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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzará a devolver a los solicitantes de asilo a México a través del restablecimiento de un programa de la era de Donald Trump conocido como «Quédate en México», informó el sitio Axios este miércoles.

Pese a que las devoluciones comenzarán la próxima semana, la administración Biden les ofrecerá la opción de recibir una vacuna contra el COVID-19.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración de México (INM) no se han pronunciado al respecto.

Recordemos que a finales de octubre, un memorando del Departamento de Seguridad Nacional mostró que el gobierno había hecho un nuevo intento de poner fin al programa de inmigración iniciado bajo el entonces presidente Trump, que obligó a los solicitantes de asilo a esperar en México para las audiencias en los tribunales estadounidenses.

La administración Biden puso fin por primera vez al programa conocido formalmente como los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), a principios de este año. Pero un juez federal ordenó al gobierno que lo reiniciara, diciendo que la administración no había seguido el procedimiento reglamentario adecuado. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó en agosto una apelación del gobierno del fallo del tribunal inferior.

Funcionarios dijeron a fines de octubre que la administración continuaría tomando medidas para reiniciar el programa a mediados de noviembre, para cumplir con la decisión del juez.

El gobierno del presidente Joe Biden inició este viernes un segundo intento para acabar con el programa de la época de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias ante los tribunales de inmigración en Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que «Quédate en México» probablemente contribuyó a un descenso en los cruces ilegales en 2019, pero con «costos humanos sustanciales e injustificados» para los solicitantes de asilo expuestos a la violencia mientras esperaban en México.

El anuncio se hizo más de dos meses después de que un juez federal en Texas ordenara que el programa se reanudara «de buena fe», mientras dejaba una puerta abierta para que el gobierno intentara otra vez justificar su medida.

El gobierno dijo hace unas semanas que esperaba reanudar el programa, oficialmente llamado «Protocolos de Protección al Migrante», para mediados de noviembre, sujeto a la aprobación del gobierno mexicano.

Pero en un memorando enviado hoy a los titulares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el secretario Mayorkas les comunicó su decisión de poner fin al programa.

El gobierno de México ha solicitado que los casos concluyan en aproximadamente seis meses y que mejore el acceso de los solicitantes de asilo a asesoría legal e información de su caso.

Algunos de los aliados más reconocidos a favor de la inmigración del gobierno, señalaron que el tiempo que demoró Mayorkas en emitir su opinión demostraba una falta de sentido de urgencia, algo que funcionarios estadounidenses niegan.

Muchos grupos de apoyo basados en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo en México que fueron sujetos al programa, dicen que ya no aceptarán dichos casos, lo que genera dudas sobre cómo Estados Unidos podrá satisfacer la insistencia de México de que tengan mejor acceso a asesoría.

Funcionarios del gobierno dicen que consideran que hay suficientes abogados más para representar a los solicitantes de asilo que son regresados a México.

Aproximadamente 70,000 solicitantes de asilo han sido sujetos al programa, que Trump introdujo en enero de 2019 y Biden suspendió en su primer día al mando. Mayorkas puso fin a la norma en junio después de que una revisión interna demostrara «efectividad mixta».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció «ayuda» a Washington en materia de migración tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que reimpuso el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), conocido como «Remain in Mexico» o «Quédate en México».

«Nosotros nos hemos propuesto ayudar al Gobierno de Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo, en el tema migratorio, afortunadamente es buena la relación», manifestó el mandatario al ser consultado sobre el tema en su conferencia de prensa matutina.

Sus declaraciones se producen después de que el martes los jueces de la Corte Suprema estadounidense ordenaron al presidente Joe Biden revivir el MPP que estableció Donald Trump para que los migrantes esperen en nuestro país mientras se resuelve su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Al respecto, la cancillería respondió ayer por la noche apuntando que «el gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo», aunque también argumentó que «una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana».

Cuestionado por la prensa, el presidente López Obrador señaló que «su opinión» coincidía con el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que siempre va a procurar tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

«Eso es lo que yo sostengo porque también quisieran, por las diferencias que hay en Estados Unidos y también nuestros adversarios, que nosotros nos peleáramos o entráramos a polémicas que no nos conducen a nada. Tenemos muy buena relación tanto con republicanos como con demócratas», afirmó el mandatario.

Y es que recordemos que Biden suspendió en su primer día en La Casa Blanca las inscripciones al MPP, impulsado en enero de 2019 por Trump y por el que Estados Unidos envió a más de 70,000 migrantes a México, donde han vivido en malas condiciones, según organizaciones civiles.

Pero en Estados Unidos ha aumentado la presión política de los republicanos por la ola migratoria récord, con más de 212,000 indocumentados detenidos en julio en la frontera de Estados Unidos, una cifra récord, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

AMLO reiteró su compromiso de «cuidar a los migrantes» en particular en el sureste del país, pero reconoció que «esto no puede ser eterno».

Así, López Obrador reiteró su petición de que Washington invierta en programas de desarrollo para Centroamérica y el sureste de México, e insistió en que Estados Unidos y Canadá deben realizar un diagnóstico de cuánta fuerza de trabajo necesitan de México y Centroamérica para establecer un programa de visas laborales.

«Entonces sí hay alternativas y nosotros estamos hablando con el Gobierno de Estados Unidos y es muy buena relación independientemente de estas resoluciones judiciales porque esto no es un asunto nada más jurídico, legal, es un asunto social, humano, moral», sostuvo López Obrador.

Un tribunal federal de apelaciones rechazó este viernes el recurso que presentó La Casa Blanca, contra la orden judicial que le obliga a reanudar la política de «Quédate en México» para quienes han solicitado asilo.

La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Distrito se da en respuesta a la decisión de una corte federal que falló a favor de los estados de Texas y Misuri, que demandaron a la Administración Biden por cancelar el programa.

La política de «Quédate en México», cuyo nombre oficial es Protocolo de Protección de Migrantes (MPP) fue instaurada por el gobierno del ahora expresidente Donald Trump en 2019, y por ella decenas de miles de migrantes llegados a la frontera sur han sido devueltos a México y a países de América Central.

En lugar de esperar la audiencia de inmigración que estipula la ley en territorio estadounidense, esa política obliga a quienes buscan asilo a esperar afuera del país el proceso de adjudicación de sus solicitudes.

El día mismo de su investidura presidencial, en enero, Biden canceló el MPP pero la semana pasada el juez federal Matthew Kacsmaryk, designado por Trump, ordenó al gobierno federal que, a partir del próximo sábado, vuelva a aplicar la norma de «Quédate en México».

El gobierno de Biden recurrió al Tribunal de Apelaciones para que dejara en suspenso la orden de Kacsmaryk alegando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene recursos para reanudar el MPP.

Este no sería el único golpe para La Casa Blanca ya que ayer, mientras el Tribunal de Apelaciones rechazaba la gestión del gobierno, el juez federal Drew Tipton, también designado por Trump declaró nulas las prioridades establecidas por el gobierno del presidente Joe Biden para que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detenga a migrantes indocumentados para su deportación.

El Congreso había ordenado a ICE que estableciera prioridades en la detención de inmigrantes indocumentados, y un memorando del gobierno Biden el 18 de febrero estipuló que se diera prioridad a la detención de individuos que hubieran cometido delitos graves o que presentaran una amenaza para la seguridad pública y nacional.

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes examinar la legalidad de dos temas emblemáticos de la política migratoria del presidente Donald Trump: la financiación de un muro fronterizo en el sur del país, y el programa «Quédate en México» para solicitantes de asilo.

El máximo tribunal estadounidense acordó que revisará ambos asuntos después de las elecciones del 3 de noviembre.

Los altos jueces estudiarán si es legal el uso de fondos asignados al Pentágono por parte del gobierno republicano para financiar el levantamiento de la barrera en la frontera con México, una de las principales promesas de campaña de Trump en 2016.

Trump declaró una «emergencia nacional» en febrero de 2019 para recurrir al presupuesto militar después de que la oposición demócrata en el Congreso se negara a autorizar los montos necesarios para construir el muro.

A principios de ese año, el choque provocó el cierre parcial de la administración federal por 35 días, una duración récord.

Ahora, la Corte Suprema revisará la apelación del gobierno de Trump de un fallo de junio del Tribunal de apelaciones del Noveno Circuito en California, que consideró ilegal eludir el Congreso y transferir 2,500 millones de dólares asignados al Pentágono para levantar el muro.

La construcción continuó, sin embargo, porque en julio de 2019 la Corte Suprema había permitido que avanzara mientras se resolvía el litigio.

La Corte Suprema también accedió el lunes a examinar el programa conocido como «Quédate en México», por el cual el gobierno de Trump dispuso que los solicitantes de asilo llegados a la frontera sur del país debían esperar en nuestro país la resolución de sus casos.

Esta política, formalmente denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP), fue anunciada en diciembre de 2018 e implementada un mes después. Desde entonces, al menos unos 60,000 migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica y otros países latinoamericanos, fueron devueltos a México.

Los jueces de la Corte Suprema acordaron ahora revisar una decisión del mismo Tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de California, que en febrero ratificó el fallo de un juez federal de suspender los MPP por considerarlos inconsistentes con la legislación estadounidense y con tratados internacionales.

La implementación del programa «Quédate en México» continuó sin embargo porque la Corte Suprema suspendió esa orden en espera de un examen de fondo de los argumentos.

La Corte Suprema escuchará los argumentos de ambos casos en 2021, con vistas a una decisión antes de finales de junio.

Sin embargo, el resultado de la elección presidencial podría cambiar las reglas del juego: si el demócrata Joe Biden es elegido, podría revisar las políticas de su predecesor y anular los procedimientos judiciales.

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de las marcas distintivas de su presidencia, pero casi todas sus medidas han sido impugnadas en los tribunales.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) pidió al gobierno de Donald Trump suspender «de forma inmediata» el programa migratorio por el que envía a solicitantes de asilo a ciudades, consideradas por la organización como «altamente peligrosas» de México, donde aseguran sufren secuestros y violaciones, además de experimentar pensamientos suicidas.

En enero de 2019, Estados Unidos firmó con México los Protocolos de Protección del Migrante (MPP), donde se estipula que los demandantes de asilo deben esperar en este país el trámite de sus solicitudes. A raíz de eso, afirman, ese año las agresiones contra extranjeros se dispararon.

«En los primeros nueve meses de 2019, el número de casos (277) de violencia sexual atendidos por MSF aumentó más del doble (un 134%) en relación al mismo periodo del año anterior (118)», denuncia el informe titulado ‘Sin salida’ y presentado este martes en Ciudad de México.

Uno de los médicos de la organización, con sede en Suiza, relató en el informe el horror vivido por una mujer migrante. «Tuve una paciente que había sufrido numerosos abusos. Me contaba cómo veía su cuerpo desdoblado (…) Le costaba tener contacto físico con su propio cuerpo y no dejaba que nadie se le acercara», relata el informe.

Entre la mujeres encuestadas de Guatemala, Honduras y El Salvador un 37% habían tenido pensamientos suicidas, advierte Médicos Sin Fronteras.

Bajo el MPP, también conocido como «Quédate en México», han sido devueltas a este país de enero a octubre de 2019 «más de 55,000 personas (…) incluyendo embarazadas», detalla el informe.

Algunos de los puntos a los que están siendo devueltos son los municipios fronterizos de Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas, una región que el Departamento de Estado estadounidense cataloga tan insegura como Irak o Afganistán y a la que recomienda a sus ciudadanos no viajar bajo ninguna circunstancia.

Estados Unidos debe «suspender de forma inmediata cualquier proceso de deportación de solicitantes de asilo a terceros países», recalca el informe.

Hasta diciembre de 2019, solo 11 personas habían recibido asilo bajo los Protocolos de Protección de Migrantes, apuntó el informe.

Indican que las políticas migratorias de Estados Unidos están teniendo un efecto «perverso» y aún no existe ayuda humanitaria internacional coordinada para atender a quienes padecen esta situación.

Aunque la migración irregular de Centroamérica es una problemática desde hace décadas, miles de indocumentados empezaron a marchar en caravanas hacia Estados Unidos desde finales de 2018 huyendo de la violencia y la pobreza, lo que generó un endurecimiento de las políticas migratorias de Washington.