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En un intento de hacer frente a las críticas que ha recibido por la derrota que Morena sufrió en la capital del país en las elecciones del pasado fin de semana, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que defenderá el proyecto que encabeza, y señaló la necesidad de resaltar los logros alcanzados durante su administración.

Sin embargo, su mensaje volvió a levantar polémica pues dijo que era importante que los habitantes de la Ciudad supieran que los derechos que tienen ahora son parte, en buena medida, de la transformación que encabeza el presidente López Obrador desde que fue mandatario de la Ciudad; es decir, que son gracias a él.

Además, aseguró que «la verdadera democracia» llegó con la Cuarta Transformación. Recordó que la CDMX es una Ciudad de derechos, donde no se está a favor del clasismo o la la discriminación.

Sheinbaum Pardo resaltó que, en 2020 durante la pandemia derivada por COVID-19, se mantuvo el apoyo a niñas y niños que cursan educación básica con el programa de “Mi Beca para Empezar”, así como con otro tipo de becas; destacó los apoyos para la mejora de la Unidades Habitacionales; los centros PILARES, donde se imparten de manera gratuita actividades educativas, culturales y deportivas; los proyectos de movilidad y salud que se implementaron, así como el combate a la corrupción, que dijo, permitió que se recuperaron 25 mil millones de pesos (mdp) los cuales se reorientaron en inversión pública en la Ciudad.

Pese a los señalamientos que se han hecho a la falta de apoyos para la clase empresarial durante los meses más fuertes de la pandemia, la mandataria capitalina dijo que se destinaron 500 mdp en 2020 y 500 mdp este año para apoyos a las microempresas en la capital del país, así como una entrega de apoyos especiales a los trabajadores de restaurantes y se aplicó una disminución del Impuesto Sobre Nómina en diversas zonas de la ciudad, tales como el Centro Histórico .

“Aquí, nadie está derrotado, al contrario, aquí sacamos fuerza para seguir defendiendo este proyecto de Transformación que representamos, y vamos a seguir informando, difundiendo y trabajando por una Ciudad de Derechos en donde a nadie se le olvide que estos derechos se ganaron gracias a esta transformación y desde que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador fue Jefe de Gobierno (…) ese es el mensaje que damos a los habitantes de la Ciudad de México, que este trabajo sigue, continua y que esta Ciudad de Derechos nadie la para”, sostuvo.

Pese a ser un apoyo federal que está garantizado para todos los adultos mayores del país, Sheinbaum Pardo señaló que, en 2020 se benefició a 844 mil 582 adultos mayores mediante el apoyo bimestral de 2 mil 620 pesos, lo que representa una inversión anual de 13 mil 276.8 mdp; y a 73 mil 285 personas con discapacidad con apoyo bimestral de 2 mil 620 pesos, es decir, una inversión anual de mil 152 mdp.

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, podría dar un nuevo golpe a Morena y sus candidatos, ya que perfila cancelar el registro de Mónica Rangel, actual candidata del partido fundado por el presidente López Obrador a la gubernatura de San Luis Potosí.

“Se sanciona a la ciudadana Mónica Liliana Rangel Martínez, con la cancelación del registro como candidata al cargo de Gubernatura, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí”, se expone en el proyecto que hasta ahora no ha sido sometido a votación, y que deberá tener el respaldo de la Comisión de Fiscalización y luego del Consejo General del INE.

Tal como sucedió en los casos de Guerrero y Michoacán, si el proyecto logra el respaldo y se determina retirarle la candidatura a Rangel, Morena tendrá un plazo de 48 horas para presentar un nuevo perfil que permita al partido continuar con la campaña.

De acuerdo con el proyecto que se estaría presentando, desde el mes pasado se ordenó un proceso oficioso por las omisiones en la entrega de informes de ingresos y gastos de Rangel, quien niega haber realizado actos de precampaña; sin embargo, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó gasto en publicidad digital, específicamente en redes sociales por más de 148 mil pesos.

A finales de abril pasado, Mónica Rangel negó a través de sus redes sociales la falta que se le atribuye, y que podría poner en riesgo su candidatura. «No existe peligro para mi candidatura, he sido respetuosa del marco jurídico. Las y los potosinos me eligieron para representar a @PartidoMorenaMx en San Luis Potosí, el único proyecto de cambio verdadero. ¡Este 6 de junio vamos a ganar!».

El proyecto del INE no solo involucra sanciones a Mónica Rangel, también aplicaría para otras de las precandidatas de Morena en la entidad: Paloma Rachel Aguilar Correa, María del Consuelo Jonguitud Munguía, Luz María Lastras Martínez. Además perfila imponer al partido multas por su responsabilidad.

Sobre el tema, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, expuso que el INE pretendía «dar otro golpe a nuestro movimiento» al retirarle el registro a Rangel Martínez. «Es increíble que a 2 meses del inicio de campaña y a 4 semanas de la elección pretendan retirar candidaturas», escribió el morenista haciendo un llamado a la imparcialidad.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) publicó la noche de ayer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, sobre la pérdida de la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

«Por ser de interés público se pone a disposición de la ciudadanía el proyecto SUP-JDC-416/2021 de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, relacionado con la candidatura de Félix Salgado», indicó el Tribunal en redes sociales al divulgar el documento.

Recordemos que el pasado 25 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó retirar la candidatura a Salgado Macedonio por no presentar en tiempo y forma un informe de gastos de precampaña.

El morenista indicó que la decisión de Morena no era más que una violación, motivado por su miedo a que la 4T llegue a Guerrero. Indicó que no presentó los informes de ingresos y gastos de precampaña, pues el partido nunca lo registró como precandidato a la gubernatura de Guerrero, por lo cual no estaba obligado a informar.

«Les advertimos: mejor no le muevan porque Guerrero es pionero en las transformaciones, de las luchas del país (…) no hay duda alguna, que lo que está pasando en el INE es porque tienen miedo a la urnas, quieren ganar en el escritorio. Le decimos desde aquí: que no les tenemos miedo, vamos a ganar la gubernatura», dijo Salgado Macedonio un día antes de la resolución del INE.

El Tribunal indicó que el divulgar el documento del proyecto fue a petición del propio magistrado que lo elaboró y que lo presentará al Pleno, indicando que para actuar con absoluta transparencia, el proyecto se publicara de manera íntegra y sin ningún tipo de edición.

Se espera que el proyecto, que se compone de 100 hojas, se presente mañana al Pleno y sea discutido por los magistrados. En él, se reconocen las faltas de fiscalización por parte de Salgado Macedonio, quien a juicio del magistrado, sí fungió como precandidato de Morena a la gubernatura de su estado.

Sin embargo, se pide que se analicen otras sanciones como multas económicas aunque valida que la pérdida de registro podría ser una de éstas; para ello, el TEPJF devolvería el caso al INE, para que sea el Instituto quien analice el caso y determine la sanción correspondiente.

En el documento, se señala que en Guerrero, Morena incurrió en la omisión de los informes de fiscalización, y se evidencía como el  partido incurre en contradicciones, pues en una primera instancia alegó que no presentó los informes debido a que no se realizaron actos de precampaña, aunque después pidió presentarlos para evitar la pérdida del registro; sin embargo, para ese momento ya había vencido el plazo.

«En el caso, no existe presentación extemporánea, pues los informes que presentaron MORENA y sus precandidatos se realizaron después de que fuera viable su revisión o verificación, de manera que las faltas que cometieron tanto MORENA como sus precandidatos fue la no presentación del informe y no así la presentación extemporánea de los informes”, se lee en el proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón.

En caso de aprobarse el proyecto, el TEPJF ordenaría al INE calificar «nuevamente la falta cometida» por los precandidatos de Morena, entre ellos Salgado Macedonio, además de que le pidió realizar la individualización correspondiente, a efecto de que determine cuál es la sanción que resulta adecuada para inhibir este tipo de conductas.

Para dicho análisis, el Tribunal pediría al INE considerar la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la normativa electoral; el momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no a la autoridad ejercer su función fiscalizadora; la naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan, y las circunstancias particulares objetivas y subjetivas en las que, en todo caso, se cometió la infracción.

Otros puntos que el Consejo General del INE plantea es que se considere si hubo una intencionalidad y los medios de ejecución valorando cuestiones como si se intentó encubrir la violación; el monto económico o beneficio involucrado, y su impacto o trascendencia en la fiscalización, rendición de cuentas y la equidad.

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El Ejército será el «propietario» del Tren Maya, proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo encargado de la obra.

En entrevista con El Financiero, Jiménez Pons reveló que todas las ganancias que genere el proyecto, que operará a partir de 2023, irán directo a las Fuerzas Armadas en vez de a la Secretaría de Hacienda.

«El propietario va a quedar, vamos a conceder todos (los tramos) al Ejército», indicó el director general de Fonatur.

Recordemos que el Tren Maya es un proyecto prioritario de López Obrador, y que hasta ahora ha reportado una inversión de 6,294 millones de dólares para cerca de 1,554 kilómetros en los cincos estados por los que atraviesa: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El presidente había adelantado en diciembre pasado que una empresa del Ejército administraría tres tramos del tren, los que irían de Tulum, en Quintana Roo, a Palenque, en Chiapas, para pagar pensiones de militares. Pero Jiménez Pons fue más allá al calificar de «ganadores» a los soldados porque obtendrán de forma directa las ganancias que obtenga el ferrocarril con el transporte de carga, pasajeros de la región y turistas.

«Está perfecto que sea un premio a las Fuerzas Armadas. Si nosotros tenemos una visión nacionalista de largo plazo patrimonial, que esto sea un negocio, pero del Estado», declaró.

El director de Fonatur replicó los argumentos del presidente al asegurar que entregar el ferrocarril a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) evitará su privatización en futuros gobiernos. También argumentó que la obra tiene un factor de «seguridad nacional» por situarse en la frontera sur, donde existen traficantes de migrantes y de drogas.

«Nosotros vamos a tratar de hacer que esto sea un negocio en beneficio del mayor número de mexicanos, qué mejor que el Ejército se encargue de este negocio, nos garantiza muchas cosas y particularmente que no se privatice», expuso Jiménez Pons.

Las Fuerzas Armadas también se encargarán de construir el tramo 5 norte, el tramo 6 y el 7, además de que operarán los aeropuertos de Tulum y Chetumal; el de Palenque, y el Felipe Ángeles. José Yuste, columnista en Excelsior, indicó que Fonatur se quedará con las partes comerciales en las distintas estaciones del Tren Maya.

Tras revelarse la noticia de este martes, legisladores de oposición acusaron al Gobierno de fomentar la «militarización» y de usar la seguridad nacional como excusa para defender al Tren Maya de los cuestionamientos.

«El fondo no es otorgarle al Ejército ‘beneficios’ con el Tren Maya y aeropuertos, sino pasarse por alto las leyes que norman el presupuesto y los ingresos federales», manifestó el diputado Carlos Morales, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad.

Analistas como Alejandro Hope han expuesto que el otorgar el proyecto a las Fuerzas Armadas, ocasionaría mayores vínculos con actores económicos. «Cada una de esas interacciones multiplica las posibilidades de corrupción en el Ejército y la Marina, poniendo en riesgo la integridad de las Fuerzas Armadas», indicó.

Explica que la opacidad en SEDENA es legendaria, por lo que ahora con el Tren Maya en su poder, se puede escudar, más que cualquier otra dependencia, en argumentos de seguridad nacional para limitar acceso a información pública.

La politóloga Denise Dresser lamentó que las ganancias del Tren Maya no sean para el pueblo de México; indicó que los recursos del proyectos no se destinarán a hospitales, escuelas, caminos, o programas de apoyo a mujeres. Irán directamente a las fuerzas armadas con quienes López Obrador «co-gobierna».

Maite Azuela, colaboradora de El Universal, enfatizó que las ganancias económicas de los proyectos serán para los militares y no para los ciudadanos comunes y corrientes. «¿Para eso trabajó 18 años en convencer al pueblo de su liderazgo? trabaja para el monopolio militar», cuestionó.

El proyecto de ley con el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca concretar su ambiciosa reforma migratoria, la cual otorgará una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, llegó este jueves al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas.

Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son quienes impulsan la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, propuesta bandera con la que la administración de Biden busca reorganizar el sistema de migración de su país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.

La iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los soñadores, como se conoce a los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que en su mayoría proceden de Centroamérica, así como a los trabajadores agrícolas inmigrantes.

Amplía además los visados de diversidad de 55,000 a 80,000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas.

Recordemos que un esfuerzo similar fue liderado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente, pero no logró el respaldo en la Cámara de Representantes pese a haber conseguido la aprobación del Senado.

Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden deberá contar con la totalidad de los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurarse diez republicanos. De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularización en los años anteriores.

«Estamos aquí porque el pasado noviembre 80 millones de estadounidenses votaron contra Donald Trump y contra todo lo que representaba. Votaron para restaurar el sentido común, la compasión y la confianza en nuestro gobierno», dijo Menéndez en una conferencia de prensa virtual. «Y parte de ese mandato es arreglar nuestro sistema de migración, que es la piedra angular del odioso espectáculo de horror de Trump».

Al dirigirse a sus colegas republicanos, aseguró que el voto latino no es propiedad de ningún partido y destacó que los hispanos son «la mayor minoría racial y étnica del país».

En su intervención, Sánchez recordó que es hija de inmigrantes mexicanos, un mecánico industrial y una maestra de escuela primaria, y afirmó que por ello se ha dedicado a construir un sistema de inmigración «que permita a la gente vivir sin miedo».

Ambos políticos estuvieron acompañados por los legisladores de la Cámara Baja Zoe Lofgren, Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez, Judy Chu, Raúl Ruiz, Yvette Clarke y Yvette Clarke, así como por los senadores Amy Klobuchar, Alex Padilla y Ben Ray Luján, que prometieron su respaldo a la iniciativa.

El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente, conocida por su nombre en inglés «green card».

Para los soñadores, los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de «inmediato» y tres años más tarde la ciudadanía. erá un requisito fundamental para estas personas «haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021».

El proyecto de ley deroga además la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10,000 a 30,000 los cupos para los visados U, que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental.

Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término «extranjero» por «no ciudadano» y promueve la reunificación de familias, en especial de los grupos familiares LGBTQ+.

Por otro lado, aborda las causas de la migración al financiar un plan de la Administración de Biden para aumentar la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde procede la mayoría de inmigrantes que buscan cruzar a Estados Unidos desde México.

También crea opciones para que las personas que buscan protección puedan solicitar un estatus legal en Centroamérica; restablece el programa de menores centroamericanos que permite reunir a los pequeños con sus padres que residen en EUA; y destina recursos para el uso de la tecnología en las fronteras.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este miércoles procedente la controversia constitucional que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la política energética del gobierno federal.

“Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional”, expuso la secretaria de acuerdos, Jazmín Bonilla.

La Cofece presentó la controversia el año pasado, luego de que la Secretaría de Energía (Sener) emitiera una nueva norma en la que daba al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a la CFE, la que según la Comisión, afectaba la competencia en el sector.

Los integrantes de la Segunda Sala avalaron el proyecto que estuvo a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales. El proyecto, que recibió cuatro votos a favor y uno en contra, señala que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) distorsiona el proceso de competencia en materia energética.

Adicional, precisa que «otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción».

Los ministros coincidieron en que el acuerdo impugnado “obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales» que se encomendaron a la Cofece.

La Suprema Corte SCJN invalidó la disposición 7.1 que establecía que «la seguridad de despacho tiene prelación sobre eficiencia económica». También se invalidó el apartado 5.12 en el que la Sener otorgaba al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) la facultad para evaluar la viabilidad de las solicitudes de interconexión de las empresas privadas con base en diversos criterios.

Adicional, revocó la disposición 8.4 con la que el Cenace tenía control sobre la «asignación y despacho» de unidades de central eléctrica. Anuló también el apartado 10.2 que permitía al Cenace a rechazar solicitudes de interconexión de privados por «criterios de suficiencia, seguridad de despacho y eficiencia económica».

La medida 3.8.4. que le daba a la CFE la facultad de «elaboración de los Lineamientos y Criterios de Confiabilidad para la planeación y operación del SEN», también fue eliminada.

Y aunque fueron varios puntos los que se invalidaron, la SCJN validó el punto que permite el «fortalecimiento de la planificación estratégica de CFE» y criterios para nuevos servicios conexos. También le permitió a la Sener imponer a las empresas privadas de energías «intermitentes» cubrir el costo asociado de incrementar los servicios conexos y catalogar a centrales «con fuente de energía limpia intermitente» que «no proveen una cantidad firme de potencia».

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) notificó el fallo de la licitación pública internacional para el Tramo 5 Sur del Tren Maya, el cual fue adjudicado a un consorcio que encabeza Grupo México.

El fallo señala como Licitante Adjudicado a Grupo México, a través de su División de infraestructura, en consorcio con ACCIONA, con una propuesta económica de 15 mil 358 millones 287 mil 724 pesos, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La licitación responde a la «elaboración del proyecto ejecutivo, construcción de la vía férrea electrificada del Tren Maya, incluida la adecuación de la plataforma carretera existente, correspondiente al tramo Playa del Carmen Norte a Tulum Norte».

El también conocido como Tramo 5 del Tren Maya tiene una elevada importancia dentro del proyecto del gobierno de México, debido a la vocación turística del trayecto Cancún-Riviera Maya, así como por la alta demanda de servicios de transporte de carga y de pasajeros que atenderá.

El proyecto contempla obras de infraestructura ferroviaria y carretera, drenaje, terracería, pasos de fauna, así como los trabajos de electrificación de vías, entre otros.

La longitud del proyecto es de 60.3 kilómetros, los cuales tendrán doble vía para tráfico mixto con trenes, que podrán circular a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora e incluye también la construcción de un viaducto ferroviario de siete kilómetros en Playa del Carmen.

El consorcio ganador precisó que calculan que el desarrollo del proyecto ejecutivo ocupará a más de 120 ingenieros, y que, en su etapa de construcción, la obra generará más de tres mil empleos entre directos e indirectos.

Se detalló que la firma del contrato tiene como fecha prevista el 5 de febrero de 2021 y la vigencia del mismo se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027, contemplando que se estiman 31 meses para terminar la construcción, incluidos los seis meses para la entrega del proyecto ejecutivo, y se agregan 51 meses para mantenimiento y conservación de la vía férrea.

Recordemos que el emblemático proyecto del gobierno federal está valuado inicialmente en unos 139 mil millones de pesos, aunque en recientes días su costo se actualizó a 161 mil 356 millones de pesos, y recorrerá 1,500 kilómetros, e impactará en estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Fonatur decidió en octubre dividir la licitación original del «Tramo 5» en dos -sur y norte- luego de que en septiembre declaró desierto ese proceso tras recibir solo una propuesta de un consorcio encabezado por BlackRock.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este viernes el proyecto de ley que despenaliza el consumo del cannabis (marihuana), lo que supone un gran paso para situar las leyes federales en línea con las de varios estados que ya lo permiten, y con países que ya han liberado el uso de dicha sustancia.

La Cámara baja, bajo control demócrata, logró la aprobación del proyecto de ley por 228 votos a favor contra 164 en contra. Sin embargo, ahora el proyecto pasa al Senado, donde según analistas sus posibilidades son mucho menores, ya que es dominado por los Republicanos.

La nueva norma pretende sacar a la marihuana de la Lista de Sustancias Controladas, que la incluía junto a la heroína o la cocaína como un narcótico peligroso, y que contemplaba fuertes sanciones.

La inclusión del cannabis en esta lista dejaba al gobierno federal de Estados Unidos fuera de la línea adoptada por varios estados que ya legalizaron la marihuana para uso médico y algunos, como Colorado, que optaron por liberarlo completamente y regularon su consumo recreativo.

Este proyecto de ley federal es la culminación de cinco décadas de argumentación por parte de sus partidarios para convencer al gobierno federal de que reconozca el daño relativamente bajo que causa el consumo del cannabis comparado con otras drogas, así como el fracaso en la represión de su comercialización mientras se mandaba a prisión a cientos de miles de personas por delitos menores.

De aplicarse finalmente la ley, los registros penales de muchas personas arrestadas por consumo de marihuana acabarían eliminados y podrían revisarse las sentencias de quienes cumplen actualmente penas por delitos federales relacionados con el cannabis.

También autorizaría a los estados a establecer sus propias leyes y a lanzar una regulación federal y tasación del sector, como ya ocurre con el alcohol.

«Es un momento histórico», dijo el representante demócrata Tulsi Gabbard, que impulsó la legalización.

Los demócratas usaron argumentos como que los afroestadounidenses han sufrido legalmente mucho más que los blancos de arrestos y condenas, que la despenalización federal permitirá a los veteranos con lesiones de guerra obtengan un mejor acceso a la marihuana medicinal o que la nueva norma implicaría la desaparición de los bloqueos federales de larga duración a la investigación con marihuana.

Pfizer y BioNTech informaron este lunes que su vacuna contra el Covid-19 es eficaz en al menos un 90%, tras el «éxito» del primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3.

Así, su candidata a vacuna basada en ARNm, BNT162b2 contra el SARS-COV-2 ha demostrado su eficacia contra el coronavirus en participantes sin evidencia previa de infección, según el primera análisis de eficacia provisional realizado el 8 de noviembre.

Las pruebas han sido realizadas a un total de 43,538 participantes y el análisis ha evaluado 94 casos confirmados de Covid-19 en participantes del ensayo.

Tras estos resultados, el presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, ha destacado que hoy es «un gran día para la ciencia y la humanidad». «Los primeros resultados de nuestro ensayo de la vacuna Fase 3 Covid-19 proporciona la evidencia inicial de la capacidad para prevenir Covid-19», ha dicho.

Celebró que se ha alcanzado este «hito» en su programa de desarrollo de vacunas en un momento en el que el mundo «más lo necesita», con tasas de infección que establecen nuevos récords, hospitales que se acercan a su capacidad excesiva y economías que luchan por reabrir.

«Con las noticias de hoy, estamos un paso significativo más cerca de  brindar a las personas de todo el mundo un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta crisis de salud mundial. Esperamos poder compartir datos adicionales de eficacia y seguridad generados por miles de participantes en las próximas semanas», ha apuntado el
presidente del Pfizer.

Asimismo, Bourla ha agradecido a las miles de personas que se han ofrecido como voluntarias para participar en el ensayo clínico, a sus colaboradores académicos e investigadores en los sitios del estudio, así como a sus colaboradores de todo el mundo «que están dedicando su tiempo a este esfuerzo crucial».

El presidente de Pfizer señaló que el primer análisis intermedio de su estudio global de fase 3 proporciona evidencia de que una vacuna puede prevenir eficazmente el Covid-19.

El ensayo clínico de fase 3 comenzó el 27 de julio y ha inscrito a 43,538 participantes hasta la fecha, 38,955 de los cuales han recibido una segunda dosis de la vacuna candidata el 8 de noviembre de 2020. Aproximadamente el 42% de los participantes globales y el 30% de los participantes de Estados Unidos «tienen antecedentes raciales y étnicos».

El estudio también evaluará el potencial de la vacuna candidata para brindar protección contra el coronavirus en aquellos que han tenido una exposición previa, así como la prevención de la vacuna contra la enfermedad.

Además de los criterios de valoración principales de eficacia que evalúan los casos confirmados de Covid-19 acumulados siete días después de la segunda dosis, el análisis final ahora incluirá, con la aprobación de la FDA, nuevos criterios de valoración secundarios que evalúan la eficacia según los casos que se acumulan catorce días después de la segunda dosis también.

Según las proyecciones actuales, la compañía espera producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en 2020 y hasta 1,300 millones de dosis en 2021.

Expertos han detectado más de 2,000 ruinas prehispánicas o cúmulos de artefactos a lo largo de la ruta propuesta por la que correrá el Tren Maya, proyecto que estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El descubrimiento de sitios por medio de la tecnología LiDAR de mapeo de elevaciones podría retrasar la construcción del polémico proyecto, cuyos opositores aseguran que también amenaza a comunidades indígenas y al suministro de agua.

Los datos de elevación vía laser mostraron un total de 2,187 «monumentos» arqueológicos a lo largo de los 366 kilómetros de la ruta propuesta, aproximadamente una cuarta parte del total de las vías planeadas. Los expertos ya conocían la existencia de algunos de los sitios, pero otros son nuevos.

El término «monumentos» puede significar muchas cosas, desde restos de una residencia prehispánica maya o piedras talladas, hasta los vestigios de templos ceremoniales. Se desconoce el número de artefactos detectados de cada tipo, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia indicó que hay al menos 91 estructuras de gran escala, como plazas, pirámides y plataformas de templos.

El instituto señaló en un comunicado que las personas que trabajan en el proyecto del tren deben tomar «medidas específicas» para evitar dañar los artefactos, pero no indicó si eso significaba reestructurar las rutas.

Recordemos que en julio pasado, el presidente López Obrador dio el banderazo a los trabajos de  construcción del Tren Maya, que recorrerá cerca de 1,500 kilómetros  en un circuito en Yucatán.

El objetivo del tren es conectar a los populares destinos de playa en el Caribe con el interior de la península, que cuenta con una población de mayoría indígena y sitios arqueológicos, en un intento por estimular el desarrollo económico alrededor de sus 15 estaciones.

El gobierno asegura que el proyecto costará hasta 150 millones de pesos, pero los detractores afirman que la cifra es mucho mayor. Sus críticos señalan que López Obrador se apresuró en llevar a cabo el proyecto sin un estudio adecuado de sus impactos sobre el medio ambiente, los cenotes y los sitios arqueológicos de la zona.

Algunos tramos de la ruta ya cuentan con vías, cuya construcción hace décadas ya perturbó algunos de los artefactos, señaló el instituto. Pero también deben construirse otros tramos a través de terrenos selváticos delicados, aunque irán en paralelo a caminos existentes o líneas de transmisión eléctrica. Incluso en los lugares en donde existen viejas vías de ferrocarril, el proyecto implicaría la modernización de las vías y la construcción de nuevas estaciones.

Algunas comunidades mayas han presentado impugnaciones legales contra el proyecto, con el argumento de que provocará daños ambientales. También aseguran que no se les consultó de forma adecuada al respecto ni resultarán beneficiados.

La secretaría técnica del INAH, Aída Castilleja González, reconoció que en la zona del Tren Maya se ubican 50 zonas arqueológicas abiertas al público, las cuales son atendidas con trabajos de investigación y conservación. Además, existen 10 museos, dos Zonas de Monumentos Históricos, 42 cenotes y numerosos monumentos históricos, como estaciones de ferrocarril, haciendas y templos, los cuales también están sujetos a la vigilancia del INAH; cinco de ellos están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial: Uxmal, Chichén Itzá, Palenque, Calakmul y la ciudad de Campeche.

Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá el proyecto de sentencia a cargo del magistrado José Luis Vargas Valdez, en el que propone ratificar la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgar el registro de partido político a México Libre.

El coordinador nacional de la organización, Fausto Barajas, se expresó en desacuerdo con el proyecto difundido ayer por el Tribunal, pues dijo, debe haber justicia para los más de 260 mil mexicanos que respaldan a la organización.

Sostuvo que se necesitan «4 votos valientes de 7» durante la discusión y eventual votación que se realizará este miércoles. Exhortó a los magistrados a valorar las pruebas que México Libre presentó para sustentar sus afiliaciones, asambleas y financiamiento.

Barajas reconoció que si el TEPJF decide negar el registro, ya no hay más instancias legales a las cuales acudir para defender sus derechos.

Por su parte el expresidente Felipe Calderón, quien junto a su esposa Margarita Zavala impulsan México Libre, aseguró que si bien el proyecto del magistrado Vargas Valdez invalida correctamente el criterio «del 5%» que el INE alegó «sin razón» alguna, no valora las pruebas que identifican plenamente a quienes aportaron a través de tarjeta, mediante terminales Clip,

Además, refiere que el proyecto anula arbitrariamente asambleas el propio INE validó en su momento. Señaló que se estarían anulando 112 asambleas válidamente celebradas, sin fundamento, derecho de audiencia ni debido proceso.

«Es injusto (…) ojalá prevalezca razón y justicia en los Magistrados», dijo Calderón a través de sus redes sociales.

Finalmente, Margarita Zavala pidió a los Magistrados no negar los derechos de todos los ciudadanos que respaldan a México Libre. Sostuvo que en una democracia se debe respetar el esfuerzo humano de participar a través de los cauces pacíficos y legales.

De acuerdo al proyecto de resolución que compartió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a cargo del magistrado José Luis Vargas Valdez, se perfila negar el registro como partido político a México Libre.

El documento de más de 266 cuartillas, señala entre las razones para confirmar la negativa del INE de otorgar el registro a la organización, en materia de fiscalización, México Libre no acreditó el origen de las aportaciones en dinero que recibió de supuestos simpatizantes.

«Estimo que el derecho de asociación de sus afiliados se vio afectado por las irregularidades sistemáticas cometidas por la misma organización, que no fueron subsanadas ante el INE durante el proceso de revisión de sus ingresos y egresos para la obtención de su registro», indicó el magistrado.

Concluye que la infracción en que incurrió la organización que lidera Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, implicó la vulneración a los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas, certeza y pulcritud, que repercuten de forma determinante en la concesión del registro.

El magistrado indicó que aunque defiende la negativa de darle el registro, sus razones no coinciden con las consideraciones en que el INE apoyó su sentencia.

Adicional, el proyecto sostiene que cerca de 1 millón de afiliaciones, de los 15 millones que registró, no son confiables.

Sobre el documento y la sentido de la sentencia, la excandidata presidencial, Margarita Zavala, exhortó al resto de las magistradas y magistrados tomar en cuenta los argumentos que México Libre presentó en su defensa.

«Tenemos la razón y el derecho. En justicia, México Libre merece el registro», indicó la también exprimera dama.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este jueves a los miembros de su gobierno que tengan «lealtad a ciegas» hacia su proyecto político.

El llamado de AMLO llega luego de la polémica renuncia del titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), encargado de subastar los bienes incautados al narcotráfico.

«Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación porque el pueblo nos eligió para la transformación: acabar con la corrupción y los abusos, llevar a cabo un gobierno austero y sobrio, y hacer justicia», expresó el mandatario.

Ante sus declaraciones, López Obrador intentó matizar y dijo que la lealtad no debe ser «abyección y servilismo» hacia su persona, sino «lealtad al proyecto» político que encabeza.

Recordemos que Jaime Cárdenas renunció a la dirección del INDEP solo tres meses después de su nombramiento señalando varios casos de corrupción en el instituto, incluso el robo de joyas por parte de su personal. En su renuncia, el abogado acusó que el gobierno le exigía «obediencia ciega».

López Obrador, quien ayer aseguró que Cárdenas no se atrevió a «limpiar» el organismo, señaló este jueves que «hacer algo por el pueblo cuesta», dado que «hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia».

«El gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, era un comité al servicio de una minoría rapaz», dijo AMLO sobre qué encontró en diciembre de 2018 cuando asumió la presidencia.

El mandatario también habló sobre el plantón del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA), que ayer por la tarde arribó a la plancha del Zócalo.

El mandatario pidió a sus simpatizantes «que no vayan y no caigan en ninguna provocación» con los integrantes de FRENAAA, e invitó al líder del movimiento, Gilberto Lozano, a dormir en una de las casas de campaña que instalaron en la plancha, puesto que muchos de los miembros abandonan el campamento por la noche.

«Lo único que pido es que ojalá se queden a dormir los dirigentes, que no esté solo la gente, que se queden a dormir ahí», expresó.

Incluso dijo que sería bueno que además de Lozano, se dieran una vuelta por el Zócalo los personas que apoyan al movimiento, entre los que señaló a Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, los periodistas Carlos Loret y Pedro Ferriz.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió este jueves el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para decidir si se investiga, y en su caso se enjuicia, a los expresidentes de México.

El proyecto propone declarar inconstitucional la consulta, ya que atenta contra los derechos humanos y sus garantías.

«Esta Suprema Corte considera que el objeto de la consulta popular propuesta es inconstitucional porque su sustancia e implementación, por sí mismas, de celebrarse, tendrían un efecto de restricción de los derechos humanos y sus garantías, pues sujeta a la decisión de las mayorías los derechos de las víctimas u ofendidas por los delitos señalados en la petición y rompe con el sistema de protección de los derechos humanos de todas las personas en México».

La SCJN indicó que tras haber recibido la solicitud de la consulta por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se admitió a trámite, la cual se turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

La Corte indicó que era competente para conocer y resolver la revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

En un principio, se señaló que dada la relevancia que tienen este tipo de ejercicios, se prevé que, en términos generales, la consulta popular es válida para cualquier tema que sea coherente con el sistema constitucional y democrático

Sin embargo, al analizar la petición del presidente López Obrador, se resolvió que la petición consiste en consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes (Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones), investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud.

Ante ello, se resolvió que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos, y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad.

En su explicación, la SCJN señala que la consulta se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios, consistente en que la consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección.

Añade que la consulta es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso.

En ese sentido, el proyecto afirma que las autoridades se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona, sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona.

Indica además que la consulta es inconstitucional, porque en el hipotético caso en el que se realizara y se obtuviera una respuesta en contra de realizar las investigaciones e imponer las sanciones correspondientes, el efecto sería una especie de perdón o amnistía por todos los presuntos delitos que pudieran haberse cometido, antes, durante y después de las gestiones de los expresidentes.

Advierten que se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que 19 proyectos científicos mexicanos de vacunas y tratamientos contra el COVID-19 recibirán financiamiento para acelerar su investigación y desarrollo.

El financiamiento se realizará a través de un fondo integrado con recursos de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (Amexcid), de entidades extranjeras y de fundaciones del sector privado.

«El objetivo de ésta y todas las iniciativas relacionadas con el desarrollo, prueba y fabricación de vacunas contras el COVID-19 que impulsa la SRE es que México tenga un acceso oportuno y temprano al antídoto, como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador», indicó la cancillería en un comunicado.

Los proyectos presentados ante el consorcio, en su mayoría de instituciones y centros de investigación públicas, serán apoyados,  reiteró el canciller Marcelo Ebrard.

Por su parte la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado recordó que la cancillería participa en todos los foros y esfuerzos multilaterales para encontrar soluciones médicas a la pandemia del COVID-19. L

En tanto, Esther Orozco Orozco, coordinadora del Consorcio, presentó los diecinueve proyectos seleccionados en esta primera etapa 2020 para la atención del COVID-19. Los mismos fueron presentados por instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), y la Universidad Autónoma de Querétaro, que trabajan tanto en el desarrollo de vacunas como de tratamientos y pruebas diagnósticas.

Adicional, el titular de la SRE dio a conocer que México participará, junto a Noruega, en el desarrollo de una nueva vacuna contra el coronavirus.

Por el momento no se ofrecieron mayores detalles, por lo que se espera que en los próximos días se puedan dar a conocer.

Con cuatro votos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este miércoles el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por el que buscaba que el Congreso de Veracruz modificará su código penal para despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

La discusión y análisis del proyecto causó gran expectativa, pues por primera vez, la Suprema Corte haría que un Congreso estatal despenalizara el aborto, abriendo la puerta a una ruta jurídica pata que se pudiera alcanzar la despenalización en todo el país.

La ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que su voto en contra es debido a que hay impedimentos técnicos-jurídicos para entrar al fondo que demanda el caso de amparo.

«No hay remisión legislativa porque la norma sí existe ese es el primero; el segundo es la norma no está impugnada como tal, sino por la vía de su omisión; el resultado de declarar la inconstitucional sin haberse impugnado me parece muy desbordado. Todo esto complica mucho el tercer problema, y es que no existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado por mejor y más conveniente que este pudiera ser; este es un problema de técnica jurídica para mí, desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto y por tal razón no comparto el proyecto», explicó la ministra.

Añadió que aunque la Corte tiene una encomienda de regularidad constitucional, necesita certeza técnica para que despliegue la encomienda que le corresponde.

El resto de los ministros expusieron criterios parecidos, por lo que indicaron que su voto también era en contra del proyecto.

El ministro González Alcántara Carrancá aseguró que no compartía la determinación de sus compañeros acerca de que el asunto no sea procedente.

«Estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas (…) Considero que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres en su derecho a la salud».

Ahora, el asunto se remitirá a otro ministro o ministra, quien deberá elaborar otro proyecto para discurtirse próximamente.

En nuestro país, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en casi todos por riesgo a la salud y muerte de la madre.

Recordemos que la Suprema Corte ya ha fallado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres al validar en 2008 la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y al validar en 2019 la Norma Oficial Mexicana (NOM) 46, que permite a cualquier víctima de violación abortar sin tener que presentar pruebas.