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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó este martes las acusaciones de Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, sobre que abogados del Ejército interceden por los militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo (Alejandro) Encinas”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Por el contrario, López Obrador argumentó que “lo lamentable es” que el Poder Judicial proteja a quienes participaron en la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

AMLO respondió así a las declaraciones del exfuncionario federal, quien aseveró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervino a favor de ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa que una jueza liberó el pasado fin de semana por “falta de pruebas”.

La decisión permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar 50,000 pesos.

Al respecto, López Obrador afirmó que envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para advertirle sobre la liberación de los militares. Aseguró que estas acusaciones responden a dos cosas: opositores que buscan el desprestigio del Ejército porque “no quieren que haya una institución independiente” y también para hacerlo “quedar mal”.

López Obrador volvió a arremeter contra organizaciones de derechos humanos, en especial contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Desde el principio está politizando este asunto, desde que estaba de director ejecutivo de la CIDH (Emilio) Álvarez Icaza, y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y las organizaciones, supuestamente de derechos humanos, se quedaron callados”, enfatizó.

No obstante, prometió que su Gobierno seguirá con la investigación al sostener que no está encubriendo a nadie.

Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como ‘verdad histórica’, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero. Sin embargo, dicha versión quedó desacreditada.

En 2018, López Obrador reabrió las pesquisas y creó una Comisión de la Verdad, a cargo de Encinas, que en 2022 concluyó que fue un crimen de Estado con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.

Sin embargo, las familias de los desaparecidos denuncian que persiste la falta de voluntad del Gobierno y que las presiones del Ejército han impedido nuevos avances.

Una jueza federal revocó la prisión preventiva impuesta a ocho militares acusados de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, permitiéndoles que sigan su juicio en libertad con el pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados.

Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, explicó que los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe al caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.

“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.

Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un general, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército, agregó Aguirre. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.

A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.

La participación de las Fuerzas Armadas está confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ha dado cada vez más poder a los militares, insiste en que los involucrados son sólo de un puñado de elementos aunque durante su gobierno se calificó el ataque como un “crimen de Estado”.

Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de las Fuerzas Armadas fue mucho mayor, no sólo en el ataque sino en la posterior obstrucción a la justicia.

El problema, denunciaron, es que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para el esclarecimiento de los hechos.

La excarcelación de los ochos militares llega poco más de una semana después que las familias de los 43 amenazaran el jueves con romper el diálogo con el gobierno si no les entregaban los documentos militares que faltan, que llevan exigiendo un año y que provocó que los expertos de la CIDH dejaran el país en julio por este motivo.

Hasta ahora el procesado de mayor rango es el exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada y en prisión preventiva.

En noviembre, un juez federal le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria por cuestiones de salud pero sigue encarcelado porque tal decisión solo afectaba a uno de los varios casos que hay en su contra.

López Obrador se comprometió a esclarecer el caso antes del fin de su mandato, el próximo 1 de octubre, pero los padres de los desaparecidos confían cada vez menos en él.

En respuesta, la FGR anunció que impugnará la decisión de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo que ordenó revocar la orden de prisión preventiva emitida contra los ocho militares al considerar que ya no existe riesgo de fuga para ninguno de los imputados.

Tras conocer la decisión, el organismo ha mostrado su rechazo “tajante” a la estipulación de la jueza y de los magistrados del tribunal: Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, de “desconocer las resoluciones” de los jueces que determinaron prisión preventiva y conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen” a través de una “secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas”.

El Ministerio Público ha subrayado que estos procedimientos de amparo generan una “evidente situación de injusticia” que afecta a los desaparecidos, sus familias, su seguridad “y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas”.

Asimismo, ha denunciado que “esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios (de comunicación) de manera parcial y engañosa”: “Esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años”, indicó en un comunicado.

La Fiscalía denunció que este tipo de casos “vinculan con toda claridad despachos de abogados, relaciones
personales o familiares, autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente y que se dedican a distorsionar la justicia, traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones, todo ello por razones aviesas y de voracidad patrimonial”.

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, pidió este lunes su libertad y su restitución como jefe de Estado en una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) que estudia cinco demandas de habeas corpus presentadas por su defensa para que se suspenda una de las dos órdenes de prisión preventiva que pesan sobre él.

“Solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y actos posteriores. Claro está que ha habido todo un andamiaje y acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de intereses políticos, acabar con la libertad constitucional”, dijo Castillo al intervenir virtualmente desde la prisión en la que se encuentra.

Expuso que no hubo ninguna flagrancia en sus acciones del 7 de diciembre de 2022, fecha de su fallido autogolpe de Estado, y que el argumento de que se iba a fugar no es válido, porque su trayecto a la Embajada de México en Lima, en cuyo recorrido fue arrestado por su escolta, tenía como fin poner a su familia en resguardo.

“He sido apresado y se han violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y debido proceso, dispuesto por la fiscal de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento y se demuestra con los hechos, una líder de una presunta organización criminal planeada con altos mandos de la Policía y ciertos grupos de congresistas para acabar con mi gobierno”, indicó.

Reiteró que las autoridades se “han ensañado” con él y que ha sentido el odio en carne propia.

La defensa del expresidente solicitó que declare nula la pena de 18 meses prisión preventiva por el fallido autogolpe, se de la inmediata libertad de Castillo y “se reponga el estado anterior” a la detención de este, para que pueda ejercer de nuevo la presidencia en el período 2021-2026.

Explicó que la motivación de los habeas corpus presentados atienden a la vulneración de la libertad individual de su representado y que el proceso judicial tiene “falta de coherencia narrativa” e insuficientes justificaciones del delito de flagrancia, porque no se ha detallado el tipo de esta.

Por su parte, varios representantes de la Fiscalía recordaron que la detención del expresidente fue legítima, puesto que el 7 de diciembre de 2022, Castillo dio un discurso que pretendía romper el orden constitucional y que más tarde este intentó fugarse, por lo que debería permanecer en prisión preventiva.

Además de la orden de 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe, la Corte Suprema de Perú ha ratificado la decisión de imponer otra medida de 36 meses de prisión preventiva a Castillo, por un caso de corrupción y tráfico de influencias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) encontró al Estado mexicano como responsable por la violación de diversos derechos de dos hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa por 17 años y que además sufrieron torturas en el periodo que estuvieron detenidos.

El presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez, notificó este miércoles la sentencia en un acto llevado a cabo por video conferencia y en el que estuvieron presentes los representantes de las víctimas y funcionarios del Estado.

La Corte, con sede en Costa Rica, encontró a México responsable por violaciones a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la protección judicial, a ser oído, a la presunción de inocencia y al principio de plazo razonable.

El caso se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes fueron acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés.

García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva por 17 años, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos. En 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, sentencia que está en apelación.

“Para esta Corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó en los hechos que se aplicara a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio acompañado de sus garantías, y por un lapso que excede todo plazo razonable ya que este correspondió aproximativamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria”, indica el fallo de la Corte.

El tribunal internacional también concluyó que Daniel García Rodríguez “fue sometido a malos tratos y torturas psicológicas por parte de las autoridades del Ministerio Público del Estado de México”, situación que fue denunciada por el sospechoso, sin que los hechos fueran investigados.

“Los maltratos psicológicos que fueron descriptos por Daniel García son de una extrema severidad pues consistieron en amenazar y detener a sus familiares y seres queridos. Además, buscaban una finalidad precisa que consistió en obtener su confesión y firma de documentos implicando a otras personas”, indicó la CorteIDH.

En cuanto a Reyes Alpízar, la Corte determinó que el Estado no investigó con la debida diligencia las denuncias de tortura que presentó.

En su sentencia, la Corte ordenó a México concluir los procesos penales, revisar la pertinencia de mantener medidas cautelares, y excluir del proceso los antecedentes incriminatorios obtenidos bajo coacción o tortura.

“El uso de la tortura como mecanismo para obtener confesiones o antecedentes incriminatorios del imputado o acusado no puede tener otra consecuencia que la exclusión de la prueba. De lo contrario, la prohibición de tortura quedaría vaciada de contenido, convirtiéndose en un derecho meramente formal sin ninguna consecuencia operativa”, advierte la sentencia.

El Estado también está en la obligación de investigar y sancionar a los responsables de los actos de tortura.

Además, México deberá adecuar a estándares internacionales su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

La CorteIDH también ordenó al Estado pagar indemnizaciones a ambas víctimas por concepto de daños materiales e inmateriales.

Un juez peruano ordenó este jueves que el recién destituido presidente Pedro Castillo permanezca en prisión preventiva durante 18 meses, como lo había solicitado la fiscalía.

La decisión del juez se anunció un día después de que el gobierno declarara estado de emergencia para tratar de calmar las violentas protestas que se viven en el país.

Las protestas estallaron después de que Castillo fuera destituido la semana pasada, tras su intento de disolver el Congreso antes de un voto de revocación, lo que fue calificado por muchos, incluidos colaboradores suyos, como un intento de Golpe de Estado.

Castillo y su equipo legal se negaron a participar en la audiencia de este jueves, argumentando que carecía de las más “mínimas garantías”. Los delitos de los que se le acusa a Castillo es el de rebelión y conspiración.

Y mientras la audiencia se llevaba a cabo, se reportó que al menos seis manifestantes perdieron la vida en las primeras 20 horas del estado de emergencia que entró en vigor ayer. En total, suman 14 fallecidos desde el domingo que miles de ciudadanos han tomado las calles para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y, en algunos casos, la liberación de Castillo.

Recordemos que el gobierno de Boluarte decretó este miércoles el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta en su contra, mientras que hoy declaró toque de queda en 15 provincias de Perú.

A través de sus redes sociales, Castillo insistió en sus acusaciones contra el gobierno de Boluarte.

Alertó sobre la visita de la embajadora de Estados Unidos en Perú a Palacio de Gobierno. Dijo que su intención era “dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso; y, de paso, dejar el camino libre para las explotaciones mineras, como el caso de Conga, Tía María y otros”.

Foto: Twitter @martinfiera

Jesús Murillo Karam seguirá bajo vigilancia en el área médica del reclusorio, después de que en las primeras horas de este viernes un juez federal le negara el cambio de la medida cautelar a prisión domiciliaria por motivos de salud.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, argumentó que la salud no fue una de las razones que él consideró para imponerle la prisión preventiva justificada.

Recordemos que el extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra preso por su vinculación al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se ha catalogado como un crimen de Estado.

Sobre la resolución a la solicitud de cambio de medida cautelar que determinó el juez de control este viernes, la defensa de Murillo Karam manifestó su sorpresa.

“Estamos sorprendidos de que a pesar de la irrefutable evidencia médica, el juez de control haya decidido anteponer la política criminal a la vida de un ser humano, manteniendo como argumento el riesgo de fuga”, expuso la defensa en un comunicado.

Agregó que el hecho que se mantenga en la torre médica “es una prueba de que el estado de salud de Murillo Karam es reservado y requiere tratamiento y observación tal como lo han señalado los médicos tratantes”, añadió la defensa que adelantó apelará la resolución.

“(Desde su detención) advertimos sobre las enfermedades que le habían sido diagnosticadas, entre ellas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral”, argumentó el equipo legal del exfuncionario.

Los abogados recordaron que desde el primer momento señalaron que “la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga fue una medida peligrosa y desproporcionada”, y precisaron que desde su ingreso al Reclusorio Norte, Murillo Karam ha sido trasladado en cinco ocasiones a diversos hospitales públicos.

La última ocasión registrada, el 19 de octubre, señalaron, ya no regresó al reclusorio, sino que fue llevado a 4 diferentes hospitales públicos.

Fue el pasado 15 de noviembre cuando se informó que Murillo Karam enfrentaba una denuncia por lavado de dinero que interpuso en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La denuncia se presentó el 14 de noviembre pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tráfico de influencias y defraudación fiscal.

La UIF detalló que esta nueva denuncia se desprendió de una serie de investigaciones en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers, que apuntaban diversos instrumentos de elusión fiscal utilizados por diversos personajes públicos alrededor del mundo, incluido México.

De acuerdo con el análisis de la Unidad, Murillo Karam posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el que se involucra una empresa familiar.

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien se encuentra actualmente preso por delitos de corrupción, enfrenta un nuevo juicio, ahora por la presunta desaparición forzada, un delito de lesa humanidad.

Un juez determinó vincular a proceso al político, y le impuso como medida cautelar prisión preventiva, justificada por un año y seis meses de investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que pidió al juez iniciar un nuevo juicio por desaparición forzada, cometida en contra de un agente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, identificado con las iniciales D.L.C.

Fue el Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, quien determinó que había elementos suficientes para el juicio.

Esta decisión no significa que Duarte de Ochoa sea culpable, sino que permitirá la aportación de pruebas de ambas partes.

El despacho Campuzano Abogados, que lleva la defensa del exgobernador, aseguró que es inocente del delito que se le imputa y aseguró que uno de los involucrados declaró en su contra bajo tortura.

“Se determinó que, tal como se ha manifestado en varias ocasiones, Duarte no es ni posiblemente responsable del delito de Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, el juez de control autorizó la continuación formalizada de la investigación, vinculándolo a proceso por presuntamente entorpecer una investigación de dicho delito, sin siquiera contar con las facultades para ello”, expresó el abogado defensor Pablo Campuzano de la Mora.

Recordemos que el exgobernador actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, cumpliendo una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Durante su mandato en Veracruz, se desató una violencia sin precedentes relacionada con la operación de bandas del narcotráfico y su combate por parte del Estado.

En la última década, han sido localizadas a lo largo y ancho del territorio veracruzano un total de 642 fosas, donde 609 cuerpos han sido recuperados, así como 381 cráneos y más de 56 mil restos humanos.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presenta el informe semanal Cero Impunidad, aunque en esta ocasión se dedicó a hablar de la importancia de mantener la la prisión preventiva oficiosa, de cara a la discusión que hará sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que eliminar la medida podría repercutir en que aumenta la impunidad en el país.

Inicio señalando que entre el 25 de agosto y ayer 1 de septiembre, entre todas las corporaciones policiales, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, se logró la detención de 9 mil 341 personas, de las cuales 9 mil 039 fueron presentados ante el Ministerio Público al prefigurarse un posible delito.

Explicó que la prisión preventiva oficiosa o automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor, pues busca evitar que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga.

Además, dijo que se evita que los presuntos criminales amenacen y atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal, evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad.

Explicó que entre otros delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa o automática, según el artículo 19 de Constitución, están: abuso o violencia sexual contra menores; delincuencia organizada; homicidio doloso; feminicidio; violación; secuestro; trata de personas; robo a casa habitación; la utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana; la corrupción como enriquecimiento ilícito; el robo al autotransporte de carga; todos los delitos que tienen que ver con el llamado huachicol; el robo de hidrocarburos; los delitos violentos cometidos con armas de fuego; la portación y utilización de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y aquellos delitos que atenten contra la seguridad de la nación.

Expuso que a prisión preventiva ha sido una figura establecida en la Constitución desde el Constituyente originario de 1917, cuando se contempló para los delitos que merecieran pena privativa de la libertad a los casos con condenas mayores a los cinco años.

“En subsecuentes reformas se mantuvo esta figura estableciendo, por ejemplo, que aplicaría para delitos con una pena cuyo término medio aritmético fuera mayor de cinco años de prisión. En el 85 se incluyó esta figura en diferentes modalidades relativa a diversos delitos. En el 93 se establece que esta figura atendería más que a la duración de la pena por la gravedad del delito, prohibiendo expresamente el beneficio de la libertad bajo caución a quienes fueran presuntos responsables de esos delitos. En la reforma del 2008 se decide mantener la prisión preventiva como una medida cautelar”, repasó Mejía Berdeja.

En ese sentido, dijo que hubo reformas posteriores en 2011 y 2019, pero con la finalidad de incrementar los delitos que ameritaran la medida.

Recordó que la reforma se aprobó en el 2008 con 482 votos a favor en la Cámara de Diputados, y con 73 votos a favor en la Cámara de Senadores, y fue ahí cuando dijo que “legisladores de la época” apoyaron la reforma, muchos de ellos quienes hoy la condenan y la rechazan.

Entre los políticos que mencionó están: la hoy gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos; Héctor Larios Córdova, dirigente del PAN; el ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur; el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro; Beatriz Pagés; el dirigente sindical, Ricardo Aldana, y el exdirigente del PRI, César Camacho Quiroz.

En la Cámara de Senadores mencionó al hoy dirigente nacional del PAN, Marko Cortés; Santiago Creel Miranda, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Gustavo Madero, ex dirigente nacional; y el exgobernador Guillermo Padrés. En el caso del PRI mencionó a Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell; el ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa; Jesús Murillo Karam, exprocurador; y el actual dirigente del tricolor, Alejandro Moreno.

Ricardo Mejía dijo que la prisión preventiva pretende evitar la llamada ‘puerta giratoria’, donde el presunto criminal sale en libertad supuestamente vinculado a un proceso penal, pero finalmente en la libertad de seguir cometiendo ilícitos y vuelve a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una sensación de impunidad.

“Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la ‘puerta giratoria’, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad”, enfarizó el subsecretario.

Finalmente, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, hizo un repaso sobre como los medios de comunicación han abordado el tema en los últimos días, y como lo han hecho a lo largo de los años con otros gobiernos.

“Ahora el debate no es la prisión preventiva, es el presidente de la República. Y esa postura y la política de seguridad del actual gobierno”, recriminó el vocero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este martes en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe mantener vigente la medida de prisión preventiva, pese a las críticas y rechazo que ha generado entre el grupo conservador el país.

“En el caso de la decisión que tendrá que tomar la Corte sobre las detenciones de delincuentes que requieren de prisión preventiva porque, de lo contrario, va a seguir la impunidad en el Poder Judicial, y eso afecta mucho”, dijo AMLO.

El mandatario dijo que si la Corte resuelve en poner fin a la prisión preventiva, y que con eso los delincuentes puedan entrar y salir de prisión, él respetará la decisión, aunque enfatizó, no será cómplice, por lo que hace el llamado a los ministros a que analicen el tema a profundiad.

“No quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan: ‘Oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco?’ Voy a tener que repetir: Pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial, pues sí, pero ya salió y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad”, añadió.

Eso le sirvió para reiterar que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes.

López Obrador también reiteró el respeto y confianza que tiene al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Y aunque dijo que también confía en algunos ministros, afirmó que la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no se caracterizan por actuar con honestidad.

“O sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo; es una vida como artificial, donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses, menos el interés del pueblo. Entonces, es una burbuja, son los abogados, las relaciones públicas, todo arriba”, recriminó.

La prisión preventiva oficiosa está en el centro de la polémica desde la semana pasada cuando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció que analizarían a detalle la medida cautelar. 

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Corte, pidió en febrero pasada que se replanteara la prisión preventiva oficiosa, ya que la aplicación de esta medida se encontraba al alza; incluso en mayo, durante su visita a Santa Martha Acatitla, para conocer los casos de mujeres en prisión, reiteró su llamado a revisar la medida.

“Muy histórico (el encuentro con presas), pero si no generamos resultados, medidas, no deja de ser una anécdota. Esta visita no se trata de mí, se trata de las mujeres y de los miles de inocentes que están en las cárceles de México que quieren que busquemos que se revise la prisión preventiva oficiosa”, declaró Zaldívar posterior a su visita.

Sin embargo, ayer el tema subió de nivel luego de que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia emitieran un comunicado defendiendo la prisión preventiva oficiosa, al señalar que la Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad buscan garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no solo la detención de las personas que los cometen, sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias.

El gobierno federal señaló que es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no escapen de la acción de la justicia durante el proceso penal.

Explicó que con dicha medida se trata de evitar que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad.

Distintas voces salieron a expresarse sobre el tema. Al encabezar el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió la aplicación de la medida y dijo que eliminarla representaría un problema de seguridad para las mujeres de la capital.“Entonces a quién está definiendo esto, sea por criterios internacionales o no, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacerle saber nuestra preocupación de que esto pudiera llegar a ocurrir y que eso implicara mayor impunidad, mayor riesgo, no solamente para las mujeres sino en general para los habitantes de la ciudad y además el riesgo de la impunidad frente a la corrupción”, apuntó.

No todas las reacciones fueron en defensa. La exdiputada federal del PRD y actual coordinadora nacional de Nueva Izquierda en el PRD, Verónica Juárez Piña, indicó que tal como se advirtió en 2019, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y viola los derechos humanos, además de que criminaliza la pobreza y victimiza a las mujer.

La perredista afirmó que la medida cautelar no ha bajado la incidencia delictiva como el gobierno defiende, por lo que exigieron a la Corte declarar la inconvencionalidad del Artículo 19 Constitucional.

El diputado del PAN, Jorge Triana, afirmó que el gobierno federal solo defiende la prisión preventiva oficiosa para encarcelar en automático violando los derechos humanos, cuando a la par “dejan pasar atrocidades cometidas por crimínales con el pretexto de que también tienen DDHH”.

Afirmó que las consecuencias de esta “abominación” (prisión preventiva oficiosa) las pagan los más vulnerables, los pobres, a quienes tanto defiende el presidente.

En tanto, el senador del PAN, Damián Zepeda, afirmó que la prisión preventiva oficiosa es la mayor violación legal a derechos humanos. Indicó que la SCJN debe garantizar justicia a los mexicanos.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la prisión preventiva oficiosa, su inconstitucionalidad y su inconvencionalidad.

De cara a la discusión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá en los próximos días, referente a la prisión preventiva oficiosa, el gobierno federal hizo un llamado a la Corte a mantener la medida tal y como está expresado en la Constitución.

La Presidencia de la República indicó que la Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad buscan garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no solo la detención de las personas que los cometen, sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias.

En ese sentido, afirmó que es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no escapen de la acción de la justicia durante el proceso penal.

Explicó que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas, además de que con dicha medida se trata de evitar que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad.

Recordó que delitos de alta gravedad como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, entre otros, implican que los presuntos culpables enfrenten el proceso en prisión.

“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, esgrimió la Presidencia.

En ese sentido, pidió a la Suprema Corte que al momento de discutir el juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad sobre el tema, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el esfuerzo que implica la persecución criminal.

Que “prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, remató la Presidencia.

En cumplimiento de la sentencia emitida por el Tercer Tribunal Unitario en materia penal,  esta tarde el  juez José Artemio Zúñiga revisó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya, y ordenó mantener en prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex.

El juez volvió a justificar su decisión en que Lozoya Austin, acusado de delitos de corrupción por el caso Odebrecht, e presenta riesgo de fuga, ya que cuenta con una red de contactos y recursos económicos que le permitirían evadir a la justicia.

El juez también señaló que en caso de ser declarado culpable, la pena que podría alcanzar Lozoya motivaría su huida del país, además de que hasta el momento no se ha acreditado el pago de la reparación del daño por el caso Odebrecht ni se ha concretado la petición del criterio de oportunidad que solicitó.

“La Fiscalía General de la República justificó de manera fundada y motivada la variación objetiva de las condiciones por las que se impusieron las medidas cautelares, por lo que el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada hasta el final del proceso”, reiteró esta tarde el juez.

Recordemos que ayer se dio a conocer que la magistrada Isabel Porras del el Tercer Tribunal Unitario, ordenó revisar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que mantenía en prisión a Lozoya desde noviembre pasado. Fue justo el juez José Artemio Zúñiga Mendoza quien había fallado con la misma medida en ese momento, y ahora la ratificó.

Emilio Lozoya  es acusado de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, en el tramo de la empresa brasileña Odebrecht.

En la apelación concedida a Lozoya, la magistrada  ordenó realizar la revisión de la medida, sin que la FGR o la defensa del exfuncionario pudiera presentar nuevos argumentos.

Horas antes, un tribunal federal desechó la impugnación que hiciera la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la orden de liberar a Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados.

El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, con sede en la Ciudad de México, desechó la demanda de amparo presentada por la UIF contra la orden emitida.

Sin embargo, la UIF anunció que impugnará el desechamiento del amparo que promovió. Dijo que considera que la resolución del Tercer Tribunal Unitario, en la que declaró que el patrimonio de la UIF no resulta perjudicado con la orden de liberar a Lozoya, no fue correcta.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará prisión preventiva para el excandidato presidencial Ricardo Anaya, por la carpeta que se le sigue referente a los señalamientos que hiciera el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, que le sitúan como uno de los beneficiarios de la trama corrupción ligada a Odebrecht durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las autoridades fiscales mexicanas van a presentar la misma estrategia que hace unos meses utilizaron con Jorge Lavalle Maury, quien tras comparecer por videoconferencia fue solicitada su presencia ante el juez para debatir las medidas cautelares que se le impondrían hasta que se resuelva su situación jurídica.

Anaya tiene permitido comparecer este lunes a través de videoconferencia, pero deberá hacerlo, tal y como le marcó el juez, desde Ciudad de México y en presencia de un abogado, después de que éste no se presentara en la anterior audiencia.

La Fiscalía solicitará su presencia física una vez sea imputado y, en caso de no comparecer, le considerará fugado de la justicia y por ende pedirá su detención. Así lo revela el diario Milenio.

Anaya forma parte de la lista de políticos señalados por Lozoya de haber recibido sumas millonarias a cambio de su voto para avalar la reforma energética impulsada por el expresidente Peña Nieto.

Según la investigación, basada en las declaraciones de Lozoya, Anaya habría recibido 6.8 millones de pesos mexicanos en sobornos, por lo que se solicitará su imputación por delitos de cohecho y asociación para delinquir.

Recordemos que la semana pasada, la FGR logró también que la justicia decretase una orden de detención contra el antecesor de Lozoya en Pemex, Carlos Treviño, después de que no compareciera ante las autoridades el 7 de septiembre por un delito de asociación para delinquir y otro de lavado de dinero por una serie de delitos de corrupción que habría cometido en el caso de la planta Etileno XXI.

Lozoya, que hasta ahora había evitado entrar en prisión a cambio de ofrecer más pruebas sobre la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusó a Treviño de haber recibido cuatro millones de pesos en sobornos en 2014 a través del que fuera secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En prisión preventiva, Lozoya está siendo investigado en el caso de la brasileña Odebrecht, así como en de la empresa mexicana de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado el 17 de julio a México.

Sobre el caso Anaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el panista debe comparecer ante las autoridades y aclarar si recibió sobornos de los que se le acusa.

Además, aseguró que el excandidato presidencial estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto, “eran como socios políticamente hablando, entonces de repente se rompió ese acuerdo, y ya en campaña, me consta, en un debate lo planteó, él habló que si ganaba iba a meter a la cárcel al presidente Peña, hubo una muy buena relación y una ruptura fuerte”, relató el mandatario.

Tal como lo ha venido sosteniendo, AMLO volvió a rechazar de haber solicitado a las autoridades que se actúe contra Anaya. Afirmó que la venganza no es su fuerte.

“Debería enfrentar las cosas y aclarar cuál era su relación con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando de aprobaron las llamadas reformas estructurales”, añadió López Obrador. Incluso cuestionó quién le aconsejó al panista que amenazara a Peña Nieto de meterlo a la cárcel durante la campaña presidencial.

Un juez de control impuso esta tarde, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien es acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, luego de haber gozado de libertad condicional más de un año.

El Consejo de la Judicatura Federal informó a la prensa que la Fiscalía pidió la medida cautelar porque Lozoya Austin ya no cumple con el llamado criterio de oportunidad, el cual otorga beneficios procesales a cambio de colaborar con la Justicia. Indicó que no ha ofrecido lo prometido cuando se llegó a este acuerdo.

Al pedir la palabra, el exdirector de Pemex se declaró “inocente” y propuso un “acuerdo para reparar el daño”, pero el juez de control, Artemio Zúñiga aceptó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público ante el riesgo de fuga del acusado.

La medida fue apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por la actual dirección de Pemex, que participan como acusación en el caso.

La FGR acusó a Lozoya de contar con una red de protección con amplio poder económico y “prueba de ello son las fotos” del exfuncionario cenando, “con poco pudor procesal”, en un restaurante de lujo en la Ciudad de México.

En tanto, el abogado de Pemex señaló a Lozoya de “no haber hecho el más mínimo intento de reparar el daño causado. No ha habido el más mínimo acercamiento de su parte”. Por su parte el representante de la UIF adelantó que se han presentado otras denuncias en su contra y que serían otro aliciente para darse a la fuga.

En su resolución, el juez pospuso un mes más para celebrar la audiencia para cerrar la investigación y decidir la fecha del juicio, la cual tendrá lugar el 3 de diciembre. La defensa de Lozoya había pedido posponerla durante dos meses, mientras la Fiscalía quería cerrar de una vez la investigación e ir a juicio cuanto antes.

Tan pronto se conoció la decisión del juez, agentes de la Guardia Nacional detuvieron a Emilio Lozoya dentro de la sala de audiencias, para ser ingresado al Reclusorio Norte.

Al término de la audiencia, la defensa de Lozoya insistió en que continuarán buscando el criterio de oportunidad, el cual señaló se construye y va por etapas, las primeras ya cumplidas.

Recordemos que Lozoya fue detenido el año pasado en España y extraditado a México, donde se le acusa de haber recibido cerca de 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Oderecht a cambio de contratos públicos de Pemex.

Además del caso Odebrecht, Lozoya está imputado por haber comprado a sobreprecio cuando era director de Pemex una planta de fertilizantes inservible a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a cambio de sobornos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó esta mañana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de “proteger la corrupción” y “a la minoría”, luego de que los ministros invalidaran ayer la reforma que impulsó su gobierno para establecer prisión preventiva obligatoria a los delitos relacionados con defraudación fiscal, contrabando y venta de facturas.

“Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías”, respondió el presidente en su conferencia de prensa matutina, donde fue cuestionado sobre el tema.

Y es que ayer, el Pleno de la SCJN dio la razón a la acción de inconstitucionalidad que presentaron los senadores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas de 2019.

Ese año, los legisladores de Morena y aliados impulsaron reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Seguridad Nacional para castigar como delincuencia organizada los crímenes que tienen que ver con contrabando de facturas y fraude fiscal.

El presidente consideró que la Suprema Corte invalidó la prisión preventiva porque “se trata de delincuentes de cuello blanco” y no pueden ir a la cárcel los ‘fifís’.

“Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien”, argumentó el mandatario.

Afirmó que hace falta que los otros poderes castiguen por igual a todos los que cometen un ilícito, y que no esté la Justicia al servicio del dinero y de los poderosos.

Pese a sus críticas, prometió respetar el fallo. “Nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte porque queremos estar en un auténtico de Estado de derecho”, manifestó.

Incluso, López Obrador sostuvo que la decisión muestra que es muy claro que los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad, algo que dijo no sucedía en otros gobiernos. Aunque dijo “tienen la arrogancia de sentirse libres”.

“En nuestro país hay división e independencia en los poderes, como no sucedía antes, en décadas. Antes el poder de los poderes era el Poder Ejecutivo. Esa es una primera lección para los que no creen en la transformación”, expresó.

Recordemos que el debate de la Corte mostró divisiones con una votación de ocho a favor de la invalidez y tres en contra, incluyendo los de las ministras Margarita Ríos-Farjat y Yasmín Esquivel, ambas propuestas por López Obrador.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se opuso de forma contundente a las reformas del Gobierno por considerar la prisión preventiva “contraria al principio de presunción de inocencia”.

A pesar de ello, López Obrador respaldó a Zaldívar, a quien considera el ministro idóneo para realizar la transformación del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó esta tarde la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Senado de la República, en la cual impugnaron el Decreto publicado el 8 de noviembre de 2019 por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.

En la discusión, el Pleno determinó que el proceso legislativo que dio origen a dicho Decreto fue válido, pues durante su tramitación no se cometieron violaciones con potencial invalidante.

No obstante, la mayoría de Ministras y Ministros determinó que los artículos 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, el cual establece como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, y el 167, párrafo séptimo, fracciones I, II, III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, son inconstitucionales.

Las Ministras y Ministros señalaron que el legislador se excedió al calificar tales delitos como amenazas a la seguridad nacional, pues no se trata de conductas que atenten directamente contra esta última, y, por ende, tampoco fue válido que los calificara como delitos que ameritan prisión preventiva.

Coincidieron en que el legislador secundario no está autorizado a ampliar el catálogo constitucional de delitos de prisión preventiva oficiosa.

Otros Ministros consideraron que las normas eran inconstitucionales ya que, de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que sólo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado de que la persona evadirá la acción de la justicia o afectará la investigación, sin que sea suficiente la peligrosidad del sujeto o el tipo de delito, pues de lo contrario se vaciaría de contenido el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

Por tanto, dado que las normas en cuestión imponían la prisión preventiva de forma oficiosa, es decir, en automático considerando únicamente el tipo de delito, estimaron que las mismas resultaban contrarias a los derechos humanos reconocidos por la Constitución.

Así, se invalidaron las normas que calificaban como amenaza para la seguridad nacional a los delitos de defraudación fiscal, contrabando y los relacionados con los comprobantes fiscales falsos, para los que se preveía prisión preventiva oficiosa.