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La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes examinar la legalidad de dos temas emblemáticos de la política migratoria del presidente Donald Trump: la financiación de un muro fronterizo en el sur del país, y el programa «Quédate en México» para solicitantes de asilo.

El máximo tribunal estadounidense acordó que revisará ambos asuntos después de las elecciones del 3 de noviembre.

Los altos jueces estudiarán si es legal el uso de fondos asignados al Pentágono por parte del gobierno republicano para financiar el levantamiento de la barrera en la frontera con México, una de las principales promesas de campaña de Trump en 2016.

Trump declaró una «emergencia nacional» en febrero de 2019 para recurrir al presupuesto militar después de que la oposición demócrata en el Congreso se negara a autorizar los montos necesarios para construir el muro.

A principios de ese año, el choque provocó el cierre parcial de la administración federal por 35 días, una duración récord.

Ahora, la Corte Suprema revisará la apelación del gobierno de Trump de un fallo de junio del Tribunal de apelaciones del Noveno Circuito en California, que consideró ilegal eludir el Congreso y transferir 2,500 millones de dólares asignados al Pentágono para levantar el muro.

La construcción continuó, sin embargo, porque en julio de 2019 la Corte Suprema había permitido que avanzara mientras se resolvía el litigio.

La Corte Suprema también accedió el lunes a examinar el programa conocido como «Quédate en México», por el cual el gobierno de Trump dispuso que los solicitantes de asilo llegados a la frontera sur del país debían esperar en nuestro país la resolución de sus casos.

Esta política, formalmente denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP), fue anunciada en diciembre de 2018 e implementada un mes después. Desde entonces, al menos unos 60,000 migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica y otros países latinoamericanos, fueron devueltos a México.

Los jueces de la Corte Suprema acordaron ahora revisar una decisión del mismo Tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de California, que en febrero ratificó el fallo de un juez federal de suspender los MPP por considerarlos inconsistentes con la legislación estadounidense y con tratados internacionales.

La implementación del programa «Quédate en México» continuó sin embargo porque la Corte Suprema suspendió esa orden en espera de un examen de fondo de los argumentos.

La Corte Suprema escuchará los argumentos de ambos casos en 2021, con vistas a una decisión antes de finales de junio.

Sin embargo, el resultado de la elección presidencial podría cambiar las reglas del juego: si el demócrata Joe Biden es elegido, podría revisar las políticas de su predecesor y anular los procedimientos judiciales.

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de las marcas distintivas de su presidencia, pero casi todas sus medidas han sido impugnadas en los tribunales.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) pidió al gobierno de Donald Trump suspender «de forma inmediata» el programa migratorio por el que envía a solicitantes de asilo a ciudades, consideradas por la organización como «altamente peligrosas» de México, donde aseguran sufren secuestros y violaciones, además de experimentar pensamientos suicidas.

En enero de 2019, Estados Unidos firmó con México los Protocolos de Protección del Migrante (MPP), donde se estipula que los demandantes de asilo deben esperar en este país el trámite de sus solicitudes. A raíz de eso, afirman, ese año las agresiones contra extranjeros se dispararon.

«En los primeros nueve meses de 2019, el número de casos (277) de violencia sexual atendidos por MSF aumentó más del doble (un 134%) en relación al mismo periodo del año anterior (118)», denuncia el informe titulado ‘Sin salida’ y presentado este martes en Ciudad de México.

Uno de los médicos de la organización, con sede en Suiza, relató en el informe el horror vivido por una mujer migrante. «Tuve una paciente que había sufrido numerosos abusos. Me contaba cómo veía su cuerpo desdoblado (…) Le costaba tener contacto físico con su propio cuerpo y no dejaba que nadie se le acercara», relata el informe.

Entre la mujeres encuestadas de Guatemala, Honduras y El Salvador un 37% habían tenido pensamientos suicidas, advierte Médicos Sin Fronteras.

Bajo el MPP, también conocido como «Quédate en México», han sido devueltas a este país de enero a octubre de 2019 «más de 55,000 personas (…) incluyendo embarazadas», detalla el informe.

Algunos de los puntos a los que están siendo devueltos son los municipios fronterizos de Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas, una región que el Departamento de Estado estadounidense cataloga tan insegura como Irak o Afganistán y a la que recomienda a sus ciudadanos no viajar bajo ninguna circunstancia.

Estados Unidos debe «suspender de forma inmediata cualquier proceso de deportación de solicitantes de asilo a terceros países», recalca el informe.

Hasta diciembre de 2019, solo 11 personas habían recibido asilo bajo los Protocolos de Protección de Migrantes, apuntó el informe.

Indican que las políticas migratorias de Estados Unidos están teniendo un efecto «perverso» y aún no existe ayuda humanitaria internacional coordinada para atender a quienes padecen esta situación.

Aunque la migración irregular de Centroamérica es una problemática desde hace décadas, miles de indocumentados empezaron a marchar en caravanas hacia Estados Unidos desde finales de 2018 huyendo de la violencia y la pobreza, lo que generó un endurecimiento de las políticas migratorias de Washington.