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Donald Trump, favorito para hacerse con la candidatura presidencial republicana, ha dejado claro que, de regresar a la Casa Blanca, su política migratoria irá más allá del famoso muro fronterizo que lo catapultó a la presidencia en 2016.

En sus mítines de campaña, ha adoptado una fuerte retórica antimigratoria, llegando a afirmar que los extranjeros “envenenan” la sangre de Estados Unidos, y ha mencionado planes que van desde deportaciones masivas hasta la construcción de centros gigantes para detener a migrantes indocumentados.

Trump ha prometido repetidamente en sus eventos de campaña que, si regresa a la Presidencia, llevará a cabo la “mayor operación de deportación” en la historia de Estados Unidos.

Para hacerlo, el Gobierno federal pediría ayuda a los reservistas de la Guardia Nacional, detalló Stephen Miller, el principal ideólogo de las propuestas xenófobas de Trump, hace solo tres días durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la gran cita de la derecha estadounidense.

Según Miller, Trump desplegaría a las Fuerzas Armadas en la frontera para negar la entrada a aquellos que necesiten solicitar asilo y deportaría automáticamente al interior de México a quienes intenten cruzar.

Trump ha citado como ejemplo de este tipo de deportaciones la conocida como ‘Operación Wetback’, ejecutada en 1954 por el entonces presidente Dwight D. Eisenhower y que resultó en la deportación de más de un millón de personas, en su mayoría mexicanos.

Para ejecutar esa gigantesca operación, la campaña de Trump ha dejado entrever sus planes para construir grandes centros para detener a los migrantes y después expulsarlos de Estados Unidos.

La idea sería establecer instalaciones “a gran escala” donde los migrantes aguardarían para ser deportados con vuelos de expulsión programados de manera continua, explicó en la conferencia CPAC Stephen Miller, quien previamente asesoró a Trump durante su mandato y que podría volver a la Casa Blanca.

Sin embargo, la legalidad de estos centros podría ser cuestionada en los tribunales, como ya ocurrió con algunos de los planes más radicales de Trump cuando estaba en la Casa Blanca.

Anticipándose a esos desafíos legales, Trump ha prometido invocar una sección de las leyes de extranjería y sedición aprobadas por el Congreso en 1789, que otorgan al presidente un mayor poder para deportar y detener a individuos que no son ciudadanos estadounidenses en tiempos de guerra.

Esa ley fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial por el presidente Franklin D. Roosevelt para establecer centros de internamiento donde fueron detenidos miles de migrantes japoneses y sus descendientes nacidos en Estados Unidos.

La campaña de Trump no ha especificado cuántos migrantes serían objeto de estas políticas. Sin embargo, se estima que actualmente 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos.

Trump tampoco ha descartado la posibilidad de volver a separar a las familias de migrantes que llegan a la frontera, una política que ya implementó durante su tiempo en la Casa Blanca.

Durante una intervención el año pasado en CNN, Trump admitió que la idea de separar familias “suena dura”, pero luego añadió: “Cuando les dices a las familias que si vienen las vamos a separar, ellos no vienen. Y no podemos permitirnos tener más”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de migración, ha reconocido que se separaron a 4,227 niños de sus familias durante la Administración de Trump.

Tras la llegada al poder del presidente Joe Biden, en enero de 2021, se creó un grupo de trabajo para abordar esta cuestión y, según un informe del DHS de noviembre de 2023, ya se han logrado reunir a 3,147 niños con sus padres.

La campaña de reelección de Biden ha levantado la voz sobre las políticas de Trump y las ha calificado de “racistas, antiestadounidenses e ineficaces”.

Más de 30 congresistas demócratas apoyaron este viernes un proyecto de resolución en la Cámara de Representantes que rechaza las propuestas de diversos republicanos para activar una acción militar contra los grupos del narcotráfico en México.

“En meses recientes hemos visto un aumento alarmante de declaraciones que amenazan con normalizar la noción de invadir México”, señaló el representante Joaquín Castro, de Texas, uno de los autores del proyecto de resolución, presentado este viernes.

Ese proyecto “reafirma el compromiso de Estados Unidos con el respeto a la soberanía de México y condena los llamados para una acción militar en México sin el consentimiento de México y sin la autorización del Congreso”, añade el texto.

El demócrata explicó que una guerra con México causaría una pérdida devastadora de vidas y sería desastrosa para millones de mexicanos y estadounidenses.

“Esta resolución envía un mensaje firme de que Estados Unidos respeta la soberanía de México y que el Congreso no apoya los llamados peligrosos para una guerra en nuestra frontera sur”, agregó.

En tanto, la representante Nydia Velázquez, de Nueva York, reconoció que el uso de la fuerza armada de Estados Unidos en México sería un desastre con consecuencias graves para ambos países y para el mundo.

“Antes de que la idea de operaciones militares en México progrese más, necesitamos que los responsables sensatos de políticas en ambos partidos hablen claro e indiquen que el Congreso no apoyaría esto”, añadió.

Por su parte el representante Raúl Grijalva, de Arizona, afirmó que los llamados para una intervención militar unilateral contra una nación soberana son contraproducentes y son un obstáculo para soluciones reales.

Y es que recordemos que en marzo pasado, el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, señaló que preparaba un proyecto de ley que “preparará el escenario” para el uso de la fuerza militar estadounidense en México.

En agosto, en el curso de un debate entre varios aspirantes a la candidatura presidencial republicana en 2024, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, indicó que apoyaría “desde el primer día” una acción militar en México contra los cárteles de la droga.

En un encuentro con organizaciones de la sociedad civil, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ratificó la apertura del tricolor para impulsar la unidad de toda la oposición de cara al 2024 y promover la más amplia inclusión y debate en la definición del método para la elección del candidato presidencial. En la reunión, celebrada en la sede nacional del PRI, participaron Guadalupe Acosta Naranjo, del Frente Cívico Nacional; Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, de Sí por México; Marco Antonio Adame, de Unidos por México; Leopoldo Hernández, de UNE México; Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil México, y Andrés Carral, de Poder Ciudadano.

Recordemos que estas organizaciones se agruparon en noviembre pasado bajo un frente amplio civil opositor bajo el nombre de UNID@S. Durante el diálogo, el líder nacional del PRI y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil destacaron la necesidad de hacer el más amplio llamado a la unidad ciudadana y partidista, a fin de consolidar los triunfos electorales de la alianza “Va por México” en 2023, en Coahuila y el Estado de México, así como en el 2024. Además, acordaron continuar con la permanente defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante los ataques del gobierno federal.  Alejandro Moreno y los representantes de las organizaciones acordaron llevar a cabo reuniones con los virtuales candidatos a las gubernaturas del Estado de México, Alejandra del Moral, y de Coahuila, Manolo Jiménez, con el propósito de proponerles que incluyan sus planteamientos en las plataformas que presentarán a la ciudadanía.

Además, en dichas reuniones se les planteará a los precandidatos la organización de la defensa del voto ante la batalla contra Morena.

El diputado del PAN, Santiago Creel, aseguró que las llamadas ‘corcholatas’ del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tienen como destino la basura, pese a que pueden ser recicladas.

“Además hay un efecto cuando se destapa un refresco de corcholata: se pierde el gas y a la hora ya desapareció”, dijo el también presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.

El panista, quien ha hecho públicas sus aspiraciones de buscar la candidatura presidencial en 2024, aseguró que para él, el término corcholata es despectivo.

Subrayó que en la oposición no se refieren a nadie con apodos, como sí lo hace el Presidente de la República. “Si él les dice corcholatas a los aspirantes de su partido tiene todo el derecho. Es un mote despectivo para referirse a algo que va a la basura y que pierde la fuerza”, insistió.

Ante lo que ha venido diciendo el presidente en sus mañaneras, acerca de que la oposición tiene un gran problema con el tema de las propuestas, Creel Miranda resaltó que en la oposición sí se tienen propuestas, por ejemplo, cambiar la estrategia de seguridad ya que la actual ha rebasado todos los índices de gobiernos anteriores.

Dijo que había que preguntarse si, las corcholatas, utilizando el término de López Obrador, seguirán o no con la política económica de cero crecimiento, asegurando que en administraciones anteriores se tuvo crecimiento positivo, moderado, pero positivo.

En cuanto a la política social, el diputado refirió que debe quedar claro que los programas sociales están ya en la Constitución, por lo que señaló, no hay debate sobre su permanencia.

“La pregunta es si las corcholatas continuarán con esas estrategias que han generado 6 millones más de pobres. La frase de ‘primero los pobres´ cae por los suelos y se va a la basura como se va una corcholata”, apuntó, al mismo tiempo que cuestionó si las corcholatas van a seguir con la misma política en materia internacional, de rompimiento de tratados comerciales y tratados del medio ambiente.

Finalmente, el diputado expresó que “las propuestas que tenemos nosotros son exactamente lo contrario en materia de seguridad pública, economía, política social, política internacional y democracia”.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, afirmó que, independientemente del fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la constitucionalidad o no de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), no desistirá de sacar adelante la reforma eléctrica, que promueve el Ejecutivo Federal.

“En caso de que la Corte falle a favor de la legalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, Morena no desistirá del intento de aprobar la reforma eléctrica. Sería un avance significativo, contiene el 80% de lo que trae la reforma constitucional, pero lo que abunda no hace daño”, indicó en breves declaraciones a la prensa.

Sostuvo que no hay razón para aplazar la dictaminación, discusión y votación en el Pleno de la iniciativa, pues la oposición ya presentó sus propuestas, hay tiempo para realizar modificaciones y la reforma eléctrica “bien vale una Semana Santa”.

Y es que se prevé que esta misma semana se defina si la iniciativa sube o no al Pleno para ser debatida, analizada y eventualmente votada, con fecha tentativa el 13 de abril.

En declaraciones a la prensa, el líder parlamentario recordó que desde ayer ya circula el dictamen de la reforma eléctrica, en sus términos, entre los distintos grupos parlamentarios, a fin de que se pueda enriquecer el texto durante los cinco días que establece la ley.

Apuntó que Morena coincide en al menos seis de los 12 puntos que contempla la iniciativa de reforma eléctrica que anunció la coalición “Va por México” y que podrían ser analizados y contemplados en el dictamen que ya se distribuyó.

“He tenido oportunidad, junto con el grupo parlamentario y la coalición de revisar al menos seis de ellas; de estas seis coincidimos plenamente en lo que han presentado y vamos a hacerlas nuestras”. Apuntó que será el jueves cuando se informe sobre qué se añadirá.

Expuso que entre esos lineamientos destaca el garantizar el derecho constitucional a que la electricidad, su uso, su suministro y precios asequibles sean una precondición para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho al agua, a la seguridad, a la alimentación y a la salud. Respecto al agua de uso agrícola, indicó, estamos de acuerdo a que a su tratamiento no se le aplique una tarifa industrial y bajen los precios, a fin de poder garantizar también el derecho a la alimentación para todos y todas.

En materia de seguridad, dijo Mier Velazco, Morena coincide en que las tarifas del alumbrado público sean consideradas de servicio público y no comercial, como es actualmente, y de esta manera bajen, pues la electricidad es fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Agregó que también simpatizan en la idea de que las tarifas de los sistemas operadores de agua para uso doméstico ya no sean aplicada con criterios comerciales y disminuya su precio, de lo contrario, se pone en riesgo el derecho humano al agua.

Apuntó que las propuestas que se vayan a incorporar al dictamen, entrarán algunas en los artículos transitorios y otras en el artículo cuarto de la Constitución.

“Nosotros actuamos de buena fe, protegiendo el interés público, esa es la diferencia. Habrá una buena participación del mercado eléctrico de parte de la iniciativa privada y vamos a privilegiar la política”, comentó.

Al asegurar que el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena ha sido mal gestionada, derivando en una exacerbación de los ánimos y provocando fuertes diferencias entre los aspirantes, Mario Delgado firmó un “pacto” de unidad y trabajo con Gibrán Reyes, quien también aspiraba al cargo.

Los morenistas indicaron que el haber contado con una encuesta más certera, campañas en forma y con condiciones equitativas, habría podido realizarse si el partido hubiera seguido desde el inicio la sugerencia del presidente López Obrador.

Por ello dijeron, no es posible prolongar la situación actual en el que imperan las diferencias, llamando a “caminar en otro sentido”: el de la unidad y la defensa de la Cuarta Transformación, en lugar de estar enfrascados en una lucha interna.

Para lograr dicha unidad, Mario Delgado se comprometió a retomar el programa “Un pacto desde abajo” que impulsó Gibrán Reyes durante su candidatura.

El compromiso fue en particular con cinco puntos: la generación de un departamento de encuestas sólido y científico; un observatorio de cargos electos de Morena y su congruencia con el programa y los principios de la Cuarta Transformación; la coordinación nacional de alcaldías y presidencias municipales; reconocer que el sujeto político revolucionario de la época se llama mujer, por lo que deben abrirse espacios para promover la representación política de las luchas encabezadas por mujeres, y finalmente, a la reorientación, impulso y fortalecimiento de la formación política en todo el país.

“Más allá de las diferencias ideológicas y críticas políticas, nos une el acuerdo sobre las necesidades del partido, el ánimo de construir por encima de la siembra de las discordias, insultos y calumnias, además de que coincidimos en la necesidad impostergable de acompañar al presidente para apuntalar la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, sostuvieron Delgado y Reyes.

Recordemos que en la contienda por la presidencia de Morena se mantienen Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, luego de que en la pasada encuesta a cargo del INE se diera un empate entre ambos candidatos, por lo cual se ordenó el levantamiento de una nueva encuesta, la cual comenzó este viernes.

El jueves 22 finalizará el levantamiento, para que el viernes 23 las firmas a cargo del ejercicio entreguen los resultados a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, y esta a su vez difunda los resultados el sábado 24 de octubre.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el regreso de Ricardo Anaya a la vida pública nacional es una buena noticia, además de que fue un regreso coordinador con la dirigencia del partido.

En entrevista con la agencia Quadratín, el dirigente de Acción Nacional aseguró que Anaya, al igual que todos los mexicanos, está preocupados por el mal rumbo que lleva nuestro país, por lo que consideró que figuras como el ex candidato presidencial esté activo y participando en los próximos procesos electorales.

El dirigente nacional señaló que ante la situación que atraviesa el país, es indispensable sumar todas las voces que que sean posibles para corregir el rumbo.

Detalló que México requiere una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, para desde ahí generar un equilibrio y contrapeso al gobierno federal.

Indicó que el anuncio de su regreso se hizo de forma coordinada con el partido, y añadió que hasta ahora, Anaya Cortés no ha manifestado su expresado su intención de participar en las próximas elecciones, ni en las legislativas, ni en la de la gubernatura de Querétaro.

Incluso Cortés Mendoza dijo que cualquier figura que haya buscado la presidencia en el pasado, debería dar ese paso y asumir el liderazgo que les corresponda, pues al haber obtenido millones de votos en 2018, les obliga a sumar ese esfuerzo en beneficio de México, y no desperdiciar todo el trabajo hecho en su momento.

Diversas figuras del PAN han felicitado a Anaya por su regreso a la vida pública. Uno de ellos el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, quien indicó que la suma de ideas siempre será buena para el país.

El ex candidato presidencial Gabriel Quadri, coincidió en que el regreso de Anaya era una buena noticia para México. “Debemos trabajar por la unidad de las oposiciones”.

Sobre ese tema, Anaya aclaró en sus redes sociales, que su regrese se daba en mancuerna con todos los que están preocupados por el rumbo del país, lo cual evidentemente incluía al PAN, pero también al resto de la oposición, y hasta a aquellos que votaron por Morena y que ahora están decepcionados.

“Si no entendemos que este es un momento para unirnos, dada la amenaza que enfrenta México, estamos perdidos”, señaló Anaya.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), junto a sus 12 organismos, presentaron este miércoles las propuestas que se desprendieron de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica.

El evento se conformó por 11 mesas de trabajo, en las que se contó con 263 panelistas de todos los sectores de la sociedad y del gobierno.

“Estamos convencidos de que es el momento de la unidad y las propuestas. Nuestro objetivo es promover el diálogo plural, escuchar propuestas y acciones que nos unan, solidaricen y enfoquen ante la crisis que enfrentamos”, indicó Carlos Salazar Lomelí, presidente del CCE.

El documento con las 68 propuestas se divide en tres momentos: acciones inmediatas para solventar la crisis; acciones para reabrir la economía, y acciones de mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social

En el primer rubro destaca el contar con servicios de salud de calidad y con los insumos necesarios para responder a la pandemia, mediante la disponibilidad y aplicación de pruebas para detectar casos de Covid-19, así como promover una mayor eficiencia en la Comisión de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS y del InDRE para agilizar la autorización de insumos de salud necesarios durante la crisis.

Se contemplan también acciones para garantizar el bienestar social, proteger a las poblaciones más vulnerables adicionando más recursos a los programas existentes. Mencionan cubrir las necesidades básicas de alimentación de la población más vulnerable; fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres.

También se menciona el minimizar el impacto de la crisis económica tomando medidas que apoyen la sostenibilidad de las empresas y se garantice la continuidad de las cadenas de valor, lo que se logrará promoviendo que las empresas apoyen a sus proveedores; establecer un fondo especial para emitir factoraje a las MiPyMEs; acelerar la devolución de IVA; postergar las obligaciones y modificaciones legales y normativas que incrementen los costos para las empresas, y diferir las obligaciones fiscales de corto plazo por un periodo concreto.

Señalan, en las propuestas, la necesidad de inyectar liquidez a la economía y mantener la sostenibilidad fiscal, mediante el incremento de la deuda en un rango de 0.5% hasta el 5% del PIB, así como reorientando el gasto público hacia necesidades inmediatas.

Salazar Lomelí indicó que propusieron una visión de mediano y largo plazo para recuperar el crecimiento, el empleo y el consumo, además que el Estado pueda tener los recursos para mantener un gasto de gobierno que oriente las actividades productivas.

“Creemos que estas 68 ideas tienen que traducirse en políticas públicas y privadas para reducir los efectos negativos en las familias mexicanas, empezando por las más pobres y desprotegidas”, añadió el dirigente del CCE.

En cuanto a las acciones para reabrir la economía, llamaron a contar con una coordinación entre los sectores de la sociedad y los órdenes de gobierno para que la reapertura de la economía minimice la disrupción ya existente.

En ese sentido, pidieron definir mecanismos y tiempos de reapertura a la brevedad; homologar la definición de sectores esenciales con EUA y Canadá; diseñar protocolos entre el sector público y privado, así como garantizar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Destacó que el objetivo del trabajo que se realizó es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; confió en que se retomarán las actividades y se logrará una recuperación económica en todo el país.

En una clara alusión a lo que ha venido expresando el presidente López Obrador, Salazar Lomelí dijo que siempre estarán de acuerdo en proteger a los más desfavorecidos y que los que menos tienen reciban el apoyo prioritario; sin embargo dijo, también se necesita un sistema que promueva el desarrollo del país y ayude a las empresas a salir de la crisis.

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El encuentro entre el primer ministro británico, Boris Johnson, y el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, este lunes, no logró despejar el temido escenario de un Brexit sin acuerdo, a 45 días de la ‘fatídica’ fecha.

“El presidente Juncker recordó que compete a Reino Unido presentar soluciones jurídicamente operativas que sean compatibles con el acuerdo de retirada (…) Estas propuestas aún no se han hecho”, aseguró el ejecutivo comunitario en un comunicado tras el encuentro en Luxemburgo.

Casi un 52% de los votantes británicos apoyó el Brexit en un referéndum celebrado en junio de 2016, pero, tres años después, el Reino Unido sigue sin encontrar la manera de consumar el primer divorcio en la historia del proyecto europeo tras más de 45 años de membresía en el bloque.

El último problema en el divorcio sigue siendo la llamada ‘salvaguarda irlandesa’ (backstop), un mecanismo de último recurso que busca evitar una frontera para bienes entre Irlanda, país de la Unión Europea (UE), y la provincia británica de Irlanda del Norte, tras el Brexit.

La predecesora de Johnson en el número 10 de Downing Street, Theresa May, pactó con la UE que este mecanismo entraría en vigor al término de una período de transición posbrexit, si Bruselas y Londres no logran una alternativa mejor en el marco de un eventual acuerdo de libre comercio.

Sin embargo, el Parlamento británico rechazó hasta en tres ocasiones el acuerdo cerrado en noviembre en parte por la salvaguarda, que impediría a Reino Unido negociar acuerdos comerciales con terceros países al continuar dentro de una unión aduanera con la UE.

El actual jefe de gobierno británico, Boris Johnson, advirtió que no aprobará un nuevo acuerdo si este mecanismo se mantiene, y, pese a que su Parlamento se lo solicitó, se niega a pedir una nueva prórroga del Brexit, determinado a sacar a su país de la UE el 31 de octubre sin pacto.

El gobierno británico explicó por su parte que ambos líderes coincidieron este lunes en la necesidad de “intensificar” los contactos de cara a lograr un acuerdo y avanzó “reuniones diarias” entre los equipo de negociación de ambos lados del Canal de la Mancha.

La reunión estuvo precedida por una ofensiva del gobierno británico defendiendo “enormes avances” en sus discusiones con Bruselas para desbloquear el acuerdo del Brexit, una visión desmentida por la Unión Europea que ya pedía “propuestas concretas”.

Londres no presentó todavía alternativas viables a los términos actuales del acuerdo de divorcio cerrado en noviembre con la Unión Europea (UE), dijo la Comisión Europea tras el almuerzo de Juncker y Johnson.

El gobierno federal, en voz del director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que hay seis posibles compradores interesados en adquirir el avión presidencial, todos ellos particulares de Estados Unidos.

El funcionario indicó que para la venta del avión “José María Morelos y Pavón“, se trabaja en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Tenemos seis interesados, de los cuales creemos que son propuestas serias y pues más adelante estaremos tomando una decisión, como gobierno, cuál de esas es atractiva y si conviene o no”, expuso Mendoza Sánchez desde San Luis Potosí, donde acompaña al presidente en su gira.

Dijo que se está en proceso de revisar las propuestas, con el fin checar de dónde vienen los recursos, la seriedad de cada una de ellas, para después hacer una recomendación al gobierno federal de cuál podría ser el comprador.

Reconoció que se tiene información de las ofertas, pero no están en condiciones de publicar el monto, “lo vamos a hacer público más adelante, una vez que se tome la decisión”, y aseveró que será el postor con el precio más alto, siempre y cuando califique y muestre la seriedad de su oferta.

Aclaró que debido a que el avión lo compró Banobras y se lo arrendó al gobierno federal, esperan que con lo que se recaude por su venta se pueda liquidar el arrendamiento que es alrededor de dos mil 100 millones de pesos.

Precisó que es Naciones Unidas quien lleva el proceso de la enajenación de la aeronave, pues durante este mes ellos han revisando los manifiestos de interés de cada una de las seis propuestas que se tienen.

Tras informar que el próximo lunes se reunirá con dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este jueves que está abierto al diálogo y dispuesto a revisar las leyes secundarias de la Reforma Educativa.

“Lo importante es el dialogo, el que podamos platicar, conversar, intercambiar puntos de vista con los maestros. Está abierto el diálogo. Estamos dispuestos a escuchar y todo aquello que signifique mejorar la educación tiene que ser tomado en cuenta”, respondió AMLO al ser cuestionado sobre el tema.

Acerca de si podría incluir las propuestas que los dirigentes magisteriales le hagan en las reuniones del próximo lunes, López  Obrador dijo si hizo falta algo en la reforma “se revisa”.

Sostuvo que su gobierno no es inflexible, por lo que, al faltar las leyes secundarias, será en ellas donde se pueden tomar en cuenta los planteamientos del magisterio.

“Yo creo que fue un gran avance el que se haya cancelado la mal llamada reforma educativa, creo que ni se pensaba que se iba a poder llevar a la práctica o se iba a convertir en realidad la consigna de que va a caer, va a caer, la reforma va a caer, y cayó. Entonces, hay otras cosas que hacen falta, pero por eso es el diálogo”, recalcó AMLO.

Pese a su disposición de revisar las leyes secundarias, el presidente dijo que si no hay acuerdo se respetará el derecho a disentir del magisterio.

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Claudia Ruiz Massieu, hizo un balance del trabajo que el tricolor hizo en materia legislativa, tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados.

Afirmó que la lealtad de los priístas “es con las mexicanas y los mexicanos y con las instituciones del Estado, y así lo vamos a seguir haciendo”.

Dijo que sus legisladores se han conducido con responsabilidad, altura de miras y profesionalismo. Resaltó que en el reciente periodo legislativo, el PRI dio testimonio de su experiencia política.

Detalló que gracias al diálogo y la buena política se logró aprobar la Guardia Nacional; se aprobó la Reforma Laboral, que mejora los mecanismos de justicia laboral y favorece la competitividad de las empresas; se votó a favor de aumentar los delitos por los que el Presidente de la República puede ser juzgado; a propuesta del PRI, se prohibió el matrimonio infantil, y se realizaron cambios a la Ley del Trabajo y la Ley de Seguridad Social para reconocer los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

Añadió que sus Senadores y Diputados se opusieron a las decisiones del nuevo gobierno que afectan al país. Mencionó los casos de los nombramientos para integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyos aspirantes dijo no tenían el conocimiento ni la experiencia adecuada para ocupar el cargo; el régimen de inversión de Fondos para el Retiro; la Ley de Austeridad Republicana y se votó en contra de las reformas en materia de consulta popular y revocación del mandato.

Ruiz Massieu afirmó que el PRI se reafirma como un partido con visión de Estado permanentemente dispuesto al diálogo con otras fuerzas políticas, siempre que ello sea por el bien de México.

Respecto a las campañas que se viven en diversos estados del país, la dirigente acusó que frente a los gobiernos que no saben dar respuesta a la gente, los candidatos del PRI salen a la calle a escucharla y a comprometerse, para recuperar su confianza.

“Por eso sabemos que vamos a ganar. Y para hacerlo, tenemos un partido organizado y con la estructura más comprometida: somos el mejor partido político de México”.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará al Senado los nombres de Edmundo Sánchez Aguilar, Juan José Paullada y José Eduardo Beltrán como propuestas para ocupar las vacantes de consejeros de Pemex.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes informó los nombres de sus candidatos y señaló que en el caso de la CRE ya se está trabajando.

“Hoy voy a enviar el nombre de los consejeros de Pemex que van a ocupar vacantes, va a proponerse al Senado a Edmundo Sánchez Aguilar, a Juan José Paullada y a José Eduardo Beltrán Hernández”, dijo el mandatario.

“Son las tres propuestas para consejeros de Pemex. Ya lo de la CRE ya se atendió, ya están en funciones, ya están trabajando, quiere decir que ya hay mayoría en esa institución, en ese consejo y lo mismo en el caso de Pemex, vamos a presentar estas propuestas”, señaló López Obrador.

El presidente nombró a Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante en la CRE, luego de que sus primeras dos propuestas fueran rechazadas.

José Woldenberg

EL UNIVERSAL

 

El tortuoso nombramiento de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) está develando uno de los peores resortes del Presidente de la República. Su incapacidad para asumir cabalmente la corresponsabilidad con otro poder constitucional, su afán por subordinarlo y el reflejo bien aceitado que, al parecer, piensa que la autoridad o es autoritaria o simplemente no es. No una Presidencia que busque la convergencia y colaboración con otro poder legítimo y legal; no una Presidencia flexible, abierta a otras opiniones; en su lugar, una capaz de incluso acudir a una lectura amañada de la ley con tal de que su voluntad emerja triunfadora. Veamos.

Se sabe: el Presidente de la República envió al Senado cuatro ternas para elegir a 4 de los siete comisionados que deben integrar el órgano de gobierno de la CRE. El Senado resolvió que los candidatos no cubrían los requisitos legales y/o no contaban con los conocimientos necesarios para ocupar esos cargos. El Presidente, conforme a la ley, debía mandar otras ternas, pero decidió enviar 11 de los 12 reprobados y agregar uno nuevo. Y ahora el Senado debe escoger cuatro entre los que ya había rechazado o de lo contrario el Presidente designará a quien quiera de esas ternas. De tal suerte que, al parecer, haga lo que haga la llamada Cámara Alta, resultará humillada por el titular del Ejecutivo. Pero no adelantemos vísperas.

Dice la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en su artículo 6º: “Para nombrar a cada Comisionado, el Presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días… En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada también, ocupará el cargo de Comisionado la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República”.

No hay duda del sentido y la literalidad de la norma. Si la primera propuesta es rechazada, el Presidente está obligado a mandar una “nueva”, no la misma “gata, pero revolcada” (perdón por la expresión). La Ley busca la cooperación y corresponsabilidad de dos poderes, intenta que los designados cuenten con el aval de ambos, busca que con su comparecencia demuestren conocimiento en la materia, y que esa operación genere comisionados no solo capaces y con un fuerte apoyo de salida, sino que además puedan desarrollar sus labores en un órgano regulador que cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión. Es decir, una comisión no dependiente del Ejecutivo.

Pero, al parecer, para el Presidente no se trata de eso. Sino de demostrar quién es más poderoso en un jueguito elemental (e innecesario) de fuerzas. Ha colocado en un aparente jaque a una de las Cámaras del Congreso: 1) o apruebas a cuatro de las personas entre las doce que te he mandado o 2) yo las designo directamente. Si optas por 1 pierdes porque ya las habías descalificado y si es por 2, yo decido contra tu voluntad.

No obstante (creo), la propuesta agresiva y desconsiderada del Presidente puede y debe ser atajada con los propios recursos que ofrece la Constitución. El artículo 105 establece que la Suprema Corte de Justicia puede conocer sobre controversias constitucionales que se susciten entre “el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste…”. Y creo que la Corte no solo establecería con claridad que en asuntos de tanta trascendencia no valen las triquiñuelas y que la Constitución es clara, sino que además serviría para refrendar que los poderes constitucionales no pueden ni deben estar subordinados al Ejecutivo. Eso convendría incluso a los legisladores de Morena si realmente se asumen como tales y no como súbditos del Presidente.

Profesor de la UNAM

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Riardo Monreal, afirmó que se ha tenido un gran avance en la discusión del dictamen de la Guardia Nacional.

“Tenemos varios días trabajando. Hoy es un día clave. De las propuestas hechas por los grupos parlamentarios del PRD, MC, PAN y PRI; podría decirse que se han aceptado un 80, un 85, casi el 90 por ciento de las propuestas”, indicó Monreal en breve encuentro con los medios.

Señaló que están “encorchetados”,  como se suele referir a los temas en que no hay acuerdo, tres: uno, el artículo 21, el 13 que se volvió a discutir; y un transitorio.

Aclaró que eran aproximadamente 21 o 22 propuestas, 10 artículos, más 11 transitorios, los que conformaban la propuesta que los partidos de oposición presentaron, por lo que resaltó que prácticamente un 90 por ciento se está aceptando.

El ex delegado de Cuauhtémoc insistió en que dentro de las cosas que se aceptaron de la propuesta presentada, estuvo el tema de que la Guardia tenga mando civil. “Mando civil, la adscripción a mando civil, ese es un tema clave”.

Adelantó que uno de los temas que hace falta sacar adelante es el relativo a la temporalidad.

Añadió que se aceptó las fuerzas de reserva, que es lo que viene a sustituir a lo que venía siendo la Guardia Nacional como institución temporal, en el caso de disturbio o guerra, como obligación de los ciudadanos de pertenecer a ellas.

Monreal señaló que en estos momentos hay dos opciones: el plan A, que es el dictamen que está publicado y que fue el que salió de Diputados, sobre el cual reconoció que tendrían el voto en contra de un sector importante del Senado, y que habría más dificultad para lograr la mayoría calificada. “Yo no garantizaría que esté la mayoría calificada”.

El plan B, explicó, consistiría en un acuerdo integral con todas las fuerzas políticas, que es lo que idealmente buscan lograr. Al respecto dijo, hay una actitud flexible, de buena fe, de apertura de Morena, por lo que dijo,, hay altas posibilidades de alcanzarlo. o.

Finalizó indicando que desconoce si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) esté de acuerdo con lo que se ha negociado hasta ahora.

El senador y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo este viernes una reunión con Carlos Urzúa, futuro Secretario de Hacienda.

De acuerdo a lo informado por la Cámara de Senadores, Monreal y Urzúa conversaron sobre cómo coordinar esfuerzos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con miras a construir una agenda que permita atender los principales retos en materia financiera y económica del país.

La reunión llega luego de la polémica que se desató tras la iniciativa que Morena presentó para eliminar las comisiones bancarias.

Los cercanos a AMLO indicaron que en los últimas décadas el crecimiento anual promedio del PIB per cápita ha sido de 1.0%, cifra claramente insuficiente para atender los graves problemas de pobreza y desigualdad de nuestro país.

Además refirieron que más de la mitad de los mexicanos tiene ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar y las brechas de ingreso entre regiones son particularmente elevadas.

El legislador y el futuro secretario de estado coincidieron en que para lograr la mejor estrategia para atender estos retos y llevar hacia adelante una agenda integral es necesario tener una discusión amplia y plural que incluya a la sociedad civil, académicos, sector privado y financiero.

Enfatizaron que las propuestas de cambios en materia económica y financiera serán estudiadas cuidadosamente, y se llevarán a cabo evaluaciones sobre sus posibles efectos macroeconómicos.