Durante un conversatorio organizado por el Colegio de México, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue cuestionado sobre las diferencias en el trato de los casos de Emilio Lozoya y Rosario Robles, ambos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y es que la Fiscalía no solicitó prisión preventiva en contra de Emilio Lozoya, lo que sí ocurrió en el caso de Rosario Robles; en ese sentido se le cuestionó que ahora Lozoya está en su casa, mientras que Robles permanece en la cárcel.

Gertz Manero explicó que Lozoya Austin está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos, relacionada a una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos.

En el caso de Rosario Robles, dijo el fiscal, no hay un ofrecimiento de dicha naturaleza, además de que hay un daño por 15,000 millones de pesos, dónde están involucradas buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país.

“Por favor, por favor, la jerarquía de los daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra, que no solamente dañó con miles de millones de pesos sino con una conducta reiterada en donde se involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales: las instituciones de educación superior”, respondió el titular de la FGR.

Sobre las declaraciones del Fiscal, el equipo legal de Rosario Robles Berlanga emitió un posicionamiento.

Señalaron que es falso que la extitular de Sedesol y Sedatu esté acusada de una afectación al erario federal. “Contrario a lo dicho por el fiscal, Rosario Robles enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción”; por ello dijeron, debería tener el beneficio de enfrentar su proceso en libertad.

Apuntaron que según el fiscal, Robles Berlanga está en prisión por “no ser solidaria con el Estado”, dejando en entredicho que está privada de su libertad por no “delatar” a otros funcionarios.

“Para esta defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía. Antes eran ‘tehuacanazos’ hoy es prisión. Pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no querer “colaborar” con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito”, precisó la defensa.

Otra de las consultas que se le hicieron al fiscal durante el encuentro virtual, fue el opaco proceso que hubo al momento de que Emilio Lozoya llegó al país.

Se le hizo ver que faltó información sobre la decisión de trasladar a Lozoya a un hospital y no se le presentara de inmediato ante un juez.

Gertz Manero señaló que la Fiscalía teníamos la obligación “y la cumplimos pero rigurosamente” de dos cosas: avisarle al juez de control en el momento en que a Lozoya Austin lo pusieran a disposición las autoridades mexicana las españolas; “se lo hicimos saber de inmediato”.

La segunda cuestión, explicó, era que en el momento de que llagara a México lo pusiéramos a disposición del juez: “ni un minuto después, se hizo con una precisión matemática. En el momento que aterrizó y pasaron las normas aduanales se le informó formalmente al juez, ‘lo tememos’; este señor dice que tiene un problema de salud, estas son las pruebas; nos dijo ‘que se hagan los exámenes médicos, tanto los oficiales como los que él quiera ofrecer, y yo voy a decir, yo juez qué es lo que se va a hacer'”, relató el fiscal.

Afirmó que la Fiscalía hizo todo lo que el protocolo más estricto les obligaba: entregaron al juez toda la información, y fue él quien decidió qué fue lo que hizo. “No hubo la menor falla de ninguna naturaleza en ese procedimiento”.

Sobre las acusaciones que hubo de que la FGR le estaba ayudando a Lozoya, Gertz Manero dijo que no fue así. “No, no le estamos ayudando, le estamos ayudando a la justicia, estamos ayudando a que esto funcione. Se lo aseguro, porque sino el juez me lo hubiera rechazado”.