatos de comunicadores en lo que va del año, aunque la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones registra 18.

Además, el funcionario citó que en el sexenio de Felipe Calderón hubo 101 homicidios de periodistas, mientras que en el de Enrique Peña Nieto se registraron 96.

“Hemos registrado cómo prevalecen un conjunto de agresiones particularmente vinculadas con el crimen organizado, la corrupción y colusión de autoridades municipales y grupos delictivos, (representan) cerca del 40% de las agresiones, que van desde las amenazas, los golpes, los robos, etcétera”, dijo Encinas.

El subsecretario defendió el combate a la impunidad, al sostener que de los 13 casos que el gobierno reconoce este año, suman 32 personas detenidas, de las que 21 están procesadas y tres más están sentenciadas.

“Nos estamos enfrentando, encarando la impunidad que se venía registrando en la comisión de estos homicidios, donde por ejemplo, hasta el año 2021 solamente se habían emitido seis sentencias contra los perpetradores”, defendió Alejandro Encinas.

Además, el subsecretario reportó la existencia de 1,768 personas beneficiarias por el Mecanismo de Protección a Periodistas, mientras que en 2018 solo había 789.

A la fecha, aseveró, este gobierno ha destinado más de 1,800 millones de pesos en medidas de protección, mientras que en todo el sexenio anterior solo se erogaron 782 millones.

Adelantó que para 2023, hay un presupuesto previsto de 569 millones de pesos, un aumento anual de 46%, acompañado de un aumento aprobado este año del 70% en las plazas para pertenecer al mecanismo.

 

Alejandro Encinas también aprovechó para informar que desde el inicio de la gestión de López Obrador, se ha denunciado la desaparición de 103,833 personas, pero de ese total se han hallado a 59,709, por lo que 44,124 permanecen desaparecidas.

“Si bien el número de personas desaparecidas sigue un registro importante de crecimiento, es mayor ya afortunadamente el número de personas localizadas”, sostuvo el funcionario.

El registro oficial del gobierno reporta 106,780 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 a la fecha, según citó el subsecretario, después de que México rebasó la cifra de más 100,000 desaparecidos en mayo pasado.

De ese total, más del 40%, 44,124 desapariciones, corresponden al sexenio de López Obrador, comparado con las 36,725 personas no localizadas del sexenio de Enrique Peña Nieto y las 17,425 de la administración de Felipe Calderón.

Encinas argumentó que en los sexenios anteriores, “el Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda de personas y en la protección de derechos humanos elementales”.

El subsecretario defendió que este gobierno ha implementado el “Programa nacional de derechos humanos”, reinstauró el Sistema Nacional de Búsqueda e instaló comisiones estatales de búsqueda que han recibido en todo el sexenio 1,800 millones de pesos.

Añadió que el gobierno ha realizado en 3,356 jornadas de búsqueda, en 28 estados y más de 400 municipios, y creó un registro de fosas clandestinas y cuerpos exhumado que ha reportado 2,386 pozos y 4,180 cadáveres.

Un informe de México Evalúa alertó que el presupuesto que presentó el gobierno federal para 2023 “tiene miras electorales rumbo a la campaña y elección presidencial de 2024 al contemplar un aumento anual de 15% en subsidios.

“En la propuesta de Paquete Económico 2023 que el Legislativo se dispone a aprobar el gasto tiene miras electorales, no de verdadero beneficio para la población; los servicios de salud para las personas sin seguridad social se deja del lado (con la muerte anunciada del Fonsabi, el fondo que cubre enfermedades de alto costo), y los recursos enfocados exclusivamente a garantizar e impulsar los derechos de las mujeres están estancados”, señaló la organización.

El presupuesto, que debe ser aprobado para el 15 de noviembre, contempla 951,000 millones de pesos en subsidios, señaló el estudio “Diez riesgos y desventuras del Paquete Económico 2023”, que implica un aumento de 15% con respecto al PEF 2022.

Dentro de estos subsidios, las pensiones de adultos mayores representan el 68% del incremento, con lo que llegarán a 335,000 millones de pesos, lo que implica un aumento anual de 34% y el 35% del gasto total en transferencias.

De aprobarse como está el PPEF 2023, de 2018 a 2023 las Pensiones de Adultos Mayores habrán crecido 629% (289 mmdp).

Además, México Evalúa detectó que la proporción de recursos sin clasificación geográfica o localizados en Ciudad de México será del 87%, el mayor porcentaje de la década.

“Este vacío de información facilita el uso discrecional y electoral de los recursos”, comentó Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público de México Evalúa, al presentar el estudio.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso el presupuesto al Congreso en septiembre, cuando planteó un aumento del gasto neto total a 8.3 billones de pesos, un alza de 11.6% frente al de 2022, año en el que el gasto fue de 7.4 billones de pesos.

Recordemos que la Cámara de Diputados debe discutir y aprobar el presupuesto de 2023, año en el que iniciarán las precampañas rumbo a la elección presidencial de 2024, en la que López Obrador buscará impulsar a un sucesor, a una de las bautizadas por él como “corcholatas”.

“Es inevitable: la carrera por las elecciones presidenciales de 2024 se acelerará el próximo año. Por ello, el gobierno busca contar con un presupuesto generoso para ‘quedar bien’ con la mayoría de actores, por lo menos en el papel”, señala el informe de México Evalúa.

Mientras los gastos en programas sociales suben, la organización detectó una reducción de 4% en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el IMSS-Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social, encargados de atender a la población sin seguro social.

Además, se propone liquidar la reserva del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que cubre las enfermedades de alto costo como cáncer o VIH, según el documento.

El estudio reconoció un incremento de 21.7% en inversión pública hasta los 1.1 billones de pesos, el monto más alto de la década. Sin embargo, el 55% del aumento se concentra en solo cuatro estados: Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, estados del sureste del país donde se construye el Tren Maya, obra emblemática de López Obrador.

La austeridad no dio para tanto. Estamos en el cuarto año de gobierno y ni recortando sueldos y prestaciones; ni apropiándose del dinero de los fideicomisos; ni extorsionando empresarios, logra este gobierno los recursos que quiere para comprar simpatías.

El presupuesto de este año de 8 mil millones de pesos no tiene precedentes.

¿Qué va a pasar cuando a AMLO se le acabe el dinero?

Ya lo dijo claramente en su mañanera del miércoles 28 de septiembre. Si los empresarios que deben millones al fisco no pagan, entonces vendrá un aumento de impuesto y se endeudará (más) el gobierno.

Concretamente el presidente dijo que antes de él, no pagaban impuestos “los grandes contribuyentes”, pero que ahora sí todos están pagando. Todos, menos unos 20 o 30 empresarios que son rezagos del pasado porque no aceptan, según el presidente, la nueva realidad en la cual la defraudación fiscal es un delito penal.

Y entonces vino la advertencia: “Necesitamos finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país”.

Así queda claro que cuando deje de haber dinero para lo que el presidente quiera, quedando aún poco menos de dos años de su gobierno, le aventará la culpa a los empresarios para justificar un aumento en los impuestos y en la deuda del país. Será culpa de los empresarios por no haber pagado sus impuestos.

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Ayer en el senado quedó de manifiesto que la cola larga de nuestros políticos es la más poderosa herramienta del actual gobierno. Para lograr los votos que avalaran que el ejército permanezca cuatro años más en las calles en labores de seguridad pública solamente hizo falta tiempo.

Los senadores del PRI acabaron dándole al gobierno los votos necesarios para que esto fuera posible. Salvo contadas excepciones, como la muy destacable y valiente postura de la senadora Claudia Ruiz Massieu, sus colegas de partido se doblegaron.

Justificaron su voto en que se logró mayor presupuesto y supervisión para que los militares ejerzan trabajos de seguridad pública. También en la idea de que vendrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y que la verdadera militarización no está en darles más tiempo a los militares en las calles sino en que la Guardia Nacional pase a manos de la SEDENA y que ahí va a haber un alto mucho más riguroso.

Lo que vivimos hoy en México es realmente preocupante. Es ceder todo el poder al ejército. Queda muy claro que el país no padeció los regímenes militares-autoritarios de otros países de la región. No tuvimos al ejército al frente del gobierno como sucedió en Brasil; Chile y gran parte de América Latina. Pero eso no significa que el ejército va a permanecer al margen por siempre en México. Increíble que el presidente que prometió acabar con la militarización del país sea el que les esté dando hasta el poder de manejar el turismo en México. Dar poder es fácil. Quitarlo, no es tan sencillo.

Columna completa en El Universal

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados realizará 300 asambleas en todo el país, para dar a conocer “el deficiente Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2023” que envió el gobierno Federal, así como las alternativas que proponen para combatirlo.

El grupo parlamentario dijo que en dichas asambleas los priistas presentarán un proyecto fiscal y presupuestario alterno que denominarán: Programa para la Defensa de la Economía Familiar y el Empleo.

Esta propuesta alterna tiene, entre otros aspectos, propuestas como aumentar el presupuesto al campo; aumentar el gasto en medicinas e infraestructura hospitalaria; aumentar los presupuestos para el servicio de agua potable; aumentar los subsidios a Universidades públicas; invertir en la construcción y mantenimiento de carreteras; más recursos para estados y municipios en materia de seguridad, pueblos mágicos y medio ambiente.

Precisaron que en cada asamblea, estará presente una comitiva de diputados federales del PRI, que acompañen la discusión y análisis que se haga, con sus respectivas propuestas.

“No solo vamos a explicar los problemas del país, también escucharemos a la gente, les llevaremos propuestas y les vamos a plantear una ruta para protestar”, dijo Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.

En tanto el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, adelantó que su bancada elaborará un presupuesto alterno que “sí atienda lo que la ciudadanía exige”, ya que acusó que en el proyecto enviado por el Ejecutivo, esto no está siendo cumplido.

“El tema del presupuesto será nuestra mayor ocupación en los próximos meses. Al ser un tópico de tal relevancia, es necesario que sea discutido con la seriedad que requiere y que el oficialismo no pretenda hacer su paso por la Cámara un simple trámite, como si se tratara de una oficialía de partes”, dijo el panista.

Sostuvo que el presupuesto debe ser ciudadano y democrático, por lo que se está elaborando una herramienta digital que será presentada en los próximos días para que la gente pueda expresar sus prioridades y decidir en qué se gastará su dinero.

El diputado añadió que su partido no dejará de insistir en recuperar programas que sí servían y que el gobierno eliminó de un plumazo, pero, además, presentarán propuestas que atiendan otros rubros, como el seguro de desempleo y las energías limpias.

“Como Grupo Parlamentario no quitaremos el dedo del renglón en hacer que regresen programas como las Estancias Infantiles, que daban un alivio a las madres trabajadoras, o el Seguro Popular que proporcionaba atención y abasto de medicamentos para quien los necesitaba”, finalizó el diputado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió este martes un presupuesto austero y equilibrado para 2023, sin aumento de impuestos, y enfocado en sus proyectos y programas sociales prioritarios.

“Va muy bien el paquete (económico 2023), equilibrado en cuanto a ingresos, en cuanto al financiamiento de todos los programas del bienestar”, resaltó el mandatario en su conferencia matutina al ser consultado sobre el tema.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el paquete económico 2023, que incluye el proyecto de presupuesto de egresos, así como los criterios generales de política económica para el año entrante, será entregado el próximo jueves, el último día por ley para enviarlo al Congreso.

López Obrador insistió en que el próximo año continuará la austeridad y los ahorros, con el fin de mantenerse sin endeudamientos y seguir con el impulso a sus obras de desarrollo y a los programas sociales.

Agregó que el gobierno federal considera incrementos al presupuesto en los programas del bienestar, que implican transferencias directas de recursos económicos, y detalló que en el caso de las pensiones a adultos mayores se prevé un aumento de poco más del 25%.

“Vamos a seguir con la austeridad, ahorrando, ahorrando, para poder financiar el desarrollo sin deuda, sin endeudamiento”, expresó López Obrador.

Así, confirmó que mantendrá como prioridades los desarrollos del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, la construcción de plantas termoeléctricas en Yucatán, 34 proyectos eléctricos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de los cuales 16 tienen que ver con hidroeléctricas; así como proyectos del Corredor del Istmo de Tehuantepec.

También insistió en que “no hay aumento en nada” al interior del paquete económico, así como que no habrá despidos por motivo de la austeridad.

“No hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas, vamos a poder financiar todos los programas prioritarios, tanto los orientados o destinados al bienestar de la gente”, aseguró.

López Obrador pidió la colaboración de todos los actores de la economía, ya que reiteró que no habrá apoyos fiscales para nadie.

El paquete económico tendrá que recibir el aval de la Cámara de Senadores y Diputados en el caso de algunos cambios a la las leyes de Ingresos de la Federación, del Código Fiscal federal, y para los criterios de política económica y fiscal.

En tanto, será responsabilidad exclusiva de la Cámara Baja aprobar el presupuesto de gastos del gobierno para 2023 a más tardar el próximo 15 de noviembre, como marcan los tiempos.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la invalidez del presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE), para el ejercicio fiscal 2022, tras advertir que la Cámara de Diputados no motivó adecuadamente la modificación que hizo al anteproyecto que dicho Instituto presentó.

Los ministros de la Corte consideraron que el ajuste que se hizo al presupuesto compromete las funciones de ese organismo constitucional autónomo, lo que podría traducirse en una violación de los derechos fundamentales de carácter político-electoral.

La Corte analizó la controversia constitucional que promovió el INE en contra de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo Federal, en la que demandó la invalidez de diversos artículos y anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado el 29 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al resolver el asunto, la Primera Sala advirtió que la Cámara de Diputados redujo en más de 26% el presupuesto solicitado por el INE, sin motivar la disminución referida.

En este sentido, el Alto Tribunal sostuvo que, si bien la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de modificar la cantidad originalmente solicitada por el INE, ésta debía ejercerse mediante la aplicación de un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y justificadas para realizar una reducción.

De esta manera, la Primera Sala concluyó que la reducción que realizó la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2022 careció de una motivación en la que se demostrara que los recursos asignados al INE eran, en principio, suficientes para pagar los gastos generados en cumplimiento de las obligaciones constitucionales de ese Instituto.

A partir de estas consideraciones, la Sala declaró la invalidez del Presupuesto de Egresos 2022, en lo relativo a los recursos asignados al INE, e instruyó a la Cámara de Diputados para que analice y determine en sesión pública lo que corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto presentado por la autoridad electoral.

Indicó que de estimar procedente la autorización de recursos adicionales, se deberán adoptar las medidas necesarias para que se haga la transferencia efectiva de los recursos al Instituto, o bien, en caso de que la decisión sea negativa, presente una motivación reforzada y con rigor técnico de su decisión.

Finalmente, la Primera Sala precisó que aunque haya concluido el proceso de Revocación de Mandato del Presidente López Obrador, cuyos recursos para su ejercicio fueron previstos en el anteproyecto de presupuesto 2022, no puede ser motivo suficiente para que la Cámara de Diputados decida negar los recursos originalmente solicitados por el INE.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aprovechó sus redes sociales para indicar que “por mas estridencia tuitera que hagan”, Morena ocupará su mayoría para optar por la opción de motivar reforzada y técnicamente la decisión de recortar el presupuesto al INE.

“El recorte prevalecerá y los recursos ahorrados se destinarán a necesidades más importantes que los sueldos estratosféricos de Lorenzo y Ciro”, sostuvo el morenista.